Por Percy García Cavero– Político.pe
Pedro Salinas Chacaltana ha comenzado una nueva peregrinación por distintos medios de comunicación. Denuncia ahora un juicio parcializado en favor del monseñor Eguren, amparándose en mentiras clamorosas que son asumidas acríticamente por sus entrevistadores o amigos solidarizados.
Mediáticamente, el objetivo es claro: presionar a la jueza para que –pese a las claras difamaciones– lo absuelva, o descalificarla desde ya en caso lo declare culpable. Consideramos que es oportuno poner en conocimiento de la opinión pública cuáles son esas mentiras:
1. Ha dicho que la querella es una venganza por la investigación contenida en el libro Mitad monjes, mitad soldados. En ninguna parte de la querella se menciona una línea del mencionado libro. La querella se sustenta exclusivamente en sus afirmaciones de que monseñor Eguren le conoce “todas sus cosas” a Luis Fernando Figari, que es el creador del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Sodalicio, y que es el personaje central del tráfico de tierras en Piura realizado por la organización criminal la Gran Cruz (“El Juan Barros Peruano”, La Mula, 20 de enero de 2018 y en entrevista del 24 de enero de 2018 en No hay Derecho, Ideele Radio).
2. También ha afirmado que el proceso debería tener lugar en Lima puesto que el delito se habría cometido en esa ciudad. Esto es inexacto y desinforma a la opinión pública. El artículo 5 del Código Penal establece que el lugar del delito es donde “se producen sus efectos”, lo que en una difamación es el lugar en el que se desenvuelve socialmente el agraviado (en el caso de monseñor Eguren es, innegablemente, Piura). Seguir el criterio del señor Salinas implicaría que cualquier periodista podría hacer un artículo difamatorio en, por ejemplo, Ecuador y difundirlo por todo el Perú sin que pueda ser sancionado por las leyes peruanas.
3. Afirma que la jueza ha rechazado la declaración de tres testigos, uno de ellos presencial. Pero lo cierto es que la jueza ha admitido en juicio la declaración de todos los testigos ofrecidos por la defensa del señor Salinas (así consta en audio del 28 de diciembre de 2018). Ninguno ha sido rechazado.
4. Dice que resulta sospechosa la falta de intervención de la Fiscalía en el proceso penal. En un delito que se persigue por querella, como es la difamación, el Ministerio Público no interviene.
5. Reiteradamente insiste en que le preocupa y le llama la atención la celeridad con la que se están realizando las audiencias en el proceso, lo que evidenciaría la intención de la jueza de condenarlo. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece que el juicio se hace en audiencias continuas e ininterrumpidas. Entre cada audiencia no puede existir más de ocho días hábiles, lo que se ha venido cumpliendo en el proceso.
6. Ha denunciado que la jueza ha compactado las audiencias para los días 24, 25, 28, 30 y 31 de enero de 2019 con la finalidad de condenarlo en la última fecha. Lo cierto es que la juez consultó a las partes si las audiencias podían realizarse en esas fechas, ante lo cual el señor Salinas y su defensa legal estuvieron conformes (así consta en el audio del día 14 de enero de 2019).
7. Dice que litigar en Piura le genera gastos emocionales y económicos porque tiene que venir él y sus testigos a Piura. La jueza ha sido clara al decir que el señor Salinas no tiene que venir a las audiencias y que todas las declaraciones se podían realizar por Skype.
8. Señala reiteradamente que monseñor Eguren quiere meterlo preso en una cárcel de Piura. En la audiencia del 18 de diciembre de 2018, la defensa de monseñor Eguren pidió que, aun siendo encontrado culpable, el señor Salinas no reciba condena alguna sino solamente que se determine si difamó o no. Eso significa que en ningún caso el señor Salinas va a ir preso.
9. Permanentemente dice que monseñor Eguren tiene un poder fáctico en Piura, por lo que los jueces de esta ciudad sentenciarían a su favor. Si ese temor fuese fundado, la defensa del señor Salinas debió solicitar una transferencia de competencia para llevar el caso a otro distrito judicial (artículo 39 del Código Procesal Penal). Eso nunca ha sido planteado.Este sumario de inexactitudes y mentiras parecería mostrar una intención de desinformar por parte del señor Salinas. Al menos, podemos decir que habla con ligereza y sin conocimiento de causa.

¿Piura o Lima?

Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Como periodista creo en la libertad de expresión y de opinión. En lo que no creo es en la difamación. Si alguien se siente difamado o injuriado por una información falsa tiene todo el derecho de recurrir a los tribunales, porque NADIE –ni siquiera los periodistas– pueden difamar.
Es cierto que muchas veces quienes quieren evitar que se hable de ellos empapelan a los periodistas con demandas de difamación. Es una táctica para hacerlos callar. Pero también es cierto que muchos periodistas se pasan de la raya y presentan informaciones falsas o tendenciosas escudándose en la libertad de expresión. Es aquí cuando entran a tallar el código penal y los tribunales por quienes se sienten afectados. Cuando esto sucede, se ha convertido en un clásico que ciertos periodistas aleguen “atentados” contra esa libertad fundamental y el “gremio” se solidarice con los demandados en atención  a preservar esas libertades. Es algo automático pues es prácticamente un anatema analizar si el periodista tiene razón o no, ya que según el “gremio” siempre tendrá razón, en una confirmación del aforismo de que “otorongo no come otorongo”.
No voy a analizar aquí si el periodista Pedro Salinas tienen razón o no en su disputa judicial con monseñor Eguren, el obispo de Piura. Este le puso una querella por difamación porque según él, difundió públicamente “información negativa en contra de su buen nombre, su fama y su honor, especialmente cuando es falsa (diccionario)”. Es su opinión. Los tribunales decidirán si tiene o no razón. Pero he ahí, precisamente, el tema de análisis.
Tanto el periodista demandado como el “gremio” han salido con voz casi unánime a cuestionar a la jueza por presuntamente carecer de la independencia necesaria con base al lugar de la sede de su judicatura en Piura. Se dice entonces que en Piura existe una influencia social muy marcada del obispo Eguren y del Sodalicio en la vida cultural, educativa, política y económica, que no permitiría que los jueces sean independientes, perjudicando el derecho del periodista. Estos piden junto con el “gremio” que el juicio sea llevado a Lima, para que sea justo.
Yo creo que sería “justo” para Salinas (sin duda) pero no lo sería para con el obispo. Porque seamos claros: mismo que alegan el periodista y el “gremio” para cambiar la sede judicial de Piura lo podría alegar el monseñor Eguren sobre Lima.
En Lima, el susodicho Salinas tienen un poder que se expresa en los sendos editoriales y columnas de opinión de casi todos los diarios y medios de comunicación que se han solidarizado con él (sin entrar al fondo del asunto). Eso es un gran poder, tomando en cuenta cómo está operando la justicia del aplauso en casos que son de público conocimiento. A eso se agrega la amplia red de conexiones que el demandado tiene en la Fiscalía y el Poder Judicial, como se comprobó cuando le organizó –a través de su poderosa consultora de comunicaciones y relaciones públicas CHISAC– un almuerzo de 15 mil soles con periodistas top del “gremio” al exfiscal de la nación Pablo Sánchez. ¿Qué posibilidades tiene Eguren de que la hagan justicia en Lima?
Y, por último, si Piura no es una sede idónea para que se le haga justicia ¿por qué nunca solicitó en el proceso una transferencia de competencia para llevar la demanda a otro distrito judicial? O sea, ¿nos quedamos en Piura o nos vamos a Lima? ¿O todo es puro bululú?