El vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Fosca Pastor, renunció ante la Asamblea Universitaria luego de los cobros excesivos por pagos fuera de fecha a los universitarios.
“Mis más sinceras disculpas por los errores y omisiones que llevaron a esta penosa situación“, se lee en la carta de renuncia del vicerrector.
Fosca Pastor se disculpó con los universitarios por este mal manejo de la casa de estudios. “Lamento profundamente los perjuicios morales y materiales que estos hechos pudieran haber ocasionados en las familias de nuestra comunidad“, agregó.
Por su parte, un grupo de decanos de la PUCP se unen para reafirmar su compromiso con la formación de los estudiantes, “un principio central de nuestro modelo educativo“.
“Como autoridades académicas legítimas pedimos disculpas a las y los estudiantes afectados y a toda la comunidad universitaria por el perjuicio ocasionado como resultado de las decisiones del rectorado en torno al cobro de las moras realizado desde noviembre de 2012”, se lee en el manuscrito.
Fuente: Diario Correo.

Todos los sueldos de la PUCP

Uno de los principales cuestionamientos que esgrimen las autoridades de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), en el caso de la herencia de José de la Riva Agüero, es que su oponente en aquel litigio, el cardenal Juan Luis Cipriani, tiene un marcado interés económico sobre aquel legado, que en la actualidad constituye un inmenso patrimonio de S/784 millones.
Sin embargo, los apetitos materialistas parecerían estar presentes detrás del discurso aparentemente desinteresado -hasta romántico- de muchos directivos y personal del centro de estudios que se oponen tercamente a la inapelable sentencia del Tribunal Constitucional y orden papal que benefician a Cipriani, liderados por el rector Marcial Rubio, todos ellos en sintonía con la ideología conocida coloquialmente como “caviar“.
Fuentes internas de la PUCP, que se manifestaron como “católicos muy indignados“, alcanzaron sorpresivamente a esta Casa Editora lo que sería el secreto mejor guardado de dicho claustro: unas jugosas planillas de algunos afortunados.
También nos mostraron gastos en supuestas “comodidades” para algunos suertudos, como vehículos. Todo esto sería solventado con el dinero que los alumnos desembolsan cada mes por sus elevadas pensiones, así como los ingresos productos del ahora desobedecido testamento del católico benefactor Riva Agüero.
Según como figura en esta relación -de fuentes dignas de absoluto crédito, repetimos- el rector Rubio percibiría nada menos que unos altísimos S/80 mil cada mes. El rector ganaba nada menos que unos suculentos S/40 mil mensuales y se aprecia este fuerte e inexplicable aumento. Es más, en diciembre Rubio habría recibido un aguinaldo de poco más de S/118 mil, o sea casi tres sueldos juntos de aquel entonces. ¿Por qué?
En carretilla
De otro lado, nos informaron que el decano de Derecho -y padre del presidente de la FEPUC- Walter Albán ganaría unos S/35 mil mensuales (éste también es abogado de la universidad en el litigio con el Arzobispado). Hace cuatro meses Albán habría recibido S/17 mil al mes y en la última Navidad se le habría abonado S/51 mil.
Mientras que la vicerrectora de Investigación de la PUCP, Pepi Patrón Costa, ganaba unos S/35 mil, pasando a cerca de unos envidiables S/70 mil. Y las remuneraciones del conocido Salomón Lerner Febres habría subido de alrededor de unos nada despreciables S/30 mil mensuales a poco más de S/60 mil en el mismo lapso.
Más nombres: Luis Peirano, director académico de Relaciones Institucionales, obtendría mensualmente nada menos que S/38 mil. Percibió S/18 mil y en diciembre último le habrían pagado S/56 mil.
La relación es más larga y la seguiremos revelando próximamente.
Lo que resulta más extraño de esta historia es que muchas autoridades y catedráticos de la PUCP hayan aparentemente comenzado a percibir el doble de lo que habrían ganado como sueldo hasta ese momento. Como se recordará, la indemnización por pérdida del puesto de trabajo se hace en base al último ingreso, es de un sueldo y medio al año y con un límite de 12 años. ¿Posible explicación al supuesto tremendo aumento?
Hemos publicado esta información por ser éste ya un tema de interés público, por elemental transparencia y porque afecta los bolsillos de muchos estudiantes al solventarse los sueldos del claustro en gran parte por ellos. Toca a los mencionados aclarar ante la comunidad universitaria sobre estos supuestos tan elevados ingresos, lo cual sería muy interesante y justo para todas las partes.
¡En coche!
En Registros Públicos figuran en total 22 vehículos a nombre de la PUCP. Pero ha sido en los últimos nueve años que esta universidad ha comprado la mayor parte de esa flota.
Entre automóviles, camionetas y una motocicleta -que pueden ser usados para fines particulares por los directivos y el personal universitario-, el centro de estudios de Pando gastó US$277,670, dinero que proviene del pago mensual que realizan los estudiantes.
La última adquisición, durante la actual gestión de Marcial Rubio, fue un auto negro del 2010 (Toyota, sedán camry), que circula con la placa B3C393, cuyo precio fue de US$36,500.
También se compraron otros automóviles marca Toyota: el sedán Avensis azul, placa COO430 (US$29,300); sedán Avensis azul, placa BQN021 (US$28,900); sedán Corolla gris, placa CGH692 (US$19,850); sedán Yaris gris, placa CGJ829 (US$14,460) y el sedán Yaris azul, placa CGK154 (US$14,460).
Además la PUCP adquirió varias camionetas. Veamos: pick up Volkswagen Amarok gris, placa B7A877 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok beige, placa B7C898 (US$35,250); pick up Volkswagen Amarok plata, placa B7J848 (US$35,250) y pick up Toyota Hi Lux 4×4 azul, placa PIN223 (US$24,870).
Y en la relación aparece la motocicleta blanca Honda XL200, con placa MG35059, que tuvo un costo de US$3,580.
¿Quiénes conducen estas máquinas? Sería muy positivo que el rector Rubio detalle quiénes suelen ir al volante de estos vehículos.
Fuente: Diario Correo.

