Cartas sobre la mesa

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Cuatro mentiras sobre Chinchero

Por Marco Zileri- Revista CARETAS.
El gobierno suscribirá un contrato de consultoría para la construcción y administración del futuro aeropuerto con el consorcio surcoreano liderado por Korean Airlines por US$ 30 millones. El gobierno impulsa la construcción del polémico aeropuerto cusqueño a pesar que los estudios previos tienen graves omisiones.

El mayor general FAP (r) Bruno Papi Aparicio ha identificado una omisión colosal en los estudios de prefactibilidad del aeropuerto de Chinchero en el Cusco: la salida predominante (RWY 34) no tiene ruta de escape (CARETAS 2497). Eso significa que en caso de una plantada de motor o “engine failure” la aeronave no tiene un protocolo de emergencia que le permita regresar a la pista de aterrizaje o se dirija a otro aeropuerto en forma segura. “Un aeropuerto cuya salida principal no tenga un procedimiento de emergencia se convierte es inoperable: así de simple”, sostiene Papi Aparicio.
La ruta sobrevuela el valle del Urubamba a medida que la nave gana altura, pero en caso de la pérdida de un motor la situación sería singularmente comprometedora puesto que las montañas a la margen izquierda y derecha de la nave serían más altas e imposible de sobrevolar.El piloto Papi Aparicio informó de esta grave omisión a la ministra de Transportes y Comunicaciones María Jara el 14 de junio pasado vía carta notarial. Está aun a la espera de la respuesta.
Con anticipación, el acucioso aviador se dirigió a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en busca de una respuesta, el 26 de marzo.
La DGAC respondió el 30 de abril a Papi Aparicio admitiendo que “el estudio de factibilidad fueron elaborados en las condiciones y normativas presentadas en el año 2013, es decir hace más de 6 años, a la fecha se requerirá de actualización integral de los citados procedimientos de vuelo”.
La DGAC admitió que “en el 2024 se tendrá validado todo el procedimiento de vuelos basados en datos finales”.

Blindaje fiscal a Ollanta y Nadine en el Gasoducto

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Mirando hacia atrás se ve claramente que el actual grupo de fiscales anticorrupción que ve el caso Lava Jato ayudó a Ollanta Humala y Nadine Heredia para que las imputaciones en su contra se situaran en el delito de lavado de activos y no en el de cohecho (corrupción de funcionarios), pese a que en el 2016 ya se les investigaba por cohecho. ¿Qué pasó? Estos fiscales tendrán que explicar el porqué.
El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta tenía a su cargo el caso del Gasoducto del Sur en el año 2016, abriendo una investigación preliminar a Nadine Heredia y a Eleodoro Mayorga por cohecho pasivo. Esto debido a la denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (PPEDC).
Atribuye a la empresa Odebrecht “haber coordinado con Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Humala Tasso para la obtención de la buena pro” de la ampliación del gasoducto, que elevó su presupuesto, de US$ 1,300 millones a más de US$ 7,000 millones (ver documento).El fiscal Abia Arrieta señala que el nombramiento del exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga durante el gobierno de Humala tuvo como objetivo que este designara al comité que otorgaría la mencionada buena pro mediante una serie de irregularidades.
Hamilton Castro, fiscal provincial anticorrupción, estaba a cargo del equipo especial Lava Jato y conocía perfectamente la investigación de Abia Arrieta. En septiembre de 2017, cuando la fiscalía anticorrupción recibe el celular de Marcelo Odebrecht con las anotaciones “AG vs. Olmos – Finalizar”, “Keiko aumentar 500 y hacer visita”, “Humala Perú, gas como oportunidades de aproximación”, Castro cursó un escrito al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez sobre este tema, para que procediera de acuerdo a sus atribuciones. Como Presidente, Ollanta Humala tenía la prerrogativa de antejuicio político por el Gasoducto del Sur.
No se conoce si el fiscal Pablo Sánchez cumplió con la obligación de investigar a Humala como le correspondía. Lo cierto es que nunca se supo de ello, ni se usó como insumo para las investigaciones del nuevo equipo Lava Jato a cargo de los fiscales Rafael Vela y José Pérez.
