Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
En la campaña electoral municipal, el alcalde Rafael López Aliaga ofreció “expropiar” los peajes concesionados a la empresa Rutas de Lima por la Municipalidad de Lima, a cargo, en aquella época (2013) de Susana Villarán. Quería y quiere solucionar el enorme impasse que produjo la firma de un contrato malhadado que impone un pago de 6.50 soles a los habitantes de Puente Piedra por entrar y salir de su distrito. Hasta el camión de basura paga.
Por qué se colocaron las casetas de peaje en Puente Piedra, convirtiendo a sus moradores en prisioneros de tal cláusula, no sabemos. No le interesó a la excaldesa izquierdista Susana Villarán. Ella, según propia confesión, recibió coimas por 11 millones 293 mil dólares para la campaña del no a su revocatoria de Rutas de Lima, empresa de Odebrecht y de la también brasileña OAS, a cargo de Línea Amarilla. Luego, en el 2016, Odebrecht vende a una empresa canadiense-brasileña, Brookfield, su sosía, el 57% del accionariado. Sabía perfectamente qué compraba, porque Marcelo Odebrecht ya estaba encarcelado por delincuente.
El alcalde López Aliaga se indigna y protesta con total razón. Esos contratos, todos, son hijos de la corrupción y la trafa. Villarán estuvo en cárcel, fue venal e inmoral. ¿Cómo reconocer ese convenio espurio? Más aún si los ‘puentepedrinos’ están siendo asaltados impunemente. Sin embargo, el derecho y las leyes tienen sus normas.
Respetarlas, gusten o no, es indispensable para que una sociedad sea viable. El alcalde se abrió un flanco cuando dijo que anularía lo pactado. La aprobación de su gestión ha descendido al 38%, y la desaprobación aumenta 4%.
El burgomaestre denuncia una campaña en su contra. Es obvio, pero tal vez no debió ser tan confrontacional, aunque su enfado sea absolutamente justificado y compartido. López Aliaga es el político de derecha más activo en este momento y tiene una responsabilidad con quienes comparten esa orientación. Aunque hay un tema que no se contempla. Más allá de los epítetos contra las empresas corruptas, el alcalde ofreció apoquinarle para que se “largue Ratas de Lima”. Pero, como dice la salsa, ‘’quién paga esta vaina, quién paga este entierro”.
El ministro de Economía propició una negociación con Rutas de Lima, y anunció tajantemente que el Estado no pondría ni un centavo para esa alternativa. No podemos pagarla todos los limeños. Además, judicialmente, lo que manda en este fraude, la fraudulenta Odebrecht aún no ha sido sentenciada en el Perú, tampoco Susana Villarán.
No hay fallo. Todos sabemos lo maleante que es Odebrecht, pero no hay veredicto y las acciones legales entre las partes han sido ganadas por Brookfield, la hermana de la deshonesta empresa brasilera.
Entretanto los puentepedrinos están extorsionados todos los días. Parece no haber espacio para una ruta alterna.
¿Se puede hacer un bypass que los libere de este abuso? No lo sabemos. Un video, una animación audiovisual de cómo es exactamente el tema, sería de ayuda para la opinión pública. López Aliaga viajará a EE.UU. y a Francia, donde está domiciliada legalmente Brookfield, visitará las instancias legales. Los peruanos le deseamos éxito. Debe notar lo que ocurre Brasil con Odebrecht. Los servidores informáticos de la empresa ya no son pruebas, y los colaboradores brasileños perdieron la memoria. Que no descuide otros ofrecimientos, como los interesantes reservorios de agua.
Documento fiscal sobre investigación contra Brookfield
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, aceptó la solicitud de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima y dispuso iniciar una investigación por lavado de activos contra Brookfield, mayor accionista de Rutas de Lima, el consorcio que administra los peajes Chillón, Huaylas y Conchán.
Según un documento difundido por Latina, el magistrado declaró compleja la pesquisa, fijó un plazo de ocho meses para las diligencias preliminares y citó al procurador de la comuna limeña, Carlos Cosavalente, para que declare el próximo 15 de septiembre a raíz de una denuncia que presentó contra la firma a inicios de agosto.
De acuerdo con la acusación, “existen indicios” de que Brookfield estaría incurriendo en el delito de lavado de activos para beneficiar a la transnacional Odebrecht Latinvest, también accionista junto con Sigma.
