Edu Saettone Arróspide

Las hermanas Claudia y Rosa Galeno, hijas de la señora María Elena Coronado, quien falleció tras ser atropellada por Edu Saettone, denunciaron que no han sido notificadas sobre el cambio de condena que deja sin prisión efectiva al exconductor de televisión.
Según comentaron en Todo se Sabe, no se explican cómo es posible que se haya cambiado la sentencia de Saettone y que tras la condena que emitió el Poder Judicial en agosto de 2016 no haya podido ser apresado.
Las hermanas señalaron que Saettone, es responsable de la muerte de su madre por no brindarle la atención inmediata y por manipular su cuerpo tras el accidente. Según comentaron, el exconductor no llamó a los bomberos para que atiendan a la señora, pero permaneció en el lugar hasta que llegó la Policía.
Según explicaron, la sentencia de cuatro años fue impuesta en primera instancia por el juez Vigo bajo el argumento de que la situación socioeconómica de Saettone no representaba un riesgo para la sociedad y que por tanto la pena era suficiente.
Irregularidades y confianza
Testigos señalaron que Saettone fue trasladado hacia la Comisaría de Chacarilla, sin embargo no quiso someterse a la prueba toxicológica. Además comentaron que Saettone solo permaneció en esa dependencia por seis horas y que luego de eso, la Policía le entregó su brevete y camioneta.
Cuando reclamaron porque no se realizó la prueba toxicológica, les respondieron que era una prueba potestativa. Tras esto decidieron denunciar al oficial que se encargó de recibir a Saettone por no realizar las pruebas necesarias.
La familia de la víctima señaló que el factor económico es lo que ha demorado el proceso y ha sido determinante al momento de la imposición y posterior cambio de la pena. Criticaron también que haya cambiado de abogado hasta once veces y aseguraron que ya no confían en el aparato judicial del país.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Guillermo Riera

Guillermo Javier Riera Díaz, de 44 años, es un empresario que tuvo a su cargo la realización de las más exclusivas fiestas de Lima. La madrugada del viernes 5 de mayo, el reconocido organizador de eventos hizo noticia tras ser sindicado como el principal sospechoso del accidente que causó la muerte de tres jóvenes en la Costa Verde.
Según un informe del El semanario Hildebrandt en sus trece, Riera Díaz empezó en los negocios durante su juventud como disc jockey de fiestas exclusivas. A sus 22 años creó la empresa Guillermo Riera Iluminación, una empresa especializada en la instalación de sistemas de luces para todo tipo de eventos.
En el 2009, Riera Díaz se asoció con el empresario Andrés Cuadros y formaron CBLUX S.A.C. La exitosa compañía fue contratada para la celebración del centenario del descubrimiento de Machu Picchu, los conciertos de Paul McCartney, Metallica, Soundgarden, Prince Royce, entre otros.
La publicación señala también que Guillermo Riera lleva casado más de una década con la exitosa organizadora de eventos Farah Gadea Morán, con la que tiene dos hijos. Desde hace dos años Riera trabaja en su propia empresa, la cual se dedica, sobre todo, a la realización de matrimonios.
En su registro de infracciones, el próspero empresario tiene tres papeletas por faltas graves y muy graves, una de ellas por exceso de velocidad. Su esposa tiene cuatro papeletas, tres graves y una muy grave.
“El guardián del edificio (de los esposos Riera Gadea) cuenta que no hay nadie desde hace algunas semanas. Ambos se encuentran en Estados Unidos, el destino más recurrente de la pareja en los últimos 20 años”, informa el semanario.
Ayer, la 7º Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso ampliar a 30 días la investigación preliminar para establecer las causas del accidente que causó la muerte de Jesús Saldaña De La Cruz (24), Leslyann Acuña Cuadros (22), Luis Miguel Valdez Rivera y dejó gravemente herido a Christopher Guerrero Hernández, quien continúa hospitalizado.
La fiscal provincial María Hinostroza Centa ordenó que la comisaría de Barranco efectúe diversas diligencias y peritajes que no se realizaron como parte de la investigación por presunto delito de homicidio culposo seguida contra Riera Díaz, quién diez horas después del accidente viajó a Estados Unidos y aún no regresa.
Fuente: Diario El Comercio.

Comparecencia restringida

Aldo Cáceda Benvenuto, quien habría ayudado a Wilfredo Zamora a arrojar las partes del cuerpo de Yactayo, fue intervenido por la Policía en el aeropuerto, reveló El Comercio. Sin embargo, no fue detenido pues el Poder Judicial solo ordenó comparecencia restringida en su contra.
Cáceda Benvenuto contaba con alerta azul de la Interpol, la cual obliga a que la persona requisitoriada solo sea localizada e identificada.
Según la declaración del propio Wilfredo Zamora, Aldo Cáceda sería su pareja y su benefactor, pues pagaba el alquiler del departamento de Breña donde ambos vivían y también le pagaba su carrera universitaria.
Fuente: Diario La República.

Apología del terrorismo

La Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar investigación contra los congresistas del Frente Amplio, Marco Arana y Justiniano Apaza, por el presunto delito de apología al terrorismo.
En el caso del portavoz de la bancada de izquierda, la congresista Milagros Takayama propuso abrir pesquisas “contra los que resulten responsables” por el video que la agrupación política publicó en el marco de la celebración por la operación de rescate del comando Chavín de Huántar en 1997.
El clip, como se recuerda, generó polémica porque incluyó una fotografía del funeral de la terrorista Edith Lagos, miembro de Sendero Luminoso. A favor de indagar este caso votaron 6 miembros del grupo de trabajo.
Por su parte, Letona propuso investigar a Justiniano Apaza por las declaraciones que éste hizo sobre los miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuando señaló que los consideraba como “presos políticos”.
Fuente: Diario La República.

Comisión de Ética: Arce tóxico se abstiene

“Con respecto a las denuncias en contra de los congresistas Justiniano Apaza y Marco Arana en la Comisión de Ética, creo conveniente una explicación del sentido de mi voto en ABSTENCIÓN.
Nuestro voto HA SIDO COHERENTE, no producto del revanchismo ante ataques y denuncias infraternas. Sí lamentamos el uso político de la Comisión de Ética como un campo de batalla, pero nuestra abstención tiene elementos objetivos.
Ayer en la Comisión de Ética, la congresista fujimorista Úrsula Letona denunció al congresista Justiniano Apaza por sus declaraciones ante los medios de comunicación, al considerar a los terroristas del MRTA como presos políticos, denunciándolo por el “desmedro de la imagen de los 129 congresistas y el propio Congreso de la República”.
Similar actitud tuvo la congresista Milagros Takayama, con respecto al congresista Marco Arana, a quien denunció como vocero del FA por un video con una imagen final de Edith Lagos difundido en el twitter de la bancada. Para ella, estos hechos ameritarían ser investigados por la Comisión de Ética para esclarecer si con esta conducta, “se infringió los principios y deberes establecidos en el código de ética parlamentaria”.
“Y si bien en ambos casos el tema del terrorismo está relacionado a las denuncias, NINGUNA DE ELLAS ES POR APOLOGÍA DE TERRORISMO y todos los congresistas miembros de la Comisión de Ética tienen la potestad de denunciar de oficio.
En ambos casos mi voto fue en ABSTENCIÓN. Porque VOTAR A FAVOR sería respaldar estas denuncias que NO configuran una falta a los principios éticos parlamentarios. Y NO VOTAMOS EN CONTRA en el caso del congresista Apaza porque ha sido pública nuestra crítica con respecto a sus iniciales declaraciones, pero siempre hemos señalado que aunque discrepemos con sus opiniones estos NO SIGNIFICAN DELITO ALGUNO.
En el caso del congresista Marco Arana, también ha sido pública mi crítica a la publicación del video y hemos exigido un deslinde público, claro y directo, así como sanción a los responsables de ese video publicado a nombre de todos los congresistas de la bancada. ES POR ELLO QUE CONSIDERAMOS QUE LO MÁS ÉTICO Y CONSECUENTE ERA ABSTENERNOS EN LA VOTACIÓN.
Mi voto en ABSTENCIÓN fue el único voto DISCREPANTE, respecto a los votos de las otras bancadas a la intención de denunciar ante la comisión de Ética a los congresistas Marco Arana y Justiniano Apaza“.

Apología del terrorismo

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio sí es apología del terrorismo, al haber sido propaladas en un evento público en el Congreso.
“Es una apología encubierta, aprovechando el hecho de Chavín de Huantar. Edith Lagos era una senderista declarada y confesa que se convirtió en un símbolo de Sendero Luminoso y exhibir aspectos vinculados a su entierro incurre en apología porque está exaltando una conducta que evidentemente practicaba el terrorismo. Nadie se puede confundir en esos términos con el entierro de María Elena Moyano“, explicó.
Voceros del Frente Amplio explicaron que se trató de un error del editor que confundió imágenes del cortejo fúnebre de Lagos con el de la luchadora social Maria Elena Moyano, pero lo cierto es que el primero fue realizado en Ayacucho y el segundo en Villa El Salvador.
Fuente: Diario La República.

Jaula de las locas

Julio César Vásquez Vásquez, exintegrante del grupo peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), fue capturado en Bolivia por violar una orden de arresto domiciliario. Se autodenominaba Camilo Reyes y era cabecilla del movimiento terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias–Ejercito Popular Tupacamarista (FARC-EPT).
Este lunes, el refugiado Julio Vásquez, se presentó en el semanario “Sucesos” para dar una entrevista como líder del grupo FARC-EPT. El hombre de 51 años es natural de Juanjuí, en San Martín, y fue un activo miembro del MRTA, por lo que ha estado en prisión en varias ocasiones.
En la entrevista, “Camilo Reyes” aseguró que se desvinculó del MRTA y de su líder Víctor Polay Campos por considerarlo un traidor, luego de que negociara un traslado de penal durante el segundo gobierno de Alan García.
Julio Vásquez se integró al movimiento terrorista en 1985. A los 26 años la Policía Antiterrorista lo capturó tras ser acusado de cobrar cupos de guerra subversivos. No obstante, un cuestionable fallo terminó por absolverlo, pero nuevamente fue acusado de terrorismo por otro caso.
Así, en el 2000 llegó a Bolivia donde recibió la categoría de refugiado. De su status no se sabía más desde su última parada, pero hace unos días el Ministerio del Interior informó de la entrevista que este brindó a un medio local boliviano afirmando que un nuevo grupo terrorista se había formado en nuestro país.
Fuente: Diario La República.

COMUNICADO MININTER N° 008 – 2017
Ante recientes noticias sobre la aparición de un supuesto movimiento terrorista denominado “FAR-EPL”, el Ministerio del Interior informa a la comunidad lo siguiente:
Los órganos de Inteligencia del sector Interior y de la Policía Nacional del Perú tienen conocimiento de la declaración que, a comienzos de semana, un individuo que se hace llamar “Camilo Reyes” brindó a periodistas de un medio local, en territorio boliviano, sobre un grupo terrorista de  supuesta reciente creación.
2. Dada nuestra historia, cualquier amenaza de este tipo se debe trabajar con mucha atención. En esa medida, se tomó con extrema prioridad su identificación, ubicación y captura.
3.  Los órganos de Inteligencia del sector Interior y de la Policía Nacional han identificado a la persona que sale en la entrevista, con la cara cubierta por una pañoleta blanca y roja, como Julio César Vásquez Vásquez. Se tiene conocimiento de que, desde el año 2000, esta persona está refugiada en Bolivia.
4. Tras las verificaciones, se determinó que Vásquez Vásquez había aparecido en los medios de comunicación el 20 de setiembre del 2010 y en el año 2012 con anuncios similares, buscando lograr notoriedad.
5.  La intención de este individuo con este anuncio sería encubrir eventuales actividades delictivas, vinculadas al narcotráfico en zonas selváticas y de la frontera con Bolivia.
6. Se tiene conocimiento, además, de que en Bolivia Vásquez Vásquez se ha visto implicado en el asesinato de la ciudadana boliviana Mónica Candelaria Guachalla Larico, crimen por el que purgó condena.
7. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú continuarán con sus actividades de vigilancia, con la finalidad de neutralizar inmediatamente cualquier intención de realizar, colaborar o financiar acciones terroristas u otros delitos. Asimismo, la información que tenemos sobre Julio César Vásquez Vásquez está siendo compartida con el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como con la Cancillería, para coordinar acciones conjuntas.
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional
Ministerio del Interior

Julio César Vásquez Vásquez aparece junto a Evo el 2003

Por Sergio Mendoza y Daniela Romero- www.paginasiete.bo
Julio César Vásquez, el ciudadano peruano y ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), implicado en el asesinato de una mujer embarazada en Huajchilla, aparece junto al entonces diputado opositor Evo Morales en un documental llamado Our Brand is Crisis, que trata sobre la caída de Goni- donde ambos son filmados en una marcha de protesta luego de que el  entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dictara el denominado “impuestazo”.
“Desconozco si era amigo o no de Evo. Cuando aparece en el video está como su seguridad. Hasta donde yo sé no estaba armado, sólo era por si alguien venía y agredía físicamente a Evo. Tampoco sé cuanto tiempo estuvo como seguridad. Pero (en el video) no es alguien que pasa por su lado, sino que con otros tres peruanos era seguridad”, explicó a Página Siete Nadesdha Guevara, la pareja de Julio César Vásquez.
El filme de Rachel Boyton, llamado en inglés Our Brand is Crisis fue difundido  en diferentes canales. Hoy está en Youtube y se vende en DVD. Las imágenes (minuto 68) muestran a Vásquez detrás y a la izquierda del actual presidente Evo Morales. El ciudadano peruano lleva puesta una gorra blanca (con motivos andinos) y mira hacia adelante, hacia atrás y a los costados. Guevara dijo que desconoce los detalles de cómo Vásquez llegó a estar en el grupo de seguridad, pero afirmó que seguro fue porque él, tras llegar a Bolivia como refugiado político desde Perú, se relacionó con gente de izquierda.
El martes pasado Vásquez fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva junto a otros dos implicados en el asesinato de Mónica Guachalla cuyo cuerpo fue encontrado con tres impactos de bala. Ellos son el abogado Michael Ylimori, supuesto autor intelectual, y Alejandro Soliz, acusado de ser el sicario que disparó el arma. En la audiencia  Vásquez manifestó que él había sido seguridad de Morales en 2003 y que era afín al gobernante MAS. Añadió que en 2009 había formado parte de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia.
El martes, en la audiencia de medidas cautelares Vásquez dijo que en su país formó parte del MRTA, grupo guerrillero fundado en 1984. En febrero de 2003, ante el desesperante déficit fiscal, el Gobierno de entonces propuso aplicar un impuesto al salario, lo cual provocó una huelga y el amotinamiento de la Policía que exigía un aumento de salarios.
El conflicto derivó en un enfrentamiento entre las FFAA y la Policía en plaza Murillo, y marchas. El retroceso en las medidas de protesta logró mantener a Sánchez de Lozada en el poder por unos meses más. Después de que Vásquez declaró el martes que fue seguridad de Morales y participó en un grupo de Inteligencia de la Vicepresidencia, Álvaro García Linera afirmó el miércoles que el ciudadano peruano no figuraba en la base de datos de quienes habían trabajado en esa agrupación desde 2006 hasta la fecha. “Este señor estuvo involucrado en uso de armas de fuego ya desde la universidad. En 2001 o 2002, en una serie de trifulcas, este señor sacó su arma. Tiene un expediente muy raro que debe ser investigado, pero garantizo que no trabajó con nosotros”, aseveró el Vicepresidente.
Respecto a esa declaración, Guevara sostuvo que “cuando Álvaro (García Linera) menciona que no hay planillas obviamente, ningún revolucionario hace un trabajo asalariado, no va a aparecer en una planilla”.
Este medio llamó tres veces a la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, para tener una versión al respecto, pero no respondió su teléfono celular.
Denuncia que le plantaron pruebas
Nadesdha Guevara, la pareja de Julio César Vásquez, sostuvo que el arma, que supuestamente fue usada para asesinar a la mujer embarazada, fue plantada en el maletín de él durante el operativo policial en que se lo detuvo.
Relató que el fiscal Humberto Quispe vio en el celular de Michael Ylimori, presuntamente autor intelectual, un registro de un teléfono celular cuyo nombre decía “Julio peruano”.  En ese momento, el fiscal –según Guevara-  obligó, bajo tortura, a que Ylimori inculpara a Vásquez.
El abogado  llamó a Vásquez, quien era su amigo de la Facultad de Derecho, y le pidió hablar. Se encontraron en la plaza Israel;  allí la Policía procedió a aprehenderlo y plantar el arma, de acuerdo con la versión de la entrevistada.  Se le confiscó una laptop, que el imputado aseguró contiene información “muy delicada” de la Embajada de Estados Unidos, pero Guevara dijo que son apuntes de ideología izquierdista.

