Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
“Si la historia de las naciones cupiera en una sola palabra, la del Perú se encerraría en la voz mentira”, escribió el lúcido pensador Manuel Gonzales Prada en ‘Horas de Lucha’. A esto podríamos añadir que si imperase la verdad llamaríamos caquistocracia o kakistocracia (del griego kakistos, es decir “lo peor”) y no democracia a esto que vivimos desde tiempos de Humala. La caquistocracia es el gobierno de los peores, es el poder controlado por ruines, maleantes, viciosos, ignorantes y ladrones. Estos últimos abundan en todas nuestras clases sociales y partidos políticos, sean de izquierda, derecha o centro. Escribió también Gonzales Prada que en el Perú “el robo presenta los caracteres de una pandemia nacional: donde hay un duro y una mano peruana, hay noventinueve probabilidades contra una para que el duro desaparezca”.
Ollanta Humala instauró el imperio caquistocrático, normalizó la incompetencia, la turbiedad, lo intrascendente y el dispendio en obras billonarias, corruptas e inservibles como el Gasoducto del Sur Peruano y la Refinería de Talara. Sus sucesores no hicieron más que institucionalizarla; desde el lobista internacional Pedro Pablo Kuczynski hasta el insufrible Francisco Sagasti (con sus quequitos, sus pañuelos y su gabinete ong, progre-caviar-inepto); pasando por el pillo mitómano Martín Vizcarra, responsable de la muerte de más de cien mil peruanos (según cifras extraoficiales) y el empobrecimiento de millones como consecuencia del peor manejo mundial de la pandemia, amén de la corrupción desbocada por la ausencia de controles dada la emergencia sanitaria.
En la caquistocracia los políticos y funcionarios están desprestigiados, y los ciudadanos decentes y capaces evitan adentrarse en la cosa política pues pueden alcanzar el éxito en cualquier proyecto privado. El legado de Humala y su esposa Nadine Heredia -tan trepadora ella- es un Estado donde la meritocracia es una palabra hueca.
En la última década se nos alejó de los políticos provenientes de las canteras profesionales, exitosos en sus especialidades, y de los grandes pensadores cuyo discurso iba de la mano de un profundo conocimiento de la realidad social, económica y ambiental del país y de la capacidad de atender las urgentes necesidades de la gente.
Hoy quienes tientan la política son, mayoritariamente, inservibles, fracasados, gente incapaz de abrirse espacio en el competitivo mundo laboral a los que les resulta más cómodo mamar del Estado. Para muestra dos botones: el morado Julio Guzmán, orgulloso de ser mantenido por su esposa, con su equipo de palabreros ignorantes; y, cómo no, el arquero, sin pena ni gloria, George Forsyth. ¿A qué otra cosa podrían dedicarse este par de angelitos?
En las próximas elecciones, sean en abril o después, tenemos la oportunidad de cambiar el destino de nuestro patria, siempre y cuando los medios dejen de idiotizar a los electores y Odebrecht saque su mano inmunda de nuestra política. Mientras tanto exijamos capacidad, decencia y virtud.

El 27 de noviembre, el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, anunció que Vizcarra postularía al Congreso en la lista de ese partido. En la foto, Vizcarra está al centro flanqueado por la titular de ese partido Patricia Li y Daniel Salaverry. Foto: Twitter Daniel Salaverry.

