El exasesor del primer gobierno del presidente Evo Morales (2006-2010), acusado por la justicia del Perú de estar vinculado con el grupo subversivo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y de haber cometido actos terroristas, Walter Chávez, trabajó como técnico de coordinación con la organizaciones sociales en torno a la campaña electoral a favor de la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, así lo confirmó la vicepresidenta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Concepción Ortiz.
Chávez fue acusado por la justicia del Perú, por lo que huyó de su país y logró refugio político en Bolivia el año 1992, cumpliendo funciones públicas como periodista. Fue jefe de campaña electoral del MAS en las elecciones generales de 2002, encontrandose desde ese año emparentado con el partido oficialista y el Jefe de Estado.
“Jefe de campaña son todos los ejecutivos, los que conforman la Conalcam (Coordinadora Nacional por el Cambio), Walter Chávez también va trabajando como técnico de coordinar con nuestras organizaciones a nivel nacional MAS, en coordinación con nuestra Dirección Nacional (del MAS)”, confirmó Ortiz en inmediaciones de plaza Murillo.
El gobierno del MAS rechazó el años 2007 y 2008 la petición de extradición y detención que plantearon las autoridades peruanas sobre Walter Chávez, acusado en su país de presuntos vínculos con el MRTA.
Las autoridades de gobierno fundamentaron entonces su decisión en que Chávez cuenta desde la década pasada con el estatus de refugiado político en Bolivia, donde ha trabajado como periodista y llegó a ser asesor del presidente Morales en Palacio de Gobierno.
Antecedentes
En enero del año 2007, la Procuraduría Contra el Terrorismo de Perú pidió la captura internacional de Chávez, entonces asesor de Morales, por estar procesado por el delito de terrorismo y para quien pide 25 años de cárcel. Entonces, el Gobierno de Morales anunció que Chávez fue relevado de su cargo de asesor del Ministerio de la Presidencia y la Corte Suprema de Bolivia rechazó la extradición de este ciudadano.
El año 2008, el entonces embajador de Perú en Bolivia, Fernando Rojas Samanez, confirmó que su Gobierno solicitó a Bolivia proceder a la extradición del ciudadano peruano, sobre quien pesa un proceso de orden penal en su país por delitos de extorsión y terrorismo.
Sin embargo, el Gobierno boliviano negó la entrega e informó que Chávez se encuentra en el país en condición de refugiado político, amparado por la organización humanitaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Actualmente, el gobierno de Morales reclama a Perú que retire el asilo y refugio político que otorgó a tres ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada; Mirtha Quevedo, Javier Tórrez Goitia y Juan José Torres, procesados en el país por el caso denominado octubre del 2003. El presidente Morales acusó al Gobierno peruano de “proteger a genocidas”.
Fuente: www.eldia.com.bo
Perseguido político “potencial”
Por Embajador Eduardo Ponce Vivanco- Diario Perú21
En la conferencia de prensa de Belaunde Lossio en Bolivia su abogado dijo, sibilinamente, que el prófugo tiene “una alta potencialidad política”. ¿Aludía acaso al carácter explosivo de las informaciones que guarda como su mejor garantía? ¿Es un misil dirigido a Lima, Caracas y La Paz? El disparo vino después de presentarlo como un samaritano que brindaba “aporte social a comunidades”. ¡Qué desparpajo!
El juego está abierto. Quieren provocar reacciones que muestren la politización del caso en el Perú, que seguirá investigando los presuntos delitos de MBL. Pero ninguno de estos comprende su eficaz colaboración en canalizar fondos supuestamente chavistas para campañas electorales. Si fuera así, es obvio que los donantes estarían tan complicados como los beneficiarios. Y si Bolivia está gobernada por el discípulo predilecto de Hugo Chávez, no sorprende que hayan escogido ese destino que resguardaría a los benefactores, además de protegerlo a él. Aspira a los mismos privilegios que blindan a un terrorista del MRTA, asesor influyente de Evo Morales, que nunca aceptó extraditarlo al Perú. Audaz movida la del “samaritano perseguido” y de quienes tienen intereses confluyentes: colocarse bajo el manto de la ACNUR y de acuerdos internacionales vinculantes para Perú y Bolivia. Es irrelevante si entró ilegalmente (los prófugos evitan controles migratorios), y en qué fecha. Sin embargo, en un impresionante galimatías, Evo Morales otorgó carácter determinante a estos hechos. Pero la posición boliviana fue aclarada después por el vicepresidente García Linera: los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales sobre refugio serán respetados. Lo importante ahora es investigar por qué no lo encontraron aquí durante los siete meses que lo “buscaron” (¿?).
Hacen gracia sus loas a la justicia de Bolivia y al “respeto que tiene este país por los tratados internacionales”. Hay cierta cizaña en esta discutible afirmación, y mal haría nuestro gobierno en seguir el juego del prófugo. No debe olvidarse que Evo es el enemigo número uno de la Alianza del Pacífico, que el ALBA quiere quebrar por todos los medios.
Pretende también que apoyemos su demanda contra Chile en La Haya, aunque Santiago haya cuestionado la competencia de la Corte.
Debe tenerse muy presente que, por ser un asunto de Estado, la política exterior es ajena a cualquier negociación vinculada a intereses oscuros de los políticos y los personajes de su entorno.