Socios de Martín Vizcarra revelan millonarias sumas en proyectos de construcción
El resultado fue primero más de 1 millón de soles en Lomas de Ilo y 1 millón 300 mil en el Hospital Regional. La sumatoria fue de 2’335,821 soles.
Martín Vizcarra Cornejo ya era presidente de la República del Perú a raíz de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ocurrida el 23 de marzo de 2018. Es cuando el flamante mandatario sospecha que sus amigos y socios lo han traicionado en la Fiscalía con declaraciones en su contra en los casos de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Habían pasado seis años y a Vizcarra no se le ocurrió mejor idea que llamar a su amigo más cercano, José Manuel Hernández Calderón, ex ministro de Agricultura en el gobierno de Kuczynski.
Es así que el 14 de mayo de 2019 le solicitó una reunión. La petición fue respondida positivamente en el día y en el departamento de un asesor palaciego que vivía en el mismo edificio donde moraba el moqueguano, ubicado en la avenida Dos de Mayo del exclusivo distrito de San Isidro.
La preocupación de Martín Vizcarra era evidente. Le expuso a Hernández que estaba informado que “gente” de la constructora Obrainsa (Obras de Ingeniería SA) habría declarado ante un fiscal que investigaba al Club de la Construcción que le entregaron dinero para firmar el contrato del proyecto de traslado de agua de la Represa de Pasto Grande a Lomas de Ilo, en Moquegua.
Y que ejecutivos de la constructora ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA) habrían tenido similar conducta tras la suscripción del contrato para la construcción de la obra del Hospital de Moquegua.
Todo esto era inadmisible porque tanto a Obrainsa como a ICCGSA, entre otras empresas, Vizcarra las había favorecido con cantidad de obras cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del gobierno de PPK.
En los días siguientes insistió cada vez más para que José Hernández, dueño de la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), que había participado como supervisora en los dos proyectos antes citados de Lomas de Ilo y del hospital, averigüe la veracidad de esos rumores, contactando obviamente a los representantes de Obrainsa e ICCGSA.
Las reuniones de vuelta tuvieron lugar los días 16 y 18 de mayo de 2019, pero ahora en el departamento del mismo Vizcarra, el N° 803 de la mencionada avenida Dos de Mayo.
Hernández le informó que de la boca de Fernando Castillo Dibós –presidente de ICCGSA- no salió nada que lo comprometa ni tampoco de Ernesto Tejeda Moscoso, presidente de Obrainsa. Otro era el caso de Elard Paul Tejeda Moscoso, gerente de Obrainsa, quien se había acogido a la colaboración eficaz y era no habido.
Pánico
En este momento Martín Vizcarra entró en ‘trompo’ porque era consciente de que sus tratativas ilícitas las había realizado directamente con Elard Paúl Tejeda Moscoso. Y en su conciencia tendría claro que las coimas sumaban en los dos proyectos (de Lomas y el hospital) 2’335,821 soles, según las investigaciones.
¿Cuál era el temor de Vizcarra? Veamos. De Lomas de Ilo ya hemos escrito bastante. Ahora nos centraremos en el affaire del Hospital de Moquegua.
En la acusación fiscal de Germán Juárez Atoche contra Vizcarra hay más de un detalle que explica el pánico que debe haber sentido dicho personaje que gobernó Moquegua entre los años 2011 y 2014.
Y es que al igual que en el caso Lomas de Ilo, en el proceso licitatorio del referido hospital, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) violó la confidencialidad que debía guardar en tanto era el organismo que elaboró las bases del concurso, además impidió que haya una libre concurrencia de postores, como ya lo había hecho en Lomas de Ilo, direccionando todo a favor de una de las dos empresas participantes de la buena pro, el “Consorcio Hospitalario Moquegua” integrado por ICCGSA e INCOT que ofertaron S/126’506,231.61, monto presentado el 12 de noviembre de 2013.
El otro era el “Consorcio Moquegua 1” formado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la firma Mantenimiento, Construcción y Proyectos Generales SAC con un monto de propuesta de S/146’510,339.66.
Fuente: Diario EXPRESO.
Patricia Chirinos a Martín Vizcarra: «Qué podemos esperar de este nefasto personaje».
