Coordinadora de Eficcop quería ascender, pero no alcanzó puntaje en evaluación de conocimientos

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Solo el 26% del total de postulantes aprobó la evaluación de conocimientos de los concursos de la Junta Nacional Justicia. Entre estos no aparece Marita Barreto, polémica fiscal que coordina el mediático Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
La representante del Ministerio Público, famosa por su tesis de que los procesados deben probar “que son inocentes”, aspiraba a ser fiscal adjunta suprema.
Antecedente
En dos convocatorias similares de la JNJ, el puntaje mínimo fue 67.5. La más destacada fue Kelly Roxana Ramírez Vera, actualmente superior adjunta, quien llegó a los noventa puntos.
Solo quienes hayan pasado esta etapa podrán ser evaluados en su récord académico y laboral. Hasta el momento, la JNJ no define las fechas finales del cronograma para este proceso.
De esta manera, Marita Barreto, quien iniciara las investigaciones a la red del delincuente condenado Rodolfo Orellana, sigue los pasos de otro mediático personaje del Ministerio Público: José Pérez. El miembro del Equipo Lava Jato es fiscal de nivel provincial, y quería ser superior, pero también reprobó la prueba de conocimientos.

Tribunal Constitucional rechaza reposición de Inés Tello en la JNJ y le da la razón al Congreso

El máximo intérprete de la Constitución declaró improcedente el recurso de reposición de la magistrada, quien ya no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo en la JNJ.

Por ALVARO TRENEMAN– Diario Perú21.
El Tribunal Constitucional declaró IMPROCEDENTE el recurso de reposición como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentado por Inés Tello, y de esta manera le dio la razón al Congreso, que destituyó a la magistrada por tener más de 75 años de edad, cuando la Constitución no lo permite.
Como se sabe, después de haber sido suspendidos por el Congreso, la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este hecho obligó a llevar la controversia a las instancias del Tribunal Constitucional.
El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó, con 67 votos a favor, inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, titulares de la Junta Nacional de Justicia.
A ambos magistrados se les acusó de haber infringido la Constitución, ya que mantuvieron a Tello De Ñecco como titular pese a exceder la edad permitida.
Por otro lado, María Zavala, Guillermo Thornberry, José Ávila, Antonio de la Haza e Imelda Tumialán, se salvaron de ser destituidos de su cargo, ya que el Pleno no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar sus inhabilaciones.
El TC, en su resolución publicada hoy por Perú21, señala que “no puede ignorar el comportamiento público de la defensa técnica de la solicitante (Inés Tello), José Omar Cairo Roldán, respecto de este órgano de control constitucional y la obligatoriedad de sus resoluciones”.
LE LLAMA LA ATENCIÓN A ABOGADO CAIRO
Esto, porque —según la resolución— “el abogado que ahora recurre a este Tribunal Constitucional para que emita una resolución a favor de su defendida, manifiesta públicamente que espera que los jueces del Poder Judicial no acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional, a fin de no permitir lo que él considera la consumación de una inconstitucional interferencia”.
“Abogar por el desconocimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional —indica el texto— es un comportamiento contradictorio por parte de un abogado que acude a esta instancia en busca de tutela para los derechos de su defendida. Resulta paradójico e incongruente en el mejor de los casos, o evidencia la utilización de un doble estándar en el peor, pretender que las resoluciones de una instancia jurisdiccional sean válidas, constitucionales y obligatorias cuando les dan la razón a los propios intereses, e inválidas, inconstitucionales y no acatables cuando les dan la contra (cuando no les son favorables)”.
“Las referidas manifestaciones pueden ser entendidas y toleradas en ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de una opinión académica o política. Pero los abogados que acuden a este Tribunal Constitucional e interponen recursos se encuentran sujetos a lo dispuesto en el artículo 109.4 del Código Procesal Civil, que sí resulta de aplicación supletoria al presente proceso y a la presente circunstancia”, señala otra parte de la resolución.

Jorge Salas Arenas con las horas contadas: tiene dos denuncias por nombramientos ilegales

En 15 días presentan informes finales sobre titular del JNE que podría ir preso por presuntos favores a Fernando Tuesta, a Walter Ríos y Pavel Cárdenas

