DENUNCIAN QUE VIZCARRA NO QUIERE RENUNCIAR POR MACHISTA

A pesar de que proclamó paridad y alternancia para que más mujeres participen en política, presidente se niega a dejar la posta a la exministra de Economía, aseguran.
“Deje que asuma por primera vez en la historia del Perú una mujer, demuestre con su dimisión al cargo que no es machista”, indicó el congresista Roberto Vieira, respecto al discurso del presidente Martín Vizcarra, de querer dejar el poder previa reforma constitucional y referéndum.
Hace unos meses, el mandatario presentó al Parlamento diversos proyectos para cambiar la Carta Magna y la Ley de Elecciones, dentro de las cuales estaba la paridad y alternancia, a fin de que por cada hombre congresista, haya una mujer.
“Hay más mujeres que el último gabinete, un aumento de presencia de mujeres, tenemos un gabinete paritario, no se ha sacrificado la gestión por el género. Busco que las niñas crezcan sabiendo que pueden ser ministras, tenemos que trabajar para que haya equidad”, señalaba también el premier Salvador Del Solar, en marzo.
También Yeni Vilcatoma sostuvo que era el momento de que los hombres cedan la posta en el poder a las mujeres en las más altas instancias del Poder Ejecutivo.
“¡Ojalá tengamos muy pero muy pronto a Mercedes Aráoz como la primera mujer Presidenta del Perú!”, expresó en redes sociales.
En los últimos días, Vizcarra y Aráoz protagonizaron momentos tensos, cuando ella no saludó el anuncio de adelanto de elecciones, y luego el mandatario no la saludó como a otras personas en la parada militar.
Fuente: www.manifiestoperu.com

La “crisis política” es una farsa

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El golpismo caviar, a través de un contubernio de medios y opinólogos, está vendiendo la especie de que ha sido la crisis política causada por la mayoría en el Congreso la que hace viable la “salida” demagógica propuesta por Martín Vizcarra de adelanto de elecciones generales. De más está decir que eso es una farsa. No existe tal “crisis política” en términos de obstruccionismo del Congreso.
El Parlamento, tanto en los gobiernos de Pedro Pablo Kuckzynski como de Martín Vizcarra, le ha dado al Ejecutivo todos los instrumentos solicitados en su momento para legislar y llevara a cabo todas las medidas para administrar la cosa pública y reactivar la actividad económica. En simple: el Ejecutivo desde que asumió el 28 de julio de 2016 ha tenido la mesa servida por el Legislativo para gobernar.
No se puede argumentar con la falacia de que porque se censuró a un ministro o se rechazó una cuestión de confianza de un premier tramposo el Congreso no dejó gobernar al Ejecutivo. Si el gobierno de PPK se fue por el desagüe no fue por culpa del Parlamento sino porque estaba gravemente comprometido con la corrupción de Odebrecht, como lo demuestra que el expresidente esté hoy con arresto domiciliario impuesto por el Poder Judicial.
Tampoco es una crisis de gobernabilidad que la Junta Nacional de Justicia haya fracasado estrepitosamente en su intento de reemplazar al caduco CNM. ¿No fue ese proyecto apurado obra del Ejecutivo? ¿Acaso la justicia no sigue funcionando? ¿El Poder Judicial ha sido declarado en emergencia por sus propias autoridades? ¿La presencia de Chávarry en el Ministerio Público es una cuestión de Estado que afecta el funcionamiento del país como lo haría la permanencia de César San Martín en la Suprema? ¿Que se haya fugado Hinostroza es culpa del Congreso o de la policía que depende del gobierno? ¿Y que la reforma política que no se podrá aplicar en las fechas que propone el mismo Ejecutivo para el adelanto de elecciones no es acaso la principal violación a la esencia de la misma?
¿Es de vida o muerte para el bolsillo o la generación de empleo de los peruanos la inmunidad parlamentaria que ha servido de pretexto para que se adelanten las elecciones? Y, por último, ¿la mano tendida de una agenda de emergencia para el país propuesta por el presidente del Congreso al presidente de la República en su discurso del 27 de julio es “obstruccionista” o más bien indica todo lo contrario?
¿Cuál es entonces la crisis política? Si hay una es la del golpismo promovido por un sector que no ha sido elegido por el voto popular –y que, como dijo el presidente del Congreso, “no asume ninguna responsabilidad a no ser con quienes los financian”– y por la mayoría de los medios de comunicación copada por los “antis” y el aceite de plata de la publicidad estatal.

Mercedes Aráoz: “Hay que corregir los errores”

La vicepresidenta de la República dio una entrevista a CARETAS y descartó toda posibilidad de renuncia.

En entrevista con Enrique Chávez de CARETAS, la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, no descartó buscar la oportunidad de tener un diálogo con el presidente Martín Vizcarra para trabajar en “corregir los errores”.
Esto después de que ella se viera sorprendida, durante el discurso de Fiestas Patrias, donde Vizcarra anunció que presentaría un proyecto de Ley para adelantar las elecciones. Al término del discurso, todos los ministros aplaudían de pie, mientras la vicepresidenta permaneció sentada. Además de eso, durante la a Gran Parada Cívico-Militar se pudo notar una fría distancia.
Aráoz señaló que importante ese diálogo porque “hay que corregir los errores”.
Para Mercedes Aráoz el tema de vacancia y confianza no son buenas ideas porque “generan una inestabilidad política”, no solo para ahora sino para “mañana cuando venga cualquier gobernador o grupo legislativo que si no le gusta este presidente lo saco”.
La vicepresidenta señaló además que actualmente es muy difícil que “haya un escenario para más colaboración”.
Meche descartó cualquier interés de postular diciendo que “el puesto no me interesa”. Ella asegura que lo que le preocupa en “la situación en la que estamos y creo que hay que darle una oportunidad al país”.
Su reflexión sobre la posibilidad de renunciar no es una decisión que esté considerando ahora ya que “el presidente no ha planteado renunciar y yo por qué voy a renunciar si él no”.

VIZCARRA Y SUS EFECTOS ESPECIALES

Por Alfonso Baella Herrera- Posición.pe
Vizcarra, da la impresión, ha puesto en jaque al Congreso. Lo ha hecho mediante el anuncio de un proyecto de ley que adelanta las elecciones generales en 1 año. En lugar de hacerlo como esperábamos en abril del 2021, votaremos, si se aprueba su cambio constitucional, en abril del próximo año.
¿Por qué el presidente hizo esto?
Los últimos días de Vizcarra hasta antes del mensaje de 28 de Julio dicen bastante del ambiente que lo rodeó y en el que concibió su mensaje presidencial. Hagamos un recuento y seguro entenderemos mejor lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que sucederá.
Antes, una pequeña digresión.
En principio, Vizcarra está rodeado no solo de asesores internacionales y nacionales, sino del mismo grupo de rodeó a PPK, y que lo llevó de la mano a confrontar y no a gobernar. Recordemos que cada vez que PPK intentaban construir puentes con el congreso, su camarilla -de blogueros, troles, periodistas, ONGs y medios- se encargaba de destruirlos. Con Vizcarra ocurrió lo mismo. Inicio su mandato tranquilo, centrado y respetuoso, y rápidamente cayó en manos de ese mismo grupo que lo tiene, como tuvo a PPK, capturado.
Pero vayamos al camino que transitó el presidente hasta antes del mensaje del último 28 de Julio. Los meses, semanas y, sobre todo, los días anteriores al mensaje han estado rodeados de una serie de reveses políticos.
En abril, luego de varios meses y de millonarias perdidas, se logró romper el bloqueo de vías en la mina Las Bambas. Pero el gobierno mostró su lado débil y evidenció la inexperiencia de su PCM que aceptó y firmó todas las actas que los dirigentes de las comunidades exigieron. El gobierno perdió autoridad y abandonó a la empresa a su suerte. Los comuneros demostraron quien manda y se lo hicieron saber a todo el país.
Entre mayo y junio se produjo la caída de la reforma de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, que después de un año tuvo que abortar. El hecho de que solo tres abogados de 104 postulantes hayan aprobado el examen de conocimientos para integrar la JNJ, instancia que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, fue simplemente una vergüenza. Peor aún, el único magistrado en aprobar no pudo juramentar porque la comisión dispuso suspender la misma tras conocer que tenia un proceso penal en trámite.
A principios de julio se produjo otra frustración. Esta vez en el Consejo de Reforma de la Justicia, organismo que habia sido creado en mayo por el gobierno y en el que Vizcarra se había hecho elegir su presidente. A mediados de Julio, se fue Ernesto Blume del Tribunal Constitucional, y Walter Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo y José Luis Lecaros, presidente del poder judicial, criticaron el nombramiento de Vizcarra. El Consejo se paralizó.
Tía María ha sido otro tema pésimamente abordado por el gobierno. A pesar de entregar la licencia de construcción, el presidente dio marcha atrás y sucumbió al ultimátum de 72 horas que, desde Arequipa, lanzó el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y reculó diciéndole a la empresa: “si no se aclaran las dudas simplemente no hay proyecto Tia María”. En Arequipa, ante su derrota en la negociación, el presidente solo atinó a dar una conferencia cambiando el eje de atención, atacando al Congreso por haber desestimado la acusación constitucional contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Al día siguiente el gobernador firmó la anulación del contrato de servidumbre de uso de 49 hectáreas de terrenos de propiedad del gobierno regional con la empresa Southern, propietaria de Tía María. El viaje de negociación de Vizcarra fue un fracaso. Los policías siguieron siendo atacados y las vías continuaron bloqueadas. Esa inversión, lamentablemente, está sumamente complicada.
Mientras esto ocurría entidades financieras y analistas internacionales bajaban las proyecciones del crecimiento del PBI para este año de 3.9 a 2.9. La razón es que el clima de crispación. acional ya pasa factura. Por si fuera poco, nuevas encuestas mostraban la caída en la aprobación presidencial. 20 puntos en el Sur y 6 a nivel nacional eran los resultados más conservadores porque los servicios de inteligencia saben que la caída es estrepitosa. El terror: nada hace pensar en un cambio en la tendencia. Vizcarra se desploma y la siguiente medición, a principios de agosto, mostraría una caída catastrófica.
La última carta “salvadora” del presidente, y sus aliados mediáticos y oenegeros, pareció estar, irónicamente, en el Congreso. A pesar de no tener partido ni bancada, aunque sí interesados congresistas operadores que reciben puestos de trabajo y otros beneficios para familiares, Vizcarra jugó a través de su PCM, todas las cartas a Daniel Salaverry. Sin embargo, el sábado 27 se esfumó cualquier posibilidad de manejo del Congreso cuando Pedro Olaechea, 76 votos contra 47, ganó la presidencia de la mesa directiva.
Así las cosas, es decir, en un ambiente sin resultados políticos y sin gestión, necesitaba algo que, como tantas veces hemos visto en los últimos años, nos hiciera mirar a todos hacia un lugar distinto del que deberíamos. La idea era distraer y probar suerte con algún anuncio “a ver cómo nos va”.
Pero debe haber algo más. Rumores de todo tipo han venido circulando en Lima sobre la existencia de información que se revelaría pronto. Esta información es de tal gravedad, que lo llevaría a renunciar si no es vacado en el acto.
Ahora bien. Visto todo en perspectiva se concluye lo siguiente. Primero, que Vizcarra simplemente no puede y no sabe, gobernar. Tampoco sus ministros que bajo la inexperta conducción de Salvador del Solar no aciertan ni en la gestión ni en la política. Segundo, el grupo que lo tiene capturado, y que alienta el populismo y el odio, ve en Olaechea una real amenaza. Sabe que, desde la presidencia del congreso con un par de movimientos bien hechos, puede perder todos sus privilegios y su poder. Eso está a punto de ocurrir y ya se aprestan a enfilar sus baterías para difamar y atacar. Tercero, el presidente y algunos de su entorno, no quieren seguir, pero no quieren ir presos y por lo tanto saben que él único camino es huir hacia adelante.
La propuesta del presidente por 28 de Julio, está enmarcada en este contexto. Quiere escapar porque teme a Chavarry y ahora le aterra Olaechea. Vizcarra se sabe descubierto con rabo de paja, y por ello busca distraer. Porque ¿Si se siente tan incapaz de gobernar -y lo es- por qué no renuncia y punto?
Las piruetas del domingo 28 de Julio, en medio de la fiesta nacional y de la celebración por los Panamericanos, no tienen justificación. Como se pregunto Mario Ghibellini ayer, en canal N: ¿Se trata de la propuesta de un estadista o la de un especialista en efectos especiales?
Vizcarra, en realidad, está huyendo de su responsabilidad y en esa carrera pretende llevarnos de encuentro a todos los peruanos. ¿A qué le teme el presidente?

Jeffrey Epstein

Por SANDRO POZZI– Diario El País.
Jeffrey Epstein, acusado de haber explotado sexualmente a decenas de niñas, deberá esperar en prisión hasta la celebración del juicio. El magistrado neoyorquino Geoffrey Berman considera que es peligro para la comunidad. El financiero se enfrenta a 45 años de cárcel si es declarado culpable. Epstein ya pasó 13 meses en la cárcel hace una década tras admitir que prostituyó a una menor, pero el pacto al que llegó con los fiscales de Florida está en cuestión mientras crecen las evidencias día tras día.
Los abogados de Epstein argumentaron que su cliente necesitaba estar en libertad para preparar su defensa e insisten en que no cometió más abusos desde 2005. Así, propusieron al juez que se le permitiera permanecer bajo arresto domiciliario, con permiso solo para dejar la mansión por cuestiones médicas y cualquier visita debería ser autorizada previamente. También aceptó llevar un dispositivo con GPS, entregar su pasaporte y que se instalaran cámaras de vigilancia.
Para reducir el riesgo de fuga a otro país, la defensa planteó además que su avión quedará en tierra y se inmovilizarán sus coches. Epstein se comprometió además a facilitar la información sobre sus finanzas, aunque pactó que los detalles de su patrimonio no se hicieran públicos. La fiscalía, en otro documento, estimó su fortuna en 500 millones de dólares. La mansión que tiene en propiedad en Manhattan se utilizaría como colateral.
Pero el paquete no fue suficiente para convencer al magistrado. “El gobierno ha establecido el peligro que supone para los demás y para la comunidad con evidencia clara y convincente”, afirma Berman en su decisión, en la que también cita el riesgo de fuga. “Dudo que cualquier paquete de fianza pueda superar el peligro para la comunidad”, remacha.
El financiero ya se declaró no culpable tras su arresto. La defensa insiste en que su cliente “luchará” estas alegaciones y cuestionan la legalidad de la acción de la fiscalía neoyorquina, al considerar que las acusaciones “están fuera del margen de la ley”, porque en el acuerdo que firmó en 2008 se le prometió inmunidad y representa un pacto “global”.
Ese pacto que supervisó Alex Acosta cuando era fiscal federal en Florida está ahora en el centro de la controversia. El escándalo le forzó a dimitir el pasado viernes como secretario de Empleo en la Administración que presidente Donald Trump. El republicano era una de las figuras de élite que formada el círculo social de Jeffrey Epstein. También incluía al expresidente demócrata Bill Clinton.

