Gustavo Gorriti presionaba a la Fiscalía y coordinó con 4 fiscales de la Nación

Colaborador eficaz revela presiones de oenegero a Pablo Sánchez, Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides. También a Vela y a Pérez.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Desde hace meses, Gustavo Gorriti atribuyó credibilidad a todos los testimonios de Jaime Villanueva, exasesor de la Fiscalía de la Nación. Ahora, esa misma fuente lo sindica a él como el personaje que no solo coordinaba, sino que presionaba a los máximos representantes del Ministerio Público.
En sus declaraciones por el caso de Patricia Benavides, el “Filósofo” reveló que el miembro de la organización financiada desde el extranjero, el IDL, usaba su poder mediático para gestionar acciones de Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry, y la misma Benavides, cuando estos eran fiscales de la Nación.
El interés de Gorriti –según Villanueva– no era periodístico, sino de utilizar al Ministerio Público. Gestiones similares se habrían producido desde el fujimorismo, por medio de Martha Moyano.
Hace unas semanas se había revelado que Sánchez actuaba por indicaciones del oenegero para suspender diligencias. Ahora Villanueva involucra al fiscal supremo en tratativas para que el caso Lava Jato sea politizado, especialmente en el caso de Keiko Fujimori.
En el tema Chávarry, se reveló que este había tenido una reunión con Gorriti cuando iba a asumir la titularidad del Ministerio Público, allá por julio de 2018. Sánchez ya había tenido acceso a audios que luego fueron difundidos en IDL, cuya página web les daba un cariz criminal.
“Al par de semanas que salieron los audios de los cuellos blancos, donde no aparece ninguna comunicación de Pablo Sánchez, él los tenía antes. Pablo Sánchez, previamente a que los audios salgan, se los hizo escuchar primero a Chávarry, luego en la Junta de Fiscales Supremos, porque a los pocos días iba a juramentar Chávarry, era para que vean que no había contenido penal en los mismos”, es parte del testimonio de Villanueva ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, del 30 de enero. Cabe indicar que ese día, ella había delegado la diligencia en Reynaldo Abia.
Es allí donde salta el indicio de presiones mediáticas que buscaban influir en las investigaciones a Odebrecht, OAS y a políticos involucrados en millonarias obras conseguidas mediante sobornos, o por aportes de campaña.

Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen

“Chávarry ya estaba electo fiscal de la Nación y tuvimos una reunión en la cafetería La Mora de Miraflores. Allí nos reunimos justo con Patricia Benavides, Pedro Chávarry, Gustavo Gorriti y yo, donde Gustavo se comprometió a apoyar a Chávarry, a cambio de que forme el equipo especial con la coordinación de Rafael [Vela] y con José Domingo [Pérez] como miembro”, continúa.
“Incluso cuando Chávarry ya fue fiscal de la Nación, hubo una reunión en el Ministerio Público con Gorriti. Incluso Gorriti salió en un programa defendiendo a Chávarry y me acuerdo mucho que Chávarry y yo salíamos, y él dijo San Gustavo, si tuviera otro hijo le pondría Gustavo”, es la respuesta a la pregunta 40.
Ante esta declaración, EXPRESO se comunicó con el mismo Chávarry, quien admitió haberse reunido con el hombre de IDL, aunque negó negociaciones sobre la conformación del Equipo Lava Jato.
“Efectivamente, en junio 2018, cuando ya estaba electo, empiezan a salir audios. Se apreciaba que IDL daba el libreto y los medios de comunicación replicaban. Yo estaba fastidiado. Lo comento con mi personal de confianza, y mi adjunta era Patricia Benavides. Ella me dice: ‘Doctor, usted tiene que salir a los medios. Si no, van a seguir atacándolo’, y sollozaba y me abrazaba como solidarizándose conmigo”, sostuvo el abogado.
Benavides era muy cercana a Villanueva, y ambos le señalaban que le faltaba más manejo de prensa, por lo que él acepta que lo contacten con el oenegero.

