Odebrecht pide al Estado reembolso de S/524 millones por venta de Chaglla
La constructora Odebrecht le solicitó, a inicios de julio, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el reembolso de S/524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino.
Según informó el programa “Punto final”, el Estado Peruano le retuvo a la empresa brasileña US$319 millones, equivalentes a aproximadamente S/1.052 millones, de la referida transferencia.
De esta suma, S/435 millones fueron utilizados para que Odebrecht cancele la deuda que tenía con la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijado en el acuerdo de colaboración eficaz.
El resto, S/524 millones, debe retornar a las cuentas de la firma trasnacional, según el compromiso firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría.
Sin embargo, la jueza María Álvarez Camacho estableció, en la sentencia de homologación del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia antes de devolver este dinero que a la fecha “no exista investigación o proceso penal en curso” respecto a la constructora “por hechos distintos” al convenio.
Fuentes de El Comercio confirmaron la existencia de esta disposición de Álvarez Camacho.
Las mismas fuentes indicaron que el Ministerio Público presentará su informe a la coordinadora ejecutiva de la Unidad Funcional Encargada de Implementar y Ejecutar las Disposiciones de la Ley N°30737, Cecilia García Díaz, entre el lunes y martes.
García Díaz es funcionaria del Ministerio de Justicia.
Fuente: Diarios El Comercio y EXPRESO.
Odebrecht denunció a Fiscalía peruana
Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Antes de ser reemplazado por Rafael Vela, el extitular del Equipo Especial del caso Lava Jato, Hamilton Castro, dejó un informe en 2018 dirigido al entonces fiscal coordinador César Zanabria Chávez, el cual revela que la empresa brasileña Odebrecht denunció ante el Ministerio Público de Brasil que el Perú incumplió el acuerdo preliminar de colaboración eficaz.
En el documento, Castro indicó, por su parte, que la empresa brasileña tampoco suministró información en varios casos como el del Gasoducto Peruano del Sur, entre otros, pero aun así el Equipo Especial se comprometió a no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares como los allanamientos.
Así lo señala el informe Nº 011-2018 FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, del 18 de julio del 2018, enviado por el entonces titular del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, Hamilton Castro, al aún fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, César Zanabria Chávez.
En dicha documentación, Castro menciona el convenio preliminar de fecha 4 de enero del 2017, que el Equipo Especial del caso Lava Jato suscribió con la empresa constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, en el marco de un proceso especial de colaboración eficaz.
Es así que el fiscal da cuenta de los supuestos incumplimientos denunciados por la empresa Odebrecht ante los fiscales del Ministerio Público brasileño y que consideró violatorio de parte de diversas autoridades peruanas.
“El Ministerio Público del Perú no muestra ninguna intención de celebrar el acuerdo de lenidad definitivo con la empresa Odebrecht”, señala la constructora.
“En relación con los compromisos asumidos mediante asistencia judicial internacional, el Equipo Especial (Lava Jato), también utilizó y está utilizando información brindada por la empresa para instruir la investigación contra la misma y sus funcionarios y exfuncionarios. El acta de compromiso de especialidad y de limitación de uso de pruebas está haciendo vehementemente incumplida por el Perú”, indica Odebrecht, según lo informado por Hamilton Castro.
De acuerdo a lo confirmado por Castro, la constructora brasileña pretendía que no se abra investigación alguna sobre los proyectos que tenía a su cargo en el Perú.
“Pese al acuerdo preliminar de colaboración eficaz suscrito el 4 de enero de 2017 se abrieron investigaciones a cargo del Equipo Especial, a partir de información entregada por la empresa o bajada de internet en las siguientes casos: “Metro de Lima” (inicio de investigación el 19 de enero del 2017 contra la empresa, permaneciendo desde entonces en tal condición). Uso del acuerdo con la justicia de Estados Unidos”, se indica.
