Nuevo fracaso del Minedu en compra de tabletas de “Aprendo en casa”

Por Alonso Zambrano– ElFoco.pe
Los proveedores incumplieron con el cronograma y los dispositivos que llegaron no tienen las aplicaciones acordadas. Además, empresa de los cargadores solares se burla del contrato firmado con el ministerio.
La millonaria compra de las tabletas del programa “Aprendo en casa” -iniciada durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y heredada por la gestión de Francisco Sagasti- tiene un nuevo capítulo. Las empresas seleccionadas para proveer el millón de tabletas han incumplido con sus contratos y los más afectados son los niños de escasos recursos.
EL FOCO accedió a una serie de documentos internos del Ministerio de Educación y de la Contraloría que dan cuentan de lo que está pasando tras bambalinas con la adquisición valorizada en S/525 millones.
En agosto último, luego de anular la primera licitación, el Minedu llevó adelante un nuevo proceso para comprar de manera urgente las tabletas. Resultaron ganadoras dos empresas: TPV Perú SAC y el consorcio conformado por Grupo Deltron y Máxima Internacional S.A. Pasaron cuatro meses desde aquella adjudicación y TPV Perú incumplió con el cronograma de entrega de las tabletas. El consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional, por su parte, dio equipos electrónicos sin las aplicaciones y sin los programas exigidos en el millonario contrato que suscribieron con el Gobierno.
TPV Perú tenía a su cargo entregar 417,919 tabletas marca AOC, por lo cual su factura ascendió a S/237 millones. La firma no cumplió con los plazos y, por si fuera poco, tampoco proveerá dispositivos con el sistema operativo exigido: Android 10. En su lugar, ha dicho al Minedu que dará una versión diferente, denominada Android GO, creada para equipos de gama baja.
Carta notarial enviada a TPV Perú exigiendo el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato firmado el 12 de octubre del 2020.
TPV Perú es una empresa que inició actividades en el 2018 y la venta de las tabletas al Minedu fue su primera contratación con el Estado, según registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Si bien la licitación de las tabletas se dio en agosto, el contrato final fue firmado el 12 de octubre. En él aparecen las firmas de Rosa Prieto Gómez, directora de la Gestión de Recursos Educativos del Minedu, y los ciudadanos extranjeros Pei Chih Ching (China) y Arturo Pino Varas (Chile), ambos representantes de la empresa.
El contrato daba plazo hasta el 23 de diciembre del 2020 para que TPV Perú entregue la totalidad de los dispositivos. El Gobierno de Martín Vizcarra, promotor de la entrega de tabletas de “Aprendo en Casa”, confiaba en la palabra de la empresa y así lo hizo saber en todas sus conferencias de prensa. Sin embargo, el 26 de noviembre se encendieron las alarmas en el Minedu.
Ese día, TPV Perú envió una carta al ministerio pidiendo modificar el cronograma de entrega de las tabletas. La empresa argumentaba que la casa certificadora de las tabletas, 3PL Laboratory– Unisoc, pedía como requisito que se instale un sistema operativo diferente al acordado, todo con el objetivo de asegurar la aprobación de Google.
“Los dispositivos de 2 GB de ram DEBEN ir con el sistema operativo Go Edition. (Todavía) no podemos confirmar que Google aprobará el proyecto”, dice una de las comunicaciones internas de TPV Perú y la casa certificadora a la cual tuvo acceso EL FOCO.
Sobre la mesa estaba la posibilidad de que el casi medio millón de tabletas se queden sin garantía de funcionamiento. Es aquí cuando se da un intercambio de cartas y comunicaciones entre el Minedu y TPV Perú, mantenidas en estricta confidencialidad a pedido de la casa certificadora. “Por favor manejar esta información entre el comprador (el Minedu) y tu compañía (TPV Perú), entendemos que este tipo de acuerdos se dan con el gobierno (…) pero sabes que las reglas de Google no nos permiten revelar la información de procesos internos”, se lee en uno de los correos.
