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Matemáticas imposibles

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Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
Mientras el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) armaba todo el esquema legal para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en el gasoducto peruano del sur, mientras los precios de la obra subían de US$ 1,330 millones a US$ 7,328 millones, en paralelo aparecían los primeros beneficiarios locales en este negociado: Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Merino Tafur. Eleodoro Mayorga Alba y una pléyade de subsidiarios, sobre todo de la burocracia de Proinversión y de Energía y Minas que la prensa concentrada y palaciega oculta.
El contrato de concesión del citado gasoducto, firmado el 23 de julio de 2014 entre el Ejecutivo y Odebrecht, se basó en la idea central de que el proyecto era “autosostenible” y que de ninguna forma perjudicaría los intereses de la nación o de los usuarios de luz eléctrica.
En cuanto al costo, mientras Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., la concesionaria inicial, se comprometió a ejecutar inversiones por un monto total de US$ 1,330’112,124.15 para hacer el gasoducto, en un plazo de tres años y ocho meses, esta no sería sino la primera valorización que el tiempo se llevó.
Luego, cuando el proyecto se trasladó a los fueros de Proinversión, la consultora Cosanac estimó un primer incremento del costo de inversión para el transporte de gas y líquidos que llegaba a US$ 2,869 millones.
El segundo incremento llegó con la consultora Wood Mackenzie, contratada precisamente por Proinversión, que en un “informe técnico” del 6 de mayo de 2014 lo estimó en US$ 3,643 millones.
Al día siguiente de la fecha antes citada, llegó el tercer incremento de parte de la misma Wood Mackenzie que en su “informe financiero” lo incrementó a US$ 4,910 millones utilizando el novedoso concepto de “Programa Referencial de Inversiones y Reinversiones”.

SE DISPARA

Sin embargo, cuando llegó la licitación de la obra se olvidaron de la idea de lo “autosostenible” y no utilizaron el criterio de costo de inversión sino del costo de servicio, cargando allí los llamados “costos operativos”.
Estos cambios autorizados por las autoridades peruanas le permitieron a Odebrecht “elevar el monto de las tarifas, que ya no las calculó sobre la base del costo de inversión, sino del costo de servicio, y se incrementó el valor en 49 %, pasando así de US$ 4,910 millones a US$ 7,328 millones, que fue el costo de servicio de la oferta económica del Gasoducto Sur Peruano”, precisa el informe final del Caso Lava Jato en la página 1144.
Así es cómo se disparó el costo.
Qué gran negocio en estas nuevas circunstancias en que los usuarios de luz eléctrica tenían que pagar con los llamados “ingresos anuales garantizados” y cuya recaudación sería cubierta a través del “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE)” incorporado en los recibos de luz.
Como ya hemos demostrado en EXPRESO, los cálculos del experto Jorge Peschiera Cassinelli dan cuenta que bajo este esquema financiero se hubiera propiciado la afectación al Estado y a los usuarios, a través de las tarifas, por más de US$ 15 mil millones en los 34 años de la concesión.
MERINO Y MAYORGA
Esta vorágine de incremento de cifras, con el visto bueno del gobierno nacionalista y los ministros del sector, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba, tuvo –desde los albores del proyecto– como uno de sus “caseritos” a Pedro Pablo Kuczynski.
¿Cómo es que Odebrecht siguió avanzando después de controlar la concesión y el proyecto? Simplemente se limitó a registrar un patrimonio que le permitiría constituirse en sujeto de crédito y hacer realidad “el compromiso de facilidades excepcionales otorgadas por funcionarios del Estado peruano en perjuicio de los usuarios nacionales del servicio de electricidad y del propio Estado”.
Esto, al asumir nada menos que el propio país los “riesgos que corresponden al concesionario, los que incluyen garantías de ingresos y garantías sobre las deudas del concesionario”.
Obtenidas estas “facilidades”, Odebrecht se lanzó a conseguir el cierre financiero sobre la base del endeudamiento garantizado por el propio Estado peruano.
Con estos indicios o realidades la comisión congresal llegó a la conclusión de que todo este esquema aplicado en el gasoducto del sur, que no difiere sustancialmente de otros proyectos de la constructora Odebrecht, no lo hace una empresa sino “una organización delictiva con fachada empresarial” dedicada a corromper las instituciones y funcionarios del Estado peruano.
Una praxis que “no puede ser gratuita” y cuyos pagos no se han limitado “a los ‘aportes’ de campaña que son más bien coimas generales [sino] que van acompañadas de pagos específicos por proyecto como en otros casos conocidos (tren eléctrico, IIRSAs, etc.)”.
FIRST CAPITAL
Para rememorar esta etapa de la historia de la corrupción en el Perú hubo sucesos previos como la compra de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas por parte de Odebrecht entre abril de 2011 y junio de 2012 y otros movimientos sospechosos de capitales.
Por entonces esta constructora carioca reportó que entre julio y diciembre de 2012 realizó pagos a First Capital Inversiones y Asesorías, ligado a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un total de US$ 121,750, los que aparecen como servicios prestados desde mayo de ese año, cuando Odebrecht tomaba el control total de Kuntur con la compra del 49 % restante del accionariado.
Ahora se sabe que las de PPK fueron asesorías en las que participó su socio chileno Gerardo Sepúlveda, “relacionadas con la estructuración de la intervención de Petroperú en el proyecto de transporte de gas al sur del país, con el fin de que la empresa pública realice aportes financieros solicitados por Kuntur Transportadora de Gas”. Y vaya que lo hizo.
Como ni en política ni en economía hay coincidencias reiteradas, es de subrayar que el mes de diciembre de 2012, apenas concluidos los pagos a First Capital, en este mismo mes el gobierno de Ollanta Humala promulgó la controvertida Ley 29970.
¿Qué ordena esta norma en su artículo 7? Encarga a Petroperú efectuar las acciones tendentes a la obtención y transporte del etano en cantidades suficientes para la promoción del desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país.
Es decir, se trataba de una medida que estaba “en la ruta del Gasoducto Andino del Sur de Kuntur, autorizando un aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de S/ 1,056’000,000″.
Según información bancaria a la que tuvo acceso la comisión investigadora, se probó “que durante el periodo 26/11/04 al 30/7/17, First Capital recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente un monto ascendente a US$ 4’945,653″, esto al margen de lo que recibió de la Concesionaria Trasvase Olmos y de la Interoceánica Sur Tramo 2.
No hay caso que PPK no tiene pierde en ningún lobby.

Los consorciados

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) estuvo formado por Odebrecht, que tenía una participación del 55 % de las acciones, el 25 % de Enagás de España y 20 % de acciones correspondientes a Graña & Montero.
EL PAPEL PECULIAR DE NADINE Y MÁS DE US$ 3 MILLONES

Sobornos de Odebrecht habrían impuesto a Humala en Palacio

Desde entonces la constructora brasileña controló los proyectos de Estado vinculados a sus intereses, como el transporte del gas al sur del país.
A estas alturas de la historia, a las coimas bajo la forma de “aportes” de las constructoras brasileñas, que ya son más que públicas, donde además se ha focalizado la investigación del “grupo especial” del caso Lava Jato de la Fiscalía, dejando de lado las coimas y sobrevaloraciones de los proyectos propiamente dichos, lo más llamativo son los indicios de lavado de activos de los que nos ocuparemos en otro momento.
Pero empecemos por los “aportes” de “Marcelo”, se supone Odebrecht, registrados en una de las agendas de Nadine Heredia, donde hay diez aportes que hacen un total de US$ 340,000 entre noviembre de 2009 a enero de 2011.
Hay en dichas agendas otros montos junto a nombres como el de “Barbudos”, “El Gringo”, “Cristina”, “Ivoska” y otros.
Si a lo anterior sumamos que Nadine Heredia y su esposo Ollanta Humala Tasso viajaron a Brasil 10 veces entre febrero de 2010 y mayo de 2014, y que Humala viajó a dicho país en cinco oportunidades entre febrero de 2010 y el 8 de junio de 2011, cuatro acompañado por su esposa, a lo que se debe sumar el solitario viaje de Nadine Heredia a Brasil y su retorno al Perú por Venezuela, veremos que estos periplos son más que sospechosos.
Para la comisión investigadora tales datos “son consistentes con la hipótesis ya conocida de que Marcelo Odebrecht y Jorge Simoes Barata entregaron US$ 3 millones, mencionados en la planilla ‘Italiano’ bajo el concepto de ‘Programa OH’, en el periodo de la campaña electoral del año 2011”.
Los pagos efectuados por Odebrecht a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con conocimiento y participación de algunos miembros muy cercanos del Partido Nacionalista a la mencionada pareja, no son de ninguna manera meros aportes de campaña, según el informe congresal.
Esto porque consideran que “los aportes de campaña deben reunir determinadas características para tener dicha condición, entre las más importantes, el ser declarados como tales ante la autoridad electoral, en este caso la ONPE, lo que no ocurrió”.
En consecuencia, los pagos de Odebrecht no son otra cosa que “la materialización de compromisos e incluso la constitución de una organización criminal para realizar actos ilícitos cuando el candidato, ya elegido, toma el cargo e inicia el ejercicio del gobierno”.
Se llega a esa conclusión porque los pagos presentados como aportes de campaña, especialmente si son tardíos, es decir cuando las campañas ya han concluido, “no pueden estar desconectados de los proyectos licitados por el Estado y de los lucros indebidos, ilegales y delictivos que bajo la cobertura de los proyectos obtienen los interesados aportantes a las campañas electorales”.
CONFESIÓN DE PARTE
Esta práctica –agregan– está contenida en la declaración de Jorge Simoes Barata a los fiscales peruanos en Sao Paulo, especialmente cuando habla de la “necesidad de contribución por Caja Dos en campañas políticas o de corrupción para conquista de un beneficio en un proyecto del país”.
Incluso al referirse al propósito de los aportes a campañas, Barata diferencia la obtención del contrato de la obtención de los beneficios en los contratos.
“Sobre la primera (obtención del contrato) explicó que no es [el] objetivo del aporte a la campaña porque ‘las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como Proinversión’, niveles que no necesariamente conocían de los aportes a campaña”; en cambio, sí era su objetivo –con los pagos– la obtención de beneficios en los contratos; así como ‘tener acceso a los gobiernos’”.
Esto significa que, al margen de los procesos en Proinversión para los contratos específicos, había una acción corruptora prioritaria y previa para favorecer a Odebrecht con el propósito de tener acceso a los gobiernos y de esa forma llegar a todos los contratos de su interés, esto mediante aportes para las campañas electorales, reiteramos.
Este esquema explica por qué todos los últimos presidentes de la República, desde Alejandro Toledo, pasando por Humala, Alan García y PPK, están implicados en el sistema de corrupción de Odebrecht.
SOBORNO DEFINITORIO
El origen del dinero de los pagos a Ollanta Humala, proveniente de la “Caja Dos”, también llamado “departamento de operaciones estructuradas”, pone en evidencia la fuente ilícita de los fondos, independientemente del propósito electoral o no de los mismos.
Toda la información demuestra que el apoyo económico de Odebrecht a Humala, con una regularidad mensual, vino desde noviembre de 2009 y que el posterior aporte de US$ 3 millones a la campaña nacionalista, por su volumen, habría sido definitorio en los resultados electorales.
Dicho de otra forma, “Odebrecht influyó decisivamente en la elección del presidente en el Perú y tomó, a través de Ollanta Humala, el control de las políticas de Estado vinculadas a sus esferas de interés, entre ellas la del transporte del gas al sur del país”.
Un control que se hizo política de gobierno con el anuncio del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” que Ollanta Humala anunció en su mensaje al Congreso el 28 de julio de 2012.
Delación de testigo
En el caso del gasoducto se presenta tanto la peculiar intervención de Nadine Heredia en la receptación de dinero registrado en sus agendas cuanto su intervención en reuniones en Palacio de Gobierno con funcionarios de Proinversión y los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Tal es la información del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016, corroborado por Gustavo Navarro Valdivia, integrante del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión ante el Ministerio Público.

El “perromuerto” de Odebrecht y Graña

Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que es el banco de desarrollo estatal del país, prácticamente ha perdido créditos por un monto de 334 millones de dólares otorgados a las empresas Odebrecht y Graña y Montero que incluyen recursos para el fallido Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Esos créditos, en la actualidad al parecer incobrables, se desagregan en una  deuda de 87 millones de dólares que corresponden a Graña y Montero SAA y 247 millones de dólares a Odebrecht.
Es más, según Cofide los créditos solo para el gasoducto ascienden a 160 millones de dólares que fueran desembolsados en diciembre de 2014.
La suma de estos montos representan alrededor de un tercio del patrimonio efectivo de la citada entidad, que bordea los 3,535 millones de soles, según se desprende del debate congresal del caso Lava Jato y de un debate en la comisión de Economía del Legislativo.
Parte de la historia de este “perromuerto” está a partir de la página 1150 del informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, que la prensa concentrada ha ocultado.
El caso es expuesto a partir de los riesgos financieros que atraviesa Cofide a raíz de aquellas operaciones financieras porque se dieron, sobre todo respecto de Graña y Montero, cuando ya había estallado el caso Lava Jato en Brasil.
Asimismo, cuando eran públicos los riesgos del proyecto del gasoducto porque Odebrecht no había logrado reunir el monto necesario para el cierre financiero o los capitales que posibiliten la ejecución de esta megaobra.
El informe Lava Jato resume el problema de los créditos de Cofide a partir de una información del diario Gestión que, en su edición del 8 de febrero de 2017, da cuenta de una entrevista  al presidente del directorio de Cofide, Pedro Grados, quien, al tiempo de confirmar la deuda de los 160 millones de dólares, dijo que esta aún no se consideraba impaga porque “no está en default”.
La comisión también cita al experto en temas energéticos, César Gutiérrez Peña, quien en septiembre de 2014, dos meses después de la firma del contrato de concesión, había informado que en la sesión N° 820 del directorio de Cofide, del 30 de septiembre de ese año, estuvo en agenda el financiamiento por US$ 125 millones para el gasoducto a través del Citibank y otros US$ 125 millones “vía Deutsche Bank, para Odebrecht Latinvest Perú Ductos SA”, en ese momento accionista del 70 % del GSP.
Entre este y otros créditos Gutiérrez contabilizó US$ 385 millones de  fondos de Cofide que ahora se han evaporado, como veremos después.
Respecto de Graña y Montero dice el informe Lava Jato que como en noviembre del año 2015 esta compañía decidió ingresar como socio del GSP con un 20 % de participación, debe quedar en claro que lo hizo en circunstancias en que en junio del 2015 Marcelo Odebrecht, propietario del 70 % de acciones, ya había sido detenido en Sao Paulo por el caso Lava Jato.
Con fecha 22 de junio de 2018, mediante comunicación CF-03038-2018/P1786, Cofide informó a la Comisión Investigadora Multipartidaria, que dos de los acuerdos de esta entidad se reseñan como “no implementados” y dos financiamientos se registran como “desembolsados”.
De los desembolsados, uno a favor de Odebrecht Latinvest Perú Ductos por US$ 125 millones y otro a favor de Graña y Montero S.A.A. por US$ 45 millones. Las cifras entonces cuadran.
PERO HAY MÁS
El año pasado además se supo en la Comisión de Economía del Congreso, que el día 27 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Banca y Seguros sacó un dispositivo con el siguiente contenido:
a) Autorizar a Cofide a reducir su reserva financiera legal por más de S/ 311 millones.
b) La reducción del capital social por alrededor de S/ 231 millones por concepto de constitución de provisiones sobre créditos.
c) La modificación del artículo 7 del estatuto social de Cofide, derivado de la reducción del capital social.
Esta comunicación ha sido enviada a la Superintendencia de Mercado de Valores SMV el 29 de diciembre por oficio CF-06577-2,017-GG y lo firma Alex Zimmerman Novoa en su calidad de Gerente General de Cofide, según un informe publicado en La Mula.
El mismo 27 de diciembre la SBS mediante comunicación Nº 45286- 2017 ofició a Cofide, a través de su secretario general Carlos Melgar Romarioni, la Resolución SBS 5028-2017 –SBS, expediente 2017/ 65993, firmada por Socorro Heysen Zegarra, titular de la SBS.
¿Qué ordena la resolución? La reducción de la reserva legal de Cofide por S/ 311´090,461.00 y la reducción del capital social por S/ 231’360,000.00 para provisiones y la modificación del artículo 7, también antes mencionado.
En ausencia de Mercedes Aráoz, la sesión de la comisión de Economía fue presidida por el legislador  Percy Alcalá Mateo (FP), quien -sobre la base del informa del jefe de Cofide, Pedro Grados Smith, detalló que esta entidad destinó 100 millones de soles, en setiembre de 2013, para la construcción de la Hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco, además de 11 millones de dólares para el trasvase Olmos, en Lambayeque.
También dijo Alcalá que el paquete de desembolsos “entrarían en default, es decir en mora, “que va a derivar en la suspensión de pago por parte de Odebrecht para cubrir su deuda a partir del mes de junio del próximo año”.
Pero luego vino lo más grave. El mencionado congresista se preguntó si con la aprobación del directorio, en octubre de 2016, de la emisión de bonos corporativos por 400 millones de dólares, se utilizará esta operación de deuda para cubrir la pérdida de parte del patrimonio efectivo de Cofide, ante la práctica evaporación de las garantías otorgadas por Odebrecht.