Comandante “Camilo Reyes” del grupo terrorista FAR-EPT

Por Yohel Cruz– Radio Programas del Perú.
El denominado ‘Camilo Reyes’, líder del supuesto nuevo grupo terrorista llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejercito Popular Tupacamarista (FAR-EPT), sería Julio César Vásquez Vásquez, según la Policía Nacional del Perú. La existencia de este nuevo grupo armado que anuncia una guerra revolucionaria desde la frontera con Bolivia, se conoció luego de que el semanario Sucesos publicara una entrevista que le hizo a su líder.
No es la primera vez que el nombre de Julio César Vásquez Vásquez retumba en las noticias que involucran casos de terrorismo. Este hombre de 51 años, natural de Juanjuí en San Martín, ha sido un activo miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y ha estado en prisión en varias ocasiones.
Una vida ligada al MRTA. Así como él, su hermano Baudillo Vásquez Vásquez también perteció al movimiento que perpetró la toma de la residencia del embajador de Japón en 1996. Julio César Vásquez dijo al semanario Sucesos que se desvinculó del MRTA y de su líder Víctor Polay Campos por considerarlo un traidor, luego de que negociara un traslado de penal durante el Segundo Gobierno de Alan García.
Los hermanos Vásquez Vásquez, junto a Aida Ochoa Mamani y otros miembros apodados ‘Nicanor’, ‘Andrés’ y ‘Edmundo’ conformaron una célula fuera del país del MRTA, según confirmó El Comercio en 2009.

Según un informe de El Comercio publicado en 2009, Julio César fue capturado a los 26 años por cobrar ‘cupos de guerra’ para el MRTA, pero fue absuelto. Años más tarde, fue condenado por otro caso de terrorismo y enviado a prisión. Luego de cumplir su pena, viajó a Chile en 1998 y después se trasladó a Bolivia.
Un historial negro en Bolivia. En el país altiplánico, estuvo asilado como un preso político, pero fue en 2004 donde fue acusado de perpetrar un atentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Andrés de La Paz, junto a una ciudadana boliviana.
Además, en julio de 2014, fue sindicado como proveedor de armas de un sicario que asesinó a la ciudadana boliviana Mónica Candelaria Guachalla Larico. Fue atrapado por la Policía de Bolivia y purgó condena por este delito, tal como lo señala el comunicado emitido este viernes por Ministerio del Interior del Perú.

Humala llorará en el río Magdalena

Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
En el verano del 2006, en el fragor de las elecciones presidenciales de ese año, llegó a la redacción de “La ventana indiscreta” un hombre pequeño y de mirada desconfiada.
“Me llamo José Ponce Ruiz –dijo–, soy sargento, soy el hombre de confianza que trabajé con Ollanta Humala, el que cumplía todas las misiones”. Y añadió: “Yo les llamé a ustedes, porque este señor mandó a sus suboficiales retirados a visitar a mi familia, o sea, a mi mamá, mis hermanos. Él busca a mi familia queriendo saber dónde yo me encuentro”.
El sargento Ponce inició así un relato de hechos atroces, según él protagonizados por el ‘Capitán Carlos’. Refirió, entre otros, un suceso en el que un grupo de personas, detenidas en los calabozos de la base militar de Madre Mía, fueron conducidas durante la madrugada hacia una zona llamada La Morada, donde cavaron su propia fosa para después ser sepultadas, vivas, en venganza por la muerte de un oficial de la promoción de Humala que había caído en una emboscada terrorista ocurrida cerca de Madre Mía, entre Tocache y Balsayaco, en la misma región San Martín.
En su memoria, Ponce podía contar un total de 105 muertos a manos del ‘Capitán Carlos’. “Son cuatro fosas que conozco yo”, sostuvo y pasó a detallar “una que está en el río Magdalena, otra está en las cabezadas del río La Morada, hay otra en un riachuelo que está desembocando en unos 4 o 5 kilómetros más arriba de la boca del río Magdalena, y otra en la desembocadura del mismo río”.
El testimonio de Ponce Ruiz fue registrado por el periodista Jerónimo Centurión, pero no fue propalado entonces porque en ese momento no había más testigos que pudieran corroborarlo y porque no se pudo garantizar la defensa legal que un testimonio de esa gravedad necesitaría. Entre otros busqué, personalmente, al abogado Carlos Rivera del IDL para que representara a Ponce Ruiz, pero él se excusó diciendo que si todo era verdad, Ponce también había sido violador de derechos humanos.
Antes de venir a Lima, sin embargo, el sargento Ponce Ruiz le había contado lo mismo al fiscal de Tocache, Arturo Campos, por lo que “La ventana indiscreta” lo condujo al despacho de la fiscal Luz Ibáñez, coordinadora de las fiscalías en Derechos Humanos y Terrorismo. La fiscal Ibáñez ofreció gestionar su inclusión en un programa de protección de testigos que garantice su vida, pero antes de que eso ocurriera, Ponce desapareció sin dejar huella.
En los meses siguientes, los esfuerzos del fiscal de Tocache por verificar la existencia de las fosas fueron en vano: a pesar de que usó un helicóptero asignado a la fiscalía en Lima, no pudo ni siquiera aterrizar en la cabecera del río Magdalena; la zona donde las fosas se encontrarían es lluviosa y de difícil acceso.
Aun así, en agosto del 2006, desde su fiscalía en Tocache, el fiscal Campos denunció a Ollanta Humala por las desapariciones de Madre Mía. Pero en junio del 2007, antes de que pudiera concluir sus investigaciones, el fiscal Arturo Campos fue asesinado en una emboscada dirigida, personalmente, por el terrorista ‘Artemio’.
El testimonio del ex sargento Ponce Ruiz, grabado en el 2006, fue publicado anoche por los periodistas Óscar Quispe y Jaime Chincha y entregado a la fiscal Edith Chamorro, a cargo de las investigaciones del reabierto Caso Madre Mía.
A la luz de las interceptaciones telefónicas, recientemente conocidas y que vinculan a nacionalistas cocaleros del Alto Huallaga y cabecillas terroristas de la zona, la fiscalía especializada en derechos humanos que investiga la muerte del fiscal Campos trabaja una nueva hipótesis: ahora se busca establecer la verdadera razón por la que ‘Artemio’ mató al fiscal que investigaba las desapariciones de Madre Mía.

Denuncia imperfecta

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
En setiembre de 2016 ingresó a una fiscalía un audio grabado por el ex dirigente nacionalista Jorge Luis Paredes Terry. Era una conversación sostenida por Paredes con Leonardo Soria García, quien dice haber servido como sargento segundo del Ejército a órdenes de Ollanta Humala en 1992, en el Batallón 313 de Tingo María. En el diálogo, en el que participa una tercera persona no identificada, se brindan ciertas referencias de por lo menos cuatro ejecuciones extrajudiciales. Los hechos son distintos a los del recurrente caso de Madre Mía, cuyas víctimas son Benigno Sullca Castro y Natividad Ávila Rivera.
Aún no ha sido posible determinar las razones por las que Soria no brindó una manifestación en regla a una fiscalía después de que el audio fue entregado. Según fuentes del Ministerio Público, no había alguien que hiciera una denuncia firme. La fiscal Edith Chamorro, quien según Paredes recibió e hizo transcribir el audio, no dio información al respecto para esta nota. Preguntado directamente, Soria dijo que jamás fue requerido o citado por ningún fiscal. Pero tampoco parecía muy animado a declarar.
Depende del resto de gente –dijo–. Estoy consultando con mi familia. Y tengo que ver por mi seguridad.

¿HAY UN CASO?

Así las cosas, existe una situación en la que podría decirse que no hay un caso. Un audio no prueba nada. Si nadie declara con formalidad, una investigación difícilmente podría empezar. Pero difícil no es imposible.
Soria sostiene que en un patrullaje a órdenes de Humala ejecutaron de un balazo a un detenido al que previamente habían arrojado de un helicóptero pero sobrevivió. Después lo enterraron. El narrador no recuerda el nombre de la supuesta víctima pero asegura que podría reconocer, con ayuda de miembros de la patrulla, el lugar donde fue enterrada. Además, sabe que el muerto es primo de un soldado que en su momento reconoció el cadáver pero calló. Soria, según Paredes, sabe cómo ubicar ahora al ex soldado.
En otro episodio, fue ejecutado el hijo de un ganadero, quien supuestamente era terrorista. Según la versión estaba presente Ollanta Humala. El cadáver fue tirado al río. En la grabación no se identifica al ganadero, pero uno de los interlocutores refiere que el padre salía constantemente en televisión. Parece tratarse de Norvil Estela, cuyo hijo desapareció el 6 de junio de 1992.

LLEGARÍA ALTO

El diálogo prosigue con la mención a otras dos ejecuciones, sin detalles. Se refiere que fueron denunciadas por Áurea Felipe Hermosilla, aunque no se mencionan a las supuestas víctimas, que podrían ser Miguel Ángel Herrera, cónyuge de la denunciante, y Nelson Hoyos, un hombre joven. Soria afirma conocer a un soldado quien tiene información sobre los hechos.
Buena parte de la conversación se refiere a las condiciones en las que Soria brindaría un testimonio pormenorizado a las autoridades. Este contenido resulta más interesante que los detalles brindados sobre de los supuestos crímenes -débiles por su falta de exactitud y validación- porque ofrece un contexto de verosimilitud a toda la narración. Soria y algunos miembros de la patrulla del Batallón 33 estuvieron vinculados al grupo que acompañaría después a Ollanta y Antauro Humala en su levantamiento en Toquepala, en el 2000. En los años posteriores mantuvieron contacto con operadores del antiguo Capitán Carlos. Soria dice haber sabido que su ex jefe, novato e inexperto en 1992, iba a llegar alto.
—Yo sabía que llegaría a presidente, siempre lo dije, y varios de mis compañeros me lo recuerdan.

DOS CONCORDANCIAS

En la grabación se menciona varias veces a “Chicho”, el apelativo de Amílcar Gómez Amasifuén, un hombre de confianza de Ollanta Humala involucrado en la compra de testigos del caso Madre Mía. Soria corrobora una versión que dio Antauro Humala en 2006 en el sentido de que Gómez conoció a Humala a comienzos de los años noventa, en Tingo María. Dice además que se incorporó al Ejército tras abandonar Sendero Luminoso. Adolfo Silva, uno de los nuevos testigos del caso Madre Mía aparecidos en el programa Beto a Saber, también ha señalado que Gómez desertó de Sendero Luminoso.
Leonardo Soria afirma que en 2011 Amílcar Gómez y Julio Torres Aliaga -otro allegado de Humala también vinculado a la compra de testigos- buscaron a antiguos miembros de las patrullas del Alto Huallaga para evitar la fuga de información. En otro momento asegura que recibió ofrecimientos de dinero por parte de emisarios no identificados a cambio de información para dañar a Humala. Los rechazó porque quería que su anterior jefe fuera elegido presidente. Pero una vez en el poder, añade, se olvidó de él y de sus compañeros.

CAMINO DIFÍCIL

De acuerdo con José Luis Paredes, cuando obtuvo la información puso al tanto a Daniel Abugattás, de quien había sido asesor parlamentario hasta 2013, cuando abandonó el Partido Nacionalista porque el gobierno de Ollanta Humala aplicó un programa distinto al original. Abugattás le dijo que el presidente estaba siendo chantajeado por personas que habían estado con él en el Ejército. En 2015 Abugattás presentó una denuncia policial contra Leonardo Soria por haberle pretendido cobrar US$200,000 a cambio de no denunciar a Ollanta Humala de asesinatos en Madre Mía. Abugattás ratificó ayer que fue Soria quien habría intentado extorsionarlo.
Paredes, según dijo en un escrito a la fiscal Luz del Carmen Ibáñez, a quien hizo entrega del audio, realizó la grabación a mediados del 2016. Añade que cuando le informó a Abugattás, este le dijo que Humala estaba sumamente preocupado,“desesperado porque esto no salga”.
Puestos a especular, es posible que sea cierto lo que Soria narra y al mismo tiempo le haya pedido dinero a Abugattás. Paredes asegura que Soria jamás le pidió dinero. Lo importante es determinar si la versión que brindó puede ser corroborada. Esto sería posible, de acuerdo con los diálogos que obran en poder de la fiscalía. La tarea solo puede hacerla el Ministerio Público, aparentemente en negociación con antiguos efectivos del Ejército. El periodismo, o colaboradores externos como Paredes, han llegado a su límite.

VERDAD INCOMPLETA

En el Perú este tipo de denuncias se realizan desde hace más de veinte años. Aun cuando existiera un denunciante dispuesto a dar un testimonio firme, es necesario un cadáver para individualizar responsabilidades. El camino es largo y difícil, pero hay que emprenderlo no tanto para incriminar a Humala, sino para avanzar en el esclarecimiento de la lucha contrasubversiva en una zona donde existen reportes de violaciones sistemáticas de los derechos humanos entre 1980 y 2000, con cerca de cuatro mil muertos y desaparecidos. La mayor parte fueron pobladores indefensos de las poblaciones del Alto Huallaga.

Hermes Estela Vásquez

Por Fabiola Valle- Diario Perú21.
“A eso de las 5 de la mañana, escuché una ráfaga de balas. Le dije a mi esposa: “Valeria lo mataron al Hermes”. ¡Tonto! ¿Cómo lo van a matar?, me respondió. Salí a la calle y lo vi al ‘Capitán Carlos’: “¡Manos arriba! Lo he capturado al Hermes”, me dijo. Minutos después confirmé que mi hijo estaba muerto”.
De aquella mañana ya han pasado 25 años. Hermes Estela Vásquez, fue asesinado el 6 de junio de 1992, por una patrulla militar, en la zona de El Triunfo, en Madre Mía, en el límite de Huánuco.
Su padre Norvil Estela Delgado relata ese episodio como si fuera ayer y acusa a Ollanta Humala, a quien conocían como el ‘Capitán Carlos’, de ser el responsable de la muerte de su hijo.
Perú21 llegó hasta Aucayacu, en Huánuco, para conversar con la familia Estela- Vásquez, donde ahora viven, para que nos cuenten su verdad.
Con la voz entrecortada, Norvil nos cuenta que lo que más le duele es no haber encontrado el cuerpo de su hijo, quien habría sido lanzado al río Huallaga, debido a que el ‘capitán’ le prohibió que realice la búsqueda.
Una vez me encontró en la ribera del río y me gritó: “¡Oye, qué buscas ahí! ¡¿No quiero verte que estés buscando?! ¡No quiero verte por acá! Solo su sangre pude recoger y con eso lo hemos velado. Esa huella me ha quedado a mí y hasta ahora no me puedo olvidar. Me parece que yo fuera el culpable de la muerte de mi hijo”.
Según Norvil este no sería el primer enfrentamiento con el ‘Capitán Carlos’. Una semana antes de la muerte de su hijo, él también fue víctima del ‘capitán’.
Norvil, quien en esa época se dedicaba a la ganadería, recuerda que lo detuvieron y lo llevaron al monte y Humala pidió que lo llevan a su despacho. Recuerda que era una choza grande de palmiche, no había luz, solo dos mecheros de botella con petróleo. Al ingresar el ex presidente le dijo primero mira ese rincón. Había dos soldados encapuchados que le daban de puñaladas supuestamente a una persona pero Norvil se dio cuenta que estaban simulando la muerte de alguien para asustarlo. Cuando, supuestamente, ya estaba muerto, uno de los soldados le dijo: “Ya está Capitán”. Humala respondió. Lleven a ese perro a botarlo al Huallaga”.
“Él (Humala) sacó su pistola, nos sentamos en una mesa grande. Vamos a conversar. Tú vas a responder las preguntas que te haga y a la pregunta que me niegues le hago cortar las orejas a tu hijo Ramiro (estaba detenido)”, nos cuenta Norvil.
En ese momento, Norvil manifiesta que le reclamó y el ‘Capitán Carlos’ le respondió. “Eres vivo viejo conchatumadre. ¡Dime carajo! ¿Quién es el mando político, militar y logístico de allá? y agarró la pistola para asustarlo”.
Norvil, no dudo: “Si me quieres matar, mátame de una vez. Yo no sé nada. El hombre tiene una sola vida. Esto que haces vas a pagarlo un día frente a Dios porque lo que le haces a la gente y a mí. Un día lo vas a pagar”.

El ‘Capitán Carlos’

Consultado sobre quién mató a Hermes, Norvil nos dice que no sabe quién disparó, pero Ollanta Humala estaba en el momento que lo mataron.
“Después ha llegado a ser presidente y eso es lo que más cólera me da. Pido al Estado garantías por mi vida. Acá te matan como pollo y no pasa nada”.
Valeria Vásquez, madre de Hermes, natural de Cajamarca, no tiene dudas. Para ella la muerte de su hijo está vinculada al “Capitán Carlos”. A Ollanta Humala.
“Solo su sangre enterramos. Ellos pensaban que éramos terroristas. Cuando le pregunté por mi hijo me respondió ‘Tu hijo ya se fue’”, cuenta, conmovida.
En 2007, Estela Delgado brindó su testimonio ante la fiscal mixta de Tocache por el caso Madre Mía.