PRESIDENTA DE SOMOS PERÚ FUE PROCESADA POR EL FRAUDE FISCAL DEL EXVICEPRESIDENTE DE CONFIEP

Por Brenda Tenorio- Convoca.pe
En marzo de 2016, Convoca.pe reveló que la entonces candidata al Congreso por Alianza por el Progreso en los comicios generales de ese año, fue acusada de ser cómplice de adulteración de factores dentro del millonario caso de fraude fiscal de quien fuera vicepresidente de la Confiep, Lelio Balarezo. En el expediente judicial del caso, se encontró que Patricia Li Sotelo se acogió a la prescripción de los delitos por las que era acusada por la Fiscalía. La ahora presidenta del partido Somos Perú lleva como candidato al Parlamento al expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente recibir coimas por obras cuando era gobernador de la región Moquegua.
En las elecciones generales de 2016, Patricia Li Sotelo postuló con el número 11 por Lima en la lista congresal de Alianza para el Progreso- Somos Perú. No es una novata en la política. Fue alcaldesa de Punta Negra con una gestión interrumpida debido a un pedido de vacancia por contratación indebida. Fue elegida presidenta de Somos Perú en marzo de 2015 mientras ocupaba el cargo de asesora del despacho del congresista Fernando Andrade, quien milita en el mismo partido.
Fue denunciada ante la Fiscalía de la Nación por falsificar el título de contadora que le sirvió para laborar como asesora del Parlamento y en ese contexto se conoció que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 admitió su salida de la contienda electoral de 2016. Pero no es el único caso de falsificación en el que Li Sotelo está involucrada. Ella fue procesada como cómplice del millonario caso de fraude fiscal del segundo exvicepresidente de Confiep, Lelio Balarezo Young. Convoca.pe accedió al expediente completo y pudo comprobar que Li Sotelo se acogió a la prescripción, junto a otros implicados, a pesar de las diversas pruebas en su contra.
Cuando en abril de 2015, la Sala Penal Transitoria de la Suprema sentenció a cinco años de prisión efectiva por el delito de defraudación tributaria contra el Estado a Lelio Balarezo Young, segundo vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), otros personajes involucrados en este sonado caso quedaron en la sombra. Entre ellos aparece como cómplice del delito, Rosa Patricia Li Sotelo, quien hasta hace pocos días fue candidata al Congreso por Lima de Alianza para el Progreso y aún se mantiene como presidenta de Somos Perú.
En los dictámenes acusatorios del proceso judicial a los que accedió Convoca.pe, se detalla cómo Li Sotelo fue pieza clave dentro de la estructura de evasión fiscal de Balarezo. Ella ocupaba cargos directivos y gerenciales en Negociaciones Aries S.A., Pomen Service E.I.R.L. y Star Service internacional S.A., empresas proveedoras de la investigada compañía Balarezo Contratistas Generales S.A.C, donde el empresario Balarezo Young, hoy prófugo de la justicia, era gerente general y representante legal.
Según los testimonios de los extrabajadores de las empresas de Li Sotelo que fueron registrados en el juicio oral, ella fue quien dirigió el llenado de facturas en blanco a favor de Balarezo Contratistas Generales S.A.A., compañía acusada del llenado de 176 facturas con cifras maquilladas y falsos proveedores, entre las que figuran las tres compañías vinculadas a Li Sotelo, que permitieron la reducción de tributos “de manera fraudulenta” en aproximadamente seis millones de soles en los periodos fiscales 1995, 1996 y 1997. El monto creció a más de 22 millones de soles a febrero de 2002, según el cálculo del informe de Sunat.
Aunque el proceso se inició varios años atrás, recién se conoció el caso en abril de 2015 cuando la justicia ordenó la captura de Balarezo Young y a su contador, Edmundo Acosta Santa Cruz, quien fue sentenciado en calidad de cómplice primario a cuatro años de prisión.
En medio de este sonado caso de fraude fiscal, el nombre de Patricia Li Sotelo pasó inadvertido y no había forma de identificar este antecedente judicial porque no aparece en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en estos comicios. ¿Por qué? El proceso que se le siguió a Balarezo, a Li Sotelo y otros cómplices tardó en ejecutarse más de quince años sin sumar el tiempo que dilató las apelaciones constantes de los acusados.
Resolución que declara la prescripción del proceso contra Patricia Li Sotelo. Foto: Facebook APP.
Li Sotelo se amparó en la prescripción y pudo librarse de las acusaciones. Sin embargo; los testimonios recabados durante el proceso, las evidencias halladas por la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la verificación de la constitución de las empresas en registros públicos, confirman el vínculo cercano que hubo entre la empresa de Balarezo y las de Patricia Li. Revisemos.
El origen
En 1998, la Procuraduría Pública de Sunat inició un proceso de fiscalización a la empresa Balarezo Contratistas Generales S.A. que arrojó graves indicios de defraudación tributaria al cruzarse la información de las facturas de Balarezo con las emitidas por los proveedores. Las facturas no fueron emitidas por las empresas mencionadas en el descargo de Balarezo Contratistas S.A. “Han realizado maniobras fraudulentas adquiriendo facturas en blanco donde se consignaban operaciones comerciales inexistentes”, aparece en el informe de Sunat que está incluido en el expediente de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional. Otras compañías negaron la emisión de facturas a nombre de la empresa de Balarezo pero cuando los auditores de Sunat verificaron los documentos encontraron que algunas de estas empresas registraban facturas a nombre de dos de las empresas de Patricia Li Sotelo: Negociaciones Aries S.A y Pomen Service E.I.R.L. Los montos fueron superiores a las cifras registradas en las facturas iniciales.
En el informe de Sunat, que aparece en el expediente, se señala a Li Sotelo como la persona que se dedicaba “a la venta de facturas falsas y auténticas, donde se consignaban operaciones no reales a favor de la empresa Balarezo Contratistas Generales S.A.”.Convoca.pe corroboró en registros públicos que Li Sotelo tenía cargos importantes en las investigadas Negociaciones Aries S.A y System Pomen Service S.A. y que los aumentos de capital de las compañías se dieron luego de que Balarezo girara seis letras de cambio “a la orden de Rosa Patricia Li Sotelo” en representación de su empresa.
Según el contador de Balarezo Contratistas S.A., Edmundo Acosta Santa Cruz, las letras de cambio solo se efectuaban cuando los pagos eran por montos altos y se cancelaban de manera fraccionada. Para Sunat, estos documentos prueban el vínculo comercial directo entre Li Sotelo y Balarezo.
La excandidata y presidenta de Somos Perú fundó Negociaciones Aries S.A., donde aparecía como accionista y gerente general en 1998. El 5 de marzo de ese año, la empresa registró un aumento de capital de 500 soles a 66 mil 800 soles después que Balarezo emitiera las seis letras de cambio a favor de Li Sotelo por los supuestos servicios brindados a Balarezo Contratistas General S.A.C. entre agosto y diciembre de 1997. Lo mismo sucedió con System Pomen Service S.A. Patricia Li Sotelo, también fue gerente fundadora de esta compañía, que coincidentemente incrementó su capital social de 10 mil soles a más de 50 mil soles el 4 de marzo de 1998, un día antes en que lo hizo Negociaciones Aires S.A. luego de la emisión de las letras de cambio de Balarezo.
Los testigos
Durante el juicio, socios y extrabajadores de las empresas de Li Sotelo coinciden en sus declaraciones al señalarla como la persona que gestionaba la venta y llenado de facturas. Betty Escudero Vidal y Ángel Julca Rodríguez, trabajadores de Negociaciones Aries S.A y socios de la empresa Resguardo General S.R.L, ambas empresas usadas para beneficiar con crédito fiscal falso a Balarezo Contratistas Generales S.A, declararon que constituyeron empresas con Li Sotelo “con la finalidad de vender facturas sin proveer bienes ni prestar servicios y beneficiar indebidamente a otras empresas con crédito fiscal falso”.
Ángel Julca declaró en el juicio oral del proceso que Li Sotelo manejó la empresa Pomen Service E.I.R.L. y que fue ella quien le entregó facturas ya llenadas donde se consignaba “operaciones comerciales no reales a fin de ser presentadas en la Auditoría SUNAT [Sic]” sin su consentimiento.
Otra acusación proviene de quien fue asistente administrativo y contable de Pomen Service E.I.R.L. y Negociaciones Aries S.A: Manuel Froilán Rodríguez Magallán. Él reconoció haber llenado los asientos contables de las empresas y haber recibido de Patricia Li facturas de cinco proveedores acompañadas de un borrador con los montos y descripciones que debían ser llenados en cada factura con operaciones inexistentes. Además de cobrar cheques y letras de cambio. Las facturas mencionadas por Rodríguez Magallán son las mismas fiscalizadas por la auditoria de Sunat y corroboradas como no reales.
Convoca.pe buscó a cada uno de los extrabajadores y socios de Li Sotelo para confirmar sus declaraciones. La mayoría evitó contestarnos el teléfono y fueron sus familiares quienes negaron sus vínculos o indicaron que al haber concluido el juicio no tenían nada más que decir. Solo Betty Escudero disparó: “Esa es una sin vergüenza (en referencia a Patricia Li Sotelo) que utilizó todo lo que yo tenía. Yo en ningún momento autoricé ni di, ni hice ningún tipo de negocios con nadie”. Y dijo más: “Ella es una delincuente. No quiero saber nada de ella. Ya di mis declaraciones, di todo lo que tenía que hacer por mi parte”, concluyó.
Patricia Li Sotelo negó en el proceso judicial que haya ordenado a sus extrabajadores la adulteración de facturas. Este medio insistió en ubicarla en su teléfono celular, pero nos contestó una persona que se identificó como su hermana asegurando que la entonces candidata de Alianza para el Progreso renunciaría a su postulación por “estar delicada de salud”. El último fin de semana se conoció que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 admitió la renuncia de Patricia Li Sotelo a su candidatura. Su nombre ya no figura en la página web de candidatos del JNE pero sí en la Fiscalía de la Nación por una reciente denuncia de falsificación de su título de contadora. La excandidata que pretendió llegar al Congreso, fue alcaldesa y también procesada como cómplice de este sonado caso de fraude fiscal, aún sigue en la política como presidenta de un partido: Somos Perú.

Con antecedentes

Si hay algo que tienen en común Patricia Li y Martín Vizcarra, es que fueron investigados por escándalos en el rubro de la construcción. El exjefe de Estado es sindicado de haber recibido sobornos del Club de la Construcción y está muy lejos de librarse del fiscal Germán Juárez.
Li –bachiller en Contabilidad– fue acusada por el delito de defraudación tributaria en el caso Balarezo. Según la Fiscalía, en 1997 comercializó facturas de compañías al empresario Lelio Balarezo para que este simulara gastos que su firma Balarezo Contratistas Generales S.A., conocida en el sector construcción, nunca realizó.
Balarezo fue sentenciado y Li se acogió a la prescripción en 2013, pedido que fue confirmado por la Sala Penal Nacional dos años después. En otras palabras, la dirigente de SP no es inocente, consiguió librarse de lo que pudo ser una condena de 12 años de cárcel.
Sin embargo, de la que no se salvó fue de la condena de cuatro años de prisión suspendida confirmada por la Corte Suprema en 2011 por cometer el delito de peculado siendo alcaldesa de Punta Negra (2003-2006). Esa denuncia fue interpuesta por regidores que provocaron su vacancia.
En 2016, además, fue denunciada por la Procuraduría del Poder Legislativo por presentar un título profesional falso para trabajar en el Congreso cuando su grado aún es de bachiller, según la Sunedu.
No son pocos los que se oponen a la figura de Li en Somos Perú. Uno de ellos es Juan Carlos Zurek, actual secretario general. “El partido está siendo utilizado por Martín Vizcarra y Daniel Salaverry para sus fines particulares, y se ha relegado la participación de los militantes”, dijo a este diario.
Es llamativo que Li se relacione con personajes del rubro de la construcción como Salaverry, el candidato presidencial, con una compañía que fue expuesta por registrar deudas en la Sunat; el detenido gobernador de Áncash y vicepresidente de SP, Juan Carlos Morillo, dueño de JJM Minería & Construcción. Y ahora, con Martín Vizcarra, fundador de CyM Vizcarra.
Fuente: Diario Perú21.