PAPÁ ESTADO
Hay más. Desde el año pasado el presidente de Cofide, Pedro Grados Smith estaba ilusionado que el gobierno apoyaría a la institución que preside para salir del atolladero y expuso un programa en el esquema de la SBS.
“La solución es un decreto supremo que está por salir y, en paralelo, [la aplicación de] un programa de fortalecimiento patrimonial coordinado con el MEF, que tiene cuatro pilares”.
“Primero, la revaluación a valor patrimonial de las acciones de la CAF que hay en nuestro patrimonio. De los US$1,000 millones de este, US$700 millones son estas acciones. Representaría entre US$300 millones y US$350 millones para Cofide”.
“Segundo, capitalizar parte de la deuda gobierno a gobierno canalizada por nosotros: US$100 millones más”.
“Tercero, la búsqueda de un socio, de preferencia un organismo multilateral. Y cuarto, capitalizar prácticamente el 100% de utilidades de los siguientes años. Estamos con un problema, pero tenemos una solución”, afirmó Grados al diario El Comercio.
Claro, todo con ayuda de papá Estado y nueva deuda que la pagaremos siempre nosotros y nuestros hijos y nietos.
Dicho de otra forma, “Cofide ha expuesto, al riesgo de no recuperarlos, recursos públicos confiados a un régimen de administración privada precisamente para garantizar la recuperación del capital y la rentabilidad del mismo”.
“Con el agravante de que los ha expuesto pese a los límites reglamentados y en circunstancias que ya se conocía las prácticas de corrupción de por lo menos uno de los socios de Gasoducto Sur Peruano”, señala el informe del Congreso.

10 de enero de 2018

Este día fue publicado en El Peruano el aviso de la reducción del capital social acordado por la Junta General de Accionistas de Cofide del 10 de noviembre de 2017. La sesión fue comunicada como hecho de importancia ese mismo día.

La deuda ya entró hace rato en ‘default’

Este ajuste que disminuye la capacidad financiera y de apalancamiento de Cofide para cumplir su rol de banca de segundo piso, para apoyar sobre todo a medianas empresas, tiene que haber tenido operadores muy eficaces.
Un informe en el portal La Mula, que firma el economista Dennis Falvy, da cuenta detallada de que en ese entonces Alonso Segura Vasi estaba en el Directorio  de Cofide cuando a la vez era jefe de asesores  del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Luego, cuando Segura asumió el mando del MEF, sus dos últimos viceministros fueron presidentes de Cofide, como es el caso de José Giancarlo Gasha.
Ya como ministro, ¿”no le dieron cuenta de lo qué pasaba [en Cofide], con préstamos a  Odebrecht y a su consorciada”, cuando incluso sus directivos estaban en prisión preventiva?, se interroga el economista.
Cuando se otorgan los créditos en 2014, en el segundo trimestre José Giancarlo Gasha Tamashiro era en efecto presidente del Directorio y también viceministro de Economía del MEF, quien al parecer manejó el tema de los créditos, habiendo estado en Cofide entre el 2013 y 2015.
“El señor Grados Smith no puede ignorar que un viceministro de economía José Gasha Tamashiro (…) fue presidente de Cofide”, escribe Falvy.
“Y cuando vino el nuevo viceministro Enzo Defilippi (…) no  se sabe qué hizo  con (…) los brasileros de Odebrecht que complicaron a Cofide”.
Finalmente hay otra interrogante clave: ¿cuál es la magnitud de ese problema financiero? “En las primeras estimaciones asumíamos que era de entre US$200 millones y US$300 millones. Hoy diría con alta certidumbre, aunque aún faltan un par de semanas de trabajo de los especialistas, que es de US$500 millones. Esto no quiere decir pérdidas, pero sí provisiones que debieron haberse realizado”.
Estas fueron palabras y cálculos del año pasado. Ahora está más que claro que la deuda ya entró hace rato en default.

Otros presuntos responsables

“La Sesión del Comité de Riesgos de Cofide N° 246, se realizó bajo la presidencia de Oscar Portocarrero Quevedo, director de Cofide, y con la participación de los funcionarios de la institución financiera Jorge Luis Ramos Felices, gerente general; Rita Untiveros Mondoñedo, gerente de Riesgos; Adolfo Zulueta Becerra, gerente de Negocios Corporativos y Medio Ambiente; Armando Mestas Bendezú, gerente de Intermediación e Innovación Financiera; Ninovska Tejada Figueroa, gerente (e) de la Unidad de Auditoría Interna; Germán Torres Zambrano, gerente de Asesoría Jurídica”.
“La sesión del Comité de Riesgos de Cofide N° 296 se realizó bajo la presidencia de Carlos Paredes Salazar, gerente general (e); Ives Huaytán Matallana, gerente de Finanzas (e); Rita Untiveros Mondoñedo, gerente de Riesgos; Gustavo Ibarguen Chávarri, gerente de Negocios (e); José Herrera García, encargado de la gerencia de la Unidad de Auditoría Interna; Germán Torres Zambrano, gerente de Asesoría Jurídica”.

“Humala se puso al servicio de un grupo empresarial extranjero”

Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
La participación de Ollanta Humala Tasso en el impulso del proyecto del gasoducto del sur para favorecer intereses privados de Odebrecht y sus socios en desmedro de los intereses de la Nación ha llevado a la Comisión Lava Jato del Congreso a solicitar una denuncia constitucional en contra del citado expresidente.
Se añade que Humala infringió el principio de buena administración contenido en el artículo 39 de la Constitución por haber participado en la promulgación de un paquete normativo que hizo posible la concesión del citado proyecto lesivo al interés nacional.
Nos referimos a las Resoluciones Supremas N° 05-2013-EF y N° 015-2013-EF y a ese estropicio de garantizar –a nombre del Estado – las deudas contraídas por la sociedad Gasoducto Sur Peruano S.A. a través del Decreto Supremo N° 207-2014-EF, como ha sucedido con los 160 millones de dólares ya perdidos por Cofide.
La conclusión sobre una eventual denuncia constitucional se fundamenta en que Humala Tasso mantuvo reuniones con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora del mismo nombre, Jorge Barata y Luiz Mameri, funcionarios de la constructora carioca.
Esto con la finalidad “de comprometer al Estado peruano en dotarle al grupo empresarial Odebrecht de condiciones favorables, afectando recursos de los usuarios del servicio de electricidad y mediante garantías a cargo del propio Estado”.
Asimismo, la comisión congresal lo acusa de facilitar mecanismos para financiar el proyecto y promover una normativa ad hoc principalmenta través de la promulgación de las leyes 29969 que promociona la masificación del gas natural y más aún de la ley 29970, “Ley que Afianza la Seguridad Energética y promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”.
Esta última –la ley 29970-, a diferencia del esquema del primer concesionario Kuntur Transportadora de Gas, que se comprometía a asumir todos los gastos del proyecto con inversión privada, pero con la nueva concesión del gobierno nacionalista era el Estado el que tenía que subsidiar el proyecto con “ingresos garantizados” a descontar de las facturas de los usuarios de la luz eléctrica, como lo ordena artículo 2 de la citada ley.
Igualmente, acusan al expresidente de haberse puesto “al servicio del grupo empresarial extranjero en detrimento de los intereses del Estado peruano” porque concertó con las personas antes mencionadas para crear el “mecanismo de pago de los ingresos garantizados anuales” a la firma brasileña.
Este esquema financiero, como es público, le otorgada a la compañía de Marcelo Odebrecht “seguridad sobre ingresos por 900 millones de dólares anuales durante 30 años, en contravención del principio constitucional de que el Estado protege a los consumidores”.
Esto implicaría, según cálculos de expertos, el desembolso de pagos indebidos calculado entre 14 mil y 15,000 millones de dólares en todo el periodo de la concesión.
COLUSIÓN AGRAVADA
Humala Tasso, además, podría cargar con una denuncia constitucional por responsabilidad penal en calidad de autor por presunta colusión con los privados Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata y Luiz Antonio Mameri.
Estos tres últimos en calidad de cómplices y representantes de Odebrecht, con quienes Humala se reunió hasta en dos oportunidades en el Palacio de Gobierno, el 28 de marzo de 2012 y el 9 de agosto del mismo año.
En el desarrollo y ejecución de este acuerdo colusorio habrían participado -en diversas formas- los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión.
La ejecución del presunto acuerdo colusorio a través del otorgamiento de la buena pro se habría dado cuando el mismo 28 de marzo de 2012, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura compró las acciones de Kuntur Transportadora de Gas, tomando Odebrecht el control total de la concesión del servicio de transporte del gas de Camisea, aunque en la práctica Odebrecht ya manejaba Kuntur.
Es de recordar que el mismo día del mes de marzo se realizó un depósito por US$ 69’000,000.00 a través del Scotiabank en una cuenta Escrow (de tránsito) de la cual se transfirieron US$ 66’000,000.00 a Cusco Pipelines LTD ligado a la mencionada Kuntur.
Después de dicha transferencia se reunieron en el Ministerio de Energía y Minas Jorge Barata, Jorge Merino Tafur, entonces titular del sector, y Luis Castillo Rubio, de Economía y Finanzas.
Fue en este cónclave donde se le informó a Barata que en los próximos días -según narró Castilla en la comisión investigadora-  el entonces presidente Humala anunciaría, en el mensaje a la nación del 28 de julio de 2012, el proyecto de seguridad energética y transporte del gas de Camisea, como en efecto sucedió.
La segunda reunión entre dichos personajes tuvo lugar el 9 de agosto de 2012 en el Palacio de Gobierno.
UN SOLO POSTOR
Otra de las conclusiones de la comisión multipartidaria del Legislativo respecto de prácticas colusorias fueron las malas artes de cómo las autoridades de Proinversión sacaron del concurso de concesión al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur integrado por Gasoducto del Sur S.A. (Sempra); Tecpegas S.A. (Tecpetrol), GDFSUEZ South Peruvian Gas Pipeline S.A. (GDF Suez) y Transportadora de Gas Internacional.
Se trataba de una modificación de los porcentajes de participación de las empresas consorciadas antes mencionadas que impidieron se concrete estando en el plazo legal de tres días, a partir del 27 de junio, y que concluía a las 9:30 am del 30 de junio de 2014.
¿Qué pasó? El sábado 28 de junio de 2014, el abogado Luis Peschiera Rubini, del Estudio Delmar Ugarte Abogados, remitió un informe jurídico concluyendo que correspondía dejar sin efecto la carta remitida el 27 de junio por el Comité y proceder a la descalificación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por falta de veracidad o insuficiencia en la información presentada.
Un día después los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna del Estudio Echecopar hicieron lo mismo.
Teniendo como sustento estos informes en favor de Odebrecht, el lunes 30 de junio de 2014, mientras estaba vigente el plazo de subsanación otorgado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, se les hizo llegar una carta donde les informan que han sido descalificados del concurso.
Fue así como el consorcio Gasoducto Sur Peruano (conformado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos – de Odebrecht- y por ENAGÁS) quedó como el único postor del concurso, obteniendo la buena pro el 30 de junio de 2014.
PERJUICIOS AL PAÍS
¿Cuál sería el perjuicio económico causado al Estado y a la sociedad? A lo largo del informe se ha determinado que el proyecto no era factible porque carecía de oferta y demanda, y, lo que es más grave, porque no existían reservas de gas para el proyecto, como lo constataron las entidades consultoras, la Contraloría y después lo confirmó el mismo Ministerio de Energía y Minas cuando fue ministra Cayetana Aljovín.
Está entonces claro para la comisión Lava Jato que se licitó y adjudicó un proyecto insostenible e injustificado, “constituyendo esto, por sí solo, un ejercicio abusivo del poder con graves perjuicios al Estado peruano”, señala el informe aprobado por pleno del Congreso de la República el 9 de noviembre de 2018.
A lo anterior se agrega que durante la ejecución del contrato de concesión el Estado asumió compromisos de pago en base a los “ingresos garantizados” anuales por 500 millones de pies cúbicos de un proyecto que no era “autosostenible”, como se estableció en el contrato.
Finalmente, tuvieron la desfachatez de poner en marcha la recaudación del “Adelanto de Ingreso Garantizado” afectando a los usuarios del servicio de electricidad mediante cobros indebidos de las llamadas Tarifa Regulada de Seguridad, Sistema Integrado de Seguridad Energética y Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE).

Ministros comprometidos

Denuncia constitucional contra los ciudadanos Luis Miguel Castilla Rubio (exministro de Economía y Finanzas), Jorge Humberto Merino Tafur (exministro de Energía y Minas), Eleodoro Octavio Mayorga Alba (exministro de Energía y Minas), René Helbert Cornejo Díaz (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento), Juan Manuel Benites Ramos (exministro de Agricultura) y José David Gallardo Ku (exministro de Transportes y Comunicaciones), cada uno de ellos en su calidad de exministros y exintegrantes del Consejo Directivo de Proinversión, por infracción del artículo 39 de la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto con condiciones negativas para los intereses de la Nación.
Merino Tafur, primer ministro de Energía y Minas del gobierno nacionalista,  participó en este desmadre desde la inclusión del proyecto en el Plan de Promoción de Proinversión hasta febrero de 2014. También participó en varias sesiones “no presenciales”, que no era otra cosa que sesiones “truchas” (falsas) para implementar acuerdos del más alto nivel político.
Eleodoro Mayorga Alba fue el sucesor de Merino en el sector. Se le han contabilizado su participación en ocho “sesiones no presenciales”, entre ellas la del Consejo Directivo de Proinversión del 7 de mayo de 2014, en la que se designó a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética del investigado Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca.
FUNCIONARIOS MOSTRARON UN INTERÉS DESMEDIDO PARA FAVORECER A ODEBRECHT

Implicarían a Nadine en lavado de activos

Alfredo Dammert Lira sería acusado por colusión porque como árbitro no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur por un monto de U$ 66’705,106 millones.
La señora Nadine Heredia Alarcón ocupa el centro de la atención cuando se trata de ubicar presuntas responsabilidades penales ligadas a lavado de activos y tráfico de influencias.
Y es que entre diciembre de 2009 y los primeros 6 meses del 2011, Odebrecht habría realizado pagos durante la campaña presidencial de Ollanta Humala, como lo ha declarado Jorge Henrique Simoes Barata y lo ha puesto en evidencia las anotaciones de agenda de Nadine Heredia.
Y en ese contexto Heredia “habría recibido dinero en efectivo, en un lugar privado, sin testigos, sin comprobante ni declaración de entrega”.
“Además, este dinero no habría sido abonado oficialmente a la contabilidad del Partido Nacionalista o de la Alianza Gana Perú, ni declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, señala el informe Lava Jato.
En este caso ella actuó como “cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia”, donde el autor del ilícito sería Jorge Barata, según la Comisión Lava Jato.
Asimismo, al haber recibido Heredia dinero de procedencia ilícita habría cometido el delito de Lavado de activos en calidad de autora.
Para la comisión multipatidaria “la procedencia ilícita del dinero la pudo haber advertido por la forma en que fue entregada (en efectivo, de manera secreta, sin regularización posterior)”.
En cuanto a su amiga Rocío Calderón Vinatea se “presume la comisión del delito de Lavado de activos por parte”, al igual que de doña Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la ex primera dama.
También la misma figura legal podría incriminar a Claudia Teresa Hokama Kuwae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Jens, Luiz Lindgren Costa y Jorge Henrique Simoes Barata.
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE…
El exdirector de Promoción de Proinversión, Yaco Paul Rosas Romero, encabeza, junto con Luis Renato Sánchez Torino, expresidente de la Comisión de Evaluación de los Sobres N° 2 y Sobres N° 3 del concurso, la presunta comisión del delito de negociación incompatible y de colusión agravada.
Con relación a Rosas Romero se afirma que entre enero de 2013 a julio de 2014 “evidenció un interés indebido para que se otorgara la buena pro a favor de Odebrecht. La conducta se habría realizado con conocimiento y voluntad (conducta dolosa)”.
En las mismas figuras antes citadas podrían estar incursos los funcionarios públicos Gustavo Adolfo Navarro Valdivia (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética), María del Rosario Raquel Patiño Marca (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión).
También Edgard Bartolo Ramírez Cadenillas (expresidente del Comité Pro seguridad Energética de Proinversión) y Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exmiembro del Comité de Pro Seguridad Energética de Proinversión, todos funcionarios públicos.
La comisión del delito de Colusión también se presume respecto de Claudia Hokama Kuwae, como cómplice particular.
“FUERZA MAYOR”
Asimismo existen indicios que permitirían atribuir al ingeniero Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, la presunta comisión del delito de Colusión porque –como árbitro- no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur Transportadora de Gas por un monto de U$ 66’705,106 millones por incumplimiento del contrato de concesión con el argumento de “fuerza mayor” causada por una nueva concesión otorgada a la misma Odebrecht.
Merino Tafur otra vez
El exministro Jorge Merino Tafur es otro ciudadano de quien se presume la comisión del delito de lavado de activos porque hizo un pago -en efectivo- por la suma de US$ 480,000 para efectuar la compra de un inmueble sin acreditar el pago efectivo y utilizando personas de su entorno familiar.
“En base a ello, se justifica el inicio de una investigación a fin de determinar si en las operaciones comerciales se ha utilizado dinero de procedencia lícita considerando las circunstancias en las cuales se han llevado a cabo”.