Finanzas

El origen de la fortuna de Epstein es un misterio. La información sobre su patrimonio está siendo un punto de interés, más allá de que sirviera al juez para fijar el montante de la fianza. Sus abogados temen que pueda alimentar aún más en frenesí mediático, por eso batallan para que se mantenga en secreto. “En algún momento deberá someterse a juicio”, argumentaron. La mansión en Manhattan, epicentro de la trama pedófila, tiene un valor de 77 millones de dólares.
Epstein está retenido en una cárcel de máxima seguridad en Manhattan, el mismo centro penitenciario donde se encuentra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La fiscalía dijo que permitirle estar en su mansión habría sido como dejarlo en una “prisión privada”. Además, presentó nuevas alegaciones, entre ellas haber tratado de silenciar con efectivo a dos potenciales testigos. La defensa respondió que era un pago a un empleado y un amigo.
Tras el arresto de Epstein dieron el paso al frente otras jóvenes en varias jurisdicciones, que denuncian haber sido asaltadas cuando eran niñas. Dos intervinieron en la vista celebrada el lunes. Una fue abusada cuando tenía 16 años, tras volar al rancho en Nuevo México, y la otra en la mansión en Palm Beach con 14 años. Evitaron entrar en detalles pero pidieron al juez que no dejara al acusado en libertad porque temían por su seguridad. Berman dijo que el testimonio fue determinante al negar la fianza.
Hay también testigos que estarían hablando con los investigadores. Las evidencias que aporten podrían servir así para cimentar la investigación de su entorno de colaboradores. El caso renació después de que el Miami Herald publicase un extenso reportaje de investigación sobre el polémico pacto. La fiscalía quiere que la mansión en Nueva York sea confiscada es declarado culpable, para con el dinero compensar a las víctimas. Los activos de Epstein incluyen también una isla privada en el Caribe.

Ghislaine Maxwell: la mujer en el epicentro del escándalo Epstein

El caso Jeffrey Epstein sacude a la opinión pública. El millonario es acusado de haber abusado sexualmente de cientos de muchachas menores de edad y casi sale impune de lo ocurrido. Cuantos más detalles salen a la luz, más claro está que otros personajes destacados podrían estar involucrados en el escándalo. El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, reina de Inglaterra, presuntamente pudo haber abusado sexualmente de jóvenes que Epstein le habría proporcionado. Alexander Acosta, exsecretario de de Trabajo estadounidense, tuvo que dimitir el pasado 12 de julio de 2019 al ser cuestionada su actuación como fiscal a principios de la década de 2000, tras alcanzar con acuerdo que permitió a Epstein eludir la prisión de por vida. Y se sabe que tanto Bill Clinton como Donald Trump tenían amistad con Epstein.
Pero hay una mujer, cuyo nombre es menos conocido, que jugó un papel muy distinto en el escándalo de abusos sexuales de Epstein. Se trata de la británica Ghislaine Maxwell, de 57 años, quien se desempeña como “socialité”. Tras una breve relación amorosa con Epstein en 1992, continuaron siendo amigos. Durante años, Maxwell se habría dedicado a seleccionar menores y entrenarlas para tener sexo con el millonario. Es el caso de Virginia Roberts. En 1998, la joven tenía 15 años y trabajaba en el spa del Club Mar-a lago de Trump, en Palm Beach, Florida. Allí conoció a Maxwell, quien se la presentó a Epstein. En principio, le propusieron convertirse en masajista del millonario, que le triplica en edad, pero pronto se desveló la mentira. En un video publicado por el diario Miami Herald, cuya periodista Julie K. Brown reveló el escándalo, Roberts relata cómo, después de aceptar la oferta de trabajo, comenzó una “formación laboral” en la que aprendió, entre otras cosas, a dar placer oral a un hombre. Aprendió también a comportarse de forma sumisa y servil y “cómo darle a Jeffrey lo que le gusta”. “La propia Ghislaine fue quien me instruyó. Sorprende que una mujer permita algo así. Y no solo es que lo permitiera, sino que me llevó a hacerlo”, dice Roberts.“Yo tenía miedo y esta gente tenía poder”
Roberts asegura que se convirtió en parte del séquito de Epstein y que fue obligada una y otra vez a acostarse con el millonario y sus poderosos amigos y socios hasta que tuvo 19 años. Según ella, sufrió abusos sexuales por parte del príncipe Andrés de Inglaterra. Hay una foto en la que se observa cómo el noble británico toma por la cintura a Virginia Roberts, que entonces tenía 17 años. La imagen fue tomada en la residencia londinense de Maxwell, que aparece sonriente al fondo de la foto. La británica niega tajantemente las acusaciones y asegura en un comunicado ser víctima de “mentiras y afirmaciones difamatorias”.
Roberts asegura que, en 2007, cinco años después de haber salido del círculo sexual de Epstein, Maxwell la llamó por teléfono para pedirle que nunca contara lo sucedido. Y ella lo ocultó durante mucho tiempo. “Era joven, tenía miedo y esta gente tenía poder”, explica. Años después, interpuso contra Maxwell un proceso civil, pero el caso quedó zanjado en 2017 con una compensación económica de monto desconocido que Maxwell abonó a Roberts.
Agente de menores y protectora de los mares 
No se sabe demasiado de la vida privada de Maxwell. Es hija del magnate mediático británico Robert Maxwell, fallecido en extrañas circunstancias en su yate en 1991. Cuando murió estaba fuertemente endeudado y había tomado dinero del fondo de pensiones de sus empleados. Tras el fallecimiento de su progenitor, Maxwell emigró a Estados Unidos, entre otras cosas, para eludir a la prensa del corazón de su país. En 2012 fundó la organización de ayuda TerraMar Project, dedicada a la protección de los océanos.
Epstein dijo en una ocasión que Maxwell era su “mejor amiga”. En la revista Vanity Fair, llegó incluso a asegurar que la británica organizaba “gran parte de su vida”. Según Roberts y otras mujeres, ese aspecto también incluía conseguir muchachas jóvenes para el millonario.
En  abril de 2018, Maria Farmer, una antigua empleada de Epstein, aseguró públicamente que ella y su hermana pequeña, que entonces tenía 15 años, fueron abusadas sexualmente en dos ocasiones por Maxwell y Epstein en la década de 1990. Farmer también dijo haber observado a menudo cómo jóvenes muchachas entraban en la vivienda de Epstein en Nueva York. “Cuando le pregunté a Maxwell por qué esas chicas venían tan a menudo, me respondió que se postulaban como modelos”.
Epstein y Maxwell también alcanzaron un acuerdo de compensación con Sarah Ransome, a quien habrían prometido pagarle sus estudios si satisfacía sexualmente a Epstein y sus amigos. Observadores suponen que el próximo procedimiento judicial contra Epstein podría conducir a nuevos procesos contra personas de su entorno. Posiblemente, Ghislaine Maxwell deba entonces responder también ante la Justicia.
Fuente: Deutsche Welle.

De Belaunde, abusos sexuales y Orwell

Por Uri Ben Schmuel– www.cafeviena.pe
Parafraseando la línea más conocida de “Rebelión en la granja”, pareciera que todas las denuncias son iguales pero hay algunas que son más iguales que otras. Y esto viene a cuento de que está listo para su revisión y aprobación final el informe resultante del trabajo realizado por la “Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas” que preside el congresista Alberto de Belaunde. El objetivo que el título de la comisión persigue es, de por sí, laudable. Todo peruano, en su sano juicio, quiere un país libre de la lacra de los abusos sexuales, cuánto más de aquellos en los que la víctima es un menor de edad.
Sin embargo, analizando el proceder del congresista, hay algunas observaciones que no solo es relevante hacer, sino que consideramos que merecen la atención de De Belaunde y una respuesta de su parte. Por claridad, las plantearemos en modo de pregunta. La primera es de orden formal: ¿Cuál es la razón, señor congresista, por la cual en la creación de la comisión se violó el Reglamento del Congreso? ¿No estaba usted al tanto de que dicho documento establece que quien propone la creación de una comisión no debe estar involucrado en su actividad? ¿Fue un error por desconocimiento? Si conocía la disposición, ¿por qué la transgredió?
La segunda atañe a la naturaleza de la comisión. El ciudadano que lee el título “Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas” espera que el trabajo de investigación sea, efectivamente, lo más exhaustivo posible en relación con las instituciones públicas o privadas. El plan de trabajo de la Comisión señala que la grave situación de los abusos sexuales ha tenido tres casos emblemáticos y dada la limitación de tiempo -que luego se extendió- y de recursos, y la vastedad de denuncias de abuso sexual, se centraría únicamente en esos tres casos relevantes.
¿Bajo qué criterio se ha considerado que esos tres casos son los más “emblemáticos”? ¿Existe acaso algún tipo de medida objetiva que determine por qué una víctima es más o menos digna de ser considerada para una investigación de esta naturaleza? El congresista De Belaunde no debe ignorar que el año 2018 culminó con 1048 denuncias de violencia sexual contra estudiantes perpetradas en los colegios públicos y privados de todo el Perú, según el portal del MINEDU (www.siseve.pe). De los casos registrados 712 tuvieron como agresores a integrantes del personal educativo. ¿Ninguno de estos merece la atención de la comisión del Congreso?
Por otro lado, el portal utero.pe reporta 10 casos de abusos sexuales en la iglesia católica peruana que están pendientes de atención y que no se incluyeron en la investigación de la Comisión. (http://utero.pe/2018/01/18/modopapa-10-denuncias-de-abusos-sexuales-en-la-iglesia-catolica-peruana-que-no-veras-en-otro-lugar/). ¿Por qué, por ejemplo, esos casos no fueron atendidos y otros sí? ¿Por el número de víctimas? ¿Por la cobertura mediática?
Finalmente, la tercera observación se refiere directamente a usted, señor congresista. Antes de iniciar los trabajos de investigación, usted adelantó en varias ocasiones su opinión respecto de una de las instituciones que luego investigaría la comisión. Entre febrero de 2017 y febrero de 2019 se pronunció en medios de comunicación, al menos ocho veces, ventilando su opinión sobre los abusos en dicha institución, que luego sería considerada emblemática y sujeto de investigación por parte de la comisión.
No se pretende negar la existencia de los abusos ni la necesaria condena a los que sean encontrados culpables. Justamente en vistas a hacer frente al problema, que afecta a muchas instituciones a escala nacional, ¿no debería la comisión haber tenido una mirada más amplia desde su origen? Diera la impresión de que se tenía en la mira a un grupo específico y todo lo demás se armó en torno a eso para justificarlo. Se ha señalado en muchas ocasiones su amistad con los que expusieron algunos de los casos investigados. ¿Qué peso tuvo esa relación en su decisión?  ¿No es eso conflicto de intereses?
La suma de estos tres puntos -violar el reglamento del Congreso, escoger casos “emblemáticos” dejando de lado otros igual de relevantes y adelantar opinión sistemáticamente sobre uno de los casos emblemáticos en particular- parecen llevar a una sola conclusión. Sin embargo, debe ser el mismo congresista De Belaunde quien dé una explicación. Aunque se le ha pedido reiteradamente y nunca se ha querido pronunciar. Parece que el silencio otorga…

El Presidente aventurero y del plebiscito permanente

El presidente Vizcarra es un aventurero sin control. De eso ya no existe la menor duda. Si en el mensaje de Fiestas Patrias no se decidió por cerrar el Congreso -argumentando que no se habían cumplido “las esencias” de los proyectos de reforma política que el Ejecutivo presentó- fue porque no encontró el argumento constitucional apropiado, porque las encuestas eran demasiado veleidosas y porque, de una u otra manera, las Fuerzas Armadas se habían expresado en el sentido de no apoyar ninguna aventura inconstitucional.
Sin embargo, fiel a su estilo, volvió con la lógica plebiscitaria, a pretender representar la indignación ciudadana contra los errores acumulados en el Congreso. Luego de un largo y tedioso discurso, en el que se enumeraron los actos y las cifras registradas por un elefantiásico e ineficiente Estado, propuso el adelanto general de elecciones para el 2020. Propuso que se fueran todos; es decir, los miembros del Congreso y él mismo. Sin embargo no precisó si él iba a ser candidato o no en esos eventuales comicios adelantados. Incluso habló de realizar un referéndum.
De esta manera, se cerraría la posibilidad de cancelar la guerra política que Vizcarra inició con el referéndum del año pasado, y que continuó con las propuestas de reforma política de los llamados “notables”. Es evidente, pues, que el mayor terror del presidente Vizcarra es asumir los verdaderos problemas de la gobernabilidad. En otras palabras, el mayor pánico del jefe de Estado es absolver las preguntas vinculadas al crecimiento, al proceso de reducción de pobreza, la lucha en contra de la ola criminal, el combate a la anemia y la reconstrucción del norte y otras zonas devastadas del país.
De su largo mensaje al país, pues, solo se recordará la manera cómo llevó a la institucionalidad republicana al borde del abismo, a un abismo en que ni siquiera sus tan mentadas “reformas políticas” podrían concretarse, por ser iniciativas en pleno desarrollo legislativo y constitucional. Porque debemos decirlo con absoluta claridad: un jefe de Estado que -de acuerdo a la Carta Política- representa al soberano (según lo expresado en las urnas) y que actúa con irresponsabilidad, tiene todas las posibilidades de desatar una crisis política si es que desarrolla una guerra abierta contra otro poder soberano, como el Legislativo. Y Vizcarra así lo ha hecho.
En el Perú profundo, en las zonas excluidas del país y en los mercados formales e informales, comienza a cundir el desconcierto general frente a una guerra política que alientan los medios tradicionales, los sectores comunistas y, en general, todos aquellos sectores que pretenden acabar con el modelo económico establecido en la Constitución Política del Perú. Quizá por ese motivo el extraño anuncio de Vizcarra acerca de que La ley General de Minería tiene ya 30 años y que, por lo tanto, había que pensar en formular una nueva que “garantice inversiones y minería social” se escuchó como una verdadera detonación en contra de la economía de mercado. Pues, valgan verdades, sin la Ley General de Minería actual sería imposible explicar el crecimiento de la economía y el impresionante proceso de reducción de pobreza que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. La idea de una nueva norma de minería, al parecer, es una especie de bandera blanca para los núcleos comunistas y los sectores antimineros que pretenden paralizar todas las inversiones mineras en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se produce más del 50% del cobre nacional del Perú.
En síntesis, el gobierno de Vizcarra ya es uno de los peores del último medio siglo, junto al llamado velascato. Además, en el vizcarrismo hay una frivolidad e irresponsabilidad extremas. La regla es desatar conflictos artificiales para evitar ser cuestionado alrededor de los problemas reales de gobernabilidad. Al final, estamos seguros, la aventura no pasará.
Fuente: www.elmontonero.pe