El polémico sermón del padre rector de la PUCE

En una homilía en la misa del domingo en la iglesia de La Dolorosa, norte de Quito, el padre Fernando Ponce criticó al periodismo ecuatoriano, al cual calificó de “nuevos inquisidores”. Pero el periodista Miguel Rivadeneira estuvo en esa misa y denunció el discurso, calificándolo de “odio desde el púlpito”.

El asunto empezó con un mensaje capturado de Whatsapp, atribuido al periodista Miguel Rivadeneira, del grupo El Comercio y director de Ecuadoradio y Radio Quito: “Este sábado asistí junto con mi familia a la misa de 5 de la tarde en la Iglesia de La Dolorosa. Fui a esta iglesia a los tiempos porque se cumplía un mes de la muerte de un tío mío que vivía en Los Ángeles desde hace años y fue enterrado allá. Había unas 120 personas. Resulta que el cura en forma inusual en el sermón se mandó una crítica dura al periodismo y a los periodistas. Generalizó y al comparar con la parábola de la Biblia dijo y repitió que los periodistas son muy inquisidores y que hacen mucho daño. Son como un tribunal de la Inquisición. Defendió a los sectores sociales e indígenas. Ese momento, resolví que iba a comulgar y allí le diré algo al cura, que no se divisaba desde atrás quien era. Parecía joven. Fui a comulgar. Me ubiqué intencionalmente al último. En la columna reconocí que el cura era nada menos que el rector de la PUCE, padre Fernando Ponce. Cuando me iba a dar la hostia le dije: permítame padre unas pocas palabras. Me reconoció y me dijo preocupado: si Miguel. Le dije: respetuosamente le digo que usted no puede sembrar el odio contra los periodistas. No puede envenenar a los feligreses con las mismas frases que usaba Correa las sabatinas, en lugar de usar comparaciones positivas y enviar mensajes de esperanza. Las generalizaciones son malas. Qué le parecería si le dijera a usted que todos los curas son violadores y pederastas y usted es uno de ellos un cura violador y pederasta. Se quedó helado y me dijo. Excusas. Acepto su crítica. Cuerpo de Cristo. Amén. Una fila más adelante mío estuvo el ex comandante de Policía, general Patricio Franco. Se acercó al final de la misa y me dijo: qué mal el cura, pero así es. Yo siempre vengo a esta iglesia. Me solidarizo con usted porque usted no es así, le he respetado siempre y me dio un abrazo”.
El mensaje de wasap había sido enviado a una persona de mucha confianza del periodista, pero por algún motivo se filtró y se hizo viral en los chats de conversación. Al recibir el mensaje, varios colegas de Rivadeneira le preguntaron si de él mismo era el texto, lo cual confirmó. Mientras tanto, el texto ya estaba circulando en Twitter por impulso de algunos periodistas y directivos de gremios que cuestionaron el contenido del sermón del padre rector de la PUCE. Ya para entonces estaba en circulación el artículo de Miguel Rivadeneira en la página de opinión de El Comercio, titulado No más odio desde el púlpito. Y también fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana revelaron que había molestia en la jerarquía eclesiástica por lo que había ocurrido. El mensaje de un alto jerarca del clero fue que lamentaba lo sucedido en La Dolorosa con el rector de la PUCE. El alto prelado consideraba que la homilía debía ser siempre un encuentro entre la Palabra de Dios, el corazón de las personas y la realidad. En ningún momento debía ser una plataforma política, peor para beneficios personales. Así, la Iglesia dijo estar al tanto del hecho y se anunciaron acciones. Se sabía entonces que había presiones para que el padre rector ofreciera una disculpa pública, ya que el sermón fue escuchado por decenas de personas.
Finalmente, Fundamedios emitió una alerta, que fue calificada como tal porque se trataba, de acuerdo a su protocolo, como una “agresión verbal”, en contra de las víctimas “periodistas de medios”. El padre rector fue consultado sobre esta alerta pero dijo, vía mensaje de texto, que no se pronunciaría antes de consultar con algunas personas.
Este portal hizo una larga entrevista el rector de la PUCE, luego de las protestas de octubre.
Fuente: www.planv.com.ec