Gobierno belga se tambalea

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El primer ministro, Charles Michel, junto al titular de Interior Jan Jambon, de la N-VA.

El primer ministro belga dimite tras la crisis del Pacto sobre la Migración

Por BERNARDO DE MIGUEL-Diario El País.
El primer ministro de Bélgica, el liberal francófono Charles Michel, ha anunciado su dimisión tras resistir varias semanas a la crisis política desatada en el país por la ratificación del Pacto mundial sobre la Migración impulsado por la ONU.
La dimisión revive el espectro de la crisis de 2010 y 2011, cuando Bélgica permaneció con un gobierno en funciones durante 541 días, batiendo el récord mundial de Camboya. El colapso del gobierno podría reabrir también la crisis territorial latente en el país, aparcada desde que los independentistas flamencos entraron en el Gobierno de Michel en 2014.
La coalición gubernamental ya se tambaleó el 9 de diciembre, cuando los miembros del partido independentista flamenco NVA anunciaron su salida del ejecutivo en protesta por la intención de Michel de mantener el apoyo a un Pacto cuestionado por las fuerzas de extrema derecha y populistas de todo el planeta, con Donald Trump a la cabeza.
La salida del NVA, el partido más votado en las elecciones de 2014 con el 20.3%, ha obligado a Michel a buscar apoyos alternativos para mantener un gobierno en minoría. Pero durante su comparecencia ante el Parlamento, ha reconocido que sus maniobras han fracasado.
“Mi llamada no ha convencido, no ha sido escuchada. He tomado la decisión de dimitir y voy inmediatamente a Palacio [para comunicárselo al Rey]”, ha anunciado Michel. Varios grupos parlamentarios, con los socialistas al frente, preparaban una moción de confianza y Michel no parecía contar con los apoyos necesarios para superarla.
El monarca, tras recibir al primer ministro, ha anunciado que, de momento, deja su decisión “en suspenso”. La vía de escape para evitar unas elecciones anticipadas podría ser mantener al Gobierno en funciones hasta el 26 de mayo, cuando está previsto que se celebren las elecciones generales y las europeas.
La ruptura se desencadenó en vísperas de la cumbre de la ONU en Marrakech, que el pasado 10 de diciembre adoptó por consenso el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata de un acuerdo no vinculante negociado desde 2016 y con el que se aspiran a fijar unos principios mínimos para garantizar una gestión digna de los flujos migratorios. El texto había pasado casi inadvertido hasta que EEUU se desmarcó tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. A partir de ese momento, el Pacto se convirtió en la bestia negra de los partidos de extrema derecha.
La Unión Europea se convirtió en el principal valedor del acuerdo. Pero la unidad de la posición europea recibió un serio golpe a principios de noviembre, cuando el gobierno austriaco (coalición de conservadores y extrema derecha) anunció que retiraba su apoyo. La andanada de Austria, país que ocupa la presidencia de la UE durante el segundo semestre de 2018, fue el toque a rebato para los gobiernos más escorados a la derecha o reacios a la migración. Socios de la UE como Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, República Checa o Eslovaquia también se desmarcaron del Pacto.
Los independentistas flamencos de la NVA, que forman parte de la misma familia política europea que el PIS polaco de Kaczynski, se sumaron de manera inmediata a la tendencia contra el Pacto migratorio. Sus miembros más destacados del Gobierno, como el ministro del Interior, Jan Janbom, o el secretario de Estado de Migración, Theo Francken, exigieron a Charles Michel que se opusiera al Pacto en la cumbre de Marrakech.
Michel se negó en redondo a desmarcarse del Pacto migratorio, tanto por apoyar los principios plasmados en el acuerdo como por no contribuir a la ruptura de la unida de la UE. El primer ministro logró el apoyo del Parlamento belga, que votó a favor de secundar el texto pactado por un centenar largo de países de la ONU. La postura de Michel cosechó aplausos en Marrakech. Pero ha terminado por costarle el puesto.

Libertad religiosa

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En los últimos años se han realizado distintos esfuerzos desde el Estado para crear un marco de tolerancia hacia la libertad religiosa. LEY Nº 29635: LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Artículo 1º.- Libertad de religión
El Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano.
El ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos.
Artículo 2º.- Igualdad ante la ley
Toda persona natural es igual ante la ley. Se prohíbe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas.
El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios.
Artículo 3º.- Ejercicio individual de la libertad de religión
La libertad de religión comprende, entre otros, el ejercicio de los siguientes derechos:
a. Profesar la creencia religiosa que libremente se elija y cambiar o abandonar la que se tenga en cualquier momento, conforme al procedimiento propio de cada iglesia, confesión o comunidad religiosa. En todo caso, se respeta la libertad religiosa individual.
b. Practicar de forma individual o colectiva, en público o en privado, los preceptos religiosos de su confesión, sus ritos y actos de culto.
c. Recibir asistencia religiosa por su confesión. Las instituciones públicas competentes adoptan las medidas y normas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en las prisiones, en los centros públicos hospitalarios, asistenciales y otros bajo su dependencia.
d. Elegir para sí o para los menores o los incapaces sujetos a su patria potestad, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
e. Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas.
f. Conmemorar las festividades y guardar el día de descanso que se considere sagrado en su religión, debiéndose armonizar los derechos de los trabajadores con los de la empresa o administración pública para la que labore, y de los estudiantes con las instituciones educativas, conforme al reglamento de la presente Ley.
g. Prestar juramento según sus propias convicciones religiosas o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse a la alternativa promisoria.
h. Recibir sepultura de acuerdo con las tradiciones y ritos de la propia confesión religiosa, respetando en todo caso las normas vigentes sobre salud e higiene públicas.
Artículo 4º.- Objeción de conciencia
La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas.
Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo, moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece.
Artículo 5º.- Entidad religiosa
Se entienden como entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Estas entidades cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerio propios.
Las entidades religiosas no tienen finalidad de lucro.
No se consideran religiosos los fines o actividades relacionados con fenómenos astrofísicos, sicológicos, parasicológicos, adivinación, astrología, espiritismo, difusión de ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos, espiritualistas u otro tipo de actividades análogas. Las entidades dedicadas al desarrollo de ritos maléficos, cultos satánicos o análogos se encuentran al margen de la presente Ley.
El Estado respeta y garantiza las expresiones religiosas de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, así como su derecho de ejercerlas de manera individual o colectiva.
Artículo 6º.- Dimensión colectiva de las entidades religiosas
Son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, entre otros, los siguientes:
a. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú.
b. Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la legislación nacional.
c. Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos y establecer su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición de ministro de culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad competente de la entidad religiosa.
d. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos.
e. Divulgar y propagar su propio credo.
f. Solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias.
g. Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio nacional o extranjero.
Artículo 7º.- Dimensión educativa de las entidades religiosas
Las entidades religiosas, inscritas en el registro al que se refieren los artículos 13º y 14º, pueden crear y dirigir autónomamente sus propios centros de formación para el ministerio religioso y para estudios teológicos.
El reconocimiento oficial de los títulos académicos expedidos por estos centros puede ser objeto de convenio entre el Estado, a través del Ministerio de Educación, y la correspondiente entidad religiosa, siempre que esta cumpla con los requisitos académicos establecidos por la Ley núm. 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Asimismo, aquellas que cumplen con los requisitos de la Ley núm. 23733, Ley Universitaria, pueden acceder a entregar dichos títulos.
Artículo 8º.- Exoneración del curso de religión
Las instituciones educativas, en todos sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos a exonerarse de los cursos de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse afectado su promedio académico.
En los casos de los menores de edad, la exoneración procede siempre y cuando así lo expresen los padres o quien tenga la tutela de los mismos.
Artículo 9º.- Protección del ejercicio de la libertad religiosa
El Estado garantiza a las personas, de manera individual o asociada, que desarrollen libremente sus creencias y actividades religiosas, en público o en privado.
No hay persecución por razón de ideas o creencias religiosas, debiéndose garantizar lo siguiente:
a. Nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa.
b. Los ministros de culto tienen derecho a guardar el secreto sacramental, ministerial o religioso.
Ninguna autoridad o funcionario público puede obligar a revelarlo.
c. Nadie puede ser obligado a participar en actos de culto, a recibir asistencia religiosa o a prestar contribuciones económicas o en especie a entidades religiosas.
Artículo 10º.- Patrimonio de las entidades religiosas
El patrimonio de las entidades religiosas se encuentra constituido por los bienes adquiridos conforme a ley.
Asimismo, por el patrimonio histórico, artístico y cultural que se haya creado, adquirido o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso se respeta su prevalente función de servicio al culto sagrado.
El Estado, a través de las instituciones públicas competentes, puede prestar cooperación técnica y/o económica para el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de las entidades religiosas.
Artículo 11º.- Donaciones y beneficios tributarios
Las entidades religiosas gozan de las donaciones y beneficios tributarios existentes siempre que cumplan con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico nacional.
Artículo 12º.- Destino del patrimonio en caso de disolución
En caso de disolución de una entidad religiosa, por acuerdo interno o por mandato de la ley, su máxima autoridad acuerda a qué entidad, de fines similares, es destinado el patrimonio resultante. En caso de omisión, lo determina el Ministerio de Justicia.
Artículo 13º.- Registro de Entidades Religiosas
A partir de la vigencia de la presente Ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia por Decreto Supremo núm. 003-2003-JUS pasa a denominarse Registro de Entidades Religiosas y tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado.
La inscripción en el mencionado registro es voluntaria.
Las entidades religiosas inscritas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Su organización, funciones, atribuciones y representación se rigen por esta Ley y su reglamento, así como por sus propias normas y estatutos.
Las entidades religiosas no inscritas en el registro continúan como asociaciones civiles.
Artículo 14º.- Requisitos para inscripción de entidades religiosas
Para inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas, se presenta una solicitud en la que consta fehacientemente lo siguiente:
a. Su fundación o establecimiento en el Perú, con indicación del número de fieles mayores de edad, lugares de culto y cuantos datos se consideren relevantes a efectos de poner de manifiesto su implantación.
b. Su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus bases de fe, actividades religiosas, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.
Tienen acceso al registro aquellas entidades religiosas que, por su trayectoria, ámbito, número de creyentes y/o desarrollo de actividades benéfico-asistenciales o educativas, ofrecen garantías de estabilidad y permanencia.
La inscripción requiere prueba, por cualquier medio admitido en derecho, del ejercicio constante de actividades religiosas propias, que determine la creación, fundación y presencia activa de la confesión en el Perú, por un período no menor de siete (7) años, así como de un número de fieles, mayores de edad, no inferior a lo que determine el reglamento.
La inscripción en el registro conlleva el reconocimiento de la personería jurídica, que se otorga cuando se acreditan debidamente los requisitos exigidos y no se vulnera algunos de los preceptos de la presente Ley o del ordenamiento jurídico general.
La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades reconocidas en la Constitución Política del Perú ni el ejercicio de los derechos que se reconocen en la presente Ley.
La cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa solo puede llevarse a cabo a petición de sus representantes legales, debidamente facultados, o mediante resolución judicial.
Artículo 15º.- Convenios de colaboración
El Estado peruano, en el ámbito nacional, dentro de sus competencias, amparado en el artículo 50º de la Constitución Política del Perú, puede suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común, de carácter legal, con aquellas entidades religiosas que, estando inscritas en el registro a que se refieren los artículos precedentes, hayan adquirido notorio arraigo con dimensión nacional y ofrezcan garantías de estabilidad y permanencia por su número de miembros y actividades.
Los convenios, para ser aprobados como norma legal, deben tener el informe favorable del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Sanción por impedir el ejercicio de la libertad religiosa
La persona natural o jurídica que, por acción u omisión, impida el ejercicio de la libertad religiosa en los términos recogidos en esta Ley o en los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú es sancionada según las normas penales o administrativas vigentes.
SEGUNDA.- Sobre el tratado aprobado por Decreto Ley núm. 23211, que aprueba Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú
La presente Ley, su reglamento y cualquier otra norma complementaria no afectan lo dispuesto en el tratado aprobado por el Decreto Ley número 23211, que aprueba Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, y las normas, protocolos o notas que se deriven del mismo. La personería y capacidad jurídica de la Iglesia Católica y las entidades religiosas erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, de 19 de julio de 1980, se regulan por lo establecido en el citado tratado.
TERCERA.- Seminario Evangélico de Lima y Seminario Bíblico Andino
El Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y reconocido por el Decreto Supremo 048-85-ED, y el Seminario Bíblico Andino, fundado en 1935 y reconocido por Decreto Supremo 001-90-ED, se gobiernan por su propio estatuto; tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para los fines pertinentes, bajo responsabilidad del director general o de quien haga sus veces.
CUARTA.- Reglamento
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente Ley en un plazo no mayor de noventa (90) días útiles.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Plazo para reinscripción en el Registro
En un plazo de trescientos sesenta (360) días útiles, las entidades religiosas inscritas en el Registro de Confesiones Distintas a la Católica deben reinscribirse en el registro al que hace referencia el artículo 13º.
El incumplimiento de esta disposición da lugar a la cancelación de su inscripción. La cancelación de la inscripción no impide el ejercicio de los derechos constitucionales correspondientes, conforme al párrafo último del artículo 13º.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil diez.
CÉSAR ZUMAETA FLORES
Presidente del Congreso de la República
ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diez.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación
Fuente: El Peruano: 21/12/2010Foto referencial: Pixabay dominio público

Prestidigitación jurídica

Por
Soy filósofo, y siempre me ha sorprendido la capacidad de los juristas para interpretar la ley en sentido inverso al que reza textualmente la norma y, obviamente, con un espíritu contrapuesto al que fue escrita. Me gusta llamarlo, “principio de libertad jurídica”, por el cual el juez, auténtico intérprete de la norma, no está condicionado por lo que esta afirma expresamente, ni por el espíritu del legislador, sino que puede darle un nuevo performance según su real parecer.
Lo de los “principios” es importante, pues sin estar escritos en ninguna parte, ni haber sido votados por los legisladores democráticamente electos, vienen a ser los criterios últimos según los cuales debe interpretarse toda norma escrita. Un juez los puede llamar en causa y le abren las puertas para reinterpretar la ley a su antojo. Son fundamentales para garantizar la “libertad jurídica” del juez respecto del legislador.
A esa maniobra me gusta llamarla prestidigitación. Es muy sencilla, es un juego intelectual semejante al del ilusionista que esconde la bolita. Es grandioso: “donde tú y todos pueden leer A en la Constitución, en realidad debe interpretarse como B”. Unas firmitas de los que saben del tema y basta. Así, un reducido grupo del Olimpo que funje como Tribunal Constitucional, es decir, el garante de la correcta interpretación de la Constitución, hábilmente le hacer decir precisamente lo contrario a lo que afirma.
Esto lo hemos visto muchas veces en la historia reciente. Debe haber una escuela donde le enseñan a los juristas cómo no sentirse vinculados por la letra de la Constitución, máxime si son los guardianes de la misma. Esto acaba de suceder, a la letra, en una resolución del Tribunal Constitucional, la cual determina, entre otras cosas, que es inconstitucional el financiamiento que el Estado Peruano ofrece a los colegios parroquiales, acorde con el tenor literal del artículo 50 de la Carta Magna y con los pactos internacionales firmados por el Perú, como puede ser el Concordato.
Pero no señores, donde la Constitución afirma taxativamente que “el Estado Peruano reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración”, en realidad está afirmando que es inconstitucional prestar cualquier colaboración a la Iglesia Católica. Sí, como lo leen. La constitución dice expresamente A, pero el Tribunal Constitucional, a través de una muy alambicada explicación (hábil prestidigitación donde uno no sabe donde quedó la bolita) nos explica que en realidad dice “no A”. El “principio de seguridad jurídica” desaparece colapsado por el de “incertidumbre jurídica”.
¿Cómo ha sido posible esta prestidigitación? A través de los invaluables principios inventados ad hoc para la ocasión. Así, sorpresivamente, el artículo 50 de la Constitución, que en su equilibrada redacción explica cómo el Estado Peruano no es confesional, pero reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración, la cual no es exclusiva con ella, pudiendo colaborar también con otras denominaciones religiosas. Redacción que explícitamente reconoce el papel del catolicismo en la formación histórica, moral y cultural del país, e implícitamente reconoce un valor positivo a la realidad religiosa en general, pudiendo colaborar con ella en beneficio de la entera sociedad. Cualquier persona que lo lea sin prejuicios se da cuenta de que eso es lo que afirma.
Pues resulta que estamos equivocados. Los especialistas nos dicen, según reza la sentencia, que en realidad el artículo 50 consagra “el principio de laicidad”. Dicho principio no aparece en la Constitución. Es sencillo darse cuenta, basta tener una versión digital de la misma y colocar en el buscador la palabra “laicidad”. Obtendra 0 resultados, 0 entradas, no aparece. La laicidad es, entonces, uno de esos principios “mágicos” que determinan toda interpretación ulterior de la Constitución. Son principios no escritos supra constitucionales, lo que es importante: nunca han sido votados democráticamente, se han saltado olímpicamente al poder legislativo, a la autoridad que dimana del pueblo, y son simplemente el lente con el que el especialista quiere releer y reinterpretar, porque ya ni siquiera es necesario reescribir (necesitaría poner de acuerdo al Congreso y eso es muy difícil) la Carta Magna de un país.
Pues bien, a la luz de ese principio supremo e incuestionable de “la laicidad”, del cual la sentencia va sacando cada vez más características, implicaciones y conclusiones, podemos interpretar el artículo 50 justo al revés de lo que afirma: donde dice “le presta su colaboración”, en realidad tenemos que interpretar, “no le presta su colaboración”. Más aún, “es inconstitucional que le preste su colaboración” a pesar de la Constitución misma y de los Tratados internacionales vigentes. ¿No es maravilloso este “principio de laicidad” que se da graciosamente por supuesto, y que sobrepuja a la Constitución y a los tratados vigentes?
Lo mejor es de dónde se agarran para concluir esto: un reclamo laboral por un despido en apariencia “injusto” de una profesora de Tumbes. Es decir, nada que ver. Lo peor es ver a quién perjudica: a miles de niños peruanos que prefieren el colegio parroquial al público, ¿por qué será? Vulnera además el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se vuelve inoperante, letra muerta, papel mojado, gracias a él omnipotente principio de “laicidad” que hábilmente se inventaron los jueces para tergiversar la constitución. ¿Es o no es prestidigitación jurídica?

