Ministra Rocío Barrios Alvarado pone su cargo a disposición tras ser denunciada por la fiscalía

El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a la ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, por el delito de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Pero la situación se complica para Barrios porque en su Declaración Jurada de Intereses no consignó que tenía una investigación abierta en la fiscalía anticorrupción. En el apartado seis del formato de Declaración Jurada que presentó el 8 de abril del año pasado cuando ya era ministra de la Producción, Barrios no consideró como relevante que el Ministerio Público la tenía bajo la lupa.
Barrios ha sido imputada por peculado al presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Según la acusación, la ministra y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.
Según el Ministerio Público, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. No se registraron órdenes de servicios, ni existen constancias de conformidad y tampoco se hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó, indica el documento fiscal.
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, reconoció que debió informar en su Declaración Jurada de Intereses sobre la investigación que seguía en su contra el fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand por el presunto delito de peculado doloso.
“Quizás sí [debí consignarlo] por un tema de transparencia absoluta. Le soy honesta, yo no lo tenía mapeado, porque no es una denuncia formal”, declaró a Canal N.
Según la Fiscalía, Barrios se habría apropiado de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014. Por ello pide 9 años de cárcel.

Admite que debió consignar investigación en su Declaración Jurada de Intereses

Contó que, tras conocer sobre la acusación, se comunicó con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, para poner su cargo a disposición porque “eso es lo correcto y lo lógico”.
Rocio Barrios detalló que, a través de un mensaje, le indicó al mandatario: “Quiero recalcarle una vez más que mi cargo está disposición para lo que usted considere pertinente, porque es lo que corresponde”. También dijo que les envió sus descargos.
Fuente: Diario Perú21.

Fiscalía pide nueve años de cárcel para ministra de la Producción

Por ALVARO REYES y CARLOS VIGURIA- Diario Perú21.
Entre julio y diciembre de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, siendo directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, la actual ministra de la Producción, y otras cinco personas simularon contratos por el servicio de mantenimiento de 40 vehículos por el monto de S/177,279.
Esas operaciones no estaban justificadas. Nunca se registraron órdenes de servicio ni existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.
Esa es la acusación que el fiscal anticorrupción Edwin Manrique interpuso el último 31 de enero ante el Poder Judicial. Es decir, Manrique ya cuenta con las pruebas definitivas que demuestran su imputación y que serán tomadas en cuenta en el juicio. Este no es un caso que recién empiece; de hecho, fue en marzo de 2018 cuando la Fiscalía formalizó la investigación.
¿El gobierno de Martín Vizcarra no sabía del proceso que afrontaba la integrante del gabinete ministerial? Anoche, en el programa 20/20 de Canal N, Barrios señaló que cuando el presidente la convocó, le mencionó que tenía una investigación por “un tema del órgano control, pero que no tiene mayor asidero legal”. Pero no le dijo la verdad completa pues luego admitió que su abogado fue notificado de la formalización de la investigación y, obviamente, no se trataba de una simple acción de control.
AUTORIZÓ LOS PAGOS
A Barrios se le acusa de haber autorizado, a través de una resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, el pago de la deuda generada por esos presuntos servicios.
La PCM abonó S/110,123 y S/67,155 a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, respectivamente, por el mantenimiento de las camionetas. De acuerdo con el fiscal Manrique, Barrios aprobó esos desembolsos sin constatar que se cumplieron todos los procedimientos previos, una norma básica de carácter administrativo.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Rocío Barrios el delito de peculado y pide nueve años y tres meses de prisión para todos los investigados.
En su manifestación a la Fiscalía, la ministra declaró que sí existieron informes que señalaban que las empresas sí prestaron servicios.
PUSO CARGO A DISPOSICIÓN
La ministra Barrios informó en 20/20 que, al conocer de la denuncia, mientras se encontraba en Iquitos, se comunicó con el presidente Vizcarra y con el premier Zeballos y puso su cargo a disposición. “Le escribí un chat (al presidente) que estoy presentando mis descargos pero también recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que considere pertinente”, dijo.
Al ser consultada por qué no consignó en su declaración jurada de intereses el proceso por peculado, como reveló Perú21 anoche en su web, Barrios dijo: “No sé si debió estar consignado, quizá sí por transparencia absoluta. No lo tenía mapeado porque no era una denuncia formal”.
Sin embargo, rechazó la denuncia. Dijo que los hechos no ocurrieron en su gestión. “Yo no originé esa contingencia”, subrayó. Alegó que los servicios sí se prestaron y que por eso se pagó. Negó haberse quedado con un sol del Estado.
SEMILLERO
Rocío Barrios no es la única ministra del actual gabinete que trabajó en la gestión de Ollanta Humala. Vizcarra reclutó también a dos viceministros del gobierno humalista: Susana Vilca (Energía y Minas) y Jorge Montenegro (Agricultura).