Ray Sinche Quispe y su enamorada fueron detenidos. Foto El Popular.
A sus apenas 17 años, ‘Nicol’ ya tiene referencias criminales. Ella no solo es sindicada por la Policía como una de las asaltantes del conocido restaurante El Hornero (27 de abril) y el robo de US$7,500 dólares al cambista Guillermo Muñoz Altamirano en Chorrillos, sino también de haber captado al hijo de un empresario a través de Facebook para luego, junto con sus cómplices, matarlo y robar en su vivienda.
Esta jovencita, según la Policía, dentro de su organización criminal tenía la misión de hacer de ‘campana’. Además, aprovechaba su agraciada figura, la que mostraba a través de las redes sociales, para captar a sus víctimas.
Fue así que conoció a Joseph Yamir Aire Rodríguez (19), hijo de un empresario dedicado al rubro de venta de muebles. Entablaron una amistad y se citaron en la casa de este, ubicada en Chorrillos. Esto ocurrió el último jueves.
La menor llegó al inmueble y se dirigió a la habitación de su víctima, en el segundo piso. De pronto, ella pidió bajar y fue en ese momento que abrió la puerta a sus cuatro cómplices.
Estos últimos encañonaron a Aire Rodríguez y como este se resistió al asalto, lo mataron de tres balazos. Los delincuentes se apoderaron de S/. 5 mil en efectivo y diversos artefactos, todo valorizado en S/. 15 mil.
Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri iniciaron las pesquisas y dieron con el paradero de la menor, identificada con las iniciales N.M.S.T., su pareja Ray Sinche Quispe (21) y Víctor Guzmán Ascasibar (25) ‘Gato’, en las inmediaciones del parque Fátima en Chorrillos.
Fuente: Diario Perú21.

PPK y Vizcarra rumbo a Chinchero, el 3 de febrero: “Cállense criticones”.
Por Nicholas Asheshov- Revista CARETAS.
En los años 40 y 50, los aborígenes de Nueva Guinea, aislados durante 45 mil años, comenzaron a despejar franjas de la selva cerca de la cima de sus montañas. En estos espacios abiertos colocaban modelos de paja y madera de aviones de tamaño real.  Según los que se identificaban ante los antropólogos como los mandamases locales, las zonas despejadas y los modelos de aviones atraerían a las máquinas plateadas de TWA y Pan Am que comenzaban a aparecer por primera vez en lo alto de sus cielos vírgenes. Los mandamases predecían que las máquinas gringas bajarían cual ave en picada para aterrizar.  Esto significaría más esposas, más cerdos, más prestigio para los capos y chamanes.  Llegaría la bonanza, como la que gozaban los mismos gringos.
Los miembros de la tribu tallaron auriculares y construyeron edificios aeroportuarios de paja para que los espacios despejados tuviesen una apariencia más realista. Clavaron ramas largas en la tierra para imitar a las antenas aéreas.
Los antropólogos, agradecidos por este ejemplo, describen a estas creencias milenarias como ‘culto de carga” o más comúnmente como cargo cult, del inglés.  En el Cusco, el aeropuerto de Chinchero es de la misma manera una ‘cultura de carga’.  Ciertamente tiene su lugar en el folklore local. Pero no guarda ninguna conexión con la realidad económica.  Apunta, sin ninguna necesidad, a destruir una milenaria localidad, uno de los pocos distritos mágicos que quedan en una región predilecta de Sudamérica. Debería estar bajo la protección de las Naciones Unidas.
Los cusqueños, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio y el Gobierno Regional, están optando por la misma costumbre de las culturas antiguas de los aborígenes de Nueva Guinea.  Los cusqueños, durante décadas, han creído con fervor religioso que si construyen un inmenso aeropuerto en los cerros altos, ventosos y nublados de Chinchero -aún cuando es peligroso y no es necesario- ganarán prestigio, llegarán a ser hombres importantes, igualitos a los de Lima.
No van a llegar olas de aviones Airbus y Boeing a Chinchero “Internacional”, en el supuesto que el desastre multibillonario salte de la mesa de dibujo a una confundida realidad.  El precio de US$530 millones ya está totalmente desactualizado y, por supuesto, se triplicará, como también están desfasados los estudios de ingeniería hechos a medias y no verificados. Este acuerdo tercermundista es un legado del gobierno corrupto de Humala.
El aeropuerto de Chinchero está plagado de corrupción local que, esperemos, esté bajo investigación de la Contraloría en Lima. El contratista, Kunturwasi y Andino Holdings, está calificado como bono de segunda en los mercados financieros. Su plan de un hotel en el aeropuerto de Lima con gerencia francesa ha llegado a nada. Su concesión para el puerto de Paita ha colapsado. No tienen capital y tampoco crédito.
Chinchero no representaría beneficio alguno para la mayoría de la gente del Cusco.  Si el gobierno quiere invertir en el Cusco, y tiene todo el derecho de hacerlo, hay una docena de mejores maneras de gastar el dinero. Se invertiría en los proyectos que hace tiempo se necesitan, mucho más útiles para la población en general.
Las cifras de Chinchero no cuadran ni remotamente. El otro día, por ejemplo, el vicepresidente Martín Vizcarra dijo que el aeropuerto de Chinchero traerá US$ 100 millones al año y ofreció que el Cusco reciba, sin costo alguno, un tercio de estos ingresos.  Sería un ingreso adicional para la región. Otro tercio iría, dijo el vicepresidente, a engordar el presupuesto nacional.  Este tipo de fantasía es común, dicen los antropólogos sociales, en la fórmula milenaria del ‘culto del cargo’. Los textos técnico-académicos describen esto como el ‘Síndrome del Concord’, cuyo titular es “Si le metemos otros US$ 10 mil millones, llegará a volar”.  Hace medio siglo, los gobiernos de Gran Bretaña y Francia se reunieron para construir el Concord supersónico, descrito por los norteamericanos como “el mejor avión jamás construido para volar por la mitad del Atlántico”.  Otra profecía tipo ‘culto del cargo’ vino del presidente Kuczynski, usando cifras que le había dado el Ministerio de Turismo, en manos de cusqueños: Chinchero estaría recibiendo a 7 millones de turistas.
Las cifras reales son estas:
El año pasado, el 2016, se vendieron 1’325,000 entradas a Machu Picchu.  En cifras redondas, eso representó casi un millón de extranjeros, y el tercio restante eran peruanos, que es un aumento alentador del menos del 10% de peruanos en una cifra mucho menor de visitantes en los años 90.
La cifra del 2016 -un aproximado de 7,000 visitantes al día durante la temporada alta- ya representa tres veces más del 2,200/día de visitantes permitido por las Naciones Unidas. En promedio con la temporada baja incluida, la cifra el año pasado era de 3,900 visitantes por día, de por sí ya un 60% mayor a la cifra máxima recomendada por la ONU.
Una visita hoy a Machu Picchu significa largas colas, ser empujado constantemente a lo largo de los caminos delimitados por sogas, las llamadas estruendosas de los guías, los pitos chillones de los guardias. No hay mucho tiempo para una tranquila reflexión incaica.  Una visita a los servicios higiénicos significa luchar contra la fuerte corriente de otros turistas.
El mensaje para el ‘culto cargo’ de Chinchero y para la gente de Lima es este: Machu Picchu ya está lleno. No puede aguantar más aviones llenos de gente. No necesita y no puede aguantar otro aeropuerto. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo han desarrollado planes para mejorar el uso de todo el área del complejo Machu Picchu. En teoría, esto permitiría el ingreso de algunos visitantes más y una mejoría en los alicaídos servicios. Se limitarían a los turistas a visitas matutinas o en las tardes.  Esta fragmentación, dicen las autoridades, podría permitir una visita sustentable y hasta placentera de 7,000 turistas al día. Hasta se podría ofrecer visitas tranquilas de noche, cuando cientos de vizcachas-chinchillas salen a correr entre los andenes y los templos vacíos. Un poco más de 2 millones de visitantes al año, como máximo.  Ya casi llegamos a eso.  Machu Picchu no puede aguantar otra pista de aterrizaje, y menos un lujoso despilfarro de miles de millones de dólares.
La otra cifra clave, hablando de Chinchero, es que entre 35% y 40% de los visitantes a Machu Picchu ya viajan por carretera hasta el Cusco, a través de pistas llenas de baches desde Nazca y desde el Cusco hacia Puno. El Cusco tiene que ofrecer capacidad aeroportuaria para aproximadamente 1.4 millones de turistas al año. Nada más.
Eso es todo. El aeropuerto de Cusco no tiene que recibir ni 4 millones ni 7 millones. Es obvio que cada turista que llega al Cusco querrá, naturalmente, pasarse por lo menos medio día en Machu Picchu. Pueden quedarse una semana, un mes o más para ver las muchas otras atracciones que ofrece Cusco. Pero por más tiempo que se queden solamente van a comprar un ticket de entrada y salida del aeropuerto. El resto de turistas, y con toda razón, prefieren viajar por tierra para ver otras partes del país.
Por supuesto, está el tráfico local de residentes y gente de negocios que crecerá algunos puntos al año. Como debe ser. Pero los que pagan la cuenta son los turistas.  Pregúntenle a las aerolíneas, a los hoteles.
La restricción sobre Machu Picchu significa que podrán llegar por avión solamente 1,000 turistas más por día. Y punto. Eso significa solo media docena más de vuelos.  La mejor manera de manejar ese flujo es invertir unos US$ 40 millones en mejoras al aeropuerto actual de Velasco Astete, que tiene amplio espacio. 240 hectáreas de excelente terreno plano.  Con terminales, pistas de aterrizaje y electrónica rediseñados, cumplirá con el trabajo por tiempo indefinido. La única razón para hacer el cambio es que los grandes personajes del Cusco quieran tomar ese terreno en el centro del Cusco para construir departamentos y oficinas. Como dice Roger Valencia, el viceministro de Turismo y guía principal del Cusco, para “renovación urbana”.  Pero el aeropuerto actual puede servir hasta el 2037.
Debido a la restricción de visitas a Machu Picchu, la estrategia correcta para el Cusco no es la de atraer más turistas sino alentar a los que ya llegan a quedarse por más tiempo y gastar más.
Grandes personajes aparte, todos los cusqueños preferirían algo más parecido a descartar el contrato torcido de Kunturwasi. Reemplazarlo con nuevos estudios financieros y de ingeniería para determinar cuándo y dónde se necesitaría un nuevo aeropuerto. Los estudios actuales los hicieron los españoles, los mismos que gestionaron la famosa multimillonaria pista de aterrizaje en Murcia que, una década más tarde, todavía no tiene más tráfico. Mejores opciones que la de Chinchero incluyen:
Occoruro, al sur del Cusco en una pampa baldía de donde los pasajeros para el Cusco podrían viajar en un metro ligero y llegar mucho más rápido que por el acceso atestado de Chinchero.  Occoruro está a la misma altura sobre el nivel del mar que Chinchero. Eso no es bueno, pero no es peor y podría realizarse a un tercio del costo de Chinchero.
La Pampa de Anta, entre Chinchero y Cusco, está a la misma altura que el actual aeropuerto, mucho más bajo y, por lo tanto, mucho mejor, y más llano, que Chinchero.
Financiar con US$ 250 millones una lista de proyectos de carretera, salud, educación y limpieza de los ríos. El Cusco tiene pésimas pistas, contaminación grave y problemas serios de tráfico, y no tiene fuentes adicionales de agua.  Un lujoso aeropuerto beneficiará a un pequeño grupo de personas. Mejor sería limpiar el Cusco primero, para beneficiar a cientos de miles de personas, no solamente al lobby del ‘culto del cargo’.
Hay una solución para el problema del aeropuerto en Cusco. Pero no incluye construir una pista de aterrizaje peligrosa, destructiva, innecesaria e indeseada a 3,800 m s.n.m., en las bellas tierras de cultivo tradicionales, la iglesia colonial, y las ruinas incaicas que el gobierno debería estar defendiendo en vez de estar destruyendo.

Contraloría recomendaría la anulación del contrato

El presidente PPK dijo que apostaba por el proyecto pero que estaba obligado a esperar el visto bueno de la Contraloría. Le comunicamos que el órgano de control ultima un informe devastador en relación al asunto: o se renegocia el contrato con Kuntur Wasi o el plan de un nuevo aeropuerto cusqueño quedará en el papel.
La Contraloría General de la República ha encontrado indicios de “lesividad” a las arcas del Estado en la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero, suscrita en febrero de este año. Al cierre de esta edición los funcionarios del órgano de control ultimaban detalles de su informe y discutían la posibilidad de recomendar la anulación del contrato o, en su defecto, la renegociación de un nuevo acuerdo con el consorcio Kuntur Wasi.
Fuente: Semanario Hildebrandt en sus Trece.
Las investigaciones confirman que existe un perjuicio para el Estado que se estima en US$529 millones a raíz de la adenda del aeropuerto de Chinchero.
Tal y como ya se había adelantado, el semanario indica que se está terminando de recoger las investigaciones de los funcionarios que habrían participado en el proceso del acuerdo.
Cabe precisar que por el caso del aeropuerto de Chinchero, congresistas de diversas bancadas han presentado una moción para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
Al respecto, el primer ministro, Fernando Zavala, manifestó que Vizcarra “siempre ha tenido la mejor disposición de informar”, por lo que señaló que no tendría ningún problema en ir al Congreso para responder sobre el aeropuerto de Chinchero.
Sobre el informe de la Contraloría, Zavala manifestó que esperan que sea favorable: “Estamos con la conciencia tranquila de que realmente se ha buscado mejorar el contrato inicial”.
“Seguramente puede haber observaciones que pueden ser subsanables necesitamos un aeropuerto en Chinchero para continuar con el desarrollo”, refirió.
Fuente: Diario Perú21.

Por Mariella Balbi-Diario Perú21.
Se equivoca el titular de Defensa al responsabilizar del supuesto reglaje a su persona a los rezagos del ‘fujimontesinismo’ en los ministerios. Le falta memoria. Durante el gobierno de Ollanta Humala fuimos reglados, atropellados por los servicios de inteligencia grosera e ilegalmente. El Ejecutivo quiere cerrar los ojos a las tropelías realizadas por Humala y señora en el Poder Judicial, ministerios y Ejército (el informe de la llamada comisión Bernales quedó en nada).
Audios reveladores sobre las trapacerías de Humala, sospechosamente perdidos en la Fiscalía, aparecen luego de varios años. Reconfirman lo que sabíamos: Humala violó los DD.HH. en Madre Mía. Y de qué manera. En la época, los organismos de DD.HH. se alinearon con el humalismo para que no ganara el detestado y odiado fujimorismo. Se cumplió aquello de que “no hay peor ciego…”. Quienes hemos defendido los DD.HH. sabemos cabalmente que quien denuncia desapariciones, al igual que la mujer que denuncia una violación, no miente.
Todos conocían que el Informe de la Comisión de la Verdad comprometía al ‘capitán Carlos’ (Humala) por violación de DD.HH. Pero en 2000 el Congreso lo amnistió por la ridícula gesta de Locumba. Ascendió a comandante sin corresponderle y Valentín Paniagua lo nombró agregado militar en Francia. Luego conoceríamos oscuros manejos de cuentas bancarias entre París, Zúrich y Lima.
Los audios silenciados confirman la hamponesca compra de testigos y a la vez el manejo turbio del Poder Judicial. Salas judiciales dirigidas a favorecerlo, audios sepultados, jueces ciegos ante el asesinato. Pero los muertos hablan y ahora corroboramos cómo manipuló autoridades. Humala-Heredia quisieron mangonear en el Tribunal Constitucional, frecuentado por ella, para conseguir la reelección conyugal. El proyecto político era quedarse 10 o 15 años y por eso pervirtieron las instituciones nacionales, hoy aún contaminadas. Igual que Fujimori-Montesinos, la misma hechura y con la complacencia del antifujimorismo.
El caudal de pruebas contra Humala es suficiente para reabrir este delincuencial caso. Si el Poder Judicial no está a la altura y no actúa frente a esta deshonestidad recurrente de los Humala-Heredia, sabremos que continúa siendo cómplice. Nos quieren enredar con la Corte Interamericana y apelan a miles de dificultades para revisar esta ominosa situación que nos devuelve al ‘montesinismo’ más exacerbado. Calco y copia.
El Ejecutivo debe tomar la iniciativa de defender a esos pobladores asesinados por una autoridad estatal. También los Humala-Heredia llevan a cuestas a otro muerto: Emerson Fasabi, trabajador de esa familia. El Poder Judicial niega la exhumación del cadáver cuando hubo irregularidades mil. Mientras, la corrupción de Humala-Heredia y el caso Lava Jato permanecen en la nebulosa. La Fiscalía sigue sin informarnos. Nada sabemos, solo que Toledo cuenta con pasaporte diplomático. Vaya país.