Por Harold Salinas– Diario EXPRESO.
En 15 días la situación legal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, estará complicada, luego que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones (SAC), delegara a los congresistas Arturo Alegría (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democrácia) la elaboración de los informes finales respecto a dos denuncias constitucionales (DC).
La primera DC N°352 estará a cargo del legislador Alegría, es decir la presentada por su colega Rosselli Amuruz (Avanza País) contra el titular del JNE. Salas Arenas. por presuntamente haber contratado irregularmente al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como consultor de este organismo electoral entre los años 2021 y 2022.
En la segunda (DC N°469), el legislador José Cueto investigará a Salas Arenas por la denuncia presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien concluyó que el titular del JNE cometió el delito de negociación incompatible.
Esto por haber utilizado su cargo de juez supremo para recomendar a Pavel Vladimir Cárdenas Peña, un exasesor suyo, para un puesto en la Corte Superior del Callao cuando Walter Ríos era presidente de esta institución en 2017.
En enero de 2023 EXPRESO reveló que Tuesta Soldevilla habría sido contratado por diversas instituciones electorales, hecho corroborado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata del Informe de Auditoría N°017-2023-2-0280-AC, “Contratación de Locadores de Servicios como Especialistas y Asesores para Procesos Electorales”, aprobado en agosto del 2023, por lo cual, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País) lo derivó a la SAC.
Amuruz indicó que dicho informe emitido por el órgano de control, determinó que Tuesta Soldevilla no cumplió con uno de los requisitos formales claramente especificado en el contrato que le hizo el JNE, lo cual exigía una experiencia específica de tres años en labores o prestación de servicios de asesoría en materia electoral.
“La auditoria de la Contraloría afirma que la contratación de Tuesta fue irregular, pues éste no cumplía con el perfil requerido, y que, a pesar de todo, bajo la misma modalidad , hasta el año 2023, el JNE lo ha seguido contratando. No hay duda que es una trama dirigida por Salas Arenas para favorecer indebidamente a su amigo, el señor Tuesta”, expresó Amuruz en agosto del 2023.

Incendio en unas instalaciones de combustible en el puerto de Hodeida provocado por un ataque israelí AFP.

Los rebeldes hutíes de Yemen, afines a Irán, han prometido una «enorme» represalia contra Israel tras el ataque al puerto yemení de Hodeida donde han fallecido, al menos, seis personas, tres desaparecidos y más 80 han sido heridas según informaron las autoridades sanitarias en un comunicado difundido por los medios de comunicación hutíes.
«La respuesta de los rebeldes a la agresión israelí contra nuestro país está inevitablemente próxima y será enorme», dijo el portavoz militar hutí Yahya Saree.
Mientras que Washington habla en términos de paz y espera un acuerdo pronto entre Israel y Hamás, el ejército israelí denunció que había interceptado un misil disparado desde Yemen que propicia su ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Estados Unidos y se reunirá con el presidente Joe Biden. Posteriormente, hablará en la Cámara de Representantes en Washington donde recibirá presiones para alcanzar un alto el fuego con Hamás.

Sangriento fin de semana

Los rebeldes hutíes lograron que un avión no tripulado penetrara a través de las defensas aéreas israelíes y matara a un civil en Tel Aviv.
Como respuesta, la aviación de guerra israelí bombardeó el sábado el puerto de Hodeida, cuyo objetivo era, según indicó el alto funcionario hutí Mohammed Abdulsalam, «instalaciones de almacenamiento de combustible y una planta de energía» para disuadir a Yemen de que siga apoyando a los palestinos en la guerra de Gaza.
«Se ve en todo Oriente Próximo y su significado es evidente», declaró el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, respecto al gran incendio provocado por los ataques contra el puerto de Hodeida, controlado por los rebeldes, cuyas imágenes fueron difundidas por el canal yemení Al Masirah.
Asimismo, el ejército israelí confirma también atacó durante la madrugada del domingo instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes al grupo Hizbolá en el sur de Líbano.
El trío de grupos militantes -los hutíes de Yemen, Hizbolá en Líbano y Hamás en Gaza- ha prometido mantener los ataques contra Israel hasta que una tregua ponga fin a la violencia en Gaza, que yace en ruinas, con la mayoría de los residentes obligados a huir de sus hogares.
Fuente: www.abc.es
El desempeño del presidente Joe Biden en el debate abrió la puerta a la incertidumbre política de cara a la convención de nominación demócrata en agosto. The New York Times.

Biden renunció a la reelección. ¿Cómo elegirán los demócratas a su candidato?

El presidente de EE. UU. despejó el camino para un sucesor. Respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, pero aún podría haber una contienda para determinar quién será el nominado.
Por Adam Nagourney y Jennifer Medina
Ahora que el presidente Joe Biden se retiró de la contienda presidencial, la cuestión que se plantea el Partido Demócrata ya no es si puede ser sustituido como candidato. La pregunta es cómo hacerlo.
El proceso es complicado y abre la puerta a la incertidumbre política de aquí a agosto, cuando los delegados demócratas se reúnan en su convención para votar por un nominado.
Biden tiene el poder de liberar a todos los delegados comprometidos que haya acumulado. Cuando lo haga, esos delegados serán libres de votar por quien quieran. Eso podría llevar a una convención abierta, una situación inusual en la política estadounidense moderna.
Esa perspectiva plantea muchas preguntas.