Por Fiorella Cubas/ Fabiola Granda/ Alonso Zambrano/ Iván Atilano/ Eloy Marchán- ElFoco.pe
Durante el 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Un mecanismo extraordinario que permite firmar contratos por invitación a proveedores en menos de 24 horas. Lo desembolsado ascendió a S/892 millones. Este especial reúne cinco historias de mal uso de los recursos públicos en la institución que dirige Fiorella Molinelli.
Desde el 15 de marzo del 2020, día en que se declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de la COVID-19, hasta el 31 de diciembre del mismo año, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Es decir, la institución firmó cada día en promedio dos contratos sin licitación y en procesos de selección que duraron menos de 24 horas. El total de lo desembolsado por EsSalud de manera directa durante esos nueve meses ascendió a 892 millones de soles.
Para poder firmar esos contratos, en EsSalud se ampararon en tres normas dadas por la gestión del presidente Martín Vizcarra: el Decreto de Urgencia 026, el Decreto Supremo 044 de la PCM y el Decreto Supremo 008 del Ministerio de Salud. Esas normas fueron las que declararon la alerta máxima en todo el país y, con ello, permitieron a las entidades del sector salud tomar medidas excepcionales para detener la crisis sanitaria.
EsSalud, desde 1936, es el ente encargado de la seguridad social en el Perú, y actualmente vela por la atención médica de 11 millones de personas. Es decir, uno de cada tres peruanos se atiende en sus hospitales. EsSalud está adscrita al Ministerio de Trabajo, se subvenciona con los aportes de los afiliados y su manejo presupuestal es regulado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La partida anual que tiene EsSalud es mayor a la de cualquier entidad pública, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el 2019, por ejemplo, el presupuesto de EsSalud ascendió a S/12’175 millones. Fiorella Molinelli es la presidenta de EsSalud desde el 6 de marzo del 2018. El mandato de Molinelli era por dos años, pero, el mismo día que debía concluir funciones, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú y el presidente Vizcarra decidió ratificarla por un periodo más.
En el Perú todas las adquisiciones o contrataciones públicas deben pasar por una licitación o selección. Esa es la forma de asegurar que el Estado pague el mejor precio por un producto o servicio de calidad. La Ley de Contrataciones, sin embargo, en su artículo 100 estipula doce motivos para poder contratar directamente: cuando hay un solo proveedor, el servicio lo da otra entidad pública o en situaciones de emergencia nacional, como son las catástrofes naturales, guerras y crisis sanitarias.
Ese último candado fue el que se abrió con los decretos dados por la gestión de Vizcarra. La ley también permite que, bajo la modalidad de contratación directa, los funcionarios responsables puedan regularizar los papeles ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) hasta diez días después de firmado el contrato. Con el Decreto de Urgencia 025, el Gobierno extendió ese plazo para regularizar papeles ante el OSCE hasta 30 días después de desembolsado el dinero.
“La contratación directa es un mecanismo que se utiliza cuando una entidad facultada necesita bienes o servicios de manera urgente. Te permite contratar en un día porque lo utilizarán todo sí o sí en ese momento. Es un mecanismo excepcional, porque se sacrifica una pluralidad de postores, para que la compra se haga inmediata y por invitación. Hacer una compra por contratación directa, no exime de que la empresa contratada, por el monto del acuerdo, entregue carta fianza”, comenta Cecilia Ruiz, abogada experta en contrataciones públicas.
Pese a tener autonomía presupuestal y a que sus fondos se obtienen de los aportes de sus asegurados, a lo largo del año pasado el Gobierno subvencionó a EsSalud por un total de S/350 millones. La primera entrega, de 200 millones, se hizo el mismo día en que se declaró el Estado de Emergencia: el 15 de marzo del 2020. Y en EsSalud lo primero que hicieron con el dinero no fue comprar equipos de protección médico ni montar un hospital temporal, sino lanzar una campaña publicitaria.
“Juntos por el coronavirus” fue la tanda comercial que EsSalud, bajo el paraguas de la contratación directa, colocó en cuatro canales de televisión: Latina, América, Panamericana y ATV. La contratación se dio el 8 de abril y el desembolso ascendió a S/463,401. Este contrato fue dado por la Gerencia de Logística, pero la mayoría de las 576 contrataciones directas que EsSalud hizo durante la pandemia fueron dadas por otro órgano: la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (Ceabe), que desde julio pasado tiene el puesto de su gerente vacante.
Tener gerencias o direcciones con funcionarios encargados y no nombrados es algo característico de la gestión de Molinelli en EsSalud. Durante los primeros nueve meses de pandemia, 24 de los 56 puestos más importantes del Seguro Social fueron encargaturas. En la era Molinelli también es común que en puestos claves se nombre a personas con investigaciones en el Ministerio Público. Alfredo Barredo es el gerente general del Seguro Social y afronta once investigaciones fiscales, algunas denunciadas por la propia Procuraduría de EsSalud.
Todas las contrataciones directas hechas, según manda la ley, deben ser aprobadas por la titular de la institución. La firma de Fiorella Molinelli dando el visto bueno aparece en cada una de las 576 contrataciones directas hechas por EsSalud en el marco de la pandemia. EL FOCO solicitó una entrevista con ella u otro vocero de EsSalud, pero nunca fue aceptada. Este informe especial fue elaborado, por lo tanto, sin la participación del EsSalud. El resultado de la investigación: cinco historias de mal uso de los recursos públicos en el Seguro Social de todos peruanos.