Farsa de JNJ con fiscales politizados: magistrados en nueva polémica

Denuncian que investigaciones a Sánchez, Vela y Pérez –sin suspenderlos– por separado, y sin Zoraida Ávalos, son solo un show.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Si bien la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció públicamente que abría investigaciones a Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Pérez, por el testimonio que los vinculaba a Gustavo Gorriti en negociaciones a favor de ciertos políticos, y en contra de otros, esto solo sería un ‘engañamuchachos’.
Así lo señalaron los abogados Tomás Gálvez y Wilber Medina.
“A todos ellos yo los denuncié hace pocos años, y la Junta archivó todo. Cualquier abogado sabe que lo mejor en estos casos es la acumulación, pero acá han actuado al revés. Si los indicios salen de un mismo caso y de un mismo testimonio, al separarlos en tres expedientes, les están haciendo un favor a estos señores”, manifestó el exfiscal supremo a EXPRESO.
En ese sentido, sostuvo que los presididos por Antonio de la Haza están evitando ser expuestos como cómplices de este sector condescendiente con Odebrecht y con Martín Vizcarra.
“Son prácticamente los mismo personajes que actuaron como operadores de Odebrecht. Gorriti, Sánchez, Vela y Pérez con el acuerdo de colaboración eficaz que perjudicó al Perú y le dio impunidad a Marcelo Odebrecht y a sus cómplices”, agregó Gálvez.
Para Medina, la actuación de la JNJ es aún peor, porque se excluye de estas a Zoraida Ávalos, cuando ella aparece en las declaraciones de Villanueva en un aparente delito de encubrimiento.
“Es una decisión formal pero que no va a llegar a ningún lado. Es para la galería. Todos deberían estar en la misma investigación, en el mismo expediente. Es un escándalo que allí no esté Zoraida Ávalos, cuando la involucran al igual que a Sánchez en ayudar a Martín Vizcarra”, dijo.
Como se recuerda, el ‘Filósofo’ había mencionado que Sánchez había archivado el caso Chinchero para que Vizcarra asuma sin críticas la Presidencia de la República, a mediados de 2018. Cuando se venía la vacancia en el 2020, Ávalos habría actuado de similar manera.
“Rafael (Vela) me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que le informó de eso a Zoraida Ávalos, y que Zoraida le dijo que trate de no hacer nada”, es el testimonio brindado el 30 de enero en la Fiscalía Suprema.
Medina consideró que la JNJ no tiene justificación para esta omisión, porque Vela es investigado cuando está suspendido, y la fiscal solo está inhabilitada.
“Ella sigue siendo fiscal suprema, solo que inhabilitada durante cinco años. Además, tampoco tienen excusa en que uno es provincial (Pérez), otro superior (Vela) y otros supremos (Ávalos y Sánchez), porque todo nace del mismo caso”, añadió.
El abogado resaltó que, cuando solo existía una fotocopia de chats, las cuales nunca tuvieron corroborada su fuente, la JNJ suspendió a Patricia Benavides, y ahora existe un testimonio expreso. 
“Lo que siga para Vizcarra dependerá de las evidencias y colaboraciones que los ‘intocables de la corrupción’ que fueron detenidos hayan aportado”. (Composición: El Comercio)