Tribunal declara inconstitucional subvención del Estado a colegios parroquiales

El sacerdote Mario Arroyo Martínez-Fabre, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, criticó la manipulación realizada por el Tribunal Constitucional del Perú de una demanda interpuesta por una profesora despedida en 2012, para introducir el término “laicidad” en la interpretación de la Constitución y así declarar inconstitucional el financiamiento que hace el Estado peruano de los colegios parroquiales.
La sentencia publicada el 13 de diciembre de 2018 se refiere, en primer lugar, a la demanda de la profesora Darlyn Roxana Jurado Garay, que en enero de 2013 inició un proceso contra la Institución Educativa Parroquial San Agustín en el departamento de Tumbes, en el norte del Perú.
La demandante exigía la reposición en su trabajo y denunciaba que con el retiro de confianza de la institución, tras diez años de labor, se vulneraron “sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y la dignidad”.
El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Jurado Garay, ordenó su reposición en otro colegio de la UGEL de Zarumilla, bajo cuya jurisdicción estaba la escuela donde laboraba; y señaló que este centro y la UGEL deben pagar el costo del proceso.
La sentencia indica también que, si bien el pedido de la demandante tiene que ver con su reincorporación, es necesario verificar si eso “resulta compatible con el régimen de laicidad consagrado en el artículo 50 de la Constitución, que asegura la autonomía y la independencia del Estado con las organizaciones religiosas”.
El artículo 50 de la Constitución Política del Perú dice que “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”.
Sin embargo, la sentencia del TC señala que “la laicidad como principio constitucional está recogido en el primer párrafo del artículo 50 de la Constitución”.
Dice además que “la consagración como Estado laico” es “un principio constitucional-político imponderable en el ejercicio de las competencias públicas”.
Para el Tribunal la laicidad debe entenderse con dos criterios: la separación, que implica que el Estado esté aparte de cualquier Iglesia o grupo religioso; y la neutralidad, que señala que el Estado no puede valorar positivamente a ningún credo.
La sentencia indica que el caso de Jurado Garay se refiere a colegios de acción conjunta, donde participa el Estado y la Iglesia, que en el Perú suelen ser los colegios parroquiales.
El numeral 60 de la sentencia señala que “este Tribunal considera que el tratamiento brindado a estos centros educativos es inconstitucional”, mientras que el numeral 68 deja al Ministerio de Educación “la decisión de optar por suspender el financiamiento estatal en un plazo razonable”.
La crítica del Padre Arroyo
El fallo del TC fue criticado por el sacerdote y doctor en Filosofía, Padre Mario Arroyo Martínez-Fabre, al denunciar la manipulación hecha por los magistrados para introducir el término “laicidad” que no existe en la Constitución peruana.
“Soy filósofo, y siempre me ha sorprendido la capacidad de los juristas para interpretar la ley en sentido inverso al que reza textualmente la norma y, obviamente, con un espíritu contrapuesto al que fue escrita”, escribe el sacerdote en un artículo titulado “Prestidigitación jurídica”, publicado en el portal Lucidez el 18 de diciembre.
A esta capacidad de interpretar la ley en sentido inverso, el doctor en Filosofía llama “libertad jurídica”, que se basa en “los criterios últimos según los cuales debe interpretarse toda norma escrita”.
Con este modo de proceder, prosigue el experto, se logra la “prestidigitación” que termina siendo un “juego intelectual semejante al del ilusionista que esconde la bolita. Es grandioso: ‘donde tú y todos pueden leer A en la Constitución, en realidad debe interpretarse como B’. Unas firmitas de los que saben del tema y basta”.
“Así, un reducido grupo del Olimpo que funge como Tribunal Constitucional, es decir, el garante de la correcta interpretación de la Constitución, hábilmente le hacer decir precisamente lo contrario a lo que afirma”.
En este caso, denuncia el sacerdote, “donde la Constitución afirma taxativamente que ‘el Estado Peruano reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración’, en realidad está afirmando que es inconstitucional prestar cualquier colaboración a la Iglesia Católica. Sí, como lo leen”.
“La Constitución dice expresamente A, pero el Tribunal Constitucional, a través de una muy alambicada explicación (hábil prestidigitación donde uno no sabe dónde quedó la bolita) nos explica que en realidad dice ‘no A’. El ‘principio de seguridad jurídica’ desaparece colapsado por el de ‘incertidumbre jurídica’”, escribe.
El Padre Arroyo explica que esto ha sido posible “a través de los invaluables principios inventados ad hoc para la ocasión” que ignoran la letra de lo que dice el artículo 50 de la Constitución que “reconoce el papel del catolicismo en la formación histórica, moral y cultural del país, e implícitamente reconoce un valor positivo a la realidad religiosa en general, pudiendo colaborar con ella en beneficio de la entera sociedad. Cualquier persona que lo lea sin prejuicios se da cuenta de que eso es lo que afirma”.
“Pues resulta que estamos equivocados. Los especialistas nos dicen, según reza la sentencia, que en realidad el artículo 50 consagra ‘el principio de laicidad’. Dicho principio no aparece en la Constitución”, afirma el doctor en filosofía.
“La laicidad es, entonces, uno de esos principios ‘mágicos’ que determinan toda interpretación ulterior de la Constitución”, prosigue.
Estos criterios como la “laicidad”, explica el Padre Arroyo, “son principios no escritos supra constitucionales, lo que es importante: nunca han sido votados democráticamente, se han saltado olímpicamente al poder legislativo, a la autoridad que dimana del pueblo, y son simplemente el lente con el que el especialista quiere releer y reinterpretar, porque ya ni siquiera es necesario reescribir (necesitaría poner de acuerdo al Congreso y eso es muy difícil) la Carta Magna de un país”.
“Lo mejor es de dónde se agarran para concluir esto: un reclamo laboral por un despido en apariencia ‘injusto’ de una profesora de Tumbes. Es decir, nada que ver”, dice luego.
“Lo peor –concluye el Padre Arroyo– es ver a quién perjudica: a miles de niños peruanos que prefieren el colegio parroquial al público, ¿por qué será? Vulnera además el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se vuelve inoperante, letra muerta, papel mojado, gracias a él omnipotente principio de ‘laicidad’ que hábilmente se inventaron los jueces para tergiversar la Constitución”.

SALINAS NO VERÁ LA CÁRCEL POR LA BUENA FE DE MONSEÑOR EGUREN

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
El pasado 18 de diciembre se realizó en Piura la audiencia de la querella interpuesta por Monseñor José Antonio Eguren al periodista Pedro Salinas por el delito de difamación agravada.
La audiencia, originalmente programada para el 14 de noviembre, tuvo que ser pospuesta debido a que el abogado del querellado, Carlos Rivera, no pudo acreditarse por estar en calidad de moroso en el Colegio de Abogados de Lima. Finalmente, la audiencia se realizó y la jueza Judith Cueva escuchó la presentación del caso por parte del Dr. García Cavero, abogado del querellante, y del mencionado Dr. Rivera. Luego de la audiencia, el Dr. García Cavero ha publicado en su cuenta personal de Twitter extractos de su presentación.
Nos comunicamos con el abogado quien aseveró que ha solicitado para Salinas una pena que se ubique en el extremo máximo del tercio superior porque concurren un conjunto de agravantes en el caso de difamación.
Entre los agravantes aludidos mencionó, entre otros, la pretensión compensatoria de Salinas, que pondría en entredicho su objetividad periodística, así como la reiteración delictiva. El abogado recordó hasta 4 ocasiones distintas de difamación en las que el periodista, incluso luego de haber recibido una carta notarial, continuó difamando a Monseñor Eguren.
Salinas ha llegado a afirmar, comenta García Cavero, que Monseñor Eguren es un “depredador con suerte”. Los agravantes del delito de difamación implicarían una pena privativa de la libertad de tres años y una sanción equivalente a 365 días multa.
A pesar de todo ello, el abogado expresó en su calidad de titular de la acción penal el deseo de su patrocinado de que la instancia judicial no emita condena a Salinas.
García Cavero confirma que ha solicitado a la jueza que, en aplicación del artículo 62 del Código Penal, se pronuncie con una reserva del fallo condenatorio. Lo único que busca Monseñor Eguren -explicó su abogado- es un pronunciamiento sobre la calificación del hecho, de manera que quede claro si lo que Salinas ha hecho efectivamente difama, ofende y lesiona el honor de una persona.
En relación a la reparación civil, que asciende en este caso a doscientos mil soles por daño moral y daño a la persona, García Cavero recordó que en el escrito de la querella está ya expresamente establecido que su defendido, en caso de ganar el juicio, ha efectuado una donación anticipada de la totalidad de la suma de la reparación civil al centro de reposo San Juan de Dios.
Con ello se desmiente la opinión expresada en algunos medios de que Monseñor Eguren estaría tras esa suma de dinero. Luego de conocer los hechos que han motivado la querella no queda duda de que Salinas merecería la pena condenatoria en su máximo extremo.
No se puede entender la pose que ha pretendido asumir de ser un supuesto “perseguido por la justicia”. Salinas tiene que enfrenar las consecuencias de sus hechos.
Encomiable -tal vez para algunos incomprensible- la decisión de Monseñor Eguren, de “ahorrarle” a Salinas Chacaltana la estadía en una calurosa cárcel piurana. Esperemos que el juicio efectivamente resulte en una clara calificación del hecho difamatorio y en algo pueda restablecer su mancillado honor.

Mugre

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Alumnos utilizados

Por Martha Meier Miro Quesada-Diario EXPRESO.
Defensa de la autonomía universitaria decían mientras realizaban cobros ilegales a sus alumnos desde 2012, un año en que las autoridades de la Universidad Católica usaron su armamento pesado contra el cardenal Juan Luis Cipriani para impedir que reformase el estatuto de ese centro de estudios y cumplir, así, con el legado del intelectual José de la Riva Agüero y Osma, quien en su testamento entregó el terreno donde funciona la universidad de marras para que se impartiera una enseñanza apegada a los preceptos cristianos y en la que la Iglesia estuviera representada a perpetuidad. A Cipriani lo impulsaban causas nobles, pero a las “autoridades” universitarias, ahora lo sabemos, el afán de tapar sus malos manejos: les sacaron ilegalmente a los alumnos más de treinta millones de soles.
El renunciante rector Marcial Rubio Correa pretende justificar esos cobros ilegales usando como excusa la Ley N° 29947, del 2012. Según él esta podía poner en riesgo “el pago de las planillas” (o sea, entre otros, su propio sueldo). La ley referida en realidad garantiza la continuidad de la educación prohibiendo, expresamente, condicionar la asistencia a clases al pago de las pensiones.
Para el profesor universitario Andrés Calderón, colaborador de El Comercio, esto de “engañar a los consumidores (universitarios) para que los financien forzosamente sin saberlo no es una opción. Ni ética ni legal. Sí es, en cambio, una demostración de elitismo: el creerse encima de la ley, y por encima de los demás mortales (…)”. Según el penalista Julio Rodríguez podríamos estar frente a un delito de usura, porque lo cobrado por mora sobrepasó largamente la tasa de interés establecida por el Banco Central de Reserva (BCR).
¿La catedral de los caviares era su caja chica, quizá hasta fuente de financiamientos de campañas políticas y promoción profesional de los suyos? Eso lo determinarán las investigaciones. Pero, ¿qué tal si aplicamos la lógica del fiscal José Domingo Pérez? De pronto y de la nada estaríamos frente a una “organización criminal” que sustrajo fondos en contubernio con todos los profesores, trabajadores y hasta los rosales que crecen en el campus (habrá que ver si no son amapolas), lo que configuraría el delito de lavado de activos, muy probablemente vinculado al tráfico de drogas, porque si las rosas resultan ser amapolas, estaríamos frente a un cartel del opio con fachada educativa. ¿Suena descabellado? Sí, pero así habla cuando se refiere a los “cocteles” de Fuerza Popular. ¿O no?

¡Abusivos!

Por – Lucidez.pe
La última Asamblea de la Pontifica Universidad Católica del Perú tuvo lugar el viernes 14 de diciembre, presidida por el Secretario General. Duró diez horas y terminó en la noche, después de tomar decisiones que dan un vuelco al itinerario de esa venerable casa de estudios.
La renuncia presentada por el rector fue rechazada, procediéndose a destituir al rector, a causa del abuso en los intereses, convertidos en usura, cobrados a los estudiantes atrasados en sus pagos, desde 2011 hasta 2018; y por  la arbitrariedad en el otorgamiento de bonos dorados a los profesores que hacen investigación.
La renuncia presentada por el vicerrector administrativo corrió la misma suerte, por el primer motivo: responsabilidad política en los cobros excesivos.
La vicerrectora de investigación fue destituida por ser la principal responsable en la distribución a dedo de los bonos dorados a profesores. En vez de convocar concurso interno para dar bonos de investigación, los otorgaba a discreción, junto al rector y al director del programa académico del beneficiado. Esos bonos, llamados dorados, son un plus de dos o tres mil soles mensuales durante dos años, para realizar un proyecto de investigación. Los becados han cumplido su responsabilidad, pero los profesores no elegidos han quedado molestos, por no haber tenido oportunidad de competir en un concurso legítimo.
Ha quedado claro el enfrentamiento del personal administrativo, bien pagado, con el académico, mal pagado. Un viejo problema que por primera vez se debate en voz alta en una Asamblea. Mientras un profesor principal a dedicación exclusiva gana como máximo 7,500 soles aproximadamente, el rector gana al parecer como mínimo diez veces más: entre 75 y 80 mil soles mensuales. El pago de hora dictada por un profesor contratado es de 87 soles.
La Universidad queda en manos del rector interino y el secretario general, uña y carne. Ambos son integrantes de la camarilla que ha gobernado las últimas décadas la PUCP. Tienen seis meses para poner la casa en orden o limpiar los trapos sucios de las autoridades destituidas, según sea su voluntad.
Hay por ahora  dos ingenieros en carrera hacia el rectorado: Marcial Blondet y Eduardo Ísmodes. Ambos son ingenieros porque en teoría toca el rectorado al área de ciencias, ya que durante la última década la ha tenido el área de humanidades. Es tradición que se alternen ambas áreas.
El vicerrector académico fue nombrado rector interino, de acuerdo al reglamento, por no haber intervenido directamente en los dos actos de corrupción, aunque los conociera. Las renuncias de los directores de programas académicos fueron rechazadas, para no descabezar la vida académica de la Universidad.
Como se sabe, desde hace once años la Universidad se ha negado a cumplir la disposición el Tribunal Constitucional de convocar a la Junta de Administración del legado de Riva Aguero. Si hubiera funcionado la Junta estos cobros indebidos no habrían ocurrido. Durante ese mismo tiempo, la Universidad implementó una maestría de política jurisdiccional para fiscales y jueces,  con gran asistencia de magistrados. Obviamente no ha habido ningún compromiso formal de favorecer los procesos judiciales de la Universidad por el poder judicial, por lo que no se puede acusar a la Universidad de ser una banda criminal para delinquir ni mucho menos de tráfico de influencias.
El desencanto de profesores y estudiantes es grande, mientras que Indecopi, Sunedu, la Fiscalía y el Congreso se aprestarían a solicitar una auditoría externa para ver cómo van las finanzas universitarias.