A la cárcel

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Solo cabe suponer que Martín Vizcarra debe estar tan metido en la corrupción que lo único que le importa es que todo se caiga por mano propia, en el afán de que la justicia no llegue a su puerta con el típico argumento de los demagogos: el pueblo me absolvió.
A Martín Vizcarra le espera la cárcel al igual que a Salvador del Solar y todo su gabinete. Aquí solo es cuestión de tiempo. Cruzaron la delgada línea entre un presidente y su gobierno constitucional y un dictador que, como el mismo Vizcarra dijo en su mensaje de hoy 28 de julio de 2019, “solo camina de la mano con el pueblo”.
No tiene ningún asidero constitucional recortar el mandato de las autoridades electas por un referéndum. Eso es precisamente lo que hacen los dictadores. A punta de referéndums se entornillan en el poder o apartan a sus enemigos del mismo cuando les conviene. Venezuela es el caso más patente y patético.
Lo que ha quedado en evidencia es que a Martín Vizcarra le importaba un pepino toda esa cantaleta de las reformas mientras mantuviera el Legislativo en sus manos. Como lo perdió, entonces se agarró de cualquier pretexto para disolverlo. El hecho de que el Parlamento haya conservado para sí la potestad del levantamiento de la inmunidad parlamentaria es solo eso: un pretexto. Todas las demás reformas fueron aprobadas.
Y tratando de guardar las formas creyendo que eso lo salvará el presidio dijo: que el Congreso lo disuelva el pueblo. Antes de llegar allí se la pasó ofreciendo el oro y el moro precisamente para el referéndum que tenía bien guardado para el final de su embauque. Titulación, infraestructura, hospitales, institutos, becas, redes viales, salud universal y cuanto hay en una versión renovada del pisco y la butifarra.
Tampoco le importó nada a Vizcarra y su gobierno el caos de un país paralizado por un referéndum y unas elecciones generales en menos de un año, tal cual anuncia su propuesta. Y que sus reformas políticas por las que se supone busca acortar el mandato de las elecciones generales de 2016 no se puedan implementar. Es decir, NUNCA LE IMPORTÓ ESO.
¿Entonces por qué lo hace? Dos hipótesis. Porque está tan metido en la corrupción que lo único que le importa es que todo se caiga, pero por mano propia en el afán de que la justicia no llegue a su puerta con el típico argumento de los demagogos: el pueblo me absolvió. La segunda es aprovechar esa absolución para quedarse.
¿Algunos dirán que no se puede? Menos se puede hacer un referéndum para acortar un mandato popular, pero ya ven: ahí está. Sin embargo, lo que no es hipótesis sino realidad es que terminará en la cárcel.

Presidente Olaechea

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Con 76 votos de sus pares de 126 presentes, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón fue elegido como nuevo presidente del Congreso de la República en un momento crucial para la democracia. Convocó a fujimoristas que le dieron el sólido respaldo de su bancada mayoritaria, sumándose a la primera vicepresidencia, y tuvo la habilidad de unir en su proyecto a la facción disidente de Fuerza Popular (Cambio 21) así como a la exbancada del gobierno de PPK, hoy denominada Contigo.
El presidente del Congreso delineó su plan de acción para el período anual 2019-2020 con un discurso corto pero sustantivo de los problemas del país, de lo que se debe esperar del Parlamento en ese contexto y de defensa de la Constitución de 1993 como factor de progreso así como de la separación de poderes, enfatizando el hecho de que defenderá el fuero parlamentario ante cualquier desvarío. Quien escuchara el mensaje de Olaechea tranquilamente hubiera podido confundir al presidente del Congreso con un presidente de la república, pues su discurso tenía el tenor del de un jefe de Estado.
Así las cosas, el mensaje a la nación de Vizcarra –un político sin luces intelectuales ni objetivos a largo plazo a no ser los de la ambición– tiene bastante chance de quedar opacado por el de Olaechea que, además, ha tomado la iniciativa política proponiendo una “agenda de emergencia nacional” para poner al Perú a caminar con ejemplos y números simples para el entendimiento de cualquiera. Es decir, ha puesto la pelota en la cancha del presidente de la República en lo que se refiere a los problemas concretos del país, más allá de aquellos que no le interesan más que a una minoría elitista y snob de caviares (“a los que nadie ha elegido y no responden más que a los que los financian”) amantes de las “reformas” políticas y judiciales de escritorio.
En síntesis: Olaechea le ha dicho al país que colaborará con el presidente de la República, pero no se dejará avasallar ni dominar por el chantaje, las amenazas o el miedo.
En cuanto a la agenda propia del Congreso como administración, el flamante presidente no tocó el tema; muy pronto, sin embargo, tendrá que enfrentar una estructura paralizada por la tramitología y por el enorme desatino que fue ceder ante la histeria de los pasquines para meter a la Contraloría General de la República a buscarle cinco pies al gato, lo que ha hecho que nadie quiera comprarse ninguna solución ejecutiva a los problemas del día a día. En otras palabras, todos se tiran la pelota para no firmar nada.
Y ya que el flamante presidente es amigo de los números y los ejemplos, va el de que la Contraloría tiene una estadística de 25 mil funcionarios sancionados del Estado en un lapso ridículo, lo que demuestra que el sentido común indica que no son los funcionarios el problema, sino la Contraloría.
Veremos mañana cómo responde el presidente al desafío patriótico y programático del presidente del Congreso, al que hay que desearle la mejor de las suertes porque de él y de la institución que preside depende en buena cuenta el equilibrio de poderes.

COMISIÓN RESPONSABILIZA A 6 EXMINISTROS DE EDUCACIÓN POR MALOS TEXTOS ESCOLARES

Grupo de trabajo presidido por Milagros Salazar encontró irregularidades en elaboración de material educativo, incluyendo la colocación de contenidos “porno” en los libros para niños.
Seis exministros del sector Educación, nueve exviceministros, y más de una decena de funcionarios de ese sector, han sido considerados presuntamente responsables políticos, administrativos y de presuntos delitos penales en las irregularidades cometidos en la elaboración de material educativo para la educación básica.
Esto es expresado en el informe final de la Comisión de Educación del Congreso, que bajo la presidencia de la congresista Milagros Salazatr señala que entre los ministros involucrados están Patricia Salas, Jaime Saavedra Chanduví, Marilú Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y Flor Pablo Medina, y sus respectivos viceministros y directores generales de gestión.
“Resulta que hemos descubierto que se están siguiendo procesos penales contra algunos especialistas del MINEDU, sin involucrar a altos funcionarios, en la clásica costumbre la pita se rompe por la parte más débil, por lo cual recomendamos que la Fiscalía disponga la intervención del ministerio”, indicó la legisladora.
Parlamentaria Milagros Salazar estuvo al frente de la investigación.
Salazar indicó que hay irregularidades en los materiales educativos que se han cometido desde la gestión de Patricia Salas hasta la de Daniel Alfaro, las que abarcan desde errores tipográficos y pedagógicos hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica.
Señaló que la situación más delicada es la de los exministros Patricia Salas, Jaime Saavedra y Daniel Alfaro, “pero su situación legal tendrá decidirla el Ministerio Público; nosotros solo cumplimos con la labor fiscalizadora de informar a la institución que se encargará de procesar”, añadió.
Entre estos contenidos, dijo, encontramos la distorsión conceptual de género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo.
La legisladora dijo que la aplicación del enfoque de igualdad de género en la educación y en los diferentes estamentos como única política de Estado en materia sexual, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera la libertad de expresión, conciencia y religión de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.
Respecto al terrorismo, dijo que en los textos escolares de nivel secundario, el terrorismo en el Perú ha sido ignorado deliberadamente y se buscaría distorsionar la historia de nuestro país con el propósito de desprestigiar el sistema político instaurado desde 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y PNP en su conjunto.Fuente: www.manifiestoperu.com

DELITOS Y MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA EN EL MINEDU: INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Hace unos meses un escándalo remeció el escenario político. Se trataba de un tema que venía de años atrás, pero que llegó a su culmen cuando se denunció contenidos inadecuados en los textos escolares. Se puso en evidencia que estos contenidos respondían a planteamientos de la llamada ideología de género, tergiversaban nuestra historia y estaban sesgados ideológicamente.
Es decir, deliberadamente se corrompía a los niños peruanos. Los textos tenían información sexual absolutamente inadecuada, desde incitaciones a la masturbación, hasta la desnaturalización de los más elementales conceptos de sexualidad, manuales de lubricación anal y la normalización de las más aberrantes conductas.
Por otro lado se mostraba la historia con anteojeras marxistas, se injuriaba a las fuerzas armadas, y se les culpaba de todo tipo de excesos, incluyendo información calumniosa contra los héroes de la operación Chavín de Huántar. Obviamente no se habla de terrorismo, ni se dice la realidad de lo que fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Se habla de conflicto armado interno, poniendo al mismo nivel a las fuerzas del orden con las organizaciones terroristas.
Es ante esta aciaga realidad que el Congreso de la República otorga facultades investigadoras a la Comisión de Educación que preside la Congresista Milagros Salazar, para que investigue este asunto. El encargo se ha cumplido con acuciosidad y seriedad. El informe final fue aprobado por mayoría y ha encontrado irregularidades en los textos escolares desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas, hasta la del ex ministro Daniel Alfaro, más recordado por su vergonzosa incursión en el cancionero infantil bastardeando el clásico Arroz con leche que por su desastrosa gestión.
Algo muy serio es que el informe de la Comisión da cuenta de serias evidencias que estos deplorables contenidos estarían claramente relacionados con el perfil y posiciones personales de algunos funcionarios del más alto nivel dentro del MINEDU, que al permitir contenidos inapropiados en los textos escolares, han incurrido en graves vulneraciones a los derechos constitucionales de padres, madres y estudiantes en general. Más aún al impartir una educación sexual que inculca a los menores que vivan su sexualidad libremente, de forma prematura sin considerar su desarrollo natural, planteándoles la “solución” de los anticonceptivos y el aborto, pasando por alto el derecho de sus padres a educarlos conforme a sus convicciones y creencias.
La Comisión también ha concluido que el Currículo Nacional de Educación Básica del 2016 establece un equivocado “Enfoque de igualdad de género”, que busca homogeneizar a los sexos bajo un enfoque ideológico buscando imponer un pensamiento único, que es inconstitucional, ya que vulnera la libertad (expresión, conciencia y religión) de los ciudadanos y viola la libertad de enseñanza.
Todo esto en el aspecto sexual, pero se ha establecido también que el actual Currículo Nacional omite definir la violencia terrorista, sus líderes y cómo estos atentaron y atentan contra los derechos de las personas y la seguridad ciudadana. Tampoco se plantea una posición a favor del respeto de la institucionalidad democrática frente a la violencia terrorista. El tratamiento del terrorismo en el país, desde la gestión de la ex ministra Patricia Salas hasta la fecha, es lamentable y deliberadamente sesgado, desconociendo el derecho de los niños y jóvenes a conocer la verdad.
Se busca desprestigiar el sistema político instaurado en los años 1990 al 2000, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en su conjunto, y someter a los estudiantes a un lavado de cerebro de carácter ideológico imponiendo una visión izquierdista de la vida y la sociedad.
A todo esto se suman diversas y muy serias irregularidades en las adquisiciones y distribución de los materiales educativos. Errores graves en libros de matemáticas, errores ortográficos y verdaderos desastres en los textos de inglés, entre otros.
Otro aspecto a tener en consideración es la presencia de oenegés que actúan al margen del Estado y usufructúan recursos, a través de consultorías muchas veces como se ha visto con claridad incluso contra el interés de los estudiantes y sus padres. El financiamiento de estas oenegés proviene de entidades cooperantes, generalmente en función a sus propios intereses y no a los del país, para alentar políticas, como el nuevo orden mundial, los postulados de género e imponer el pensamiento único.
Como consecuencia de todo esto la Comisión ha encontrado diversos grados de responsabilidad. Responsabilidad política en el caso de los exministros Patricia Salas O’Brien, Jaime Saavedra Chanduvi, Marilú Doris Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro Paredes y la actual ministro Flor Pablo Medina. Así como responsabilidad política y administrativa en el caso de los ex viceministros José Martín Vegas Torres, Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra, Liliana Miranda Molina, Guillermo Manuel Molinari Palomino, Susana Carola Helfer Llerena, y la actual viceministro Patricia Andrade Pacora.
Se ha encontrado también evidencia de la vulneración de diversos derechos, tales como los derechos de los padres en la educación de sus hijos y también diversas normas constitucionales. También se ha detectado la vulneración de la Ley General de Educación y la Política Educativa y los contenidos curriculares desarrollados en el Proyecto Educativo Nacional. Y tal vez lo más grave: la vulneración la libertad de enseñanza en la aplicación del errado concepto de género y al derecho a una información adecuada en el caso del terrorismo en el Perú.
La Comisión ha encontrado también evidencias de delitos contra la administración pública y violación de las normas de contrataciones del estado.
Son muchos más aspectos dignos de mención, sin embargo un informe de más de mil quinientas páginas sin duda no puede ser condensado en el breve espacio que permite un artículo periodístico como este. Sin embargo cabe destacar que el trabajo de la Comisión de Educación es merecedor de encomio y reconocimiento. La congresista Milagros Salazar ha cerrado brillantemente su gestión, asumiendo la defensa de los educandos, la educación libre y democrática y los derechos de los padres. Estaremos atentos a la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión y a su próxima aprobación en el pleno del Congreso de la República.

El sábado 27 de julio se desarrollarán las elecciones para la nueva Mesa Directiva del Congreso. El legislador de Acción Republicana, Pedro Olaechea, inscribió su lista para candidatear a la Presidencia del Legislativo para el periodo anual de sesiones 2019-2020.La fórmula multipartidaria está integrada por Karina Beteta (Fuerza Popular), Salvador Heresi (Contigo) y Palma (Cambio 21) como postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.
Fuente: Radio Programas del Perú.

El 25 de mayo de 2017, Olaechea juró como ministro de la Producción en reemplazo de Bruno Giuffra.