A Ollanta Humala y a Nadine Heredia se les investiga por lavado de activos, por recibir dinero en las campañas electorales del 2006 y del 2011. Marcelo Odebrecht lo mencionó cuando lo interrogaron y Jorge Barata declaró que les entregó personalmente US$ 3 millones para tal fin.
Pero, ya en abril de 2018, Hamilton Castro tenía una investigación desarrollada por el caso Gasoducto. La firma final de un acuerdo de colaboración con Jorge Barata se dilató porque este no quería aceptar coimas ni culpabilidad en ese megaproyecto, menos asumir las consecuencias económicas que implicaría la reparación civil.
Recordemos que en enero de dicho año el procurador ‘ad hoc’ para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, estipuló que Odebrecht debía pagar una reparación civil de aproximadamente US$ 400 millones. Cuando el fiscal Vela encabezó el equipo anticorrupción estimó una indemnización de US$ 200 millones.
Ramírez declaró que durante la gestión de Castro “se calculó el monto sobre más proyectos”. En mayo de ese año el fiscal Hamilton Castro ya tenía una línea de investigación y solicitó, a través de la Asistencia Judicial Internacional, la declaración de Barata como investigado en el caso Gasoducto del Sur. También tramitó ante la misma Asistencia Judicial el pedido para acceder a los sistemas My Web Day y Drousys con códigos y nombres.
Pero cuando fue relevado del cargo todo quedó ahí, se fondeó, pero se nos dijo que con la firma del Acuerdo de Colaboración con Odebrecht, que incluye solo cuatro casos, se accedería a la información contenida en My Web Day y Drousys. Lo cual no es cierto a la luz de los hechos conocidos.
El equipo ecuatoriano de los Periodistas de investigación internacional, a cargo de Andersson Boscán, reveló documentación de Odebrecht que indicaba un pago de coimas en el gasoducto por US$ 3 millones, hecho que se desconocía en el Perú. Los peruanos estábamos en Babia.
Asimismo, el fiscal Hamilton Castro declaró que dejó documentación sobre más de 20 proyectos de Odebrecht donde se pagó sobornos, recriminándole al fiscal Pérez por no incluir esto en las investigaciones, menos en el acuerdo con la empresa brasileña.
En la Fiscalía se comenta que el exfiscal suizo, Stephan Lenz, contratado por la institución en el 2017 para apoyar al equipo de Hamilton Castro en Lava Jato, detectó también estos pagos ilícitos en el Gasoducto del Sur y otros proyectos, pero posteriormente no se le renovó el contrato.
Vamos, era prácticamente ‘vox populi’ que había indicios de coimas por parte de Odebrecht en el Gasoducto del Sur. Pero nada pasó. Por eso en el Ministerio Público hay una mirada muy crítica frente al acuerdo con Odebrecht, principalmente porque se han omitido casos en los que el país ha salido perjudicado por la corrupción de la empresa brasileña.
LAVADO O COHECHO
Llama la atención que pese a conocerse desde el 2016 el pago de coimas en el Gasoducto del Sur que implicaba seriamente a la pareja presidencial Humala-Heredia, la acusación fiscal sea por lavado de activos y no por cohecho (corrupción de funcionarios, sobornos). Fuentes de la Fiscalía apuntan a que se ha querido favorecer a los Humala-Heredia estructurando la investigación bajo el delito de lavado de activos. Es evidente que esa infracción es un delito más difícil de probar, el cohecho no.
Todo lo actuado por el equipo de Hamilton Castro fue entregado a los fiscales Vela y Pérez, pero lo desecharon. Para muchos, estos omitieron las investigaciones a Heredia y Humala sobre el Gasoducto del Sur cuando en la Fiscalía todos sabían que tenían investigaciones abiertas y estaban seriamente implicados.
Se limitaron a investigar lo relativo a los aportes de campaña hechos por Odebrecht, etiquetando a los partidos políticos de organizaciones criminales. Con el agravante de que Odebrecht sostiene que en la Caja 2 había dinero lícito e ilícito. Cómo diferenciar en cada caso.ALLANAMIENTO Y FARSA
Por eso en la Fiscalía consideran un ‘show’ de mal gusto el reciente allanamiento del domicilio de los Humala-Heredia. “Todo estudiante de derecho penal sabe que el allanamiento se inicia cuando se investiga el caso, no tres años después. Una pantalla burda para tapar la omisión, el ‘huecazo’ enorme que han creado”, afirma nuestra fuente.
