Lula critica al director de película Avatar
“Mejor sería que Cameron se fuese a protestar al Golfo de México y a ayudar a retirar el petróleo que ha contaminado el mar”. Esta frase la pronunció un enojado Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil, a quien lo ha molestado que el cineasta James Cameron, director de la película Avatar, haya estado hace unos meses en la Amazonía para protestar contra una hidroeléctrica que el Gobierno quiere construir en plena selva; y contra la que se han manifestado también los indígenas, ecologistas y movimientos sociales.
Lula expresó sus críticas en Altamira, una ciudad cercana al área donde se levantará la presa, en un acto organizado para defender el proyecto de la hidroeléctrica Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo, por detrás de las de Itaipú, cuya propiedad comparten Brasil y Paraguay, y la china de Tres Gargantas.
El mandatario brasileño también volvió a asegurar que la represa no dañará el medio ambiente, tal como advierten los ecologistas.
UN GIGANTE
La represa de Belo Monte se construirá sobre el río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas, y requerirá que se inunde una zona de unos 506 kilómetros cuadrados.
Según el Gobierno, generará en promedio 4,571 megavatios por hora, duplicando su producción en las épocas de máxima crecida del Xingú, cuando podría generar más de 11,000 megavatios. La represa costará US$10,600 millones y el Gobierno invertirá unos US$857 millones para mitigar el impacto socioambiental.

Empezó la licitación del gas del Lote 57 de REPSOL, luego de que PLUSPETROL (operador del Lote 88 de Camisea) anunciara que ya no venderá más gas, pues todas sus reservas ya están comprometidas.
Las empresas interesadas en adquirir gas empezaron a comprar las bases del concurso. Según indicó una fuente del sector industrial que adquirió las bases, el precio inicial de venta será de US$ 3 por millón de BTU.
Este precio es superior a los US$ 2.8 que pagan las industrias compradoras del gas del Lote 88 y ocho veces mayor al precio de exportación (US$ 0.56 por millón de BTU). Al ser una subasta de gas, el precio fijado por REPSOL aún podría crecer, todo ello en función de la oferta y la demanda.
El volumen de gas ofertado por REPSOL es de 40 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). La demanda insatisfecha en la última licitación del PLUSPETROL fue de 38 mpcd, en aquel momento nueve empresas se quedaron sin gas, por lo que alcanzaría para cubrir este requerimiento. Sin embargo, no habrá gas para nuevas empresas interesadas en iniciar su consumo.
El Viceministro de Energía, Daniel Cámac, reconoció que el precio de venta en esta licitación será mayor. “Este ya no es un gas regulado, entonces dependerá de la competencia entre los consumidores para ver qué precio están dispuestos a pagar”, apuntó al reconocer que ese gas será más caro que el que ya exporta.
La magia de los TCF
Diversos documentos muestran que ya en el año 2003 se conocía que las reservas de gas certificadas eran menores que las que se informaba públicamente. ¿El objetivo? Preparar el camino para la exportación del gas. ¿Quién le mintió al país? ¿Por qué?
Por Pablo O’Brien y David Rivera
“Seis”. “Ocho punto ocho”. “En realidad, tenemos diez”. “Ahora hay doce”. “Este año llegamos a catorce”. “Pronto estaremos cerca de los treinta”. De esta forma, como si se sacaran conejos de la chistera de un mago, se anunciaban y difundían las cifras que daban cuenta de las reservas de gas del Perú. Medida en trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), esta información suele ser fundamental para definir los lineamientos de la política energética de un país. Si no se manejan con seriedad, en cambio, terminan generando falsas expectativas de crecimiento y comprometen seriamente su futuro y desarrollo.
Pero hagamos un poco de memoria. Desde que el gas se reveló como un recurso fundamental para el Perú, la posición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había sido bastante tranquilizadora: las reservas probadas de Camisea (sumadas las de los lotes 88 y 56) superaban los 10 TCF. A comienzos de este año se anunció que llegaban a unos 14,1 TCF. La noticia fue recibida con entusiasmo, porque con esos niveles no había nada de qué preocuparse. Había gas para todos y para rato.