Entrevista a Pedro Olaechea Álvarez Calderón

Por Edmir Espinoza- Revista COSAS Fotos Elías Alfageme
Pedro Olaechea Álvarez Calderón ha vivido intensamente. Economista y próspero empresario vitivinícola, ha sido director de Viña Tacama y de la Confiep, y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros cargos. Pocos días antes de asumir la presidencia del Congreso, Olaechea concedió una entrevista a COSAS en la que reflexiona sobre las tareas pendientes de un Poder Legislativo golpeado por la confrontación y los escándalos de corrupción.
Desde su despacho en el jirón Huallaga, a pocos pasos del Congreso de la República, Pedro Olaechea Álvarez Calderón se permite extrañar el campo. Más específicamente, extraña el pausado y lento discurrir del tiempo entre viñedos y cultivos, donde los caballos corren libremente y el horizonte se pierde entre árboles frondosos y un cielo limpio y azul. “En el campo, uno tiene la posibilidad de ir reflexionando durante el día sobre temas que se van dando a una velocidad natural. En la ciudad, en cambio, uno vive a una velocidad artificial, porque los problemas van apareciendo de la nada”, reflexiona.
A pesar de sus recuerdos y añoranzas, Olaechea está lejos de ser un nostálgico. Empresario vitivinícola, minero y cafetero por más de cuarenta años, y exdirectivo de algunas las principales organizaciones gremiales del Perú, el hoy congresista de la bancada independiente Acción Republicana cree que buena parte de los problemas del país tienen que ver con la incapacidad de nuestra clase política de “pisar tierra” y de diferenciar las necesidades y los retos de un Perú ideal respecto al Perú real. Furibundo crítico de la izquierda peruana, a la que responsabiliza de la destrucción del país, y defensor de un Estado más pequeño y eficiente, Olaechea asegura que los años lo han convertido en una persona pragmática y poco entusiasta ante la tentación del poder.

Descubriendo al Perú real

Aunque viene de una familia de políticos, usted se dedicó al sector empresarial por más de cuatro décadas. ¿En qué momento decidió ingresar a la política?
Es cierto, he trabajado cuarenta años, pero también he tenido una vida gremial muy activa desde hace mucho tiempo. Y es ahí donde nace la idea de entrar en política como una opción que entregue racionalidad al manejo de la cosa pública, que viene totalmente descontrolada. Conversé mucho con mi familia y llegué a la conclusión de que debíamos hacer un intento para regresar a las políticas que en su momento fueron exitosas y repensar la forma de contratar del Estado.
Precisamente durante los últimos años ha criticado enérgicamente la poca capacidad del Estado para contratar. ¿Cuánto pierde el Perú con este exceso de burocracia?
En estos últimos seis o siete años, se ha duplicado el número de trabajadores del Estado, y esto sin incluir profesores, policías y enfermeros. Y estos, lamentablemente, son gastos corrientes que no retornan al ciudadano. ¿Cuánto más vamos a poder levantar los niveles tributarios? Las empresas están comenzando a irse del Perú y a buscar nuevos mercados como Ecuador, Colombia y Panamá, donde pueden llevar sus negocios siendo más rentables. Si no se puede manejar la salud, la educación y la seguridad, ¿qué se pretende? No puede ser que el presupuesto del año 2000 a la fecha se haya triplicado. ¿Tenemos tres veces mejor seguridad, salud?… Algo está saliendo mal.
Para sus críticos, usted forma parte de la oligarquía limeña y está mucho más cerca del Perú ideal que refiere y no tanto del Perú real.
Al contrario, estoy mucho más en el Perú real. Una cosa es que venga de una familia acomodada y otra que haya estado el día entero contando margaritas. He trabajado en todo el Perú. Como ministro de la Producción, generamos un punto más del PBI en pesca; he sido miembro del Centro de Innovación Tecnológica por quince años y, junto a un grupo de personas, hemos recuperado el pisco para el Perú. Toda mi vida he trabajado preocupado por que el Perú avance. Por el Perú real.
Que haya nacido en el seno de una familia acomodada es una versión antojadiza de una facción de la izquierda, los que creen ser los monopolistas del corazón, los únicos que saben lo que le falta al pueblo. Se equivocan; hay muchos empresarios que trabajamos sin que nos paguen para llegar a mejorar el país. Yo podría haber vivido toda mi vida como Julius, pero resulta que no. He recorrido el país de arriba abajo, y nunca he cobrado un centavo por ello.
¿De dónde viene esa animadversión por la izquierda peruana?
Es que he vivido sus políticas. Nosotros hemos sido expropiados siete veces. Y sabemos que todas las expropiaciones han terminado en nada. Nos expropiaron con tasación de cada tractor a un sol, y el Estado no ha podido pagar hasta ahora. Si tú expropias y le das un valor de un sol al bulldozer, ¿a cuánto llega tu nivel de incapacidad si no puedes ni pagar ese sol? Ese es el nivel de desastre en el que dejaron al Perú. El país todavía no está al nivel del año 1969, a valor real. Yo he visto cómo un grupo de personas destruía al Perú, cuando el agro peruano era uno de los más rentables del mundo. Si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque a la izquierda la asocio con la estupidez y la torpeza. Lamentablemente es lo que he visto.
Últimamente ha sido un duro crítico del convenio de cooperación entre la fiscalía peruana y Odebrecht. Desde su punto de vista, ¿qué se hizo mal y qué se pudo hacer mejor?
El caso de Odebrecht ha traído consecuencias que hasta hoy no podemos dimensionar. Yo, particularmente –lo dije en su momento y lo repetiré las veces que sea necesario–, no era partidario del Decreto de Urgencia 003, sino más bien de un embargo preventivo, que implicaba cerrar los libros de acciones, declarar depositarios a todos los directores y retener todos los pasaportes. Y que siguieran trabajando. Porque el cliente es el Perú y el Perú tiene buen crédito.
No iba a haber problema de no pagar, y el fiscal asignado podía averiguar todos los temas y después ver las multas y las sanciones correspondientes. Si la compañía no tenía plata, se vendía el proyecto y se acabó el problema. En vez de eso, entramos en una situación que lo único que ha generado es recesión, caída en la presión fiscal, caída en la presión tributaria y en la actividad económica. Y, si El Niño ya venía golpeándonos, esto trajo una sucesión de hechos que el peruano tiende a olvidar, pero que todavía nos afectan a todos.Olaechea ha sido miembro del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, vicecónsul honorario de la Embajada Real de Dinamarca y presidente del Frente de Reconstrucción y Desarrollo de Ica.

Congreso y presidencia

¿Cómo calificaría la gestión del presidente del Congreso Daniel Salaverry?
Es muy difícil ponerse en los zapatos del otro y, en cambio, es muy fácil juzgar. Creo que Daniel Salaverry entendió lo que él quería hacer y ha tratado de imprimir una presidencia con su estilo propio, y no con el de la mayoría que le dio el encargo. Y esto, claro, ha terminado en un conflicto. Es un caso clásico: Salaverry ha quedado enfrentado a toda una comunidad que le había dado sus expectativas.
Pero un presidente debería actuar de acuerdo con lo que cree que es lo mejor para el país, no en función de las expectativas del grupo que lo llevó al poder.
Definitivamente, pero, antes de comprometerte, debes tener los grandes lineamientos ordenados. En caso contrario, les haces un flaco favor a todo el mundo y a ti mismo.
Durante una de sus recurrentes visitas a la Amazonía peruana.
María Isabel León, titular de la Confiep, ha comentado que usted sería un excelente candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2021. En ese sentido, ¿tiene usted aspiraciones de gobernar el país? ¿Se ve como el próximo presidente del Perú?
He aprendido a ser muy realista. Es halagador lo que dice la presidenta de la Confiep, pero son situaciones únicas en la vida. Mira tú, en la existencia de una nación, ¿cuántos presidentes puede haber? Es una probabilidad entre 30 millones, y esto hay que ponerlo en el tiempo. Realmente la presidencia del Perú, cada vez más, es un albur. Por eso, pensar en una presidencia se me antoja algo muy lejano, a kilómetros, a años luz… Pero uno nunca sabe.
A muchos les sorprendió verlo participar en la marcha de Con Mis Hijos No te Metas. En un mundo que cada día apuesta más por el respeto de las libertades individuales, ¿tiene sentido criticar una política que busca promover la igualdad de género en la sociedad?
El problema es que no creo que este Estado, con su gestión pública, con la situación en la que tiene al sistema educativo, pueda pretender meterse en la vida de la familia de los peruanos. El tema particular de la marcha fue organizado por el pastor Rosas, miembro de la plataforma de Acción Republicana, y yo participo de estas ideas.
Yo creo –y lo dice la Constitución– que las familias son el eje de la sociedad. Pero eso no hace que critique que, con la mayoría de edad, las personas tengan tales o cuales preferencias. Tengo grandes amigos y amigas que piensan distinto y los respeto muchísimo, pero creo que la educación en ese sentido nos corresponde a los peruanos.

Moción de censura contra Daniel Salaverry

“En entrevista realizada por el programa Panorama, la congresista Janet Sánchez hizo la grave revelación respecto a que mientras en la Comisión de Ética se definía las conclusiones sobre el caso Salaverry, ella fue llamada por el primer ministro, Salvador del Solar, para pedirle que postergue la votación de la sanción al titular del Congreso, hasta después del pedido de cuestión de confianza”, se lee en el documento.
“Este improperio, que implica un tráfico de influencia, fue realizado por Salvador del Solar días antes de que se realice su presentación ante el Congreso de la República”, continúa la imputación.
Por todo ello, solicitan aprobar la censura del presidente del Congreso de la República por “negligencia en el desempeño de sus funciones y no hacer respetar la independencia del Poder Legislativo, lo cual constituye una grave responsabilidad política que vulnera el principio constitucional de separación de los poderes del Estado”.
Entre los firmantes se encuentran los fujimoristas Mario Mantilla, Héctor Becerril, Federico Pariona, Segundo Tapia, Karina Beteta y César Segura.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Janet Sánchez y Moisés Guía renuncian a Peruanos por el Kambio (PPK)

La bancada Peruanos por el Kambio empezó a ver reducido su número de integrantes desde noviembre del 2016, solo cuatro meses después de iniciado el actual período gubernamental. De tener en un principio 18 integrantes, actualmente se ha quedado con solo siete tras los anuncios de dimisión de Janet Sánchez y Moisés Guía, comunicados el 20 de julio del 2019.
Los últimos en renunciar habían sido Gilbert Violeta y Juan Sheput. Ambos legisladores presentaron sus dimisiones en medio de una nueva crisis en el oficialismo, esta vez luego de que el partido Peruanos por el Kambio decidiera cambiar de nombre a Contigo, pero la bancada acordara mantener su denominación original.
Los alejamientos anteriores a los de Violeta y Sheput se dieron en noviembre del año pasado. Guido Lombardi renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio el 9 de noviembre del 2018, según dijo, por “las diversas contradicciones entre lo que significa una lucha frontal contra la corrupción y la acción política que ello supone”. Dos días después, Salvador Heresi siguió sus pasos. Y casi 24 horas después de esta decisión, se sumó Patricia Donayre.
Fuente: Diario El Comercio.

Congreso rechaza incorporación de Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez

El Pleno del Congreso decidió no aprobar el retorno los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Con 42 votos en contra, 39 a favor y 4 abstenciones los parlamentarios decidieron no permitir la reincorporación de los miembros de Cambio 21.
La decisión se tomó luego que por un Decreto de Presidencia 004-2018-2019, firmado por el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, se incluyera en el debate, previo al término de la legislatura, la solicitud de este grupo político para definir el retorno de sus integrantes.
Como se recuerda, los tres legisladores fueron suspendidos desde junio del 2018 luego que, por votación en el pleno, se determinara que debían ser separados del legislativo mientras se les investigaba por presuntamente haber negociado votos en contra de las mociones de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Con esta decisión los congresistas Angel Neyra, César Campos y María Campos, accesitarios de ‘Los Avengers’, permanecerán en el Parlamento sumando tres escaños a la bancada fujimorista.KENJI ACATARÁ DECISIÓN DEL PLENO
La congresista Maritza García de Cambio 21 dijo a canal N que ha conversado con Fujimori respecto a la decisión que se tome en el pleno del Congreso y comentó que él se mostró “dispuesto a lo que diga la mayoría parlamentaria”.
Al ser consultada sobre si esta solicitud de regreso responde a una estrategia política para que Fuerza Popular pierda a los tres legisladores que reemplazan a Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel; previo a la elección de la Mesa Directiva; García no lo negó.
“La política se basa en estrategia y efectivamente creo que perder tres votos o sumar tres votos dependerá de la voluntad política de cada parlamentario en caso de reincorporarse“, aseveró.
Fuente: Diario Perú21.

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Una lectura de la sentencia que convalida el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht revela algo sorprendente. La fiscalía aseguró a la jueza María Álvarez que ignoraba ilicitudes de la empresa distintas a las que confesó. La omisión es incongruente con el hecho de que al momento de la suscripción del acuerdo, el 15 de febrero, se conocían otros delitos no reconocidos en diferentes obras.
En el punto 92 de la sentencia, páginas 225 y 226, la jueza dice: “Así, advertimos según lo informado por la fiscalía que los hechos en relación a los cuatro proyectos sobre los que versa el presente acuerdo, serían los únicos casos donde fiscalía ha evidenciado sospecha sobre la presunta responsabilidad penal de los colaboradores eficaces (personas naturales y persona jurídica)…”. Se refiere a Odebrecht y sus funcionarios Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeiro y Antonio Nostre.

Más que sospechas

Los términos son claros pero a continuación la jueza los aclaró más. Estableció un requisito forzoso para que la empresa reciba pagos de un fideicomiso que concentra todos sus ingresos y permite cubrir la reparación civil. Antes, el Ministerio Público debe informar que “no exista investigación o proceso penal en curso respecto a personas naturales o jurídicas que involucren al ente jurídico Odebrecht por hechos distintos a los que son materia del presente acuerdo”. Por hechos distintos, no por los confesados.
Había más que sospechas en el caso del Gasoducto del Sur, referido ampliamente en los últimos días. Además, funcionarios de Odebrecht están involucrados en una investigación preparatoria por colusión desleal y peculado en la construcción de la carretera San José de Sisa, en San Martín. También en una investigación preliminar sobre corrupción en arbitrajes. La lista es mayor, según palabras del ex coordinador del Equipo Especial Hamilton Castro. Pidió una explicación sobre la falta de requerimientos a Odebrecht por supuestos pagos ilícitos en unos veinte proyectos.
En la sentencia se menciona que Odebrecht está haciendo contribuciones informativas en unos 16 casos, a los que identifica. La lista incluye el Gasoducto del Sur, Rutas de Lima, el Club de la Construcción, Westfield Capital, los cocteles de Fuerza Popular, y, entre otras, diversas investigaciones a partidos políticos. Pero la jueza lo dice solo como referencia de que la fiscalía quiere resaltar la voluntad de colaboración de la empresa, y no como un involucramiento de esta en posibles hechos delictivos.
Según el acuerdo, citado por la sentencia, Odebrecht se compromete a entregar a la fiscalía todas las pruebas de los delitos de corrupción y lavado de activos de funcionarios peruanos de cualquier nivel. También consta que el acuerdo permite nuevas admisiones de responsabilidad de Odebrecht, con sus correspondientes beneficios, siempre y cuando la información proviniera de su colaboración espontánea y no de otras fuentes. La forma en que está dicho merece un destaque. Se anticipa la posibilidad de que “investigaciones internas” de Odebrecht identifiquen delitos de la empresa no confesados. En ese caso, deberá comunicarlas a la fiscalía dentro de los siguientes quince días.

