Congreso: Eduardo Salhuana dispone que se promulgue ley de lesa humanidad y crimen organizado

Al no haberse pronunciado el Poder Ejecutivo.

Por Fabrizio Morán– Diario EXPRESO.
El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez, decidió tomar acción directa en la promulgación de dos leyes cruciales que modifican el Código Penal y precisan la aplicación de delitos de lesa humanidad en el país, luego de que el Poder Ejecutivo no se pronunciara al respecto.
La primera de estas normas modifica el artículo 317 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, estableciendo penas más severas para quienes organizan, constituyen o integran una organización criminal.
Según el nuevo texto, se considera organización criminal a cualquier grupo con estructura compleja y capacidad operativa superior, compuesto por al menos tres personas, que actúan de manera concertada y coordinada.
Los involucrados enfrentarán penas privativas de libertad de entre ocho y quince años, junto con una multa de hasta trescientos sesenta y cinco días y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Además, la ley precisa las características que deben concurrir para que un grupo sea tipificado como organización criminal, subrayando la necesidad de que estos grupos operen con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido.
La segunda norma promulgada bajo la dirección de Salhuana se centra en la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
Esta ley impulsa el compromiso del país con los tratados internacionales, especialmente con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en Perú el 1 de julio de 2002.
La ley establece que el Estatuto de Roma tiene competencia temporal únicamente para hechos ocurridos después de su entrada en vigor, en consonancia con los principios de legalidad y prohibición de retroactividad.
Esta iniciativa del Congreso tiene como objetivo garantizar que los crímenes de lesa humanidad y de guerra sean sancionados adecuadamente, evitando cualquier tipo de impunidad.

Diviac mata de hambre a 33 detenidos: Defensoría del Pueblo denuncia que fueron encarcelados por Marita Barreto y Harvey Colchado

Siete cayeron en Operación Valkiria, entre ellos Miguel Girao (ex asesor de Patricia Benavides) y José Palomino Quesada, ex gerente de Logística del MP.
Según informe, están depositados en celdas sin ventilación y no reciben ni un pan ni un vaso de agua de sus captores. Viven gracias a sus familiares.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo destapa las inhumanas condiciones, que lindan con la tortura, en que se encuentran 33 detenidos en las carceletas de la Diviac, abandonados a su suerte y sin que tampoco el Poder Judicial se pronuncie por sus casos pese a que ya superaron largamente el periodo de prisión preventiva.
Entre esos 33 detenidos se encuentran siete que fueron privados de su libertad durante el promocionado operativo Valkiria I, dirigido por la fiscal Marita Barreto y el jefe de la Diviac, coronel Harvey Colchado, y que les permitió lograr la destitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esos siete son dos empresarios, un policía, un abogado y tres funcionarios del Ministerio Público.
El informe de la Defensora del Pueblo se sustenta en una visita de inspección que hicieron a las dos carceletas donde son depositados los detenidos por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que opera junto con el Equipo de Fiscales contra la corrupción en el Poder (Eficcop), la cual es dirigida por la fiscal Marita Barreto.
ABANDONADOS
Según revela ese informe, publicado hace unos días, todos los detenidos por la Diviac, 30 hombres y 3 mujeres, están depositados en celdas sin ventilación y no reciben ni un pan ni un vaso de agua de sus captores. Todos los alimentos y bebidas le deben ser proporcionados por sus familiares.
Si no les dan ni que comer, tampoco se preocupan de su limpieza, por eso los detenidos deben llevar o deben llevarles papel higiénico, toallas y jabones para su limpieza, la cual solo pueden realizar en un lavatorio compartido. No se pueden duchar porque no hay duchas.
Igualmente, ante el crudo invierno, los detenidos deben llevar sus propias frazadas y abrigos. No hay tampoco un protocolo de atención a los detenidos y, el día de la inspección, los funcionarios de la Diviac encontraron a un detenido con señales de sufrir un derrame cerebral porque no hablaba y tenía la boca torcida.
NO HAY PLATA
Al ser interrogados de por qué no se les daba la mínima atención a sus detenidos, los agentes de la Diviac informaron que no tenían un presupuesto para ese fin, pese a que cada año esta división policial recibe entre 9 y 8 millones de soles para sus gastos.
Lo peor, sin embargo, es el estado de total abandono en que se encuentran estos detenidos, pues el Poder Judicial tampoco se pronuncia sobre la situación legal de cada uno, sin duda porque el Ministerio Público tampoco tiene pruebas concluyentes para enviarlos a prisión preventiva definida.
VALKIRIA
Ese es el caso de los siete detenidos durante el operativo Valkiria, entre los que figuran Miguel Girao (ex asesor de Patricia Benavides) y José Palomino Quesada, ex gerente de Logística del Ministerio Público, acusados por la fiscal Barreto de recibir coimas para favorecer con licitaciones a dos empresas. Igualmente están detenidos por este caso, el abogado José Castillo Alva y los empresarios Giancarlo Valer y Jorge Rodríguez Menacho. Todos han superado largamente el periodo de 15 días de prisión preliminar y están presos des- de el 23 de abril, es decir, más de 80 días.
Los testimonios de todos ellos fueron las pruebas que se necesitaban para la destitución de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La fiscal Barreto y los fiscales de la Eficcop tampoco ahora parecen interesados en definir la situación legal de estos detenidos, lo cual también viene a ser un abuso contra sus derechos humanos, así como de todos los detenidos que se encuentran en el limbo jurídico por la lentitud y lenidad del Poder Judicial.
Fuente: Diariouno.pe