Según el coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, Odebrecht ha admitido pagos ilícitos en el Gasoducto del Sur. Añadió que “la empresa y los aspirantes a colaboradores están apoyando en la investigación”. No dio más detalles. Sin embargo las coimas en el gasoducto se conocían en la fiscalía anticorrupción antes de la validación del acuerdo con Odebrecht por el Poder Judicial.
Las informaciones sobre Lava Jato han aparecido rápidamente en el portal de IDL-Reporteros y en los medios cercanos a la Fiscalía. No así el caso del gasoducto. ¿Por qué no se divulgaron raudamente las declaraciones de los colaboradores sobre el Gasoducto del Sur, como ocurrió con los otros casos?
Ahora el procurador Jorge Ramírez declara que si la Fiscalía lo considera se puede “pedir que se revoque el acuerdo con Odebrecht”. Hasta hace poco, Ramírez lo defendió a capa y espada. Algo muy grave está ocurriendo en los predios fiscales para que lance esta afirmación.
Otros proponen un nuevo acuerdo para el caso Gasoducto del Sur o la elaboración de una adenda. Pero no se conoce exactamente qué contiene el acuerdo con Odebrecht y las autoridades fiscales y policiales se tiran la pelota sobre quién debe publicarlo. El presidente del Poder Judicial ha dicho que es potestad de la jueza a cargo de su validación.
La Junta de Fiscales Supremos ha citado a Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez para que respondan a las interrogantes aparecidas luego de conocerse la irregular omisión del caso Gasoducto. Puede darse un recambio saludable en la conducción de Lava Jato.
En los innumerables informes periodísticos sobre las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht nunca leímos preguntas específicas sobre las vinculaciones de Ollanta Humala y Nadine Heredia con la irregular concesión del Gasoducto del Sur. La razón es aún inexplicable y la protección a estos dos personajes evidente. ¿Omisión o encubrimiento?, ambos de larga data. Hamilton Castro tiene mucho que aclarar.
¿Odebrecht sigue mintiendo?
Odebrecht sigue negando, hasta hoy, haber pagado sobornos a funcionarios públicos por el proyecto energético, argumentando que la planilla de US$ 3 millones descubierta en el Ecuador contiene pagos a privados que han sido cargados a la contabilidad de Gasoducto del Sur, porque esta obra tenía su presupuesto de sobornos sin tocar, según la prensa oficialista.
El equipo Laja Jato de la Fiscalía se ha apresurado a armar un nuevo interrogatorio precisamente en Brasil a Jorge Barata y Ribeiro Bortoletti para que expliquen el escándalo de los presuntos sobornos de US$ 3 millones e identifiquen los nombres de los “codinomes” implicados.
El problema se complica porque la Procuraduría de la República de Paraná (Brasil), es decir la Fiscalía de dicho país, en la documentación enviada a sus homólogos peruanos sobre el “Acuerdo de Indulgencia” arribado con Odebrecht, señala en forma taxativa que su adhesión o aceptación de dicho acuerdo “tendrá efectos penales una vez homologado”, es decir no puede mentir y debe guardar todas las reservas del caso.
La agenda del almuerzo con “OH” y los viajes de Nadine
Este documento llegó de Brasil a la Fiscalía Anticorrupción del Perú en marzo de 2016 junto con otros que entregó un importante funcionario de Odebrecht a la Fiscalía brasileña. Se trata de la agenda de la cena que ofreció Marcelo Odebrecht el 11 de junio de 2011 a las 23 horas, en honor al presidente electo Ollanta Humala y esposa. Ahí se habría elaborado el “programa (de inversiones) OH” para el Gasoducto que funcionaría a partir del 28 de junio de 2011 como indica el documento. Inclusive figura el año de contratación y adjudicación del Gasoducto. Posteriormente, el 14 de julio, Nadine Heredia viajo sola a Brasil y regresó por Venezuela.
En el interrogatorio a Marcelo Odebrecht el fiscal Rafael Vela y su equipo debieron preguntarle por las siglas que aparecen en el documento, pero por lo trascendido no lo hicieron. No es difícil deducir que los US$ 3 millones que Jorge Barata entregó a Humala para su campaña eran en realidad adelantos de las coimas a cuenta da la millonaria ampliación del presupuesto del Gasoducto del Sur. Queda claro que desde el 2016 la Fiscalía conocía de las coimas de Odebrecht para el gasoducto. 