Fue a mediados del 2008 cuando aparecieron los primeros indicios de que algo andaba mal
Diversas empresas interesadas en invertir en áreas tan rentables como la generación de electricidad (Termochilca) y la petroquímica vieron frustradas sus aspiraciones porque Pluspetrol no les quiso firmar contratos alegando que no había gas. ¿Cómo que no alcanza el gas? ¿Y las reservas que se había anunciado pocos meses atrás? La preocupación empezó a extenderse e inmediatamente los ojos voltearon hacia el proyecto de exportación. ¿Cómo se iba a destinar reservas de gas para venderle a México si lo que había no alcanzaba para el mercado interno?
Las explicaciones no se hicieron esperar. Los promotores de la exportación salieron al frente para señalar que el problema no estaba en la cantidad de las reservas, sino en el diámetro del ducto, que no se daba abasto para transportar el gas destinado a satisfacer la demanda interna. Según ellos, bastaba verificar las cifras de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), encargada de establecer el nivel real de reservas, para darse cuenta de que no había problemas. El 2007, según la DGH, teníamos 11,15 TCF.
Sin embargo, a pesar de las “tranquilizadoras” explicaciones, la demanda seguía superando con creces a la oferta. Esto provocó que Roberto Ramallo, gerente ejecutivo de Pluspetrol, declarara en junio último que su compañía “no firmará más contratos de suministro de gas natural con nuevas empresas hasta certificar la existencia de reservas adicionales. No tenemos una fecha precisa para vender gas a nuevas empresas, podría ser un poco antes o después del 2010”.
El punto final a este debate sobre si la culpa del desabastecimiento la tenían el tubo o las reservas, lo puso la auditoría efectuada por la empresa Gaffney, Cline & Associates (Gaffney), que en junio último, y a pedido del Ministerio de Energía y Minas, presentó el nivel de reservas certificadas. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos: las reservas probadas solo llegaban a 8,8 TCF. Es decir, había 5,3 TCF menos de lo que habían calculado el MEM y el Consorcio Camisea.
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, se supo que esta situación se venía repitiendo desde el 2005. Las reservas probadas certificadas eran mucho menores de lo que se había venido anunciando, por eso no se podía firmar nuevos contratos. El riesgo era que hacia finales del 2010 empezarían a presentarse cortes y restricciones en el servicio eléctrico debido a la falta de proyectos de generación, cuya construcción se encontraba paralizada porque las empresas no conseguían contratos de gas.
Trillones en juego
Diversos documentos a los que tuvo acceso PODER Enterprise demuestran que desde el año 2003 el Consorcio Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol, alertó que no era conveniente exportar el gas de Camisea debido a que, según sus proyecciones, las reservas no alcanzaban para abastecer el mercado interno.
Así lo expresa claramente el documento Pluspetrol Camisea– Position Paper, del 7 de abril de 2003: “Las estimaciones recientes sobre reservas probadas de gas del Lote 88 y la previsión de la demanda del mercado doméstico peruano para los próximos cuarenta años [que era el período de duración del contrato original del Lote 88], muestran una diferencia negativa de 4,2 TCF. Aunque Pluspetrol confía en que con el tiempo, la exploración y el desarrollo de pruebas de largo plazo se pueda reducir o incluso eliminar esta diferencia, hoy no podemos comprometernos ni garantizar las reservas de gas del Lote 88 para realizar un proyecto de exportación, mientras simultáneamente comprometemos y garantizamos los volúmenes de gas que se requiere para el mercado local”, señalan.
En otro informe de la compañía (Camisea: Strategic Value), de febrero del 2003, se muestra un cuadro en el que se indica cuál era el verdadero nivel de las reservas de entonces. Según el estudio de De Golyer & MacNaughton (una evaluadora seria del potencial de yacimientos de hidrocarburos), el Lote 88 tenía 8,7 TCF, de los cuales solo el 78% era recuperable. Por tanto, las reservas probadas llegaban a 6,8 TCF.