Fiscalía investiga a ministro de Transportes por colusión

Carlos Lozada Contreras juramentó al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones el 13 de febrero de este año tras la salida de Edmer Trujillo, quien renunció por cuestionamientos en cuanto al Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, ahora es Lozada quien está en medio de un caso de corrupción, el cual se dio cuando era director ejecutivo de Provías Nacional.
Según el programa Cuarto Poder, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una investigación en contra de cinco personas, incluida el actual ministro Carlos Lozada por delitos de colusión simple en agravio del Estado.
La investigación recientemente formalizada está referida a irregularidades presentadas en el 2018 en contratos suscritos por Provías Nacional, cuando Carlos Lozada era director ejecutivo.
La entidad para la cual trabajaba el actual ministro Lozada hizo un contrato con la constructora española San José, para una obra que consistía en la mejora de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto actualmente paralizado y con contrato resuelto.
Las irregularidades presentes en la obra fueron denunciadas por empresas que perdieron la licitación de esta, sosteniendo que el contrato se suscribió con una firma sin RUC acreditado ni código de cuenta interbancario. Esto llama la atención, pues en el contrato firmado el 15 de mayo de 2018, la empresa española en cuestión aparece sin RUC, un requisito básico para que alguna persona, tanto natural como jurídica, genere ingresos.
En el documento que la empresa San José le presenta a Provías, un día antes de la firma del contrato, esta aclara estar constituyendo una sucursal en nuestro país, por lo cual, una vez realizada, recién se obtendrá un Registro Único de Contribuyente (RUC).
Según la Fiscalía, ninguno de los implicados en la investigación, incluidos el ahora ministro Lozada, hizo observación de este detalle en el contrato, que fue firmado sin inconvenientes a pesar del detalle del RUC, por lo cual la empresa recibió dinero por avances en la obra sin contar con este registro de ingresos.
Sin embargo, a pesar de ello, para enero de 2019 la obra apenas tenía un avance del 45% con un desembolso que sobrepasaba los S/94 millones y, el 18 de febrero de este año, Provías resolvió el contrato con la empresa San José pues, según el ente público, la empresa se mostraba renuente a retomar las obras.
Fuente: Revista CARETAS.
Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
La fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia y varios exfuncionarios –entre ellos, algunos ministros de la gestión del entonces presidente Ollanta Humala– por el Caso Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
El Comercio accedió a la disposición fiscal que recoge nuevas evidencias sobre la presunta colusión en la que habrían incurrido funcionarios de la administración de Humala para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del millonario proyecto.
Los correos
La decisión de la fiscal Mori se dio después de que el último 13 de febrero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió que la investigación preliminar a Heredia por este caso culmine en un plazo máximo de diez días. En respuesta a ese pedido, en un documento de 292 páginas, Mori dispuso proseguir con la formalización de la pesquisa por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra la esposa de Humala, los exministros Jorge Merino (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), el ex primer ministro René Cornejo y una decena de exfuncionarios.
Según los documentos que formalizan la investigación preparatoria, el 17 de febrero del 2014, Rodney Carvalho –de la constructora Odebrecht, empresa que controlaba el consorcio– envió un correo electrónico a Daniel Hokama Kuwae, en ese entonces funcionario de la firma, con el asunto “Reunión en 30 minutos”. En esta comunicación, le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces titular de Energía y Minas. “Me avisas urgente”, concluyó.
Horas más tarde, ese mismo día, nuevamente Carvalho se dirigió a Hokama y le informó que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”, así como para aumentar las exigencias para los 200 kilómetros de operaciones, además de incluir el factor tiempo. “Esa es tu chamba”, le precisó.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
Para la fiscalía, este correo evidencia que Odebrecht contaba con información privilegiada a través del entonces ministro de Energía y Minas. Según la página web de Perú-Petro, Daniel Hokama es actualmente gerente general de esa empresa estatal (adscrita al Ministerio de Energía y Minas).
Otro dos correos electrónicos incluidos por la fiscalía son los que fueron enviados también por Carvalho la mañana del 10 de abril del 2014.