Patricia Chirinos denunció a Martín Vizcarra, Salvador del Solar y exmiembros del TC por cierre del Congreso en 2019
En la acusación constitucional también está incluido el exparlamentario Gino Costa por cederle la palabra al exprimer ministro aquel 30 de septiembre en el Pleno.
Por Valeria Coca Pimentel– Infobae.com
Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, y el exprimer ministro, Salvador del Solar, por los presuntos delitos de “aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal” por el cierre del Congreso en 2019.
La legisladora comunicó que los “golpes de Estado no pueden quedar impunes”, por lo que decidió tomar acción en lo que concierne a la disolución del Parlamento ocurrida durante el gobierno de Vizcarra Cornejo, su expremier, el gabinete ministerial que permaneció en el cargo mientras se diluyó el Legislativo, el excongresista Gino Costa y otros exmagistrados del Tribunal Constitucional. A los 22 implicados se les acusa de haber avalado la acción del exjefe de Estado.
La acusación fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La representación nacional ha solicitado que se inhabilite de la función pública por 10 años.
“Se puede determinar que el expresidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, el expresidente de Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarthe y su gabinete, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, al haber hecho una cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva del Congreso dela República y al haber pretendido interpretar una supuesta ‘denegación fáctica’ a una cuestión de confianza y dar legalidad a un inconstitucional cierre del Congreso de la República, habrían cometido infracciones constitucionales e ilícitos tipificados en el Código Penal”, detalla el documento.
Los cierres del Congreso de Alberto Fujimori y Pedro Castillo fueron señalados como inconstitucionales mientras que el de Martín Vizcarra fue respaldado por el Tribunal Constitucional.
Para la integrante de la bancada de Avanza País, los denunciados “fueron los principales responsables de llevar a cabo el cierre inconstitucional del Congreso, debido a la interpretación indebida de la cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento”.
Los exministros denunciados son Carlos Morán Soto, Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores, Carlos Augusto Oliva Neyra, Maria Esperanza Jara Risco, Jaime Castillo Butters, Elizabeth Tomás Gonzales, Flor Aidee Pablo Medina, Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, Francisco Atilio Ismodes Mezzano, Gloria Edelmira Montenegro, Paola Bustamante Suárez, Rocío Ingred Barrios Alvarado, Fabiola Martha Muñoz Dodero, Lucía Delfina Ruiz Ostoic y Néstor Francisco Popolizio Bardales.
En lo que concierne a la denuncia contra el exparlamentario Gino Costa, la funcionaria decidió interponer una denuncia en su contra porque le cedió la palabra al exprimer ministro: “El excongresista, Gino Costa Santolalla habría cometido infracciones constitucionales y el delito de conspiración para unarebelión, sedición o motín, al haber permitido el uso de la palabra al premier para que se exprese abruptamente en el hemiciclo una cuestión de confianza que tenia como unico objetivo el cierre del Congreso de la República”.
En el caso de los exintegrantes del TC, Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, la congresista los denunció por haber rechazado la denuncia presentada por el expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, ante el cierre del Poder Legislativo. Para la legisladora, esto es una forma de “avalar” la decisión del expresidente.
“Los ex miembros del Tribunal Constitucional denunciados habrían cometido infracciones constitucionales y delitos a través de la Sentencia 00006-2019-CC/TC en la que declararon infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón, en contra del acto de disolución del Congreso de la República, avalando este ilegal einconstitucional golpe de Estado”, agregó.
Hasta el momento, el expresidente de la República no se ha pronunciado acerca de esta denuncia, sin embargo, hace meses atrás ya se conocía la intención de denunciar constitucionalmente a los funcionarios involucrados en la disolución del Parlamento peruano.
Christian Hudtwalcker: «No tiene profesionalismo»
La congresista Patricia Chirinos le respondió al conductor de Latina Noticias, Christian Hudtwalcker, quien calificó de “papelón” y “mamarracho” su denuncia contra miembros del Junta Nacional de Justicia, donde también la llamó “monito con metralleta”. Ella cuestionó al ‘periodista’ por sus declaraciones y señaló que “no tiene profesionalismo”.