¿Y ahora qué?

No hay una respuesta clara. Pero, según las entrevistas con dirigentes y estrategas del Partido Demócrata, hay dos posibilidades.
En primer lugar, el partido podría unirse en torno a Kamala Harris, la vicepresidenta, como fuerza unificadora en tiempos de crisis. Ese sería el camino más fácil. Ha sido investigada y es bien conocida entre los demócratas. Ya ha participado en una campaña nacional. Y podría hacerse cargo del aparato de campaña y de la cuenta bancaria de la campaña Biden-Harris.
Algunos demócratas han argumentado que nombrar directamente a un candidato es arriesgado, y dicen que el partido estaría mejor con una competición y un proceso de selección más democrático. Eso requeriría que otro candidato ingresara en la contienda. Si eso ocurriera, podrían celebrarse foros en todo el país con la anuencia del partido, en los que un moderador interrogará a los candidatos ante una audiencia televisiva. A falta de eso, los candidatos podrían embarcarse en una campaña nacional de un mes, recorriendo el país para solicitar el apoyo de los delegados y delegaciones estatales.

¿Qué demócratas podrían lanzarse a la contienda?

La persona clave para tener en cuenta es Harris. Si se convierte en la candidata de consenso, respaldada por Biden y otros líderes demócratas, los posibles competidores con ambiciones a la Casa Blanca tendrán que tomar una gran decisión: desafiarla, en una maniobra arriesgada que podría provocar divisiones perjudiciales dentro del partido, o mantenerse al margen en nombre de la unidad demócrata.
El Partido Demócrata cuenta ahora con un amplio abanico de jugadores emergentes. Entre los posibles candidatos a considerar hay un puñado de gobernadores: Gretchen Whitmer de Míchigan, Josh Shapiro de Pensilvania, Gavin Newsom de California, J. B. Pritzker de Illinois y Andy Beshear de Kentucky. Otros posibles candidatos son Pete Buttigieg, secretario de Transporte, y los senadores Amy Klobuchar, por Minnesota, y Cory Booker, por Nueva Jersey.

¿Biden puede elegir directamente a su sucesor?

Biden puede recomendar a sus delegados lo que deberían hacer y, dada su posición en el partido, tiene mucha influencia. Pero no controla a sus delegados: no puede decirles por quién votar el mes que viene. Y siendo la política del partido lo que es, lo más probable es que se decanten por quien crean que tiene más posibilidades de derrotar a Trump.
Y cualquier intento de nombrar directamente a su sucesor podría desencadenar batallas ideológicas y generacionales en el partido, debilitando potencialmente al candidato final en su enfrentamiento contra Trump.

¿Qué pasa con el dinero que consiguió la máquina de recaudación de fondos Biden-Harris?

Biden y Harris han recaudado cientos de millones de dólares en fondos de campaña en los últimos dos años. Ese dinero se ha destinado a la campaña de Biden, al Comité Nacional Demócrata y a varias organizaciones demócratas estatales. Al 30 de junio, esas organizaciones disponían de 240 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero podría ponerse al servicio del próximo candidato.
Hay una gran excepción. La campaña Biden-Harris tiene, al 30 de mayo, 91 millones de dólares. Si Harris es la candidata, ese dinero es suyo. Si es otro candidato, el dinero de Biden-Harris podría devolverse a los donantes (algo muy poco probable) o transferirse a un súper PAC federal, que podría gastarlo en nombre de la candidatura demócrata. Uno de los candidatos que se libraría de estas trabas es Pritzker, un multimillonario que podría financiar la campaña por su cuenta.

¿Cuánto tiempo tiene el Partido Demócrata para resolver esto?

El Partido Demócrata está a punto de ver si puede imitar al Reino Unido: organizar unas elecciones de enormes consecuencias en poco más de un mes. Los demócratas se reunirán en Chicago el 19 de agosto para su convención de nominación; está previsto que el nominado pronuncie su discurso de aceptación el 22 de agosto. El partido establece las reglas y nada es inamovible, pero todo tiene que estar decidido antes del 22 de agosto. Una complicación más: el Comité Nacional Demócrata había estado presionando para que se celebrara antes una votación nominal virtual con la esperanza de resolver cualquier duda sobre Biden antes de la votación oficial.
Fuente: Maggie Astor colabora como reportera.
Adam Nagourney es reportero de política nacional para el Times y cubre la campaña de 2024. Más de Adam Nagourney
Jennifer Medina es reportera política del Times radicada en Los Ángeles. Se centra en las actitudes políticas y el cambio demográfico. Más de Jennifer Medina