Arriba: Empresa certificadora de las tabletas del Minedu recomienda cambiar el sistema operativo para obtener certificación de Google. Abajo: Certificadora pide confidencialidad en las comunicaciones con TPV PERÚ SAC.
El pasado 10 de diciembre, el Minedu envió una carta a la empresa declarando como “improcedente” su solicitud de extender los plazos. Seis días después ocurrió lo inevitable: el Minedu envió una carta notarial a TPV Perú diciéndole que no había cumplido con los plazos de entrega estipulados en el cronograma de octubre. El ministerio le daba a la empresa cinco días de plazo para cumplir con la entrega “bajo apercibimiento de resolver el contrato”. La carta estaba firmada por Cynthia Otani, la directora de Gestión de Recursos Educativos del Minedu.
Desde aquella comunicación, tanto el Minedu como TPV Perú empezaron a correr por cuerdas separadas. La empresa impuso su propio cronograma de entrega y los funcionarios del Minedu andan atados de manos ante el temor de que nuevamente todo el proceso vuelva a caerse.
Tabletas abandonadas
“No accede a los aplicativos”, “No tiene instalado el aplicativo”, “No utiliza la tableta” son palabras recurrentes en un informe elaborado por los auditores de la Contraloría General de la República sobre las tabletas entregadas por el consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional por un coste aproximado de S/288 millones.
Entre el 23 y el 27 de noviembre, inspectores de la Contraloría evaluaron si los dispositivos repartidos en octubre habían sido empleados adecuadamente. No fue así. En una escuela ubicada en el Centro Poblado de Challapampa, en Puno, se encontró que la conexión a internet era inestable o que era demasiado lenta para acceder a los contenidos educativos. EL FOCO contactó con familiares de los escolares que recibieron las tabletas y todos coinciden: el servicio de internet no permite acceder a los contenidos de “Aprendo en casa”.
Informe de la Contraloría que evalúa el uso de tabletas en los escolares. “No accede a los aplicativos”, “No tiene instalado el aplicativo” y “No utiliza la tableta” son frases recurrentes.
“De nada sirvieron las tabletas para mis hijos porque no vino ni con internet ni con chip. Si no tiene eso, ¿cómo van a estudiar mis hijos?”, dice Sergio Coa, padre de 2 hijos menores. Él vive el Centro Poblado de Queñuani, en la ciudad de Yunguyo, en Puno. “Ya devolvimos las tabletas la semana pasada. Nunca tuvimos internet”. Su testimonio concuerda con el de Yeny Musaya, del Centro Poblado de Chucasuyo. “El saldo que tenía la tableta duró 3 días. Después se cortó la conexión y no se podía ingresar (a los programas)”, dijo a esta publicación.
A esto se suma que, en la provincia de Sandía, 35 escolares dijeron a los auditores de la Contraloría que no pudieron acceder a las tabletas porque estas no tenían instalados los contenidos de “Aprendo en casa” o se encontraban bloqueadas. El hecho guarda relevancia cuando se conoce que uno de los términos del contrato firmado con Grupo Deltron y Máxima Internacional era que los programas estuvieran preinstalados en los dispositivos.
Faltan los cargadores solares
No solo las tabletas se han visto afectadas por demoras de los proveedores. El 20 de septiembre, Itas Solutions SAC, encargada de entregar 203,080 cargadores solares, pidió al Minedu hacer un cambio de último momento. Inicialmente la empresa propuso importar cargadores de la marca SCOPE, modelo SC5002, pero luego cambio su oferta a la de cargadores de la marca MAODI, modelo S30. El cambio derivó en que la compañía pida una primera ampliación de plazos ya que aseguraba que el Minedu había demorado la respuesta a su pedido inicial para importar otro modelo de dispositivos y, por este motivo, se había retrasado la compra.
El Minedu cedió. Se fijaron nuevas fechas. La primera entrega de cargadores se programó para el 26 de octubre; la segunda, el 24 de noviembre, y la tercera, para el 14 de diciembre. No obstante, el 29 de octubre, la empresa proveedora volvió a solicitar una segunda ampliación de plazos, aduciendo desabastecimiento de sus proveedores. El Minedu negó la solicitud y ordenó mantener el cronograma inicial. El contrato, sin embargo, terminó siendo letra muerta.