“Señor Hudtwalcker, puedo entender que usted no esté de acuerdo con las denuncias que presento o que tenga diferente pensamiento político, pero bajo ninguna excusa le voy a permitir que me insulte, discrimine o intente minimizar mi labor como parlamentaria. No me victimizo, pero le exijo respeto. Estar frente a una cámara de televisión implica cierto nivel de profesionalismo, algo que evidentemente usted no tiene, por lo que ha sido expectorado de varios medios de comunicación”, expresó.
Bajo esa línea, la parlamentaria de Avanza País rechazó lo dicho por Hudtwalcker y pidió a Latina que analice la continuidad del periodista en su espacio de televisión.
“Latina se ha caracterizado por su compromiso en defensa de los derechos de la mujer y su permanente lucha en contra de toda violencia de género, por lo que debería de evaluar la continuidad de este periodista”, agregó.
Fuente: Diario EXPRESO.
Moqueguanos exigen cárcel para Martín Vizcarra
Por Plinio Esquinarila- Diario EXPRESO.
La historia de las denuncias que desde las organizaciones populares se hicieron contra el gobernador de Moquegua. En tanto, el fiscal Germán Juárez diluyó los delitos de cohecho y colusión.
Este jueves 10 de agosto de 2023 culminaron las labores del Primer Encuentro Anticorrupción en la ciudad de Moquegua con el acuerdo unánime de solicitar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el nombramiento de una comisión ad hoc de magistrados de la capital de la República para investigar a fiscales que se han encargado de “proteger y archivar las denuncias contra los corruptos”.
Con la participación de alrededor de 200 delegados de las tres provincias de la región, el cónclave tuvo lugar en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Moquegua, donde precisamente Martín Vizcarra fue decano, siendo allí instalada una banderola alusiva a la “Lucha frontal contra las organizaciones criminales de la región Moquegua” que remataba con este eslogan: “¡Ahora cárcel para Martín Vizcarra!”.
“El temperamento de la gran reunión fue luchar para que el exgobernador de Moquegua (2011-2014) y ex presidente en la República, Martín Vizcarra Cornejo, sea juzgado por las autoridades sin ningún favoritismo ni impunidad porque el pueblo de Moquegua exige su encarcelamiento para que pague los delitos que ha cometido”, declaró para EXPRESO el dirigente Paredes Zegarra, que fue elegido presidente de dicho organización anticorrupción.
En un pronunciamiento titulado “Acta de desarrollo Región Moquegua” hay once puntos programáticos aprobados en el evento, siendo el primero el pedido a la Fiscal de la Nación para investigar y sancionar a los fiscales que han propiciado la impunidad en la región mediante la protección a las autoridades denunciadas y el archivamiento de sus respectivos expedientes.
En ese orden de ideas, en el punto 4 del documento solicitan a las autoridades “sanción penal” en contra de Martín Vizcarra por los proyectos Lomas de Ilo, Hospital de Moquegua, por la carretera Torata-Omate-Arequipa (cuyos presupuestos han sido dilapidados sin hacer la obra), la venta de la Faja Marginal al Consorcio Moquegua (a capitales chilenos) y el caso de la represa de Chirimayuni.
Otros puntos gravitantes solicitados por los dirigentes al Ministerio de Agricultura, a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala y a los alcaldes provinciales es “la construcción de la Represa de Humajalso para evitar la sequía frente al calentamiento global y el fenómeno de El Niño”.
Una exigencia ambientalista tiene que ver con la nulidad de las resoluciones de autorización de agua por parte de la Autoridad Nacional del Agua y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, en favor de la minera Angloamerican–Quellaveco. Se refieren a las aguas de las cuencas de los ríos Chilota, Chincune y Vizcachas por estar reservadas para dicho proyecto especial por mandato de la Ley 23257 de junio de 1981 y el D.S. N°002-2008-AG, afirman.
Primera en denunciar
Sobre el citado Frente Anticorrupción es de recordar que fue la primera institución de la sociedad civil de Moquegua que denunció a Martín Vizcarra en el año 2014, cuando dicho personaje aún era gobernador regional de Moquegua, por obvias ilicitudes en el traslado de agua de la represa de Pasto Grande a la hasta hoy fallida irrigación Lomas de Ilo.