Martín y sus siete vidas

Vizcarra afronta un juicio de cuando fue gobernador, una reciente denuncia constitucional en el Congreso y la fiscalía de la nación empezó a investigarlo.
Por Fernando Vivas– Diario El Comercio.
“Todo se basa en lo dicho por una sola persona, Karem Roca”, me respondió varias veces Martín Vizcarra en una reciente entrevista en RPP. Por más que le repliqué que más de un testigo lo sindicaba de cabecilla en la trama de ‘Los Intocables de la Corrupción’, como lo han mostrado contundentes artículos de El Comercio; Vizcarra insistía en que todo lo que se dice contra él se basa en las mentiras de una sola mujer.
La narrativa conservadora de ‘secretaria despechada acusa a jefe’ es la principal arma de defensa para el ex presidente que ha criado fama de rompecorazones por un ‘ampay’ al que Tito Silva puso soundtrack que viralizó un chat calentón por todo hispanoamérica: ‘Mi bebito fiu fiu’. Atrapando la oportunidad como a un beso volado, Vizcarra reavivó su campaña al 2026, asunto pírrico pues está inhabilitado para postular a cargos públicos (aunque su partido Perú Primero tenga inscripción válida). Tan imbatible se sentía el ex presidente que convirtió diatribas en merchandising. Bautizado ‘Lagarto’ en una biografía que escribió con saña el periodista Carlos Paredes (“El perfil del Lagarto”, Planeta, 2021), pues así le decían unos amigos en su juventud; difundió pequeños reptiles de peluche. Cuando abrió su cuenta de TikTok, ya estaba exhausto de la judicialización de la política. En ese nuevo mundo su cotidianeidad es un artilugio de evasión, sin reglas de conducta ni impedimentos de salida. En su último video presenta a su perra Morita y la alegría que ha llevado a su hogar. Pero nuestra crónica es sobre la realidad pura y dura.
Ay, la infraestructura
Un ambicioso ingeniero egresado de la UNI, como Martín Vizcarra, estaba destinado a trabajar en proyectos de infraestructura. Precoz, en 1988, a los 25 años, durante el primer gobierno de Alan García, ya estaba en uno de los puestos directivos del Proyecto Especial Pasto Grande, construyendo una serie de pequeñas obras de riego en Moquegua. Más adelante, fue director ejecutivo de ese proyecto y, como lo reveló una nota de “Panorama”, compareció por primera vez ante una comisión investigadora del Congreso. El informe de la comisión, por cierto, señaló responsabilidades administrativas y hasta penales en su gestión.
Pasto Grande lo acercó a la política, de la judicializada y de la triunfal. Su padre, César Vizcarra Vargas, fue alcalde de Moquegua y principal figura aprista en la región. Es de presumir que sus influencias partidarias ayudaron al hijo a trabajar en Pasto Grande. Lo demás lo hizo su eficiencia, que la mostró más adelante como gobernador de Moquegua entre inicios del 2011 y fines del 2014. A notar, que para ello primero postuló, sin éxito, por el APRA; a la segunda ganó con el movimiento regional Por Ti. De gobernador, su mayor acierto fue usar el cuantioso canon minero de su región para apostar por la educación con tan buenos resultados que recibió las Palmas Magisteriales del Minedu.
Cualquiera hubiera apostado por él en el 2016. Estaba de moda buscar a ex gobernadores para las planchas. Keiko Fujimori no le ofreció plancha sino ir en lista al Congreso; y él prefirió ir en plancha con PPK. Al círculo ‘ppkausa’ lo introdujo José Manuel Hernández, aunque aquí hay una discrepancia: Vizcarra dice que fue Gilbert Violeta, brazo derecho partidario de PPK, quien lo presentó; pero Violeta me asegura que fue Hernández. Más importante que eso es que Vizcarra quería participar del gobierno (los vices no solo son decorativos, sino que carecen de sueldo) y a PPK le pareció que el ingeniero sería un buen MTC. PPK tenía la idea de juntar al MTC, Vivienda y parte de Agricultura, en un solo ‘Ministerio de Infraestructura’. La idea no cuajó, pero designó a Vizcarra en el MTC y este le recomendó a su ex gerente regional Edmer Trujillo para Vivienda. Hernández fue a Agricultura.
La ejecución en infraestructura, en cualquier gobierno, es el área que más posibilidades de corrupción y tentaciones perversas plantea al político. Lo reconfirmamos por lo que se está develando sobre Vizcarra pues ya lo habíamos confirmado con la predilección que Pedro Castillo tuvo por esos ministerios en los que colocó a sus ministros más embarrados, Juan Silva y Geiner Alvarado, uno prófugo y otro purgando prisión preventiva. Con Vizcarra, recién el estallido de la operación del Eficcop (Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) contra la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’ nos lo pone ante las narices. Pero si este operativo lo recibimos casi como un ‘deja vu’ es por algo que sucedió en Moquegua entre el 2011 y el 2014, cuando fue gobernador.