La farsa de los hospitales temporales

El Seguro Social gastó S/74.8 millones en montar villas médicas en todo el país. La mayor beneficiada fue una empresa del primo de Salvador del Solar, que ganó contratos en procesos que duraron hora y media. Los hospitales se inauguraron sin autorización técnica y, al poco tiempo, presentaron fallas eléctricas e inundaciones.
11 de abril del 2020. Una carpa de color blanco se eleva a lo largo y ancho de un campo de 1575 metros cuadrados, en una zona anexa al Hospital II Geriátrico San Isidro Labrador, en el kilómetro 3.5 de la Carretera Central, en Santa Anita. Un canal de televisión anuncia: “Se construye en tiempo récord hospital San Isidro Labrador”. “Fue construido en 7 días”, resaltan algunas versiones web de periódicos de alcance nacional.
En las primeras semanas de la pandemia, con las cifras de contagio en el Perú en aumento, los hospitales temporales anunciados por el Gobierno de Martín Vizcarra se volvieron una perfecta oportunidad de negocio. En el caso del San Isidro Labrador, se trató de la primera de una serie de inauguraciones que tenían el mismo esquema de presentación: la presidenta ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli aparece ante las cámaras junto con el expresidente Vizcarra dando luz verde al hospital.
Meses después de aquel evento del 11 de abril, auditores de la Contraloría observaron que la villa blanca fue inaugurada sin contar con autorización técnica. Cuando se les pregunta a las autoridades del San Isidro Labrador, estos desconocen quién, cuándo y cómo se autorizó su funcionamiento. “No tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, dijo Pedro Llano, director del hospital, a los auditores de la Contraloría.
En total, han sido 37 los contratos firmados por EsSalud en el 2020 bajo la descripción: “alquiler de estructuras metálicas para infraestructuras hospitalarias temporales”. Estos se instalaron en Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Ancash, Piura, Ucayali, Arequipa, Tumbes, Moquegua, La Libertad, Huánuco, Cajamarca y Cusco. El costo total de lo desembolsado por esas infraestructuras asciende a S/74.8 millones.
EL FOCO accedió a documentos y testimonios que evidencian la improvisación y el direccionamiento con que fueron puestas en marcha decenas de hospitales de campaña. Los más perjudicados: pacientes que nunca se pudieron atender por la COVID-19.
Los ángeles de la construcción
“Ángeles/ Arquitectura de eventos” es el nombre comercial de una de las empresas que tuvo mucha suerte durante la pandemia. Según registros públicos, el nombre oficial de la compañía dedicada a la construcción e instalación de andamios para eventos sociales es Soluciones Estructurales S.A.C. Entre marzo y diciembre del 2020, Soluciones Estructurales ganó 25 de los 37 contratos directos por la construcción de hospitales temporales en Lima, Loreto, Lambayeque, Piura, Ucayali, Moquegua y Huánuco, facturando a EsSalud la suma de S/51.2 millones.
Soluciones Estructurales tiene como gerente general a Daniel Byrne Labarthe, primo hermano del exprimer ministro Salvador del Solar; y como accionistas figuran Carlos Ángeles López Aliaga, y su hijo, Renzo Ángeles Small. La empresa que gerencia Byrne ganó la construcción de hospitales temporales sin tener ningún tipo de experiencia en el rubro sanitario. Este beneficio llegó gracias al Decreto Supremo 044 de la PCM, firmado el 15 de marzo del 2020 por el expresidente Martín Vizcarra, quien fuera compañero de gabinete de Del Solar en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En Lima fueron cuatro los hospitales construidos por Soluciones Estructurales: Octavio Mongrut (S/8’596,536), Aurelio Díaz Ufano (S/5’489,438), Villa Panamericana (S/2’231,262) y San Isidro Labrador (S/1’004,036). Un dato relevante es que, en el 2019, Soluciones Estructurales fue la encargada del armado de los escenarios usados para la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019.
La historia del hospital temporal en San Isidro Labrador comenzó el 27 de marzo pasado. Ese día EsSalud emitió una orden de contratación directa por S/1’004,000 para que Soluciones Estructurales monte el hospital temporal en siete días. Una inspección hecha por auditores de la Contraloría concluyó que fue recién el 28 de mayo, es decir, un mes después de la inauguración de Vizcarra y Molinelli, cuando un ingeniero de nombre José Paisig Guevara, coordinador de mantenimiento del hospital, emitió la conformidad técnica de la obra.
Ante la Contraloría, Paisig sostuvo que recién tomó conocimiento de las especificaciones del hospital el mismo 28 de mayo, cuando emitió la conformidad. Su testimonio concuerda con el de otras autoridades del centro de salud, que desconocen quién autorizó o verificó el funcionamiento del hospital blanco.
Pedro Llanos Rivero, director del Hospital San Isidro Labrador hasta el 27 de abril dijo: “Durante mi gestión no se dispuso ni verificó que se haya cumplido con la instalación o puesta en operatividad de la estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal del Hospital San Isidro Labrador. No recibí ninguna comunicación al respecto en tal sentido, no tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, según actas en poder del OCI EsSalud.
Moisés Acuña, administrador del Hospital, dijo al mismo órgano de control que “hasta el 20 de abril del 2020 no existe comunicación que se nos haya entregado para que asumiésemos la verificación del cumplimiento de los términos de referencia de un contrato que desconocíamos, que no se ejecutaba en el área de administración (…) y que no estaba dirigido al Hospital San Isidro Labrador”.
Arriba: El 28 de mayo se da la conformidad para el funcionamiento de la Villa San Isidro Labrador. 55 días después de lo estipulado en el contrato. Abajo: Autoridades del hospital desconocen quién autorizó la puesta en operaciones de la villa blanca.
La conformidad de obra no fue lo único que faltó en el hospital temporal San Isidro Labrador. También se encontró que Soluciones Estructurales había instalado conexiones eléctricas no adecuadas para uso hospitalario y que tampoco había terminado de instalar el total de lavatorios. Inclusive, según los reportes de Contraloría, para esa misma fecha, 19 de agosto, todavía había espacios para camas UCI que no contaban con conexión eléctrica. Una de ellas es la que pudo salvar la vida de José Yupanqui, de 69 años, quien llegó a la villa de San Isidro Labrador el 13 de agosto, como cuenta su hija, Carmen Yupanqui, a esta publicación.
Su edad mayor y caer víctima del coronavirus en los meses más duros de la primera ola, lo condenaron a la escases de camas cuando más lo necesitaba. El 18 de agosto, cinco días después de su internamiento en la villa, Yupanqui falleció.
Aurelio Díaz Ufano: un contrato bajo sospecha
Correos y documentación a la que tuvo acceso EL FOCO muestran la celeridad con la que el Seguro Social firmó contratos millonarios que terminaron beneficiando a una única empresa. El viernes 19 de junio del 2020, a las 5:37 de la tarde, la Gerencia de Logística del Seguro Social pidió que un grupo de proveedores coticen la instalación de andamios para el hospital temporal Aurelio Díaz Ufano, en San Juan de Lurigancho. El hospital temporal era un centro de salud de 3600 metros cuadrados que incluía, entre otras cosas, 200 camas de hospitalización, 2666 metros cuadrados de pisos vinílicos, 661 tomas eléctricas, sistemas de ventilación, puntos de agua y desagüe.
A pesar de los variados y amplios requisitos de instalación, EsSalud dio una hora y veintitrés minutos para que las empresas brinden sus cotizaciones. Una de las compañías invitadas le comunicó al Seguro Social que no “tenía estructuras metálicas”. Otras ni siquiera se dedicaban rubro sanitario. Pero hubo una sola empresa que logró enviar su propuesta a tiempo: Soluciones Estructurales. La empresa de Byrne Labarthe envió su cotización en tiempo récord a las 19:00, segundos antes de que se agotara el plazo propuesto por la Gerencia de Logística.
Arriba: área de logística del Seguro Social solicita empresas enviar sus cotizaciones. Solo da una hora y veintitrés minutos para cotizar la instalación del hospital temporal Aurelio Diaz Ufano. Abajo: Correo de respuesta enviado por Soluciones Estructurales, a las 19:00 p.m.
El 23 de junio, cuatro días después de la solicitud, las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la compra. Para esto se evalúo un cuadro comparativo de precios que contenía, llamativamente, una sola propuesta: la de Soluciones Estructurales, por S/5.4 millones.
Cuadro comparativo de precios recibido en la Gerencia de Logística de EsSalud tras el estudio de mercado. Solo figura la cotización de Soluciones Estructurales.
Según pudo conocer EL FOCO, este y otros contratos con Soluciones Estructurales se encuentran bajo la mira de la Contraloría. No obstante, en el ente que dirige Nelson Shack existe gran presión por aquellas investigaciones vinculadas con la presidenta del Seguro Social, Fiorella Molinelli. Hay autoridades que firmaron conformidades pese a que no les correspondía hacerlo. Ingenieros que dieron vistos buenos en tiempo récord y de manera equivocada. Una serie de errores y horrores cuyo hilo conductor apunta a lo más alto del Seguro Social.
Fracaso en las regiones
“El presidente Martín Vizcarra junto con Fiorella Molinelli vinieron para inaugurar villas que nunca funcionaron. Esas carpas fueron contratadas por más de 4 millones soles para tres meses, pero tuvieron muchas deficiencias y no tenían la infraestructura para darles calidad de atención a los pacientes”, dice a EL FOCO Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red Asistencial de EsSalud del Cusco.
El último martes 5 de enero la Gerencia Administrativa de EsSalud envió una carta a la empresa Fast Engenharia e Montagens S.A., ganadora de un contrato por S/4.1 millones por la instalación de una villa temporal en el Hospital Nacional de Cusco. En la carta, EsSalud le pide a la compañía que “confirme el desarmado de las estructuras metálicas”. ¿Por qué, en pleno brote de una segunda ola de contagios, EsSalud pide desmontar un centro hospitalario que podría salvar miles de vidas?
Seguro Social confirma el desmontaje de los hospitales temporales en Cusco.
Se trataba de la historia de un fracaso iniciado meses atrás. El 22 de septiembre, el expresidente Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli inauguraron la Villa Cusco, en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. “Estamos muy contentos de poder anunciar la entrada en operación de este hospital destinado para pacientes en situación leve y moderada”, dijo en aquel entonces Molinelli.
El 12 de octubre, días después de aquella inauguración, auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud reportaron que el hospital había sido instalado con fallas técnicas que impedían su uso. La Villa Cusco tenía solo 2 de 12 equipos de aire acondicionado. Y también presentaba problemas con los equipos de calefacción, haciendo que las temperaturas sean tan frías que era imposible la atención de los pacientes.
“Cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red EsSalud Cusco. (Foto: Fabiola Granda)
El hospital temporal tenía, además, cables de electricidad expuestos al aire libre que podrían ocasionar “riesgo de incendios” y se había instalado pisos diferentes a los ofertados en el contrato con EsSalud. No obstante, el mayor problema de la Villa Cusco era que se encontraba desprotegida ante las lluvias. “Justamente cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní.
Pero, otras regiones del país también presentaron fallas tras la inauguración de las villas para luchar contra la COVID-19. En Arequipa las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la instalación de un hospital temporal alquilado a la empresa ARQEF S.A.C., pese a que no contaba con tomacorrientes, sistemas de ventilación, ni equipos de aire acondicionado. La Villa Arequipa fue puesta oficialmente en operaciones el 25 de julio, aunque por los desperfectos no pudo ser habilitada hasta septiembre, cuando la primera ola ya había golpeado a la ciudad blanca.
Para el 26 de agosto, inclusive, la Villa Arequipa no contaba con personal médico, no había separado las áreas de infectados y no infectados, no contaba con cabinas de protección para el traslado de pacientes, no se había concluido la construcción de servicios higiénicos y presentaba problemas con su grupo electrógeno. Los 30 días de alquiler por el uso de la infraestructura le costaron al Seguro Social S/1 millón 20 mil.
Según relata Roger Huanca, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional de Puno, las villas temporales llegaron tarde al golpe de la primera ola. “La primera oleada nos golpeó en julio y agosto, pero el hospital blanco llegó recién el 6 de octubre”, afirma el médico, quien detalla también que en la quincena de octubre la Villa Puno tuvo goteras por las lluvias, situación a la que sumaron problemas con el sistema de calefacción. “El hospital Villa Puno ha estado funcionando hasta hace una semana más o menos, que es cuando empezaron a desarmarlo. Nunca estuvieron habilitadas las 50 camas y, como máximo, se habrá ocupado 15 de ellas”, dice Huanca.
Roger Huanca, presidente del cuerpo médico de Red EsSalud Puno. (Foto: Fabiola Granda)
Otros hospitales de regiones que reportaron problemas fueron las villas de Lambayeque y Tumbes, en donde se ha reportado un repunte en las cifras de contagio en los últimos días. La Villa Tumbes, instalada en la provincia de Zarumilla, fue inaugurada el 30 de agosto del 2020 pese a no contar con sistemas de enfriamiento ni de extracción de aire adecuados.
A mediados de diciembre, autoridades del Seguro Social ordenaron desmantelar los hospitales temporales ante la baja en las cifras de contagio. Uno de los hospitales desmontados fue el de Cusco. También se hizo lo mismo en Lambayeque. Lo cierto es que las regiones que recibieron hospitales que nunca fueron utilizados, pero que aparecieron entre bombos y platillos ante las cámaras, ahora enfrentan un nuevo repunte en el número de contagios.