Elitistas

Por ANDRÉS CALDERÓN– Diario El Comercio.
Hace seis años, en el 2012, se aprobó una norma nefasta para la educación superior. “Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados”, pomposamente se llamó. Lo que hizo, en realidad, fue poner en riesgo las finanzas y la sostenibilidad de las universidades e institutos.
En sencillo, la norma prohíbe que los centros educativos suspendan el servicio a los alumnos que no paguen pensiones. Esto puede propiciar que algunas personas no paguen puntualmente y lo hagan recién al empezar un nuevo ciclo. Eso le quita liquidez a la universidad o instituto, como le pasaría a cualquier otra persona o empresa a la que le paguen recién al quinto o sexto mes de prestado el servicio.
Para sumar males, en el 2015, la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi interpretó que esa ley prohibía cobrar penalidades a los alumnos morosos. Solo podía cobrar intereses teniendo como tope la tasa máxima fijada por el BCR.
Me parece una pésima ley, y una malísima interpretación la del Indecopi. Pero ni yo ni ninguna universidad estamos por encima de la ley.
Por eso, me sorprendió penosamente la reciente entrevista que tuvo Marcial Rubio, rector de la PUCP, con Rosa María Palacios, cuando reconoció que en el 2012 “la universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Añadió algunas expresiones entre fatalistas y mesiánicas como aparentes justificantes del cobro que excedía el tope legal: “No podía poner en riesgo la sobrevivencia de la universidad”, “[nos encontrábamos en] estado de necesidad”.
Con todo el cariño que tengo por mi alma máter y el respeto por sus autoridades, aquellos son argumentos bochornosos. Personalmente, creo que la ley no prohíbe el cobro de estas penalidades y, en última instancia, la resolución del Indecopi del 2015 no es un precedente obligatorio ni vincula a otras universidades (el caso se resolvió contra la Universidad Alas Peruanas). Pero si Marcial Rubio y la PUCP advirtieron desde el 2012 –como ha señalado el rector– que bajo su lectura sí estaban incumpliendo la ley, es insólito que una institución educativa anteponga su propio bienestar al respeto de la legalidad.
No voy a decirle a un rector cómo debe conducir una universidad, pero sí puedo recordar qué es lo que pasa con cualquier persona, asociación o empresa a la que la ley le corta los ingresos (imagínense un alza en los impuestos). No importa si tiene o no fines de lucro. Para sobrevivir, tendrán que generar nuevos ingresos (nuevos productos, subir los precios, etc.) o reducir los costos (despedir trabajadores, reducir inversiones, etc.). No hay otra, papá.
Engañar a los consumidores (universitarios) para que los financien forzosamente sin saberlo no es una opción. Ni ética ni legal. Sí es, en cambio, una demostración de elitismo: el creerse encima de la ley, y por encima de los demás mortales que sufren también las nocivas consecuencias de normas espeluznantes… pero las cumplen.

Referéndum: ¡No a la bicameralidad!

25 de agosto de 1919: Referéndum de reforma constitucional
El referéndum de 1919 es aquel del que menos datos se tiene. Basta revisar la cobertura mediática de la época, en el archivo histórico del diario El Comercio, para observar que una consulta de este tipo no acaparaba la atención de hoy.
En la portada del 27 de agosto, se daba cuenta de que el comité ejecutivo del Partido Socialista reclamaba por irregularidades en el proceso.
En aquel año, el presidente Augusto B. Leguía emitió dos decretos: el 10 de julio, uno llamando a elecciones congresales para el 24 de agosto y otro para convocar a un referéndum de reforma constitucional para el 25 de agosto, tras su autogolpe del 7 de abril.
La población aprobó la reforma de la Constitución y el nuevo Congreso acordó el periodo presidencial de cinco años, entre otras medidas.
18 de junio de 1939: Referéndum de reforma constitucional
En la consulta de 1939, convocada por el presidente Óscar Benavides, ya figuraba la noticia en la portada del diario decano de la prensa nacional.
En la parte inferior de la edición del 18 de junio, se lee “Plebiscito Nacional de 1939”. Se daban cinco indicaciones a los ciudadanos que votarían: advertían que quien no vote tampoco podrá hacerlo en las elecciones generales que se desarrollarían en octubre, informaban que se podía votar en cualquier mesa de sufragio, y que, para ejercer ese derecho, se debía presentar la libreta electoral.
Aquel mismo día, en las páginas interiores, se publicó una nota con los centros de votación en Lima.
En este referéndum se consultó a la ciudadanía algunas reformas constitucionales, las cuales fueron aprobadas por casi el 90% de la población.
31 de octubre de 1993: Referéndum de nueva Constitución
“Casi 12 millones de ciudadanos van hoy al referéndum para ratificar o rechazar el texto de nueva Constitución”, era el titular y bajada de la nota en portada de El Comercio del 31 de octubre de 1993.
En aquella oportunidad, según la misma nota, funcionaron 63,149 mesas de sufragio, las cuales estuvieron ubicadas en 20,921 centros de votación. El horario para votar iba de 8:00 a.m. y se prolongaba hasta las 5:00 p.m.
La nueva Constitución, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, contemplaba, entre otras cosas, la instauración del sistema unicameral en el Congreso.
Al día siguiente, El Comercio abrió su portada así: “Se aprobó en referéndum nueva Constitución Política”. Recogía datos extraoficiales dando cuenta de que el Sí ganó con 53.1% al No, que llegó al 46.9%.
3 de octubre de 2010: Referéndum sobre pago por Fonavi
El domingo 3 de octubre de 2010 se sometió a referéndum la aprobación del proyecto de ley que aprobaba la devolución del dinero a los trabajadores que aportaron para el Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda), luego de que el Tribunal Constitucional de entonces determinara que esto no era un tributo, figura que no se puede consultar a la ciudadanía.
¿Qué es el Fonavi? Un fondo creado en 1979 por el presidente Morales Bermúdez para dar préstamos a quienes querían construir o adquirir viviendas. En el tiempo, la plata fue desapareciendo.
La consulta acabó con una clara victoria del Sí, que obtuvo el 66.474% de respaldo. El No solo llegó al 35.526% de votos válidos. Hasta hoy se sigue devolviendo cada seis meses el dinero a los contribuyentes.
17 de marzo de 2013: Referéndum de revocatoria en Lima
Colectivos ciudadanos, que tenían a la cabeza al abogado Marco Tulio Gutiérrez, se unieron para solicitar al JNE la convocatoria de un referéndum para revocar a quien era alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y todos los regidores de la Municipalidad Metropolitana de la capital.
Gutiérrez sostenía que la principal razón para destituir a Villarán de su puesto era su “extremada incompetencia” para dirigir la ciudad.
La consulta, realizada el 17 de marzo de 2013, culminó con la ratificación de Villarán en el cargo, pero con la vacancia de casi todos sus regidores -incluidos Eduardo Zegarra y la actual congresista Marisa Glave-, a excepción de Hernán Núñez, quien se convirtió en su teniente alcalde. El No ganó con 51.2%, mientras que el Sí obtuvo 48.8%.
9 de diciembre de 2018: Referéndum de reforma constitucional
1. Crear Junta Nacional de Justicia que reemplace al CNM: Si 86.6% No 13.4%
2. Fiscalización del financiamiento de partidos políticos: Si 85.9% No 14.1%
3. No reelección de congresistas: Si 85.9% No 14.1%
4. Retorno a la bicameralidad: No 90.6% Si 9.1%
Fuente: Diario Perú21.

