Augusto Thorndike advierte que «salud democrática» está en peligro si Jorge Salas Arenas y Piero Corvetto permanecen en JNE y ONPE.

«Salud democrática» está en peligro si Jorge Salas Arenas y Piero Corvetto permanecen en JNE y ONPE

Periodista enfatiza en ‘grave peligro’ que supone inscripción de Antauro Humala.

Por Fabrizio Salas– Diario EXPRESO.
El periodista Augusto Thorndike sostuvo que la única manera de mantener una democracia “saludable” es mediante la remoción de Jorge Salas Arenas del JNE y de Piero Corvetto de la ONPE.
Luego de conocerse que ambos reciben el apoyo de la JNJ para seguir ejerciendo la función pública en un organismo crucial para la elección de autoridades de alta dirección en el país, el hombre de prensa describió que el Congreso es el que debe interceder para “frenar cualquier posibilidad de juego sucio o de inclinar la balanza por parte de estos funcionarios electorales”.
“Le pueden cambiar la ley orgánica para exigir que haya más confianza a la hora de evaluar y recibir resultados electorales (…) Dadas las circunstancias de cómo se están atornillando en el poder estos funcionarios viciados, ya que el pueblo no confía ni en Salas Arenas y ni en Corvetto, lo más saludable sería que sean relevados del cargo“, inició Thorndike.
Agregó: “Nunca sabremos si hubo juego sucio o no, y ya eso tiene que pasar. Pero no podemos, nuevamente, adentrarnos a un proceso electoral que va a ser candela porque está Antauro Humala y esta situación está que se enciende”.

Thorndike arremete contra Salas Arenas por admitir partido de Antauro y recuerda pasado

Sobre el próximo proceso electoral, Thorndike no perdonó que el presidente del JNE tratara de desviar la atención y confundiera a la gente alegando que el partido A.N.T.A.U.R.O. no tiene como figura principal al etnocacerista Antauro Humala.
“Ya vimos algunas insinuaciones de Jorge Luis Salas Arenas, que se hace el loco, sobre todo con el partido de Antauro. (Él dice) ‘pero el partido no es de Antauro, es la Alianza Nacional de Trabajadores y no sé qué’. ¡No pues (…) (él) es el líder natural de ese partido y está haciendo campaña abiertamente por lo largo y ancho del Perú!”, indicó.
Y mientras advertía que la inscripción de Humala Tasso ya está siendo observado por el Ministerio Público, el hombre de prensa también recordó el último proceso electoral que tuvo como figura principal -y controversial- al jefe del Jurado Nacional de Elecciones.
“Lo que ya hizo Salas Arenas antes es admitir un ideario en cuya portada sale como niño símbolo Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia; y era una trata marxista-leninista que atentaba contra todos los cánones democráticos que nuestra Constitución defiende“, mencionó.
Finalmente, Thorndike reiteró que las elecciones, y sus candidatos tienen que ser acordes a lo dictado por la Carta Magna y advirtió “si un loco quiere entrar y fusilar a todos, nos va a traer miserias”, agregando que Antauro es más avispado que Castillo Terrones e, incluso, que su hermano Ollanta.
“Ojo que no es Pedro Castillo ah, este sí es un enemigo feroz. Muy bien plantado, con mucho aplomo y con un verso muy convincente, muy hábil y muy bien preparado, obviamente en la literatura radical (…) El alumno ejemplar de don Isaac Humala; el otro hermano, que llegó a ser presidente, era el vago (…) Antauro Humala sí y hay que tener mucho cuidado con eso”.