18 de agosto del 2020: Fiorella Molinelli supervisa toma de pruebas rápidas de COVID-19 en Tacna (Foto: EsSalud).

La ruleta de las pruebas rápidas

Por El Foco.pe
EsSalud desembolsó S/55 millones en siete compras directas de pruebas rápidas, el método menos eficaz para combatir a la COVID-19. Una de esas adquisiciones estuvo plagada de irregularidades y favoritismos hacia la empresa Aionia Technology. La Contraloría ya ha encontrado responsabilidad en nueve funcionarios de EsSalud, pero ha salvado a Fiorella Molinelli, quien, justamente, dio la autorización final para la compra.
El pasado 4 de octubre, en la explanada del Hospital Rebagliati, EsSalud hizo una campaña de detección de la COVID-19 con pruebas rápidas para bomberos, policías y motorizados que dan servicio de reparto de domicilio. La presidenta del Seguro Social Fiorella Molinelli supervisó personalmente la jornada, a la que bautizó como “EsSalud te cuida”. En el evento se anunció que la institución había logrado tomar 200 mil pruebas rápidas.
Lo que no se contó en la nota de prensa de EsSalud y en los diversos noticieros que cubrieron la jornada fue que los test que se aplicaron se compraron a una empresa cuyo dueño se ufanaba en un video de ser cercano al entonces presidente de la República Martín Vizcarra. Además, no se detalló ni una línea de que el proveedor ganador se hizo de la buena pro pese a cobrar S/15 millones más que la otra empresa postora.
Entre marzo y diciembre del año pasado, EsSalud ha realizado siete adquisiciones de pruebas rápidas. Todas se hicieron vía contratación directa, el mecanismo donde las empresas participan por invitación y en el que los procesos pueden durar menos de 24 horas. El total de lo que ha desembolsado EsSalud, pese a que las pruebas rápidas son el método de detección de la COVID-19 menos seguro y a que la Organización Mundial de Salud ha desaconsejado su uso, ha sido S/55 millones.
La primera compra de pruebas rápidas que realizó EsSalud fue el 5 de junio del 2020. Ese día, la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud (Ceabe) elaboró una lista de siete dispositivos médicos que necesitaban, entre ellos alcohol, chaquetas descartables, mamelucos y 100 mil pruebas rápidas. Entre la convocatoria y la entrega de la buena pro del paquete de dispositivos médicos, cuyo valor global era a S/ 9.2 millones, transcurrieron apenas 15 horas, según los registros del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace).
La empresa ganadora de las 100 mil pruebas rápidas fue Diagnóstica Peruana SAC, que ofertó 28.40 por cada test. El gerente general de la empresa ganadora es Víctor Hugo Chu Cerrato, quien en el 2016 protagonizó las páginas de los tabloides por agredir en estado de ebriedad a dos efectivos de la Policía Nacional, hecho por el que fue sentenciado a 4 años y cinco meses de prisión efectiva.
En junio, EsSalud hizo otras dos compras: se concretaron el 23 y 24, donde el Seguro Social compró 4 mil y 100 mil test rápidos. En la compra del 23 de junio, EsSalud pagó S/39.5 por cada prueba, mientras que en la adquisición que hizo al día siguiente desembolsó S/38.84 por cada unidad. Es decir, pago diez soles más en comparación a la compra que había hecho apenas veinte días antes.
La lógica del mercado dice que, mientras más oferta hay, el precio es más bajo. Para EsSalud no fue así, y sucedió lo inverso: pagaron más cuando las pruebas rápidas eran menos escasas. Las empresas ganadoras fueron Simed Perú SAC, Deltalab Perú EIRL e Importadora Fabhet SRL. La compra del 23 de junio la hizo la sucursal de EsSalud de Chimbote, y la de 24 fue llevada adelante por la Ceabe. Ambas fueron vía contratación directa y tuvieron el visto bueno de Fiorella Molinelli.
En julio, EsSalud volvió al mercado a comprar pruebas rápidas. El 6, a través de su sucursal de Chimbote, adquirió 15,500, y el 15, vía el Ceabe, compró 70 mil adicionales. En la primera contratación pagó por unidad S/45.5, y en la otra 33.40 soles. Otra vez la ruleta de precios en EsSalud que van contra la lógica del mercado. Y el asunto se vuelve más inestable si se toma en cuenta de que, el 4 de agosto, EsSalud, nuevamente mediante contratación directa, compró 100,000 pruebas rápidas a Perulabs SA a un precio unitario de S/38.5. Es decir, los test se volvieron a encarecer, pese a que se estaba comprando más cantidad.
Arriba: Compra del 5 de junio de pruebas rápidas: S/ 28.40 la unidad. Abajo: reporte de la compra de test realizada 19 días después: S/ 38.94 cada prueba. Más de un millón de soles de diferencia, pese a que se compró el mismo producto y la misma cantidad.
Si hasta aquí las compras de test rápidos hechas por EsSalud llaman la atención, el círculo de sospechas se cierra cuando se desgrana lo que fue la mayor adquisición. Ella se realizó el 2 de julio, donde la entidad dirigida por Fiorella Molinelli compró 1 174 800 pruebas rápidas en un proceso de contratación directa dirigida por la Ceabe. La empresa que obtuvo la buena pro fue Aionia Technology Corporation SAC, ofertando S/34.9 por cada prueba rápida, y facturando en total 41 millones de soles.
Aionia es una empresa que entró en operaciones en febrero del 2019 y que antes del millonario contrato con EsSalud había ganado apenas 55,460 soles vendiendo productos médicos a diversos municipios. Cuando Aionia se hizo de la buena pro del millón de pruebas rápidas para el Seguro Social, tenía apenas 8 trabajadores en planilla. El gerente general y mayor accionista de Aionia es Carlos Alberto Valdivia Montoya, quien ha postulado tres veces a la alcaldía de Bellavista.
En el 2018, durante su última postulación distrital, Valdivia se promocionaba diciendo que trabajó con el expresidente Martín Vizcarra, según un video al cual EL FOCO tuvo acceso. “He trabajado en el Gobierno Regional de Moquegua con quien es ahora el presidente de la República, el ingeniero Vizcarra”, dice el empresario.
Valdivia también aparece mencionado en los polémicos audios del caso Lava Juez. En una de las cintas, el exmiembro del Consejo Nacional de Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe se refiere a él como su “sobrino” en una conversación con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, donde le pide “reforzar” su candidatura por Vamos Perú, movimiento político del exalcalde del Callao Juan Sotomayor.
Resolución, firmada por la presidenta de EsSalud Fiorella Molinelli, autorizando la compra del millón de pruebas rápidas a la empresa Aionia Technology. Sin la luz verde de Molinelli, la polémica adquisición nunca se hubiera realizado. Sin embargo, pese a las evidencias, la Contraloría no encontró responsabilidad en Molinelli.
La pruebas rápidas que EsSalud aplicó en octubre en la explanada del Hospital Rebagliati son las que compró a Aionia. EL FOCO accedió a un informe de la Contraloría del último 28 de diciembre, donde se da cuenta de irregularidades ocurridas durante la selección de Aionia como la empresa proveedora del millón de pruebas rápidas que solicitó EsSalud.
Según la Contraloría, en el Seguro Social direccionaron, desde el primer momento, el proceso en favor de Aionia. La empresa de Valdivia no estaba dentro de las invitadas al proceso, pero fue incluida horas antes de la buena pro. “La solicitud de cotización incluyó correos ‘reiterativos’ casi al vencer el plazo para la presentación de cotización con la finalidad de incorporar a la empresa Aionia SAC, la que envió su oferta en pocos minutos y la muestra de su producto antes que sea invitada”, dice el informe.
Siete fueron las postoras que entregaron propuestas para la compra de pruebas rápidas, pero, según la Contraloría, la evaluación de seis candidatas “estuvo orientada a corregir, validar y evaluar requisitos no presentados, incongruentes o no requeridos”. Sin embargo, a Aionia no se le sometió al mismo procedimiento; inclusive, se le permitió subsanar su propuesta. De igual forma, la Contraloría detectó que en EsSalud le validaron a Aionio un Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento , que estaba vencido.
Fragmento del informe de la Contraloría sobre la compra del millón de pruebas rápidas adquiridas a Aionia Technology Corporation. La empresa ganó la buena pro pese a que dos postores ofrecían cobrar hasta S/15 millones menos.
Uno de los puntos más polémicos de las averiguaciones que la Contraloría hizo del millonario contrato que EsSalud le dio a Aionia fue que dos postoras, Nipro Medical Corporation y Business International Consortium EIRL, habían ofertado cobrar hasta S/15 millones menos que Aionia por el millón de pruebas rápidas. Nipro, que es una empresa japonesa, ofreció cobrar S/25.2 millones, mientras que Business ofertó 35.2 millones.
Pese a todo, Aionia se hizo de la buena pro y desde el 15 de julio –y durante los siguientes tres días– debía comenzar a entregar las pruebas rápidas, pero incumplió con el cronograma. Sin embargo, lo más grave fue que Aionia entregó test sin la sensibilidad ni las especificaciones técnicas acordadas. Las pruebas rápidas de Aionia eran de la marca Wuhan Unscience Biotechnology y, supuestamente, debían tener una sensibilidad de 98%, pero en las pruebas de campo solo registraron 76%.
Segú su informe, la Contraloría ha encontrado responsabilidad administrativa en nueve funcionarios de EsSalud que participaron de la compra de las pruebas rápidas a Aionia. En la lista están desde el gerente de Operaciones, César Carreño Díaz, hasta la gerente encargada de la Ceabe, Carolina Cabanillas Horna. Lo que llama la atención es que la Contraloría no ha encontrado responsabilidad alguna en Fiorella Molinelli, quien, justamente, autorizó la compra según la Resolución de Presidencia de EsSalud Nº375-2020. Todo lo contrario: insta a que sea Molinelli quien decida las sanciones para sus subordinados, cuando la adquisición de pruebas rápidas no se hubiera realizado sin la luz verde ella.