Fiscalía abrió investigación preliminar por ‘chuponeo’ a Alan García

El Ministerio Público dispuso abrir investigación por las presuntas interceptaciones telefónicas a Alan García, luego que expresidente denunciara la presencia de un vehículo del Ministerio del Interior para este fin en los exteriores de su casa, en Miraflores.
A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, a cargo de la fiscal Janet Bernal Loayza, inició una investigación en torno a este caso.
“La decisión fue adoptada luego de diligencia dirigida por el fiscal adjunto, Erick Silverio Linares, en que se dispuso el lacrado del vehículo y su custodia a cargo de la comisaría de San Antonio para ser sometido a peritajes”, señaló la institución.
El expresidente Alan García denunció una presunta interceptación de sus comunicaciones por parte del Ministerio del Interior y culpó al jefe de Estado, Martín Vizcarra, por esta situación.
“Me parece muy grave y dice muy poco del Estado de derecho en Perú. Creo que esto no es dable y menos en vísperas de un proceso electoral y un referéndum. Lamento mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha (…). El gran responsable es Vizcarra”, sostuvo a la prensa.
El ministro del Interior, Carlos Morán, negó esta posibilidad y, todo lo contrario, aseguró que el vehículo en cuestión estaba en las inmediaciones de la casa de García Pérez para brindar seguridad, a pedido de gente del entorno del aprista, para que no se repitan incidentes como el protagonizado por el exministro Luis Alva Castro, golpeado a las afueras de la residencia del embajador de Uruguay.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Denuncian “prácticas montesinistas” del Mininter en casa de Alan García

Un grupo de simpatizantes del expresidente Alan García se percató de que una sospechosa camioneta blanca de placa EPC-280 merodeaba las inmediaciones de la vivienda del líder aprista. Para sorpresa de los “compañeros”, el vehículo con varios sujetos a bordo era de propiedad de nada menos que del Ministerio del Interior.
Y lo más reprochable es que estos sujetos que iban a bordo de la camioneta fungían de periodistas (la unidad tenía un cartel de “prensa” como si movilizara a hombres de prensa). Ante ello, por medio de las redes sociales, allegados al partido de la estrella han denunciado que el gobierno del presidente Martín Vizcarra estaría “chuponeando” al exmandatario.
“Martín Vizcarra debe responder por seguimiento a Alan García. La Fiscalía debe intervenir de inmediato”, escribió en Twitter Omar Quesada, mientras que el excanciller Luis Gonzales Posada se preguntó: “¿dónde están los fiscales para que intervengan el carro?”?
Las reacciones continúan como una montaña rusa. ¿Se viene la interpelación o una nueva renuncia?
Fuente: Político.pe

José Lecaros: presidente del Poder Judicial

Por Mario Mejía Huaraca– Diario El Comercio.
El vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo fue elegido como presidente del Poder Judicial para el período 2019-2020 en un proceso electoral cuyo resultado llamó la atención porque –por primera vez en la historia de la Corte Suprema– los votos en blanco y viciados superaron a los votos de respaldo al candidato ganador.
En la segunda vuelta de la elección, José Lecaros obtuvo seis votos, mientras que la otra candidata, la magistrada suprema Elvia Barrios, solo cuatro. Otros siete jueces votaron en blanco y uno vició su voto.
Según pudo conocer El Comercio, los que votaron a favor del magistrado arequipeño en la segunda vuelta fueron Ángel Romero, Duberlí Rodríguez, Josué Pariona, Vicente Walde, Aldo Figueroa y el propio Lecaros.  En tanto, la juez huancavelicana Elvia Barrios recibió el respaldo de Francisco Távara, Javier Arévalo, Martín Hurtado, además del suyo.
Cabe recordar que en la elección del 2016 Duberlí Rodríguez ganó en segunda vuelta con 13 votos, mientras que Elvia Barrios obtuvo 7 votos.
Cinco de los jueces que votaron en blanco esta vez fueron los que apoyaban que el actual presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, fuera candidato en estos comicios, pese a que la ley impide la reelección.
Justamente, en busca de ese objetivo ese grupo planteó al inicio de la sesión una cuestión previa para que se dejara sin efecto el acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, del 25 de julio, en el que se precisaba que Prado no podría volver a postular y que su mandato finalizaba indefectiblemente el 31 de diciembre.
El planteamiento fue rechazado por 11 votos. Los que estuvieron a favor de que Prado postulara fueron César San Martín, Jorge Salas, Inés Tello, Carlos Arias y Mariem de la Rosa.
Luego de verse la propuesta, la Sala Plena pasó a la votación entre los cuatro candidatos que se presentaron a la elección: José Lecaros, Elvia Barrios, Héctor Lama More y Josué Pariona. Como se esperaba, ninguno alcanzó los 11 votos necesarios para ganar en primera vuelta.
Lecaros obtuvo el respaldo de Walde, Romero y Figueroa, además de su propio voto.
Barrios fue apoyada por Távara, Arévalo y Hurtado. La jueza también votó por sí misma.
Siempre según nuestras fuentes, Héctor Lama More obtuvo dos votos: el de Duberlí Rodríguez y el suyo. Pariona también tuvo dos votos: el de Ana María Aranda y el suyo.
Como establece la norma, la segunda vuelta se definió entre los dos postulantes que tuvieron más votos; es decir, entre Lecaros y Barrios. En la segunda ronda no hay exigencias y se gana por mayoría simple.
Debido a ello, el actual presidente de la Sala Penal Transitoria pudo ganar solo con seis votos.
Al final de la elección, José Lecaros fue felicitado y aplaudido por todos sus colegas.
El magistrado supremo, quien jurará como presidente del Poder Judicial el 2 de enero del 2019, es consciente de la difícil situación por la que pasa la institución, así como la desconfianza que la población tiene en esta.
Luego de su elección, dijo: “Confíen en que el gobierno del Poder Judicial va a continuar con la lucha frontal contra la corrupción. Vamos a tratar, dentro de las limitaciones presupuestales, repotenciar el órgano de control de la magistratura para que realmente sea un órgano que evite actos ilegales”.
Lecaros además prometió poner “todo mi esfuerzo y mis 50 años de experiencia al servicio del Estado a fin de poder brindar a la ciudadanía un servicio de justicia eficiente, transparente y totalmente ajeno a la corrupción”.