Caso Gasoducto provocaría el quiebre de la colaboración eficaz de Odebrecht

A punto de caer. Jorge Barata ha cambiado de versión y ya no reconoce responsabilidad penal en la adjudicación de la megaobra, postura que sería adoptada por la empresa brasileña. Compañía se arriesgaría a ser procesada en Perú por ganar millonario arbitraje al Estado.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21
En su colaboración eficaz homologada en 2019, Odebrecht reconoce haber cometido delitos en cuatro obras; es decir, admite haber pagado coimas a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse proyectos. Sin embargo, desde aquella vez, la empresa brasileña ha confesado que incurrió en más ilícitos. Uno de ellos es en el caso Gasoducto.
Perú21 conoció que el equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal Rafael Vela, tiene en sus despachos más de cinco actas de culpabilidad firmadas por la compañía que aún no han sido presentadas al Poder Judicial para su control.
Una de esas actas corresponde al Gasoducto. La imputación de la Fiscalía es que, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), la constructora coordinó la adjudicación del megaproyecto -valorizado en US$7 mil millones- a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con la entonces primera dama Nadine Heredia y el propio mandatario.
La expareja presidencial, de acuerdo a la teoría fiscal, se habría sentido comprometida a colaborar con la compañía por los US$3 millones que esta abonó a su campaña presidencial del 2011.
En 2019, Barata confesó las coordinaciones con los Humala. Incluso detalló que preferían la comunicación con Heredia porque para el exmandatario era casi imposible comprender los procesos de licitación.
No obstante, como reveló Perú21, Barata cambió esa afirmación en junio de 2023. Sucedió durante un interrogatorio que le realizó la fiscal Geovana Mori en Sao Paulo. De pronto, el exejecutivo se desentendió de lo que declaró cuatro años antes.
La nueva postura del empresario contradice, además, lo declarado hasta el momento por Odebrecht.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que la compañía, contrariamente a lo manifestado por Barata, se ha reafirmado ante el equipo de Vela en su culpabilidad. Aunque ello puede variar en las próximas semanas.
Millonarias razones
La firma brasileña está contra el tiempo. En setiembre vence el plazo de investigación preparatoria por el caso Gasoducto y hasta ese momento tiene para cerrar la inclusión de sus nuevas confesiones en la colaboración eficaz.
Luego de ese plazo, la fiscal Mori deberá presentar la acusación contra los investigados y la constructora deberá definir su posición final: si se alinea con lo dicho por Barata o se reafirma en sus delitos.
Por un lado, mantener el acuerdo le permite a Odebrecht no ser procesada penalmente. Pero si persiste en ello, podría traer abajo el arbitraje internacional millonario que le inició al Estado peruano en 2020 ya que admitiría actos de corrupción.
Odebrecht ha demandado al Perú por más de US$1 mil 200 millones por la paralización de la obra en 2017. La gestión de Pablo Kuczynski resolvió el contrato debido a una “insolvencia económica” por parte de la empresa.
El acuerdo comercial, eso sí, estipulaba que el Estado debía convocar a una nueva licitación y ello no ha sucedido hasta hoy.
La compañía brasileña se quedó en el aire porque buscaba negociar la transferencia de bienes con la nueva concesionaria y con ello tener ingresos. De ganar la contienda arbitral le permitiría recuperar los gastos.
En el portal web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se corrobora que desde febrero de 2024, Odebrecht ha presentado nuevas evidencias para ganar el conflicto.
La nueva postura de Barata, que representa los intereses de la compañía, marcaría el nuevo camino a seguir.
El abogado del exejecutivo en Perú, César Nakazaki, también expresó a este diario que “hay gran probabilidad” de que se quiebre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
El otro indicio que conduce a esta conclusión es la suspensión de la cooperación judicial internacional dictada por Brasil a pedido la empresa que, tras el escándalo de corrupción, cambió su nombre a Novonor.
De esta forma, los fiscales peruanos ya no recibirán información desde ese país para los procesos. Y ello ya quedó demostrado con la inasistencia del exejecutivo Luiz Antonio Mameri, el pasado 10 de julio, al juicio por el caso Alpha Consult.
Desde el Ministerio Público ya se preparan para si se concreta la rebeldía de Odebrecht.
Los cuatro casos en los que Odebrecht reconoció delitos inicialmente son: Interoceánica, Vía Costa Verde tramo Callao, Metro de Lima y Vía Evitamiento Cusco.
El Poder Judicial absolvió al exfuncionario de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama, de una supuesto colusión para favorecer a la empresa con la adjudicación del Gasoducto.