En cambio, el Lote 56 solo contaba con 2,0 TCF comprobados (2,5 probables, pero con una certeza de 75%). Sumados los valores de ambas concesiones, el país tenía 8,8 TCF de reservas probadas en dicho año.
Esto no es lo único importante que señala este cuadro. Según los cálculos efectuados, el país necesitaba 11 TCF para satisfacer la demanda interna de gas hasta el 2040. Es decir, sin vender gas al exterior, en ese momento, ya teníamos un déficit de 2,2 TCF. Por eso mismo Pluspetrol indicaba: “un operador responsable, antes de destinar sus reservas a un proyecto de exportación requiere: adquirir un conocimiento profundo sobre el comportamiento de las reservas; confirmar adecuadamente el desarrollo de las reservas comprobadas; convertir las reservas probables en probadas; incorporar reservas probadas de otros lotes”.
En dicho documento de Pluspetrol también se indica: “La propuesta del proyecto CLNG [nombre utilizado por la empresa antes de ser Perú LNG, para la exportación del gas] tiene dos aspectos que podrían ser políticamente controversiales. El primer hecho es que el país recibirá 12 centavos de dólar de royalty por cada millón de pies cúbicos [de gas] que el proyecto venda [en el extranjero], comparado con los 63 centavos de royalty y los múltiples efectos que en la economía generaría cada millón de pies cúbicos vendidos en el mercado local. Segundo, con precios bajos, el mercado local estaría subsidiando el desarrollo económico extranjero”, indicaba en el 2003.
Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia
El diagnóstico de Pluspetrol revela que en dicho momento se podía establecer perfectamente que no era conveniente vender el gas al extranjero, y que esta posición no era exclusiva de analistas con intereses particulares o sin conocimiento del tema, tal como han pretendido hacer parecer en diversas ocasiones funcionarios del gobierno y ejecutivos de la ahora llamada Perú LNG.
La pregunta entonces es: ¿por qué si en el 2003 Pluspetrol alertaba sobre la falta de reservas de gas, el MEM y Hunt Oil (la compañía estadounidense interesada en la exportación del recurso) publicaban datos según los cuales había reservas de sobra?
La respuesta parece obvia hoy: porque se estaba preparando el terreno para que en el 2005 se hicieran las modificaciones legales necesarias que ayudaran a liberar reservas de gas para el proyecto de exportación.
La “confusión” en la medición de las reservas nace curiosamente de un hecho bastante simple: en el 2003 se comenzó a incluir como parte de las reservas probadas a las probables. Sin embargo, el hecho no quedó ahí, y tal como lo demuestra el informe Gaffney, como la suma de ambos rubros no superaba los 11 TCF en reservas en el 2009, Hunt Oil habría incorporado incluso las reservas posibles para sustentar la existencia de gas suficiente para la exportación.
Hacia el 2004, la DGH indicaba que las reservas eran de 10,87 TCF. ¿De dónde salía este número? Otro informe al que se tuvo acceso da la respuesta. Esta vez el documento es de julio último y tiene como fuente a Perú Petro, el organismo encargado de la concesión de los lotes de hidrocarburos. Ahí se señala que desde el 2004 el MEM, “con información proporcionada por Pluspetrol, viene considerando reservas probadas de gas natural en volúmenes superiores a los 8,8 [TCF] considerados por la certificadora Gaffney”. Todo esto antes de que se aprobaran las modificaciones legales necesarias para que el proyecto de exportación del gas fuese viable.
¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué Pluspetrol y el Ministerio de Energía y Minas decidieron utilizar reservas superiores a las certificadas? ¿En qué momento Pluspetrol, el operador del proyecto Camisea, decidió pasar de alertar sobre la no conveniencia del proyecto de exportación a publicar niveles de reservas que permitían sustentarlo?
Todo parece indicar, como señalan diversas fuentes vinculadas a Camisea, que había una decisión política de empujar el proyecto de exportación, y, en ese sentido, todos los esfuerzos tenían que orientarse a lograr ese objetivo. ¿Ello incluía manipular el nivel de reservas?