Pero Odebrecht tampoco quería que la justicia peruana siga indagando en obras como la “Carretera Interoceánica Sur” (se abrió investigación a partir de la información brindada por la peticionaria y sus ejecutivos y exejecutivos en el acuerdo preliminar de lenidad), “Vía Costa Verde Callao”, “Avenida Evitamiento del Cusco” (se abrió investigación a partir de información brindada por la peticionaria y sus efectivos en el acuerdo de unidad del Perú la misma que fue utilizada contra la compañía).
Incluso la empresa llegó a decir a las autoridades brasileñas que existía “falta de comunicación y coordinación entre las propias autoridades peruanas, en alusión al acta fiscal de fecha 8 de junio del 2018 de preservación documental suscrita por Odebrecht y el Equipo Especial, pese a lo cual el órgano jurisdiccional a pedido del fiscal de lavado de activos, José Castellanos, ordenó una medida de registro e incautación”.
La transnacional brasileña tampoco quería que toquen los documentos de la empresa Polysistemas, que brinda servicio de almacenamiento documental a Odebrecht.
Odebrecht también se refirió a su proyecto estrella “Gasoducto Sur Peruano”, y por eso se quejó por la incautación de los teléfonos celulares de Marcelo Bahía Odebrecht, y mencionó al acuerdo de lenidad celebrado por la empresa para atribuir la responsabilidad penal sin que se haga ninguna restricción en la condición de colaboradora, en referencias a otras delaciones, como de Rogelio Santos de Araujo y Luis Antonio Mameri.
En su defensa, Hamilton Castro dijo lo siguiente al referirse al Gasoducto Sur Peruano.
CERRAZÓN
“Una primera cuestión que debe ser destacada es que el proyecto Gasoducto Sur Peruano no ha sido sometido por Odebrecht ni por exfuncionarios de la empresa a la colaboración eficaz ante el Ministerio Público peruano. Esto significa que si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa o por sus funcionarios, que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado sino que, por el contrario, soporta de parte de la empresa y sus exfuncionarios un alegato de inocencia”, dijo.
Añade que la empresa y sus exfuncionarios decidieron defenderse en dicha investigación, pues consideran que en ese proyecto no pagaron sobornos a funcionarios peruanos ni se coludieron con ellos.
A pesar de la queja de la empresa ante el Ministerio Público brasileño, la Fiscalía peruana no retrocedió en su decisión de no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares, es decir aquellas que no se encuentren dentro del ámbito de legitimidad y competencia, contra las empresas del grupo Odebrecht, a partir de la suscripción del convenio preliminar y durante su vigencia.
¿En qué estado está o en qué quedó el caso? A ver si los fiscales del caso nos sacan de nuestra ignorancia.
Cláusula anticorrupción
No ha pasado mucho tiempo para que los observadores como Manuel Romero Caro y César Gutiérrez Peña encuentren la razón para la negativa de Odebrecht a informar sobre ilícitos en el gasoducto. Y es que es el único, de alrededor de 76 proyectos ejecutados, que tiene cláusula anticorrupción. Aceptar sobornos con tal cláusula sería letal: perderían todo, incluido los arbitrajes en el exterior.
CASO GASODUCTO NO ERA NUEVO
La investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) que estuvo en manos de la empresa brasileña, se ha venido efectuando mucho antes de que el Poder Judicial homologue el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Por ello resulta inexplicable que el Equipo Especial Lava Jato haya creído la versión de los representantes de la constructora cuando señalaban que no habían pagado coimas por esa obra.
El 2 de noviembre del 2017, Javier López Romaní, entonces fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, le envía a Hamilton Castro, titular del Equipo Especial del caso Lava Jato, el informe Nº 02-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/8ºDE-JELR, en el que se hace referencia a las anotaciones sobre el Gasoducto obtenidas del teléfono de Marcelo Odebrecht y compartidas por la justicia brasileña.