“Claves para entender el caso Barata”

La revocatoria de los beneficios penales del exdirectivo de Odebrecht ha destapado más acontecimientos que estaban detrás del telón Lava Jato.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Jorge Barata, el confeso coimero de Odebrecht, está consiguiendo lo que todo delincuente desea: impunidad. Su negativa a seguir colaborando con la justicia peruana ha complicado los casos Lava Jato cuando han empezado los juicios, justo la etapa en la que se decide todo. La empresa Odebrecht no dice nada, pero hay más de un indicio que lleva a pensar que puede seguirle los pasos a su exdirectivo estrella. Uno de ellos es la suspensión de intercambio de información desde Brasil que ya está trabando los procesos.

1. Así se acabó la relación con Jorge Barata

El 11 de octubre de 2023, Jorge Barata decidió no declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes que, en 2011, hizo Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista.
El acuerdo estipulaba que Barata debía ratificar en el juicio que la constructora entregó US$3 millones para las actividades proselitistas.
Sin embargo, el exejecutivo, a través de su abogado Carlos Kauffman, comunicó que estaba impedido de compartir información debido a una orden judicial emitida por la justicia de su país.
Esa resolución prohibía usar las evidencias extraídas de Drousys y Mywebday, las plataformas digitales en las que Odebrecht registraba el desembolso de sobornos.
El ahora excolaborador asumía que, para hablar en este y otros casos, inevitablemente tendría que hacer referencia a los datos que contienen esas herramientas.
Pese a que los jueces peruanos informaron a su defensa que ese fallo solo afectaba en fueros brasileños, y que tenía obligaciones legales que cumplir con el Perú, el exdirectivo de la constructora no se presentó al juicio y de esa manera violó el acuerdo que suscribió en 2019.
Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez pidió a la jueza Margarita Salcedo que revoque los beneficios penales de los que gozaba Barata.
Salcedo accedió y dictó su veredicto el 4 de julio. El 10 de este mes, la Fiscalía solicitó dictar 36 meses de prisión preventiva contra el excolaborador eficaz. El Poder Judicial debe pronunciarse.

2. Quiere nuevas reglas

Jorge Barata ha mostrado un nuevo rostro desde que las investigaciones por Lava Jato han llegado a juicio. No solo ha sucedido con Humala; también en el caso Alpha Consult, una empresa supervisora de obras que, según la Fiscalía, recibió coimas de Odebrecht para avalar el avance de sus construcciones.
El 4 de julio último, el abogado Carlos Kauffman se presentó de forma virtual al juicio y anunció que su patrocinado no hablaría hasta tener garantías legales a su favor.
Kauffman exigió que, en adelante, las audiencias se realicen acatando las leyes brasileñas. Explicó, en esa línea, que un juez de su país debía estar presente en las diligencias para ejercer control.
Ese tipo de diligencias se efectúan bajo el amparo de la cooperación judicial internacional, que amerita una coordinación previa entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, hoy este mecanismo está suspendido por disposición de Brasil.
Asimismo, requirió que se restablezca el acuerdo de colaboración eficaz de Barata para que este continúe declarando ante los jueces peruanos.
“Si no existen esas garantías, Jorge Barata no podrá presentarse. Él está dispuesto a colaborar con las autoridades brasileñas y peruanas”, expresó el letrado.
Mientras tanto, el empresario brasileño vive sin restricciones en Sao Paulo. Incluso viaja al extranjero con frecuencia, sobre todo a Australia, para visitar a una de sus hijas.

3. Brasil del lado de Odebrecht: suspendió cooperación con Perú

Los fiscales del equipo especial Lava Jato han sentido esta semana las consecuencias de un golpe provocado por Odebrecht: la suspensión de la cooperación judicial internacional con Brasil.
Luiz Antonio Mameri, exdirectivo de Odebrecht, debía declarar el miércoles 10 de julio en el caso Alpha Consult, pero sorpresivamente no se presentó en la audiencia virtual.La jueza Lorena Sandoval indicó que se había tramitado la convocatoria de Mameri vía cooperación; sin embargo, no hubo respuestas de parte del testigo ni de los funcionarios brasileños.
La cooperación judicial internacional es el mecanismo formal para que las autoridades judiciales intercambien información y documentos en un proceso penal.
Bajo esta estructura legal, por ejemplo, se coordinaron los interrogatorios a Barata y otros directivos de Odebrecht cuando confesaron el pago de coimas a funcionarios peruanos.
No obstante, no era conocido que la Fiscalía brasileña había suspendido este sistema de colaboración en abril pasado a pedido de la empresa.
En el escrito firmado por la fiscal Anamara Osório Silva, al que accedió Perú21, se indica que el congelamiento se debe a que la constructora alegó que las autoridades de Perú han usado información proporcionada por Odebrecht contra la misma compañía.
Se refieren a decisiones tomadas por la procuradora ad hoc Silvana Carrión, quien ha incluido a la compañía en algunos procesos para el cobro de reparación civil.
Según Osório, de esa forma se estaría vulnerando el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, que estipula que esta no puede ser procesada con datos que ella compartió con el Ministerio Público.
La otra opción es que Mameri no se haya presentado porque la compañía brasileña se lo haya ordenado. Si así hubiera sido, ello generaría un terremoto en el caso Lava Jato.

