Coordinadora de Eficcop quería ascender, pero no alcanzó puntaje en evaluación de conocimientos
Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Solo el 26% del total de postulantes aprobó la evaluación de conocimientos de los concursos de la Junta Nacional Justicia. Entre estos no aparece Marita Barreto, polémica fiscal que coordina el mediático Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
La representante del Ministerio Público, famosa por su tesis de que los procesados deben probar “que son inocentes”, aspiraba a ser fiscal adjunta suprema.
Antecedente
En dos convocatorias similares de la JNJ, el puntaje mínimo fue 67.5. La más destacada fue Kelly Roxana Ramírez Vera, actualmente superior adjunta, quien llegó a los noventa puntos.
Solo quienes hayan pasado esta etapa podrán ser evaluados en su récord académico y laboral. Hasta el momento, la JNJ no define las fechas finales del cronograma para este proceso.
De esta manera, Marita Barreto, quien iniciara las investigaciones a la red del delincuente condenado Rodolfo Orellana, sigue los pasos de otro mediático personaje del Ministerio Público: José Pérez. El miembro del Equipo Lava Jato es fiscal de nivel provincial, y quería ser superior, pero también reprobó la prueba de conocimientos.
Tribunal Constitucional rechaza reposición de Inés Tello en la JNJ y le da la razón al Congreso
El máximo intérprete de la Constitución declaró improcedente el recurso de reposición de la magistrada, quien ya no cumpliría con los requisitos para ocupar el cargo en la JNJ.
Por ALVARO TRENEMAN– Diario Perú21.
El Tribunal Constitucional declaró IMPROCEDENTE el recurso de reposición como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentado por Inés Tello, y de esta manera le dio la razón al Congreso, que destituyó a la magistrada por tener más de 75 años de edad, cuando la Constitución no lo permite.
Como se sabe, después de haber sido suspendidos por el Congreso, la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima ordenó reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este hecho obligó a llevar la controversia a las instancias del Tribunal Constitucional.
El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó, con 67 votos a favor, inhabilitar por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, titulares de la Junta Nacional de Justicia.
A ambos magistrados se les acusó de haber infringido la Constitución, ya que mantuvieron a Tello De Ñecco como titular pese a exceder la edad permitida.
Por otro lado, María Zavala, Guillermo Thornberry, José Ávila, Antonio de la Haza e Imelda Tumialán, se salvaron de ser destituidos de su cargo, ya que el Pleno no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar sus inhabilaciones.
El TC, en su resolución publicada hoy por Perú21, señala que “no puede ignorar el comportamiento público de la defensa técnica de la solicitante (Inés Tello), José Omar Cairo Roldán, respecto de este órgano de control constitucional y la obligatoriedad de sus resoluciones”.
LE LLAMA LA ATENCIÓN A ABOGADO CAIRO
Esto, porque —según la resolución— “el abogado que ahora recurre a este Tribunal Constitucional para que emita una resolución a favor de su defendida, manifiesta públicamente que espera que los jueces del Poder Judicial no acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional, a fin de no permitir lo que él considera la consumación de una inconstitucional interferencia”.
“Abogar por el desconocimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional —indica el texto— es un comportamiento contradictorio por parte de un abogado que acude a esta instancia en busca de tutela para los derechos de su defendida. Resulta paradójico e incongruente en el mejor de los casos, o evidencia la utilización de un doble estándar en el peor, pretender que las resoluciones de una instancia jurisdiccional sean válidas, constitucionales y obligatorias cuando les dan la razón a los propios intereses, e inválidas, inconstitucionales y no acatables cuando les dan la contra (cuando no les son favorables)”.
“Las referidas manifestaciones pueden ser entendidas y toleradas en ejercicio de la libertad de expresión en el contexto de una opinión académica o política. Pero los abogados que acuden a este Tribunal Constitucional e interponen recursos se encuentran sujetos a lo dispuesto en el artículo 109.4 del Código Procesal Civil, que sí resulta de aplicación supletoria al presente proceso y a la presente circunstancia”, señala otra parte de la resolución.
Jorge Salas Arenas con las horas contadas: tiene dos denuncias por nombramientos ilegales
En 15 días presentan informes finales sobre titular del JNE que podría ir preso por presuntos favores a Fernando Tuesta, a Walter Ríos y Pavel Cárdenas
Por Harold Salinas– Diario EXPRESO.
En 15 días la situación legal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, estará complicada, luego que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones (SAC), delegara a los congresistas Arturo Alegría (Fuerza Popular) y José Cueto (Honor y Democrácia) la elaboración de los informes finales respecto a dos denuncias constitucionales (DC).
La primera DC N°352 estará a cargo del legislador Alegría, es decir la presentada por su colega Rosselli Amuruz (Avanza País) contra el titular del JNE. Salas Arenas. por presuntamente haber contratado irregularmente al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla como consultor de este organismo electoral entre los años 2021 y 2022.
En la segunda (DC N°469), el legislador José Cueto investigará a Salas Arenas por la denuncia presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien concluyó que el titular del JNE cometió el delito de negociación incompatible.
Esto por haber utilizado su cargo de juez supremo para recomendar a Pavel Vladimir Cárdenas Peña, un exasesor suyo, para un puesto en la Corte Superior del Callao cuando Walter Ríos era presidente de esta institución en 2017.
En enero de 2023 EXPRESO reveló que Tuesta Soldevilla habría sido contratado por diversas instituciones electorales, hecho corroborado por un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata del Informe de Auditoría N.° 017-2023-2-0280-AC, “Contratación de Locadores de Servicios como Especialistas y Asesores para Procesos Electorales”, aprobado en agosto del 2023, por lo cual, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País) lo derivó a la SAC.
Amuruz indicó que dicho informe emitido por el órgano de control, determinó que Tuesta Soldevilla no cumplió con uno de los requisitos formales claramente especificado en el contrato que le hizo el JNE, lo cual exigía una experiencia específica de tres años en labores o prestación de servicios de asesoría en materia electoral.
“La auditoria de la Contraloría afirma que la contratación de Tuesta fue irregular, pues éste no cumplía con el perfil requerido, y que, a pesar de todo, bajo la misma modalidad , hasta el año 2023, el JNE lo ha seguido contratando. No hay duda que es una trama dirigida por Salas Arenas para favorecer indebidamente a su amigo, el señor Tuesta”, expresó Amuruz en agosto del 2023.