Breve historia
Tras varios años de exploración en la selva peruana, en 1984 Shell halló en el Lote 88 reservas de gas cercanas a los 6 TCF. Por distintas razones, el Perú y la Shell nunca llegaron a ponerse de acuerdo. En 1998, la compañía petrolera se retiró del país, y los derechos de explotación de este lote revirtieron al Estado. Este asunto es crucial, pues la cesión le permitía a la nación imponer las condiciones más convenientes a quienes quisieran explotar dichos recursos. Lo que se decidió fue fijar los precios del gas y asegurar el abastecimiento del mercado interno por 20 años “permanentes”, es decir, en la práctica, por 40 años.
Con esta política establecida, el gobierno emprendió la búsqueda para hallar a nuevos interesados. Finalmente, en febrero del 2000, el Consorcio Camisea, liderado por la empresa Pluspetrol e integrado también por Hunt Oil Company (Texas), SK Corporation (Corea del Sur), entre otras, obtuvo la concesión del Lote 88 por 40 años a cambio del pago de 37,4% de regalías.
Mientras esto sucedía, en el 2001 Shell decidió devolver otro lote al Estado. Tras varios años de exploración en el Lote 56 (adyacente al 88), en donde invirtió cerca de US$ 75 millones, halló dos trillones potenciales de pies cúbicos de gas natural. Como no le era rentable extraerlos, prefirió devolverlo. Sin proponérselo, el Perú obtuvo 2 TCF adicionales.
Al comienzo no se sabía bien qué hacer con ellos. Primero, se pensó guardarlos como reservas estratégicas. Pero pronto Hunt Oil comenzó a promover la idea de exportar el gas.
Según un documento de la propia Hunt, de abril del 2003, a comienzos del 2002 la compañía texana ya negociaba por separado con el Estado de California (Estados Unidos) y con el gobierno de México los acuerdos para exportar 4,2 TCF de gas nacional a dichos mercados. Incluso firmó contratos de confidencialidad para efectuar las tratativas.
Para viabilizar el proyecto de exportación, Hunt aseguraba que las “enormes” reservas de Camisea eran suficientes para cubrir la exportación y la demanda limeña. Por tanto, los yacimientos del Lote 56 (que acababan de revertir al Estado), según sus expertos, no eran necesarios para abastecer al país. Dadas esas circunstancias, aconsejaban exportarlo.
Hunt aseguraba entonces (2003), en sus documentos, que las reservas probadas de gas eran de unos 13,2 TCF: 9,9 tenía el Lote 88 y 3,3, el 56. Había suficiente combustible, pues por entonces se estimaba que solo se emplearían 3 TCF para cubrir la demanda interna, y que poco más de 4 TCF se destinarían al mercado internacional.
Desde entonces, la empresa planteaba que se debía firmar un contrato de compraventa con quienes explotaban el Lote 88 (sus socios) para conseguir el TCF que les faltaba (para sumarlos a los 3,3 TCF del Lote 56 –que en realidad eran menos– y completar los 4,2 TCF) para asegurar la exportación. Pero para ello se necesitaba hacer cambios legislativos que permitiesen acceder a las reservas del Lote 88, que estaban originalmente destinadas a satisfacer las necesidades del mercado interno.
Los ejecutivos de la petrolera texana diseñaron una estrategia para vender al exterior el gas de Camisea. El periodista Bob Davis, del Wall Street Journal (WSJ), publicó el 20 de diciembre de 2007 en el influyente diario financiero estadounidense un interesante informe en el que da cuenta de las actividades lobistas de Hunt para lograr que se apruebe su proyecto. “[Ray] Hunt [dueño de Hunt Oil] iba con regularidad a Lima para presionar por cambios a la ley de energía. Uno de sus asesores influyentes fue Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Economía del Perú. En el 2003, Kuczynski organizó una cena en su casa a la que asistieron Hunt, el presidente peruano Alejandro Toledo y el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría. Luego, el gobierno comenzó a presionar al Congreso para realizar una serie de ajustes a las leyes y regulaciones. Después de dos años, esos cambios habían variado la legislación energética del país en favor de la promoción de las exportaciones”, señala Davis.
