Francisco Sagasti por presunto delito de patrocinio ilegal en el licenciamiento de universidades

La congresista Kelly Portalatino presentó denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El ex presidente Francisco Sagasti ha sido denunciado constitucionalmente por la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal cuando él cumplía funciones antes de ser congresista de la República, durante su periodo como padre de la Patria en el Parlamento, y también como ex presidente de la República, contraviniendo lo establecido en nuestra Carta Magna, así como lo tipificado en el Código Penal.
“Solicito se inicie el procedimiento de Acusación Constitucional e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la gestión pública, en contra del expresidente Francisco Rafael Sagasti Hochhausler”, se lee en la denuncia presentada por la congresista Portalatino.
Según el documento presentado por la legisladora, Sagasti Hochhausler habría infringido la Constitución Política en sus artículos 102 y 118; el Reglamento del Congreso en su artículo 88; artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; artículo 8.1 de la Ley del Código de Ética de la función pública; así como incurrir en las conductas tipificadas en el artículo 385 del Código Penal, referente al delito de patrocinio ilegal.
Detalla la denuncia que Francisco Sagasti, como miembro del Consejo Directivo de la Sunedu llegó a ser parte de 4 comisiones, según constan en las resoluciones 326-2016, 238-2017, 224-2018, 234-2019, todas emitidas por el Ministerio de Educación (MINEDU), destacándose en una de ellas la elección de Waldo Mendoza, quien más adelante llegaría a ser ministro de Economía y Finanzas durante el mandato de Sagasti. La relevancia de Mendoza se precisa a continuación.
Menciona el documento en su parágrafo 3.12 que Waldo Mendoza, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de Sunedu, otorgó el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), así como de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL), cuando el señor Martín Benavides era Superintendente de la Sunedu. Concluye el mencionado parágrafo de la denuncia: “Es decir, primero (Francisco Sagasti) lo eligió (a Waldo Mendoza) para ser miembro de la Sunedu y luego Ministro”.
Posteriormente, cuando Sagasti ya desempeñaba el cargo de congresista, el Parlamento acuerda con 94 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones, interpelar al entonces ministro de Educación, Carlos Martín Benavides, por presuntos actos irregulares incurridos al otorgar el licenciamiento a las dos universidades mencionadas, “cuando ostentaba el cargo de titular de la Sunedu, en los años 2018 y 2019”, postula la redactora de la denuncia.
Entrando más a profundidad del presunto conflicto de intereses, la congresista Portalatino señala que Francisco Sagasti cuando era congresista votó en contra de la interpelación de Martín Benavides, argumentando que Sagasti llegó a ser parte de cuatro comisiones de selección.
Ya en el 2020, luego del nombramiento de Sagasti como presidente de la República, la autora de la denuncia constitucional indica que el ex presidente, “a pesar de tener conocimiento de la denuncia sobre irregularidades ocurridas en el licenciamiento” de las universidades UTP y UPAL, no fue partícipe de querer averiguar si realmente se configuró algún delito.
Finaliza el texto que Sagasti en su calidad de ex presidente de la República “continúa defendiendo dicho proceso, al mismo tiempo, oponiéndose a toda reforma que debe emprenderse en favor de la educación universitaria”.
Fuente: Lima Gris.

