Nuevos y necesarios aires en el Ministerio de Cultura

Por Cecilia Bákula- ElMontonero.pe
No es una novedad, por más triste que sea, que el sector cultura viene teniendo un desempeño opaco, por decir lo menos. Y que eso perjudica a la creatividad cultural de los peruanos, nuestro riquísimo patrimonio, a su promoción y puesta en valor, así como su férrea defensa. En el lapso de este período gubernamental -es decir, en menos de tres años- esa cartera ha estado bajo la responsabilidad de siete ministros: Nieto, Del Solar, Neyra, Balbuena, Valencia, Holmquist y Castillo, lo que arroja una permanencia de pocos meses en muchos casos. Y por ello, dificultad para implementar acciones conducentes a esa necesaria y deseada buena marcha del sector.
No obstante, el reciente nombramiento de Luis Jaime Castillo, quien fue ya viceministro, permite suponer que su experiencia administrativa y su propia formación, representan una especie de primavera para el sector. Son muchas las áreas en las que el recientemente designado Ministro de Cultura debe actuar y hacer sentir su opinión y acción. Podríamos mencionar solo algunas de ellas que están sobre el tapete, pero que sobresalen entre las otras muchas responsabilidades que debe asumir.
Me permito señalar, por ejemplo, la necesaria definición del sector responsable del patrimonio cultural de la nación respecto a casos emblemáticos como el de Chinchero en el Cusco y la situación de indefensión en que está el área declarada y protegida del Morro Solar. Ello, frente a la supuesta “severidad” con que en el ministerio de cultura se ven otros proyectos, en áreas que carecen del valor, vestigios y significado de los dos mencionados.
Otro asunto serio es el crecimiento de la población administrativa al interior de ese ministerio, que ha logrado ser un laberinto de áreas, dependencias y trámites; una población que cuenta con personas que duplican funciones, y que opinan de manera contradictoria y opuesta. Además hay abundancia de consultores y asesores. Y todo ello no sería tan grave si no fuera porque los resultados de ejecución, gestión, visibilidad, protección y difusión del patrimonio cultural exhibiera éxitos, lo que lamentablemente no sucede. Pareciera que el personal técnico y de confianza se rotara; uno los ve en diversos puestos, con diferentes responsabilidades, en lo que podríamos llamar una especie de “auto reciclaje”.
Un asunto que sigue siendo preocupante es el de la situación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, conocido popularmente como el Museo de Pueblo Libre. Ha sido cerrado por un período aproximado de dos años, lo que quiere decir que, en el mejor de los casos, se reabriría hacia el fin de este Gobierno y con ocasión de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. Muchas inquietudes se presentan: ¿esa renovación, cuenta con expediente técnico? ¿Hay una propuesta museográfica moderna sustentada, presupuestada y con dinero suficiente ya asignado? ¿Se va a renovar la totalidad de ese Museo o solo la parte de arqueología? ¿Es una renovación a nivel de obra civil o de museografía? ¿Existe un equipo técnico multidisciplinario trabajando en ello? Son preguntas que con derecho uno se hace, ya que ese Museo recibía a la mayor cantidad de escolares de la ciudad, siendo una visita obligada para los estudiantes que no cuentan con una opción similar.
Respecto al tema de los museos, el tan zarandeado MUNA sigue en el ojo de la tormenta. Y si bien la parte de infraestructura pareciera estar concluida, sigue siendo un tema pendiente el del guion museográfico, que debiera ser extraordinario, acompañado de una museografía en la que recursos técnicos y didácticos de última generación sean implementados para que ese espacio no resulte solo un lugar de exposición, sino un lugar de comprensión de la historia nacional, de la riqueza de nuestro territorio y semilla de identidad, sentido de pertenencia y orgullo. Pero ese MUNA se ha planteado como un museo de arqueología; entonces, nos preguntamos ¿y la visión de la historia republicana?, ¿nuestro tiempo virreinal?, ¿la comprensión del período emancipador, conducente a la gesta y formación del Perú?, ¿la historia de estos 200 años?, ¿tendrá un espacio en nuestra capital?
Quizá le corresponda al ministro Castillo enfrentar estas inquietudes y dar tranquilidad a la población; explicar con transparencia los proyectos, los cronogramas, y permitir que haya participación de quienes tienen mucho que aportar. Si esa apertura no se da, tendremos que sentir una vez más que la cultura es una cenicienta y que, lamentablemente, no está incluida en el discurso político de estos tiempos.
Quiero pensar, ¿soñar?, que esta será una gestión realmente positiva y constructiva; que el sector cultura va a tener una voz alta y firme, gran presencia y visibilidad. Quizá entender que sin cultura no hay desarrollo posible, sea una buena máxima para todos.

Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Defensoría cuadran a Vizcarra

Luego de que el jueves pasado el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunciara que los integrantes de ese organismo habían tomado la decisión unánime de no participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, el sábado se presentó oficialmente un proyecto de ley para su retiro formal. ¿Cómo? Pues contemplando la derogación del inciso e del artículo 2 y el inciso g del artículo 6 de la Ley 30942 que, a propuesta del gobierno de Martín Vizcarra, creaba dicho Consejo.
El Tribunal Constitucional fundamenta el documento en la incompatibilidad de la labor de “órgano de control de la Constitución” –según el artículo 201 de la Carta Magna de 1993– con su participación en ese Consejo. Sin embargo, de acuerdo con información obtenida por El Comercio los verdaderos motivos para que su retiro fueron los pedidos de reuniones privadas que habría efectuado el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
Fuentes del Tribunal señalaron al Decano que su Ley Orgánica establece que este solo se rige “por la Constitución y la Ley orgánica”. “Entonces, si bien es cierto que hubieron pedidos muy informales del Consejo Ejecutivo que querían conversar, no se puede estar en ese plan de informalidad y se debe tener una distancia de eso”, manifestaron.
Pero esta no ha sido la única señal de por parte de las autoridades involucradas en la reforma promovida por el Gobierno. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, “lamentó” por su lado que haya sido precisamente Vizcarra el elegido para presidir el Consejo de esta reforma.
“La ley dice que se elige (a quién preside el consejo) y se ha elegido al presidente de la República LAMENTABLEMENTE. Obviamente podría modificarse dentro del seno del propio consejo. Ojalá haya voluntad de todos para que sea otro el que presida”, declaró.
A su turno, en entrevista para Canal N el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, remarcó que el presidente de la república no puede interpretar el voto de confianza otorgado por el Congreso e invocó a Vizcarra a no “coactar” a otro poder.
“Ya se ha dado el voto de confianza. Ya se dio. No se puede coactar a un poder del Estado. Podemos cuestionar, podemos discutir, podemos disentir, podemos tener una posición disidente o violentamente frontal a la reforma, pero no podemos decir ‘yo tengo aquí una situación de dependencia al voto de confianza’. El voto de confianza es un acto y se dio. Punto”, expresó Gutiérrez quitando piso a las presuntas intenciones del mandatario de utilizar ello de pretexto para disolver el Parlamento. Fue más allá, incluso, cuando cuestionó la incapacidad del Ejecutivo para resolver los problemas sociales y puso como ejemplo a Tía María, proyecto que justamente desde este lunes afrontará un paro.
“No han manejado bien, no han seguido las recomendaciones que han sido planteadas por la Defensoría del Pueblo. No tenemos un sistema, no tenemos una inversión, no tenemos políticas públicas con enfoque de conflicto (…) tenemos una gestión demasiado contingente, enfocada en la coyuntura”, criticó.
Fuente: Político.pe