Renzo Navarro y George Forsyth tienen más de 20 años de amistad. Para el exprocurador Iván Montoya, su contratación en la Municipalidad de La Victoria tendría implicancia penal (Foto: Facebook).

Renzo Navarro, el hombre de confianza de George Forsyth que recibió más de S/100 mil de la Municipalidad de La Victoria

El candidato presidencial contrató a su amigo y socio para diversos servicios en la entidad, a pesar de no contar con estudios concluidos ni experiencia en gestión pública. Navarro ahora integra el equipo de campaña a la presidencia.

Por Delsy Loyola Jorge– Unidad de Investigación del Diario El Comercio.
Durante su paso por La Victoria, George Forsyth tuvo como brazo derecho en la municipalidad a su amigo y socio en una empresa de seguridad, Renzo Navarro. El hombre de confianza del ahora candidato presidencial por el partido Victoria Nacional recibió más de S/100 mil de esa comuna por servicios como especialista en administración, en gestión y comunicación, pese a no tener estudios universitarios ni técnicos, ni tampoco experiencia en el sector público. Ahora Navarro es uno de los principales colaboradores de su campaña a la presidencia.
El Comercio accedió a todas las órdenes de servicio que la Municipalidad de La Victoria (MLV) suscribió con Navarro. En febrero del 2019, a un mes de haber asumido la alcaldía, Forsyth lo contrató como asesor de su despacho y le pagó S/16,000. Ese mismo mes, fue contratado por la Secretaría General como especialista en administración por 15 días y recibió S/8,000 más. Desde el inicio hasta el final de la gestión, fueron 12 contratos por un total de S/107,500.
Navarro, quien fue contratado como locador, recibió pagos entre S/4,500 y S/8,000 por mes, incluso más que los sueldos de los subgerentes que -según información de la entidad- ganan en promedio S/6,900.

Amigos y socios

Forsyth y Navarro son amigos desde hace más de 20 años. Ninguno cuenta con estudios técnicos y superiores concluidos, pero juntos fundaron una empresa de seguridad: GRT Seguridad y Control. Navarro cursó estudios de Gestión de Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres (USMP) solo hasta quinto ciclo. Tampoco terminó la carrera de Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
En su curriculum vitae, además de la primera empresa, registra como experiencia laboral el cargo de “gerente general adjunto” en Inversiones FBG S.A.C., de propiedad de Forsyth, un gimnasio ubicado en el Jockey Club.La amistad entre Navarro y Forsyth se mantiene desde hace más de 20 años. Juntos han abierto varios negocios. (Foto: Facebook)
En el 2018, junto con el exarquero, intentó postular como teniente alcalde de La Victoria. Fue inscrito en la lista de Somos Perú, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su candidatura, porque no pudo sustentar su domicilio en el distrito victoriano. En esa ocasión, Navarro acompañó a Forsyth en casi todas sus actividades y, según fuentes de este Diario, era quien lo apoyaba en la toma de decisiones como parte de su equipo de campaña. Esta vez, en las elecciones generales del 2021, repite la historia.
Forsyth y Navarro posan juntos en el gimnasio del exarquero ubicado en el Jockey Club (Foto: Facebook).