Los cómplices del ‘Capitán Carlos’

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
Ayer, al salir de la fiscalía, la señora Nadine Heredia profirió airada: “Es muy vergonzoso que en un Estado de derecho se pasen estos audios a los medios”. Y luego añadió: “Estos audios han sido ilegalmente introducidos en la investigación”.
Nadine Heredia se refiere a los audios que conducirán a su esposo, Ollanta Humala, a la cárcel: tarde o temprano el Caso Madre Mía archivado en el 2009 se reabrirá, ya sea en las cortes peruanas o en las internacionales; y el agravante de haber comprado a los testigos para que se retracten condenará a quien en 1992 se hiciera llamar el ‘Capitán Carlos’.
Las violaciones a los derechos humanos no prescriben, y el comandante Humala debe responder por la desaparición de dos personas y la tortura de otra mientras era el jefe de la base militar de Madre Mía en la región San Martín en 1992. Peor si durante el proceso judicial que debía juzgarlo, Humala utilizó y se benefició del enorme poder político que le otorgaba su condición de jefe, o para no usar eufemismos, cabecilla de la bancada opositora en el Congreso.
Está por determinarse aún quiénes fueron los magistrados y los lobbistas judiciales que coordinaron con sus operadores para hacer posible que el caso se archivara por “contradicción de testigos”, pero la fiscalía podría comenzar por revisar la lista de premiados por el gobierno de la pareja Humala Heredia.
Omar Chehade sospecha públicamente de Francisco Eguiguren, actual presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como el intermediario entre Ollanta Humala y los magistrados de la sala suprema que lo salvó de una sentencia. Chehade dice que Eguiguren podría ser ‘Ojitos’, el personaje que según las agendas de Heredia se habría encargado de hablar con San Martín y con Hugo Molina, tal cual los menciona Nadine Heredia en sus resúmenes de los días previos al fallo judicial, dos de los supremos que vieron el Caso Madre Mía en el 2009.
El ex vicepresidente Omar Chehade fue uno de los abogados de Ollanta Humala mientras transcurrió ese proceso, por lo que sus sospechas provienen de una memoria privilegiada y de una experiencia única por las reuniones en las que participó.
Y nadie podrá negar que la pareja le guardó a Eguiguren una lealtad inusual en ella: apenas los Humala Heredia llegaron al poder, Eguiguren fue nombrado ministro de Justicia; en el 2012, embajador del Perú en España; en el 2014, representante del Perú ante la Asamblea General de la OEA; y en el 2015 fue promovido activamente por la cancillería peruana y por la Misión del Perú ante la OEA para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es cierto que el cargo que Eguiguren ostenta en este momento, el de presidente de la CIDH, no se lo debe a Humala, eso se lo debe a la izquierda regional que maneja esos organismos desde hace años; pero Eguiguren alcanzó esa instancia promovido por la entonces pareja presidencial.
Y otro premiado al que la fiscalía no puede quitarle el ojo es a Amílcar Gómez Amasifuén, el lugarteniente del dirigente nacionalista desde el amago de insurrección que montó en Locumba. Gómez Amasifuén, apodado ‘Chicho’, es el acusado de efectuar la compra de los testigos del Caso Madre Mía, y es también el primer sospechoso en la investigación de las causas de la muerte de Emerson Fasabi, el joven que hacía la limpieza en la casa del ex presidente y que murió en medio del escándalo de las agendas de Nadine Heredia. Fasabi, empleado de la pareja presidencial, fue negado cuando apareció muerto; la pareja pretendió hacer creer que era el guachimán de la cuadra. Las sospechas se levantaron cuando las autoridades descubrieron que lo enterraron embalsamado, sin que se determinaran antes las causas de su muerte.
A pesar de que hay una investigación abierta, Gómez Amasifuén, técnico de tercera del Ejército, continúa como técnico administrativo en la sede de la Escuela Suramericana de Defensa de Unasur en Ecuador, cargo al que fue designado el año pasado por el propio ex presidente Ollanta Humala.
Solo en el Perú, un cómplice conocido de un ex presidente se guarece como comisionado diplomático. Francamente.

HEMOS TENIDO UN PRESIDENTE MITÓMANO

Por Antonio Ramírez Pando-Diario Expreso.
Doña Nadine Heredia ha salido muy suelta de huesos a decir que los audios han sido ilegalmente introducidos en la investigación e ilegalmente enviados a los medios de comunicación. “Se ha cometido una irregularidad y una ilegalidad”. Quizás tenga razón la esposa de Ollanta Humala, pero lo escuchado en esos audios es una vergüenza para los que en algún momento creyeron en el proyecto nacionalista.
En el caso Madre Mía la doña, al igual que su cónyuge, dice con toda la frescura del mundo, “que el caso está cerrado, y que el que tiene miedo es Alan García, quien se encuentra en España gozando de una mejor vida”. Quizás tenga razón la doña al decir que el caso está cerrado, pero no aclara que este proceso se archivó porque se compró testigos, como se escucha en los audios y lo confirman las benditas agendas. El caso está cerrado, pero no está cerrado para la inteligencia de los peruanos, señora Heredia. Usted y su esposo se burlaron de los jueces y los fiscales con sus artimañas.
Usted afirma que lo de Madre Mía es un refrito; no es un refrito, señora, la muerte de personas inocentes nunca pueden ser un refrito, la torturas nunca pueden ser un refrito, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser un refrito, recibir dinero de Odebrecht no puede ser un refrito, la muerte de Emerson Fasabi no puede ser refrito, siempre estarán en la mente de los peruanos.
Desde que aparecieron en la palestra política la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia, su vida siempre ha estado llena de mentiras y gracias a esas mentiras llegó a la presidencia Humala.
Acordémonos del falso levantamiento que realizó Ollanta, en el Fuerte Arica de Locumba; el mismo día de la supuesta asonada hubo llamadas desde el celular 9970-8099 de Montesinos hacia el teléfono fijo 054-713791 del cuartel, se realizaron a las 10:52 am, y las tres restantes luego de la 14 horas de ese domingo. Ahora todo está muy claro, lo de Locumba fue otra mentira más, una operación simulada para ayudar a la fuga de Montesinos. Lo más triste de todo es que hubo y todavía hay incautos que creyeron en ese falso levantamiento.
Todo indica que Ollanta y Nadine son una pareja de mitómanos, que es un trastorno psicológico que consiste en mentir de manera compulsiva y patológica. Los mitómanos falsean la realidad para hacerla más soportable e incluso pueden tener una imagen distorsionada de sí mismos, generalmente con delirio de grandeza.
En conclusión, hemos tenido un presidente de la República mitómano, esa es la realidad.

“Ollanta Humala era el ‘capitán ‘Carlos’”

Por Álvaro Reyes-Diario Perú21.
El coronel EP en retiro Oswaldo Zapata no alienta más especulaciones en torno a la participación de Ollanta Humala en el caso Madre Mía y asegura que el ex presidente -y ex amigo suyo- debió estar al tanto de las ejecuciones extrajudiciales.
¿Hay alguna manera de que el entonces capitán Ollanta Humala no estuviera al tanto de las presuntas ejecuciones en Madre Mía?
Las cosas que sucedieron en el año 1992 en la base de Madre Mía eran de conocimiento del comandante, del oficial de inteligencia, de todos los que tenían un alto cargo. Ollanta Humala era capitán y no hay manera de que él no supiera de la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
Según los testigos, fue el capitán ‘Carlos’ el que ordenó las torturas y asesinatos contra Natividad Ávila y Benigno Sullca.
El capitán ‘Carlos’ era Ollanta, así se hacía llamar él mismo. No había otro. Solo podía haber un capitán en ese batallón (Coronel Pablo Arguedas N° 313) y ese era Humala.
El entonces comandante Leonel Cabrera Pino era el jefe del batallón, pero hubo denuncias que señalaban a Humala como el militar que comandaba en Madre Mía.
En los juicios contra Ollanta Humala por este caso, Leonel Cabrera señaló que, durante la época en la que se habrían cometido estos excesos, Humala no estuvo al frente de la unidad en Madre Mía. Es su versión. Pero si uno quiere consultar una fuente oficial, tendría que revisar el legajo del ex presidente. ¿Y dónde está el legajo? Se perdió.
En 2006, Humala señaló que él contaba con copias de los tres informes de eficiencia que se extraviaron. Ante ello, el ministro de Defensa, Marciano Rengifo, dijo que eso era ilegal…
Eso no es tan cierto. Los oficiales no solemos pedir copias de nuestro legajo, lo que no significa que no se puedan solicitar. Si Humala los tiene, sin querer está reconociendo que tiene en sus manos el legajo que se perdió.
¿En esos informes se especifica lo hecho por el ex mandatario en Madre Mía?
Así es. Ahí debe decir que el capitán ‘Carlos’ —es decir, Ollanta Humala— se desempeñó como jefe de la base contrasubversiva de Madre Mía.
Entonces, los testimonios que señalan a Ollanta Humala como el que lideró las aparentes ejecuciones extrajudiciales sí tienen sustento.
Claro que sí. En Madre Mía no se podía mover ni una sola paja del suelo sin conocimiento de Humala. Él tenía el rango de capitán en ese tiempo, y en las bases contrasubversivas los jefes o comandantes son capitanes. Y solo puede haber un capitán por unidad.
¿Y no hubo alguna investigación de parte del Ejército para aclarar si se cometieron delitos en Madre Mía?
Inteligencia tiene que haber sabido lo que sucedía en la base, si se habían registrado hechos anómalos. No he sabido de algún reporte que especifique las actividades que se realizaron allí. No existe.
¿Cuándo conoció usted a Ollanta Humala?
Nosotros fuimos muy amigos desde el año 80, cuando integrábamos la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle. Egresamos en 1984.
¿Y Humala nunca le comentó sobre lo que hizo en la base de Madre Mía?
A él yo lo vi años después de 1992. Pero en esas conversaciones no me contó qué hizo en Tingo María, donde estaba ubicada la base.
¿Notó que Ollanta Humala cambiara de discurso para liderar el levantamiento en Locumba (Tacna) contra el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000?
Se ha hecho un sobredimensionamiento de lo que hizo Ollanta Humala en Locumba. Si él hubiera querido levantarse contra el régimen de Fujimori, ¿por qué no lo hizo en Madre Mía?
¿Tal vez se sentía identificado con la lucha antisubversiva en ese instante…?
Pero Humala no era un ente aislado en ese momento, era parte de la antipolítica del fujimorismo. Fujimori, por ejemplo, desterró los partidos políticos para darle paso a una nueva generación. Cuando se lanza como candidato presidencial, Humala toma referencias de esa política fujimorista y propone un antisistema. Luego se compromete a hacer la gran transformación. Al final, vimos que él no asume ninguna de las dos alternativas que planteó. Lo que hace es la gran continuación.
¿Cree que el levantamiento de Locumba fue una farsa?
Fue un falso levantamiento. Humala nunca se rebeló contra el régimen fujimorista. Lo que hizo con eso fue capitalizar su momento, esperando su oportunidad para el lanzamiento de su candidatura en 2006. ¿Por qué, entonces, no hizo nada concreto desde el año 2000 hasta su postulación?
¿Cree que estaba evaluando en ese tiempo ver si era viable su candidatura?
Sí. Humala es un falso valor. Si él era ascendido a coronel entre el 2000 y 2005, que es cuando pasa al retiro, él no habría postulado a la Presidencia. Y si hubiera logrado ese rango antes del 2000, no habría realizado ese falso levantamiento en Locumba.
“Soy Oswaldo Zapata, coronel del Ejército en retiro. Además, soy doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica, y en Gobierno y Políticas Públicas. Fui amigo de Ollanta Humala, con quien siempre tuve una buena relación. En su gobierno se me impidió ascender y se me pasó al retiro”.
“La relación de Ollanta Humala con su promoción del Ejército siempre fue pésima. Nadie lo acompañó cuando estuvo en desgracia. Después del levantamiento en Locumba, todos se apartaron de él. Era visto como un oficial fuera de contexto”.
“El bastón de mando que le regaló la promoción a Humala, cuando fue electo presidente de la República, fue un gesto de sobonería. Pese a esto, nadie quiso dar un sol para comprarlo. Mi sobrino Óscar López Meneses fue el que me prestó dinero para mandar a hacerlo”.

“Fui testigo del asesinato de siete personas”

Otro militar narra las torturas y asesinatos del “Capitán Carlos” en Madre Mía.
Por Erick Sánchez Noriega- Diario Expreso.
“Si vas a matarnos hazlo de una vez”, le dijo un detenido. Entonces Ollanta Humala sacó su pistola y le disparó en la sien, agrega este nuevo testigo con código cifrado en el expediente del sonado caso.
El 20 de mayo de 2006, en la ciudad de Tocache, exactamente en la Fiscalía Mixta de esta ciudad, se recogió el testimonio revelador de uno de los militares que fue testigo presencial de las presuntas torturas, asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el “capitán Carlos”, hoy expresidente del Perú, Ollanta Humala Tasso.
Se trata de la declaración recogida en el despacho del doctor Arturo Campos Vicente del Distrito Judicial de San Martín, donde el colaborador identificado con el Código Nº R-172 relató ante la justicia los hechos ocurridos en la Base Militar Contrasubversiva (BMCS) de Madre Mía, donde el “capitán Carlos” fue jefe el año 1992.
“Serví en la BMCS de Madre Mía durante septiembre del año 1991 hasta mayo de 1993. Cuando llegué estaba de jefe un oficial de apelativo ‘capitán Tronco’, (…) llegando tiempo después dos oficiales ‘Wisqui’ y ‘Franco’. Este último fue relevado por el ‘capitán Carlos’ en los primeros días de 1992 y que hoy día su identidad es Moisés Ollanta Humala Tasso”, afirmó.
Reveló detalles durante el tiempo que estuvo sirviendo bajo el mando del ‘capitán Carlos’. “Durante el tiempo en que estuve al mando del ‘capitán Carlos’ esta persona se portaba en una forma muy drástica con su tropa y con los civiles de los caseríos de Situlle, Yanaganca, La Morada, Alto Azul y otros, incluyendo al caserío Madre Mía”.
Manifestó que no recordaba la cantidad exacta de operativos que realizaron en ese tiempo, en que en una ocasión en el caserío de La Morada detuvieron a una persona que al parecer era de Sendero Luminoso. “En su intención de huir fue victimado con un puñal por el sargento ‘Huaringa’”, brazo derecho del “capitán Carlos”.
Es así que el colaborador Nº R-172 narra que aunque él no participó en estos castigos de personas, sí pudo ver las torturas y desapariciones de siete personas. “El ‘capitán Carlos’ ordenó sacar a los siete detenidos. Este les pisaba la cabeza pidiéndoles información acerca de Sendero. Los detenidos decían que no sabían nada”.
“Uno de los detenidos le dijo al ‘capitán Carlos’: “Si nos vas a matar, mátanos de una vez, instante en que el ‘capitán Carlos’ sacó su pistola y sin piedad les disparó en la cabeza a los siete detenidos. Luego ordenó a su personal de confianza, entre ellos al sargento ‘Huaringa’, que se ocupara de los cuerpos en la noche”, contó.
¿Qué relación tenía ese sargento “Huaringa” con Ollanta Humala Tasso?, se le preguntó al testigo Nº R-172. “Debo indicar que el sargento ‘Huaringa’ era el hombre de confianza del ‘capitán Carlos’. Sus conversaciones eran privadas y secretas. Si le mandaba a matar, este (‘Huaringa’) mataba”, indicó.
Natividad y Benigno
Además de los siete detenidos y luego asesinados presuntamente por el “capitán Carlos”, el exmilitar indicó que pudo observar en la base Madre Mía a una señora que no pudo identificar. “Ella estaba por una semana. Era conocida porque vendía Yanbal y a los soldados les daba crédito”, refirió en alusión a Natividad Ávila, quien fue asesinada y lanzada al río Huallaga con su esposo Benigno Sullca también ultimado a tiros en junio de 1992.
En la última pregunta de su manifestación indagatoria se le consultó si quería agregar o quitar algo: “Después de unos días de que la señora ya no estaba en la base se apareció una señorita por su mamá que vendía Yanbal. A lo cual mi persona y demás compañeros respondimos que no sabíamos nada. Luego de esto la chica se puso a llorar”, finalizó.

