El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto las credenciales de los alcaldes provinciales de Cotabambas, en Apurímac, y de Tayacaja, en Huancavelica, por contar ambos con orden de prisión preventiva dictadas en sus respectivas jurisdicciones judiciales.
Se trata de Odilón Huanaco Condori, ahora alcalde suspendido del Concejo Provincial de Cotabambas, quien tiene una orden de cárcel preventiva de 12 meses, en razón de que fue denunciado por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado, asociación ilícita para delinquir y falsedad ideológica.
De acuerdo con la acusación fiscal, esta autoridad se habría coludido con un grupo de personas para crear un organismo paralelo a otro de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho de esa provincia, con la finalidad de canalizar donaciones nacionales e internacionales.
Por su parte, Moisés Vila Escobar, burgomaestre provincial de Tayacaja, cuenta con una orden de prisión preventiva de seis meses dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, al ser denunciado por supuestos delitos de colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo.
Según la denuncia que obra en el expediente judicial, está suspendida autoridad habría concertado con empresarios que apoyaron su campaña electoral la construcción de una obra municipal.
En ambos casos, el Pleno del JNE, a través de sendas resoluciones que dejan sin efecto sus credenciales, convocó a los primeros regidores Valentín Quispe Flores y Sócrates Cicerón Pérez Gamarra para que asuman provisionalmente los cargos de alcaldes provinciales de Cotabambas y Tayacaja, respectivamente.
Fuente: www.radionacional.com.pe
Fijan recompensa de S/15 mil por captura de exfuncionarios de la región Apurímac
Por Paul Pilco- Diario Correo.
Cuatro rostros más se sumaron a la larga lista de los más buscados del país y que fueron incorporados al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior por información que conduzca a su ubicación y captura.
Se trata de los exfuncionarios del Gobierno Regional de Apurímac Guillermo Ligarda Casis, Giovani Tohalino Riveros, John Edison Zegarra Vivanco y Robinson Palacios Moreano, cuya recompensa por cada uno fue fijada en 15 mil soles.
Todos ellos son acusados por los delitos de peculado doloso, apropiación agravada y falsedad ideológica y trabajaron al lado del exgobernador Elías Segovia Ruíz, encontrándose desde el 19 de junio del presente año en la condición de prófugos de la justicia.
Como se recuerda, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, Ricardo López Mantilla, dispuso la prisión preventiva de nueve meses a todos los imputados, decisión que fue apelada y posteriormente confirmada en segunda instancia.
Se conoció que la defensa de los procesados presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en un intento por variar el mandato de prisión por el de comparecencia con restricciones. Esta última instancia aún no se ha pronunciado.
Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia
El Ejecutivo declaró en Estado de Emergencia tres distritos de Apurímac para evitar actos de violencia en esta zona del país.
Según el Decreto Supremo N°085-2017-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se declara en emergencia por 30 días a los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, en la provincia de Cotabambas.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, según reza la norma, que recuerda que en estas circunstancias quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
El decreto informa además que el director general de la PNP solicitó al ministro del Interior que se declare en Estado de Emergencia a los distritos citados para asegurar el control del orden público y evitar actos de violencia que se pudiera cometer en dichas zonas, pues se produjeron actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población.
Como dio a conocer El Comercio previamente, una parte del corredor minero, que usan diversas empresas mineras para transportar su producción a los puertos de la costa, entre ellas MMG Las Bambas, ha sido bloqueada desde hace varios días por un grupo de comuneros en el distrito de Mara.
Los manifestantes reclaman el pago de derechos de servidumbre por el uso de la ruta departamental AP 115 que cruza sus territorios.
Fuente: Diario El Comercio.
Las Bambas: comuneros aseguran que mantendrán su protesta pese a emergencia
Tras once días de bloqueos en una ruta usada por mineras, el Gobierno declaró el estado de emergencia en tres distritos de Apurímac
Aunque el MTC indicó que había llegado a un acuerdo con las comunidades, la ruta AP-115 siguió bloqueada. MMG Las Bambas asegura que no hay impacto en su producción. (Foto: Cortesía)
Por Miguel Neyra– Diario El Comercio.
Tres distritos de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, fueron declarados en estado de emergencia por el Gobierno. La medida regirá por 30 días en Challhuahuacho, Haquira y Mara, donde han ocurrido “actos contrarios al orden interno” en los últimos once días, según consta en el decreto.
El objetivo de la declaratoria es asegurar el orden público. Esta medida fue solicitada por la Dirección General de la policía en vista de que los comuneros mantienen bloqueada la ruta departamental AP-115, usada por empresas como MMG Las Bambas para el traslado de minerales.
Las protestas se han concentrado en Mara, donde las comunidades campesinas de Pitic, Miraflores, Pisaccasa y Congota exigen a MMG Las Bambas un pago por el uso del corredor minero.
El martes, MMG Las Bambas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunciaron que habían llegado a acuerdos con las comunidades. Entre estos estaba la instalación de una comisión para evaluar si la empresa debía pagar compensaciones por posibles desviaciones o ampliaciones en la vía. Esto bajo condición de que se restablezca el tránsito.
Sin embargo, la ruta AP-115 no se reabrió. Según se informó, un grupo de comuneros rechazó el acuerdo y siguió con la protesta. Vía usada por mineras sigue bloqueada. Chalhuahuacho, Haquira y Mara fueron declarados en estado de emergencia mediante el Decreto Supremo N°085-2017-PCM.
Diálogo frustrado
Mientras algunos comuneros siguen bloqueando la vía, los representantes de la comunidad campesina de Pisaccasa –una de las involucradas– informaron que ellos no respaldan la medida de fuerza. En un comunicado dirigido al titular del MTC, Bruno Giuffra, dijeron que la protesta es promovida por un grupo de comuneros que tienen un “interés personal”.
Ellos denunciaron que las acciones son lideradas por el dirigente César Córdova, influenciado por el asesor Frank Chávez Sotelo.
En respuesta, Frank Chávez dijo a El Comercio que la comunidad de Pisaccasa “no es parte de la lucha”. Asimismo, los dirigentes Eberson Quispe, de la comunidad de Miraflores, y Raúl Escalante, de Pitic, anunciaron que pese a la emergencia mantendrán su protesta.
El MTC informó que la vía AP-115 es una carretera que no está bajo su supervisión, sino del Gobierno Regional de Apurímac. Se añadió que ellos están en el conflicto como “mediadores”.
MMG Las Bambas aseguró que la protesta no ha tenido impacto en su producción. Señaló que la vía bloqueada es pública desde el 2008, antes de que existiera la mina.
30 días duró el estado de emergencia decretado en la provincia de Cotabambas el 2 de febrero de este año. La medida también fue por protestas respecto al uso de la vía.