Consultorías de Flor Pablo en Minedu y en el Consejo Nacional de Educación

Por María Teresa García- Diario EXPRESO.
Cuando Flor Pablo es nombrada titular del Ministerio de Educación (Minedu) durante el gobierno de Martín Vizcarra, no era una desconocida para el Minedu, pues ya había efectuado varias asesorías para dicho portafolio y para el Consejo Nacional de Educación (CNE), y es a esta última institución, a la que indica que las contrataciones de consultorías no fueron eficientes.
De acuerdo a la orden de servicio N°000792, el Ministerio de Educación le pagó a la hoy congresista unos S/30,000 por la consultoría “Desarrollo de Propuesta Fortalecimiento Institucional” en mayo de 2017.
La finalidad de la contratación era la obtención de una propuesta modelo de implementación de acciones tendentes a optimizar el sistema de sanción administrativa disciplinaria aplicable a los servidores del sector educación, así como a generar mecanismos de defensa de los derechos de los usuarios de las instancias de gestión educativa descentralizadas, que pueden ser utilizados por las Direcciones Regionales de Educación o la que hagan sus veces, y sus Unidades de Gestión Educativa Local a nivel nacional.
Por ese monto, la también exministra debía analizar los planes, estrategias y demás documentos de gestión elaborados por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA), a efectos de fortalecer las comisiones de procesos administrativos disciplinarios para docentes y Secretarías Técnicas del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
Asimismo, analizar la información de las denuncias y procesos administrativos disciplinarios registrada en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), así como elaborar un diagnóstico del estado situacional de la implementación del SIMEX en las instancias de gestión educativa descentralizadas (DRE/UGEL).
De igual forma, proponer un piloto de intervención en mínimo una región del país fuera de Lima y Callao, para fortalecer sus procedimientos administrativos disciplinarios (incluido el SIMEX) y su defensoría del usuario, con énfasis en casos que involucren violencia contra los alumnos.
De acuerdo al contrato se le abonaría un total de 30 mil soles incluidos los impuestos de ley, el cual se realizaría en dos armadas, la primera armada de S/15 mil y la segunda armada de S/15 mil, previa conformidad de servicio, por parte de la OTEPA.
Protección al estudiante
Lo que presentó Flor Pablo fue el “Programa piloto de intervención para fortalecer procedimientos administrativos disciplinarios y la defensoría del usuario en caso de violencia. Propuesta para Lima Metropolitana y Arequipa”.
La finalidad del referido programa buscaba lograr una convivencia escolar sin violencia a través de una cultura preventiva, por lo que planteó promover la prevención y la atención oportuna de los casos de violencia sexual ejercida contra estudiantes por personal de las instituciones educativas públicas en Lima Metropolitana y Arequipa, asegurando el restablecimiento socioemocional de los afectados, un proceso administrativo disciplinario eficaz y la no afectación del servicio educativo.
Según Flor Pablo, entre los resultados que esperaba lograr, estaba que los estudiantes conozcan sus derechos, los mecanismos de protección y de denuncia, que los estudiantes víctimas de violencia sexual sean fortalecidos en la recuperación de habilidades socioemocionales y reincorporación a la dinámica familiar y escolar.
Además, que las familias involucradas en el rol protector hacia los estudiantes, así como con mayor confianza y credibilidad del sistema de atención de denuncias por casos de violencia.
Asimismo, que los docentes interioricen su rol en la prevención de casos de violencia, así como rechacen la misma en todas sus manifestaciones. “Que las instituciones educativas se constituyen en espacios seguros y libres de violencia y que las UGEL tengan una respuesta inmediata para la atención de los casos de violencia”.
Contradicciones
Pese a que en la consultoría por la que el Minedu le pagó la suma nada despreciable de S/30 mil, Pablo Medina hacía mucho énfasis en la protección hacia los estudiantes, especialmente en el ámbito de la violencia sexual, en abril de 2019, diversos medios de comunicación revelaron que durante su gestión se aprobaron textos escolares dirigidos a alumnos de educación básica en los que se incluían enlaces virtuales con alto contenido sexual.