APARECE PAGO DE ODEBRECHT RELACIONADO A CONCESIÓN RUTAS DE LIMA

Por Óscar Libón*- www.Convoca.pe
El monto figura en la planilla del “departamento de sobornos” de la firma brasileña y se envió en 2014, durante la gestión edil de Susana Villarán y en pleno cierre de campaña de las elecciones municipales que ganó Luis Castañeda en Lima.
BAJO SOSPECHA. La exalcaldesa Susana Villarán y el burgomaestre Luis Castañeda han sido requeridos por la Fiscalía para que expliquen los contratos otorgados a constructoras brasileñas en sus gestiones. 
En las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, desde el cual se realizaban pagos de presuntos sobornos en Brasil y otros países, figura la denominación “concessão (concesión) Rutas de Lima” junto a otros proyectos de infraestructura que están bajo investigación por el megacaso Lava Jato en varias naciones de Latinoamérica.
De acuerdo con la documentación en poder de la Fiscalía General de Brasil, a la que accedió Convoca.pe, la referida concesión aparece vinculada a la suma de 291 mil 700 dólares y a alguien identificado con el código de “Budian”. El proyecto, adjudicado directamente al consorcio de Odebrecht por la Municipalidad de Lima en setiembre de 2012, comprende la operación y mantenimiento por 30 años de tramos de la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé, financiados con los recursos de los peajes de estas vías.
La transferencia de ese monto, desde una cuenta bancaria en Sao Paulo (Brasil) relacionada a la contraseña “Sevite”, fue anotada con la fecha del jueves 2 de octubre de 2014, según la “programación semanal por ciudad (29 de setiembre al 3 de octubre de 2014)” de la constructora brasileña, documento entregado a las autoridades por María Lucía Tavares, exsecretaria ejecutiva de Odebrecht en Salvador de Bahía y responsable del trámite de los pagos y contabilidad paralela del llamado “departamento de coimas”.
El supuesto pago se efectuó en pleno cierre de campaña de las elecciones municipales del Perú en ese año, específicamente tres días antes de los comicios, en las que Luis Castañeda Lossio lideró las preferencias electorales en Lima desde meses atrás, y Susana Villarán —entonces alcaldesa limeña en ejercicio— postulaba a la reelección consecutiva. Como se sabe, Castañeda volvió a ser elegido burgomaestre de Lima en esa ocasión y Villarán dejó el cargo a fines de diciembre, es decir menos de tres meses después.
TRANSFERENCIAS OCULTAS. La concesión adjudicada por la Municipalidad de Lima figura registrada en la planilla paralela del “departamento de sobornos” de Odebrecht.
Además, en uno de los correos electrónicos de la brasileña Tavares, quien figura como Tulia y firmaba con sus iniciales LT, se encuentra registrado un mensaje en el que ella escribe “Anexo, programación semanal (15 al 19 de setiembre de 2014). Tenemos más: (…) US$ 500,000 de Budian? Cuánto tendrá para Feira + Doctor?”. Es decir, hace referencia al seudónimo relacionado a la concesión Rutas de Lima (Budian) y también al del publicista brasileño Joao Santana (Feira), sentenciado a ocho años de prisión por lavado de dinero de la corrupción, en Brasil.
Este mensaje electrónico -del 15 de setiembre de 2014- fue enviado a Fernando Migliaccio (Waterloo), exejecutivo de Odebrecht que estuvo a cargo de manejar las cuentas bancarias de empresas offshore controladas por la firma brasileña. Se encuentra bajo arresto desde febrero de 2016.
En la misma planilla que se registra el presunto pago por Rutas de Lima hay anotaciones de dos abonos por 200 mil dólares referidos a “Costa Verde Callao”, fechados el 30 de setiembre de 2014, al lado del código Taça (trofeo). Según el Ministerio Público del Perú, esta denominación era utilizada por Odebrecht en relación a supuestos pagos para el publicista argentino brasileño Belisario Wermus (Luis Favre), con el fin de que este asesorara a Félix Moreno en su campaña de reelección. El gobernador regional del Callao está recluido de manera preventiva por presuntamente haber beneficiado a Odebrecht con la adjudicación de la obra Costa Verde de la región chalaca.
Antecedentes
Cabe destacar un hecho anterior relacionado a la constructora brasileña OAS y Luis Castañeda, que está bajo investigación en la Segunda Fiscalía Anticorrupción. En octubre de 2016, IDL Reporteros reveló coordinaciones entre Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima en la anterior gestión edil de Castañeda, y Leo Pinheiro, expresidente de OAS, a través de mensajes de Whatsapp enviados de agosto a noviembre del 2014, cuando aún no finalizaba la administración de Susana Villarán. En los diálogos se advierte que Zegarra exhorta a Pinheiro -ahora preso en Brasil- a no firmar el contrato del proyecto Río Verde (74.5 millones de dólares) con Villarán a solicitud de Luis Castañeda, quien entonces ya era alcalde electo de Lima. Cuando asumió el cargo, en enero de 2015, el burgomaestre Castañeda derivó ese fondo del fideicomiso al proyecto del bypass de la avenida 28 de Julio.
Es decir, al parecer Luis Castañeda ya tenía algún grado de contacto con determinadas empresas contratistas de la Municipalidad de Lima en momentos en que Susana Villarán aún se desempeñaba como alcaldesa de la capital peruana.
POR 30 AÑOS. La concesión tuvo su origen en 2010 con la presentación de la iniciativa privada por parte de Odebrecht ante la Municipalidad de Lima. En 2012, el proyecto fue adjudicado de manera directa a un consorcio de la constructora brasileña.
Otro dato relevante es que OAS, que tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac -adjudicada por la Municipalidad de Lima en 2009 y modificada en 2012-, envió desde Brasil dinero en efectivo mediante traficantes de dólares o ‘doleiros’, entre los años 2012 y 2014, presuntamente para el pago de sobornos. La administración edil de Villarán comprendió el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2014. Este caso forma parte de las pesquisas que realiza el equipo de fiscales liderado por el magistrado Hamilton Castro, a cargo de indagar la corrupción brasileña en el Perú.
La adjudicación
La concesión Rutas de Lima tiene su origen en una iniciativa privada presentada en abril de 2010 por un consorcio integrado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A ante la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima. Era la segunda gestión consecutiva de Luis Castañeda como burgomaestre de Lima, quien al año siguiente postuló a la presidencia de la República sin éxito.
El 3 de mayo de 2012, cuando Susana Villarán ya era alcaldesa y se había iniciado el proceso de revocatoria en su contra, la mencionada propuesta de la empresa brasileña fue declarada de “interés” mediante el Acuerdo de Concejo 825.
Unos meses después, el 18 de setiembre, el Concejo de Lima aprobó el proyecto privado y adjudicó de forma directa la concesión al consorcio de Odebrecht, que constituyó la empresa Rutas de Lima S.A.C. -según el Acuerdo 1623-, pues no se presentaron otras compañías interesadas.
En enero de 2013, la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima (Odebrecht) suscribieron el contrato de concesión por 30 años del proyecto Vías Nuevas de Lima, que comprende la operación y mantenimiento de 31.5 kilómetros de la Panamericana Norte, 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur, así como la extensión en 19 kilómetros de la autopista Ramiro Prialé. “Se invertirá sin presupuesto público más de 2,020 millones de soles de inversión privada en la construcción de las obras propuestas”, se lee en la página web oficial de la concesionaria.
Luego de pocas semanas, el  17 de marzo de 2013, se realizó la consulta popular sobre la revocatoria de la alcaldesa Villarán, quien resultó ratificada en su cargo por un estrecho margen de votación. Pero la mayoría de los regidores de su partido sí fueron revocados.
En junio de 2016, en momentos en que altos ejecutivos de la firma brasileña estaban recluidos por corrupción en su país, Odebrecht vendió 57% de sus acciones de Rutas de Lima (por 430 millones de dólares) a la administradora de fondos canadiense Brookfield y conservó el 25% de participación. En tanto que el fondo peruano de inversión Sigma SAFI mantuvo el 18% de acciones.
Cautela oficial
Consultada al respecto por Convoca.pe, la empresa brasileña reiteró su postura oficial: “En virtud del compromiso de confidencialidad asumido con el Ministerio Publico, Odebrecht Perú está imposibilitada de hacer cualquier comentario sobre las investigaciones en curso”.
En la Municipalidad de Lima no hubo respuesta de los funcionarios de la gestión de Luis Castañeda a los pedidos reiterados para obtener su versión sobre la concesión.
EMISARIOS BRASILEÑOS. Imagen de 2013, cuando Jorge Barata era el representante de Odebrecht en el Perú y Raúl Pereira se desempeñaba como gerente de Rutas de Lima. El primero ha confesado pagos de coimas a funcionarios peruanos. / Foto: Rutas de Lima
Por su parte, el regidor Hernán Núñez, quien integró el concejo limeño durante la administración de Susana Villarán, negó irregularidades en el proceso de adjudicación y sostuvo que hubo un respaldo unánime de los demás regidores al proyecto “debido a que la ciudad necesitaba obras viales”. Cuestionó a Luis Castañeda, pues afirma que el actual burgomaestre de Lima acordó con la concesionaria algunas modificaciones al contrato que al parecer “benefician a la empresa y no a los vecinos”.
Y en la concesionaria Rutas de Lima tampoco contestaron a los requerimientos de información, pues se indicó que “los voceros” en relación al contrato de concesión y las posibles adendas son los representantes de la comuna limeña.
Fuentes del Ministerio Público del Perú indicaron a Convoca.pe que aún no cuentan con información oficial de la justicia brasileña sobre el supuesto pago de Odebrecht por la concesión de las vías de Lima.
(*) Con la colaboración de Milagros Salazar.

Lava Jato: Identifican pagos de Odebrecht por US$711 mil en concesión Vías Nuevas de Lima

Por Ernesto Cabral Mejía- Ojo Público.
Ojo-Publico.com descubrió segundo pago de la constructora por más de US$420 mil en el 2014, vinculado a concesión otorgada en plena campaña de revocatoria contra la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán. Este monto se suma al ya revelado por US$291 mil. Evidencia de los pagos fue hallada por el Ministerio Público de Brasil en los correos del Departamento de Operaciones Estructuras de Odebrecht, encargada del depósitos de los sobornos en Perú y en otros países de Latinoamérica.
El Ministerio Público de Brasil identificó dos pagos realizados por la compañía Odebrecht, por un monto de US$711 mil, en el marco del proceso de concesión de la obra Vías Nuevas de Lima, adjudicada durante la gestión municipal de Susana Villarán (2010-2014). Eso se desprende de las planillas secretas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, área encargada del pago de sobornos en diferentes países de Latinoamérica.
Ojo-Publico.com accedió a un correo enviado el 24 de febrero de 2014 por María Lucía Tavares, funcionaria de confianza de Marcelo Odebrecht y miembro del llamado “departamento de coimas” de la empresa brasileña, en donde se adjunta un archivo con la programación del pago de los sobornos por diferentes concesiones. Allí se menciona a la obra “Concessao Rutas de Lima”, vinculada al monto de US$420.168, con fecha 26 de febrero de 2014 y relacionada a una persona identificada con el código “Budian” y la contraseña “Tapete”.
Ayer el portal Convoca publicó un pago vinculado a la misma concesión por US$291,700, registrado en octubre de 2014 y en una hoja de cálculo similar a la citada. En dicho caso, Odebrecht utilizó el mismo sobrenombre (“Budian”), pero una contraseña diferente (“Sevite”). Ambos montos, identificados por el Ministerio Público de Brasil, alcanzan los US$711 mil, presuntamente pagados por la constructora a la Municipalidad de Lima en la gestión de Villarán.

PAGOS. La concesión administrada por Odebrecht está vinculada a dos montos de pagos en el año 2014, según la planilla del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía. /  Composición con documentos del Ministerio Público del Brasil.

Ojo-Publico.com analizó el documento del “departamento de coimas” de Odebrecht y encontró que el monto de US$420.168 aparece junto a la palabra en clave “Paulistinha”. Este código en portugués ya se ha hecho conocido porque hace referencia a pagos por corrupción. En el caso de Felix Moreno Caballero, gobernador del Callao detenido por recibir presuntos sobornos de la constructora, esta palabra era usada para hacer referencia a una cuenta en el banco PKV Privantbank, de Lugano (Suiza), según la fiscalía brasileña.
En la misma fila de la hoja de cálculo, en donde aparece el presunto pago de US$ 420.168 por la obra Vías Nuevas de Lima, se observa la frase “pagar R$1.000.000” (unos US$317 mil), aunque se desconoce si el destinatario del importante pago está vinculado a la Municipalidad de Lima en la gestión de Villarán o si el motivo exacto del desembolso tiene relación directa con la “Concessao Rutas de Lima”.

CORREOS A ‘WATERLOO’

El nuevo pago revelado por Ojo-Publico.com aparece en un archivo de hoja de cálculo que iba dentro de un mail enviado por María Lucía Tavares, exfuncionaria de Odebrecht que se acogió a la delación premiada en el marco del Caso Lava Jato, desde el correo tulia@dousys.com. El remitente del mismo fue Fernando Migliaccio Da Silva (conocido por el sobrenombre “Waterloo”), detenido en Suiza y encargado de administrar las sociedades offshore para el pago de los sobornos.

CORREO CLAVE. El monto de US$420 mil aparece en un correo enviado a Fernando Migliaccio, encargado de administrar sociedades offshore para el pago de sobornos. / Ministerio Público de Brasil.

Este es el tercer caso vinculado al Perú en donde Migliaccio Da Silva –exintegrante del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora– y Maria Lucía Tavares administran y se envían correos con hojas de cálculos en donde aparecen los detalles de los pagos de coimas vinculadas a diferentes obras en Lima.
El primero caso, identificado por la Policía Federal de Brasil bajo el mismo patrón, está relacionado al pago de US$3 millones que Odebrecht entregó a Nadine Heredia (esposa de Ollanta Humala) durante la campaña presidencial del 2011. El segundo, estuvo vinculado a los pagos al detenido Félix Moreno y al empresario israelí Gil Shavit por la obra Costa Verde Callao.

LAS RUTAS DE LA CONCESIÓN

El proyecto Vías Nuevas de Lima, hoy vinculado al esquema del “departamento de coimas” de Odebrecht, fue firmado por la concesionaria Rutas de Lima SAC, empresa de la constructora brasileña, y la Municipalidad de Lima en enero de 2013. Este acuerdo se suscribió durante la campaña de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán, quien entonces contaba con los servicios del publicista Luis Favre (también involucrado en el pago del soborno a Félix Moreno). El documento, que otorga la concesión por 30 años, lleva la firma de Domingo Arzubialde Elorrieta en representación de la alcaldía.
Consultado por Ojo-Publico.com, Arzubialde, quien ocupó el cargo de Gerente de Promoción de la Inversión Privada en la Municipalidad de Lima entre junio de 2012 y julio de 2014, aseguró no tener ningún conocimiento de las irregularidades, aunque luego se excusó de prestar más declaraciones.

CONCESIÓN. Rutas de Lima SAC, empresa de Odebrecht en Lima, administra el proyecto Vías Nuevas de Lima desde la firma de contrato con la Municipalidad de Lima en el 2013. / Odebrecht.

El contrato original por el proyecto Vías Nuevas de Lima fue firmado en enero de 2013, en la gestión de Villarán, pero la adjudicación al concesionario de Odebrecht ocurrió meses antes, según el acuerdo de consejo de fecha 18 de setiembre de 2012. Cabe indicar que el inicio del proyecto se remonta al año 2010, cuando el consorcio “Líneas Viales de Lima” –integrado por filiales de Odebrecht– presentó la iniciativa privada ante la alcaldía, en la segunda gestión consecutiva de Luis Castañeda Lossio.
Un segundo contrato firmado por Arzubialde Elorrieta, en representación de la Municipalidad de Lima, y Felipe Ferreira, apoderado de Rutas de Lima, en junio de 2014, determinó que la empresa se comprometía a ejecutar inversiones por un monto total cercano a los US$ 254 millones. Esta operación ocurrió entre las dos fechas vinculadas a los presuntos sobornos de US$291.700 y US$420.168.
La exalcaldesa Susana Villarán, a través de su cuenta de Facebook, negó estar vinculada a pagos de sobornos de Odebrecht o cualquier otra empresa privada durante su gestión. Además pidió que se investigue la concesión otorgada a la compañía Rutas de Lima SAC.
Rutas de Lima SAC administra actualmente 115 kilómetros entre las salidas de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. A mediados del 2016, Odebrecht vendió el 57% de su participación en la concesionaria a Brookfield, una gestora de activos internacional.

Anotación en libreta a la que tuvo acceso MANIFIESTO revela misteriosa reunión nocturna en departamento de Miraflores.