Gobierno no debería de firmar Acuerdo con Odebrecht todavía

Por MANUEL ROMERO CARO-Diario Gestión.
Antes el Gobierno Peruano debería de esclarecer algunos aspectos fundamentales :
Esclarecimiento
1) La esencia del acuerdo consiste en el canje de información proporcionada por Odebrecht a cambio de impunidad en los delitos cometidos. Partiendo del principio que en la información que se proporciona a las autoridades peruanas no se miente ni se oculta la verdad. Y este sería un primer aspecto a aclarar. Es así que en nuestro anterior artículo (Odebrecht perdería beneficios de Colaboración Eficaz. Gestión 22.11.18) informamos que vía cooperación internacional Suiza, se obtuvo informaciones relacionadas con el levantamiento del secreto bancario de las empresas de Josef Maiman Rapaport y del LGT BanK. Las que indicarían que tanto Odebrecht, como Maiman, ambos supuestamente aspirantes o colaboradores eficaces de las autoridades judiciales peruanas, habrían mentido, o en el mejor de los casos habrían ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados. Como es el caso de la Interoceánica Norte (ION) en la que se detalla el pago de sobornos por un monto de US$ 9’975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de dicho proyecto (1).
Por lo que el Ejecutivo debería de comprobar estas informaciones. De ser este el caso habría que preguntarse ¿porque Odebrecht (que ha mentido en numerosas oportunidades a la ciudadanía y a las autoridades peruanas), que habría incumplido los Acuerdos de Delaciones Premiadas suscritas con Brasil, no haría lo mismo con el Perú? ¿Qué providencias se han adoptado al respecto ante la llegada de la información de Suiza?
2)Desde el inicio de las conversaciones con Odebrecht, éste ha admitido haber pagado sobornos por US$ 29 millones en solo 2 megaproyectos (La Interoceánica del Sur y el Metro de Lima) y en dos proyectos menores (La ampliación de la Costa Verde, Callao y la vía Evitamiento en el Cusco). A pesar de las investigaciones efectuadas, declaraciones de colaboradores eficaces y claros indicios sobre más de un proyecto sospechoso, los representantes de Odebrecht reiteradamente han negado cualquier soborno adicional a los ya mencionados. Sin embargo la situación cambió significativamente con la nueva información llegada de Suiza; obtenidas al margen de las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht. Y si se comprobaran nuevos sobornos, el monto de la Reparación Civil aumentaría. Y se habría comprobado lo que hemos venido insistiendo desde hace años: que habían nuevos sobornos y que consecuentemente Odebrecht habría incumplido sus obligaciones. Por lo que el Ejecutivo debería de seguir cercanamente cual será la penalidad que le aplican a Odebrecht las autoridades brasileras. Entonces sería totalmente valido preguntarse, si Odebrecht hubiera mentido (u ocultado la verdad) respecto a los sobornos en la ION , ¿ porque no podrían haber ocultado también sobornos en el Gasoducto Sur Peruano (su obra más grande), en Chavimochic, en Olmos, o en cualquiera, o todos, de los 69 proyectos que desarrollaron en nuestro país? ¿Qué previsiones tiene el Acuerdo a suscribirse con Odebrecht al respecto? Y no se trata de que Odebrecht afirme que en esa eventualidad colaboraría con las autoridades sino que se comprometa a aumentar la Reparación Civil en un determinado monto o porcentaje. Odebrecht ya sabe desde ahora si hay o no más sobornos, en que montos, en que proyectos, etc.
Un aspecto preocupante es la información sobre los sobornos pagados que Odebrecht guardaba en sus servidores en Suiza. El Perú todavía no cuenta con una copia de dicho servidor, que tiene registrado todos los sobornos pagados a los funcionarios de diversos países, los nombres de los proyectos y demás información de interés. Pero además de Odebrecht, las autoridades brasileñas sí que deben contar con una copia de toda la información: por lo que ambos conocen todos los sobornos realmente entregados y no solo los que han aceptado en los respectivos países en los que operaba. Información que debería de tener muy en cuenta el Ejecutivo en las actuales circunstancias.
El pasado reciente
La semana pasada los medios informaron que el Ministerio Público, la Procuraduría y Odebrecht habían llegado a un acuerdo sobre el Convenio que vienen negociando, y que la firma de las partes es lo único que faltaba, pero que “el acto mismo de la respectiva suscripción sería, prácticamente, un simple trámite” (Correo 30.11.18).
Sin embargo el domingo en la noche el premier Villanueva precisó que la Procuraduría aún no fija la cifra de la Repararación Civil. “Hay que pulir todavía el monto definitivo”. Asimismo informó que el acuerdo de colaboración eficaz será revisado por el Gabinete y contará “con la venia” del presidente Vizcarra (Gestión 03.12.18).
Lo que no se llega a entender con claridad es ¿cual es el apuro de Rafael Vela por cerrar el Acuerdo con Odebrecht anunciado para hoy, luego de estar solo 4 meses en el cargo? Han transcurrido casi dos años desde que el Ministerio Público conoció la aceptación oficial de Odebrecht de los sobornos otorgados, y en ese tiempo, a la par que se investigaba se negociaba el Acuerdo. En ese lapso Odebrecht ha suscrito acuerdos solo con República Dominicana y Panamá de un total de unos 14 países. ¿Ustedes creen que durante ese período la Fiscalía priorizó adecuadamente la negociación del Acuerdo? ¿Cual es el motivo de la atropellada actual?
Otro aspecto a considerar es la falta de transparencia en toda esta negociación, tanto durante la etapa de Hamilton Castro como en la de Rafael Vela, lo que limita severamente los comentarios que se puedan efectuar.
Naturalmente el Acuerdo con Odebrecht tiene sus beneficios, de los que solo mencionaremos dos: va a permitir contar con la información sensible requerida para sustentar adecuadamente los juicios cuando estos lleguen. Asimismo el ejemplo de Odebrecht puede animar a otros sobornadores a suscribir otros convenios similares.
Por lo que el gobierno de Martin Vizcarra, abanderado de la integridad y la lucha contra la corrupción, como lo acaba de reafirmar en el reciente CADE, debe evaluar muy cuidadosamente los costos y beneficios de este apresurado Convenio. Disponiendo que en aras de la transparencia, una vez firmado se publique para que la ciudadanía esté informada.
(1) Hildebrandt en sus trece 16.11.2018.

¡No, no, no y no!

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario Expreso.
El referéndum es una engañifa que solo serviría para que el presidente se crea con legitimad y suficientemente empoderado para seguir su embestida contra sus opositores, la institucionalidad democrática y la actual Constitución. El analista Víctor Andrés Ponce sostiene que el objetivo de Vizcarra es un plebiscito favorable a su Gobierno para continuar debilitando al Congreso y a la clase política, “pues todo parece indicar que pretende reelegirse en el 2021”.
El socialista Vincent Auriol, presidente de Francia (1947-1954), decía que “el referéndum es un acto de poder absoluto que ostensiblemente hace una reverencia a la soberanía popular para después arrebatarle la soberanía al pueblo, en beneficio de uno solo”. Vizcarra quiere, pues, usar esta herramienta para fortalecerse. Punto, lo demás son excusas. El español Alberto Penadés, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, indica que “las consultas democráticas no siempre obran en beneficio de los ciudadanos. La intuición es esta: la democracia representativa, la única que conocemos, es un sistema con separación de poderes, y el referéndum puede sumar o restar en ese reparto”. Y ¿quién muestra falta de apego a la separación de poderes? El mismo que ahora quiere “su” referéndum.
El ingeniero Vizcarra es un presidente accesitario, debería estar en modo “transición” y resolviendo los problemas que enfrenta el país: reconstrucción del norte, anemia, rebrote del terrorismo, inseguridad, y no pretendiendo reformas que jamás fueron mencionadas por su agrupación en la campaña electoral. El presidente es un hombre desideologizado rodeado de asesores marxistas; por impericia o premeditación podría sumergir a nuestro país en el “autoritarismo posdemocrático”, término acuñado por el filósofo, periodista y escritor catalán Josep Ramoneda. Aquí, sin embargo, “La izquierda necesaria” (título del libro de Ramoneda) no es quién frenará eso sino una derecha renovada, transparente, inteligente e inclusiva que requiere consolidarse.
Urge decirle no, no, no y no, cuatro veces no al capricho de Vizcarra porque el Ejecutivo, o sea él, controla el proceso, pues el Congreso se allanó a esta sin razón. El Ejecutivo, es decir, Vizcarra, impuso las preguntas y el cuándo, hace campaña permanente para que el resultado sea su deseo. Desde su posición confunde, juega con los ánimos de los electores e incordia, no promovió la deliberación democrática del tema y en el pico de las pasiones encendidas, con sus opositores encarcelados o perseguidos quiere que los peruanos votemos a ciegas. Por eso: #CuatroVecesNO.