Cambios ministeriales en Chile

Los ministros Marco Antonio Ávila (Educación), Marcela Hernando (Minería), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Jaime de Aguirre (Culturas, Artes y Patrimonio) serán sustituidos por Nicolás Cataldo del Partido Comunista, Aurora Williams, Marcela Sandoval y Carolina Arredondo, respectivamente.
“A quienes ingresan hoy al gabinete, les llamo a volcarse de lleno en la misión de este gobierno de avanzar en una sociedad más justa”, dijo Boric.
El ajuste ocurre tras semanas de presiones por parte de la oposición y tras la renuncia el pasado viernes como ministro de Desarrollo Social de Giorgio Jackson, “mano derecha” de Boric y quien llevaba acorralado desde junio por una trama de supuestas subvenciones ilegales a fundaciones privadas, conocido como “Caso Convenio”.
La oposición de derecha y ultraderecha había condicionado las negociaciones de dos reformas clave (tributaria y de pensiones) a la salida de Jackson, pero subieron el tono y dijeron que no era “suficiente”.
El ajuste ministerial se interpreta así como una concesión hacia la oposición y ocurre un día antes de que los partidos de la derecha histórica, agrupados en la coalición Chile Vamos, acudan a La Moneda a petición del mandatario para retomar las negociaciones sobre la reforma tributaria y de pensiones, piedras angulares del programa oficial.
“Me hubiese gustado que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días”, apuntó el mandatario.
“Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos desde hace años y si no avanzamos en acuerdos para poner fin, por ejemplo, al drama de las pensiones injustas”, añadió.
EQUILIBRIO DE FUERZAS
El cambio en la cartera de Educación era uno de los más esperados, pues los profesores llevan semanas amenazando con un paro indefinido y el ya exministro Ávila esquivó por la mínima el inicio de un juicio político.
La sustitución en Cultura es la mayor sorpresa de esta nueva remodelación porque De Aguirre llevaba sólo seis meses en el cargo y queda menos de un mes para el 50° aniversario del golpe militar contra Salvador Allende, una conmemoración que depende de esta cartera.
Toro, por su parte, deja Bienes Nacionales pero no abandona el Gabinete ya que sustituirá a Jackson en Desarrollo Social.
En los dos ajustes ministeriales anteriores salió reforzado el ala moderada del Gobierno, aglutinada en la coalición Socialismo Democrático e integrada por los partidos tradicionales de la centro izquierda que gobernaron Chile desde la caída de la dictadura (1973-1990), en detrimento del izquierdista Apruebo Dignidad (Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric).
Este último cambio no altera el equilibrio de fuerzas dentro del Gobierno, que no tiene mayoría en el Parlamento y al que le queda más de la mitad del mandato.
La primera remodelación ministerial tuvo lugar en septiembre, luego de que más del 62% de los chilenos rechazara en un plebiscito una propuesta de nueva Constitución progresista que había sido apoyada por el Gobierno, mientras que la segunda fue el 10 de marzo, un día antes de que Boric cumpliera un año en el poder.
Fuente: Diario El Comercio.