Congreso inhabilita Inés Tello y Aldo Vásquez

Por María Teresa García– Diario EXPRESO.
Con 67 votos a favor, 23 en contra y 03 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa del Congreso N°7220, que acusa a Luz Inés Tello de Ñecco en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3 de la Constitución, y la sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años, conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Una vez conocida la decisión del Pleno del Congreso, Tello de Ñecco envió un oficio al Congreso solicitando que se declare inexistente el acuerdo al que llegó la representación nacional, pues “se consideró el voto de José Luna, quien estaba impedido de votar al pertenecer a la Comisión Permanente”. Sin embargo, minutos después, el Congreso emitió un comunicado señalando que el voto del parlamentario José Luna es válido porque no ejerció su votó en la Comisión Permanente del pasado 26 de febrero.
La Representación Nacional, aprobó (67 votos a favor, 22 en contra y 01 abstención), la Resolución Legislativa del Congreso N°7221 que acusa a Aldo Alejandro Vásquez Ríos, en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución, y lo sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años, conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado.
Previo al voto, se aprobó (83 votos a favor, 30 en contra y 01 abstención), un pedido de reconsideración a la votación del referido proyecto de Resolución Legislativa, el cual fue planteado por los congresistas Eduardo Castillo Rivas (FP) e Isaac Mita Alanoca (PL).
Caso contrario se dio con el resto de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Julia Tumialán Pinto, Henry José Ávila Herrera, Guillermo Santiago Thornberry Villarán, pues la Representación Nacional no alcanzó los votos requeridos para aprobar la acusación e inhabilitación de los referidos magistrados.
La Resolución Legislativa del Congreso N°7223, que buscaba acusar e inhabilitar al magistrado Antonio Humberto de la Haza Barrantes, alcanzó 52 votos a favor, 31 en contra y 08 abstenciones. Lo mismo sucedió en el caso de María Zavala quien continuará en el organismo judicial. 45 legisladores votaron a favor de su inhabilitación, 32 en contra y 5 se abstuvieron.

Accesitario no hábil: postuló a la Corte Suprema

Abraham Siles Vallejos

El abogado Abraham Siles tiene 62 años, no se encuentra facultado para asumir una de las plazas dejadas por los ahora, inhabilitados, Tello de Ñecco y Vásquez Ríos.
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica desde hace más de 25 años. Según registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es doctor en derecho y magíster en derecho con mención en Derecho Constitucional.
En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto nueve en el cuadro de méritos final con un puntaje de 79.90.
Durante su entrevista, explicó ante la Comisión Especial que su intención para ser nombrado como integrante de la JNJ era la de “contribuir a la mejora del sistema de justicia peruano”.
Creo que la Junta Nacional de Justicia tiene un enorme relevancia, porque es un órgano de garantía del Poder Judicial y del Ministerio Público y, a la vez, es un órgano para el gobierno autónomo de estas instituciones”, Abraham Siles, ante la Comisión Especial.
Consideró que los jueces y fiscales, dentro de un rol democrático, tienen una actuación vinculada a los derechos fundamentales.
Además, según su hoja de vida es profesor de Derecho Constitucional en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
También se desempeña como coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales (GIDCYDEF) e integra el Consejo Consultivo de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de dicho centro de estudios.
Realizó una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania en 2017, para una “investigación sobre estados de emergencia como herramienta constitucional para enfrentar amenazas políticas”.
Ha escrito artículos sobre “Independencia y transparencia del Poder Judicial en la América Central del siglo XXI: ¿cuáles cambios?, un manual para el “Fortalecimiento de la independencia y la transparencia del Poder Judicial en América Central”, “Las ratificaciones de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público”, “Corrupción en el Poder Judicial peruano: marco conceptual. Lineamientos de una propuesta de participación ciudadana para su control y erradicación”, entre otros.
Según el registro de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones no registra afiliación política y tampoco ha participado en alguna elección para acceder a cargo público.
De acuerdo con el registro de proveedores, en el 2019 ganó una orden de servicio por el monto de S/30 mil para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) por una consultoría a fin de brindar asistencia técnica en la conformación y funcionamiento de la Mesa Técnica – Política para la gestión articulada de la certificación de competencias en el sector Justicia.
Durante su entrevista, señaló que dicha consultoría le fue requerida para que ayude a definir los enfoques y reuniones institucionales del Sineace con agentes de diversas instituciones del sector justicia.