Todo se junta
Las denuncias de corrupción de cuando Vizcarra fue gobernador, lo acompañaron durante su mandato. Pero dos estaban casi redondas, con testimonios lapidarios, antes de su vacancia en setiembre del 2020. Es más, su difusión fue uno de los factores que provocó que dos tercios del parlamento votaran contra él. Desde esa fecha hasta ahora, las pruebas se han afinado y la acusación está lista. Se trata de dos casos, uno en el que se le acusa, junto a otros funcionarios, de recibir una coima de S/. 1 millón a un consorcio liderado por la empresa Obrainsa por direccionar las obras de Lomas de Ilo y otra de S/. 1.3 millones por las obras del Hospital Regional de Moquegua a un consorcio liderado por la empresa ICCGSA. En el primer caso hasta se documenta la ruta de los cheques que cobró el conserje de la empresa para obtener el efectivo con el que se le habría pagado a Vizcarra.
El ex presidente ha minimizado o caricaturizado ese proceso que actualmente se encuentra en una larga fase de control de acusación. En una entrevista que le hice en setiembre pasado me dijo que todos los 4 cargos que le imputaba se habían caído. Yo le recordé que uno subsistía y era muy serio, el del cohecho (la coima). Me replicó con sorna: “ah, uno tenía que dejarme”. Si frente al caso de ‘Los Intocables de la Corrupción’, (donde no es investigado sino solo mencionado como líder de la organización criminal), la narrativa de defensa invoca a Karem Roca; para el caso moqueguano es más o menos esta: ‘los cargos son tan débiles que se les han caído todos, pero mis enemigos dejan uno por necedad e inercia persecutoria’.
Es cierto que hay cargos archivados por la propia fiscalía, lo que da un mínimo asidero a esa narrativa. La fiscalía ha acusado recibo de ello y, quizá, de la nueva trama investigada en el MTC; pues esta semana la fiscal superior Elssie Garavito, tras analizar un tema de plazos de descripción y tipificación penal, aprobó pedir ampliar la acusación a dos delitos, cohecho pasivo y colusión simple. La farragosa fase de control de acusación se está tomando buen tiempo, pero se puede prever que el juicio empezará este año.
Antes de las noticias del caso moqueguano es muy probable que tengamos otras del caso de ‘Los Intocables’. El lunes pasado hubo una: la fiscalía de la nación informó en X que había pedido a Marita Barreto, la coordinadora del Eficcop, información respecto a la injerencia de Vizcarra en la trama de los funcionarios de Provías Descentralizado (PVD) acusados de recibir coimas de empresas de la construcción. Recordemos que en la resolución judicial que autorizó el allanamiento y detención de Carlos Revilla y otros 3 presuntos ‘Intocables’, a Vizcarra se le menciona como líder de la organización criminal pero no podía ser investigado por ese equipo, dada su condición de ex presidente y ex ministro. El FN sí puede hacerlo.
Ese anuncio es el previsible inicio de la ruta hacia la apertura de una investigación formal contra Vizcarra, el pedido de su levantamiento de inmunidad por el Congreso (allí la correlación le es abrumadoramente desfavorable) y lo que siga dependerá de las evidencias y colaboraciones que los ‘intocables de la corrupción’ que fueron detenidos hayan aportado.
Hay una carrera de acusadores. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ex presidente de la Comisión de Fiscalización, ha presentado la última de las 16 acusaciones constitucionales actualmente en trámite contra Vizcarra presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se basa en la resolución judicial que cita los hallazgos del Eficcop. La mayoría congresal anti vizcarrista espera que la nueva FN sea más activa respecto a Vizcarra, pues perciben que no lo ha sido ante los casos de Richard Swing y el ‘vacunagate’. Esto último es mucho más serio, como para acabar las siete vidas.
Bonus track: la caja de Pandora abierta por Jaime Villanueva, el asesor de la ex FN Patricia Benavides (y también lo fue, en parte, del ex FN Pablo Sánchez) también tiene una sorpresa para Vizcarra. Dice el testimonio de Villanueva que Sánchez, siendo FN, tras un pedido o presión que le habría llegado a través de su asesor Alejandro Silva, archivó una investigación para evitarle complicaciones al inminente sucesor de PPK. En efecto, dos semanas antes de la renuncia de PPK y la sucesión del 23 de marzo del 2018, Vizcarra fue excluido de entre los investigados por el Caso Chinchero. Ello no llamó la atención pues había renunciado al MTC y tomado distancia de ese asunto al que no se asociaba tanto como a otros personajes del entorno de PPK. La JNJ anunció que abrió investigación a Sánchez, de modo que podrá indagar si hubo una componenda para allanarle el camino a la presidencia.