Oscar Nieves Vela dijo que la presidenta ha visitado su estudio jurídico. Composición RPP
Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
“Las mentiras son parte del tejido de la vida social”, concluyó en 1996, Bella DePaulo, psicóloga y profesora en la Universidad de Virginia.
Sostuvo que mientras algunas mentiras destruyen las relaciones y la confianza, otras cumplen roles como suavizar situaciones incómodas o proteger un ego frágil.
En el supuesto negado de que la presidente Boluarte, el gobernador de Ayacucho, Oscorima, y el prestigioso abogado Abanto hubiesen mentido, sin duda sería para “suavizar situaciones incómodas”.
La psicología moderna ha estudiado la mentira. En las “piadosas o blancas”, es donde encajaría la supuesta falsedad del reloj, el arete, y etc. Según estudios del Dr. Christian L. Hart, profesor de Psicología de la Universidad de Mujeres de Texas (TWU) “se cuentan mentiras piadosas cuando decir la verdad sería excesivamente complicado o incómodo.
Éstas permiten censurar verdades perjudiciales, reformular hechos socialmente incómodos […] Algunos sostienen que la capacidad de formular una mentira piadosa razonable y aceptable, en lugar de soltar la ofensiva, honesta verdad, es considerada una marca de civilidad y madurez. Otros estudios demuestran que quienes siempre dicen la verdad, incluso cuando es embarazosa y dolorosa, no son aptos para encajar en la sociedad moderna”.
Ahora, asociar el llamado “caso Rolex” a la corrupción no tiene sentido. No tiene vínculo alguno con el monto cuya entrega anunció Boluarte, en Ayacucho al gobierno regional, encabezado por ¿“su fan enamorado”?
La Presidencia de la República no puede ir regalando dinero simplemente porque es el Congreso quien aprueba la Ley de Presupuesto Público, como ya se hizo hace algunos meses. El texto consensuado con el MEF prioriza: educación, salud, transporte, orden público, previsión y protección social. Las cifras están escritas en piedra con suficientes candados para evitar, justamente, que se malgaste el dinero de los contribuyentes.
El monto anunciado por Boluarte en Ayacucho, está necesariamente en el presupuesto 2024. Si no lo estuviere, pues la señora sería desaforada, vacada y nueva vecina de Barbadillo.
Los relojes son una distracción de la investigación preliminar abierta por el fiscal Chinchay a Gustavo Gorriti, y sus aparentes títeres, los fiscales especiales del caso ‘Lava Jato’, Domingo Pérez y Rafael Vela. A saber, funcionales a Gorriti para la persecución a Keiko Fujimori y el perverso cerco a Alan García.
Y, sin embargo, nos lanzamos contra Boluarte porque desafiar la estructura de poder hace que nuestros cerebros de primate, de la tribu hominini, se sienta bien; esto según lo estudiado por la doctora Loretta Graziano Breuning, profesora emérita de la Universidad Estatal de California East Bay.
Graziano escribe: “Los políticos tergiversan los hechos escandalosamente, pero cuando tus compañeros lo hacen lo pasas por alto. Incluso tú mismo no puedes evitarlo porque nuestros cerebros reciben más información de la que pueden procesar.
Cada cerebro filtra y se ordena con conexiones creadas a partir de sus propias experiencias. Es a edad temprana cuando la mielina para las conexiones, se crean. Las neuronas espejo se conectan con la experiencia de las personas observadas.
Si creces escuchando culpar a los políticos de toda frustración, tu cerebro se conectará para repetirlo”.
Dirección Nacional de Inteligencia
Por Ángel Páez- La República.
Como parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el presidente Ollanta Humala designó como director ejecutivo al capitán en retiro de la ex Guardia Civil, Iván Kamisaki Sotomayor.
El 11 de diciembre del 2012, como parte de las facultades legislativas concedidas por el Congreso, Humala suscribió el Decreto Legislativo Nº1141 que redefine los objetivos, las facultades y los ámbitos de acción de la DINI.
También modificó la estructura organizativa de la entidad. Suprimió el cargo de subdirector y en su lugar estableció la Dirección Ejecutiva, que es la posición que ocupará Iván Kamisaki, con funciones más amplias vinculadas a operaciones de inteligencia.
El jefe del Estado mantiene en su cargo al director de la DINI, el capitán EP en retiro Víctor Gómez Rodríguez –su compañero de promoción en la Escuela Militar de Chorrillos–, quien fue el que precisamente recomendó la designación de Iván Kamisaki.
Antes de su nombramiento, Kamisaki asesoraba al director de la DINI, Víctor Gómez. Aunque se conocieron en la DINI, Gómez y Kamisaki tienen en común haber laborado en el ámbito de seguridad para el sector empresarial privado.