Accesitarios hábiles

Mónica Rosell Medina

Mónica Rosell tiene 60 años, con lo cual se encuentra facultada para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ. Según la Sunedu, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú , además tiene un grado de Magíster en Derecho Internacional Comercial por la Universidad de Londres.
En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto diez en el cuadro de méritos final con un puntaje de 79.00.
Durante su entrevista para acceder al cargo dijo ante la Comisión Especial que la corrupción es un “impuesto” lascerante que le quita a los que menos tienen, pues les quita el recurso que deberían ir a la salud y a la educación, pero que son desviado a bolsillos particulares.
Desde el punto de vista funcional, la Junta Nacional de Justicia supone una esperanza. Si hemos ingresado a este proceso de reforma y cambio institucional es porque hay esperanza y expectativa ciudadana de que la Junta Nacional se convierta en un instrumento que pueda servir a la lucha contra la corrupción”, Mónica Rosell, ante la Comisión Especial.
Consideró que se debería tener un código de ética y un protocolo de conducta de los propios miembros de la junta, lo que sería esencial para la lucha contra la corrupción.
Durante su postulación se le preguntó sobre una denuncia en su contra por una presunta vinculación con la exprimera dama Nadine Heredia, quien la habría favorecido con su designación en algunos cargos. Sin embargo, la abogada afirmó que solo conocía a la exprimer dama “por la televisión” y que su nombramiento fue por concurso público en el Ministerio del Ambiente.
“Debo decir que, desde un punto de vista jurídico, esta denuncia carece de fundamentación. No solo porque no hay prueba, solo adjuntan una nota periodística donde ni siquiera estoy mencionada”, advirtió la abogada.
Según su hoja de vida tiene estudios pre-doctorales en el Max Plank Institut de Hamburgo, Alemania y es candidata a Doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está certificada en Propiedad Intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Centro Internacional de Estudios Internacionales de Estrasburgo Francia y en Negociación de Contratos Internacional por el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo (Roma, Italia).
Fue consultora del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Producción, de la Corporación Andina de Fomento y del Organismo Andino de Salud. Asimismo, fue Secretaria del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Jefe de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Jefe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y es profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Academia Diplomática del Perú.
Según el registro de proveedores obtuvo la suma de S/260,380 por servicios entre el 2008 y 2022, a entidades como el Consejo Nacional del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tampoco registra afiliación política y tampoco a postulado a cargo por elección pública.

Jaime de la Puente Parodi

Jaime de la Puente Parodi tiene 56 años, con lo cual se encuentra facultado para asumir una de las plazas en el Pleno de la JNJ.
Según la Sunedu, es abogado por la Universidad de Lima. Además, en su hoja de vida consigna que es egresado de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como abogado especialista en derecho ambiental, constitucional, previsional y de la seguridad social y laboral.
En el concurso realizado para la elección de los integrantes de la JNJ ocupó el puesto diez en el cuadro de méritos final con un puntaje de 78.45.
Durante su entrevista ante la Comisión Especial para la selección de los integrantes de la JNJ se le preguntó sobre una presunta sanción administrativa en el 2014. Sin embargo, el abogado aseguró que había operado la prescripción.
Aseguró que buscaba ser miembro de la JNJ al tener las características para desempeñar un cargo de alto nivel como ese.
“En segundo lugar, uno no puede quedarse simplemente como espectador. Es conversar como abogado y con abogados sobre lo que uno puede hacer por el país ante una situación como la que nos ha tocado vivir a raíz de todas las denuncias y los actos de corrupción que se han podido advertir en los últimos tiempos, es tener el compromiso de asumir los retos”, dijo entonces.
Actualmente, labora en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y también ha desarrollado labores como Vocal y Presidente del Tribunal Administrativo de la Oficina de Normalización Previsional.
Laboró en el Tribunal Constitucional(TC) como asesor jurisdiccional, desempeñándose como coordinador de la Comisión Especializada en Asuntos Previsionales. Asimismo, ha sido procurador público adjunto del TC.
Según su hoja de vida, ha realizado una pasantía en la Corte Constitucional de Colombia y fue miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional.
También ha escrito artículos relacionados a “El precedente constitucional vinculante, la tutela de urgencia y el amparo previsional. A propósito de los nuevos precedentes en materia pensionaria”, “El deber de lealtad, probidad y buena fe en los procesos constitucionales”, etc.
De acuerdo al registro de proveedores obtuvo la suma de S/234,600 por servicios entre el 2018 y 2020, con el Ministerio de Justicia por asesoría en materia legal y constitucional.
Tampoco registra afiliación política y no registra en Infogob postulación a cargo por elección pública.