El Gobierno Regional de Moquegua había contratado a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), de propiedad del exministro de Agricultura y Riego, Manuel Hernández Calderón, amigo del mismo Vizcarra, para elaborar el expediente que se usaría en dicha obra de Lomas de Ilo. El contrato se firmó en marzo por 2’373,076.81 soles e incluía los servicios de consultoría, seguros e impuestos.
Como ya hemos detallado, el contrato global se firmó el 6 de diciembre de 2013 con el Consorcio Obrainsa–Astaldi por un monto de 80’981,137.34 soles, con una carga de sobornos del 2% del monto inicial en favor de Martín Vizcarra que superaba el millón de soles.
Las irregularidades, en cuanto a supervisión, aparecieron después. En el contrato Nº025-2013-GG-PERPG/GR.MOQ figura la empresa ATA como encargada de la supervisión de la adquisición de la tubería y construcción del proyecto por un monto de 4’573,185.04 soles.
Las subastas de las 3,500 hectáreas del terreno de Lomas de Ilo se realizaron en diciembre de 2014, al finalizar el gobierno regional de Vizcarra. No solo que no les entregaron el terreno, sino que no llegó ni el agua porque los tubos reventaron al uso de un porcentaje ínfimo de su capacidad instalada porque fueron comprados en el “mercado de pulgas en Ecuador”.
En los informes Nº320, Nº417 y Nº433 se señala que el 5 de junio de 2017 se realizó la primera prueba hidráulica. La tubería se rompió donde se encontraba ubicada la cámara de presión.
Ahí terminó la aventura de Lomas de Ilo, hasta hoy.
Otro personaje clave: Elard Paul Tejeda Moscoso revela detalles cruciales en caso Martín Vizcarra
La historia del iniciador de la saga colaboracionista que puede terminar con Vizcarra en la cárcel.
La acusación fiscal de Germán Juárez Atoche contra Martín Vizcarra no tiene una cronología clara de cómo es que se produjo esa conversión unánime y rápida hacia la colaboración eficaz de los empresarios de ICCGSA e INCOT encargados de la obra del Hospital de Moquegua.
En cambio, del gerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso (colaborador con código N°10-2018), el iniciador de la saga a quien todos siguieron, hay más pistas en el paquete colaboracionista, en este caso del consorcio Obrainsa–Astaldi de Lomas de Ilo.
Y es que Elard Paul Tejeda estaba siendo cercado no solo por la investigación de uno de los proyectos ya citados en Moquegua, el de Lomas de Ilo, sino por el llamado Club de la Construcción, un sindicato que, bajo la mirada vigilante de la brasileña Odebrecht, se repartían obras de ingeniería civil en el Perú en acuerdo tácito con el sector público y un soborno institucionalizado de 2.92% del monto total de cada obra.
Formaban parte de esa organización, conocida como mafiosa, que funcionó en lustros pasados, unas 31 empresas de ingeniería civil, llámese Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, OAS, Málaga, Cosapi, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao, H&H Casa y otras.Elard Tejeda integraba el cogollo o el primer nivel de este sindicato junto con Félix Málaga Torres a nombre de las empresas constructoras.
No obstante fue con Elard Paul Tejeda con quien Vizcarra inició las coordinaciones en el negocio de Lomas de Ilo, porque ya lo conocía desde que eran socios en el Consorcio Colca y la represa Pillones en Arequipa… No obstante que Tejeda fue el que entregaba parte de los sobornos en efectivo en las oficinas de su empresa Obrainsa, de seguro debe haber llegado a la conclusión de que si seguía protegiendo al moqueguano, terminaría en la cárcel.
“Cumple lo pactado”
Fue al mismo Tejeda que Martín Vizcarra pechaba para que “cumpla lo pactado” después de haberle dado el adelanto doloso de obra a fines de diciembre de 2013, el mismo que primero estuvo reacio en colaborar, e incluso pasó a la clandestinidad dos años y siete meses, según la prensa especializada, para luego entablar contactos con la Fiscalía, entregando tímidamente información que no era convincente.