La última treta de Odebrecht y los fiscales Lava Jato

Por Plinio Esquinarila- Diario EXPRESO.
Si el equipo Lava Jato de la Fiscalía asegura, a través de su jefe Rafael Vela, que ha firmado un acta de colaboración con Odebrecht sobre el Gasoducto del Sur, como una adenda al acuerdo de colaboración eficaz, está en la obligación de precisar en qué hechos concretos y en qué tramo del proyecto la constructora brasileña ha aceptado culpabilidad o delitos.
“Odebrecht ya está colaborando”, ha dicho Vela. Pero resulta que en los allanamientos de este martes el énfasis está puesto en funcionarios del segundo gobierno de Alan García que no tuvieron participación gravitante en la primera etapa de la concesión; es decir, con Kuntur Transportadora de Gas SAC.
Nos referimos, por ejemplo, al exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien renunció en octubre de 2008. ¿Qué tiene que ver este señor, entre otros del mismo periodo, con el gasoducto si además la firma de la concesión fue a “solicitud de parte”, es decir sin apoyo financiero de la parte peruana, como veremos después?
El citado énfasis llama la atención de los observadores porque en dicha etapa del proyecto de Kuntur no se firmó cláusula anticorrupción en el contrato de concesión. A menos que la declaración de culpabilidad de la que habla el fiscal Vela esté circunscrita a este tramo, lo que está por dilucidar.
Es decir, si acaso está ubicada entre los años 2008 y 2012, correspondiente a la etapa Kuntur, sin cláusula anticorrupción, o está relacionada a la etapa siguiente (2012-2014), que corresponde estrictamente a Odebrecht, donde el contrato sí establece la temida cláusula en el gobierno de Ollanta Humala.
Pero como no hay nada claro, y el secreto es lo que prima, no obstante las prédicas por la transparencia, no hay otra salida que exigir que se haga público el contenido del acta firmada con Odebrecht.
Dicho de otra forma, algún funcionario de la Fiscalía, de la Junta de Fiscales Supremos o la misma fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tendrían que informar a la ciudadanía a qué tramo del proceso está referido la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht.
La prensa oficialista ya ha adelantado que la planilla de los US$ 3 millones de presuntos sobornos en el gasoducto -que puso al descubierto la prensa ecuatoriana y desarrollada en el Perú por el portal Convoca.pe-, fueron para pagos a privados, sean abogados, asesores, consultores u otros que no querían ver sus nombres ligados a la constructora brasileña por el caso Lava Jato.
De esa forma allanan el camino para que en el nuevo careo, probablemente entre el 22 y 23 de julio, los “delatores premiados” brasileños, Jorge Barata y Ribeiro Bortolotti, expliquen a los fiscales peruanos, en Brasil, cuál fue la naturaleza de los pagos a cargo del gasoducto e identifiquen los “codinomes” ya conocidos: “Princesa”, “French”, Gaza”, “Magali”, “Disco” y “Novatos”.
En rigor, hasta ahora no aparece nada de sobornos del periodo Odebrecht (2012-2014), es decir desde la anulación de la primera concesión de Kuntur, hasta la firma del contrato de la nueva concesión con Odebrecht después que ganara la buena pro el 30 de junio de 2014, a mediados del gobierno de Ollanta Humala.
Si se está afirmando que la información procedentes del Ecuador es similar a la entregada por Odebrecht a la Fiscalía el 1 y el 12 de junio, y que sería para pagos a privados en 2014, con fondos provenientes del Gasoducto del Sur que tenía en su presupuesto “sobornos sin tocar”, eso significa que Odebrecht no ha aceptado ni aceptará culpabilidad en el tramo en que firmó la cláusula anticorrupción.
Si esto es así, y es lo más probable, según consultas hechas por este diario a expertos en la materia que solicitaron el anonimato, estamos ante una treta pro-impunidad, y a Odebrecht no le pasará nada.