La plata de Chaglla

Odebrecht, sin embargo, no parece haber tenido la intención de admitir nuevos delitos. Luego de que, para sorpresa del Ministerio Público, se publicaran evidencias de sobornos en el Gasoducto del Sur, el fiscal superior Rafael Vela anunció que Odebrecht había firmado un documento reconociendo pagos ilícitos en ese proyecto. Se ignoran responsables, montos y situaciones. El documento aún no ha sido filtrado a los medios mejor informados sobre lo que hacen los fiscales de Lava Jato. Será interesante conocer la fecha, y si esta acción forzada es ubicada en la cuenta de confesiones espontáneas de la empresa.
La sentencia ya interrumpió la luna de miel entre Odebrecht y el Equipo Especial, como lo demostró en la noche del domingo el reportaje de Christopher Acosta en Latina TV. La empresa está exigiendo el reembolso de 524 millones de soles correspondientes a la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Según lo pactado, del total de la venta más de mil millones van al Estado para reparación civil y otros conceptos. El resto es para Odebrecht. Pero la sentencia le ató las manos al fiscal Vela, quien se juega el pescuezo si vuelve a decir que Odebrecht no afronta otras investigaciones.

Problemas mayores

Los defensores del acuerdo tenían razón al decir que admite nuevas culpas y reparaciones. Y los críticos también, en tanto debió incluir al gasoducto entre sus prioridades. Por otra parte, es llamativo que Odebrecht no admita el delito de soborno -cohecho- pues claramente lo cometió. Su desaparición del acuerdo excedería las facultades del Ministerio Público. Estas omisiones requieren una explicación pública.
Los fiscales afrontan problemas delicados. Uno de credibilidad, por haber alentado la versión de que el acuerdo abría todas las puertas del conocimiento de la corrupción. Y otro derivado de la rigidez de la ley sobre reparaciones civiles. Son calculadas en función del valor de la obra y no de la colaboración. Odebrecht y las empresas del Club de la Construcción buscarán encubrir la mayor cantidad de delitos, pues buena parte de ellas quebraría si confiesan todos sus pecados. Nadie en el gobierno ha querido admitir francamente que faltaban incentivos. Los fiscales, arropados por la adulación y una alta popularidad, debieron explicar sus limitaciones y no ofrecer el paraíso, al mismo tiempo que sus críticos, casi sin excepción, eran tratados de corruptos.

De su propio chocolate

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Esta semana, el gobernador regional de Arequipa envió un ultimátum al gobierno de Martín Vizcarra dándole un plazo de 72 horas para que declare nula la licencia de construcción que el Ejecutivo otorgó al proyecto minero Tía María. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, fue enfático en señalar que el gobierno no aceptaba ultimátums, sustentando que en una democracia y en un estado de Derecho los ucases están de más, y que es el diálogo el que impera para llegar a consensos y tomar decisiones en el marco de la ley.
No le falta razón al premier si no fuera porque el mismo Gobierno ha hecho añicos el sustento del diálogo y los consensos con la consecuente validación de los ucases y ultimátums al Congreso para que apruebe sin modificaciones (¡la esencia!) y en plazos perentorios reformas constitucionales al sistema político y de justicia, al amparo del aplauso de la opinión pública y de la mayoría de los medios de comunicación aceitados con la publicidad estatal.
En simple, el gobierno está recibiendo de su propia medicina: así como en Lima aplaudían al gobierno en su enfrentamiento con el Congreso, en Arequipa aplauden con un paro regional a los antimineros que se oponen al gobierno y a la mina.
¿Con qué derecho entonces Martín Vizcarra apura al Congreso para que el 25 de julio dé cumplimiento sí o sí (con la amenaza de cerrarlo) a una reforma política que –como la de justicia– tiene todos los visos del fracaso si sigue el derrotero irresponsable de la premura? Si pide consensos y diálogos con el gobierno regional de Arequipa y los pobladores del valle de Islay, ¿por qué se los niega al Congreso? ¿Se atreverá a disolver el gobierno regional de Arequipa como amenaza disolver el Congreso en el “marco de la constitución”?
Por otro lado, la chapucería y mediocridad del gobierno lo demuestra el hecho de que luego de haber otorgado la licencia de construcción de la mina (concluidos satisfactoriamente todos los procesos administrativos) el presidente afirme que nadie construirá nada hasta que todos los pobladores hayan quedado satisfechos con las explicaciones que el gobierno y la minera hagan para dilucidar cualquier inquietud (“Si no se aclaran las dudas no hay construcción del proyecto Tía María”). Entonces, ¿para qué se otorga una licencia de construcción si no se podrá utilizar para el objeto que es otorgada?
Otra vez, en simple, bajo los términos de Vizcarra la licencia de construcción no es más que un engañamuchachos. ¿Y qué pasa si, como suele suceder con los antimineros, toda conversación no resulta más que un diálogo de sordos?
Por último, y ya hablando de la empresa privada: ¿a quién se le ocurre en un rubro tan delicado como la actividad minera unir en un solo cargo al vicepresidente de finanzas y al de relaciones comunitarias? El financiero, por su formación, tiene un enfoque de utilidad máxima. Esa es su prioridad. Las relaciones comunitarias se enfocan en la sensibilidad social y en las personas y sus necesidades que siempre van a contrapelo con los intereses de los financieros. Es decir, si la responsabilidad recae en el mismo cargo, ¿cuál es el contrapeso interno?
Ese desencuentro es el que produce declaraciones temerarias para la coyuntura como que la minera no necesita de la licencia social porque ese no es un requisito administrativo ni está en la ley. Graves errores que ahora los empresarios y el gobierno están pagando en Arequipa por sus propias contradicciones.

FISCAL MORI: “ESTE DESPACHO HA LOGRADO DESCIFRAR ALGUNOS ‘CODINOMES’ DEL CASO GASODUCTO”

Por Milagros Salazar Herrera- Convoca.pe
Desde mayo último, la fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, está a cargo de la investigación del proyecto energético más caro en la historia del Perú: el Gasoducto del Sur. La concesión fue adjudicada en el régimen de Ollanta Humala por más de 7 mil millones de dólares, en medio de procesos irregulares. Pero no fue hasta el martes 25 de junio reciente que por primera vez saltaron a la luz pagos ocultos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en un reportaje publicado por Convoca.pe y medio aliados, como parte de la investigación periodística transfronteriza ‘División de Sobornos’.
Desde entonces las pesquisas sobre este caso que involucra a más de 30 personas, por el momento, ha dado un giro importante que apunta a descifrar quiénes son los personajes detrás de los diez ‘codinomes’ (seudónimos) vinculados a más de 3 millones de dólares de pagos asociados al Gasoducto del Sur, así como un ‘codinome’ referido a Kuntur, el proyecto antecesor de esta obra millonaria que se inició durante el gobierno de Alan García.
En su despacho, temporalmente invadido por cajas de cartón, documentos y algunas computadoras incautadas en el allanamiento del jueves 4 de julio a viviendas de personajes investigados por los hechos del Gasoducto del Sur, la fiscal Mori respondió a las preguntas de Convoca.pe. Ella asegura que ya identificó algunos ‘codinomes’ y explica los avances de esta investigación. Por la relevancia del caso, en el Ministerio Público se evalúa que viaje a Brasil para participar en el próximo interrogatorio a Jorge Barata y Ricardo Boleira, exrepresentantes de Odebrecht en el Perú.
Ha trascendido que hay cuatro personas que se han acercado a su despacho para colaborar en el caso Gasoducto del Sur. También se habla de una empresa que tiene este mismo interés. ¿Esto se produjo después de la publicación que realizamos la noche del 25 de junio o viene de tiempo atrás?
El tema de los colaboradores, de los testigos protegidos, se ha propiciado a raíz y en parte por la publicación de los medios de comunicación. Pero también ha sido un proceso de búsqueda por parte de este despacho.
Su despacho asumió en mayo la investigación del caso Gasoducto. ¿Usted diría que el avance más importante en el recojo de evidencias sobre pagos ilícitos asociados a este proyecto gasífero se ha producido en las últimas semanas?
Eso es un avance importante, pero tampoco descartamos otros hechos ilícitos en la investigación. Estamos tratando de madurarla para tener un buen caso y presentarlo al Poder Judicial.
Odebrecht entregó la planilla con los pagos ocultos asociados a Gasoducto el 12 de junio último? ¿La compañía o los colaboradores como Jorge Barata (exsuperintendente de Odebrecht en el Perú) han entregado información de quiénes son los personajes ocultos detrás de los ‘codinomes’?
Esa información no la tengo yo porque no estoy a cargo del proceso de colaboración eficaz. Eso lo tiene el primer despacho a cargo del doctor José Domingo Pérez. Lo que sí nosotros hemos hecho es mencionar la información brindada por nuestro fiscal superior coordinador (Rafael Vela), en el sentido de que la empresa ya viene proporcionando información de las planillas del sistema My Web Day y Drousys. Ahora, esta situación se produce y, hay que recordar, en el marco de la colaboración eficaz a la que está sujeta la empresa y toda vez que las declaraciones que se establecieron en Curitiba recientemente con Barata (en abril), se hacía mención en cada una de sus declaraciones a la copia de información adicional. Llegó a entenderse que esa copia de información adicional se viene suscitando desde la fecha que usted ha mencionado.
¿Pero su despacho ya identificó por lo menos algunos ‘codinomes’ por el caso Gasoducto?, ¿por esfuerzo propio, por otros colaboradores o por otras fuentes de información?
Claro, como ya hemos mencionado el despacho viene adaptando todos sus esfuerzos en esclarecer los hechos que se investigan y, en esa actividad proactiva, hemos logrado descifrar algunos ‘codinomes’.
¿Con la ayuda de la constructora Odebrecht o principalmente por otras fuentes?
Hay que hacer mención que el tema de la colaboración eficaz de la empresa está a cargo del primer despacho fiscal (a cargo de José Domingo Pérez). Esa información de recopilación de documentación va a ser materia de decodificación (durante los interrogatorios programados con Jorge Barata y Ricardo Boleira, exdirectivos de Odebrecht). Sin embargo, como he mencionado, nuestro despacho sigue haciendo las indagaciones respectivas y ha logrado descifrar algunos ‘codinomes’.
¿Estos ‘codinomes’ identificados corresponden a funcionarios públicos? ¿En el caso Gasoducto podemos hablar de pagos ilícitos a funcionarios?
Esa información no la puedo proporcionar porque es parte de la reserva de la investigación y además, por estrategia fiscal, me reservo esa información. Lo que le puedo decir es que nuestra estrategia siempre está orientada a la modalidad que ha seguido la empresa, ¿no? Pagos ilícitos a cambio de favorecerse con obras, contrataciones y concesiones. Esa es nuestra teoría. Ahora también hay que hacer mención, hay que traer a colación lo que ha mencionado nuestro fiscal superior (Rafael Vela) en el sentido de que la empresa ha mencionado pagos ilícitos.
Exactamente. Usted también ha explicado que cuando el fiscal Vela habla de pagos ilícitos se refiere a pagos de sobornos.
Claro, porque la ilicitud se propicia a cambio de algo, ¿no? Siempre tiene que entenderse como un soborno, ¿no? Además estamos hablando de una obra, de un proyecto, una contratación con el Estado.
Están siendo investigados 30 personas como parte del caso. ¿Esta información que usted viene recogiendo con cuatro personas y una empresa que se han acercado a colaborar a su despacho apunta a nuevos implicados en el caso Gasoducto?
Sí, más personas estarían implicadas en el caso.
Ha llamado la atención el caso del allanamiento a una propiedad de la excoordinadora parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, Malka Maya, cercana a la exprimera dama Nadine Heredia…
Lo que ocurre es que cuando se ha producido el requerimiento del allanamiento, se ha efectuado para los investigados, pero también para personas cercanas a los investigados o que han tenido alguna vinculación con los investigados, como ha sucedido con los estudios jurídicos y, a la vez, con dos personas que vendrían a ser muy cercanas a la exprimera dama Nadine Heredia. Pero siempre en el marco de la imputación que nosotros venimos sosteniendo. Esto ha pasado por el Poder Judicial y ha sido admitido. Por esa razón hemos intervenido a estos señores y a las personas que usted menciona.
El rol que cumplía esta funcionaria era clave para impulsar proyectos de ley en el Congreso. Esta conexión del nivel de influencia para el caso Gasoducto, ¿es algo que está siendo considerado en su carpeta fiscal?
Lo que le puedo decir es que la hipótesis fiscal es que esta norma fue propiciada, fue endosada por la primera dama Nadine Heredia. Y en esta tesis se da la norma que se requería para dar paso al proceso de contratación. Entonces es sui generis, inusual, que una norma se apruebe inmediatamente, sin cumplir los protocolos y las normas que establece nuestro propio Parlamento. Pero este es un tema que lo podemos analizar como un indicio más.
Pero es algo realmente importante. En ese entonces Nadine Heredia era la máxima dirigente del partido de gobierno Gana Perú y a la vez Primera Dama. Entonces había congresistas que respondían en términos partidarios ante ella como líder de la organización.
La influencia que tenía como Primera Dama y a la vez como representante de ese partido. Eso puede sostener un tema… pero finalmente lo cierto y concreto es que todo el panorama se propicia en que se da una norma favorable para esta empresa (Odebrecht) y se produce el proyecto.
Para el caso Gasoducto, ¿hablamos fundamentalmente de pagos a funcionarios de segundo, tercer nivel?, ¿o hablamos de altos funcionarios: presidentes, ministros? ¿Cuál es su hipótesis?
Nosotros siempre traemos a colación el modus operandi de la empresa. El modus operandi de la empresa siempre ha sido acceder a las obras a cambio de pagos de sobornos a altos funcionarios, porque finalmente son los que tienen injerencia total respecto a estas concesiones y es lo que ha ocurrido en el caso Gasoducto, que es la concesión más importante del país en la que se dieron procedimientos tan céleres y normativas sin mayor preocupaciones. Entonces no se descarta pagos a altos funcionarios, pero hay que tener claro que no soy competente para conocer estos hechos, solo lo verá la Fiscalía de la Nación que en su momento se pronunciará al respecto. Mi marco de investigación es desde la señora Nadine Heredia (en el régimen de Ollanta Humala) y en la etapa del expresidente Alan García hasta los ministros porque ya no tienen esa prerrogativa de la inmunidad y entonces sí se les puede investigar.
Y en el caso de los que todavía gozan de inmunidad, lo está viendo la Fiscalía de la Nación como sucede con el exministro Eleodoro Mayorga, el expresidente Humala…
Sí, entre otros.
¿Y cómo queda el caso Kuntur que fue el proyecto antecesor del Gasoducto del Sur? También hemos identificado pagos asociados a Kuntur para el ‘codinome’ Vermelho (rojo en portugués), un proyecto adjudicado en el régimen de Alan García. ¿En ese caso cuál es su hipótesis?
Sí, precisamente este despacho emitió una resolución de ampliación de investigación (el 1 de julio de 2019) en la cual se comprenden ya estos hechos de la etapa anterior, es decir para el proyecto Kuntur, porque estamos basados en esta modalidad criminal de la empresa: presumimos que estaba siempre el interés directo en esta obra en los dos momentos: la etapa Kuntur (con el régimen de García) y la etapa Gasoducto (con el gobierno de Humala). En la etapa Kuntur ya han sido comprendidos estos hechos, que en resumen se refieren a la prolongación de los cronogramas para cumplir con esta concesión y adicionalmente la prórroga de plazos que perjudican al Estado porque se propició la carta de garantía. Por esos hechos, este despacho ha incluido en la investigación a otras personas (del gobierno de Alan García): Juan Valdivia Romero (exministro de Energía y Minas), Luis Vicente Zavaleta Vargas (exfuncionario de la Dirección General de Hidrocarburos), así como Gustavo Navarro Valdivia, Édgard Ramírez Cadenillas (exintegrantes del Comité de Seguridad Energética de Proinversión) y Fernando Pomatailla Gálvez (exfuncionario del ministerio de Energía y Minas), entre otros.
Ya se produjo el allanamiento a las propiedades de estos personajes. ¿Cuándo deberán declarar ante su despacho?
En la primera semana de agosto.
¿Estas personas podrían haber recibido pagos de sobornos?
Es que el análisis o la teoría del caso no solamente es por pago de sobornos, también estamos hablando de colusión agravada (cuando el funcionario aprovecha su posición para obtener beneficio personal o de tercero en perjuicio del patrimonio del Estado e incumple con su deber). Nosotros sostenemos que en esta etapa de Kuntur, la prolongación de los cronogramas de los plazos y de la carta de garantía han causado un perjuicio al Estado. Pero, como ya lo mencioné, dada la modalidad que usaba la empresa (Odebrecht), no se descartan pagos de sobornos, y en ese caso, sería un posible cohecho.
En la planilla de 2014 del Departamento de Operaciones Estructuradas, que hemos publicado, aparecen dos pagos. Pero por el modus operandi de la compañía, que pagaba en cuotas, ¿estas transferencias podrían ser la punta del iceberg de otros pagos que se realizaron por Kuntur?, ¿ustedes lo han contemplado en la investigación?
También hay que hacer mención a que los pagos que se producen pueden ser un registro por pagos anteriores o porque acá también hay otras empresas que tenían la modalidad de recibir dinero (como el caso Construmaq) y hacían entregas directas a los funcionarios de Odebrecht. Acá se pueden dar dos modalidades, hay que recordar los años 2007 y 2008, las modalidades en esa época también eran entregas directas de pagos.
¿En 2007 y 2008 la modalidad eran pagos de coima en efectivo?
Sí. Al hacer el análisis de esas cuentas, de los pagos, entendimos que la modalidad iba evolucionando en el tiempo: primero pagos directos, pagos a cuentas personales y luego pagos a cuentas de empresas offshore.
Esto indica que el sistema de pagos se hizo cada vez más sofisticado. Precisamente, en la planilla de los pagos vinculados a Gasoducto del Sur aparecen varias sociedades offshore. Mientras que en otros casos se observa el uso de la firma peruana Construmaq, de Gonzalo Monteverde, que sirvió para triangular los pagos ilícitos como han confesado los delatores brasileños. ¿Han identificado información adicional sobre esas offshore?
Las indagaciones se pueden hacer, pero estamos sujetos a asistencias judiciales, a información formal que tenemos que recepcionar para poder tener un detalle al respecto.
Para el caso Gasoducto hay diez ‘codinomes’. Esto revela que había toda una red de personas involucradas, también por la magnitud de inversión del proyecto…
Claro, es la magnitud de inversión del proyecto y los actores que estuvieron en esta obra, ¿no? Porque aquí no solamente participaron funcionarios, sino también se hicieron pronunciamientos sobre informes técnicos legales por parte de estudios jurídicos que lograron que se descalifique al consorcio postor, entonces ese contexto debe entenderse así. Además, hay un tema en los estudios de impacto ambiental en el que también se hicieron pronunciamientos para hacer que la empresa Odebrecht utilice los estudios de impacto ambiental de Kuntur, para la otra concesión: Gasoducto. ¿Esto qué ocasionaba? Que pongan en desventaja a los demás postores, ¿no? Porque un estudio de impacto ambiental implica tiempo, dinero, inversión. Pero para este tipo de obra era necesario hacer un nuevo estudio. Entonces, entiendo que para esta obra hay muchos actores y, además, pagos respecto a un porcentaje de la obra.
Entonces detrás de esos ‘codinomes’ no solo pueden haber funcionarios, sino también abogados, representantes de bufetes, todos estos personajes que cumplieron un papel clave en todo el proceso: desde el estudio de impacto ambiental, los informes técnicos, los funcionarios que facilitaron la adjudicación...
Sí, no se descarta aquí ninguna situación.

