La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene una política en ejecución contra el acoso sexual y la lleva a cabo en solidaridad con las víctimas de estos agravios. Para ello cuenta con la reglamentación correspondiente en materia de faltas sancionables y procedimientos, y ha establecido una Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual presidida por una profesora e integrada por un profesor y una alumna. Adicionalmente, se brinda apoyo especializado a las víctimas.
Esta Comisión investiga y resuelve en primera instancia, de esta forma garantiza a las víctimas la estricta reserva de sus denuncias. El Consejo Universitario -conformado por autoridades, profesores y estudiantes- es la segunda y última instancia y a él se recurre por apelación.
El procedimiento de sanción por hostigamiento sexual debe comenzar con la presentación de una denuncia de quien fue la persona agraviada. Este es un requisito indispensable según el debido proceso constitucionalmente establecido y un derecho humano para el denunciado como agresor. La PUCP, entonces, no puede actuar de oficio sin una denuncia de parte identificada.
En los últimos días, dentro y fuera del campus, ha habido imputaciones públicas sobre actos de hostigamiento sexual en la PUCP y se sostiene que, supuestamente, no hubo una respuesta adecuada frente a estos casos. En este sentido, se ha mencionado públicamente a tres profesores ordinarios de la Universidad.
El primero de ellos fue un profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales. Sobre su conducta, el Defensor Universitario presentó un informe al Rector, donde indicaba faltas de naturaleza directiva, laboral y económica, así como faltas de acoso sexual. El profesor recibió un plazo de dos semanas para contestar el informe defensorial. Así lo hizo y al día siguiente, el 31 de julio pasado, renunció a su condición de profesor, de acuerdo con su derecho constitucional de libertad de trabajo, que incluye la potestad de renunciar. Con posterioridad a esta renuncia, se ha recibido denuncias adicionales de personas que se consideran víctimas, estos casos se encuentran en investigación según a las normas procesales existentes. Al día de hoy, existen tres presuntas víctimas más que han pedido presentar denuncias, las que se recibirán siguiendo un cronograma establecido por la Comisión respectiva.
El segundo de los profesores mencionados pertenece al Departamento de Derecho y la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual ha recibido información de cinco personas con pruebas referidas a acoso a través de mensajes en redes sociales y correo electrónico. Las personas que se consideran agraviadas han decidido que sus testimonios sean anónimos, por lo que no pueden ser calificados como denuncias, pues es jurídicamente indispensable que estas no sean anónimas. Por lo tanto, no hay a la fecha un procedimiento de sanción abierto contra ese profesor. La PUCP recibirá las denuncias de quienes se consideren víctimas a través de los canales correspondientes.
El tercer caso es el de un profesor del Departamento de Ciencias Sociales, de quien se ha dicho durante varias semanas que Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, había hecho una investigación según la cual se demostraba que había violado a una mujer, razón por la cual se le había despedido de la institución. Al mismo tiempo, en la PUCP se ha hecho una campaña de denuncia pública por grupos diversos y se ha exigido que se le quite su condición de profesor ordinario. Asimismo, existen, en las redes sociales, videos grabados en el campus de la PUCP calificándolo como violador.
El día 27 de agosto de 2018, Promsex emitió un comunicado según el cual afirma que, en marzo de 2017, recibió “el testimonio de una mujer, quien mantuvo la reserva de su identidad y que señalaba a (este profesor de la PUCP) como responsable de un acto de violación sexual hacia su persona”. El mencionado comunicado agrega que la persona “solicitó no difundir su testimonio, ya que sería ella quien decidiría las medidas posteriores y el momento apropiado para hacerlo”. El tema fue presentado ante el Consejo de Promsex “solo con el testimonio de la mujer” y este organismo solicitó al denunciado que renunciara, a lo que este asintió.
El Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP recibió hace aproximadamente dos meses, un correo sin identificación del remitente, en donde se refería una violación hecha por el aludido profesor. No fue una denuncia formal, pues se desconoce quién la hacía.
El profesor a quien nos referimos no tiene abierta ninguna investigación por acoso sexual o violación hasta este momento en la PUCP. Existen dos testimonios de acoso contra él, pero con exigencia de anonimato, lo que no puede calificarse como una denuncia que inicie un procedimiento de sanción. También hay indagaciones preliminares sobre ciertas denuncias que se le hacen por asuntos vinculados a la tarea docente, materia completamente distinta al acoso sexual, que no han recibido aún formalización de acusación alguna.
La PUCP no admite ni el acoso ni el hostigamiento sexual en su comunidad universitaria y sanciona drásticamente a los agresores mediante debidos procesos, que respetan siempre la dignidad de cada persona involucrada. Para ello reitera el pedido de que el acoso sexual sea denunciado ante las autoridades competentes para su procesamiento y sanción.
Lima, 29 de agosto de 2018
El Rectorado