Jaime Quijandría sostiene que es falso que a la reunión haya asistido Toledo. “Incluso le mandé una carta al WSJ, pero no la publicaron. Quien sí asistió fue la entonces premier, Beatriz Merino. En esa reunión se conversó de temas generales”, afirmó el ex ministro. En lo que sí está de acuerdo Quijandría es en que Hunt, como cualquier inversionista, quería desarrollar un proyecto de exportación de gas y para eso había que hacer algunos cambios a la normativa vigente. “No hay nada ilegal. Todo se hizo de manera transparente. Las leyes se llevaron al Congreso y allí se aprobaron con el apoyo de casi todos los grupos políticos. Tomen en cuenta que Hunt no pidió que el Estado lo financiara, ni siquiera solicitó una garantía que lo avalara”.
Fue así que, con Jaime Quijandría al frente del Ministerio de Energía y Minas, se iniciaron las modificaciones al reglamento y a la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural (27133), así como luego al contrato de concesión del Lote 88. ¿El objetivo? Eliminar la obligatoriedad existente para que el Consorcio Camisea asegurase por un período de 20 años “permanentes” el abastecimiento de gas para el mercado interno, es decir, para eliminar la necesidad de que garantizase gas por 40 años. A pesar de las críticas y los cuestionamientos existentes, y sin mayor debate en el Congreso, se consiguió modificar todo el marco legal y eliminar la palabra “permanente”, para que el Lote 88 solamente garantizase por 20 años el mercado interno. El gas adicional que necesitaba Hunt Oil del Lote 88 para su proyecto de exportación estaba en sus manos.
En medio de estas modificaciones legislativas, en agosto del 2005 el director de la DGH, Gustavo Navarro, compareció ante la Comisión de Energía y Minas para exponer, justamente, sobre las “Reservas probadas del gas de Camisea y el proyecto exportador a México”. ¿Qué les dijo Navarro a los congresistas que debían aprobar la avalancha de cambios normativos que finalmente se produjeron? Que las reservas alcanzaban. En un cuadro preparado para la ocasión, indicó que las reservas probadas del país eran de 10,9 TCF, mientras que la demanda solo llegaba a 8,2 TCF, incluyendo la exportación del gas. Por lo tanto, había 2,7 TCF de gas remanente. Ahora sabemos que ya ese año la certificadora Gaffney había informado al MEM que las reservas certificadas eran de tan solo 6,95 TCF. Es decir, no alcanzaban.
En medio de dichos cambios, se anunció la formación del consorcio Perú LNG, que nació de la unión de la texana Hunt Oil (70%) y la coreana SK Corporation (30%), para exportar gas natural licuado. Asimismo, con las reservas del Lote 56 listas para ser exportadas y con el acceso a las reservas provenientes del Lote 88, Perú LNG se revalorizó, y Hunt Oil pudo cerrar la venta de parte de su participación en el consorcio exportador a la española Repsol YPF, un acuerdo que, según documentos de la propia compañía estadounidense, se venía negociando desde octubre del 2004.
El convenio entre ambas compañías estipulaba que Repsol pagaría US$372 millones a Hunt: US$ 230 millones por el 10% de la explotación en los lotes 88 y 56; US$ 80 millones por el 10% de TGP (el gasoducto); y US$62 millones por el 20% de Perú LNG. De acuerdo con un documento de Hunt Oil, hasta ese momento Perú LNG había invertido US$ 32 millones. ¿En qué?, si hasta esa fecha la empresa solo se había dedicado a promover los cambios legislativos.
Los préstamos bancarios
El nivel de reservas por encima de las certificadas no solo se empleó para justificar la modificación de las leyes que favorecían la exportación del gas, fue también un argumento eficaz para lograr que los organismos multilaterales financiasen el proyecto, algo que se produjo ya durante este gobierno. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó US$400 millones, como la International Finance Corporation (IFC, el brazo financiero del Banco Mundial), que entregó otros US$300 millones, accedieron a financiar el proyecto de exportación luego de aceptar como válidas las reservas publicadas por el MEM.