Pintor del Virreynato 1705–1776

Considerado sin discusión como el maestro limeño más importante de su tiempo y el iniciador del resurgimiento experimentado por la pintura limeña en la segunda mitad del siglo xviii, bajo el signo de la emergente Ilustración. Hijo de padres desconocidos, recibió su apellido del fraile dominico Pedro Lozano y su brillante carrera artística parece haberle procurado, en gran medida, el reconocimiento social que sus orígenes le negaban. Debió de formarse en alguno de los talleres limeños de la primera mitad del siglo, claramente influido por la pintura religiosa del Cusco, cuya aceptación era creciente en la ciudad. De ahí que muchas de sus obras juveniles no hayan sido identificadas sino en tiempos recientes, debido a que su estilo se apartaba de la manera clásica de Lozano. Es el caso de la serie de lienzos sobre la vida de la Virgen en el monasterio del Carmen, que debe de datar de la década de 1730. La transición hacia su nueva y definitiva modalidad europeísta se aprecia en piezas como La imposición de la casulla a san Ildefonso, fechada en 1734, o en la copia riberesca de La liberación de san Pedro, en la sacristía de San Agustín, de 1741.
Tras el gran terremoto de 1746, que devastó Lima, Lozano tuvo ocasión de restaurar muchas de las pinturas que guardaba la ciudad. Al parecer fue ésta la razón principal para que entablara estrecha relación con el oidor Pedro Bravo de Lagunas, poseedor de una importante pinacoteca europea y personaje de gran influencia en la Corte virreinal, que se convertiría en su mentor. A partir de entonces, la producción de Lozano se vio claramente influida por el retrato cortesano de inspiración francesa y por composiciones religiosas que alternan la evocación de Murillo y Zurbarán con los nuevos modelos dieciochescos. Los retratos del conde de Superunda, que muestran al virrey reconstruyendo la catedral o supervisando a caballo las obras de reedificación de la ciudad, marcaron el apogeo de Lozano como pintor de Corte. El sucesor de Superunda, Manuel Amat, prefirió a Cristóbal de Aguilar como retratista de cámara, pero es probable que encargase a Lozano en 1771 la serie de lienzos de “mestizaje” o de castas enviada al Gabinete de Historia Natural de Madrid formado por el futuro Carlos III. Al ascender al trono este Monarca ilustrado, Lozano pintaría en su homenaje una alegoría de La Envidia, enviada a Madrid (hoy perdida), que constituía una defensa de la nobleza de la pintura y de su estatus como arte liberal.
En la década de 1760, Lozano se vinculó con la Orden jesuita al ejecutar el vasto lienzo de La coronación de la Virgen rodeada por los santos jesuitas (1766), destinado a decorar la nueva iglesia del noviciado de la Compañía. La imagen de María corresponde al tipo iconográfico murillesco, y sin duda fue tomada de una Purísima original de Murillo existente en aquel tiempo en Lima. Por entonces, el redactor de la Gaceta de Lima comentó elogiosamente la composición de Lozano como el mejor adorno de este edificio, “por su distinción, única en el Perú”, lo que revela el aprecio dispensado por sus contemporáneos. Esta fama se mantendría incólume en la generación siguiente, cuando Toribio del Campo y Pando se refería a Lozano en su “Carta sobre la música”, aparecida en las páginas del Mercurio Peruano como “el mas grande pintor de la ciudad”.
Dentro de su vertiente de ambiciosas composiciones religiosas de tónica barroca, Lozano produjo por esa misma época La aparición de la Virgen a san Camilo de Lelis, para la sacristía de la Buena Muerte.
Fuente: Real Academia de la Historia (España).

Odebrecht pide al Estado reembolso de S/524 millones por venta de Chaglla

La constructora Odebrecht le solicitó, a inicios de julio, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el reembolso de S/524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino.
Según informó el programa “Punto final”, el Estado Peruano le retuvo a la empresa brasileña US$319 millones, equivalentes a aproximadamente S/1.052 millones, de la referida transferencia.
De esta suma, S/435 millones fueron utilizados para que Odebrecht cancele la deuda que tenía con la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijado en el acuerdo de colaboración eficaz.
El resto, S/524 millones, debe retornar a las cuentas de la firma trasnacional, según el compromiso firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría.
Sin embargo, la jueza María Álvarez Camacho estableció, en la sentencia de homologación del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia antes de devolver este dinero que a la fecha “no exista investigación o proceso penal en curso” respecto a la constructora “por hechos distintos” al convenio.Fuentes de El Comercio confirmaron la existencia de esta disposición de Álvarez Camacho.
Las mismas fuentes indicaron que el Ministerio Público presentará su informe a la coordinadora ejecutiva de la Unidad Funcional Encargada de Implementar y Ejecutar las Disposiciones de la Ley N°30737, Cecilia García Díaz, entre el lunes y martes.
García Díaz es funcionaria del Ministerio de Justicia.
Fuente: Diarios El Comercio y EXPRESO.

Odebrecht denunció a Fiscalía peruana

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Antes de ser reemplazado por Rafael Vela, el extitular del Equipo Especial del caso Lava Jato, Hamilton Castro, dejó un informe en 2018 dirigido al entonces fiscal coordinador César Zanabria Chávez, el cual revela que la empresa brasileña Odebrecht denunció ante el Ministerio Público de Brasil que el Perú incumplió el acuerdo preliminar de colaboración eficaz.
En el documento, Castro indicó, por su parte, que la empresa brasileña tampoco suministró información en varios casos como el del Gasoducto Peruano del Sur, entre otros, pero aun así el Equipo Especial se comprometió a no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares como los allanamientos.
Así lo señala el informe Nº 011-2018 FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, del 18 de julio del 2018, enviado por el entonces titular del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, Hamilton Castro, al aún fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, César Zanabria Chávez.
En dicha documentación, Castro menciona el convenio preliminar de fecha 4 de enero del 2017, que el Equipo Especial del caso Lava Jato suscribió con la empresa constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, en el marco de un proceso especial de colaboración eficaz.
Es así que el fiscal da cuenta de los supuestos incumplimientos denunciados por la empresa Odebrecht ante los fiscales del Ministerio Público brasileño y que consideró violatorio de parte de diversas autoridades peruanas.
“El Ministerio Público del Perú no muestra ninguna intención de celebrar el acuerdo de lenidad definitivo con la empresa Odebrecht”, señala la constructora.
“En relación con los compromisos asumidos mediante asistencia judicial internacional, el Equipo Especial (Lava Jato), también utilizó y está utilizando información brindada por la empresa para instruir la investigación contra la misma y sus funcionarios y exfuncionarios. El acta de compromiso de especialidad y de limitación de uso de pruebas está haciendo vehementemente incumplida por el Perú”, indica Odebrecht, según lo informado por Hamilton Castro.
De acuerdo a lo confirmado por Castro, la constructora brasileña pretendía que no se abra investigación alguna sobre los proyectos que tenía a su cargo en el Perú.
“Pese al acuerdo preliminar de colaboración eficaz suscrito el 4 de enero de 2017 se abrieron investigaciones a cargo del Equipo Especial, a partir de información entregada por la empresa o bajada de internet en las siguientes casos: “Metro de Lima” (inicio de investigación el 19 de enero del 2017 contra la empresa, permaneciendo desde entonces en tal condición). Uso del acuerdo con la justicia de Estados Unidos”, se indica.
Pero Odebrecht tampoco quería que la justicia peruana siga indagando en obras como la “Carretera Interoceánica Sur” (se abrió investigación a partir de la información brindada por la peticionaria y sus ejecutivos y exejecutivos en el acuerdo preliminar de lenidad), “Vía Costa Verde Callao”, “Avenida Evitamiento del Cusco” (se abrió investigación a partir de información brindada por la peticionaria y sus efectivos en el acuerdo de unidad del Perú la misma que fue utilizada contra la compañía).
Incluso la empresa llegó a decir a las autoridades brasileñas que existía “falta de comunicación y coordinación entre las propias autoridades peruanas, en alusión al acta fiscal de fecha 8 de junio del 2018 de preservación documental suscrita por Odebrecht y el Equipo Especial, pese a lo cual el órgano jurisdiccional a pedido del fiscal de lavado de activos, José Castellanos, ordenó una medida de registro e incautación”.
La transnacional brasileña tampoco quería que toquen los documentos de la empresa Polysistemas, que brinda servicio de almacenamiento documental a Odebrecht.
Odebrecht también se refirió a su proyecto estrella “Gasoducto Sur Peruano”, y por eso se quejó por la incautación de los teléfonos celulares de Marcelo Bahía Odebrecht, y mencionó al acuerdo de lenidad celebrado por la empresa para atribuir la responsabilidad penal sin que se haga ninguna restricción en la condición de colaboradora, en referencias a otras delaciones, como de Rogelio Santos de Araujo y Luis Antonio Mameri.
En su defensa, Hamilton Castro dijo lo siguiente al referirse al Gasoducto Sur Peruano.
CERRAZÓN
“Una primera cuestión que debe ser destacada es que el proyecto Gasoducto Sur Peruano no ha sido sometido por Odebrecht ni por exfuncionarios de la empresa a la colaboración eficaz ante el Ministerio Público peruano. Esto significa que si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa o por sus funcionarios, que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado sino que, por el contrario, soporta de parte de la empresa y sus exfuncionarios un alegato de inocencia”, dijo.
Añade que la empresa y sus exfuncionarios decidieron defenderse en dicha investigación, pues consideran que en ese proyecto no pagaron sobornos a funcionarios peruanos ni se coludieron con ellos.
A pesar de la queja de la empresa ante el Ministerio Público brasileño, la Fiscalía peruana no retrocedió en su decisión de no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares, es decir aquellas que no se encuentren dentro del ámbito de legitimidad y competencia, contra las empresas del grupo Odebrecht, a partir de la suscripción del convenio preliminar y durante su vigencia.
¿En qué estado está o en qué quedó el caso? A ver si los fiscales del caso nos sacan de nuestra ignorancia.
Cláusula anticorrupción
No ha pasado mucho tiempo para que los observadores como Manuel Romero Caro y César Gutiérrez Peña encuentren la razón para la negativa de Odebrecht a informar sobre ilícitos en el gasoducto. Y es que es el único, de alrededor de 76 proyectos ejecutados, que tiene cláusula anticorrupción. Aceptar sobornos con tal cláusula sería letal: perderían todo, incluido los arbitrajes en el exterior.
CASO GASODUCTO NO ERA NUEVO
La investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) que estuvo en manos de la empresa brasileña, se ha venido efectuando mucho antes de que el Poder Judicial homologue el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Por ello resulta inexplicable que el Equipo Especial Lava Jato haya creído la versión de los representantes de la constructora cuando señalaban que no habían pagado coimas por esa obra.
El 2 de noviembre del 2017, Javier López Romaní, entonces fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, le envía a Hamilton Castro, titular del Equipo Especial del caso Lava Jato, el informe Nº 02-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/8ºDE-JELR, en el que se hace referencia a las anotaciones sobre el Gasoducto obtenidas del teléfono de Marcelo Odebrecht y compartidas por la justicia brasileña.
“En cuanto a las expresiones “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”, “Perú (gas como oportunidad de aproximación /alineación tú farm out PB”, “Perú, ¿Ruta del Sol?” y “Cash Angola y Perú”, debe precisarse que en cuanto a Humala se investiga el caso 12-2017, referido a una presunta concertación entre funcionarios de su Gobierno con los representantes de la empresa Odebrecht en el proyecto Gasoducto del Sur”, señala López Romaní.
Añade que dada la condición de su condición de expresidente, el despacho fiscal donde se originó esta investigación, ha procedido conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución y del Código Procesal Penal.
“En cuanto a las expresiones que se precisan como información compartida, debemos señalar que la expresión “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”) podría estar vinculada al interés de la empresa Odebrecht en el proyecto Kuntur o Gasoducto, no pudiéndose precisar con mayor detalle a cuál de los proyectos antes mencionados estaría relacionada, al no tenerse la fecha en la que se emitió dicho mensaje, a fin de contextualizarlo”, indica.
En ese sentido, agrega que independientemente de qué proyecto se trata, “podría configurar un indicio del interés de la empresa Odebrecht respecto de esos proyectos los cuales forman parte del objeto de investigación en el caso Nº 12-2017”.
Es por eso que el fiscal sugiere que, vía cooperación internacional, se recabe la declaración de Marcelo Odebrecht para que aclare y explique el contexto de dicha anotación.