“En cuanto a las expresiones “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”, “Perú (gas como oportunidad de aproximación /alineación tú farm out PB”, “Perú, ¿Ruta del Sol?” y “Cash Angola y Perú”, debe precisarse que en cuanto a Humala se investiga el caso 12-2017, referido a una presunta concertación entre funcionarios de su Gobierno con los representantes de la empresa Odebrecht en el proyecto Gasoducto del Sur”, señala López Romaní.
Añade que dada la condición de su condición de expresidente, el despacho fiscal donde se originó esta investigación, ha procedido conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución y del Código Procesal Penal.
“En cuanto a las expresiones que se precisan como información compartida, debemos señalar que la expresión “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”) podría estar vinculada al interés de la empresa Odebrecht en el proyecto Kuntur o Gasoducto, no pudiéndose precisar con mayor detalle a cuál de los proyectos antes mencionados estaría relacionada, al no tenerse la fecha en la que se emitió dicho mensaje, a fin de contextualizarlo”, indica.
En ese sentido, agrega que independientemente de qué proyecto se trata, “podría configurar un indicio del interés de la empresa Odebrecht respecto de esos proyectos los cuales forman parte del objeto de investigación en el caso Nº 12-2017”.
Es por eso que el fiscal sugiere que, vía cooperación internacional, se recabe la declaración de Marcelo Odebrecht para que aclare y explique el contexto de dicha anotación.
Tía María: congresistas y grupos radicales están azuzando al pueblo
Por FRANCO MORI PETROVICH- Diario EXPRESO.
El riesgo de que el proyecto minero Tía María termine siendo una quimera más, como ocurrió con Conga, ha despertado preocupación. Y es que ante un Gobierno que no puede sentar las bases del diálogo y una empresa que no puede iniciar la construcción de la mina, se reorganizó cierta izquierda que junto al pueblo de Cocachacra, lidera desde el lunes 15 de julio un paro indefinido con el objetivo de dejar sin efecto la licencia.
De caer Tía María, no solamente se pierde una oportunidad para generar más empleos, sino que posicionará al Perú como un país no amigable para las grandes empresas que buscan invertir. Así lo dijo a EXPRESO la abogada Maria Cecilia Villegas, especialista en diseño de políticas públicas y gerencia de proyectos de ingeniería.
“Perderemos crecimiento económico, perderemos desarrollo y perderemos puestos de trabajo. Pero lo que más perderemos es competitividad. El Perú es un país minero, quieras o no, y si se cae Tía María, como cayó Conga, perderemos la posibilidad de atraer en el mercado a grandes empresas para que hagan una inversión sostenible”.
Marco Arana, congresista y líder del Frente Amplio, aseveró que el proyecto no va porque es “de alto impacto ambiental, de uso extensivo de agua, pero que además trae de por medio la elaboración de tajos abiertos en una provincia donde las concesiones mineras alcanzan el 65% del territorio (…)”.
Sin embargo, las informaciones del líder izquierdista no se ajustarían a la verdad. Villegas explicó que no hay ninguna razón para pedir que se anule la licencia de construcción porque el Estado ya pudo absolver todas las inquietudes en torno a un posible impacto negativo al medio ambiente. “No sé a qué observaciones se refiere Arana, pero todas ya fueron levantadas por la empresa. Cuando se reciben observaciones, la empresa tiene el deber de levantarlas, de lo contrario no debe proceder con sus proyectos. ¿Y cómo las levanta? Proponiendo cambios o explicando el detalle de por qué los procedimientos son válidos”, dijo Villegas a este diario.
El problema de fondo es la ausencia del Estado en las comunidades para brindarles información real respecto del impacto del proyecto y darles la tranquilidad necesaria de que no ocurrirá nada en desmedro de su salud. Ya el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anticipó que el Gobierno de Martín Vizcarra no ha adoptado un mecanismo para poder abrirse al diálogo fructífero con los actores de un conflicto social. “No tenemos un sistema, no tenemos una inversión, no tenemos políticas públicas con enfoque de conflicto (…) lo que tenemos es una gestión demasiado contingente, enfocada en la coyuntura”, criticó.