Nacido en el Rímac el 25 de agosto de 1958, Iván Kamisaki se graduó en la Escuela de Oficiales de la Guardia Civil como parte de la Promoción Los Sinchis, en 1982.
CON NEGOCIO PROPIO
A la misma promoción pertenece el director de la Policía Nacional del Perú, general Raúl Salazar Salazar.
Al poco tiempo de pasar al retiro con el grado de capitán, Iván Kamisaki Sotomayor constituyó la empresa Security Advisor, dedicada a la prestación de asesoría y servicios de seguridad privada, en particular para corporaciones industriales y estudios de abogados. Se registró en la Sunat el 10 de marzo del 2003.
Empresarios del sector que conocen de las actividades de Kamisaki dijeron que se especializa en ofrecer servicios de contramedidas para enfrentar el espionaje telefónico, detección del “hackeo” de las redes de información por Internet y el “barrido electrónico” de instalaciones corporativas, entre otros.
Por su experiencia, Security Advisor ha sido contratada por distintas entidades del Estado, como el Congreso de la República, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).
“En el Congreso se le contrató para que ofreciera un servicio de capacitación en materia de seguridad a los responsables del área”, dijo una fuente del Legislativo.
CON NUEVOS PODERES
La ratificación de Víctor Gómez y la designación de Iván Kamisaki se producen en el contexto de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), de acuerdo con los alcances del Decreto Legislativo Nº1141, del 11 de diciembre del 2012.
Dicha norma amplía las facultades del director y del director ejecutivo de la DINI y aumenta de 7 a 17 las funciones del organismo de inteligencia, otorgándole además la capacidad de centralizar la información obtenida por el sistema.
Entre las nuevas funciones más resaltantes que le atribuye el Decreto Legislativo Nº1141 a la DINI se encuentra “la formulación y ejecución de acciones y políticas” en materia de inteligencia, así como ejecutar acciones de contrainteligencia, reunir y sistematizar la información de inteligencia, constituir una red de enlaces en todo el aparato estatal y –esto muy relevante– dirigir, controlar y supervisar a los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).
Esto último indica que el director y el director ejecutivo de la DINI ejercerán dominio sobre todas las reparticiones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior, y serán los receptores de toda la producción de inteligencia.
ASESORA EN INTELIGENCIA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con el Decreto Legislativo Nº1141, el director de la DINI recibe la condición de “asesor del presidente de la República en asuntos de Inteligencia”. La ley del 2005 no lo contemplaba.
El director ejecutivo de la DINI es el número dos de la organización, y en ausencia del número uno puede sostener reuniones con el jefe del Estado para informarle las novedades sobre el ámbito de inteligencia.
El cargo de subdirector de la DINI lo ejercía el coronel EP (r) Gustavo Indacochea Álvarez.
La indicada norma señala como componentes del Sistema nacional de Inteligencia (SINA) a los titulares de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DIE), Dirección de Inteligencia de la Marina (DIM) y de la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP), quienes solo participaban en condición de invitados.
Fuente: Diarios La República, Correo, Perú21 y Radio Programas del Perú.
Jaime Villanueva vincula a Rafael Vela Barba con exclusión de Dina Boluarte en la investigación por financiamientos ilícitos en Perú Libre- Crédito: Composición Infobae Perú/ Yenny Melo.
Jaime Villanueva se reunió con Oscar Nieves Vela
Por Renato Silva– Infobae.com
Según reveló Punto Final, Jaime Villanueva también señaló que se reunió con el abogado de Boluarte, el señor Nieves, quien le solicitó que se excluya a la presidenta de las investigaciones por lavado de activos por el financiamiento de Perú Libre durante la campaña electoral del año 2021.
Dicho encuentro se realizó en el 2022, en el contexto de un almuerzo pactado en un restaurante ubicado en la avenida República de Panamá, en el distrito de San isidro. El fiscal Marco Huamán citó en el lugar a Villanueva y a Miguel Girao, el segundo asesor de Benavides, para presentar a su ‘amigo’ Óscar Nieves Vela, en ese momento abogado defensor de Dina Boluarte. Cabe precisar que Huamán fue designado por Patricia Benavides para investigar a la presidenta de la República.
Durante la comida, según el relato Jaime Villanueva consignado en el documento fiscal, se exploró la viabilidad de que Dina Boluarte ascendiera a la presidencia, argumentando que para que este escenario se materializara, era imperativo eludir cualquier pesquisa en su contra. “Entonces ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido, en esa formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, menciona Villanueva.
Villanueva también reveló que la ahora presidenta, Dina Boluarte, estuvo cerca de ser enviada a prisión preventiva pues la investigación estuvo cerca de formalizarse en el año 2022.