Denuncias constitucionales

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Reuniones fantasma precedieron entrega de gasoducto del sur

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso
Ya era demasiado que el entonces  presidente Ollanta Humala Tasso haya presentado ante el país entero, y en mensaje presidencial del 28 de julio de 2012, que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano era “complementario” al de Kuntur Transportadora de Gas, no obstante que el trazo de los ductos era el mismo. Ningún técnico le enmendó la plana.
Este engaño fue posible tanto porque el Ejecutivo y el Congreso de entonces lo asumieron como suyo con apoyo de la prensa concentrada y de izquierdas que hoy oculta este sonado caso, tanto que ni siquiera ha sido parte de la negociación de la Fiscalía con Odebrecht para efectos de la reparación civil que debe recibir el Estado peruano de parte de esta empresa.
En este estado de cosas, ya está demás hablar del favorecimiento como postor único al consorcio Gasoducto Sur Peruano, es decir Odebrecht y Enagás y después de Graña y Montero.
En todo caso, lo que llama la atención es que buena parte del entramado legal y técnico para favorecer a Odebrecht se hizo en las llamadas “sesiones no presenciales” de Proinversión, la agencia encargada de la concesión, es decir en reuniones fantasma en las que se tomaron ese tipo de acuerdos.
Bajo el disfraz de esas sesiones virtuales se escondía el hecho de que los funcionarios encargados no tomaban decisiones sino que, omitiendo sus funciones, daban la apariencia de institucionalidad a la implementación de acuerdos colusorios que se tomaban en otros niveles políticos.
O en todo caso se tomaron otros acuerdos que luego se firmaban entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) que obligada a la aplicación de cobros indebidos a los usuarios del servicio de electricidad para pagar a Odebrecht y sus consorciados por 34 años a un ritmo anual de US$ 912 millones.
“INGRESOS GARANTIZADOS”
En el fondo se trataba de solventar el pago de los “ingresos garantizados” por los cuales el Estado estaba también obligado a pagar el Adelanto de Ingresos Garantizados y la llamada “Deuda Garantizada”.
El contrato del GSP se hizo, además, en circunstancias en que no existía oferta de reservas probadas de gas ni tampoco demanda, porque –como es público en el mundo petrolero y de hidrocarburos- la petroquímica o nodo energético en Ilo y Mollendo estaba en problemas.
Por lo que es lógico peguntarse quién podría invertir en un proyecto con esa naturaleza. Obviamente solo si el Estado permisivo y funcionarios corruptos le daban a Odebrecht lo que le habían negado a la primera concesionaria, Kuntur Transportadora de Gas: Ingresos Garantizados por los antes citados US$ 912 millones por año.
Así lo habían diseñado los técnicos que apoyaron al partido nacionalista, y, la verdad sea dicha, hasta los agentes económicos aceptaron un incremento de 20% a 34% en los recibos de luz de tarifa residencial en proyección al año 2020.
Si bien es cierto que la aventura la había empezado Humala, la continuó Pedro Pablo Kuczynski, quien además se benefició con las consultorías en favor de First Capital Inversiones y Asesorías LTD que habría manejado con su socio chileno Gerardo Sepúlveda para la intervención de Petroperú en el esquema financiero de Kuntur que fue comprada por Odebrecht.
Si el contrato era por 30 años, la pesada mochila de la deuda que hubiéramos pagado los consumidores de luz eléctrica abarcaría a cinco gobiernos, con la consecuente carga al Tesoro Público de estas obligaciones de pago.
Y, como eran “ingresos garantizados” por el Estado, habría que pagarlos así no haya suficientes reservas de gas, como lo señalaron los expertos de la época, así no funcione el “nodo energético” o las empresas clientes del gas no cumplan con sus compromisos informales en el estudio mercado que se hizo en ese entonces para cumplir con el volumen de 500 millones de pies cúbicos día que debían transportar los ductos.
EL FAMOSO GRP
Es de recordar que ese pago abusivo para solventar la construcción del GSP, conocido como garantía por red principal (GRP), fue calculado “trayendo a valor presente los US$7.320 millones que costará la construcción y operación de dicha obra de infraestructura”.
Si se trata desagregar aquella GRP, a tenor de la cláusula 14.6  del contrato de concesión, el Estado estaba obligado a recaudar el 90% en las primeras armadas, lo que hace US$821 millones, obviamente con cargo a los recibos de luz entre los años 2015 y 2018.
Y no es que esa carga se iría extinguiendo conforme se vayan llenando los ductos de gas a partir del 2019, como algunos quisieron hacer creer, porque en el camino aparecerían nuevos compromisos a pagar.
El nuevo sobrecosto tiene el nombre de cargo por desconcentración. Y es que como la ley establece que el gas para las centrales térmicas del citado nodo no debería perder competitividad con relación a la producción de las centrales térmicas de Chilca, Lima, por lo que tenían que ser subsidiadas con al menos otros US$ 2 en las tarifas de luz residencial desde el 2020. En esos años se calculó este subsidio en unos US$ 441 millones anuales.
A lo anterior se sumó el cargo por “capacidad de generación” que era otro subsidio de alrededor de US$ 38 millones anuales a las dos centrales del nodo, la de Mollendo y la de Ilo.
REACCIÓN TARDÍA
Cuando los técnicos reaccionaron, ya era tarde. Aurelio Ochoa, ex titular de Perú Petro, advirtió en una emisora en agosto de 2016, cuando Humala ya estaba fuera de Palacio de Gobierno, que todos los peruanos pagaríamos más de US$ 11,000 millones por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) a través de los recibos de luz que se pagan mensualmente y cuyo monto se incrementaría en los próximos años, por decisión de la administración Humala.
Y es que para entonces el economista Manuel Romero, una de las pocas voces solitarias que denunció este estropicio,  informó que ya había un cronograma que se venía cumpliendo a pie juntillas: el 5% de los US$ 7,500 millones ya fue cobrado en el 2015, dijo. En 2016 se cobraría el 15%, el año siguiente el 35% (US$ 1,875 millones) y el 2018 se cobraría el 55%, que equivaldría nada menos que a US$ 4,125 millones.
Todo este lluvia de millones se paró en seco cuando estalló el caso Lava Jato y el consorcio del GSP no pudo concretar el cierre financiero o mejor dicho no pudo conseguir recursos en el sistema financiero para continuar la obra.
Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas informó el 16 de febrero del año pasado, en forma lacónica, el siguiente texto: “Declarar que la terminación de la concesión del proyecto se produjo el 24 de enero del 2017 al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”, según resolución suprema 003-2017-EM publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Este cierre financiero fallido es otra historia como otras son las injerencias de la señora Nadine Heredia y su entorno en este escándalo que se quiere tapar con el manto del olvido. Como también otras son las aventuras de Kucynski en este negocio.

23 de julio de 2014

El consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás firma el contrato de concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
Denuncia constitucional
Por las “sesiones no presenciales” la Comisión Lava Jato responsabilizó a los miembros del Consejo Directivo de Proinversión por infracción a la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto en condiciones negativas para los intereses de la nación.
Por lo tanto, ha planteado la denuncia constitucional contra el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla Rubio; los ex ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Asimismo el ex ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo Díaz; Juan Manuel Benites Ramos (Agricultura) y José Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones).
SEGÚN JORGE PESCHIERA CASSINELLI DE EXPRESO
Daño al país hubiera llegado a 14,000 millones
Si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 % que regía en ese momento, los pagos garantizados hubieran sido de US$ 450 millones al año, en lugar de US$ 900 millones
La Comisión Lava Jato del Congreso rescata en su informe final un artículo del columnista de EXPRESO, Jorge Peschiera Cassinelli, que bajo el título de “Gasoducto del sur: un gran negocio financiero”, fue publicado el 2 de febrero de 2017, cuyas ideas centrales reproduce.
“Según los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor ganador sería aquel que ofreciera el menor ‘costo del servicio’, expresado en una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo, como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares”, escribe Peschiera.
“La recuperación de la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas. El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos anuales garantizados por el Estado”, agrega.
“¿Cómo se relaciona el ‘costo del servicio’ de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros. De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a los 7,300 millones”.
Cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, en junio de 2014, la tasa de interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, siempre según el columnista de este diario, el valor descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones.
¿Y esto a qué se debe? según el experto en temas de deuda externa. Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es el valor de los pagos que efectúa el Estado.
Visto de otro modo, si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado, los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900.
“En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones, tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones al año, en lugar de 900”.
De lo escrito por Pescheira la comisión Lava Jato, concluye que el diseño financiero aplicado por las autoridades de esos años propició un grave perjuicio al país y a los usuarios de las tarifas eléctricas por más de US$ 15 mil millones.
DÍAS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Los acuerdos de las sesiones “truchas”
 -21 de abril de 2014. En esta “sesión no presencial” del Consejo
Directivo de Proinversión se modificó sustancialmente las Bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano solicitado por el Comité Pro Seguridad Energética. Esta “reunión” fue registrada como realizada a las 5 de la tarde de la citada fecha.
-7 de mayo de 2014. Proinversión designó en esta “sesión no presencial”  a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca. (Sobre este tema existe la declaración del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016 de que estos dos personajes “fueron colocados por orden de Nadine Heredia y a pedido de los representantes de Odebrecht. El miembro que no es cambiado y permanece es Gustavo Navarro Valdivia, la misma persona que el año 2008 firmó el contrato de concesión del transporte de gas por ductos de Camisea al sur del Perú a favor de Kuntur Transportadora de Gas”, dice el informe Lava Jato.
-26 de mayo de 2014. Proinversión aprobó la modificación sustancial de las Bases del Concurso de concesión del Gasoducto Sur Peruano a solicitud del Comité Pro Seguridad Energética reunido el 23 de mayo de 2014, el cual había sido designado, en una sesión también “no presencial”, el 7 de mayo.
– 6 de junio de 2014. En “sesión no presencial” Proinversión aprobó el Límite Máximo del Costo del Servicio para la propuesta económica del concurso del Gasoducto Sur Peruano por US$ 7,800 millones, aprobación solicitada con fecha 5 de junio (un día antes) por el Comité Pro Seguridad Energética.
-9 de junio de 2014. El mismo Proinversión aprobó –también en “sesión no presencial”-  la versión final del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano solicitada por el Comité Pro Seguridad Energética el 6 de junio.
11 de junio de 2014. Proinversión aprobó los factores de asignación del Costo de Servicio del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, habiendo hecho lo mismo anteriormente con el Límite Máximo. Además, el Comité Pro Seguridad Energética había realizado el pedido de aprobación el mismo día en que está fechada esta “sesión no presencial”: el 11 de junio de 2014.
–7 de julio de 2014. La “sesión no presencial” de Proinversión tomó conocimiento de un oficio de fecha 24 de junio, dirigida por el concursante Gasoducto Peruano del Sur (que el 7 de julio ya había sido descalificado) solicitando ampliación de plazo para la modificación de los consorcios participantes en el concurso que ya había concluido.
-15 de julio de 2014. Proinversión aprueba otorgar seguridades y garantías del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria que constituirá el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano.
(Es de recordar que el contrato entre el consorcio del GSP y el Gobierno fue firmado a los pocos días, el 23 de julio de 2014).

La gran estafa de la Refinería de Talara

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual  se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él,  produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.

Gasoducto: otro “elefante blanco”

Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur–Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.

“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”

Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.

“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”

Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto  pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.
SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.

Celebrando la Resurrección en Krakow

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Evangelio según San Lucas 3, 10-18:
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
– «¿Entonces, qué hacemos?»
Él les contestó:
– «El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga comida haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le pregun­taron:
– «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
Él les respondió:
– «No exijan más de lo establecido».
A su vez algunos soldados le preguntaron.
– «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?»
Juan les respondió:
– «A nadie extorsionen ni denuncien falsamente y contén­tense con su sueldo».
Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se pregun­taban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y dijo a todos:
– «Yo los bautizo con agua; pero viene uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano la hor­quilla para separar el trigo de la paja y recoger el trigo en su granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

BOGDAN JAŃSKI – SPIRITUAL NOTES

Ron Zacapa

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Se terminó el simulacro (y los numeritos)

Por Román Cendoya-Político.pe
El referéndum del domingo demostró que el pensamiento único no es tan fácil de imponer. El resultado de referéndum es el que es. Y no debe ser lo que no es.
Bien es cierto que el presidente la república y su trama de palmeros y conspiradores intentan utilizar el resultado como algo que no es. Trampa propia de aprendices de brujo y de aspiracionales a dictador. Todos los que están alineados con el presidente agitan el “éxito” del referéndum como un respaldo indiscutible a favor del presidente.
Las preguntas fueron cuatro y preguntaban lo que preguntaban. La nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura) de la que la ciudadanía no tiene capacitación para  votar sobre la misma, la no reelección inmediata de congresistas –aceptando todo el mundo que le usurpen un derecho fundamental como el de la libre elección–, el no retorno de la bicameralidad en el Parlamento y el financiamiento a los partidos. En ninguna pregunta se cuestionó nada sobre el presidente Vizcarra –en euskera, la lengua vasca, “espalda”–, y tampoco se preguntó nada sobre la disolución del Congreso o la conducta que tiene que tener este a partir de ahora. El presidente propuso al Congreso de la República este referéndum y el Congreso aprobó la celebración del mismo.
Los conspiradores al servicio del presidente, los que montan el estado de opinión con los numeritos que publican, están excitadísimos con ese más del 80% de apoyo que han recibido del electorado. Ya el sábado, Ipsos comenzó a crear ese oportuno estado de opinión. Se pueden leer como lo hacen los palmeros —de forma parcial y sesgada— en favor de los intereses del presidente. O se pueden leer en su integridad.
Los datos reales del referéndum sobre 23’559,601 electores, solo 9’941,747 votaron SÍSÍSÍNO. Es decir, el 44.7% del total de votantes apoyaron al presidente Vizcarra a pesar del respaldo de los medios, de los numeritos de IPSOS, de la irregular acción de algunos “capacitadores” –manipuladores– de la ONPE y el papel de otros asimilados. No votaron 6’473,445; y viciaron su voto o lo hicieron en blanco, 3’313,916 ciudadanos. Y otros 2’202,301 votaron por opciones diferentes a las propuestas por el discurso único. ¿Dónde está el éxito?
En resumen, el “exitazo “de Vizcarra –ya que ha montado un plebiscito– es que tiene el apoyo de solo el 44,7% de la ciudadanía. Ooohh, se acabó el simulacro y hay otros numeritos. Los completos, los reales. La realidad es que con ese resultado, el Congreso ha recibido un mandato de las urnas para hacer una ley de financiación de partidos políticos con fondos públicos; deben modificar la forma del Poder Judicial; no tienen que crear un Senado y saben que cuando termine su periodo legislativo no volverán a presentarse. Nada más. Todo lo que no sea esto (mal que le pese a IDL o a Ipsos) es manipulación, demagogia y usurpación de la voluntad popular.
Ante el fracaso político de la movilización popular –no sale a la calle ni Dios– los que le hablan al oído del presidente le han creado un supuesto estado de opinión pública, a través de encuestas y de lectura interesada del referéndum. Sin alternativa al discurso de pensamiento único, el presidente ha recibido un respaldo que está por debajo del 50% de la población. Solo los interesados pueden creer que el presidente ha sido ratificado por la urnas con un poder total y sin límite.
El problema está en que ya ha pasado el referéndum, y Vizcarra sigue instalado en la misma incapacidad de gestión del gobierno. No se construyen puentes, continúa la anemia y parece que va a llegar otro Niño sin que se haya reconstruido lo roto por el anterior. Hacer algo de lo que de verdad sirve a los ciudadanos… nada. Solo la empresa privada mantiene el crecimiento de la economía del país. Eso sí que es un número.