4. En riesgo la colaboración eficaz de Odebrecht

Lo sucedido con Barata puede ser un preludio de lo que pasaría con la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht.
En la audiencia de Alpha Consult, a la que no se presentó Luiz Mameri, la fiscal Geovana Mori comunicó que han pedido explicaciones a la empresa por la inasistencia de su exdirectivo.
Y es que, señaló Mori, el acuerdo de colaboración obliga a la compañía a poner a disposición a todos sus exejecutivos cuando sean requeridos.
Incumplir ese requisito motivaría a la Fiscalía peruana a pedir la revocatoria de los beneficios penales de los que goza aún Odebrecht. Es decir, seguiría el mismo camino de Jorge Barata.
Perú21 conoció que, en el equipo especial Lava Jato, ya han proyectado un escenario en el que la compañía se niegue a seguir colaborando.
Y es que hay otro indicio que hace creer a los fiscales en ese escenario. Barata ya no reconoce responsabilidad en el caso Gasoducto. Lo expresó a la fiscal Mori en un interrogatorio de junio del año pasado, realizado en Sao Paulo.
En otras palabras, el exejecutivo está negando la manifestación que dio en 2019, cuando dijo que coordinó con la ex primera dama Nadine Heredia la adjudicación del megaproyecto durante el gobierno de Ollanta Humala.
¿Qué efecto tiene ese cambio de versión? Que Odebrecht sea exculpado del proceso Gasoducto, que no es parte de la colaboración eficaz que suscribió la empresa.
Sin embargo, si la Fiscalía demuestra que la compañía influye en sus exejecutivos para boicotear las investigaciones, entonces el acuerdo se rompería y Odebrecht tendría que ser enjuiciada.

5. Hablan los expertos

El caso Lava Jato en el Perú está camino al abismo. Hay más de un panorama posible después de la rebeldía de Barata y es difícil creer que, en alguno de ellos, el equipo especial de la Fiscalía salga bien parado.
Para el penalista Andy Carrión, lo hecho por el exdirectivo brasileño no está desconectado de los intereses de la empresa, por lo que es probable que la compañía pueda seguir el mismo camino de Barata.
“Barata ha sido un hombre fuerte de Odebrecht, no se puede creer que él intente perjudicar a la empresa más allá de que negoció su colaboración eficaz por su cuenta. Entonces, si ya se le revocaron los beneficios, y uno va a seguir la suerte del otro, la pregunta es ¿por qué solo uno de ellos debe sacrificarse?”, comentó a Perú21.
En esa línea, advirtió que todo eso llevaría a que los acuerdos de colaboración eficaz se vulneren y que deje en evidencia un endeble y pobre trabajo de los fiscales por no prevenir este desenlace.
Por esa razón, Carrión criticó que el Ministerio Público permitiera a Barata cautelar su dinero e irse a Brasil y a la empresa poder vender sus activos.
“El principal el error de la Fiscalía y la Procuraduría ha sido no atar al Perú a Barata y a Odebrecht, les dieron todas las facilidades para irse sin sujetarlos legalmente”, alegó.
Su colega Fernando Silva, en tanto, explicó que existe un “vacío legal” para procesar a Barata debido a que fue condenado para convertirse en colaborador eficaz pero no se le impuso pena.
“Con Barata hay un problema mayor. Si bien ha sido declarado culpable, se suspendió la pena porque se le dieron beneficios, pero, ahora que esos beneficios se han revocado, entonces el proceso que viene es para determinar la pena, ¿pero cómo se determinará ello si nunca lo han acusado? En este país nadie puede ser condenado sin una acusación”, expresó a este diario.
Silva explicó que lo que tendría que hacer la Fiscalía es formular acusación en los cuatro casos que Barata reconoció delitos (Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco, Interoceánica Sur y Vía Costa Verde tramo Callao) y esperar que el Poder Judicial evalúe una pena que se traduciría en años de cárcel.

Odebrecht-Novonor: Brasil suspendió cooperación en caso Lava Jato y robo quedará en el olvido

Fiscalía brasileña determinó que justicia peruana incumplió trato con Odebrecht de no utilizar en su contra información proporcionada por la empresa.