El polémico pasado de Martín Vizcarra

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario Expreso.
La ejecución del Proyecto Especial Pasto Grande, iniciada en 1988, fue la consolidación del sueño de los moqueguanos que querían contar con el recurso hídrico suficiente para uso personal y comercial. Sin embargo, la megaobra se vio plagada de irregularidades y astronómicos sobrecostos, de acuerdo con una investigación que se hizo al hoy presidente Martín Vizcarra en la Comisión Agraria del Congreso en el año 2002.
La obra de grandes proporciones que contempló la construcción de la presa Pasto Grande, el canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, inicialmente tuvo un costo de US$ 30 millones pero terminó en la astronómica suma de US$ 125 millones, con una sobrevaluación de US$ 85 millones.
Este enorme sobrecosto motivó la investigación de la Comisión Agraria del Congreso en el 2002, que concluyó atribuyéndole responsabilidades de tipo penal a Martín Vizcarra, quien en ese momento era director ejecutivo del proyecto, así como a la empresa constructora JJ Camet, beneficiada con la construcción.
LA HISTORIA
En el año 1988 comenzó a ejecutarse el Proyecto Especial “Afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de los departamentos de Tacna y Moquegua del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)”.
Ello con el inicio de la construcción de la presa Pasto Grande, canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, obras primordiales del Proyecto Especial Pasto Grande, cuya ejecución se dividió en dos fases: Etapa I y Etapa II.
Los trámites para la construcción del túnel Jachacuesta, el cual figuraba en la Etapa I del megaproyecto, se iniciaron el 3 de enero de 1988 con la firma del teniente gobernador Gabriel Perca Ichuña, dándose inicio a los trabajos en campo dos días después en la “Portada Entrada Túnel Jachacuesta”, a cargo del ingeniero residente Franco Peña Portocarrero.
Durante ese lapso, Eloy Cabrera Ribotti fue el director ejecutivo del proyecto, y tuvo como jefe de obra de la dirección al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. También figuran como residentes los ingenieros Franco Peña Portocarrero y Luis Salas Zegarra.
El 3 de noviembre de 1989 se le hizo entrega del terreno al contratista ICE Cáceres Guiconsa, teniendo como representantes de la empresa a Max Alvarado Trujillo y a Martín Vizcarra de lado del INADE-Proyecto Especial Pasto Grande.
Durante la gestión de Eloy Cabrera Ribotti se presentaron una serie de documentos a INADE, en los que se daba cuenta de la observación de un hecho sumamente importante: la falta de estudios que conformaban el expediente técnico de la licitación del túnel Jachacuesta, ya que no se habían agotado las alternativas técnicas económicas.
Además, Cabrera había presentado su pliego presupuestario de 1989, basado en “estudios  faltantes y necesarios”, pidiendo el servicio de dos asesores auditores. Ellos fueron los ingenieros de apellidos Ávila y Fuch.
De acuerdo a la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en el Proyecto Especial de Pasto Grande Moquegua–INADE, en ese entonces Ribotti tenía como director adjunto a Martín Vizcarra, “quien ya se había desempeñado como jefe de obras y quien obstaculizaba el trabajo de su entonces jefe”.
Ya en julio de 1989, y siendo director ejecutivo el ingeniero Martín Vizcarra, licita el túnel Jachacuesta, lo que generó una seguidilla de hechos que resultaron en detrimento del proyecto.
En julio del 1991 ocurren varios derrumbes y se produce la queja de la contratista por la inoperancia o deficiencia de las bases; sin embargo, en el expediente técnico no se consideró esa observación por los funcionarios de control de INADE, continuando con las obras como si nada hubiera sucedido.
Según el contrato, la obra del túnel Jachacuesta tenía una duración de 90 días, a la cual se sumaron 780 días más por ampliación de plazos, y además se dieron 19 adicionales por mayores metrados, monto que superó el 10 % del contrato principal más reajustes.
El contrato principal del referido túnel al 13 abril de 1989, fue de US$ 16 millones. Este proyecto de acuerdo a la liquidación de obra, fue de US$ 48’803,384.
Por su parte, el canal Pasto Grande presentó fisuras acentuadas, fallas y la falta de calidad del concreto y la presa Pasto Grande desde sus inicios hasta su inauguración fue cuestionada por su capacidad de 145 MMC, aduciendo que tenía 185 MMC, en tanto que la calidad de los materiales y el proceso constructivo no fueron los adecuados.
El canal Umaizo no fue la excepción al haber sido una de las cuatro obras rehabilitadas después de su construcción.
Estas cuatro obras constituyen las principales dentro del Proyecto Especial Pasto Grande, que tuvo una proyección de US$30 millones pero terminó costando de us$ 125 millones.
Cabe indicar que no se tuvo cuestionamientos por parte de los expedientes técnicos, ya sea de las consultorías, contratistas, subcontratistas, supervisores, funcionarios de INADE y de las autoridades de la zona.
CANALES CON FISURAS
Como era de esperarse, los canales terminaron por fisurarse y rajarse en varios kilómetros, situación que generó el clamor desesperado de los moqueguanos.
Fue tanto el deterioro del Canal Pasto Grande que quedó sin protección adecuada lateral, la cual podía ocasionar la acumulación de material sólido, arriesgando de salud al contaminar el agua.

Congreso encontró responsabilidad penal

La Comisión Agraria del Congreso conformada en el 2002 e integrada por los parlamentarios Manuel Olaechea García, Manuel Merino de Lama y Alejandro Oré Mora, encontró responsabilidades de tipo penal en los funcionarios del Proyecto Especial Pasto Grande y en la empresa contratista.
“La existencia de adicionales y mayores metrados en la Construcción del Túnel Jachacuesta, se originan como resultado de la poca importancia dada por los consultores a los estudios hidrogeológicos y poca profundidad en los estudios básicos”, indica en una de sus conclusiones el citado grupo congresal.
Además indica lo siguiente: “(…) hay una evidente responsabilidad funcional, administrativa, civil y la comisión del delito de malversación de fondos en que ha incurrido el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, además haber incurrido en contradicciones (falsedad genérica) entre lo expuesto en la comisión y la documentación recibida, en cuanto al avance de obra y pagos irregulares efectuados durante su periodo como director ejecutivo del Proyecto Pasto Grande”.
En cuanto a la responsabilidad funcional de las empresas constructoras y supervisoras que intervinieron en la construcción del túnel Jachacuesta y los canales comprendidos, por haber incumplido los acuerdos de los contratos firmados, incurrieron en responsabilidad por no actuar de acuerdo a su reglamento.
“En los adicionales de obra y reparaciones de obra en el Proyecto Pasto Grande, figuran las siguientes contratistas Federico Paucar Tito, Cohisa, CEINSA Ingenieros Contratistas, Consorcio ICCSA–CICSA, Consorcio COUSA-ICCGSA-CICSA, CHAVPE SR.LTDA. FAINSA, TRACS Contratistas S.A. (empresas relacionadas con el ingeniero J.J. Camet)”, se señala.