Todo ello en medio de varias denuncias, como en el caso del Club de la Construcción, como se ve en el expediente N°00046-2017-2-5201-JR-PE-01 en que, junto con Carlos Eugenio Alcázar y otros, se les imputó tráfico de influencia y otros delitos.
Por los ilícitos antes citados la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró, el 7 de febrero de 2018, fundado el requerimiento de prisión preventiva para Elard Paul Tejeda Moscoso y otros. Firman la resolución los magistrados Castañeda Otsu, Guillermo Piscoya y Burga Zamora.
El cerco se estaba cerrando con un pedido similar y anterior, de fecha 24 de enero de 2018, en que la jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón, a pedido del Ministerio Público, dictó orden de prisión preventiva por tráfico de influencias, asociación ilícita, entre otros contra Tejeda Moscoso.
En esta situación de “no habido”, Elard Paul capeaba el temporal presentando certificados médicos que daban cuenta de su supuesta hipertensión arterial, pero para la justicia seguía siendo un prófugo sin derecho a arresto domiciliario.
De donde se colige que solo acogiéndose a la figura de la colaboración eficaz lograría este personaje evadir la cárcel (detención preliminar le llaman) por lo que tomó este camino más o menos a mediados de enero de 2018 en la clínica San Felipe de Jesús María, a donde había llegado a tratarse el mal antes citado, según se supo. Allí habló todo lo que sabía del caso Lomas de Ilo y la represa de Pasto Grande, y, claro, de los sobornos al estilo Vizcarra.
Al fin Juárez Atoche fue convencido por la contundencia de las pruebas que obtuvo por lo que solicitó su cambio de detención preliminar por arresto domiciliario.
En la página 48 de la acusación fiscal está la formalización legal de este viraje. Se trata del “Acta de Transcripción de declaración del colaborador eficaz N°10-2018” que está a folios 45 del tomo 1 de la carpeta fiscal 16-2020, que no es otro que el famoso gerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda Moscoso.
Ya estaban lejanos los días –como aquel año 2014– en que le había entregado –en sobres de manila– las coimas a Vizcarra en su misma empresa y, ahora, para corroborar su verdad había entregado documentos y pruebas que dejaban a su examigo y exsocio moqueguano al borde de una sentencia con carcelería obvia.
Fuente: Diario EXPRESO.
Empresario minero en las altas esferas del poder: dos empresas de Ronald Tito Mar ganaron licitaciones
En febrero de este año, el empresario Ronald Tito Mar participó de una reunión irregular en las oficinas de la PCM para “promover” un millonario proyecto minero. Fue recibido por el hombre de confianza del hermano presidencial Nicanor Boluarte. ¿Cómo llegó a las altas esferas del Gobierno?
El 13 febrero de este año, apareció por primera vez en el radar. Formó parte de una trama de mentiras e intermediarios que buscaban negocios en la PCM con el proyecto minero Río Blanco de 2700 millones de dólares.
Aquel día, los directivos de dicho proyecto minero fueron citados a una de las oficinas de la Secretaría De Gestión Social Y Diálogo. El organizador de esta reunión fue Martín Carbajal Zegarra, seguidor del partido político fundado por el hermano presidencial.
En los chats de mayo del 2021 se lee a Ronald Tito Mar insistente por reunirse con la entonces candidata a la vicepresidencia, lo cual ocurrió en dos oportunidades, según narró Maritza Sánchez, exasistenta de Dina Boluarte.
“Estimada Maritza, me voy a tomar la confianza de mandarte gente, profesionales de alto nivel, algunos paisanos de la Dra.”, dijo en 21 de julio del 2021.
Walter Santamaría Portocarrero, por ejemplo, se volvió asesor II de la secretaria general del Ministerio De Cultura el 20 de octubre del 2022. La hoy presa Betssy Chávez firmó su designación.
En llamada con ContraCorriente, Santamaría dijo que nunca le pidió a Tito Mar que enviara su CV y ha negado que el empresario haya influido en su nombramiento.
Las compañías vinculadas al empresario obtuvieron contratos sospechosos en el tiempo del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, hoy involucrado en casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Las empresas son Mar Franco Mining y Cia Srl, así como Fundación Gavel, Desarrollo para la Paz y Bienestar Social.