La IFC, a pesar de que en las consideraciones del préstamo a Perú LNG señala como un riesgo que “ONG y otras instituciones manifestaron que era probable que el Perú no tuviera suficiente reservas para abastecer a Perú LNG y a la vez cumplir con las previsiones de demanda de gas doméstico más allá de 20 años”, prefirió creer en las declaraciones del entonces titular del sector, Juan Valdivia. “El ministro de Energía y Minas del Perú ha reportado que el país está cercano a tener 30 TCF de reservas probadas, probables y posibles de gas”, señalan compartiendo el optimismo de Valdivia.
Más adelante, sin embargo, prefieren usar las no menos optimistas cifras de la DGH. “Según el resumen anual más reciente de las reservas nacionales publicadas por el MEM, el total de las probadas y probables, al 31 de diciembre de 2006, fueron 18,7 TCF, más 11,6 TCF de las reservas posibles”.
El 3 de enero de 2008 el MEM informó, además, que el operador de Camisea, Pluspetrol, había mejorado su estimación de reservas probadas de los lotes 56 y 88, de 10,9 a 13,4 TCF. En el informe también se pone de relieve que de acuerdo con las estimaciones de reservas de Pluspetrol, se espera que superen en 3,1 TCF la suma de los requisitos de Perú LNG (4,2 TCF) y las nuevas previsiones de la demanda interna del MEM de 6,1 TCF para los próximos 20 [años]”. Es decir, de acuerdo con estas cifras, el Perú no tendría problemas de desabastecimiento de gas.
La IFC creyó fielmente en lo que se le informó. Así de sencillo. Pero hoy, la evidencia demuestra que las reservas quedaron cortas para el mercado interno, mientras que el proyecto de exportación sí obtuvo lo que necesitaba.
La “defensa”
Para Jaime Quijandría, las estimaciones que efectúa la DGH son correctas y son ellas las que marcan los auténticos niveles de nuestras reservas. “Los informes de Gaffney, en cambio, están diseñados para los bancos. Evalúan en realidad otro tipo de cosas, como la capacidad para extraer y transportar los hidrocarburos, los contratos de venta y el financiamiento con que cuenta la empresa”, asegura el ex ministro.
En esta misma línea están las posiciones de Pluspetrol y Hunt Oil. Para ellos, los 14,1 TCF de reservas sí existen y están ahí, bajo tierra. Lo único que se requiere son trabajos de confirmación, para viabilizar su extracción, pero, para ellos, no hay duda de que las reservas se encuentran ahí.
La pregunta que surge inmediatamente es: si es así, si están tan seguros de que las reservas se encuentran ahí, ¿por qué Pluspetrol o el Consorcio Camisea no procede a firmar los contratos que diversas empresas privadas están solicitando para acceder a las reservas de gas, sobre todo para la realización de proyectos de generación térmica y petroquímicos? Si el gas está ahí, ¿por qué el Consorcio no destina las reservas necesarias para el proyecto de construcción del ducto que llevará el gas hasta el sur del país?
El informe de Perú Petro señalado al inicio y emitido en julio último corrobora la validez de estas preguntas. El documento fue realizado a pedido del propio Ministerio de Energía y Minas para responder sobre las consideraciones del acápite 5.11 del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88. Dicho acápite indica “que el contratista tiene la obligación de abastecer la demanda de gas natural del mercado interno”, y que “la exportación del gas natural se podrá realizar siempre que el abastecimiento del mercado interno para los siguientes veinte años se encuentre garantizado de acuerdo con los pronósticos de demanda de Gas Natural, así como con los niveles de reservas probados publicados en el Plan Referencial de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas”.
¿Cuál es la conclusión de Perú Petro? Que si se considera como cierto que las reservas probadas son de 10,8 TCF (como señala el MEM) y que la exportación equivale a 4,2 TCF, las reservas destinadas al mercado interno alcanzan los 6,6 TCF, por lo cual el Consorcio Camisea no tiene por qué limitar sus compromisos de venta domésticos a 4,6 TCF a partir de las reservas certificadas por Gaffney (8,8 TCF).