NICOLÁS LYNCH TAMBIÉN APARECE EN AGENDAS DE NADINE

Por Eduardo Deza- www.manifiestoperu.com
El nombre del exembajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch Gamero, cuya voz aparece en una conversación interceptada con Ilan Heredia, figura también en una de las páginas de la cuarta agenda de Nadine, a la que tuvo acceso MANIFIESTO.
La anotación, del aparente puño gráfico de la exPrimera Dama, hace alusión a lo que parece haber sido una reunión nocturna en un edificio frente al mar de Miraflores. El apunte señala textualmente:
Nico Lynch
Malecón de la Marina 450
Dpto 901 Mirafl. Alt. Cuadra 4
Av. El Ejército
8:30 p.m.
Domicilio de Nicolás Lynch, donde se habría reunido con la expareja presidencial, según se registra en agendas.
Esa es la misma dirección que consigna Nicolás Javier Lynch Gamero (RUC 10102702501) en los registros de la Sunat y es también el lugar donde habría recibido a la ex pareja Humala-Heredia unos meses antes de que se encaramara al poder.
Lynch fue el primer embajador nombrado por Ollanta Humala en Argentina, entre el 25 de agosto del 2011 y el 3 de noviembre del 2012.
En la noche del domingo, Cuarto Poder difundió un audio interceptado entre el 2011 y el 2012 por la Dirandro y efectivos de equipo Constelación, en el que el también ex ministro de Educación toledista conversa en tono preocupado con Ilan Heredia, en los siguientes términos:
– NICOLÁS LYNCH: Aló ¿Ilán?
– ILAN HEREDIA: Sí ¿cómo estás?
– NICOLÁS LYNCH: ¿Cómo estás? Habla Nicolás Lynch
– ILAN HEREDIA: Sí Nicolás, dime
– NICOLÁS LYNCH: Oye hermano… me ha llegado una carta de la ONPE
– ILAN HEREDIA: Ajá
– NICOLÁS LYNCH: Diciendo que no he consignado los CINCO MIL SOLES, esos famosos…
– ILAN HEREDIA: Ya
– NICOLÁS LYNCH: Esté… yo te llamé te acuerdas y tú me dijiste que no lo consignara.
– ILAN HEREDIA: Ya, pero ahora lo consignas, está reclamando este pata, están buscando cargosear nada más…

Caso ‘Humo’: La historia detrás de las escuchas telefónicas a Ollanta y Nadine

Por Óscar Castilla C. y Jonathan Castro- Ojo Público.
La Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) realizó operaciones de vigilancia, seguimiento y escucha de las comunicaciones del expresidente Ollanta Humala, de su esposa Nadine Heredia y del comando político y económico de su campaña en las elecciones presidenciales del 2011 para descubrir si detrás del origen de su financiamiento se encontraba el gobierno de Venezuela u otras compañías del extranjero, y para conocer el manejo del dinero al interior del Partido Nacionalista.
Ojo-Publico.com conoció que las interceptaciones telefónicas fueron ejecutadas por un equipo especial de inteligencia de la Policía Antidrogas (conocido como SIU, siglas de Sensitive Investigative Unit) y efectivos de escucha del programa Constelación, como se conoce al Departamento Técnico Judicial de la Dirandro (Deptejud), a cargo de la recolección de las comunicaciones en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la criminalidad organizada.
América Televisión y El Comercio revelaron que los audios de la Dirandro están en poder del fiscal Germán Juárez
La Policía Antidrogas bautizó a esta operación, una de las más secretas y sorprendentes de la última década, con el apelativo de Caso ‘Humo’, en clara referencia al entonces candidato Ollanta Humala. Ojo-Publico.com accedió al expediente madre que elaboró la Dirandro al finalizar las grabaciones –150 páginas con las transcripciones resumidas de más de 540 audios seleccionados en solo tres meses de interceptación– y estableció que aquellas se iniciaron en marzo del 2011 y continuaron hasta mayo del mismo año. Hoy publicamos una parte de aquellas escuchas.
La Dirandro –según las transcripciones realizadas por los analistas de Constelación en dicho expediente– escuchó los diálogos de los teléfonos celulares y fijos de Humala (bajo el apelativo de ‘Humo’ en los documentos), Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia, el abogado de la pareja presidencial, Eduardo Roy Gates (dejó el cargo hace pocos meses), el excoronel EP Adrián Villafuerte, la periodista y exjefa de prensa del Partido Nacionalista, Cynthya Montes, el tesorero de dicho partido, Mario Julio Torres Aliaga, el suboficial PNP Hermógenes Pérez Mego, y el de un hombre de máxima confianza de Humala en el Ejército, Amílcar Gómez Amasifuen (llamado ‘Chicho’ o ‘Amílcar’ en el expediente), entre otras personas.

CLAVE: Amílcar Gómez Amasifuen, operador de Humala en la compra de los testigos del caso de ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía. En esta foto se le ve dentro del Congreso durante el gobierno del hoy expresidente.
También se interceptó las comunicaciones de Jorge Ávila Rivera, testigo clave que en el 2006 acusó a Humala por violación de derechos humanos mientras este era capitán del Ejército y jefe de la base contraterrorista de Madre Mía (Alto Huallaga) en los ’90. El excandidato presidencial fue procesado por este caso, aunque luego la Corte Suprema archivó la investigación, mientras que el testigo Ávila Rivera se retractó de su denuncia, cambió su versión y acabó siendo enjuiciado por recibir dinero de Gómez Amasifuen.
La operación de ‘chuponeo’ legal empezó en marzo del 2011 y se canceló a dos semanas de la segunda vuelta del 5 de junio de aquel año, cuando se preveía que Humala iba a ganar los comicios. Al término de las escuchas, la Policía Antidrogas contaba con una impresionante colección de audios y transcripciones que concluyen que el Partido Nacionalista mantenía un importante flujo de dinero que era manejado en las sombras por Ilan Heredia, cuñado de Humala, y que era desviado por Mario Torres Aliaga, tesorero oficial del partido, para cubrir gastos que no formaban parte de la campaña presidencial.
Humala y Nadine Heredia están bajo investigación por recibir millonarias cantidades de dinero de Odebrecht.
Las escuchas de la Dirandro, realizadas día y noche durante las convulsionadas elecciones de aquel 2011, también establecieron que Humala, su exabogado Eduardo Roy Gates, su cuñado Ilan Heredia, su vocera de prensa Cynthya Montes y el tesorero Torres Aliaga conocieron y se involucraron en las irregularidades cometidas detrás de la compra de testigos de las ejecuciones extrajudiciales en Madre Mía.
Algunas de las transcripciones revelan incluso que Humala planificaba reuniones secretas con el militar Gómez Amasifuen. Este último fue su lugarteniente en el levantamiento contra Alberto Fujimori en Locumba (Tacna) en el 2000 y actualmente es conocido como uno de sus operadores en la compra de los testigos del Caso Madre Mía. En casi todas sus conversaciones, Humala trata de evitar ser reconocido como el interlocutor de Gómez Amasifuen, quien entonces asistía a juicio público por sus maniobras para obstruir la verdad detrás de lo ocurrido en aquella base del Alto Huallaga.

PERSONAJES CLAVES: Amílcar Gómez, Julio Torres e Ilan Heredia, tres personajes claves que fueron escuchados por la Dirandro mientras hablaban de movimiento de dinero. / Ojo-Publico.com
Las grabaciones también alcanzaron a Gómez Amasifuen mientras coordinaba el pago de los sobornos con el testigo del Caso Madre Mía, Jorge Ávila; y conversaba al mismo tiempo con el cajero del Partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga, sobre los requerimientos económicos que necesitaba para dicha tarea. Las conversiones son explícitas y en ellas se habla de dinero para cancelar los gastos de los testigos, algunos de ellos conocidos como Jorge Ávila que asistía a juicio en esos días, y otros escondidos bajo un seudónimo. De los diálogos se desprende que otros militares en retiro –al igual de Gómez Amasifuen, pero residentes en diferentes partes de la Amazonía– eran remunerados por el tesorero de Humala porque conocían los hechos ocurridos en la base contraterrorista del Huallaga.
Otras transcripciones revelan que los principales integrantes del equipo de Humala, incluida Nadine Heredia, su hermano Ilan y el contador Torres Aliaga, hablaban de posibilidades de recibir dinero procedente del extranjero, de transacciones y movimientos financieros en Lima, de visitas de ejecutivos brasileños y de programación de viajes a Brasilia, capital del vecino país, en plena campaña presidencial. En aquella época, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña que lleva su apellido, ya había entregado millonarios montos de dinero a la pareja presidencial. Sin embargo, el Caso Lava Jato aún ni siquiera había empezado.

PROPINAS: Julio Torres Aliaga, en su condición de tesorero oficial del Partido Nacionalista, repartía dinero de la campaña presidencial a los involucrados en el soborno de los testigos del Caso Madre Mía. / Ojo-Publico.com
La operación de interceptación legal de las comunicaciones, impulsada por el entonces fiscal supraprovincial Marco Guzmán Baca y aprobada por el Poder Judicial, se desarrolló entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 2011 entre Keiko Fujimori y Humala, quien finalmente ganó la presidencia. La escucha se originó en el marco de la operación de espionaje contra un personaje vinculado al cabecilla terrorista Florindo Flores Hala ‘Artemio’ en el Alto Huallaga, que además tenía contactos con el Partido Nacionalista.
Este personaje, identificado como Julio Méndez Huamán, un maderero del Huallaga, permitió a la Dirandro llegar al teléfono del militar Gómez Amasifuen (hombre clave en el pasado de Humala en el Ejército), quien entonces tenía un juicio en la Sala Penal Anticorrupción por sobornar a los testigos que acusaban al candidato presidencial en el 2006. Después de obtener el permiso judicial para escuchar a Gómez Amasifuen, la Policía Antidrogas se sorprendió al descubrir los contactos telefónicos de alto vuelo que tenía este último.

EN LA MIRA: La Dirando interceptó las comunicaciones de Humala y su entorno entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011. Aun cuando se sentían espiados, la mayoría de objetivos siguieron hablando por celular. / Ojo-Publico.com
El equipo especial de la Dirandro, dirigido entonces por el general PNP Carlos Morán, estableció que Gómez Amasifuen se comunicaba constantemente por los celulares de tres personajes claves para el candidato Humala: el excoronel EP Villafuerte Macha (nombrado luego asesor presidencial), la periodista Montes Llanos (elegida luego como secretaria de prensa de Palacio de Gobierno) y el contador Torres Aliaga (quien también ocupó un importante cargo en el entorno presidencial).
Inmediatamente después de identificar a estos personajes en la cúpula del Partido Nacionalista, la Policía Antidrogas obtuvo la autorización judicial del caso y el programa Constelación empezó a grabar las comunicaciones del entorno de Humala. Aquel fue el punto de quiebre para grabar las conversaciones del hoy exjefe de Estado. Hoy, a seis años del final de la operación de escucha en la sede de la Dirandro en la avenida Aramburú (Miraflores), los secretos del Caso ‘Humo’ empiezan a abrirse como una Caja de Pandora.

LA HISTORIETA DEL CAPITÁN CARLOS

Por Luis Garcia Miró Elguera- Diario Expreso.
El capitán Carlos no sólo fue un militar acusado de exterminio masivo en la localidad de Madre Mia, Alto Huallaga, durante los años de terrorismo. Ojo que por algo similar el presidente Alberto Fujimori viene purgando una condena de 25 años de carcelería. El capitán Carlos fue, además, golpista (Locumba y Andahuaylas). Posteriormente se transformó en agregado militar (Paris y Corea). El año 2006 acabó siendo candidato fallido a la presidencia. En 2011 reincidió y finalmente alcanzó a realizar su sueño. Un sueño que incluye haberse hecho potentado aprovechándose de millones de dólares que fueron robados al arruinado pueblo de Venezuela y a los contribuyentes de Brasil.
Sin embargo recién se confirma que el capitán Carlos habría alterado sendos rastros – inclusive pruebas- para librarse del largo brazo de la Justicia. Pero, ¿de qué manera? Pagando por comprar conciencias de algunos testigos que inicialmente afirmaron que el capitán Carlos era el culpable de la masacre -torturas, desapariciones, asesinatos- ocurrida en 1992 mientras ocupara el cargo de jefe de la base militar de Madre Mía. Siempre hubo sospechas sobre estos cambios testimoniales. Porque gracias a ellos, este capitán Carlos salió bien librado en un proceso nada menos que por delito de lesa humanidad. Por ese retracto de los testigos, su expediente ni siquiera llegó a ser visto en juicio oral. Así lo decidió Pablo Sánchez, entonces fiscal supremo y posteriormente nombrado Fiscal de la Nación. ¿Saben por quién? ¡Por el capitán Carlos!, que no es otro que Ollanta Humala Tasso. Sánchez concluyó que se habían desdicho los testigos que en primera instancia imputaron al capitón Carlos por delitos de lesa humanidad. El caso llegó a la corte Suprema; concretamente a la sala Penal Transitoria que presidía el vocal José Lecaros. Pero César San Martín -ex presidente de la Suprema a quien por edad competía dirigir la Sala Permanente- según el ex congresista Álvaro Gutiérrez “atropelló al vocal José Lecaros” removiéndolo de la audiencia Penal Transitoria para colocarse él como presidente de esa sala -encargada del expediente Madre Mía- que acabó validando la propuesta del fiscal Sánchez: no ha lugar el juicio oral a Humala. A la luz de las agendas de Nadine Humala y de cientos de audios y videos que en forma sospechosa el fiscal Marco Guzmán Baca habría tenido guardados en algún ambiente del Ministerio Público –pero gracias a la libertad de prensa que ahora impera ya son de competencia pública- el país ha tomado conocimiento de que Ollanta Humala, alias capitán Carlos, habría formalizado tratos con fiscales y jueces para beneficiarse. Incluso en una hoja de las inefables agendas se describe el esquema que -a través de un intermediario apodado “ojitos”- habría planteado la defensa de Humala al vocal San Martín para que se le permita eludir el proceso Madre Mía y así poder candidatear a la presidencia el año 2011.
Esta joyita postuló al poder con la receta chavista; llegó a la presidencia abrigando la ideología lulista; y gobernó el Perú bajo el dictado del corrupto cartel de contratistas brasileños.

El rastro del narcoterrorista que condujo a las escuchas al entorno de Humala

Por Óscar Castilla C. y Jonathan Castro- Ojo Público.
Investigación policial contra un miembro de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga llevó a interceptar las comunicaciones del maderero Julio Méndez, contacto del hombre de confianza de Ollanta Humala: el militar Amílcar Gómez Amasifuen. En las escuchas se hallaron las pistas originarias de la presunta compra de testigos en el juicio por las ejecuciones en la base contraterrorista de la zona.
A mediados de abril de 2011, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) interrogó al narcosubversivo de Sendero Luminoso, Marcelino Gaspar Villar, alias ‘Yebeto’. Su detención se había producido en Aucayacu el 6 de abril, apenas cuatro días antes de la primera vuelta electoral. ‘Yebeto’ había comandado varias acciones subversivas en el margen derecho del río Huallaga por encargo de Florencio Flores Hala, ‘Artemio’.
Para esta investigación Ojo-Publico.com accedió al documento del interrogatorio en el que el subversivo ‘Yebeto’ afirmó que conocía a una persona clave que ‘Artemio’ quería utilizar para entablar contacto con el entonces candidato a la presidencia Ollanta Humala en el 2006: el maderero del Alto Huallaga, Julio Méndez Huamán.
“En esa época estaba a punto de ser elegido presidente y en su plan de gobierno [de Humala] ‘Artemio’ había leído que éste mencionaba una amnistía para todos los que estaban involucrados en denuncias de derechos humanos de la época de los 80, 90 y 2000, tanto militares como policías y senderistas. Eso, en esa época, le interesó a ‘Artemio’ y quería deponer las armas con esa amnistía. Por ello buscó a Julio Méndez, quien le dijo que era amigo de Humala para coordinar con él mismo un acuerdo para la amnistía general si este era elegido”, dijo Gaspar Villar en una declaración desconocida hasta ahora.
Según el relato de ‘Yebeto’, Julio Méndez conoció a Humala cuando este último era jefe de la base antisubversiva en Madre Mía (Alto Huallaga), pues la tropa de dicho cuartel pasaba por sus terrenos, y por eso el candidato presidencial le pidió ayuda en el 2006 cuando se vio acorralado por las denuncias por violación de derechos humanos en la zona.
“El mismo 2006, Humala llamó a Julio Méndez diciéndole que había una denuncia por Derechos Humanos contra él por un asesinato en el caserío de Madre Mía, pidiéndole a Julio Méndez que converse con la familia del asesinado, ya que eran del caserío de La Morada para que lleguen a un acuerdo en que Humala no había cometido el asesinato”, dijo ‘Yebeto’.
Ya en marzo del 2011, la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) había empezado a escuchar las comunicaciones de Julio Méndez, pues “Yebeto” –ya objeto de interceptaciones telefónicas– se comunicaba con él. Entre el 1 de marzo y el 1 de abril del 2011, el expediente madre del ‘chuponeo’ a la cúpula del nacionalismo, sólo registra comunicaciones grabadas a Méndez.

REGLAJE. La Policía Antidrogas captó a Amílcar Gómez Amasifuen entregando dinero al hijo del testigo Jorge Ávila las afuera del Banco de la Nación de la Av. Javier Prado (Miraflores). No fue el único escenario en el que fue captado el militar. / Ojo-Publico.com
La Dirandro detectó que en solo 30 días Julio Méndez se comunicó 29 ocasiones con un hombre de máxima confianza de Humala, el suboficial EP Amílcar Gómez Amasifuen. En las escuchas entre Méndez y Gómez, se habla de entregas de dinero, de actividades personales de Humala y del caso de asesinato y desaparición en Madre Mía.
A raíz de eso la Policía Antidrogas inició el proceso de escucha telefónica de Gómez Amasifuen el 1 de abril, al mismo tiempo que ejecutaba un proceso de vigilancia y seguimiento en la Sala Penal Anticorrupción, en donde el militar y hombre de confianza de Humala era procesado junto con Jorge Ávila y Robinson Gómez Reátegui por el soborno de testigos de las presuntas ejecuciones que habría cometido Humala en la base de Madre Mía. Así empezó la investigación del Caso ‘Humo’.
Un equipo especial de la Dirandro, con el apoyo de efectivos del programa Constelación, realizó el seguimiento de Gómez Amasifuen mientras sobornaba al testigo Jorge Ávila y acompañaba al hijo de este al Banco de la Nación. Dos semanas después de la grabación, los videos del seguimiento acabaron en un diario local.
El militar que participó junto a Humala en el levantamiento de Locumba (Tacna) también fue grabado mientras se encontraba en una actividad proselitista del Partido Nacionalista en San Juan de Lurigancho y saliendo de la empresa de transportes Flores, en La Victoria, en compañía de otro interceptado, Wilfredo Calderón, apodado como ‘Polo’ por los agentes de Constelación.