El 15 de diciembre, Itas Solutions entregó al Minedu solo 20,251 cargadores solares de un total de 59,749 pertenecientes a la primera entrega, programada para dos meses atrás, es decir, para el mes de octubre. Las otras dos armadas, una de 40 mil cargadores y otra de 83 mil cargadores, hasta ahora no llegan. Las tabletas que ya entregó el consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional no pueden distribuidos a los niños debido a la falta de cargadores solares que prometió Itas Solutions.
La respuesta del Minedu
EL FOCO se comunicó con representantes del Minedu. Desde el área de Prensa del ministerio remitieron respuestas a los interrogantes planteados en este informe.
El Minedu señala que el 26 de diciembre, es decir, 3 días después de que se venciera el plazo de entrega estipulado en el contrato, TPV PERÚ entregó 91,440 de las 417,919 tabletas pendientes. El resto de dispositivos, dice el Minedu, serán entregados entre el 7 de enero y el 9 de febrero del 2021. Estos dispositivos serán distribuidos en las regiones entre la tercera semana de enero y el mes de marzo, pese a lo señalado en el cronograma inicial.
Sobre el cambio de último momento propuesto por TPV PERÚ en el sistema operativo de las tabletas, el Minedu señala que “se consideró pertinente aceptar esta versión Go, porque no hay un costo adicional y porque permite (tener) una tableta más funcional con procesos sin retardo”.
Además, el Minedu advierte que los problemas de internet y las fallas con los aplicativos no instalados en las tabletas no han sido reportados a la mesa de ayuda de “Aprendo en casa”. En ese sentido, afirma que “se procederá a realizar la evaluación” de posibles penalidades a las empresas Grupo Deltron y Máxima Internacional.
Finalmente, el Minedu confirmó que la empresa Itas Solutions SAC incumplió los plazos de entrega. Y detalló que el 16 de diciembre del 2020 solo entregó 20,299 cargadores solares del total. “El resto de cargadores, de conformidad con el cronograma presentado por el contratista (…) serán entregados el 3 (61,194), 7 (30,031) y 15 de febrero (91,560)”. Los proveedores impusieron sus propios cronogramas. El Minedu guardó silencio.

Muertes y corrupción

Por Ricardo Uceda– Diario La República.
Los asuntos por investigar en el Ministerio del Interior. Aún no hay conclusiones sobre los sucesos de noviembre. Los generales destituidos podrían ser repuestos por una medida cautelar. Los casos de dolo.
Las investigaciones sobre la muerte de dos personas en La Libertad recién comienzan, pero ya se sabe que la policía usó armas prohibidas y está individualizado al menos uno de los responsables. El ministro del Interior, José Elice, informaría a la Comisión Permanente del Congreso esta semana. Flota la idea de que el control de las manifestaciones será una bomba de tiempo durante su gestión. Se inicia una temporada de protestas, con una policía golpeada, manoseada políticamente y con deficiencias operativas para reprimir según los reglamentos.
El ministro Elice, hombre de confianza del presidente Francisco Sagasti, está conociendo el sector. No es indispensable ser policía, ni militar, ni siquiera experto en seguridad ciudadana para ser bueno en el cargo, aunque esto último resulta deseable. Un mínimo de liderazgo y capacidad de controlar la policía son necesarios. En esto coincidieron ocho ex ministros del Interior a quienes entrevisté en 2013 para un artículo en la revista Poder. Hasta entonces, desde las postrimerías del año 2000, cuando asumió Valentín Paniagua, se habían sucedido veinte de ellos, dejando en evidencia que ocupaban la silla más inestable del gabinete. En los próximos seis años caerían doce más, la mayoría por escándalos.
A las espaldas…
Respecto de los atributos de un ministro, uno de los entrevistados dijo:
–No debes ser cándido. Lo peor que puede pasar es que te cuenten cuentos.