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Los juicios por el caso de megacorrupción que involucran a la empresa de construcción brasileña, Odebrecht (hoy llamada Novonor), conocido como ‘Lava Jato’, parecen tener las horas contadas para convertirse finalmente en un nefasto antecedente de -probablemente- uno de los más grandes fracasos en la historia del Ministerio Público peruano.
Más aún cuando hace unas horas se hizo público que la Fiscalía de Brasil suspendió  en abril de este año la cooperación judicial internacional que debía brindar dicha compañía y sus ex altos mandos investigados en este caso, como Marcelo Odebrecht (ExCEO de la empresa) y Jorge Barata (exdirector ejecutivo en Perú de Odebrecht), testigos claves en este entramado de licitaciones públicas ilegales y coimas a funcionarios peruanos que provocaron millonarias pérdidas al Estado peruano.
La disposición de suspender la cooperación internacional fue firmada por la fiscal  brasileña Anamara Osório Silva, quien en el documento alegó que la medida fue adoptada debido que la constructora denunció que las autoridades de Perú han usado información proporcionada por Odebrecht contra la misma empresa.
Entre los argumentos expuestos por los exfuncionarios de la empresa brasileña para sustentar esta denuncia, mencionaron medidas como la inclusión de la compañía brasileña en algunos procesos para el cobro de reparación civil.
En el documento firmado por la fiscal Osório, al que el diario Perú 21 tuvo acceso e hizo público,  la magistrada brasileña remarcó que este tipo de disposiciones estarían vulnerando el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht, en el cual se estableció que la empresa no podría ser procesada con datos que ella compartió con la Fiscalía.
Este hecho se hace conocido tan solo días después de que el miércoles 10 de julio, durante la audiencia virtual por el caso Alpha Consult (empresa que habría recibido dinero de Odebrecht para hacer el pago de coimas a funcionarios peruanos), el exdirectivo de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, no se presentó a dicha citación para testificar en el caso.

Fiscalía incluye a Jorge Barata en caso Gasoducto Sur y pide 36 meses de prisión preventiva

Tras la revocación del acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía se pronunció sobre la situación jurídica del exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata y lo sindicó como cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata  la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano y solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El despacho a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez emitió un pronunciamiento el último 8 de julio respecto de la situación jurídica del imputado y lo sindicó como cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Esta decisión llega luego de que el Poder Judicial revocara el acuerdo de colaboración eficaz que mantenía el exsuperintendente de Odebrecht en Perú a petición del Ministerio Público por haber incumplido en ofrecer su testimonio en el juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala.
Dicha decisión fue emitida por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tras denuncia del fiscal José Domingo Pérez Gómez, por lo que dispuso que se acuse a Jorge Barata, determinando la forma y circunstancias de la comisión del delito, así como el grado de responsabilidad que le corresponde.
Al respecto, el abogado penalista  Caro indicó que lo que diga o no diga Jorge Barata no resultaría tan importante, pues la Fiscalía ya ha armado el caso con las declaraciones como colaborador.
«Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación. La norma no se refiere expresamente a una revocatoria. Habría que interpretar que incluye la revocatoria, porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o mal, con información del colaborador, de manera que lo que diga o no diga el colaborador no es tan importante para continuar con este proceso», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Tribunal Constitucional: José Domingo Pérez abusó con abogado investigado por caso Cócteles, se sienta precedente para todos los procesados

Arsenio Oré no será enjuiciado por obstrucción a la justicia. Se revela presunto intercambio de favores entre Vela y exministro que lo defiende mediáticamente.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Por seis votos a uno, el Tribunal Constitucional consideró que el fiscal José Pérez atentó contra los derechos de Arsenio Oré, destacado abogado incluido en el juicio por el caso “Cócteles”. Se determinó que lo incluyó irregularmente como acusado por presunta obstrucción a la justicia.
“El fiscal Pérez fue quien… entrevistó a cada uno de los supuestos testigos amenazados e inducidos… lo que claramente condujo en sus términos que haya identificado lo que calificó como el delito de obstrucción a la justicia… por su propia iniciativa, decidió investigarlo y no derivarlo a otro despacho fiscal que sí pueda cumplir con la objetividad constitucionalmente exigida”, fue el sustento del experimentado litigante.

“Falta de respeto”

El portal Gato Encerrado difundió esta noticia, precisando que en la audiencia ante el Tribunal Constitucional ni siquiera apareció el procurador del Ministerio Público. “Esta ausencia es una falta de respeto a este tribunal”, sostuvo el magistrado Pedro Hernández.
“La última firma que venía demorando la resolución era la del vocal Manuel Monteagudo, que a falta argumentos para avalar la conducta del fiscal, habría retrasado la firma de esta causa según una fuente cercana al TC”, agregó Gato Encerrado.
Por otro lado, el letrado Wilber Medina reveló indicios de que Rafael Vela habría intercambiado favores con Mariano González. Una resolución del juez Jorge Chávez Tamariz (casado con una fiscal cuyo puesto depende del coordinador del Equipo Lava Jato) y una disposición confirman que se sobreseyó (archivó) los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias al “ministro del amor”.
Esto sucedió en 2022, a pesar de que los mismos funcionarios del Ministerio Público consideraron que González sí había trasferido 69 mil soles de Odebrecht al partido Peruanos por el Kambio.
Esto se confirmaría porque el exministro de Pedro Pablo Kuczynski aparece en medios de comunicación afines al delincuente José Graña –cómplice de Odebrecht– defendiendo a los polémicos fiscales, incluso a Harvey Colchado, polémico exjefe de la Diviac.

