Cusqueños celebran concesión de Chinchero en abril del 2014. Foto: Andina.

Por Víctor Nomberto Director de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad- Facultad de Educación y Ciencias Sociales (UNAMBA)- Docente Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (1992-2000). Revista Ideele Nº 268.
En la construcción del aeropuerto de Chinchero, el Estado peruano aporta más del 80% del costo del proyecto, le otorga la concesión de operación y mantenimiento a Kuntur Wasi; así como la ejecución de la obra, área donde dicho consorcio no tiene experticia.
¿Se mantendrán los 40 años de concesión del contrato inicial? ¿Los aportes del gobierno regional del Cusco serán considerados? ¿Cuáles son los beneficios directos para el país y para la región?
Como sostiene el mayor general de la Fuerza Aérea del Perú y miembro de la Asamblea Constituyente de 1979, Alberto Thorndike Elmore, existe una alternativa para construir el aeropuerto internacional en la región Cusco donde se ubica actualmente el aeródromo de Patria, en el valle de Kosñipata, provincia de Paucartambo.
Los fundamentos técnicos aeronáuticos ya fueron señalados en su obra “Autopsia de un error”, publicado en 1983:
a) Chinchero carece de un estudio integral de su espacio aéreo que se ajuste a las normas y recomendaciones de la OACI para la “aproximación, tráfico, despegue y aterrizaje, e incluso aproximación frustrada, dado que la seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones es fundamental”. Existiendo fuertes vientos de cola que restan potencia a las aeronaves.
b) Respecto al movimiento de tierras, los “geólogos dicen no al proyecto porque debajo de la laguna, en el subsuelo, hay cavernas y vacíos de cohesión de material que van a tener que rellenar. Porque la pista no puede estar sobre huecos. Los aviones pesan entre 400 y 500 toneladas y vienen a una velocidad de 100 o 150 nudos que golpean el suelo”.
c) Además “el silencio de los fabricantes Embraer, Airbus o Boeing que no demuestran que sus aviones podrán descender en Chinchero, genera muchas dudas”.

“¿Se mantendrán los 40 años de concesión del contrato inicial? ¿Los aportes del gobierno regional del Cusco serán considerados? ¿Cuáles son los beneficios directos para el país y para la región?”

Adelanto a cuenta del Estado

En el caso de Chinchero, el Estado peruano pagará al contado los 40.3 millones de dólares para la construcción del terminal y la pista de aterrizaje, como un adelanto antes del inicio del movimiento de tierras y la explanación. Es decir, el consorcio Kuntur Wasi no tiene los recursos ni siquiera para esta fase inicial de la construcción.
La Contraloría General de la República encontró vacíos antes de la suscripción del primer contrato. El 2016 recomendó que el Estado peruano aproveche la oportunidad para reajustar y negociar condiciones desfavorables, pero no se hizo.
Ahora ha suscrito apresuradamente la cuestionada adenda el 3 de febrero de 2017 y ha suspendido el contrato por tres meses mientras la Contraloría opina, lo cual se debió hacer con anticipación dadas las observaciones de OSITRAN.
Si el contrato es ilegitimo e ilegal, el Ministerio de Transportes: ¿estaría dispuesto a resolver el contrato? El Congreso de la República debe ejercer control político, garantizando la transparencia en el gasto público y la construcción de un aeropuerto internacional con el menor presupuesto posible a ser ejecutado en el menor tiempo: primero, el Estado peruano aporta más del 80% para el movimiento de tierras y mantiene la concesión por 40 años, sin garantizar ningún beneficio concreto para el Cusco; y segundo, el Estado está poniendo el 81% para la ejecución del terminal aéreo. ¿Será posible que el consorcio no tiene presupuesto para cubrir el financiamiento?
Adquisición de terrenos y cierre financiero
En Chinchero, se habrían adquirido 357 hectáreas con recursos del canon gasífero para la construcción del aeropuerto. Y el consorcio tuvo la opción de presentar el cierre financiero el año 2015, iniciando la obra en diciembre de ese año, pero recién lo hizo al terminar el gobierno del presidente Humala el 27 de julio de 2016.
Finalmente,  según el congresista cusqueño Armando Villanueva, representante de Acción Popular: “Lo razonable es que los intereses no superen los 135 millones de dólares”. Bajo ninguna circunstancia deben ser 589 millones de dólares como pretende el consorcio Kuntur Wasi.
Frente a la situación descrita, Amado Enco de la Procuraduría Anticorrupción ha presentado y suscrito una denuncia ante el Ministerio Público a fin de cautelar los intereses del Estado, en la que solicita investigar al ministro de Transportes y vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, por el delito de colusión, al haber suscrito la adenda que favorecería a la empresa concesionaria de la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
Según el Procurador, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debió tomar otras medidas en vista de que el consorcio Kuntur Wasi tenía problemas para conseguir un préstamo para iniciar la obra, como dejar sin efecto el contrato, cobrar la carta fianza y convocar a una nueva licitación. La denuncia incluye a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi.
La segunda vicepresidenta de la República y congresista, Mercedes Aráoz, y el propio Presidente de la República aseguran que la denuncia contra Vizcarra “no tiene fundamento”.
“La Contraloría General de la República encontró vacíos antes de la suscripción del primer contrato. El 2016 recomendó que el Estado peruano aproveche la oportunidad para reajustar y negociar condiciones desfavorables, pero no se hizo”.

Daños colaterales

Como consecuencia de la adenda al contrato, el ministro de Transportes y Comunicaciones será interpelado y podría ser censurado.
Todo el gabinete Zavala puede ser remecido por los vínculos familiares con Ximena, gerente de Asuntos Corporativos de Andino Investment Holding. O renunciaba ella al consorcio Kuntur Wasi o renunciaba su hermano a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Salen perdiendo los integrantes de la Mancomunidad de Municipalidades de la provincia de Urubamba, encabezados por Humberto Huamán Auccapuma, alcalde del Frente Amplio;  el alcalde de Ollantaytambo Elvis Flores,  la alcaldesa de Yucay, Carmen Cusihuallpa; el alcalde de Huayllabamba, Julio Llallicuna; el alcalde de Chinchero, Guadalberto Sallo; y el alcalde de Maras, Adriel Quispe.
Pierden también los empresarios Carlos Vargas Loret de Mola y su socio argentino Eduardo Eunerkián de la Corporación América S.A.