Ya hemos visto que esto ocurre con frecuencia. La última mecida la vivió el ex ministro Jorge Montoya, general de la FAP en el retiro, a quien la policía engañó respecto de la forma en que habían muerto quince personas que asistieron a la discoteca Thomas Restobar, el 22 de agosto pasado. Humillado, Montoya tuvo que renunciar.
Yendo más atrás, la peor actuación policial de espaldas al poder político –podría haber excepciones– fue la matanza de supuestos delincuentes entre 2012 y 2015. Hubo nueve operativos y treintaitrés asesinatos, repartidos así: tres durante la gestión del ministro Wilver Calle, seis con Wilfredo Pedraza, seis con Walter Albán, nueve con Daniel Urresti y nueve con José Luis Pérez Guadalupe. Los últimos asesinatos se produjeron cuando los miembros del equipo ejecutor ya estaban denunciados ante Inspectoría de la PNP y la 35º Fiscalía Provincial de Lima. Las investigaciones, a cargo del fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas, no dejan duda respecto de los autores materiales, un grupo de policías que comenzó cuando laboraba en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN) y terminó operando en la misma rama de la PNP (DIRIN). Falta documentar el apoyo que recibieron en las instancias superiores. El ex ministro Urresti aparecía al final de sus operativos, encomiando su acción. El caso traerá cola.
Sin conclusiones
Una investigación de este tipo se dificulta porque la propia policía narra los hechos y hace las pericias. Por eso fue imposible documentar que en Trujillo hubo una matanza de cuarenta delincuentes en 2007-2008. La fiscalía judicializó solo cuatro asesinatos, logrando una sentencia contra el coronel Elidio Espinoza –treinta años de prisión–, que revisará la Corte Suprema. Con el grupo de la DIGIMIN-DIRIN, en cambio, la investigación fue posible porque denunciaron, con un informe minucioso, el ministro Carlos Basombrío y el entonces viceministro Rubén Vargas.
Elice aún no tiene una investigación sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La Oficina de Integridad del MININTER culminó una primera parte, sin conclusiones. A mes y medio de los hechos, la lentitud revela dificultades. Un motivo para remover a los altos generales de la PNP fue su renuencia a aceptar responsabilidades. De acuerdo con una fuente, esto le habría dicho al presidente Francisco Sagasti el Ministro del Interior, Rubén Vargas. Buscaron quince puestos más abajo en el escalafón para reemplazar al director general, Orlando Velasco, porque investigaciones por corrupción tocarían a los oficiales de menor antigüedad que seguían. En el gobierno existe certeza de que las acciones de amparo de los destituidos, admitidas ya por un juez, serán rechazadas por jurisprudencia previa en el Tribunal Constitucional
–¿Estás seguro de que la medida es inobjetable? –le preguntó Elice a Vargas el día que se adoptó la decisión.
–Completamente –dijo Vargas.
Más por investigar
En la reunión participaban la primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Justicia, Eduardo Vega. Justicia había hecho un informe aprobatorio después de estudiar el proyecto. Bermúdez estaba de acuerdo. Pero cuando se produjeron las protestas, Vega no tuvo mayor participación para defender la medida. Promovido por un círculo cercano al ex ministro José Luis Pérez Guadalupe, Sagasti nombró a Cluber Aliaga, quien presentó un dictamen jurídico que consideraba ilegales los pases a retiro. No le fue recibido. Admitir la propuesta era reconocer una ilegalidad del presidente, causal de vacancia en el cargo.
El juez que admitió el amparo podría, como medida cautelar, suspender los ceses mientras resuelve el fondo. Esto se conocería la próxima semana. Mientras tanto, a lo largo del nuevo año, el resultado de otras investigaciones en el Ministerio Público dirán en qué medida estaban involucrados en actos de corrupción los oficiales de la lista de cesados. Un caso, el de la adquisición a sobreprecio de computadoras inservibles. Otro, la compra del Antonov 718 a Ucrania. Por otra parte, operaciones dolosas para dotar de equipos de limpieza y protección personal a la policía, gravemente afectada por el Covid-19. Corresponden al último año del presidente Martín Vizcarra y a la gestión del ex ministro Carlos Morán.