NO PASÓ DESAPERCIBIDO. Amílcar Gómez fue seguido mientras realizaba tareas proselitistas en San Juan de Lurigancho, como recogiendo material electoral vinculado al Partido Nacionalista en el Centro de Lima. En las fotos del nivel superior, el hombre de confianza de Humala aparece de blanco y en la parte inferior de rojo. / Ojo-Publico.com
Tres personas del entorno más cercano de Humala, que se comunicaban con Gómez Amasifuen, fueron escuchados a partir de la segunda semana de abril del 2011: el asesor desde la primera campaña electoral, Adrián Villafuerte; el tesorero del Partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga; y la secretaria de comunicaciones, Cynthya Montes. A través de ellos la Dirandro obtuvo información de sus conversaciones con Humala, Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, Salomón Lerner y Daniel Abugattás, entre otros.
En ese sentido, anoche, la fiscalía emitió un comunicado señalando que los teléfonos de Humala y Nadine Heredia no fueron interceptados en la investigación que se originó para detener al terrorista ‘Artemio’.
La Dirandro solo conservó las grabaciones relacionadas a las finanzas del Partido Nacionalista y a la presunta compra de testigos del caso Madre Mía, las cuales permanecieron en el olvido durante la presidencia de Humala. Recién ahora empieza a conocerse toda la historia.

Cometieron delitos en todos los niveles del caso Madre Mía

“El caso puede reabrirse porque se trata de derechos humanos”, afirma.

El jurista Marcos Ibazeta manifestó que dentro de las investigaciones por el caso Madre Mía, en el que Ollanta Humala fue acusado e investigado por haber cometido delitos de lesa humanidad, se cometieron diversos delitos en todas las instancias respectivas, tanto por la defensa del acusado hasta los funcionarios del Ministerio Público, por lo que no descartó un intento por proteger y favorecer al expresidente en esta situación.
“Se cometieron delitos en todos los sitios, esa es la apariencia que se está dando, por eso tiene que investigarse, pero para investigar tendría que hacerse en función al crimen mayor (…) Es un delito grave, que ahonda el fraude (mantener ocultos los audios) pero no se debe tocar aisladamente, porque le darían la prescripción (…) Es posible que hayan intentado blindarlo, pero por eso es necesario investigar”, indicó.
Por otro lado, el abogado detalló que el caso contra el exmandatario sí puede reabrirse, si es que siguen los procedimientos de constitucionalidad, debido a que los delitos cometidos habrían sido relacionados a crímenes de lesa humanidad.
“En nuestra legislación interna, ese proceso sería cosa juzgada, pero si hablamos a nivel de constitucionalidad, en función de que esos delitos son concurrentes para encubrir un delito de lesa humanidad, ya no se hace un proceso ordinario, debe pedírsele al Tribunal Constitucional que revise esa situación”, acotó.
“Si el Tribunal Constitucional no procede, hay que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se puede absolver a un criminal (…) El fraude no necesariamente viene de la actividad judicial, viene del acuerdo del acusador y defensa para omitir medios de prueba o falsearlos para confundir al juez. El fraude no es aplicable a San Martín, pero sí a las partes”, añadió Ibazeta.
Fuente: Diario La Razón.

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
“Me dieron 4,500 (dólares), pero en partes”. Así Jorge Ávila Rivera confirmó que los operadores de Ollanta Humala le pagaron para que se retracte de las acusaciones que hizo contra el nacionalista por el Caso Madre Mía. En 1992, Ávila había denunciado ante la fiscalía al ex presidente por la desaparición forzada y el asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, su hermana y cuñado.
La Unidad de Investigación de El Comercio entrevistó a Ávila, quien aún vive en Aucayacu (Huánuco), apenas conocida la existencia de las interceptaciones telefónicas legales al entorno más cercano de Humala y su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia.
“Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar (…) (Me pidió) que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, contó. El suboficial EP en retiro, Amílcar Gómez Amasifuén, había participado en el levantamiento de Locumba bajo la jefatura de Humala pero, además, era sobrino de la esposa del testigo.
Jorge Ávila relató que el dinero lo recibió en el 2006, cuando Ollanta Humala se presentó por primera vez como candidato presidencial. Agregó que durante la campaña del 2011 también le pagaron sobornos aunque, según dice, “solo me entregaron propinas” a cambio de  mantenerse callado. Este testigo del caso Madre Mía aseguró que el dinero vino acompañado de otras promesas: “Prometió, este, estudios superiores para mis hijos, pero nunca me hizo llegar nada”. Este ofrecimiento, según Ávila, se lo hicieron Amílcar Gómez, su cuñado Robinson Gómez Reátegui y hasta el abogado de Ollanta Humala en la primera fase del juicio por Madre Mía, Eduardo Roy Gates, con quien -según él- se entrevistó hasta en cuatro oportunidades  en Tingo María, a unos 40 minutos de Aucayacu.
Ávila sostiene que Roy Gates fue quien, el 2006, le ofreció más beneficios por su silencio que luego no cumplió: “Para que nos pueda dar más educación para mis hijos, más protección para que puedan estudiar mis hijos, pero no quiso. Porque de repente habrá agarrado la plata”.
En respuesta,  el ex asesor presidencial dijo a este Diario que es absolutamente falso lo que señala Ávila: “Yo no he entregado ningún beneficio económico al señor” e indicó que la afirmación que el testigo señala debe probarse. El ex abogado del mandatario solo admitió haber coincidido en más de una oportunidad con Ávila cuando se produjo la reconstrucción de los hechos en la base de Madre Mía.
El testigo sobornado recordó que durante la campaña del 2006 su cuñado Robinson Gómez y Amílcar Gómez lo acompañaron a la notaría de Mario Arias Jaramillo, en Tingo María, para firmar un documento en el que se rectificaba voluntariamente de su denuncia contra Ollanta Humala. Frente al notario solo estuvo presente Amílcar Gómez, quien pagó 100 soles por el trámite realizado.
Otro personaje que, según Ávila, acompañó a Amílcar Gómez en algunas negociaciones fue Cynthia Montes, quien luego se convirtió en la secretaria de prensa de Palacio de Gobierno y es actual integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacionalista: “A ella me la encontré en Tingo María una vez (…) Ella venía con la plata (…) ella no hablaba nada”, afirmó.
Por su parte, Montes negó haber pagado algún soborno a Ávila. Dijo que solo recordaba haber viajado junto a Amílcar Gómez a Madre Mía y Aucayacú  el 2006 para conversar con los supuestos testigos que acusaron a Ollanta Humala.

Libreta “Torre”, página 65

Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21
La libreta llamada “Torre” de Nadine registra una serie de hechos curiosos en la página 65, que invalidarían la situación de cosa juzgada del caso “Madre Mía” si es que se constata la peor conjetura: que hubo un manipuleo judicial al más alto nivel.
En esa página se lee que un tal “Ojitos” habría tenido contactos con un tal “San Martín” para hacer coordinaciones ilegales respecto al caso “Madre Mía” que se resolvió el lunes 21 de diciembre del 2009 a favor de Humala, lo que corresponde correlativamente a las anotaciones. Según lo que allí mismo figura en la libreta, la vista de la causa habría sido el “miércoles” (o sea, ese 16 de diciembre) y el tal “Ojitos” habría llamado por teléfono desde el Congreso a ese “San Martín” el “jueves” (o sea, el día 17 siguiente) y “fueron a Corte Sup (¿“Sup” será Suprema?)”. A continuación se menciona a Hugo Molina, otro juez de la Sala que veía ese caso, con un “+” (nota: positivo) al lado de su nombre.
Finalmente se anota: “Ojitos habló con San Martín no te preocupes, va a salir + (nota: positivo)”. ¿Ese mentado “San Martín” es el mismo juez San Martín que presidía la Sala, integrada también por el juez Hugo Ordóñez?
Asimismo, sería interesante que los medios entrevisten a Carlos Escobar Pineda, ex fiscal y ex abogado de Humala que solicitó testificar en contra de Ollanta por el caso Madre Mía, acusándole de sobornar a testigos. Ver http://diariocorreo.pe/politica/cesar-hildebrandt-sobre-madre-mia-la-compra-de-testigos-es-verosimil-516187/. Todo esto lo declaró Escobar al semanario H-13 en setiembre del 2011. Lamentablemente, el PJ nunca le dejó adicionar su testimonio al juicio.
¿Irán las ONG IDL, Aprodeh y la Coordinadora a denunciar a Humala ante la CIDH tras estas últimas revelaciones?

Hermana de víctima de Madre Mía rechazó pago de US$20 mil

Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
Durante 25 años, Teresa y Carmen Ávila Rivera buscaron justicia y sanción para los autores de la muerte de su hermana Natividad y del esposo de esta, Benigno Sullca, a manos de militares de la base contrasubversiva en Madre Mía. Ellas acusaron a Ollanta Humala, a quien señalaron como el ‘Capitán Carlos’, de ser el responsable directo de ambos asesinatos.
Teresa no aceptó  los ofrecimientos económicos que le hicieron intermediarios del candidato nacionalista para que abandonara las denuncias en su contra. Postura distinta a la de su hermano menor, Jorge Ávila, quien aceptó US$4.500 para retractarse de su acusación.
“La persona que intentó sobornarnos a nosotras fue Robinson Gómez, cuñado de Jorge Ávila, juntamente con Amílcar Gómez, pero a Amílcar Gómez nunca se le veía la cara, sino que solamente se comunicaba con el celular”, recordó Teresa Ávila en entrevista con la Unidad de Investigación de El Comercio tras conocerse las interceptaciones al entorno de Ollanta Humala.
Ella asegura que su sobrina María, hija de Natividad, le advirtió que Robinson Gómez la iba a buscar a su casa en Ventanilla para ofrecerle dinero: “Algo de 20 mil dólares. Entonces yo le digo: ‘Y tú cuánto estás ganando’”. Gómez le respondió que su comisión era de S/1,000.
Teresa le contó a la Coordinadora de Derechos Humanos que Gómez la visitaría y ellos le recomendaron grabarlo y eso fue lo que hizo. Existe un registro visual en el que queda plasmado el ofrecimiento de dinero que le hizo Robinson Gómez, en nombre de Amílcar Gómez, a cambio de que ella retirara su denuncia.
Teresa Ávila recuerda que Robinson también visitó la casa de su sobrina María, hija de su hermana fallecida Natividad, para intentar sobornarla. Primero ofreció US$10 mil y ante la negativa de ambas mujeres, Robinson aumentó su oferta: “Al día siguiente nos ofreció 20 mil”.
Teresa agregó que lamentaba que su propio hermano, Jorge, los haya traicionado a pesar de que él mismo había sido secuestrado y sometido a torturas junto a Natividad y al esposo de esta: “Él se retractó, cambió su versión a cambio de dinero. Después nos enteramos de que mensualmente el señor Ollanta Humala le mandaba su plata a través de Amílcar”. Dice que con ese dinero se compró dos mototaxis a nombre de su esposa y pagó en efectivo, a pesar de que solo ganaba 800 soles mensuales.
Cuando se encontró con su hermano en pleno juicio, Teresa recuerda haberle increpado: “¿Por qué mientes? ¿Por qué hablas que no las has vivido [las torturas]? A nuestra hermana la han matado. ¿Por qué nos malogras? ¿Es que no sientes nada por tu hermana? ‘No –me dijo–. Ustedes sigan para adelante’, me respondió”.
–El encuentro con el ‘Capitán Carlos’–
Teresa Ávila recuerda como si fuera ayer la conversación que asegura haber sostenido con Ollanta Humala cuando se enteró de que un grupo de militares ingresó de madrugada a la casa de su hermana y se la llevaron a rastras.
“Usted los ha traído acá, capitán. Dígamelo de frente. ¿Me vas a entregar a mi hermana o la vas a matar?”. “Mira ve, si está en mis manos, yo sí la voy a matar”, le habría respondido Humala.
En ese momento, Teresa Ávila cuenta que se desesperó y suplicó al llamado ‘Capitán Carlos’: Le dije: ‘Por el amor que usted le tiene a sus hijos, a su familia, a su madre o padre, entrégueme a mi hermana. Si usted va a matar, no mate a mi hermana’ […]. ‘No –me dijo–, antes hubieran pensado en eso’. Le dije: ‘Me corto un brazo porque sé que usted la tiene. A  mi hermana la están torturando arriba’.
Antes de retirarme le dije: ‘Algún día vas a pagar, algún día vas a llorar. Mírame bien, algún día vas a llorar así como mis sobrinos que están llorando esperando a sus padres en su casa, tú vas a llorar. Algún día tus hijos van a llorar’.
–Hallazgo de víctimas–
Días después de aquel encuentro con Ollanta Humala, el cuerpo de Benigno Sullca fue hallado: “Al único que encontré fue a mi cuñado con una bala en la frente […]. Maniatado con ropa de militares. Estaba hinchado y todo, pero lo encontré. De miedo lo hemos tapado con hierbas en el río […]. Su yerno lo enterró por ahí porque no podían hacer pasar el muerto porque [los militares] vigilaban el río”. Los restos de Natividad nunca fueron encontrados.
Carmen, otra de las hermanas, agregó que habló con Ollanta Humala en tres oportunidades sobre la desaparición de su hermana y cuñado. Dice que este le contestó: “Yo no sé qué ha pasado con ellos. Estarán presos, estarán vivos”.  Entonces, Carmen le increpó: “Pucayacu es una zona blanca”. De acuerdo a su relato, Humala Tasso alzó la voz y la botó del lugar: “Fuera de acá […] olvídate de tu cuñado y de tu hermana”.
–Notario identifica a Gómez Amasifuén–
El notario público de la provincia de Leoncio Prado (Huánuco) Mario Aníbal Arias Jaramillo fue la persona que validó la declaración jurada con la que Jorge Ávila, testigo del Caso Madre Mía, se retractó en el  2006 de su acusación contra Ollanta Humala.
Arias Jaramillo reconoció a Amílcar Gómez Amasifuén como la persona que acompañó a Ávila para hacer el trámite.
“Es la persona que acompañó al testigo que manifestó aquí en mi oficina hacer una declaración jurada para retractarse del Caso Madre Día”, señaló el notario cuando este Diario le mostró una foto de Gómez.
Incluso afirmó que el suboficial en retiro del Ejército Peruano, hombre de confianza de Humala, fue quien pagó por el servicio.

Exabogado de Ollanta confirmó pago a testigo

El ex fiscal superior del caso Cayara, Carlos Escobar Pineda, renunció a su cargo cuando se sintió indefenso en la década del 90 ante las amenazas de muerte en su contra en medio de la arremetida terrorista en el país, experiencia que sufrió en carne propia, ya que su despacho participó en el emblemático caso Cayara.
Ya en 2009, se convirtió en el abogado defensor de Ollanta Humala Tasso, exjefe de la Base Contrasubversiva de Madre Mía en 1992, acusado del secuestro, tortura y desaparición de los esposos Natividad Ávila y Benigno Sulca, así como por las torturas propinadas contra Jorge Ávila Rivera.
En 2006, el juicio se inició en la Segunda Sala Penal Liquidadora Superior de Lima y, por eso, Escobar Pineda presentó un escrito donde testimoniaba ante el tribunal de justicia tener pruebas de que el presidente en ese entonces –Ollanta Humala– sí pagó al testigo Jorge Ávila para que cambiase su versión respecto al caso Madre Mía.
En declaraciones hechas en 2011 a la revista Hildebrandt en sus Trece, Carlos Escobar reconoció que su defendido había mandado pagar al testigo Jorge Ávila, de lo cual estaba decidido a prestar su testimonio verbal ante el tribunal mencionado, que fue publicado por dicho medio de prensa.
Posteriormente, Escobar Pineda se retiró de la defensa de Ollanta Humala (lo reemplazó Eduardo Roy Gates) pero, eso sí, hizo hincapié que lo hacía “honrando su palabra y en cumplimiento de su juramento de defender causas justas”.
Fuente: Diario Expreso.