Jueces envían inocentes al infierno de la cárcel

La actuación de la Fiscalía, respecto de los casos de Keiko Fujimori, Alan García y otros, es violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos porque manda al infierno de la cárcel “provisional”  por tres años a la primera, y restringe los derechos del líder aprista al limitar su derecho de libertad personal al impedirle salir del país.
“No soy partidario de ninguno de ellos. Es más, fui el abogado que denunció ante la Corte IDH los dos casos de Penales de El Frontón y les gané en la sentencia Neyra Alegría en dicha Corte y ahí está mi nombre”, dijo el jurista y analista político Carlos Chipoco a EXPRESO.
Además, “Fujimori me puso en una lista de terroristas en el extranjero, cuando trabajaba en Naciones Unidas y era el redactor del Informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Producto de esa denuncia no puede ver a mis hijas por un buen tiempo”, dijo.
“Pero así como defendí los derechos humanos durante esos gobiernos y fui perseguido, mi conciencia me obliga a defender los derechos humanos hoy. Todos tienen esos derechos, por eso hoy afirmo que el fiscal encargado de los casos [José Domingo Pérez] ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos”, agregó.
Dicho magistrado “primero ha realizado una grave violación al derecho a la no discriminación. Acusa a los inculpados de recibir dinero de Odebrecht y sus consorciados. Pero no procesa a los consorciados que le sustrajeron al Estado miles de millones de dólares con licitaciones amarradas o con sobreprecios a través de adendas y  arbitrajes”, señaló Chipoco.
“¿A qué se debe esa discriminación de empezar por los políticos y dejar sueltos en plaza a los constructores? Pues sencillamente a que da más popularidad procesar a una persona pública y que ha tenido un alto cargo político. Pero eso es discriminar y la Convención Americana prohíbe la discriminación de cualquier tipo”, agregó.
De otra parte, en cuanto a otros derechos violados está, dijo, el derecho a la presunción de la inocencia, uno de los más importantes desde la Revolución Francesa.
“Este derecho establece que solo puede ser considerado culpable un ciudadano luego de su condena. No antes. Por eso la Corte Interamericana ha establecido que la detención provisional es excepcional. En el derecho constitucional se llama ‘estado de excepción individual’”, según el experto.
Esta figura jurídica, aduce Chipoco Cáceda, tiene que ser proporcional a las evidencias como cuando la intención de obstruir la justicia o fugar está inequívocamente probada.
“Pero en el Perú se puede detener provisionalmente hasta tres años, lo que en realidad es una precondena. Si luego de tres años no hay condena, ¿quién le devuelve esos años de vida a la persona?”, se interroga.
“La Corte interamericana establece que siendo excepcional y protegiendo el derecho a la presunción de la inocencia, los plazos no pueden ser excesivos, como en el Perú. Acá el 70 % de los presos no tienen condena, lo que es un absurdo”.
Esto porque la cárcel en el país no solo implica privar al justiciable de la libertad, sino que es un lugar de tortura, el alimento es inapropiado, las amenazas de los presos llegan a la violación, no hay agua, no hay colchones, no hay posibilidades reales de rehabilitación. Es un infierno. Y los jueces envían a inocentes a ese infierno, más si los hará populares.
Con relación al caso de Keiko Fujimori, no obstante que es obligatorio que la detención provisional debe ser excepcional, “la enviaron a 36  meses de detención a todos los inculpados”.
“¿Nos van a hacer creer que todos tenían la misma posibilidad de fugar o entorpecer gravemente el proceso? La arbitrariedad es tan grande que un venezolano que degolló a su conviviente, le cortó la yugular delante de sus hijos, recibe nueve meses de detención provisional y Keiko 36. ¿Cuál es la proporcionalidad? Las detenciones provisionales que algunos fiscales aplican son un juego de azar”, reitera.
NO EXISTE
El juez Richard Concepción Carhuancho no ha explicado jurídicamente que recibir donaciones para campañas –no para dar ventajas al donante– sea un delito y no una falta administrativa. “Y es que no existe el delito de financiación política de elecciones”, afirma Carlos Chipoco Cáceda.
Los partidos no son organizaciones criminales
Un hecho que revela ignorancia sobre la historia y la política es la afirmación de que los partidos son organizaciones criminales. “¿Acaso el fiscal cree que Haya de la Torre en los inicios del siglo XX creó un partido para robar? ¿No recuerda que ganaba un sol como presidente de la Asamblea Constituyente?”
“¿O para cerrar ese flanco detienen a todos los fundadores y la dirección de Fuerza Popular, sosteniendo que son un grupo en el partido? El fiscal debería saber desde la universidad que los partidos políticos se fundan para ganar elecciones y aplicar sus programas y es una ofensa grave a todos los políticos decir que sus partidos son bandas criminales”, criticó.
El jurista señala que hay una conducta reiterada y discriminatoria de perseguir a los políticos porque “es algo popular, lo que es discriminatorio porque además marca un patrón de conducta que viola la presunción de inocencia y otros derechos humanos”.
CASO ALAN GARCÍA
Para Chipoco, otro caso grave es el del expresidente Alan García porque la prohibición de salida del país es también un limitación a la libertad personal que también debe ser excepcional, según el jurista, esto porque el derecho a la libertad no solo está consagrado en la Constitución sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“Le tendieron una trampa. No creo que sea casual que el mismo día que lo citan para su declaración, no un día antes ni un día después, se hace pública una declaración no confirmada por ninguna autoridad judicial, de un abogado de Brasil que dice que Odebrecht le encargó pagarle una suma de 100,000 dólares”, sostiene.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LE ENMENDÓ LA PLANA
En el caso de la prisión preventiva del expresidente Ollanta Humala, que muchos aplaudieron, el Tribunal Constitucional le corrigió la plana al juez Richard Concepción Carhuancho: “(…) una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general”.
Y este juez, agrega Chipoco, “burlándose del más alto tribunal del Perú, volvió a hacer exactamente lo mismo”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Auditoría externa

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Imagen referencial / Crédito: Flickr de ClavarClavitos (CC BY 2.0)

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL COBRO DE MORAS ILEGALES EN NUESTRA CASA DE ESTUDIOS

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Agrupación Universitaria Riva – Agüero (AURA) reúne a estudiantes, graduados y docentes universitarios que buscan testimoniar la complementariedad de la fe y razón por medio del trabajo académico y profesional.
Surgimos en el 2011, en medio de los conflictos originados por la administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en contra de la Iglesia Católica y el Arzobispado de Lima por la adecuación estatutaria a las normas canónicas competentes y la administración de los bienes José de la Riva-Agüero según su testamento.
Ante los últimos hechos acontecidos al interior de la PUCP, queremos manifestar lo siguiente:
1.ACLARAMOS que, como agrupación católica, nuestro juicio se realiza  sobre hechos y no sobre conciencias; por lo tanto, lo expuesto busca ser una valoración respecto a los actos irregulares y moralmente malos sucedidos en la administración de la PUCP, así como la búsqueda de la responsabilidad de quienes lo ejecutaron.
2. LAMENTAMOS que haya existido por parte de las autoridades de la universidad la voluntad de mantener, al margen de la ley, una política institucional de cobro ilegal de moras académicas. Esta conducta contraviene los valores y principios sobre los que fue fundada y debiera guiarse la vida institucional de una universidad de origen católico.
3. EXPRESAMOS el profundo malestar que genera las declaraciones del exrector Marcial Rubio por indicar, en una entrevista, que la universidad no obedeció a la ley peruana por el problema económico que atravesó a raíz de las disputas legales con la Iglesia, cuando la realidad es que la administración demostró poca capacidad para asumir su responsabilidad y resolver este conflicto.
4.  EXIGIMOS que la nueva administración, expresada en un nuevo rectorado, investigue a fondo las responsabilidades legales que se deriven de estas políticas institucionales que han afectado moral y materialmente a la universidad y, principalmente, a las familias peruanas que confiaron en los principios cristianos sobre los que debería constituirse la PUCP.
5. SALUDAMOS el pronunciamiento del Vice Gran Canciller de la PUCP y los representantes del Episcopado ante la Asamblea Universitaria, dado que es necesario resarcir el daño ocasionado a todos los afectados por medio de la devolución oportuna del cobro excesivo de las moras académicas. Sin embargo, solicitamos a las autoridades eclesiales competentes acompañar la vida institucional de la universidad, velando activamente porque se respeten, en todos sus ámbitos, los principios católicos con los que fue fundada, así como los valores cristianos de las futuras personas que asuman el cargo.
6. EXHORTAMOS que, en un contexto como el que se vive en nuestra universidad, se dé el inmediato establecimiento de una política de transparencia coherente con la lucha anticorrupción que dicen impulsar las autoridades universitarias hacia la sociedad peruana, y se haga de público conocimiento las políticas administrativas concernientes al gasto, salarios, licitaciones y demás procesos que involucren bienes materiales de la universidad. Del mismo modo, solicitamos que se realice una auditoría externa financiera, contable y económica de la universidad, así como la revisión de planillas de los trabajadores de la PUCP, a fin de verificar que se esté cumpliendo los derechos laborales conforme a ley. El acceso de esta información es un derecho de todo miembro de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, graduados y trabajadores), por lo que deberá estar a disposición de ella.
7. INSTAMOS a los miembros de la Asamblea Universitaria que, en este contexto, se favorezca la alternancia en el proceso electoral correspondiente para la renovación de autoridades en la PUCP. Desde hace más de una década, cada nuevo rector ha sido vicerrector previamente. Consideramos que una sola línea de sucesión administrativa ha sido uno de los factores que no ha favorecido al establecimiento de una política de transparencia y rendición de cuentas de autoridades de una institución Pontificia y Católica.
8. URGIMOS a los representantes estudiantiles gremiales y representantes ante la Asamblea Universitaria a estar a la altura de las circunstancias y mantener la ecuanimidad y respeto en el diálogo al interior de la comunidad universitaria. Entendemos y nos solidarizamos con todos los estudiantes afectados y sus familias, por lo que apoyamos el justo reclamo en un clima de respeto ajeno a la violencia verbal, física o de cualquier otra índole.
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en contribuir con el crecimiento de la PUCP a nivel global, en el marco de la vivencia plena de su identidad católica para que sea, realmente, el faro de cristiandad que la sociedad peruana demanda.
Pando, 13 de diciembre de 2018.

Comunicado del Vice Gran Canciller de la PUCP y la Comisión Episcopal para la PUCP

“La luz brilla en medio de las tinieblas”
El Vice Gran Canciller y la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante los lamentables acontecimientos acaecidos en esta querida Universidad, se dirigen a la Comunidad Universitaria y al público en general, para expresar lo siguiente:
1. En las circunstancias actuales es preciso tener presente el lema de nuestra Universidad, legado por el fundador de esta casa de estudios: “La luz brilla en medio de las tinieblas” (Jn 1,5).
2. A la luz de la palabra evangélica, expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que causaron daños a los miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Tenemos conocimiento que la reparación económica está en curso y debe continuar hasta lograr una solución justa para todos los afectados.
3. Con esperanza y orientados por los valores evangélicos, instamos como obispos a buscar una solución institucional al actual problema, escuchándonos los unos a los otros, discerniendo y caminando juntos como corresponde a esta Comunidad Universitaria.
4. Una transición ordenada, transparente y respaldada en las normas del Estatuto, pondrá en evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que sabrá salir dignamente de esta encrucijada.
5. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado. Una postura institucional que nos compromete a todos, ajena al apasionamiento violento, debe ser el mejor testimonio que, en este momento podemos brindar al Perú, de nuestra identidad Pontificia y católica.
Lima, 12 de diciembre de 2018
+ Norberto Strotmann MSC Obispo de Chosica Secretario General de la CEP
+ Robert Francis Prevost OSA Obispo de Chiclayo Segundo Vicepresidente de la CEP
+ Salvador Piñeiro García–Calderón Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
+ Cardenal Pedro Barreto Jimeno SJ Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP
+ Antonio Santarsiero Rosa OSJ Obispo de Huacho
+ Miguel Cabrejos Vidarte OFM Arzobispo Metropolitano de Trujillo Presidente de la CEP
Vice Gran Canciller de la PUCP 

El escándalo de la Católica

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
El exrector de una universidad antes llamada Pontificia y Católica finalmente se vio obligado a renunciar por una estafa perpetrada por dicho centro académico a miles de estudiantes. Marcial Rubio Correa tuvo que ceder y retirarse del rectorado, luego que sendas altas autoridades dimitieran, mientras él continuaba resistiéndose a hacerlo. Todo empezó hace pocos días, cuando estudiantes de dicha universidad expresaran públicamente su indignación porque su centro de estudios había venido cobrándoles intereses usureros por moras en pagos en las que eventualmente habían incurrido. Durante días el rector no dijo una palabra.
Incluso se enfrentó a los estudiantes en la puerta de la universidad, forzándole el brazo a una alumna y profiriendo destemplados gritos. Al final, la única –y vergonzante– explicación de Marcial Rubio fue esta: “Frente a la posibilidad de no pagar la planilla, la universidad se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. Es más, Rubio Correa culpó al Arzobispado de Lima de “la imposibilidad de pagar planilla (…) a raíz de las disputas legales.”  La estafa se estima en S/ 30 millones. Aunque los estudiantes demandan una auditoría a fondo, porque consideran que la cifra es mucho mayor. Según Rubio, el hecho de “carecer de fondos” para sufragar los gastos de la entidad fue suficiente motivo para robarle a los estudiantes. No obstante tanto el rector –Rubio–, la vicerrectora, el vicerrector, decanos, directores y demás cuerpo académico recibirían al día sus groseros emolumentos. El sueldo del rector bordearía los S/ 100,000.
La Fiscalía de la Nación debe tomar cartas en el asunto investigando anormalidades como: ¿de qué forma entraban al presupuesto de la universidad los millones de soles  fruto del saqueo a los estudiantes?¿Cómo se contabilizaron a los largo del tiempo? ¿Fueron registrados como ingresos extraordinarios? ¿Como cuentas por pagar? ¿Los balances reflejaban esta estafa? ¿Fueron maquillados? ¿Se institucionalizó acaso una caja negra en esta universidad? ¿Quién la administraba? Son preguntas que circulan en las redes sociales. Lo cierto es que una auditoría profesional e independiente no solo arrojaría una posible trama de corrupción producida al interior del multimillonario centro de estudios, sino es probable que incluso puedan aparecer importantes egresos ajenos al campo educacional.
La verdad es que esta universidad que, groseramente, ha pretendido constituirse en la reserva moral de los peruanos; en el magisterio de lo políticamente correcto; y en el meollo de toda justicia, particularmente la politizada justicia social –ocupando además espacios estratégicos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, desde donde irradia una insufrible superioridad y fortaleza que doblega a niveles lamentables al campo de lo político y social– hoy aparece retratada como lo que es: un centro de poder, más que de estudios, que ha abusado en forma delictiva de sus alumnos Y que, además, habría incurrido en otros crímenes como la usura, pretendiendo justificarlos con malas prácticas contables y presupuestos probablemente adulterados. Dios perdonará el pecado. Pero jamás el escándalo del inmoral enfrentamiento de estos caviares contra la Iglesia Católica.

Denuncian a Marcial Rubio y exvicerrectores de PUCP

Por JOSÉ M. CARMEN MORÁN-Diario EXPRESO.
Los cobros indebidos que hizo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a sus estudiantes podrían tener consecuencias penales para el exrector, ex vicerrectores y el rector interino de esa casa de estudios.
De acuerdo a un documento al que tuvo acceso EXPRESO, el ciudadano Hugo Martín Rodríguez Alvarado formuló una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de “Marcial Rubio Correa (ex rector), Efraín Gonzales de Olarte (vicerrector académico), Pepi Patrón Costa (ex vicerrectora de investigación), Carlos Fosca Pastor (ex vicerrector de administración), y contra todas las persona que resulten responsables”.
“Por el delito de Lavado de Activos previsto y sancionado en los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo Nº 1106, en la modalidad de actos de conversión y ocultamiento y por los delitos de fraude en la administración de persona jurídica (Art. 198 del Código Penal), estafa (Art. 196 del Código Penal), usura (Art. 214 del Código Penal) y contabilidad paralela (Art. 199 Código Penal), en agravio del Estado y la Pontificia Universidad Católica del Perú”, se lee en el documento.
A esta denuncia, se suma la queja de un exdocente de la PUCP, quien, a través de un video propalado en las redes sociales, aseguró que esa situación podría configurarse como delito de lavado de activos.
Para el jurista Marcos Ibazeta, el caso de los cobros excesivos e indebidos podría ser investigado por el Ministerio Público, Indecopi y la Sunedu.
“Han estado sacándole plata, sin ningún fundamento ni derecho, a sus estudiantes. Lo hecho tiene que investigarse para establecer causa y consecuencia, los métodos, así como una serie de cosas (…) Creo que debe investigar la institución que fiscaliza a las universidades [Sunedu], Indecopi, pero sobre todo la Fiscalía”, afirmó.
Cabe precisar que el pasado miércoles Marco Rubio Correa renunció al cargo de rector de la PUCP luego de los reclamos de los estudiantes, quienes protestaron por los cobros que realizaba la universidad desde hace dos décadas, y que consistían en un pago de medio crédito a los estudiantes que no cancelaban sus boletas.
Se debe detallar que los créditos por escala en esa universidad varían entre los 254.90 y 974.10 soles. Es decir, si se cobra el medio crédito de mora, entonces, el alumno debía pagar entre 127.45 y 487.05 soles. Sin embargo, estos montos son excesivos en comparación con la tasa del interés legal máximo fijada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
USURA
El penalista Julio Rodríguez dijo que podría haber un delito de usura, porque los montos cobrados son mucho más altos que la tasa de interés que establece el BCRP.
“Estos cobros, por lo menos, configuran [el delito] de usura, es un delito tipificado en el Código Penal. La pena [por cometer este delito] creo que son tres años como máximo de pena privativa de la libertad. Indiscutiblemente califica para esto”, señaló.
Por otro lado, el penalista Luis Lamas Puccio, manifestó que Indecopi debería iniciar una investigación sobre el caso, y dependiendo de la información, se podría solicitar la presencia del Ministerio Público.
En cambio, Mario Amoretti, dijo que los cobros excesivos no tipifican como delito y debería ser investigado de manera interna.
DEVOLUCIÓN
El 4 de diciembre, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se comprometió a devolver los montos cobrados desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la actualidad. Se eligió esta fecha, debido a que la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores, está vigente desde ese día.