Dada esta situación, expone Villegas, los grupos radicales aprovechan en azuzar al pueblo con ideas que no se acomodan a la verdad. “Las comunidades cercanas a Tía María están absolutamente abandonadas por el Estado, y ante esta ausencia, las dudas que se suscitan son válidas. Pero, ¿qué es lo que sucede? La desconfianza que tienen los pobladores es alimentada por líderes antimineros cuyos únicos objetivos son políticos”, explicó Villegas.
Recordó, además, que Marco Arana llegó al Congreso de la República luego de su rol protagónico en contra del proyecto minero Conga, en Cajamarca. Al día de hoy; no obstante, Cajamarca se encuentra en una recesión económica imparable, escenario que no hubiera ocurrido con una adecuada presencia del Estado que evite la frustración de la obra.
“¿Qué paso con Cajamarca después de Conga? Los indicadores sociales y económicos de Cajamarca, durante las operaciones mineras, fueron mejorando. Pero, cuando Conga finalmente fue suspendida (y uno de los artífices fue Arana), todos los indicadores se fueron al tacho y ahora Cajamarca está en una recesión”, expuso.
“Los congresistas del Frente Amplio no están diciendo la verdad. Tenemos, lamentablemente, a un montón de líderes, congresistas y antimineros que lo que hacen es mentirle a la población para que, en base de la mentira, la población se asuste y marcha. A la población de Cocachacra vienen estos señores a decirles que se va a contaminar el agua y que se van a morir, así se suscita el miedo. ¿Dónde está el Estado?”, finalizó.
Más movidas en la Fiscalía y mayor malestar
Por Mariella Balbi- Político.pe
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, publicó una resolución en El Peruano que indica que la politización de la Fiscalía continúa en marcha y con fuerza. Bersabeth Revilla Corrales ha sido designada como fiscal suprema provisional y ocupará la segunda Fiscalía Suprema que ve las denuncias contra altos funcionarios.
Lo sorprendente es que Revilla Corrales era la adjunta suprema titular del fiscal Pablo Sánchez, reemplazándolo cuando este se ausentara. Ahora Sánchez tiene a su cargo la primera Fiscalía Suprema y Revilla tendrá la segunda; le cayó del cielo la designación. La ‘familia’ fiscal prospera y se mantiene en el poder.
Días atrás conocimos la decisión de Zoraida Ávalos de incorporar a su despacho a la fiscal provincial penal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, esposa del cuestionado comandante de la Policía Nacional, Harvey Colchado quien dirige de arriba abajo el caso Cuellos Blancos.
Gutiérrez tendrá al tanto a la fiscal de la Nación –que no tiene la especialidad penal– de los casos de corrupción de altos funcionarios. Y desde ahí distribuirá los expedientes de ministros, congresistas, vocales y fiscales supremos a las fiscalías de Sánchez y Revilla, decidiendo si se les lleva a juicio o se archiva.
El fiscal supremo Jesús Fernández, recientemente nombrado, solo se abocará a los altos funcionarios relacionados con el caso Cuellos Blancos. Entonces, son cuatro los fiscales que se dedicarán exclusivamente a estos burócratas de alto rango.
El malestar en la Fiscalía es fuerte porque para ser designado fiscal supremo provisional como Bersabeth Revilla Corrales hay que tomar en cuenta la antigüedad. El fiscal más antiguo está en el departamento de Huánuco y en Lima hay más de siete magistrados que llevan ventaja en años de servicio a Revilla. En la Fiscalía se sabe que si el más antiguo tiene denuncias por corrupción se elige al siguiente en la línea de la carrera fiscal. El objetivo de toda esta movida es tener a merced de la Fiscalía el destino judicial de congresistas, ministros y otros funcionarios de alto rango. Entretanto, el Congreso ha citado nuevamente al fiscal Gonzalo Chávarry el lunes próximo.