La estrategia deliberada durante el almuerzo parece haber obtenido resultados, ya que posteriormente el fiscal Rojas optó por solicitar prisión preventiva para Vladimir Cerrón, Guido Bellido, entre otros, excluyendo a Boluarte de dicha medida y manteniéndola solo en una fase de investigación preliminar.
Jaime Villanueva también brindó declaraciones sobre un supuesto acuerdo que habría beneficiado al expresidente Pedro Castillo. Las declaraciones implican otra vez al fiscal Rafael Vela, a quien se le acusa de haber protegido a Castillo a cambio de recibir un favor legislativo que le permitiría postular como fiscal supremo. Estos hechos habrían tenido lugar en julio de 2021, justo cuando Castillo era declarado ganador de las elecciones presidenciales en Perú.
Se iba a pedir prisión preventiva para Dina Boluarte
Por Yenny Melo– Infobae.com
Luego de la cita con el abogado de Boluarte, Villanueva le transmitió la solicitud a Rafael Vela Barba, quien se desempeñaba como encargado de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y coordinador del Equipo Lava Jato. Posteriormente, transmitió el pedido del abogado de Dina Boluarte al fiscal Richard Rojas, quien estaba a cargo de las investigaciones del financiamiento de Perú Libre.
De acuerdo al extracto del testimonio de Jaime Villanueva, que fue presentado por el dominical Punto Final, el exasesor comentó que, previa a la reunión con la defensa de la presidenta, Rafael Vela le habría mencionado que la investigación estaba a punto de formalizarse, “incluso con la posibilidad de solicitar prisión preventiva” para Dina Boluarte.
La estrategia deliberada durante el almuerzo parece haber obtenido resultados, ya que posteriormente el fiscal Rojas optó por solicitar prisión preventiva para Vladimir Cerrón, Guido Bellido, entre otros, excluyendo a Boluarte de dicha medida y manteniéndola solo en una fase de investigación preliminar.
Henry Shimabukuro y Dina Boluarte se conocieron en la segunda vuelta de la campaña de Pedro Castillo
Dina Boluarte y el caso del financiamiento de Perú Libre
Dina Boluarte estaba vinculada a una investigación previa iniciada en junio de 2021, relacionada con el lavado de activos asociado al financiamiento de la campaña de primera vuelta de Perú Libre, así como a las organizaciones criminales ‘Los dinámicos del centro’ y ‘Los tiranos del centro’. Boluarte era secretaria de Economía del Comité Ejecutivo Regional del partido del lápiz y, por lo tanto, la encargada de llevar la contabilidad del dinero que ingresó a una cuenta bancaria creada para la campaña electoral.
Fue en esta investigación que Dina Boluarte sale librada por las coordinaciones realizadas en la reunión de su abogado con Jaime Villanueva.
Posteriormente, en marzo de 2023, la suerte de Boluarte se acabaría, ya que el fiscal Richard Rojas la incluyó, junto al expresidente Pedro Castillo y al exasesor Henry Shimabukuro, en otra investigación por lavado de activos relacionada con la campaña de segunda vuelta de Perú Libre. La inclusión de Boluarte se produjo después de que Shimabukuro proporcionara a la Fiscalía una serie de pruebas, incluyendo audios, fotografías y conversaciones de WhatsApp que evidenciaban coordinaciones de la mandataria durante la segunda vuelta de las elecciones generales.
Pedro Castillo y Vladimir Cerrón fueron socios políticos cuando estaban en el gobierno.
Fiscal Rafael Vela también habría favorecido al expresidente Pedro Castillo
Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también brindó nuevas revelaciones en torno a un supuesto acuerdo que habría beneficiado al expresidente Pedro Castillo. Las declaraciones implican otra vez al fiscal Rafael Vela, a quien se le acusa de haber protegido a Castillo a cambio de recibir un favor legislativo que le permitiría postular como fiscal supremo. Estos hechos habrían tenido lugar en julio de 2021, justo cuando Castillo era declarado ganador de las elecciones presidenciales en Perú.
Según el testimonio de Villanueva, obtenido por el programa de investigación Punto Final, el acuerdo se habría gestado en un encuentro en la residencia de la congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque, y habría contado con la participación de Miguel Girao y Vladímir Cerrón. La solicitud inicial habría sido excluir a Castillo de una investigación sobre financiamiento de campaña vinculada al caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Este acuerdo implicaba que Cerrón, actualmente prófugo de la justicia, gestionara en el Congreso la aprobación de una norma que facilite a los fiscales la postulación al cargo de fiscal supremo, requiriendo 15 años de experiencia combinada en funciones fiscales y académicas.