Los contratos

Las otras diez órdenes que la MLV pagó a Navarro consignan como área usuaria la alcaldía, es decir, fueron solicitadas exclusivamente por Forsyth. En marzo del 2019, requirió a su amigo como especialista en administración. Sus funciones fueron: organizar la agenda del alcalde, coordinar sus reuniones, mantener los directorios actualizados, redactar y formular “documentos diversos” y para el “registro en SISDOC”, según se detalla en el informe de locador. Por estos servicios, realizados en un mes, se le pagó S/8,000.

Renzo Navarro reportó en el informe de locador sus funciones realizadas (Foto: El Comercio).

Los siguientes meses, su socio fue contratado como especialista en gestión, especialista en gestión de comunicación y asistente administrativo, a través de nueve órdenes de servicio de manera continua desde agosto del 2019 hasta setiembre del 2020, semanas antes de que Forsyth renunciara a la alcaldía.
Durante ese periodo, según los informes de locador revisados por El Comercio, se encargó de implementar proyectos para mejorar la atención al ciudadano en la Oficina de Gestión Documentaria, optimizar procesos técnicos y de contribuir a la mejora de “la gestión de procesos de Imagen institucional”. Por esos servicios, recibió montos por S/11,000, S/5,500, S/4,500, entre otros, que sumaron un total de S/67,500.
Si bien Navarro fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, para la designación de personas en un cargo similar, pero a través del régimen CAS, se exige contar con título universitario de abogado para laborar en la Secretaría General, e incluso título profesional y especialización en gestión municipal para la Alcaldía, tal como consta en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad.
Además, los profesionales contratados reciben S/3.000 como honorarios, lo que equivale a la mitad de lo que se le pagaba al amigo de Forsyth mensualmente por los servicios que brindó como locador.
Estos fueron los contratos a favor de Navarro en La Victoria.

Funcionarios clave

Sin la firma ni el sello del subgerente de Abastecimiento y Servicios Generales, las órdenes a Navarro hubiesen sido consideradas nulas. El exalcalde designó en ese puesto a Jimmy Olmedo, quien, para su cargo, no cumplía con tener el título profesional de abogado ni de administrador, ni la experiencia mínima de 4 años, requeridos por el MOF del municipio.
Además, durante su paso por la municipalidad de San Juan de Miraflores, la Contraloría General de la República le encontró a Olmedo presunta responsabilidad penal por dos procesos de contratación que se habrían realizado de forma irregular en dicho municipio, según consta en los informes N° 644-2018-CG\LICA y N° 010-2018-2-2182.
Olmedo también tiene tres procesos abiertos en la fiscalía por delitos cometidos por funcionarios públicos, concusión y peculado. Por este último caso, el Ministerio Público ya ha presentado acusación.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MVL había advertido en abril del 2019, a través del informe N° 008-2019-OCI/2155-SVC, sobre su contratación así como la de otros funcionarios que Forsyth mantuvo en el cargo pese a las observaciones.
El cuadro que el OCI de La Victoria adjuntó en el informe de visita de control que realizó a la municipalidad sobre la designación de funcionarios en puestos de confianza.
Uno de ellos es Gerardo Farfán, quien fue designado subgerente de Registro y Orientación al Contribuyente en abril del 2019. Tan solo tres meses antes, Farfán había suscrito el certificado de trabajo, a nombre de la empresa GRT Seguridad y Control —de propiedad de Forsyth— que Navarro presentó al municipio para sustentar que contaba con experiencia laboral en cargos administrativos.
Según ese documento, Farfán había tenido el cargo de jefe de Recursos Humanos en la empresa del exalcalde victoriano.
Este el certificado de trabajo que presentó Renzo Navarro y que firmó Gerardo Farfán, quien fue contratado en la municipalidad como subgerente (Foto: El Comercio).
Este Diario contactó a Olmedo, quien aseguró que “hubo un tema que se va a aclarar, [pero] las órdenes están de acuerdo a ley”. Buscamos a Farfán en su domicilio consignado en el Reniec, pero en el lugar indicaron que no vive ahí.

Descargos

El Comercio también intentó comunicarse con George Forsyth; sin embargo, su asesora de prensa nos indicó que el exalcalde no daría declaraciones. En su representación, habló la exgerenta municipal de La Victoria Yanina Abanto, ahora integrante de su equipo de campaña, quien señaló que, al margen de la amistad con Forsyth y de la falta de estudios, Navarro “es una persona con mucha experiencia en el rubro de seguridad” y por eso fue requerido.
“Al margen del título profesional de una persona, se resalta la experiencia, esa visión de gestión que el sector privado te da en la cancha. [Se lo contrata] porque es un especialista en seguridad y el gran problema que encontramos en La Victoria era el tema de las mafias”, indicó a este Diario.
“Seguridad ciudadana es un tema técnico y es un problema de fondo, estructural. Teníamos que ver el enfoque de gestión desde la operatividad de los órganos de la municipalidad internos, porque tenemos que cuidar mucho y ordenar todos los procedimientos que él, al tener una empresa de seguridad que manejaba perfectamente bien, tenía todos los conocimientos”, agregó.
Al consultarle si la elaboración de la agenda del alcalde guardaba relación con temas de seguridad, Abanto aseguró que “la agenda de George la teníamos que manejar personas muy cercanas por las constantes amenazas” y que el tópico principal de las actividades era “el de seguridad”.
Este Diario intentó comunicarse con Renzo Navarro, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras reiteradas llamadas ni mensajes.

Una posible investigación penal

El exprocurador Yván Montoya consideró que “un fiscal podría abrir investigación preliminar” para indagar presuntos hechos delictivos. “[Pareciera] que se hubieran contratado a muchas personas para condicionar esta facilitación de la contratación y pagos. Entonces uno podría hablar similar al caso de Vizcarra y Swing, desde un tráfico de influencias, en el que -en este caso- un alcalde habría incidido en autoridades que ha designado antes para que lo contraten y acepten los informes para los pagos que tenga que hacer […] hasta una posible negociación incompatible”, sostuvo.
En diálogo con El Comercio, indicó que también “está en juego evaluar si el Código de Ética, tipificado en la Ley 27815, se ha infringido, sobre todo el principio de neutralidad y la prohibición de mantener situaciones de conflicto”.
“La evaluación sobre el cumplimiento del perfil para poder designar a alguien entra en conflicto cuando interviene un sujeto con el que uno mantiene una amistad cercana […] Y la neutralidad igualmente, porque si él mismo requirió una orden de servicio a alguien que conoce y que sería su amigo, ¿dónde está la objetividad?”, señaló.
Además, advirtió que, si bien para los contratos en la modalidad de locación de servicios no se exige cumplir estrictamente los requisitos del MOF, estos sí deben servir como referencia para los procesos.