Lava Jato

Como si fuera poco, Guilherme Roman Borges, del 13 Juzgado Federal de Curitiba, suspendió una acción penal del caso Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. El sustento fue la decisión de mayo último, del ministro del Tribunal Supremo Federal, Dias Toffoli.
El empresario constructora había sido condenado en 2016 por el entonces juez Sergio Moro a 19 años de prisión. Se le imputaron “corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictuosa”, pero luego se confirmó la politización del fondo del proceso afectaría a Perú.
“En el ámbito peruano, es probable que alguna circunstancia sí ocurra. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, es posible que, al llegar a la Corte Suprema, veamos anulaciones similares a las que estamos observando en Brasil hoy en día”, declaró a un medio local Fernando Silva (abogado de uno de los procesados) precisando que todo el proceso en Brasil empieza de nuevo.

“Tú me apoyas y yo te archivo”

“Bingo. Tú me apoyas y yo te archivo. Rafael Vela dio conformidad al archivo definitivo de denuncia de lavado de activos contra González. Ahora sí entendemos por qué actuaba como vocero del Equipo Lava Jato”, sostuvo Medina.
El juez constitucional José Camargo realizó audiencia sobre el pedido de Vela para anular su suspensión.

Caso Cócteles: José Domingo Pérez no podrá probar lavado de activos, asegura Gladys Echaíz

Aunque traiga a Barata, el fiscal debe acreditar que dinero fue otorgado para blanquear dinero de campañas de 2011 y 2016, sostuvo la legisladora.

Por María Teresa García– Diario EXPRESO.
La congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz consideró que el fiscal José Domingo Pérez no podrá probar el delito de lavado de activos en el caso Cócteles que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, porque tendría que demostrar que el aporte económico que recibió para la campaña le fue otorgado para blanquear dinero sucio.
“Ahora sí podemos decir que el fiscal ha expuesto su caso, y no sé en qué lo sustentó porque no lo hemos oído hablar de dinero no bancarizado, sino al contrario, dinero que sale de una banca para una campaña. Entonces, ¿cómo se va a lavar el dinero que está en el banco?”, cuestionó la legisladora de Honor y Democracia.
Al ser consultada sobre la pretensión que tiene el fiscal José Domingo Pérez, de traer a Jorge Barata, ex-CEO de la empresa Odebrecht para que declare por este y otros casos, la congresista dijo que aun así se tendría que probar el delito de lavado de activos.
“No sé cuál es el razonamiento de él (Domingo Pérez). Bueno, así lo traiga (a Jorge Barata) lo que se tiene que probar es que ese dinero fue dado con la finalidad de blanquearlo a través de los depósitos bancarios. Si eso no se prueba, así vengan cien gentes”, manifestó Echaíz.
El caso se remonta a los procesos electorales de 2006 y 2011, durante los cuales se efectuaban cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular con el propósito de recaudar fondos para su campaña electoral. Estas reuniones fueron denominadas por el Ministerio Público como el ‘caso Cócteles’, por el que solicita una condena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva para Fujimori Higuchi y otros procesados, entre ellos, su exesposo Mark Vito.
Echaíz dijo que su posición siempre fue contraria a la tesis fiscal, ya que, por esos años, no constituía delito recibir aportes de campaña.
“Yo, desde un comienzo tuve una posición clara, por lo que se decía que se habían recibido aportes para la campaña, porque así empieza esta investigación por la campaña 2011-2016, es decir que no era delito en ese momento y si no estaba tipificado como delito, ¿qué se investigaba? Esa investigación carecía de objeto; no había algo que investigar porque no estaba tipificada la conducta como delito”, indicó la parlamentaria.
Añadió que otros de los delitos que se le imputan a Fujimori y a otros procesados, es falsa declaración en procesos administrativos, sin embargo, este ya habría prescrito.
“Luego, creo que se cambió la tipificación, para poder continuar con la investigación. Y entre ellos se involucraba siempre la falsa declaración en proceso administrativo, que en el peor de los casos ese hubiera sido el tipo penal, pero la pena es bien baja y ya prescribió”, acotó.