Domingo García Belaunde: “Hay que partir de la presunción de inocencia. Chávarry no ha blindado a nadie y no debería renunciar; su labor en Lava Jato es buena”
Por Aaron Salomón-Político.pe
Sobre su sindicación como un integrante más de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, Pedro Chávarry manifestó en diálogo con este medio digital que hay un “complot en su contra”, por lo que exigió que se demuestre “con pruebas”. Asimismo, remarcó que no tiene en mente renunciar porque “todo esto se trata de una patraña”. Agregó que, contrario a lo que se especula en algunos medios de comunicación, sí ha brindado todas las facilidades a Pablo Sánchez Velarde para que indague a la organización criminal chalaca.
Pero, ¿de qué complot está hablando el fiscal de la Nación? Para absolver esta respuesta acudimos a fuentes del entorno más cercano de Pedro Chávarry, que nos dijeron que lo que se pretendería evitar es que se reabra la investigación al presidente por la firma de la onerosa adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero, la cual, recordamos, fue archivada por Sánchez. En su momento, la Contraloría advirtió que la ejecución de la mencionada adenda “podría haber significado un perjuicio económico para el Estado estimado en 40.6 millones de dólares”.
“Es un complot; quieren un fiscal a su medida. Saben que habrá novedades (en el caso Chinchero) y por eso están asustados”, anotaron los informantes a Político.pe.
Ahora bien, lo que toca con apremio es comprobar si los dichos del colaborador eficaz son verdaderos, pues como bien apunta Ántero Flores-Aráoz “solo así podría ser considerado como eficaz”. Por su parte, el abogado Domingo García Belaunde detalla, en la misma tónica, que lo que indican los colaboradores “es solo un primer paso sujeto a investigación y prueba”, de modo que queda harto pan por rebanar. A su juicio, Pedro Chávarry no tendría por qué dar un paso al costado hasta que se demuestre su “culpabilidad con pruebas” y no con meras declaraciones de colaboradores eficaces que, de acuerdo con su experiencia, “a veces cuentan chismes”.
“Chávarry no ha blindado a nadie y no considero que debería renunciar porque está realizando una buena labor en el caso Lava Jato. Así no funcionan las cosas, hay que partir de la presunción de inocencia”, acotó García Belaunde en referencia a la posición de la Asociación Civil Transparencia que demandó la renuncia del fiscal de la Nación.
– En entrevista ofrecida al diario El Comercio, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, se excusó este viernes en que “la anemia no es un gripe” y “toma tiempo” que su porcentaje se reduzca. Señora, si hablamos de tiempo, ¡qué rápido aumentó entonces esta afección a nivel nacional! ¿No le parece?
La mayoría parlamentaria, sin miedo a que se le tilde de obstruccionista, debe promover de inmediato la interpelación a la señora La Rosa (¡por la intoxicación de 600 niños tras consumir desayunos de Qali Warma!) y Silvia Pessah (¡por la irresponsable subida de la anemia!).
Así como la lideresa naranja reclama a Vizcarra que priorice los problemas del país, nosotros le exigimos a ella que exhorte a sus parlamentarios a no renunciar a su rol fiscalizador.
Declaran en emergencia Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa tras bloqueo
El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el Corredor Vial Apurímac–Cusco–Arequipa luego de que parte de la población de la comunidad de Fuerabamba (provincia de Cotabambas, Apurímac) bloqueara desde el miércoles 22 de agosto el corredor minero que conduce a la mina Las Bambas en la zona conocida como Yavi Yavi, ubicada en el vecino distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas (Cusco). Los moradores también cavaron zanjas en este sector para interrumpir el paso de los camiones de la minera. La comunidad de Fuerabamba acata desde hace nueve días un paro indefinido.
El estado de emergencia decretado por el gobierno a través del decreto supremo Nº 091-2018-PCM y regirá por 30 días calendario en una longitud aproximada de 482,200 kilómetros, que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau (Apurímac), hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma (Arequipa).
La medida también incluirá a los 500 metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial. En la zona declarada en emergencia la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, informaron.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio señalado.
Esta medida del Ejecutivo se da a fin de evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en el mencionado corredor y las zonas adyacentes, se precisa en el dispositivo legal.
-Demandas-
Fuentes locales informaron a El Comercio el 26 de agosto que los manifestantes exigen a la empresa que instale una mesa de diálogo para renegociar el pago por la venta de sus terrenos.
Los moradores piden una indemnización de S/1,500 millones y buscarían anular lo acordado hasta el momento, informó el diario Correo.
El director de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Carlos Gálvez, dijo al citado medio que la protesta aún no ha afectado la producción minera, pero advirtió que la situación podría agravarse.
Ayer, el general Max Iglesias, jefe de la Séptima Macrorregión Policial Cusco-Apurímac, había planteado también la necesidad de esta declaratoria de emergencia.
“Con maquinaria se pueden cubrir las zanjas y se garantiza el libre tránsito. Aparte que la libertad de reunión queda suspendida, entonces los manifestantes ya no podrán estar atrincherados, como hasta este momento”, explicó Iglesias a Perú21.
Este hecho es similar al registrado en octubre del 2016, cuando un grupo de comuneros cerró la vía por un periodo de seis meses. Ellos pedías al Estado y a la empresa MMG Las Bambas que les pagaran por los terrenos comunales que -decían- habían sido utilizados para trazar un tramo de 40 kilómetros de la vía.
En aquella ocasión, las protestas cobraron la vida del comunero Quintino Cereceda, quien falleció de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la Policía Nacional.
-Velille inicia huelga-
Ayer, pobladores de Velille iniciaron una huelga indefinida cuyo objetivo es la instalación de una mesa de diálogo con la empresa. Se registraron bloqueos con piedras en Tresvaros y Ccollana, sectores del mencionado corredor. Solicitan la modificación del estudio de impacto ambiental y la firma de un nuevo convenio marco en el sector, precisó Correo.
Fuente: Diario El Comercio.