De lo contrario, el caso Lava Jato tomaría un nuevo giro y de suyo el acuerdo firmado con Odebrecht entraría en una fase devaluada o a revocar, como ya lo insinúan algunas autoridades, como el procurador ad hoc Jorge Ramírez.
Esto porque la misma anulación del contrato de concesión no tomaría tanto en cuenta la imposibilidad de Odebrecht del cierre financiero, sino porque de raíz el contrato y todo lo actuado serían nulo por la sola aplicación de la cláusula anticorrupción.
Y nulo el arbitraje planteado por Enagas ante el CIADI donde está de por medio un reclamo por alrededor de US$ 2,000 millones por culpa de Pedro Pablo Kuczynski y las autoridades peruanas que aún resguardan indebidamente unos activos privados del consorcio, como veremos después.
Esto porque la demandante Enagás, que tiene el 25 % de las acciones, exige el pago de US$ 511 millones; por lo que Graña y Montero, que tiene el 20 % restante, le tocaría unos 400 millones, y a Odebrecht la mayor parte de la eventual reparación que podría pagar el Perú si no toma las medidas del caso.
Claro que del total de las expectativas (los citados US$ 2,000 millones), los bancos acreedores se reservarían al menos el 60 %, es decir más de US$ 1,000 millones.
Una lluvia de millones sin contar la nueva demanda del mismo Odebrecht ante una corte de Luxemburgo donde aún no ha fijado monto por trato discriminatorio en todas las obras del Perú, según dicen, esto por aplicación del DS 003.
BIENES AJENOS
De otra parte, es importante recordar que a los pocos días de la caducidad del contrato entre Odebrecht y el Estado peruano, en enero de 2017, Pedro Pablo Kuczynski promulgó el decreto de urgencia 01-2017 donde ordena a Osinergmin contratar un administrador de cuidado de bienes del gasoducto por parte del Estado, para después eventualmente venderlos.
También ordena que la carta fianza del consorcio de US$ 280 millones deberá usarse para el pago del cuidado de bienes de Odebrecht y sus socios.
Graña y Montero toca fondo en esos días, el 20 de enero para ser precisos, y al darse la caducidad de la concesión esta constructora, aduce a un artículo del contrato que le daría derecho a cobrar por los avances en el gasoducto. Esa fue la “Ley Graña”: el decreto de urgencia 01-2017.
Si esos bienes, sobre todo los ductos y la maquinaria, no eran del Estado, ¿a mérito de qué el entonces presidente Kuczynski ordena que el Estado sea el cuidante de bienes ajenos? Hasta ahora PPK ni el equipo Lava jato de la Fiscalía han respondido a esta interrogante.
Estas decisiones generaron divergencias en la tecnocracia del Ejecutivo, y al final se impuso la idea de PPK de contratar una empresa colombiana a la que se pagó US$ 48 millones por un año (2017), y el servicio ha sido renovado hasta mayo de este año, y obvio que continúa con partida en el Presupuesto Público de 2018.
Esta enajenación de bienes privados fue utilizada por Enagás para presentar una solicitud de trato directo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el pago de sus activos del gasoducto, lo que también favorecería a sus socios Odebrecht y Graña.
Y como no hubo acuerdo en el trato con el MEF, Enagás ha demando al Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, como señalamos líneas arriba.
El más caro
El Gasoducto Sur Peruano, de 1,134 km de ductos desde el yacimiento de Camisea en la selva de Cusco hasta Ilo, con un presupuesto que pasó de US$ 1,300 millones a US$ 7,328 millones, es el proyecto más caro en la historia de la República. Tal vez el más corrupto.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
A estas alturas del partido, las preguntas que surgen son varias. ¿Se ha investigado la ley antes mencionada y las motivaciones de Kuczynski para que el Estado se haga cargo, en forma indebida, de los activos del Consorcio Gasoducto del Sur que no tenía por qué asumirlos?
Con el agravante de que el decreto de urgencia antes mencionado pone como argumento que los activos se venderían, ¿para qué se metieron Kuczynski y otros lobbistas del Congreso?, ¿para qué Graña y Odebrecht cobren? Este es un tema de investigación.
De lo anterior se deduce que las actuales autoridades del Gobierno, tras los pasos de PPK, han dado reiteradas muestras para pagar los bienes del proyecto gasífero, por lo que la queja ante el CIADI sigue su curso.

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