En el 2022, ambas participaron juntas en dos licitaciones públicas en el mismo periodo de tiempo, en la región Loreto y para la misma entidad, el Programa Nacional De Saneamiento Rural, ente adscrito al Ministerio De Vivienda.
Las dos empresas vinculadas a Ronald Tito compitieron entre ellas. Así el empresario ganó, a través de Mar Franco Mining, su primer contrato de servicios el 2 de agosto del 2022. El monto ascendió a 49,620 soles. Mientras que, por esa misma fecha, la fundación Gavel, que él mismo estableció en 2016, se quedaba con el otro contrato de 49,623 soles. En total casi 100 mil soles por partida doble.
Fuente: Willax.tv
Proyecto Río Blanco estima inversión cercana a US$2,800 millones
Además, creará cinco mil puestos de trabajo durante su construcción; 1,200 en la fase de operación; y, en total, siete mil de trabajo indirecto.
Por Eva Cruz– RumboMinero.com
Río Blanco, proyecto minero cuprífero situado en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, departamento de Piura, considera actualmente una inversión total de US$2,792 millones, lo que refleja un aumento de 10% respecto a la inversión registrada por la cartera de proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el mismo proyecto (US$2,500 millones).
En conferencia magistral organizada por la Seccional Piura del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gerardo Ramos, gerente social de Río Blanco Copper, explicó que el proyecto minero se encuentra en etapa de estudios de factibilidad necesario para la posterior elaboración y presentación del estudio de impacto ambiental a la autoridad certificadora, Senace.
Destacó que Río Blanco se desarrollará como operación minera a tajo abierto, producirá 200 mil toneladas de cobre fino y 3 mil toneladas de molibdeno por año, contará con una vida útil de producción superior a 20 años generará 5 mil puestos de trabajo para construcción y 1,200 puestos de trabajo para operación, y creará 7 mil puestos de trabajo indirecto.
“No somos una mina de oro, somos una operación minera que producirá cobre y molibdeno mediante el proceso de concentración, tampoco usaremos mercurio ni cianuro, y que nuestro yacimiento no contiene elementos contaminantes como arsénico, ya que es un mineral limpio”, puntualizó sobre el proyecto minero cuprífero Río Blanco.
Canon minero
Entre otros aspectos, Gerardo Ramos estimó que Río Blanco generará recursos económicos por concepto de canon minero ascendentes a S/1,713 millones, durante los 20 años de explotación, monto que se repartirá en porcentajes establecidos al gobierno regional (25%), municipios del departamento (40%), municipios provinciales (25%) y municipalidad distrital (10%).
Asimismo, resaltó las iniciativas de gestión social del proyecto minero, como el fortalecimiento de capacidades familiares en la atención prioritaria de la primera infancia para contribuir a reducir los índices de desnutrición crónica infantil, así como las campañas de vacunación y capacitación en sanidad y nutrición animal.
“Por otro lado, en el rubro de la educación y agricultura, Río Blanco ha impulsado acciones, como el mejoramiento integral del Pronoei Rayito de Luz, la firma del convenio y entrega de herramientas a la Asociación Agropecuaria Predio Tapal, y la formalización de la Asociación de Productores Cafetaleros Río Canchis y su inscripción en Sunarp”, ejemplificó.
Perfil geológico
El gerente social del proyecto minero cuprífero controlado por empresas de capitales asiáticos, precisó que Río Blanco posee recursos de 1,257 millones de toneladas con ley de 0.57% de cobre y 228 ppm de molibdeno, reservas de 500 millones de toneladas con ley de 0.63% de cobre y 215 ppm de molibdeno.
“Respecto a la geología regional, Río Blanco está ubicado en el área Cenozoico Andino de cobre, cinturón de mineralización de oro que alcanza unos 1,000 kilómetros en el lado de Perú, y se extiende hacia Ecuador. Por dicha zona se encuentran numerosos depósitos de cobre y oro de clase mundial, incluyendo Yanacocha, Alto Chicama, Portovelo-Zaruma, etc.”, detalló.