Nuevamente la pregunta es: si están tan seguros de que las reservas están ahí, ¿por qué limitar sus ventas a las reservas certificadas por Gaffney? ¿Será porque en caso de firmar un contrato con un privado y finalmente no comprobar la presencia de todo el gas que dicen que hay, se verían envueltos en una demanda onerosa? Entonces, ¿por qué una empresa privada sí tiene el derecho de ser entendiblemente conservadora en una actividad tan riesgosa como la de los hidrocarburos, y resulta que un Estado, en este caso el Perú, sí pudo correrse el riesgo de apostar su futuro energético por unas reservas que no estaban certificadamente probadas?
“Es cierto. Un Estado debería ser conservador en el manejo de sus reservas energéticas”, señaló para este reportaje una fuente vinculada a las operaciones de Camisea.
Negociación e investigación
A finales de agosto, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció que el gobierno había llegado a un acuerdo con el Consorcio Camisea para asegurar el suministro de gas para el mercado interno.
De esta manera, durante los primeros cinco años no se exportará gas del Lote 88 y sus volúmenes serán únicamente para abastecer la demanda nacional. En paralelo, en ese mismo período, el Consorcio Camisea desarrollará un plan de exploraciones con inversiones de US$ 200 millones en el Lote 56, lo cual permitiría –al comprobarse un mayor volumen de reservas de gas–, que el Lote 88 sea cedido definitivamente al mercado interno.
Asimismo, se logró incorporar reservas del Lote 57, a cargo de Repsol YPF (socio de Hunt Oil en la exportación del gas), para abastecer exclusivamente al mercado interno a partir del primer trimestre del año 2012, para lo cual se incrementaría la capacidad de procesamiento de la planta de Malvinas.
Estos acuerdos son definitivamente un avance, aunque también pueden ser considerados un parche. Por un lado, las reservas que se han liberado del Lote 88 no alcanzan ni siquiera para cubrir la demanda de dos proyectos eléctricos. Mientras que seguramente Termochilca accederá a ellas, los proyectos de generación de Duke recibirán el gas proveniente del Lote 57, que al no estar regulado por el Estado, implicaría un precio mayor.
En general, mientras que los operadores del proyecto de exportación del gas de Camisea se verán beneficiados de los precios bajos del Lote 88 gracias a que el riesgo y los costos de exploración ya habían sido asumidos por Shell, cualquier proyecto que en el futuro acceda a reservas de lotes diferentes tendrá que asumir un mayor precio por el gas. Salvo que el gobierno opte también por negociar este punto.
Por eso es tan importante que el plan de exploraciones en el Lote 56 –que en realidad ya había sido iniciado antes de la negociación con el gobierno– dé resultados, porque solo así podrá liberarse las reservas del Lote 88 para el mercado interno a los precios regulados.
En este sentido, existe otro tema que cualquier proceso de evaluación de lo ocurrido o una investigación más profunda, debe considerar. Cuando se modificaron el marco legislativo y los contratos de explotación del Lote 88, jamás se les exigió a las empresas de los consorcios Camisea y de exportación que realizaran exploraciones que permitiesen descubrir o corroborar mayores reservas de gas. Es decir, aunque suene inaudito, mientras que para planificar las decisiones que se iba a tomar el gobierno aceptó las reservas que faltaba certificar por el Consorcio Camisea, jamás se les exigió un plan de exploraciones para aumentar las reservas de gas probadas.
Toda esta historia puede ser leída como una serie de errores garrafales por parte de todos los gobiernos que han tenido a su cargo las diferentes etapas de desarrollo del proyecto de exportación del gas. O puede ser leída también como indicios de dolo en las decisiones que se tomaron. O una combinación de ambas posibilidades.
Por ello, más allá de que quienes actuaron de buena fe deberían al menos reconocer que se cometieron varios errores, cualquier investigación que se decida iniciar debe considerar a todos los funcionarios públicos, congresistas y ejecutivos de las empresas que estuvieron no solo detrás de los cambios legislativos, sino también de la manipulación de las reservas que ha quedado corroborada y que viabilizó la exportación del gas de Camisea.
Fuente: Revista PODER 360º.