Odebrecht y OAS decidieron mantener en el cargo a Villarán

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
En marzo de 2013 la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, estuvo a punto de perder este cargo estratégico. ¿Quién la salvó de la revocatoria? Todo indica que fueron los aportes millonarios de las constructoras brasileñas OAS, concesionaria de las rutas de transporte vial de Línea Amarilla, y Odebrecht, de Vías Nuevas de Lima. La primera se afirma que habría aportado un millón de dólares y la segunda dos millones de la divisa verde.
Y es que las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, Valdemir Garreta, publicista representante de la empresa FX Comunicaciones de Brasil ante los fiscales peruanos, detallan que él estuvo en Lima entre el 15 y 16 de enero de 2013 para reunirse y negociar con Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez, ex gerente general del municipio, los servicios de publicidad para la campaña por el ‘No’ a la revocatoria.
En uno de estos dos días Valdemir Garreta, se afirma, habría solicitado como contraprestación a los servicios de publicidad de la campaña precisamente la suma de US$ 3 millones. Es más, Garreta indicó que fue Castro Gutiérrez quien le confirmó que la campaña la solventarían las constructoras Odebrecht, con US$2 millones, y OAS, con US$1 millón.
El enlace para este encuentro, según las investigaciones, fue el ciudadano de origen argentino Felipe Belisario Wermus, más conocido como Luis Favre.
Las anteriores declaraciones coinciden con la prestada por Jorge Henrique Simoes Barata ante la Procuraduría Pública del vecino país, en relación al pago realizado como aporte a la campaña por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán, precisamente a solicitud de quien por esos años era gerente de Promoción de la Inversión Privada José Miguel Castro Gutiérrez y de la propia Susana Villarán.
Los vídeos publicados por el portal IDL – Reporteros sobre lo dicho por Barata también lo confirman, con el agregado de que de los US$ 3 millones, US$ 2 millones fueron entregados a Garreta y el millón de dólares restante al mismo Castro Gutiérrez.
En consecuencia, la comisión Lava Jato concluye que los acuerdos celebrados sobre los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima entre OAS, Odebrecht y los representantes de la gestión villaranista “están ligadas al aporte de dinero que entregaron las empresas brasileñas para mantener en el cargo a la exalcaldesa de Lima”.
Esto porque la firma del contrato de Concesión de Vías Nuevas de Lima de la empresa Odebrecht se realizó el 09 de enero de 2013, días antes de la reunión con Garreta, y la firma de la Adenda N° 1 con la empresa OAS fue el 13 de febrero del 2013, sucesos se dieron – como se ve- en fechas cercanas al proceso de revocatoria que tuvo lugar el 17 de marzo de 2013.
La comisión investigadora concluye que para las campañas por el ‘No’ a la revocatoria y por la reelección de Villarán a la Alcaldía de Lima se constituyeron dos asociaciones civiles: Amigos de Lima Metropolitana y Ciudadanos por Lima.
A través de estas se canalizó parte del millonario pago publicitario -spots de radio y televisión, avisos de prensa, paneles y parantes publicitarios, así como actividades culturales y de mero proselitismo-.
Por ahora solo nos ocuparemos de la primera, ‘Amigos de Lima’, encargada formalmente de la revocatoria.
“AMIGOS DE LIMA”
Esta última entidad se afirma que sirvió para evadir o maquillar la declaración sobre los aportes y gastos de las campañas ante la autoridad electoral.
Así, a través de ‘Amigos de Lima’ se hicieron los pagos a las empresas de publicidad Momentum Ogilvy & Mather S.A. y Qual Media SAC para la mencionada campaña por un monto de S/ 3’496,806.16.
Asimismo, esta asociación pagó a Mindshare Perú por la misma campaña, un total de S/ 1’294,002.50, de los cuales S/ 332,710.99 fueron transferidos desde una cuenta de Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, director de economía de la Organización Política Diálogo Vecinal.
Asimismo, “se ha logrado determinar que la contratación de la empresa Momentum, Ogilvy & Mather S.A. para la colocación de publicidad en medios de comunicación (…) la realizó el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez”.
“Se ha determinado además que para esta campaña se contrató publicidad en diversos medios por el valor de S/ 4’485,461.60, incluyendo los avisos en paneles por S/ 988,655.44”, dice el informe final en el capítulo referido a la revocatoria.
¿Quiénes fueron los representantes de esta campaña? “Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Ana Elena Townsend Diez Canseco, Marco Antonio Zevallos Bueno, María Julia Méndez Vega…”.
A los anteriores se suma la asociación Amigos de Lima Metropolitana que se conformó para apoyar a Villarán bajo la batuta de Daniela Maguiña Ugarte y Jorge Torres Padilla, quienes no pudieron sustentar el origen de los fonos ni menos cuadrar las cifras ante la comisión multipartidaria.
LOS DETALLES
Es de recordar que en la rendición detallada de cuentas se consigna que el total de ingresos de campaña fue de S/ 1’614,321.50 y los gastos de campaña ascendieron a S/ 1’612,322.00.
La información presentada por la representante de la Asociación, Daniela Maguiña, no coincide con los gastos por campaña que se presentaron ante el Tribunal Ético del JNE ya que le informaron que los gastos totales fueron S/ 1’111,853.98.