Tía María: congresistas y grupos radicales están azuzando al pueblo

Por FRANCO MORI PETROVICH- Diario EXPRESO.
El riesgo de que el proyecto minero Tía María termine siendo una quimera más, como ocurrió con Conga, ha despertado preocupación. Y es que ante un Gobierno que no puede sentar las bases del diálogo y una empresa que no puede iniciar la construcción de la mina, se reorganizó cierta izquierda que junto al pueblo de Cocachacra, lidera desde el lunes 15 de julio un paro indefinido con el objetivo de dejar sin efecto la licencia.
De caer Tía María, no solamente se pierde una oportunidad para generar más empleos, sino que posicionará al Perú como un país no amigable para las grandes empresas que buscan invertir. Así lo dijo a EXPRESO la abogada Maria Cecilia Villegas, especialista en diseño de políticas públicas y gerencia de proyectos de ingeniería.
“Perderemos crecimiento económico, perderemos desarrollo y perderemos puestos de trabajo. Pero lo que más perderemos es competitividad. El Perú es un país minero, quieras o no, y si se cae Tía María, como cayó Conga, perderemos la posibilidad de atraer en el mercado a grandes empresas para que hagan una inversión sostenible”.
Marco Arana, congresista y líder del Frente Amplio, aseveró que el proyecto no va porque es “de alto impacto ambiental, de uso extensivo de agua, pero que además trae de por medio la elaboración de tajos abiertos en una provincia donde las concesiones mineras alcanzan el 65% del territorio (…)”.
Sin embargo, las informaciones del líder izquierdista no se ajustarían a la verdad. Villegas explicó que no hay ninguna razón para pedir que se anule la licencia de construcción porque el Estado ya pudo absolver todas las inquietudes en torno a un posible impacto negativo al medio ambiente. “No sé a qué observaciones se refiere Arana, pero todas ya fueron levantadas por la empresa. Cuando se reciben observaciones, la empresa tiene el deber de levantarlas, de lo contrario no debe proceder con sus proyectos. ¿Y cómo las levanta? Proponiendo cambios o explicando el detalle de por qué los procedimientos son válidos”, dijo Villegas a este diario.
El problema de fondo es la ausencia del Estado en las comunidades para brindarles información real respecto del impacto del proyecto y darles la tranquilidad necesaria de que no ocurrirá nada en desmedro de su salud. Ya el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anticipó que el Gobierno de Martín Vizcarra no ha adoptado un mecanismo para poder abrirse al diálogo fructífero con los actores de un conflicto social. “No tenemos un sistema, no tenemos una inversión, no tenemos políticas públicas con enfoque de conflicto (…) lo que tenemos es una gestión demasiado contingente, enfocada en la coyuntura”, criticó.
Dada esta situación, expone Villegas, los grupos radicales aprovechan en azuzar al pueblo con ideas que no se acomodan a la verdad. “Las comunidades cercanas a Tía María están absolutamente abandonadas por el Estado, y ante esta ausencia, las dudas que se suscitan son válidas. Pero, ¿qué es lo que sucede? La desconfianza que tienen los pobladores es alimentada por líderes antimineros cuyos únicos objetivos son políticos”, explicó Villegas.
Recordó, además, que Marco Arana llegó al Congreso de la República luego de su rol protagónico en contra del proyecto minero Conga, en Cajamarca. Al día de hoy; no obstante, Cajamarca se encuentra en una recesión económica imparable, escenario que no hubiera ocurrido con una adecuada presencia del Estado que evite la frustración de la obra.
“¿Qué paso con Cajamarca después de Conga? Los indicadores sociales y económicos de Cajamarca, durante las operaciones mineras, fueron mejorando. Pero, cuando Conga finalmente fue suspendida (y uno de los artífices fue Arana), todos los indicadores se fueron al tacho y ahora Cajamarca está en una recesión”, expuso.
“Los congresistas del Frente Amplio no están diciendo la verdad. Tenemos, lamentablemente, a un montón de líderes, congresistas y antimineros que lo que hacen es mentirle a la población para que, en base de la mentira, la población se asuste y marcha. A la población de Cocachacra vienen estos señores a decirles que se va a contaminar el agua y que se van a morir, así se suscita el miedo. ¿Dónde está el Estado?”, finalizó.

Más movidas en la Fiscalía y mayor malestar

Por Mariella Balbi- Político.pe
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, publicó una resolución en El Peruano que indica que la politización de la Fiscalía continúa en marcha y con fuerza. Bersabeth Revilla Corrales ha sido designada como fiscal suprema provisional y ocupará la segunda Fiscalía Suprema que ve las denuncias contra altos funcionarios.
Lo sorprendente es que Revilla Corrales era la adjunta suprema titular del fiscal Pablo Sánchez, reemplazándolo cuando este se ausentara. Ahora Sánchez tiene a su cargo la primera Fiscalía Suprema y Revilla tendrá la segunda; le cayó del cielo la designación. La ‘familia’ fiscal prospera y se mantiene en el poder.
Días atrás conocimos la decisión de Zoraida Ávalos de incorporar a su despacho a la fiscal provincial penal Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, esposa del cuestionado comandante de la Policía Nacional, Harvey Colchado quien dirige de arriba abajo el caso Cuellos Blancos.
Gutiérrez tendrá al tanto a la fiscal de la Nación –que no tiene la especialidad penal– de los casos de corrupción de altos funcionarios. Y desde ahí distribuirá los expedientes de ministros, congresistas, vocales y fiscales supremos a las fiscalías de Sánchez y Revilla, decidiendo si se les lleva a juicio o se archiva.
El fiscal supremo Jesús Fernández, recientemente nombrado, solo se abocará a los altos funcionarios relacionados con el caso Cuellos Blancos. Entonces, son cuatro los fiscales que se dedicarán exclusivamente a estos burócratas de alto rango.
El malestar en la Fiscalía es fuerte porque para ser designado fiscal supremo provisional como Bersabeth Revilla Corrales hay que tomar en cuenta la antigüedad. El fiscal más antiguo está en el departamento de Huánuco y en Lima hay más de siete magistrados que llevan ventaja en años de servicio a Revilla. En la Fiscalía se sabe que si el más antiguo tiene denuncias por corrupción se elige al siguiente en la línea de la carrera fiscal. El objetivo de toda esta movida es tener a merced de la Fiscalía el destino judicial de congresistas, ministros y otros funcionarios de alto rango. Entretanto, el Congreso ha citado nuevamente al fiscal Gonzalo Chávarry el lunes próximo.

Cuatro mentiras sobre Chinchero

Por Marco Zileri- Revista CARETAS.
El gobierno suscribirá un contrato de consultoría para la construcción y administración del futuro aeropuerto con el consorcio surcoreano liderado por Korean Airlines por US$ 30 millones. El gobierno impulsa la construcción del polémico aeropuerto cusqueño a pesar que los estudios previos tienen graves omisiones.
El mayor general FAP (r) Bruno Papi Aparicio ha identificado una omisión colosal en los estudios de prefactibilidad del aeropuerto de Chinchero en el Cusco: la salida predominante (RWY 34) no tiene ruta de escape (CARETAS 2497). Eso significa que en caso de una plantada de motor o “engine failure” la aeronave no tiene un protocolo de emergencia que le permita regresar a la pista de aterrizaje o se dirija a otro aeropuerto en forma segura. “Un aeropuerto cuya salida principal no tenga un procedimiento de emergencia se convierte es inoperable: así de simple”, sostiene Papi Aparicio.
La ruta sobrevuela el valle del Urubamba a medida que la nave gana altura, pero en caso de la pérdida de un motor la situación sería singularmente comprometedora puesto que las montañas a la margen izquierda y derecha de la nave serían más altas e imposible de sobrevolar.El piloto Papi Aparicio informó de esta grave omisión a la ministra de Transportes y Comunicaciones María Jara el 14 de junio pasado vía carta notarial. Está aun a la espera de la respuesta.
Con anticipación, el acucioso aviador se dirigió a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en busca de una respuesta, el 26 de marzo.
La DGAC respondió el 30 de abril a Papi Aparicio admitiendo que “el estudio de factibilidad fueron elaborados en las condiciones y normativas presentadas en el año 2013, es decir hace más de 6 años, a la fecha se requerirá de actualización integral de los citados procedimientos de vuelo”.
La DGAC admitió que “en el 2024 se tendrá validado todo el procedimiento de vuelos basados en datos finales”.