Luz al final del túnel

Por Carlos Tapia- Diario Perú21.
1).- En marzo de 1989 se crearon 4 bases militares en el Alto Huallaga dependientes del Batallón Contrasubversivo (BCS) 313 en Tingo María. Una de esas bases fue la de Madre Mía, que en 1992 tuvo como jefe al ‘Capitán Carlos’.
2).- Ese año fue muy duro en la zona, se llevó a cabo la operación ‘Cuchara’ que golpeó al terrorismo, pero con altos costos sociales y gran cantidad de desaparecidos. En ese contexto es que Jorge Ávila, que escapó con las justas, denunció que su hermana Natividad y su cuñado Benigno Sullca habían sido detenidos por una patrulla al mando de Humala y luego asesinados.
3).- Durante la campaña de 2006 –con la anuencia del candidato– sostuve en la TV que la pareja desaparecida habría sido trasladada al BCS 313 para ser interrogada por “especialistas”. Ese método se usó en Ayacucho desde 1983. Desde diversas bases se trasladaban detenidos al cuartel Los Cabitos en Huamanga para ser torturados y desaparecidos. El jefe de la base estaba obligado a guardar reserva para evitar que las víctimas sean ubicadas por sus familiares.
4).- Sin embargo, esta tesis falló. Hace 72 horas que se conocieron las escalofriantes conversaciones interceptadas, por orden de la Fiscalía (mayo-junio de 2011), en torno al dinero pagado (US$4.5 mil) a Jorge Ávila para que cambiara de versión librando de culpa a Humala. Se empleaban seudónimos y mensajes encriptados, como se estilaba en la lucha contrasubversiva. Pero, ahora, al estilo mafioso para evadir la justicia.
5).- Escuchando las conversaciones se reconocen a tres subordinados del círculo íntimo del ex presidente, que lo acompañaron en Palacio de Gobierno durante 2011-2016. Y en un anterior video de la entrega del dinero, se nota la presencia del actual abogado defensor de Urresti en el caso del asesinato de Hugo Bustíos. Se ha cerrado el círculo.

Ojitos

El congresista Pedro Olaechea Álvarez Calderón expresó su respaldo a una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haber aprobado una resolución que permitirá reabrir el proceso de El Frontón. La acusación fue presentada al Congreso por un grupo de exmarinos interesados en mantener cerrado el caso.
El legislador de Peruanos por el Kambio (PPK), partido de gobierno, expresó su indignación por esta votación del Tribunal Constitucional, en una conferencia en el pasillo Pasos Perdidos, del Congreso. Lo acompañaron el congresista aprista Jorge Del Castillo, cuyo partido gobernaba en el año del caso, y el abogado Sergio Tapia, muy cercano al fujimorismo, y que patrocina a 22 marinos, entre ellos al vicealmirante Luis Giampietri. Tapia exhibió una copia de la acusación constitucional presentada al Parlamento.
Los magistrados acusados por los marinos son Manuel Miranda, actual presidente de la institución; Marianella Ledesma Narváez; Carlos Ramos Núñez; y Eloy Espinoza-Saldaña. Con su voto, TC resolvió que los hechos en El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, se declararía nula una decisión judicial contraria del 2013.
En la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986, murieron 133 reclusos y 3 militares en un motín de los presos. Los 35 marinos que participaron en el operativo enfrentaron acusaciones de homicidio calificado en procesos judiciales que se extendieron por décadas. La Fiscalía exige condenas de entre 25 y 30 años de cárcel para los involucrados.
Fuente: Diario La República.

Wikileaks señala que Humala perpetró torturas en Madre Mía

“Lo que he hecho es defender a mi país y a la democracia. Tengo confianza en que la jueza [Miluska] Cano se mantendrá imparcial y se resistirá a las presiones políticas que buscan que me encarcelen”, declaró Ollanta Humala a la salida de una citación judicial sobre el Caso Madre Mía (Tingo María) en setiembre del 2006. Actualmente, el candidato presidencial de Gana Perú ha quedado absuelto de los crímenes que se le imputaron, pero esos hechos ocurridos en el valle del Huallaga no pasaron desapercibidos para la Embajada de Estados Unidos.
Así lo demuestra el cable N°51973 de Wikileaks entregado a El Comercio, el cual lleva la firma del embajador James Curtis Struble. En el documento, fechado el 6/2/2006, se describe el testimonio de un oficial del ejército estadounidense (cuya identidad se mantiene en el anonimato), el cual hizo amistad con el candidato presidencial Ollanta Humala a finales de los años 90 mientras estudiaba en nuestro país: “Él [Humala] habló en varias ocasiones sobre su experiencia como capitán en las montañas, y de haber cometido algunos actos de los que no se sentía orgulloso […]. Habló de haber matado rebeldes y de las técnicas de tortura empleadas (‘electric shock’, golpizas y violaciones). No creo que haya tenido el estómago de violar a nadie, pero sabía que ocurría”.
LAS VERSIONES DE TAPIA
En ese mismo cable, también son recopiladas las opiniones de reconocidos activistas por los derechos humanos de ese entonces. Uno de ellos es, paradójicamente, Carlos Tapia, asesor principal del partido Gana Perú, a quien se lo menciona como colaborador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).
Tanto Tapia como Javier Ciurlizza (también del Idehpucp) afirmaron a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que cualquiera que hubiera estado al mando militar en el Huallaga durante los años 1991 y 1992 (período en el que Humala fue designado a la zona durante el primer gobierno de Alberto Fujimori) tenía que estar involucrado con abusos de lesa humanidad.
Según el documento, ambos (Ciurlizza y Tapia) secundaron la versión de Alejandro Silva, consignado como representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)(Silva era secretario ejecutivo adjunto de esa institución). Este último, en una reunión el 31/1/ 2006, explicó que luego de haber realizado un cruce de datos sobre el líder nacionalista (récord de servicios, naturaleza de su entrenamiento; de inteligencia y contrasubversivo, sus características físicas y los tipos de operaciones que realizó en el Huallaga) tenía la certeza de que era responsable de los delitos imputados. El cable de Wikileaks también recalca que anteriormente Silva ya había acusado, a través entrevistas, que Humala era, en efecto, el capitán Carlos Gonzales.
De otro lado, en un segundo cable identificado con el número 63519 del 10/5/2006 se hace referencia a la incoherencia de la actitud política de Tapia. Según el informe, dos semanas antes el ex vocero nacionalista había dejado en shock a varios de sus colegas cuando públicamente se endosó a la campaña humalista del 2006. Hecho por el cual, incluso, señalan se vio forzado a dejar el Idehpucp.
Asimismo, se menciona una conversación que tuvo Tapia en esa época con un funcionario de la embajada, en la cual explicó que había tomado esa decisión porque Ollanta Humala representaba la mejor opción para revivir a la fracturada izquierda peruana (desprestigiada en años anteriores por su posición radical y vínculos con el terrorismo).
Por último, en dicho cable, firmado por el diplomático James Curtis Struble, el especialista en análisis del fenómeno subversivo en el país pareció quejarse de la falta de confianza que percibía por parte del humalismo, dadas sus conexiones con miembros de la embajada estadounidense.
Gana Perú rechaza afirmaciones
Consultado sobre el contenido del cable, el candidato a la segunda vicepresidencia por Gana Perú, Omar Chehade, sostuvo que su publicación es parte de “una guerra sucia” contra el nacionalismo.
“Humala no se escapó cobardemente de la justicia como sí lo hizo Fujimori cuando huyó al Japón. Yo lo acompañé a un sinnúmero de diligencias judiciales. El doctor San Martín, el mismo que condenó a Fujimori por ladrón y asesino, lo absolvió”, precisó.
Tras calificar a Humala como un “héroe y patriota” que se fajó por su país, Chehade mencionó que el cable es un “refrito” que busca desacreditar al candidato.
Asimismo, insistió en que durante el proceso judicial que se siguió a Humala más de 100 testigos acreditaron que no se violaron los derechos humanos en las zonas donde estuvo su defendido. “Fue una lucha heroica por parte de nuestro Ejército. Humala no cometió ningún exceso, ni desapareció a personas. Las pruebas son irrefutables”, aseguró.
Fuente: Diario El Comercio.

Capitán Carlos

Por Américo Zambrano y Nelly Cavero- Revista CARETAS.
Madre Mía parece ser el mismo pueblo fantasmal de hace una década o más. Ubicada en el distrito de Nuevo Progreso, en Tocache, la pequeña localidad no ha cambiado mucho desde 1992, cuando Sendero Luminoso y el narcotráfico florecían como la hoja de coca en el Valle del Huallaga.
Aún carece de desagüe y agua potable. La desnutrición infantil reina y la pobreza se refleja en las calles polvorientas y las endebles casas de madera.
La mayoría de su gente ha sufrido los embates del terrorismo y también los excesos de ciertos militares. Un clima de miedo domina el lugar.
La mañana del último domingo, Susana Villarán, la candidata presidencial por Concertación Descentralista, llegó hasta Madre Mía para recoger los testimonios de personas víctimas de violaciones de los DD.HH.
Durante los últimos 15 días, siguiendo similar derrotero, el fiscal de Tocache, Arturo Campos Vicente, y el jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), Luis Bromley, realizaron excavaciones en busca de restos óseos que certifiquen las denuncias de asesinatos que se habrían cometido durante la permanencia de Ollanta Humala como jefe de la base de Madre Mía, en 1992.
Los peritos realizarán un trabajo de arqueología forense que consiste en remover la tierra varios metros abajo, empleando la técnica de “pozos de cateo”. Pero nada aún. La base de Madre Mía fue también inspeccionada de cabo a rabo. Sólo se encontraron casquillos de bala y restos arqueológicos.
“Tenemos que explorar otros sitios y evaluar bien los testimonios”, dijo Bromley a CARETAS. Los seis testigos del caso ya fueron interrogados.
Sin embargo, fuentes del despacho del fiscal Campos Vicente sostienen que algunos han caído en contradicciones. Hasta ahora, afirman, el testigo más sólido es el “sobreviviente de Madre Mía”: Jorge Ávila Rivera.

Testigos Claves

En Aucayacu es común verlo en bicicleta rumbo al trabajo, callado y taciturno. El 21 de junio de 1992, Jorge Ávila Rivera, hoy de 47 años, fue detenido en la zona de Pucayacu durante una redada antiterrorista ejecutada por una patrulla militar al mando del entonces capitán EP Ollanta Humala.
Con él fueron intervenidos su hermana Natividad Ávila Rivera y su cuñado Benigno Sullca Castro. Se les condujo a la base de Madre Mía.
“Nos acusaron de terroristas”, recuerda hoy claramente: “Pero era mentira. Yo he sido correteado por Sendero y por el Ejército a la vez”.
En el cuartel, asegura Ávila Rivera, fueron torturados por orden de Ollanta, a quien reconoce como el ‘capitán Carlos’. Al día siguiente su hermana y cuñado, sostiene, fueron asesinados. Él logró escapar, pero no olvida.
La desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sullca fue documentada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y el caso de Ávila Rivera es conocido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) desde mucho antes de que Ollanta irrumpiera en la escena política.
“Para nosotros su versión es coherente, minuciosa, sustentada e inalterable en el tiempo. Es un testigo clave”, señala Alejandro Silva de la CNDDHH.
CARETAS lo entrevistó esta semana en Aucayacu. Catorce años después, las heridas no han cerrado para Ávila Rivera. Este es su dramático testimonio.
–¿Está seguro que fue Ollanta Humala quien ordenó torturarlo?
–(Observa la fotografía y no duda) Sí, lo estoy.
–¿Y qué le hizo?
–Me detuvieron el 21 de junio de 1992 y fui torturado toda la noche. Mientras me golpeaban, él (Ollanta) fumaba, conversaba, reía y a veces gritaba. Me pusieron corriente en los dedos y en el cuerpo. Yo estaba amarrado a una silla. Luego quisieron ahogarme en un pozo. Me golpearon mucho. Para que no se escucharan mis gritos de dolor, los militares prendieron su radio a alto volumen. El ‘capitán Carlos’ estaba mirando todo. Cómo podría olvidarme de él…
–¿Cuántos días sufrió esas torturas?
–Un solo día. A la madrugada siguiente, él (Ollanta) ordenó que nos mataran.
–¿Usted vio también cómo torturaban a su hermana y a su cuñado?
–Observé cómo golpeaban a mi cuñado. Él no paraba de llorar y suplicar.
–¿Y cómo logró salir con vida?
–A eso de las 2 de la madrugada del 22 de junio, el ‘capitán Carlos’ ordenó que nos amarraran y llevaran a un lugar llamado ‘El Matadero’ para ejecutarnos. En el lugar, mi hermana y mi cuñado lloraban porque nos iban a asesinar. Pero en un descuido de los soldados, logré desatar mis manos y me lancé al río Huallaga. Al poco rato escuché disparos. Habían asesinado a mi hermana y a mi cuñado. Sólo se encontró el cadáver de él. Ella nunca apareció. Estuve oculto hasta el día 24 de junio. Recuerdo que al salir pasé una noche en la ganadería del señor Contreras. Luego me escondí por un tiempo.
–Ollanta dice que a ustedes les han pagado para acusarlo.
–Mire, he quedado mal. Producto de las torturas que ordenó el ‘capitán Carlos’ tengo secuelas: dolores físicos, pesadillas, problemas. Todo es verdad.
–¿Ha sufrido algún tipo de amenaza?
–Hemos pedido garantías personales porque si él gana, nuestra vida peligrará.

¿Bastión Humalista?

Paradójicamente, durante su visita a Madre Mía, Villarán se topó con una sorpresa: la localidad parece ser un bastión de Ollanta Humala.
El único local partidario que opera allí es, ciertamente, el del militar retirado. Pobladores que antes lo habían identificado como el ‘capitán Carlos’, autor de violaciones de los DD.HH., ahora esgrimen otra posición.
“La primera obra de Ollanta será en Madre Mía. Por eso votaré por él”, dice un sujeto de cabellos hirsutos. Una mujer que evitó identificarse aseguró que el candidato sí era el ‘capitán Carlos’, pero “igual le daré mi voto”.
Villarán atribuyó estas versiones al temor. En base a cifras de la CVR, sostuvo que, en la última década, unas 3,000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. “En Madre Mía hubo una política sistemática de violación de los derechos humanos”, afirmó empapada por una copiosa lluvia.
Informaciones de las organizaciones de DD.HH. indican que en 1991, 1992 y 1993 se efectuaron tres grandes operativos militares en la zona: ‘Primavera’, ‘Cuchara’ y ‘Aries’, respectivamente. En cada uno de ellos, participaron contigentes del Ejército que superaban los 500 efectivos. Y se estima que los desaparecidos por cada operación superarían los 50.
La candidata visitó la cueva ‘Pata de Gallina’, donde según ciertas versiones se ocultaron cadáveres, y echó flores en el río Huallaga “en memoria de todas las personas cuyos cuerpos fueron arrojados a las aguas”.
“Pero aquí hay fosas comunes”, advirtió mientras el sol moría en el horizonte verde: “Debemos encontrarlas”.

Collera Verde: los militares en retiro que acompañan al candidato

Es común, durante las actividades del candidato Ollanta Humala, observar a personal de porte militar que lo rodea y protege. ¿Alguna cara conocida?
CARETAS 1915 reveló que, entre estos personajes, aparece el coronel EP (r) Estuardo Loyola Machado. Del arma de artillería, al igual que Ollanta, este oficial es compañero del actual comandante general del Ejército, César Reinoso Díaz, en la promoción “Coronel Manuel Chocano Soto” de 1973.
El diario La República informó que Loyola Machado, firmante del ‘acta de sujeción’ a Vladimiro Montesinos, prepara el terreno de los lugares donde el candidato realizará mítines, en Lima o provincias.
Otro es el coronel (r) Manuel Goycochea, quien fue hombre cercano al ex comandante general, José Graham, según fuentes castrenses.
El candidato recibiría también la asesoría del coronel EP en retiro José Hinojosa, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).En el libro “Muerte en el Pentagonito”, del periodista Ricardo Uceda, el ex agente del grupo Colina, Jesús Sosa, lo relaciona a las muertes e incineración de dos estudiantes de la Universidad Técnica del Callao, en 1993. Entonces, Hinojosa era jefe del Departamento de Búsqueda de Información, SIE-1.
Siguiendo a Ollanta aparece también el coronel (r) Adrián Villafuerte Macha. Este oficial es uno de los hombres de su mayor confianza, según fuentes de su entorno. Villafuerte estudió en la Escuela de las Américas y fue secretario del ex comandante general montesinista, César Saucedo Sánchez.
La semana pasada, el ministro de Defensa, Marciano Rengifo, dijo que oficiales retirados realizaron proselitismo político en ciertos cuarteles, pero apelando al “secreto” se negó a identificarlos. ¿Algún partidario de Ollanta Humala?

¿Les salvará San Martín de Porres?

Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21.
Y todo indicaría que parte de esos más de 100 audios confirmarían la siempre sospechada compra de testigos en la selva para sepultar el caso Madre Mía, operación de salvataje que, como indican las libretas de Nadine, se complementó posteriormente con visitas y coordinaciones de un abogado apodado “Ojitos” con un tal “San Martín” en el Poder Judicial para limpiar al “Capitán Carlos”, a finales del año 2009. Estos audios sí que ponen en aprietos a Humala, pues los casos de DD.HH. nunca prescriben, son muy fáciles de reabrir y se aceptan todas las pruebas posibles. Tampoco existe la cosa juzgada. Y las que quedan embarradas como palo de gallinero son la izquierda y las ONG de DD.HH, que se hicieron las locas con Madre Mía desde el momento en que Humala se volvió su candidato (y el de los brasileños) para llegar al poder. Allí sí que JDC, Villarán y Ernie se quedaron tranquilitos.
Solo como dato para enriquecer al lector, el caso Madre Mía acabó finalmente en diciembre de 2009, cuando la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema decidió archivarlo. Esa sala estaba presidida por el juez supremo César San Martín.