PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y comparencia para Aníbal Torres
El investigado exgobernante permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado. La fiscalía estima que Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo.
Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros. El investigado exgobernante permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.
Los argumentos del juez
Al leer su resolución, el juez señala que existen graves y fundados elementos de convicción de presunta conspiración puesto Castillo Terrones junto a Betssy Chavéz, Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
Sobre conspiración para perpetrar el presunto delito de rebelión, el magistrado puntualizó que hay elementos de convicción de que el Mensaje a la Nación fue el inicio del plan para perpetrar un golpe de Estado.
Consideró que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a que antes de brindar su mensaje a la Nación Castillo estaba próximo a afrontar su tercera moción de vacancia por su vinculación con presuntos actos de corrupción.
El juez igualmente sostuvo que hay elementos de convicción sobre el presunto delito de abuso de autoridad pues Castillo habría actuado con arbitrariedad sobre el orden constitucional.
Añadió que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intensión de fugar y asilarse en México. Entre estos, al declaración del canciller mexicano ofreciendo asilo, la declaración de la escolta de Castillo.
El juez indicó que existen elementos de convicción que sustentan que Pedro Castillo buscaba modificar el régimen constitucional e intervenir el sistema de justicia y otros estamentos.
Caso Aníbal Torres
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, el vacado Pedro Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo. Considera que el procesamiento será bajo “concurso real”, en su calidad de coautor del presunto delito de rebelión –alternativamente conspiración– y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.
Respecto a los graves y fundados elementos, el Ministerio Público ha presentado diversas declaraciones que ubican a Castillo y otros exministros como Betssy Chávez y Willy Huerta en el momento anterior y posterior al mensaje a la nación mediante el cual se ordenó el cierre ilegal del Congreso y la intervención de los órganos autónomos y el sistema de justicia.
El miércoles, al reprogramar la audiencia para hoy, el magistrado aclaró que según el Código Procesal Penal si el fiscal requiere prisión preventiva, la detención preliminar se mantiene hasta la realización de la audiencia. Esto, añadió, debe ponerse en conocimiento de la policía de la Diroes, en Ate.
El golpista exmandatario es investigado como presunto coautor de rebelión, y, alternativamente, conspiración, y también como presunto autor de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. En el caso de Torres es como presunto coautor del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración.
Torres permanece en la clandestinidad desde el último sábado, al haber sido incluido en la investigación tras el golpe de Estado dado por el entonces presidente. Él acompañaba a Castillo en el vehículo en el que fue detenido el pasado miércoles 7, cuando fugaba rumbo a la Embajada de México.
El martes, la Corte Suprema confirmó la detención preliminar por siete días para el exmandatario al concluir que hay indicios de haber perpetrado una tentativa de rebelión al dar un golpe de Estado.
Pese a la convulsión social que sufre nuestro país, Castillo aprovechó su participación en una audiencia judicial de ese día para azuzar e instigar a la población a que continúe con los actos de violencia que se desarrollan desde los últimos días.
En la audiencia se evaluó la apelación de la detención preliminar en su contra por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
Castillo inició sus alegatos indicando que se encontraba “injusta y arbitrariamente detenido”, para luego empezar un discurso político. Sin embargo, al advertir el matiz de su intervención, el presidente de la Sala Suprema Permanente, César San Martín, cortó su participación y le aclaró que ese no era el espacio para dichas “proclamas”.
Castillo alcanzó a realizar un llamado para que sus seguidores lo acompañen hoy, entre la 1 p.m. y 2 p.m., hora en que, según él, vence su detención preliminar de siete días que cumple en la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional (Dinoes), en Ate.
“Quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo.
Además, aseguró que no había cometido conspiración o rebelión, delitos por los que es investigado en la fiscalía. Luego, en una carta enviada a través de sus abogados, Castillo arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y volvió a hacer un llamado al pueblo “para seguir atentos y optimistas”.
“Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, leyó ante la prensa Raúl Noblecilla, uno de sus abogados.
Los actos de violencia que se desarrollan en el país –que según informes policiales también vienen siendo instigados por congresistas cercanos a Castillo– han dejado seis ciudadanos fallecidos y más de 120 policías heridos.
Tentativa de rebelión
El martes, la sala presidida por San Martín confirmó la detención preliminar de Castillo Terrones al determinar que sí hubo flagrancia en la comisión del presunto delito de rebelión que le imputa la Fiscalía de la Nación.
Por ello, declaró improcedente la apelación a la detención de Castillo.
En sus argumentos, el tribunal supremo determinó que el delito de rebelión no solo puede configurar el alzamiento en armas, sino que basta el mero intento. Por tanto, en el caso del vacado ex jefe del Estado, el presunto delito se habría consumado al disponer en un mensaje a la nación un estado de excepción que, por lo menos, “importaba” el alterar el ordenamiento constitucional y la paz pública.
Además, se agregó, se incentivaba a las Fuerzas Armadas al uso de su armamento (así no se haya usado). En ese sentido, se concluyó que la presunta tentativa de rebelión se dio con “toda rotundidad”, ya que el mensaje televisado del entonces presidente no fue un simple anuncio, sino “una voluntad de alteración” del orden constitucional.
“Cuando emitió el pronunciamiento televisivo el investigado Castillo Terrones, varias personas se encontraban en el ambiente [con él]. En especial el doctor Aníbal Torres; la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; el ministro del Interior, Willy Huerta; el ministro de Defensa, Emilio Bobbio”, remarcó el juez.
Por ello, San Martín Castro explicó que los elementos aportados hasta el momento por la fiscalía son suficientes “para estimar la tentativa de rebelión o conspiración” por parte de Castillo.
Sobre los peligros procesales, señaló que al no tener el respaldo esperado, Castillo Terrones se habría querido fugar al intentar dirigirse hacia la Embajada de México, para concretar un pedido de asilo político.
El abogado Ronald Atencio, defensa de Castillo, había solicitado su libertad alegando que no se había configurado una flagrancia del delito de rebelión, y que su patrocinado tampoco se había querido fugar.
Ante ello, la fiscal suprema adjunta Sylvia Sack Ramos argumentó que Castillo fue en contra de la “intangibilidad del régimen constitucional” para impedir las investigaciones por corrupción que se siguen en su contra.
La procuradora adjunta de la Procuraduría General del Estado, Lilia del Río Farro, argumentó que Castillo sí habría incurrido en el delito de rebelión y solicitó confirmar la medida.