Blindaje fiscal a Ollanta y Nadine en el Gasoducto

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Mirando hacia atrás se ve claramente que el actual grupo de fiscales anticorrupción que ve el caso Lava Jato ayudó a Ollanta Humala y Nadine Heredia para que las imputaciones en su contra se situaran en el delito de lavado de activos y no en el de cohecho (corrupción de funcionarios), pese a que en el 2016 ya se les investigaba por cohecho. ¿Qué pasó? Estos fiscales tendrán que explicar el porqué.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta tenía a su cargo el caso del Gasoducto del Sur en el año 2016, abriendo una investigación preliminar a Nadine Heredia y a Eleodoro Mayorga por cohecho pasivo. Esto debido a la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (PPEDC).
Atribuye a la empresa Odebrecht “haber coordinado con Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tasso para la obtención de la buena pro” de la ampliación del gasoducto, que elevó su presupuesto, de US$ 1,300 millones a más de US$ 7,000 millones (ver documento).El fiscal Abia Arrieta señala que el nombramiento del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga durante el gobierno de Humala tuvo como objetivo que este designara al comité que otorgaría la mencionada buena pro mediante una serie de irregularidades.
Hamilton Castro, fiscal provincial anticorrupción, estaba a cargo del equipo especial Lava Jato y conocía perfectamente la investigación de Abia Arrieta. En septiembre de 2017, cuando la fiscalía anticorrupción recibe el celular de Marcelo Odebrecht con las anotaciones “AG vs. Olmos – Finalizar”, “Keiko aumentar 500 y hacer visita”, “Humala Perú, gas como oportunidades de aproximación”, Castro cursó un escrito al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez sobre este tema, para que procediera de acuerdo a sus atribuciones. Como Presidente, Ollanta Humala tenía la prerrogativa de antejuicio político por el Gasoducto del Sur.
No se conoce si el fiscal Pablo Sánchez cumplió con la obligación de investigar a Humala como le correspondía. Lo cierto es que nunca se supo de ello, ni se usó como insumo para las investigaciones del nuevo equipo Lava Jato a cargo de los fiscales Rafael Vela y José Pérez.
A Ollanta Humala y a Nadine Heredia se les investiga por lavado de activos, por recibir dinero en las campañas electorales del 2006 y del 2011. Marcelo Odebrecht lo mencionó cuando lo interrogaron y Jorge Barata declaró que les entregó personalmente US$ 3 millones para tal fin.
Pero, ya en abril de 2018, Hamilton Castro tenía una investigación desarrollada por el caso Gasoducto. La firma final de un acuerdo de colaboración con Jorge Barata se dilató porque este no quería aceptar coimas ni culpabilidad en ese megaproyecto, menos asumir las consecuencias económicas que implicaría la reparación civil.
Recordemos que en enero de dicho año el procurador ‘ad hoc’ para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, estipuló que Odebrecht debía pagar una reparación civil de aproximadamente US$ 400 millones. Cuando el fiscal Vela encabezó el equipo anticorrupción estimó una indemnización de US$ 200 millones.
Ramírez declaró que durante la gestión de Castro “se calculó el monto sobre más proyectos”. En mayo de ese año el fiscal Hamilton Castro ya tenía una línea de investigación y solicitó, a través de la Asistencia Judicial Internacional, la declaración de Barata como investigado en el caso Gasoducto del Sur. También tramitó ante la misma Asistencia Judicial el pedido para acceder a los sistemas My Web Day y Drousys con códigos y nombres.
Pero cuando fue relevado del cargo todo quedó ahí, se fondeó, pero se nos dijo que con la firma del Acuerdo de Colaboración con Odebrecht, que incluye solo cuatro casos, se accedería a la información contenida en My Web Day y Drousys. Lo cual no es cierto a la luz de los hechos conocidos.
El equipo ecuatoriano de los Periodistas de investigación internacional, a cargo de Andersson Boscán, reveló documentación de Odebrecht que indicaba un pago de coimas en el gasoducto por US$ 3 millones, hecho que se desconocía en el Perú. Los peruanos estábamos en Babia.
Asimismo, el fiscal Hamilton Castro declaró que dejó documentación sobre más de 20 proyectos de Odebrecht donde se pagó sobornos, recriminándole al fiscal Pérez por no incluir esto en las investigaciones, menos en el acuerdo con la empresa brasileña.
En la Fiscalía se comenta que el exfiscal suizo, Stephan Lenz, contratado por la institución en el 2017 para apoyar al equipo de Hamilton Castro en Lava Jato, detectó también estos pagos ilícitos en el Gasoducto del Sur y otros proyectos, pero posteriormente no se le renovó el contrato.
Vamos, era prácticamente ‘vox populi’ que había indicios de coimas por parte de Odebrecht en el Gasoducto del Sur. Pero nada pasó. Por eso en el Ministerio Público hay una mirada muy crítica frente al acuerdo con Odebrecht, principalmente porque se han omitido casos en los que el país ha salido perjudicado por la corrupción de la empresa brasileña.
LAVADO O COHECHO
Llama la atención que pese a conocerse desde el 2016 el pago de coimas en el Gasoducto del Sur que implicaba seriamente a la pareja presidencial Humala-Heredia, la acusación fiscal sea por lavado de activos y no por cohecho (corrupción de funcionarios, sobornos). Fuentes de la Fiscalía apuntan a que se ha querido favorecer a los Humala-Heredia estructurando la investigación bajo el delito de lavado de activos. Es evidente que esa infracción es un delito más difícil de probar, el cohecho no.
Todo lo actuado por el equipo de Hamilton Castro fue entregado a los fiscales Vela y Pérez, pero lo desecharon. Para muchos, estos omitieron las investigaciones a Heredia y Humala sobre el Gasoducto del Sur cuando en la Fiscalía todos sabían que tenían investigaciones abiertas y estaban seriamente implicados.
Se limitaron a investigar lo relativo a los aportes de campaña hechos por Odebrecht, etiquetando a los partidos políticos de organizaciones criminales. Con el agravante de que Odebrecht sostiene que en la Caja 2 había dinero lícito e ilícito. Cómo diferenciar en cada caso.ALLANAMIENTO Y FARSA
Por eso en la Fiscalía consideran un ‘show’ de mal gusto el reciente allanamiento del domicilio de los Humala-Heredia. “Todo estudiante de derecho penal sabe que el allanamiento se inicia cuando se investiga el caso, no tres años después. Una pantalla burda para tapar la omisión, el ‘huecazo’ enorme que han creado”, afirma nuestra fuente.
Según el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, Odebrecht ha admitido pagos ilícitos en el Gasoducto del Sur. Añadió que “la empresa y los aspirantes a colaboradores están apoyando en la investigación”. No dio más detalles. Sin embargo las coimas en el gasoducto se conocían en la fiscalía anticorrupción antes de la validación del acuerdo con Odebrecht por el Poder Judicial.
Las informaciones sobre Lava Jato han aparecido rápidamente en el portal de IDL-Reporteros y en los medios cercanos a la Fiscalía. No así el caso del gasoducto. ¿Por qué no se divulgaron raudamente las declaraciones de los colaboradores sobre el Gasoducto del Sur, como ocurrió con los otros casos?
Ahora el procurador Jorge Ramírez declara que si la Fiscalía lo considera se puede “pedir que se revoque el acuerdo con Odebrecht”. Hasta hace poco, Ramírez lo defendió a capa y espada. Algo muy grave está ocurriendo en los predios fiscales para que lance esta afirmación.
Otros proponen un nuevo acuerdo para el caso Gasoducto del Sur o la elaboración de una adenda. Pero no se conoce exactamente qué contiene el acuerdo con Odebrecht y las autoridades fiscales y policiales se tiran la pelota sobre quién debe publicarlo. El presidente del Poder Judicial ha dicho que es potestad de la jueza a cargo de su validación.
La Junta de Fiscales Supremos ha citado a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez para que respondan a las interrogantes aparecidas luego de conocerse la irregular omisión del caso Gasoducto. Puede darse un recambio saludable en la conducción de Lava Jato.
En los innumerables informes periodísticos sobre las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht nunca leímos preguntas específicas sobre las vinculaciones de Ollanta Humala y Nadine Heredia con la irregular concesión del Gasoducto del Sur. La razón es aún inexplicable y la protección a estos dos personajes evidente. ¿Omisión o encubrimiento?, ambos de larga data. Hamilton Castro tiene mucho que aclarar.
¿Odebrecht sigue mintiendo?
Odebrecht sigue negando, hasta hoy, haber pagado sobornos a funcionarios públicos por el proyecto energético, argumentando que la planilla de US$ 3 millones descubierta en el Ecuador contiene pagos a privados que han sido cargados a la contabilidad de Gasoducto del Sur, porque esta obra tenía su presupuesto de sobornos sin tocar, según la prensa oficialista.
El equipo Laja Jato de la Fiscalía se ha apresurado a armar un nuevo interrogatorio precisamente en Brasil a Jorge Barata y Ribeiro Bortoletti para que expliquen el escándalo de los presuntos sobornos de US$ 3 millones e identifiquen los nombres de los “codinomes” implicados.
El problema se complica porque la Procuraduría de la República de Paraná (Brasil), es decir la Fiscalía de dicho país, en la documentación enviada a sus homólogos peruanos sobre el “Acuerdo de Indulgencia” arribado con Odebrecht, señala en forma taxativa que su adhesión o aceptación de dicho acuerdo “tendrá efectos penales una vez homologado”, es decir no puede mentir y debe guardar todas las reservas del caso.
La agenda del almuerzo con “OH” y los viajes de Nadine
Este documento llegó de Brasil a la Fiscalía Anticorrupción del Perú en marzo de 2016 junto con otros que entregó un importante funcionario de Odebrecht a la Fiscalía brasileña. Se trata de la agenda de la cena que ofreció Marcelo Odebrecht el 11 de junio de 2011 a las 23 horas, en honor al presidente electo Ollanta Humala y esposa. Ahí se habría elaborado el “programa (de inversiones) OH” para el Gasoducto que funcionaría a partir del 28 de junio de 2011 como indica el documento. Inclusive figura el año de contratación y adjudicación del Gasoducto. Posteriormente, el 14 de julio, Nadine Heredia viajo sola a Brasil y regresó por Venezuela.
En el interrogatorio a Marcelo Odebrecht el fiscal Rafael Vela y su equipo debieron preguntarle por las siglas que aparecen en el documento, pero por lo trascendido no lo hicieron. No es difícil deducir que los US$ 3 millones que Jorge Barata entregó a Humala para su campaña eran en realidad adelantos de las coimas a cuenta da la millonaria ampliación del presupuesto del Gasoducto del Sur. Queda claro que desde el 2016 la Fiscalía conocía de las coimas de Odebrecht para el gasoducto. 

La última treta de Odebrecht y los fiscales Lava Jato

Por Plinio Esquinarila- Diario EXPRESO.
Si el equipo Lava Jato de la Fiscalía asegura, a través de su jefe Rafael Vela, que ha firmado un acta de colaboración con Odebrecht sobre el Gasoducto del Sur, como una adenda al acuerdo de colaboración eficaz, está en la obligación de precisar en qué hechos concretos y en qué tramo del proyecto la constructora brasileña ha aceptado culpabilidad o delitos.
“Odebrecht ya está colaborando”, ha dicho Vela. Pero resulta que en los allanamientos de este martes el énfasis está puesto en funcionarios del segundo gobierno de Alan García que no tuvieron participación gravitante en la primera etapa de la concesión; es decir, con Kuntur Transportadora de Gas SAC.
Nos referimos, por ejemplo, al exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien renunció en octubre de 2008. ¿Qué tiene que ver este señor, entre otros del mismo periodo, con el gasoducto si además la firma de la concesión fue a “solicitud de parte”, es decir sin apoyo financiero de la parte peruana, como veremos después?
El citado énfasis llama la atención de los observadores porque en dicha etapa del proyecto de Kuntur no se firmó cláusula anticorrupción en el contrato de concesión. A menos que la declaración de culpabilidad de la que habla el fiscal Vela esté circunscrita a este tramo, lo que está por dilucidar.
Es decir, si acaso está ubicada entre los años 2008 y 2012, correspondiente a la etapa Kuntur, sin cláusula anticorrupción, o está relacionada a la etapa siguiente (2012-2014), que corresponde estrictamente a Odebrecht, donde el contrato sí establece la temida cláusula en el gobierno de Ollanta Humala.
Pero como no hay nada claro, y el secreto es lo que prima, no obstante las prédicas por la transparencia, no hay otra salida que exigir que se haga público el contenido del acta firmada con Odebrecht.
Dicho de otra forma, algún funcionario de la Fiscalía, de la Junta de Fiscales Supremos o la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tendrían que informar a la ciudadanía a qué tramo del proceso está referido la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht.
La prensa oficialista ya ha adelantado que la planilla de los US$ 3 millones de presuntos sobornos en el gasoducto -que puso al descubierto la prensa ecuatoriana y desarrollada en el Perú por el portal Convoca.pe-, fueron para pagos a privados, sean abogados, asesores, consultores u otros que no querían ver sus nombres ligados a la constructora brasileña por el caso Lava Jato.
De esa forma allanan el camino para que en el nuevo careo, probablemente entre el 22 y 23 de julio, los “delatores premiados” brasileños, Jorge Barata y Ribeiro Bortolotti, expliquen a los fiscales peruanos, en Brasil, cuál fue la naturaleza de los pagos a cargo del gasoducto e identifiquen los “codinomes” ya conocidos: “Princesa”, “French”, Gaza”, “Magali”, “Disco” y “Novatos”.
En rigor, hasta ahora no aparece nada de sobornos del periodo Odebrecht (2012-2014), es decir desde la anulación de la primera concesión de Kuntur, hasta la firma del contrato de la nueva concesión con Odebrecht después que ganara la buena pro el 30 de junio de 2014, a mediados del gobierno de Ollanta Humala.
Si se está afirmando que la información procedentes del Ecuador es similar a la entregada por Odebrecht a la Fiscalía el 1 y el 12 de junio, y que sería para pagos a privados en 2014, con fondos provenientes del Gasoducto del Sur que tenía en su presupuesto “sobornos sin tocar”, eso significa que Odebrecht no ha aceptado ni aceptará culpabilidad en el tramo en que firmó la cláusula anticorrupción.
Si esto es así, y es lo más probable, según consultas hechas por este diario a expertos en la materia que solicitaron el anonimato, estamos ante una treta pro-impunidad, y a Odebrecht no le pasará nada.
De lo contrario, el caso Lava Jato tomaría un nuevo giro y de suyo el acuerdo firmado con Odebrecht entraría en una fase devaluada o a revocar, como ya lo insinúan algunas autoridades, como el procurador ad hoc Jorge Ramírez.
Esto porque la misma anulación del contrato de concesión no tomaría tanto en cuenta la imposibilidad de Odebrecht del cierre financiero, sino porque de raíz el contrato y todo lo actuado serían nulo por la sola aplicación de la cláusula anticorrupción.
Y nulo el arbitraje planteado por Enagas ante el CIADI donde está de por medio un reclamo por alrededor de US$ 2,000 millones por culpa de Pedro Pablo Kuczynski y las autoridades peruanas que aún resguardan indebidamente unos activos privados del consorcio, como veremos después.
Esto porque la demandante Enagás, que tiene el 25 % de las acciones, exige el pago de US$ 511 millones; por lo que Graña y Montero, que tiene el 20 % restante, le tocaría unos 400 millones, y a Odebrecht la mayor parte de la eventual reparación que podría pagar el Perú si no toma las medidas del caso.
Claro que del total de las expectativas (los citados US$ 2,000 millones), los bancos acreedores se reservarían al menos el 60 %, es decir más de US$ 1,000 millones.
Una lluvia de millones sin contar la nueva demanda del mismo Odebrecht ante una corte de Luxemburgo donde aún no ha fijado monto por trato discriminatorio en todas las obras del Perú, según dicen, esto por aplicación del DS 003.
BIENES AJENOS
De otra parte, es importante recordar que a los pocos días de la caducidad del contrato entre Odebrecht y el Estado peruano, en enero de 2017, Pedro Pablo Kuczynski promulgó el decreto de urgencia 01-2017 donde ordena a Osinergmin contratar un administrador de cuidado de bienes del gasoducto por parte del Estado, para después eventualmente venderlos.
También ordena que la carta fianza del consorcio de US$ 280 millones deberá usarse para el pago del cuidado de bienes de Odebrecht y sus socios.
Graña y Montero toca fondo en esos días, el 20 de enero para ser precisos, y al darse la caducidad de la concesión esta constructora, aduce a un artículo del contrato que le daría derecho a cobrar por los avances en el gasoducto. Esa fue la “Ley Graña”: el decreto de urgencia 01-2017.
Si esos bienes, sobre todo los ductos y la maquinaria, no eran del Estado, ¿a mérito de qué el entonces presidente Kuczynski ordena que el Estado sea el cuidante de bienes ajenos? Hasta ahora PPK ni el equipo Lava jato de la Fiscalía han respondido a esta interrogante.
Estas decisiones generaron divergencias en la tecnocracia del Ejecutivo, y al final se impuso la idea de PPK de contratar una empresa colombiana a la que se pagó US$ 48 millones por un año (2017), y el servicio ha sido renovado hasta mayo de este año, y obvio que continúa con partida en el Presupuesto Público de 2018.
Esta enajenación de bienes privados fue utilizada por Enagás para presentar una solicitud de trato directo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el pago de sus activos del gasoducto, lo que también favorecería a sus socios Odebrecht y Graña.
Y como no hubo acuerdo en el trato con el MEF, Enagás ha demando al Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, como señalamos líneas arriba.
El más caro
El Gasoducto Sur Peruano, de 1,134 km de ductos desde el yacimiento de Camisea en la selva de Cusco hasta Ilo, con un presupuesto que pasó de US$ 1,300 millones a US$ 7,328 millones, es el proyecto más caro en la historia de la República. Tal vez el más corrupto.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
A estas alturas del partido, las preguntas que surgen son varias. ¿Se ha investigado la ley antes mencionada y las motivaciones de Kuczynski para que el Estado se haga cargo, en forma indebida, de los activos del Consorcio Gasoducto del Sur que no tenía por qué asumirlos?
Con el agravante de que el decreto de urgencia antes mencionado pone como argumento que los activos se venderían, ¿para qué se metieron Kuczynski y otros lobbistas del Congreso?, ¿para qué Graña y Odebrecht cobren? Este es un tema de investigación.
De lo anterior se deduce que las actuales autoridades del Gobierno, tras los pasos de PPK, han dado reiteradas muestras para pagar los bienes del proyecto gasífero, por lo que la queja ante el CIADI sigue su curso.