De acuerdo a la información presentada por estos “Amigos de Lima” a la Comisión Investigadora, se habría gastado por concepto de emisión de publicidad los montos que siguen:
Canal 4 ———————- S/ 549,926.66
Canal 2 ———————- S/ 400,000.00
RBC Television ————S/ 26,000.00
Estilos Publicitarios —— S/ 30,000.00
JMT Outdoors ————- S/ 59,000.00
Pero incluso el monto S/ 1’111,853.98 de gastos en publicidad también difiere del informe que el congresista Mauricio Mulder presentó en la sesión de la comisión realizada el 1 de diciembre de 2017, en base a datos consolidados por Kantar Ibope-media.
¿Qué señala dicho documento? Que ‘Amigos de Lima’ había invertido en publicidad US$ 2’622,264.00, cifra que estaría demostrando que el gasto en medios -sin considerar paneles y parantes- habría sido muy superior a lo declarado a la autoridad electoral.
La comisión solicitó información a los medios de comunicación mencionados en el informe de Kantar Ibope-Media. Veamos cada uno de ellos.
GRUPO ATV
Federico Anchorena, representante del Grupo ATV, informó en abril de 2018 que se emitieron tres facturas a nombre de ‘Amigos de Lima’ por un total S/ 856,306.62, suma que dicho sea de paso no estaba incluida dentro del informe que presentó esta asociación a la Comisión Investigadora.
Cabe indicar que el Grupo ATV también informó sobre el pago realizado por la empresa Momentum, Ogilvy & Mather S.A. por emisión de publicidad de esta campaña, por el valor de S/ 246,201.74.
AMÉRICA TELEVISIÓN
El apoderado de la Compañía Peruana de Radiodifusión, Enrique Ugarte Cornejo, informó que se emitieron diez facturas a nombre de la mencionada asociación por un total de S/ 1’554,807.30, suma también superior a lo declarado por su representante ante la Comisión Investigadora.
Asimismo América TV dio cuenta del pago realizado por la empresa Qual Media, siempre para  ‘Amigos de Lima’ por publicidad facturada por un valor de S/ 300,428.00.
Respecto de la campaña por el ‘Sí’ a la revocatoria, este canal remitió al Congreso el total de la facturación por spots publicitarios a favor del ‘Sí’ por S/ 603,766.58 (Incluido IGV).
Sobre lo anterior se sabe de “siete facturas emitidas a nombre del partido político Solidaridad Nacional (por S/ 570,136.58) y una factura emitida a nombre de Mar Publicidad (por S/ 33, 630.00 incluido IGV)”.
CRP
La ejecutiva de Corporación Radial del Perú, Medios y Entretenimiento remitió dos facturas a nombre de ‘Amigos de Lima” por un total de S/ 13,062.50 (incluido IGV).
LA REPÚBLICA
El Grupo La República informó a la Comisión Investigadora que los avisos publicados para la campaña por el ‘No’ a la revocatoria durante el año 2013 fueron una “liberalidad” del grupo editorial, no existiendo facturas que se hayan emitido por esta publicidad.
La comisión investigadora solicitó además información a la empresa de publicidad Momentum, Ogilvy & Mather con la finalidad de tomar conocimiento sobre la colocación de publicidad de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria en otros medios.
La empresa de publicidad respondió indicando que, a través de Qual Media SAC se contrató publicidad en Frecuencia Latina por el valor de S/ 100,000.00 anexando la factura de sustento, la misma que se debería sumar a la presentada por Daniela Maguiña, debido a que se trata de una factura diferente.
La suma de toda la información recibida por los medios de comunicación por emisión de publicidad para la campaña por el NO a la revocatoria, realizada entre los meses de enero y marzo del 2018, ascendió a S/ 3’070,806.16:
Si a lo anterior agregamos lo declarado por ‘Amigos de Lima’ sobre las empresas de comunicación que no remitieron información al Congreso se concluye que el costo de publicidad en medios ascendió a S/ 3’496,806.16, incluido IGV.
DIFERENCIAS
Sobre la base del último cuadro de los S/ 3’496,806.16, que consolida la información sobre publicidad en la campaña de la revocatoria, se observa que existen grandes diferencias entre lo declarado por los representantes de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria, como ‘Amigos de Lima’, y lo remitido por los medios de comunicación.
Mientras el monto presentado en Informe al Tribunal Ético Electoral por los representantes de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria suma S/ 976,522.00 soles, la información presentada por Daniela Maguiña Ugarte, de la mencionada asociación, fue de S/ 975,926.66.
En cambio, la información presentada por diversos medios de comunicación alcanza S/ 3’496,806.16.
A dicha cifra hay que agregar la información presentada por JMT Outdoors a la Comisión de donde se deduce que la declaración presentada al Tribunal Ético Electoral y a la Comisión Investigadora por la representante de ‘Amigos de Lima’ difiere de lo presentado por la empresa de publicidad sustentado en facturas emitidas a nombre de dicha asociación y de Qual Media por S/ 988,665.44 soles.
Si finalmente a la publicidad en medios se añade los gastos en paneles publicitarios y la campaña ‘Voces y Rostros por el NO en defensa de Lima’, tendremos un gasto consolidado de S/ 4’485,461.60, cifra que está muy por encima de lo declarado ante el Tribunal Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y ante la Comisión Lava Jato.
Es obvio entonces que el grupo investigador multipartidario haya llegado a la conclusión que esta data de los voceros de la Campaña por el ‘No’ a la revocatoria ha sido falseada “con la finalidad de declarar menos gastos de lo que podían sustentar”.