Esta cadena de mensajes fue remitida a Jesús Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, ambos de la empresa española Enagás (que tenía el 25% del consorcio por el GSP), al exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, así como a Hernando Graña. “Sería interesante que ustedes hicieran la consulta a Pro Inversión acerca del operador estratégico de modo a estar seguro que ustedes podrán utilizar la empresa correcta tanto en la operación como en la concesión [sic]”, señaló.
Para la fiscalía, por el contenido de esta comunicación, el tema del operador de la concesión fue fundamental para el consorcio y fue tratado por los socios con funcionarios de Pro Inversión. “Me avisa para hacer seguimiento”, dijo Carvalho en uno de ellos. Según la fiscalía, los socios del consorcio fueron “beneficiados en la versión final del contrato de concesión que fue aprobado por acuerdo del Comité Pro Seguridad Energética […] donde se aprecia el cambio de una cláusula fundamental, como es la de operador calificado”.
El comité
Otro elemento que incorpora la fiscalía es que, pese a que Pro Inversión tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos, se resolvió crear un grupo con el objetivo de que se abocara a nuevos proyectos por una solicitud expresa de Humala.
Para la fiscalía, este nuevo comité denominado Pro Seguridad Energética estuvo estrechamente vinculado al consorcio ganador del proyecto, que formó Odebrecht.
Un indicio de la injerencia de Palacio –de acuerdo con la disposición fiscal– apunta a que, previamente a la designación formal de los miembros del comité (que se iba a encargar de conducir el proceso de selección de la empresa que realizaría el GSP), Heredia “habría realizado actos ejecutivos en la designación de miembros del comité” .
Según Mori, para este fin, la ex primera dama habría recurrido a su prima Tania Quispe, en ese entonces superintendenta de la Sunat. Quispe –señala la fiscal– habría convocado en el 2013 al entonces asesor del Minem Mario Antonio Nicolini del Castillo, por su experiencia en temas de gas y petróleo, para que integrara el Comité Pro Seguridad Energética que se iba a constituir y que, efectivamente, se constituyó.
Quispe, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del Estado (caso Club de la Construcción), ha señalado ante la fiscalía que recordaba haber recibido el CV de Nicolini y que al parecerle interesante, “lo envió al presidente Ollanta Humala”.
En tanto, Nicolini ha indicado a la fiscalía que acudió a Palacio de Gobierno el 22 de febrero del 2013 a pedido de Quispe. Manifestó que fue recibido por Heredia, quien le ofreció presidir el comité. Sin embargo, rechazó la propuesta al no estar interesado porque tenía trabajo y estaba haciendo una consultoría para una empresa en la India.
“Lo dicho por el testigo da cuenta de las injerencias de la imputada Nadine Heredia, en su calidad de primera dama, también en esta etapa de conformación del Comité Pro Seguridad Energética”, precisó la fiscal Mori en su resolución.
Colaboradores implican a Merino y Heredia
La formalización de la investigación incluye los testimonios de José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero (GyM).
Graña Acuña relató que en una reunión con el exministro Jorge Merino conversó sobre cuál sería la mejor forma para que GyM participe en el proyecto. Afirmó que el entonces titular del MEM fue categórico en responderle que Odebrecht “era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”.
En su testimonio, Graña Acuña también hizo referencia a la injerencia de Heredia en la no ejecución de una carta-fianza, ya que habían decidido hacer una nueva licitación del proyecto. La ex primera dama le dijo que no se preocupara porque “el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta que Kuntur” con garantía del Estado.
Sobre este punto, José Graña detalló que Jorge Barata le señaló que Heredia se había comprometido a ayudarlos en la convocatoria debido al aporte de campaña que habían realizado.
Abogado de Heredia aún no fue notificado
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, indicó a El Comercio que todavía no conoce la disposición de la fiscal Mori que formaliza la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto del Sur. “Aún no nos han notificado, de modo que no podría dar ninguna opinión”, dijo.
En tanto, el exministro Luis Castilla expresó que recién ayer fue notificado y evalúa la disposición con su defensa.
Los abogados de los exministros Jorge Merino y Carlos Paredes se excusaron de dar una declaración.
Este Diario también llamó y dejó mensajes a los exministros René Cornejo y Eleodoro Mayorga, pero no obtuvo respuesta.
La exjefa de la Sunat Tania Quispe señaló que no tuvo nada que ver con el tema del gasoducto del sur. “La señora Nadine nunca me pidió que buscara a nadie para el comité. Yo derivé el CV de Mario Nicolini a Palacio a pedido de él, pues este buscaba colaborar con el gobierno”, acotó. 