11 de setiembre: la errática política a los 50 años del Golpe

Por Alexandra Chechilnitzky.
Diversas polémicas ha enfrentado el ministro de las Culturas Jaime de Aguirre. En junio, el Presidente lo desautorizó, luego de que De Aguirre descartara que Chile fuera el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt por falta de recursos. “Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente”, dijo Boric. A eso se sumó la salida, en sólo 4 días, de la entonces subsecretaria Andrea Gutiérrez y la seremi Alejandra Jiménez por haber firmado traspasos de dineros a organizaciones en las que trabajaron antes de llegar a sus cargos de gobierno. Todo apuntaba a que De Aguirre se haría cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe, de la mano de Patricio Fernández, pero su aparente caída muestra la confusa manera en que el gobierno ha manejado el tema. A la familia Allende, de hecho, no le habría gustado el plan inicial del Ejecutivo.
El desencuentro por la Feria de Frankfurt. En total fueron 159 días los que Jaime de Aguirre alcanzó a estar a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Llegó el 10 de marzo para reemplazar a Julieta Brodsky, pero ya en junio el ahora ex ministro comenzó con dificultades y su permanencia se hizo insostenible poco después, por lo que al cargo llegará Carolina Arredondo Marzán, hija de la diputada PPD Carolina Marzán.
A mediados de junio, a través del Ministerio de las Culturas, Chile había descartado ser el invitado  de honor a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2025. La notificación la había entregado la embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria, a comienzos de abril, y los motivos fueron falta de recursos.
La decisión de no participar en la Feria de Frankfurt molestó al Presidente Boric, quien salió a desautorizar a su ministro. “Esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente. Yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, no es un gasto. Esta no es plata que se tira a la basura”, dijo Boric el 16 de junio.
“He instruido a que se restablezcan las conversaciones con la organización de la feria, que se organiza con mucha planificación anterior, para que podamos ser Invitados de Honor, cumplir con los requisitos en función de los plazos de la feria, pero no me cabe ninguna duda de que vamos a estar este año y los próximos como invitado, pero además prontamente como invitado de honor, porque así se lo he instruido al ministro para que hagamos las gestiones en esa dirección. Insisto, esto es mucha plata, pero son gastos que valen la pena”.
La invitación a Chile como invitado de honor a la feria de Frankfurt para 2025, finalmente, se cayó.
Los 50 años del Golpe. La salida de Jaime de Aguirre del Ministerio de Culturas, de prosperar la decisión del gobierno, surge a 26 días de la conmemoración de los 50 años del Golpe, fecha en el que el gobierno prepara actos de conmemoración hace varios meses.
La conmemoración, sin embargo, ha tenido problemas.
A comienzos de julio, el delegado presidencial de la conmemoración gubernamental Patricio Fernández presentó su renuncia al Presidente Boric luego de presiones del PC y agrupaciones de DD.HH. en su contra.
A Patricio Fernández se le atribuía haber relativizado en un programa radial las razones del Golpe, lo que no ocurrió. Pero, más allá de aquello, su designación nunca convenció al PC, partidario de que el 11 de septiembre tuviera un relato más frontal y menos convocante de todos los sectores, como se decía que era la tesis de Fernández.
“Presidente, mi persona se ha vuelto un escollo”, decía parte de la carta que Fernández le entregó a Boric luego de que renunciara.
El problema es que siempre se habló de que la designación de De Aguirre de alguna forma u otra había sido apoyado por Fernández, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe.
Y nunca ha estado del todo claro, al menos públicamente, cuál es el plan de la administración Boric.
Hasta ahora lo único que ha trascendido es que a la familia Allende no le gustó el plan original del gobierno y que ahora, a menos de un mes del 11 de septiembre, saldría el ministro de las Culturas.
Caso convenios. De Aguirre, con estudios de derecho, periodismo y música, también debió enfrentar el enredo que el caso Convenios provocó en el Ministerio de las Culturas.
El 28 de julio, la ex subsecretaria Andrea Gutiérrez presentó su renuncia y el Presidente Boric instruyó un sumario.
Lo anterior, luego de que se diera a conocer que en 2022, Gutiérrez autorizó dos transferencias a la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), lugar en el que fue directora de cultura hasta antes de asumir como subsecretaria. “Fue un error no haberme abstenido”, dijo en ese entonces a Ex-Ante Gutiérrez.
La Subsecretaría liderada en ese entonces por Gutiérrez también autorizó en diciembre de 2022 dos convenios con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile. La organización era representada legalmente por Teresita Ugarte, pareja de Pablo Casals, quien fue jefe de gabinete de la subsecretaria entre marzo de 2022 y abril de este año, es decir, cuando se suscribieron los acuerdos.
Pero 4 días después también debió renunciar la entonces seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez (PC), luego de haber firmado dos convenios con una ONG donde trabajó antes de llegar al gobierno, información que en ese entonces entregó Ex-Ante.
De Aguirre abordó ambos casos el 3 de agosto en Estado Nacional Prime del canal 24 Horas. Ahí, planteó que la salida de ambas autoridades fue por “una mezcla de inexperiencia, no necesariamente de la subsecretaria o de la seremi. Estas son varias firmitas que van abajo que se supone que han revisado y que han hecho las prevenciones del caso. Entonces hay inexperiencia y hay probablemente algo de superficialidad en el ejercicio de la función pública”.
Sus dichos generaron molestia en los funcionarios del Ministerio y 18 trabajadores del Departamento Jurídico enviaron una carta a la ahora ex autoridad y plantearon que él buscaba “salvar responsabilidades políticas y administrativas”, y hablaron de “graves problemas de gestión interna”.
Fuente: Ex-Ante.cl