Basado en un informe periodístico del 2017, Cosavalente argumentó que “los principales ejecutivos de Odebrecht, incluso Jorge Barata [implicado en un escándalo de corrupción a nivel latinoamericano], se mantienen como apoderados de Rutas de Lima”, pues la firma vendió a Brookfield el 57% de las acciones que actualmente registra.
“De esta forma, Odebrecht se quedó con 25 % y Sigma con el 18 % de las participaciones”; sin embargo, “luego de efectuada la transferencia financiera con el fondo canadiense Brooksfield, Odebrecht continuaba dirigiendo Rutas de Lima y, en consecuencia, seguiría a cargo del servicio e-pass consistente en la recaudación automática en los peajes”.
Cosavalente también señaló que, ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), “Odebrecht Perú Peajes SAC consignó como presidente del directorio a Jorge Barata y como apoderados a Ferreira Neves y Pereira Neto, los mismos que ocupan cargos en Rutas de Lima y, a su vez, en Odebrecht Latinvest”. La empresa ya ha rechazado la denuncia.
Cuando todavía era candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga prometió acabar con el cobro de los peajes a cargo del consorcio. En el primer mes de gestión, el Concejo Municipal anuló el contrato de concesión, por lo cual la firma inició una demanda de arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Rafael López Aliaga en una actividad oficial en la Municipalidad de Lima. (Foto: MML)
Aunque un tribunal de este organismo dejó sin efecto el término del contrato, a fines de julio el burgomaestre ultraconservador invocó a Rutas de Lima a “devolver [a la administración edil] los peajes de la corrupción”, un ultimátum que fue desoído y abrió una tensión entre los implicados.
“Hay constructoras serias, en Brasil mismo, en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón, que no vienen al Perú porque está Odebrecht. Me lo han dicho: ‘Perú es la chacra de Odebrecht’. No vamos a concursar, porque hay un delincuente ahí metido en tu país. Me da pena que […] siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, llamo ‘ratas’ de Lima”, dijo.
El propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió entonces que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que se cumpla con la disposición aprobada por el Consejo Metropolitano, y consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”.
A la fecha, los ciudadanos continúan pagando 6.50 soles cada vez que atraviesan estas carreteras, un panorama que empujó a un grupo de vecinos y autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra a realizar un plantón con el lema “No más peaje”.
En 2021, a raíz del megaescándalo Lava Jato, Brookfield presentó a la comuna limeña una propuesta para modificar tres cláusulas del contrato de concesión y poder adquirir la participación del 25% que aún mantiene Odebrecht Latinvest.
Con el actual contrato de concesión, firmado en 2013, ni Brookfield puede comprar la participación del socio estratégico -Odebrecht- ni este puede venderla, sin la autorización expresa del concedente, la Municipalidad de Lima.
Según un informe de Epicentro TV, los “nudos” están contenidos en las cláusulas 1.109, 15.8 y 15.9 del contrato. Si la gestión de López Aliaga firma la propuesta de Brookfield, la salida de Odebrecht sería cuestión de tiempo. Pero hasta ahora no lo hace.
Fuente: Infobae.com
«Gestiones de Jorge Muñoz Wells y Miguel Romero resultaron ser las más corruptas», detalla MML
López Aliaga se basa en informe de Contraloría para acusar a exalcaldes que perdieron arbitrajes con Odebrecht.
Por César Rojas- Diario EXPRESO.
“Las gestiones de los alcaldes Jorge Muñoz Wells y Miguel Romero resultaron ser las más corruptas, según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional 2022, emitido por la Contraloría General de la República”, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.
De este modo, Rafael López Aliaga calificó a quienes solo iniciaron arbitrajes contra Rutas de Lima, y nunca apelaron a recursos penales para anular los peajes que Susana Villarán entregara a Odebrecht, empresa que le daba millones de dólares para que obtenga el poder.
Millones en pérdidas en gestión de Jorge Muñoz
“Este indicador señala que 954 proyectos de inversión se encontraron caducos o abandonados. Esta cifra evidencia un pésimo manejo dirigencial y un daño económico que perjudicó directamente a nuestra problación más vulnerable”, añadió la comuna.
De acuerdo a la CGR, en los años en que Jorge Muñoz (vacado por ocupar doble cargo en el Estado) y Romero eran burgomaestres capitalinos, millones de soles en recursos públicos fueron usados para perjudicar al Estado .
La gestión de López Aliaga también anunció que usará esta información documentada para denuncias administrativas o penales, según corresponda.