‘Bonos’ secretos a dedo

Por Carlos Bedoya- Wayka.pe
Cincuenta profesores están en “Planilla Dorada” y han venido recibiendo durante la gestión del rector Marcial Rubio Correa y la vicerrectora de investigación Pepi Patrón, un bono económico de entre 3000 y 5000 mil soles mensuales aparte de su salario. Algunos de los docentes beneficiados integran la Asamblea Universitaria que, precisamente, debe afrontar la crisis moral que carcome a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mientras Marcial Rubio admitía públicamente cobros ilegales a los alumnos durante los últimos 6 años porque la universidad corría el riesgo de cerrar, ocultaba la existencia de una planilla camuflada como “suplemento de sueldo” para decenas de investigadores anotados en una lista del vicerrectorado en manos de Patrón.
Ambas autoridades acaban de renunciar debido al escándalo denunciado por los estudiantes que supone tomar “prestado” de ellos más de 30 millones de soles sin que se enteren. Al mismo tiempo manejaban una especie de ‘Caja 2’ para privilegiar a un conjunto de docentes de siete departamentos académicos que escogían a dedo. ¿Era parte de la planillas oficial?
Una fuente de la propia universidad que prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad, confirma la veracidad de una serie de documentos en los que se ratifica la falta de transparencia y equidad de esta práctica de las hoy renunciantes máximas autoridades de la PUCP.
La lista de los privilegiados se encuentra en el Intranet de la universidad siguiendo la siguiente ruta: Intranet/BúsquedadePersonas/PersonalporUnidad/VRI haciendo clic en la ventada de “personal en actividades” y todas las demás.
Lista de docentes de la PUCP que recibieron los ‘bonos’ irregulares y secretos del exrector Marcial Rubio:
Rafael Aguilar Vélez
Martha Gwenn Bell
César Armando Beltrán Castañón
Fiorella Patricia Cárdenas Toro
Fanny Lys Casado Peña
Benjamín Castañeda Aphan
Gianfranco Casuso Guerra
César Celis Pérez
Yves Paul Coello De la Puente
Francisco Fabián Cuellar Córdova
Alonso Cueto Caballero (escritor)
Julio César Cuisano Egúsquiza
Celso De la Cruz Casaño
Dante Angel Elías Giordano
Álvaro Alonso Ezcurra Rivero
Alberto Martín Gago Medina
Betty Cristina Galarreta Asian
Miguel Angel Hadzich Marín
Alexandra Imogen Hibbett Diez Canseco
Layla Hirsh Martínez
Alfredo Jesús Ibáñez Gabilondo
Ramzy Francis Kahhat Abedrabbo
Farid Kahhat Kahatt
Suyeon Kim De Aguilar
Roberto Janniel Lavarello Montero
Madina Mansurova
Helena Maruenda Castillo
Ivan Fabio Meini Méndez (abogado)
José Carlos Orihuela Paredes (economista)
Jan Amaru Palomino Töfflinger
María Angélica Pease Dreibelbis
Adolfo Pillihuamán Zambrano
Giovanna Rosa Pollarolo Giglio
Daniel Racoceanu
Carlos Augusto Ramos Núñez (abogado miembro del Tribunal Constitucional)
Paul Antonio Rodríguez Valderrama
Francisco Aurelio Rumiche Zapata
Sandra Cecilia Santa Cruz Hidalgo
Cesar Augusto Stoll Quevedo
Sabino Nicola Tarque Ruíz
Armando José Torre López
Fernando Gilberto Torres García
Patricia Tovar Rodríguez
Omar Paúl Troncoso Heros
Jean Francois Víctor Vallance
Ian Vázquez Rowe
Valeria Villarán Landolt (psicóloga)
Elizabeth Roxana Villota Cerna
Willem Viveen
Roberto Zariquiey Biondi
Uno de los profesores que figura en la lista es el internacionalista Farid Kahhat quien aclaró que no sabe el caso de los demás, pero que lo que él hizo fue solicitar un aumento de sueldo cuando le pidieron regresar a la universidad en el 2014, pues se encontraba con licencia sin goce de haber. Agregó también que no sabe cómo la universidad maneja internamente este tipo de casos: “Yo he pedido varias veces licencia, he ido y he venido, en cualquier caso, jamás ocupé cargo directivo alguno y estuve la mayor parte de los últimos años fuera de la universidad”.
Pero aquí viene el detalle más curioso del descargo de Kahhat. Nos contó que quien le pidió volver fue el excanciller Rafael Roncagliolo, para integrar la comisión organizadora de la licenciatura de relaciones internacionales. Y fue Roncagliolo el que recibió la solicitud de aumento de sueldo.
¿Qué hacía Roncagliolo quien es profesor a tiempo parcial negociando salarios para profesores de la PUCP por encima de la escala de remuneraciones? Hasta el cierre de esta nota no logramos comunicarnos con él.
Nos comunicamos con el jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Alejandro Diez, quien se abstuvo de declarar sobre este tema “porque primero le toca pronunciarse a las altas autoridades de la universidad”.
Según nuestra fuente, hasta este año, Diez no sabía de la existencia del pago adicional de Kahhat.
Secreto a voces
En efecto, hasta finales del año pasado, muy pocos profesores sabían de la existencia de los privilegiados. Incluso algunos Jefes de Departamento, como el caso de Diez ignoraban el doble estándar. “Los profesores se enteraron en los pasillos. La gente no lo creía”, sostuvieron las fuentes.
Por ello, el 11 de mayo varios profesores de Humanidades, incluyendo a Salomón Lerner Febres, al enterarse que algunos de sus colegas por hacer el mismo trabajo recibían un pago adicional, enviaron una carta al Dr. Francisco Hernández, Jefe del Departamento.Carta enviada por profesores de la facultad de Humanidades al Jefe del Departamento, Francisco Hernández Astete.
En la misiva expresaron “disconformidad con la política de suplementos de sueldo” aplicadas desde el Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado administrativo.
Propusieron eliminar el privilegio y con ese dinero otorgar becas de incentivos a la investigación de carácter temporal y rotativo para todos, mediante concursos transparentes y públicos.
La propuesta detallaba que los becados puedan compartir sus investigaciones, fruto del incentivo, con todos los demás docentes vía charlas y actividades académicas. Algo que no sucede con el sistema de bonos a dedo, sin criterio ni transparencia que criticaban. Claramente lo que pedían era igualdad de trato.
La carta fue suscrita además de Lerner Febres por Rafael Vega Centeno, Carlos Gálvez, Luis Andrade, Cecilia Esparza, Ricardo Silva Santisteban, Rodolfo Cerron, Victor Vich, Miguel Rodríguez Mondoñedo, Mariana Chu, Virginia Zavala, Rose Mary Rizo Patrón, Adriana Añi, Francesca Denegri, Mario Montalbetti, entre otros.
Cuando los profesores de Psicología se enteraron de lo mismo, también enviaron una carta. El 22 de mayo dirigieron la comunicación a la Dra. Cecilia Chau, Jefa del Departamento. Los firmantes en este caso fueron: Patricia Martínez, Ana Caro, Agustín Espinosa, Susana Frisancho, Rosa María Cueto, Mónica Iza, Guillermo Delgado, Ángela Vera, entre otros. Cuestionaron el bono y pidieron que se traslade su carta al rectorado.Carta enviada por un conjunto de profesores a la Jefa del Departamento de Psicología, Cecilia Chau.
Varios de los profesores firmantes de ambas cartas nos han confirmado la veracidad de nuestra fuente.
La respuesta de Marcial 
Cuando la rebelión de Humanidades y Psicología llegó al rector, éste respondió con una carta enviada de manera individual a cada uno de los firmantes que podrían ser interpretadas como intimidatorias, señalando que esos bonos eran intocables, y que no atiende a nadie de manera colectiva. Esta reacción encaja con su respuesta ante frente a la protesta estudiantil de los últimos días.
Wayka tuvo acceso a la carta que envió Marcial Rubio Correa el 6 de junio a cada uno de los profesores de Humanidades que protestaron por escrito. La presentamos completa para que cada quien observe los argumentos, el estilo y tono con el que trata al personal docente el hasta hace poco rector de la PUCP:Sobre esta carta hay mucho que decir, pero por ahora solo mencionamos dos: 1) el asunto de las metas específicas que justifican el bono. En el caso de Kahhat, que hemos mostrado, no existe ningún compromiso de investigación. Además, varios de los que figuran en la lista dorada no tienen investigaciones recientes, ni publicaciones en revistas de impacto. 2) la alusión que hace Marcial Rubio sobre que el carácter colegiado y la participación de autoridades representativas de los diversos colectivos involucrados en la PUCP, niega la opacidad que se desliza en la carta. Salvo los ‘privilegiados’ que también son miembros de la Asamblea Universitaria, pocos conocían de los bonos a dedo hasta este año.
Wayka también intentó comunicarse con la ex vicerrectora de la PUCP, Pepi Patrón, pero zanjó que no dará entrevistas por el momento.
En siguientes entregas abordaremos más detalles de personajes involucrados y situaciones obscuras en la planilla dorada de la PUCP.
*Actualización: Hemos recibido un mensaje del profesor Farid Kahhat donde precisa sus declaraciones. Efectivamente, interpretamos mal la frase “he ido y he venido” como si hubiera estado fuera el país, y la confirmación a la que se refiere no la hizo expresa, sino tácita al señalar que en el caso de él no se trata de un bono sino de un aumento de salario. Aquí su mensaje y nuestra disculpa por esas dos malas interpretaciones de sus declaraciones. Asimismo, por haber escrito mal su apellido. Los puntos 3 y 4 de su mensaje son ampliaciones que compartimos.Correo electrónico enviado por Farid Kahhat.

Sobre bonos a dedo en la PUCP: “Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia”

Por Ana María Guerrero-http://manoalzada.pe
Mientras más pasan las horas y leemos las maromas argumentativas justificando los bonos, sentimos que más nos quedamos sin palabras. Por eso hay que seguir diciendo, porque las palabras son las armas que tenemos para defendernos de la impunidad y la desfachatez.
La razón que corre entre abonados y amigos (con anuencia de algunas autoridades) es que “había que retener talentos que de otra manera no se hubieran quedado a trabajar en la PUCP”. Leo esto en los muros y comentarios de amigos y colegas y siento pena, indignación, una distancia enorme frente al negacionismo y la elitización de su sentido común. Se me caen los brazos. En esto terminan las argollas y el endiosamiento de la gente: creyendo que hay una revelación académica que saldrá de ciertas materias grises (creerán, no sé, que es cosa de la biología, de organismos privilegiados con nombre y apellido) en vez de la ebullición de la vida académica colectiva.
¿Y todos los colegas que tienen iguales o mayores credenciales que los abonados, y que aportan a veces más y mejor que los propios abonados sin haber necesitado del famoso bono? ¿Dónde quedan? ¿Por qué hay colegas a tiempo completo dictando diez, veinte, treinta, cuarenta años que sí se pueden quedar sin nada más a cambio que la aceptación de las reglas de juego? ¿Qué cosa es eso del derecho a la discrecionalidad de la rectoría para apoyar gente (o “proyectos”, vaya eufemismo) a dedo? ¿Qué cosa es eso de que “a mí me llamaron y yo solo fui”? Oigan, por favor: ¿qué les pasa? Parece que no conocieran el mundo afuera ni cómo funcionan las academias en otros lados.
Comienzo a entender un poco más por qué tantos y tan largos silencios (en discurso y acción) sobre la pauperización de la educación superior pública. Con dinero público estos bonos serían más graves si me permiten esta falaz relativización. Entiendo un poco más, hoy, sobre la complacencia que se tuvo con la neoliberalización de la universidad y la consecuente despolitización del cuerpo docente y el alumnado. Después de los golpes argentinos y brasileños los profesores universitarios fueron agentes históricos de cambio de sus sociedades. Dejaron sus vidas en la construcción académica colectiva, cuidaron a las ciencias humanas y sociales de ese productivismo maníaco de lo que hoy se quiere pasar como “normal”, lo que sería inevitable para la internacionalización. “Yo investigo” dicen algunos, “yo cobro más” dicen otros. “Teníamos que hacerlo” dicen unos cuantos. Como Marcial con sus cobros ilegales: cosas de fuerza mayor.
Si miramos a nuestros vecinos, la academia de los países de al lado, veremos que sobran demasiados ejemplos de profesores universitarios que se quedaron e hicieron bien las cosas sin necesidad de negociar por afuera. De hecho, eso es lo que hicieron, no al revés. No es que el profesor fulanito de tal hace a la universidad, es el prestigio de la universidad, su proyecto de sociedad, su dirección reflexiva lo que nos nutre y es suficiente para quedarnos. Veo a mucha gente blandir sus pergaminos de universidades gringas como si el solo hecho de tenerlas significara ser mejor profesor, investigador o ciudadano. Los profesores universitarios, oigan, alimentamos almas críticas, construimos y reconstruimos puentes con la sociedad una y otra vez. Importa más producir experiencias y reflexiones repletitas de sentidos que artículos en serie para revistas en serie. No hay formato APA para la resistencia intelectual universitaria. Y esto solo se aprende en la universidad latinoamericana, donde estudiantes y profesores le llamamos golpe al golpe y fraude al fraude. La transparencia en las reglas de juego, defenderlas y seguirlas, es lo que nos permite decir las cosas abiertas, a tiempo y sin miedo.
Paren de justificar lo injustificable, por favor. El honor no llega por jurar decencia, es la transparencia de tus actos y tus decisiones, el juego limpio con tus colegas, lo que cada día te honra. O no.

Luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena

Por José Saldaña- Wayka.pe
Soy profesor de derecho en la PUCP desde el 2014. He sufrido maltrato como docente y violación de mis derechos. Los cobros ilegales son parte de un sistema mayor de injusticias que incluye argollas y violencia de género. Aquí mi historia.
El sistema de acceso a la docencia adolece de severas deficiencias y linda con la corrupción. En la facultad de derecho he participado de concursos a plazas permanentes en los que mi candidatura no pasaba de ser una formalidad, pues el ganador era determinado previamente. En el 2015, aún cuando de los tres candidatos finalistas yo era el único que reunía los requisitos objetivos de la convocatoria, nunca tuve posibilidad de ganar.
El ganador no cumplía con el requisito de edad y la dirección de profesorado observó su contratación posteriormente. En la clase maestra no alcancé a hablar un minuto de manera continua porque me interrumpían, un jurado abandono el aula sin decir nada mientras yo hablaba. Las preguntas iban entre lo absurdo y el ataque abierto: ¿Por qué te gusta hablar en plural? ¿Vas a enseñar estas cosas en tu curso? La permanencia no es una cuestión solo de meritocracia, hay mucha arbitrariedad.
He sido docente por 4 años, trabajé duro para armar cursos nuevos, dicté varios horarios el mismo semestre, obtuve los puntajes más altos en las evaluaciones de los estudiantes. Nada fue suficiente. Me removieron sin expresión de causa, sin que medie siquiera un agradecimiento por la labor. Amparados en la precariedad laboral de un docente por asignaturas, deciden libremente cesarlo, tanto más si resulta incómodo a la autoridad.
He sido hostigado por mis ideas en la facultad. Por compartir en redes las noticias del colectivo de estudiantes y egresadas contra el hostigamiento sexual, he recibido mensajes y llamadas amenazantes de dos altas autoridades de la universidad. Uno de ellos: el defensor universitario Wilfredo Ardito.
Tengo copias de los mensajes. Y esta no es la única historia que conozco. Mis colegas han vivido experiencias similares: denuncias falsas de plagio para sacarlos del concurso, ataques en las entrevistas por ideas políticas, declaran desiertas las plazas cuando el puntaje no favorece al elegido. Nadie denuncia por miedo. Es comprensible, pones en riesgo el esfuerzo de una vida.
Pero yo he decidido soltar el miedo y hablar en voz alta. He decidido que luchar contra la argolla en la PUCP es algo que vale la pena hacer, por mí y por todos los afectados por este sistema de “La argolla”, que no es otra cosa que una red de micro-corrupciones en la que se tejen lealtades alrededor del poder. Son estas redes las que permiten que autoridades permanezcan en el cargo por décadas, las mismas que dan impunidad en casos de violencia de género. Pero esto es un sistema, no una persona o un grupo pequeño.
En la universidad hay poca transparencia sobre el uso del dinero, escasa rendición de cuentas, sospechas de bonos indebidos y de favoritismos para asignar presupuestos de investigación. Hace poco nuestro grupo de investigación presentó un proyecto para trabajar en derechos territoriales y mujeres indígenas en el Río Marañón. Hemos dedicado mucho esfuerzo, pero tememos que cuestiones políticas impidan una evaluación por árbitros imparciales.
Esto lo publiqué hace unos meses. Desde entonces, la única noticia que tengo de las autoridades es que piensan mal de mí y un correo del decano solicitándome rectificación porque debí referirme al departamento y no a la facultad. Pero ninguna solución ante la injusticia. Este 2018, el movimiento estudiantil rompió el silencio contra la violencia de género y denunció los cobros ilegales. Esa es la enseñanza más grande que le deja al país: Se requieren cambios profundos. Como dicen, la PUCP luchando también se está educando.