Artistas villaranistas cobraron

En la campaña por el ‘No’ a la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán se dijo que el grupo de artistas que participaron en su favor no cobraron ni un sol porque, según ellos, participaban en la misma porque no querían que Lima retrocediera.
No era cierto. Resulta que las “Voces y rostros por el NO a la revocatoria” habían firmado contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, como el caso de Julio Fernández Pérez Luyo que cobró más de 13 mil soles,  Claudia Dammert con un monto menor, o Eusebio “Chato” Grados, entre otros.
RESPONSABILIDADES PENALES

Villarán y José Miguel Castro aseguraron intereses brasileños

Luis Favre y los doleiros trasladando dinero de OAS pegado al cuerpo…
La exalcaldesa de Lima Metropolitana Susana Villarán y el exgerente de Promoción de la Inversión Privada, José Miguel Castro Gutiérrez, son presuntamente responsables por el delito de cohecho pasivo propio.
Y esto sería así porque solicitaron y recibieron dinero de las empresas brasileñas, siendo funcionarios públicos, en favor de su campaña por el No a la Revocatoria, incumpliendo con su rol fiscalizador en los contratos con las empresas brasileñas.
Dicho de otra forma, aseguraron con esa conducta los intereses de las empresas brasileñas con el contrato de Concesión de Vías Nuevas de Lima con la empresa Rutas de Lima del grupo Odebrecht y la firma de la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla con Lamsac del grupo OAS, beneficiando así a estas empresas brasileñas.
Son presuntamente responsables también por el delito de Lavado de Activos en vista a que el dinero solicitado fue de procedencia ilícita debido a que la empresa Odebrecht contaba con un “Departamento de Operaciones Estructuradas” y la empresa OAS con una “Contraloría”, ambas para el pago de coimas.
Con el agravante que Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez se encargaron de ingresar el dinero a sistema económico del Perú, declarando ante el Jurado Nacional de Elecciones que las ganancias eran por actividades que se realizaban para generar fondos y que tuvieron aportantes que se sumaron a la campaña.
Según el informe Lava Jato, estos actos estarían ligados directamente a la campaña por el NO a la revocatoria, a lo que se suman las versiones sostenidas por Barata y Garreta, sobre los aportes de OAS y Odebrecht de por lo menos US$ 4 millones en esta campaña.
Asimismo también se constata con la declaración de Valdemir Garreta, quien admitió que recibió 2 millones de dólares de Odebrecht y un millón de dólares de OAS.
A estas declaraciones se suma la brindada por Felipe Belisario Wermus, conocido como ‘Luis Favre’, ante los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez en Francia los días miércoles 25 y jueves 26 de julio del 2018.
En su manifestación Favre, encargado de la campaña publicitaria “Voces y rostros por el NO en defensa de Lima”, confirmó que asesoró a Susana Villarán en la campaña que nos ocupa.
Añadió que estas actividades las realizó como prestación de servicios a FX Comunicaciones, propiedad del publicista Valdemir Garreta, y fue esta empresa la que pagó sus honorarios.
No se tiene conocimiento aún si OAS hizo depósitos o entregó dinero en efectivo a funcionarios peruanos y cuánto sería esa cantidad; pero las fechas de estos eventos referidos a la revocatoria coinciden con los viajes de los denominados “doleiros” para entregar dinero a funcionarios de OAS en Perú.
TRES PERSONAS
Así, habrían viajado a Perú por lo menos tres personas para traer dinero a pedido de OAS en el marco de la campaña por el NO a la revocatoria.
“En la declaración realizada el 21 de enero del 2016 por el ciudadano brasileño Alberto Youssef ante representantes del Ministerio Público peruano que se trasladaron a Brasil, él informó que fueron realizados aproximadamente diez viajes, con un total de aproximadamente US$ 2’000,000 o US$ 2’500,000 (dos a dos millones y medio de dólares americanos)”.
Asimismo, el español Rafael Angulo López declaró en Brasil ante representantes de la Fiscalía peruana del día 22 de enero del 2016, que fue a Perú tres o cuatro veces entre 2013 y 2014.
Y en ese lapso entregó un “envelope”  o sobre al representante de OAS Alexander Alves Mendonça, quien trabajaba en la Avenida Túpac Amaru N° 210, Rímac, a la altura de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima.
Rafael Angulo acotó que los pasajes eran adquiridos por la empresa Marsans de Alberto Youssef, el mismo personaje que en una oportunidad se encontró en Lima con Carlos Alexandre Rocha, y que en otra viajó con Adarico Negromonte, que llevó dólares en efectivo para Alexandre Mendonca.
En la declaración realizada por el brasileño Carlos Alexandre de Souza Rocha, del 1 de julio del 2015 ante los procuradores brasileños, dijo que en los años 2013 y 2014 viajó al Perú cuatro o cinco veces a pedido de Alberto Youssef, para entregar dinero a la filial de OAS en este país trasportando US$ 300,000 en cada periplo, habiendo recibido 3.5 % de comisión.
Agregó que entregó dinero en el Hotel Meliá, en donde se alojó, a diversas personas, inclusive peruanos.
En su declaración Alberto Youssef sostuvo que sus funcionarios Adarico Negromonte y Rafael Angulo López, además de Carlos Alexandre de Souza Rocha (“Ceará”), persona que prestaba servicios para Youssef, viajaban personalmente al Perú y llevaban el dinero pegado al cuerpo.
Otros implicados…
¿Quiénes fueron los representantes de esta campaña? “Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Ana Elena Townsend Diez Canseco, Marco Antonio Zevallos Bueno, María Julia Méndez Vega…”. A los anteriores se suma la asociación ‘Amigos de Lima’ que se conformó para apoyar a Villarán bajo la batuta de Daniela Maguiña Ugarte y Jorge Torres Padilla, quienes no pudieron sustentar el origen de los fondos ni menos cuadrar las cifras ante la comisión multipartidaria.

Ordenan detener a dos funcionarios del MTC por sobornos

Por César Romero- Diario La República.
A pedido del Equipo Especial del caso Lava Jato, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura de otros dos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estarían involucrados en el pago de sobornos para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima.
Se trata de Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza. El juez Concepción Carhuancho ordenó la captura de ambos personajes, al dictar contra ellos 12 meses de prisión preventiva, al cabo de una audiencia pública.

Reuniones

Munive Taquía fue detenido de inmediato y trasladado a la carceleta judicial para su ingreso a prisión. Él estaba presente en la audiencia. En tanto, se ordenó la búsqueda y captura de Bravo Hinostroza.
La fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva basada en la declaración de un colaborador eficaz que asegura que los pagos realizados por Odebrecht a Cuba Hidalgo estaban dirigidos a todos los integrantes de los comités de licitación.
Además, de acuerdo con el colaborador eficaz, los integrantes de los comités de licitación y sus asesores se reunieron fuera del MTC con el director de proyectos de Odebrecht, Carlos Nostre Junior, para definir los términos de la lícitación, a favor de la constructora brasileña.
Las reuniones se realizaron en un hotel, en el Café 21 y en local de la empresa Carelu. En las reuniones, de acuerdo con el colaborador, también participó Oswaldo Plascencia, el entonces presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE).
Además, se indicó que una hija de Munive Taquía trabajó en Carelu, una empresa que prestó servicios a Odebrecht y de la recibió pagos mensuales de 100 mil soles, el 2012, un año después que se licitará el tramo 2 del Metro de Lima.

Comités de Licitación

En enero del año pasado, Odebrecht declaró que pagó 8,1 millones de dólares al viceministro Jorge Cuba y los miembros de los comités de licitación del Metro de Lima.
Sin embargo, entonces solo se encontraron pruebas directas de la participación en los sobornos de Cuba Hidalgo, Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta, Santiago Chau Novoa y Miguel Navarro Portugal. Sus nombres aparecieron como beneficiarios finales de las cuentas off shore en la Banca Privada de Andorra, donde se recibieron los pagos de Odebrecht.
Carlos Nostre ha precisado pagos adicionales a Chau Novoa, Edwin Luyo y Mariella Huerta de 400 mil dólares, cada uno. El exdirector del proyecto del Metro de Lima ha detallado pagos por hasta 10 millones de dólares, quedando un faltante de 14 millones cuyo destino final aún no se conoce.
Los sobornos fueron pagados en la banca de Andorra y luego transferido al banco BSI de Lugano, en Suiza, a la sociedad Coneng Assets INC, constituida en Panamá.
Munive Taquía fue uno de los presidentes del Instituto de Comercio Exterior, vinculado al expresidente Alan García, su pareja Roxanne Cheesman y el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo. Justo este último llevó a Munive como funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Munive Taquía niega haber recibido pagos de Odebrecht

“La resolución de prisión preventiva es subjetiva. La fiscalía reconoció en la audiencia que no tiene prueba directa de que Jesús Munive recibiera sobornos”, dijo el abogado Luis Francia.
Anotó que la prisión preventiva se basa en la declaración de un colaborador eficaz según la cual todos los integrantes del Comité de Licitación recibieron pagos, pero no es necesariamente cierto.
La fiscalía ya tiene los reportes de los depósitos bancarios y los documentos de las empresas off shore beneficiarias y allí no aparece el nombre de Munive Taquía, subrayó el abogado.
El Equipo Especial acusó a Munive Taquía de tener un acuerdo colusorio con la empresa constructora Odebrecht para que se adjudicara la construcción de los Tramos 1 y 2 del Metro de Lima.