Nuestra Señora de Guadalupe

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Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego, iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre.
Él subió a la cumbre y vio a una Señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.
De regresó a su pueblo Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oir a Juan Diego le dijo que debía ir y decirle a la Señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo.
De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la Señora prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba.
El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo.
Una vez ante Monseñor Zumarraga Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la Iglesia Mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio.
Pio X la proclamó como “Patrona de toda la América Latina”, Pio XI de todas las “Américas”, Pio XII la llamó “Emperatriz de las Américas” y Juan XXIII “La Misionera Celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”.
La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios.
Fuente: ACI Prensa.

¿Debe permanecer Cipriani en el Arzobispado de Lima?

Por Ricardo Sanchez Serra– Diario La Razón.
El 28 de diciembre el cardenal Juan Luis Cipriani cumple 75 años. De acuerdo a las normas canónicas debe presentar obligatoriamente su renuncia al Papa Francisco como arzobispo de Lima. El Santo Padre podrá aceptarle la renuncia de inmediato o después de un tiempo. Por ejemplo, hace unos años el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de un obispo que tenía 83 años de edad.
Sin embargo, monseñor Cipriani mantiene el título de cardenal -activo, elector- hasta que cumpla los 80 años, luego se convierte en cardenal emérito.
Si tenemos que calificar su labor al frente del arzobispado de Lima o al de Ayacucho, tendríamos que decir que fue excelente en lo pastoral, en la difusión de la doctrina prístina de la Iglesia y especialmente en la defensa de los principios y valores, defensa de la vida y de la familia.
Sin desdeñar a ningún obispo, el cardenal Cipriani defendió y defiende ardorosamente esos principios y lo hacía en voz alta, no solo en el púlpito, sino en los medios de difusión, por lo que era atacado por la prensa marxista y los movimientos gais.
Lo acusaban de sectario e intolerante y solo defendía los principios de la Iglesia, como lo haría cualquier purpurado o religioso, pero solo que la gran mayoría lo hace en voz baja, como si estuvieran en la Iglesia de las cavernas. Los achantados no creo que entren al Reino de los Cielos.
La franqueza del cardenal es su virtud, que sus oponentes lo ven como defecto. Por defender los principios de la Iglesia es consideran como polémico o quedado en el tiempo. La Iglesia y su doctrina es una sola. No ha cambiado un ápice. La Iglesia se rige por principios permanentes y no por la moda o falsos modernismos, ya que esta, como dice el filósofo Jacques Maritain, no confiere verdad.
Pastor muy justo, Cipriani se preocupó siempre por la preparación de los sacerdotes e promovió la “San Toto”, como cariñosamente se conoce al seminario de Santo Toribio, hoy Universidad Católica San José. Se desvela para que sus parroquias estén muy activas, además de imponer la tolerancia “cero” en las inconductas de algunos religiosos.
No olvidemos su gran trabajo con los pobres en Manchay, que es olvidado por muchos por conveniencia sectaria.
Con respecto a su labor en Ayacucho, evocó lo que escribí hace unos años: “reabrió el Seminario Mayor de Huamanga –cerrado 38 años-, defendiendo a la gente del terrorismo, apoyando fuertemente la labor de la Madre “Covadonga”, dándole fuerza espiritual a los ayacuchanos. Construyó casas hogares para huérfanos del terrorismo y se preocupó de su nutrición. Impulsó la formación laboral de la juventud ayacuchana en la restauración, artesanía y servicios turísticos gracias a un Convenio de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso la construcción de la carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho) –que había sido paralizada- fue terminada por gestión de él”.
Por todo lo expresado, tengo la convicción de que en justicia el Papa Francisco debe ratificar al Cardenal Cipriani al frente del Arzobispado de Lima.

Paola Ugaz y Pedro Salinas

Y SIGUEN LAS MENTIRAS DE PEDRO SALINAS

Por Luciano Revoredo-www.laabeja.pe
El 2 de diciembre último, Pedro Salinas, me dedicó su habitual columna en el diario “La República”. Y como también es habitual, ésta estaba llena de imprecisiones. Si bien en este medio ya respondimos inmediatamente a dicho texto con el artículo titulado “Pedro Salinas: un mentiroso compulsivo” (https://goo.gl/4psV9H ), en esta ocasión nos vemos en la obligación de concentrarnos en un solo punto de dicha columna para demostrar (una vez más) como Salinas Chacaltana miente y miente.
En la columna mencionada Salinas dice con respecto a su pertenencia al ECA- Ending Clergy Abuse (antes Accountability Project): “Participé en sus inicios porque su misión siempre me pareció encomiable e intachable. Pero no soy un colaborador activo de ECA, debo confesar. Ni “peón” de nada ni de nadie”.
Entonces, sería bueno que explique, si no colabora con ellos en la actualidad, cómo es que en enero de este año estuvo con los miembros de dicha organización en Chile, justamente durante el tiempo de la visita del Papa Francisco en el Perú. Cabe recordar que el ECA es un proyecto internacional que tiene como objetivo principal llevar a la Iglesia Católica a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad (algo que Salinas califica como “encomiable e intachable”). Y en noviembre del 2017 se juntaron en Polonia para firmar el Acuerdo de Varsovia que establecia como primera acción “boicotear” la visita del Santo Padre en Chile y Perú, punto que coincide perfectamente con la fecha de esta publicación en su Facebook.
También, si eso es para él “mucho tiempo atrás”, entonces, ¿cómo así estuvo con el equipo de la ECA en Lima durante el mes de noviembre de ESTE año?
A esta mentira se unen otras tantas que hemos ido develando en este medio lo cual deja más claro, porque claro está, que Pedro Salinas sufre de alguna especie de mitomanía compulsiva que, felizmente, cada día le funciona menos. Pero ser mentiroso no lo hace menos peligroso. Es un conspirador. Y lo que pretende no es poco: destruir a la Iglesia Católica porque simplemente no le gusta demuestra qué poco le importan las víctimas y cómo, por sobre el verdadero bienestar de aquellas, pone ante todo su aversión contra la institución más importante de los últimos 2 mil años. Y gratis no lo hace. Que haya publicado más de tres libros con la misma temática es una muestra clara de que detrás de todo esa “actitud justiciera” no hay más que un interés económico. Salinas pasó de ser un periodista de cuarta línea, a ser alguien medianamente relevante en el espacio mediático. Algo que no había conseguido ni siquiera con su empresa Chisac, la cual también está involucrada en dudosas licitaciones con el Estado.
Por cierto, termina su columna refiriéndose a mí y diciendo: “Sé que condescender a desmentir a este tipo de personajes maldicientes es totalmente inútil”. Bueno, para nosotros hacer dicho ejercicio no lo es. Porque la verdad es nuestra obligación.
Bonus Track
Y esto ya es un bonus track en el repertorio de mentiras de Pedro. Dice en la misma columna del 2 de diciembre: “Es más. Celebro que el tópico de los abusos se haya convertido en un tema crucial del pontificado de Francisco, cuyos esfuerzos he reconocido públicamente, y en más de una ocasión”. Es que, en tan poco tiempo, ¿ha podido cambiar su valoración sobre el Papa Franciso? ¿No es acaso parte de sus artimañas para hacerse el “muertito” por un tiempo? Lo dudamos. Salinas tiene mucho atrás. Más de lo que cualquiera pueda imaginar.

PAOLA UGAZ EL ROSTRO DE LA DIFAMACIÓN Y LA MENTIRA

Por Luciano Revoredo-www.laabeja.com
Hace pocos días publicamos en La Abeja un artículo titulado “Otra perla de Paola Ugaz” (http://laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2199-otra-perla-de-paola-ugaz.html). En esa nota informamos que Samuel Alberca, una de las fuentes utilizadas por la periodista en el documental que produjo a finales de diciembre de 2016 con la cadena internacional Al Jazeera, había sido condenado por el delito de difamación precisamente por sus declaraciones en el reportaje. Para contextualizar brevemente, cabe recordar que este documental titulado “Peru: The Sodalitium scandal (Perú: El escándalo Sodalicio)” fue producido por Paola Ugaz con el fin de culpar al Sodalicio de Vida Cristiana -y en específico al obispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren- de estar coludido con una banda criminal en dicha ciudad. Esto, claro está, responde a la agenda que tanto Pedro Salinas como Ugaz tienen para atacar a la Iglesia Católica por distintos flancos -como bien lo evidenció este medio y luego confirmó el mismo Salinas Chacaltana a través de varias publicaciones y de su amigo Martín Scheuch (http://www.laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2184-la-negaci%C3%B3n-de-pedro.html).
Como ya lo mencionamos, el 27 de noviembre sentenciaron a Samuel Alberca, líder de una organización criminal conocida como La gran cruz del norte, por el delito de difamación a un año de pena privativa suspendida, 120 días multa y 10 mil soles de reparación civil. Este dictamen fue el resultado de un proceso iniciado por el Sr. Alberto Gómez de la Torre. También mencionamos que este no había sido el único testimonio dudoso utilizado por Paola Ugaz. En el mismo documental se presenta a Carmen Campodónico acusando a Monseñor Eguren. Campodónico hoy se encuentra presa porque intentó ingresar droga al penal en Piura. Además tiene múltiples denuncias por usurpación de terrenos en Piura.
¿Por qué, entonces, volvemos sobre el mismo tema? Porque nuevamente la compulsividad para mentir de Pedro Salinas y Paola Ugaz puede más que la realidad. Pensando que pueden estar por encima de la verdad, parece que le pidieron un favor a algún amigo del canal ATV, específicamente del programa Día D, conducido por Pamela Vértiz, para hacer un refrito del mencionado reportaje de Al Jazeera. Éste se transmitió el domingo 2 de diciembre y se utilizan como fuentes tanto a Alberca como a Carmen Campodónico. Es decir, ¡nuevamente se presenta como fuente fidedigna a un sujeto que 5 días antes había sido sentenciado por difamación sobre ese tema específico! Tal parece que la periodista que realizó el reportaje, Lorena Ormeño, no se dio el tiempo de hacer una investigación que fuera más allá de lo que Salinas y Ugaz le dijeron.
Además, no podían faltar las opiniones poco objetivas y exageradas de Pamela Vértiz. Su sesgo sobre Monseñor Eguren fue evidente, criticando que hubiera querellado a Salinas y a Ugaz, y deslizando acusaciones como que Monseñor Eguren está vinculado con otros delitos y que sacó a “balazos a campesinos”. Esto demuestra o que dicha periodista no es objetiva o que tal vez, que es la hipótesis por la cual nos inclinamos, es una víctima de la personalidad mentirosa y manipuladora de Salinas y Ugaz. Evidenciando el modus operandi de varios miembros de la prensa nacional, Pamela Vértiz se “solidarizó” con sus amigos periodistas y, desafortunadamente para ella, le salió el tiro por la culata.
No sabemos qué pasó tras bambalinas, pero parece que alguien en ATV entendió la gran patinada que habían realizado con la trasmisión de dicho reportaje. Así, el domingo 9 de diciembre, en un segmento al final del programa, se vio a una Pamela Vertiz modosita, con una actitud completamente distinta a la que tuvo el domingo anterior, leyendo la rectificación de todas las mentiras que habían dicho Pedro Salinas y Paola Ugaz en el reportaje elaborado por Lorena Ormeño. Aquí compartimos dicho segmento. (https://photos.app.goo.gl/7LVwpY3ibUbN95zw6)
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de hacerlo: Pedro Salinas y Paola Ugaz mienten sin vergüenza. Así fue en relación con su vinculación al ECA (antes Accountability Project https://drive.google.com/file/d/1eiVw86RQccl9R3NAa-euUTTBLUqpVE2B/view?usp=sharing ), o con su “diálogo” con el Nuncio en el Perú (http://www.laabeja.pe/de-opini%C3%B3n/columna-del-director-luciano-revoredo/2149-pedro-salinas-y-el-negocio-de-atacar-a-la-la-iglesia.html). A estas alturas están enredados en sus propias incoherencias. Lo preocupante es que todavía hay personas que les creen y siguen comprándose su agenda y, lo que es peor aún, han cedido inclusive a algunos de sus chantajes. Esperemos que luego de esta experiencia en Día D, otros medios no sean tan ingenuos de creerles.

Sin cumplir la ley

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Dr. Marcial Rubio Correa renuncia al cargo de rector de la PUCP

Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dejaría el cargo después de haber reconocido que dicha casa de estudios, bajo su administración, incumplió la ley con el cobro de moras a estudiantes retrasados en los pagos. Así lo informaron fuentes de dicha universidad a El Comercio.
Pepi Patrón Costa, quien se desempeña como vicerrectora de Investigación, también habría renunciado y sería el vicerrector Académico Efraín Gonzales de Olarte quien quedaría a cargo del rectorado de forma interina.
La Asamblea Universitaria definirá la situación dentro de esta casa de estudios superiores. Fuentes de este Diario señalaron que la próxima reunión se realizará el 14 de diciembre.
En una entrevista con el programa Sin Pauta de la PUCP, el rector dijo que la universidad estuvo “actuando sin cumplir la ley” porque atravesaban problemas económicos a raíz de disputas legales con el Arzobispado de Lima. “La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, expresó.
Según dijo, la universidad tiene que devolver unos 30 millones de soles por cobros indebidos en los últimos seis años.
El proceso de devolución de dinero inició el pasado 26 de noviembre para los cobros efectuados desde 2016 a la fecha. A los que pagaron la mora después del 2012 se les devolverá desde el 20 de diciembre.
Cabe indicar que, debido a los cobros irregulares, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar. Los resultados serán evaluados por la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 que podría dar inicio a un procedimiento sancionador.
Fuente: Diario El Comercio.

La PUCP devolverá más 30 millones de soles por cobros indebidos, afirma ex-rector

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está obligada a devolver una suma millonaria de dinero por el cobro indebido en el recargo por la demora del pago de pensiones de los estudiantes.
“La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”, afirmó el ex-rector de la universidad, Marcial Rubio.
En una entrevista en el programa institucional Sin Pauta, afirmó que “la universidad ha hecho un esfuerzo de ajuste y tiene un dinero guardado de la ejecución de los últimos tres años que permite pagar ese monto”.
Además, dijo que “la universidad no tiene que subir ni un centavo de pensión” y eso lo aseguró en el programa. “Eso se ha dicho expresamente en el Consejo Universitario que ha habido el martes. Eso es un hecho y no se va a tener que subir las pensiones”, afirmó.
La Secretaría General de la PUCP ha recibido, hoy 12 de diciembre a las 4 y 35 p.m., la carta de renuncia, dirigida a la Asamblea Universitaria, del Dr. Marcial Rubio Correa al cargo de rector.
Asimismo, la Secretaria General ha recibido las cartas de renuncia de la Dra. Pepi Patrón Costa, a su cargo de vicerrectora de investigación y del Dr. Carlos Fosca Pastor, a su cargo de vicerrector administrativo.
La Secretaría General dará cuenta de las renuncias a la Asamblea Universitaria, a realizarse el viernes 14 de diciembre.
pucp

Incumplieron la ley

La universidad se comprometió a devolver el dinero de las moras cobradas presuntamente de manera irregular. Serán abonadas a los alumnos y exalumnos de la casa de estudios que hayan realizado dicho pago desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la fecha.
Según Marcial Rubio, se estableció esta fecha porque desde ese día entró en vigor la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores.
“La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, aseveró.
Comentó que la Universidad realiza estos cobros desde 1988, año en el que se estableció la política de multa de un crédito por la demora en el pago de la pensión a partir del momento en que vence la boleta. “Esta política se cambia en 1991 y la multa cambia a medio crédito hasta cuatro días atrás”, comentó.
Fuente: Radio Programas del Perú.