Nadine Heredia actuó como “funcionaria pública de facto” en Caso Gasoducto

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
La ex primera dama Nadine Heredia actuó como una “funcionaria pública de facto” durante el mandato de su esposo, Ollanta Humala, para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto del gasoducto sur peruano (GSP). Así lo aseguró la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, en la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria a Heredia y otros exfuncionarios.
Para sustentar esa afirmación, la fiscal Mori cuenta, entre otras pruebas, con el testimonio de un personaje clave en el caso: el exjefe de proyecto del GSP Luis Sánchez Torino, a quien imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
Sánchez declaró ante la fiscalía el 24 de noviembre del 2016, el 5 de marzo del 2018 y el 17 de junio del 2019. Señaló, entre otros detalles, que Heredia participó en una reunión de coordinación sobre el proyecto GSP, convocada por el entonces presidente Humala a fines del 2013.
En la reunión estuvieron, de acuerdo con el testimonio, dos representantes de la consultora Wood Mackenzie, Nadine Heredia y los miembros del Comité de Pro Seguridad Energética Guillermo Lecarnaqué, Gustavo Navarro Valdivia y Rosa Ortiz Ríos.
Sánchez confirmó a El Comercio esa versión y aseguró que está dispuesto a seguir colaborando con la justicia.
“Declaré en una de mis testimoniales que hubo varios presentes, entre ellos estuvo la señora [Heredia]. Sé que estuvo presente, pero no recuerdo más […] Yo era jefe de proyecto y cumplía funciones técnicas”, dijo.
De acuerdo con la fiscalía, el proyecto estaba direccionado a favor de Odebrecht por disposición de “las altas esferas, como de la primera dama Nadine Heredia”.
La investigación preparatoria de la fiscal Mori imputa a Heredia los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, y la identifica como “funcionaria pública de facto y/o de hecho por delegación de funciones de parte de su cónyuge, Ollanta Humala Tasso”.
El testimonio de Sánchez refuerza las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Estas también fueron incluidas por la fiscal Mori.
Barata señaló que sostuvo comunicaciones “con los ministros responsables de la conducción del proceso, como por ejemplo con el señor [Jorge] Merino Tafur, Eleodoro Mayorga, con la propia señora Nadine Heredia”.
Agregó que en las reuniones o comunicaciones “normalmente se llevaban varios puntos porque Odebrecht tenía en ese entonces en el país una lista larga de proyectos de interés e inversiones”.
“En estas se trataba de listar las dificultades que teníamos en la conducción de cada uno de los proyectos y especialmente en el gasoducto sur peruano […]”, detalló.
Funciones
El personaje clave en este caso, Luis Sánchez Torino, es incluido por la fiscalía en la estructura de la presunta asociación ilícita que operó para favorecer a Odebrecht.
Sánchez aparece en el tercer nivel de la estructura junto a Edgar Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité de Pro Seguridad Energética; Gustavo Navarro Valdivia y María del Rosario Patiño Marca de Álvarez, exfuncionarios del mencionado comité.
“Yo no he sido informado oficialmente. Me llama la atención y me he comunicado con mi abogado. He estado yendo a dar mis testimoniales como jefe de proyecto. Siempre he ido a las citaciones para informar sobre mi participación”, dijo a este Diario.
En el primer nivel de la estructura de asociación ilícita se encuentran Humala y Heredia, mientras que en el segundo aparecen los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes Rodríguez, René Cornejo Díaz y Eleodoro Mayorga Alba.
Según la fiscalía, funcionarios de Odebrecht sostuvieron un pacto colusorio con Heredia y contaron con información privilegiada del proceso para la licitación del GSP.
Más testimonios
La fiscalía cuenta con las declaraciones de Navarro Valdivia, quien –de acuerdo con los documentos que formalizan la investigación preparatoria– también señaló que Heredia participó en una reunión convocada por Humala por el proyecto GSP.
En la disposición fiscal se menciona la declaración de Mario Nicolini Castillo, asesor del entonces ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur.
Según la fiscalía, Nicolini señaló que conoció a Heredia en Palacio, en una reunión a la que fue citado.
La ex primera dama tenía el currículum de Nicolini y le preguntó si quería presidir el Comité de Pro Seguridad Energética que se iba a armar. Él le contestó que no estaba interesado pues tenía trabajo, de acuerdo con la fiscalía.
Consultado por El Comercio, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, nos indicó que aún no había leído la disposición fiscal y que lo hará.

Los familiares de las víctimas repudian que se esté buscando la revisión de la sentencia de Antauro Humala.

El dolor de las víctimas de Antauro crece ante futuro pedido de libertad

Por DELSY LOYOLA JORGE– Diario Perú21.
Los familiares del suboficial PNP Ricardo Rivera Fernández no imaginaban que la cena para recibir el Año Nuevo 2005 era la última que pasarían con él. Ellos habían escuchado de los movimientos de algunos etnocaceristas encabezados por Antauro Humala en Andahuaylas, pero no pensaban que, días después, Rivera iba a ser una de las víctimas. Su familia creía que se encontraba cumpliendo su servicio habitual en la comisaría de Cotabambas.
Pero el hijo de la señora Cristina fue asesinado la madrugada del 2 de enero, en el segundo día del motín que dejó tres agentes fallecidos más. “Mi hijo estaba tirado en el suelo, agarraba su bolsillito. De pronto alguien se acercó, le tiró algo encima y ahí se quedó”, cuenta entre lágrimas Cristina Fernández, madre del suboficial.
Su vocación por servir a la patria la tuvo desde niño. Con muchos sacrificios, postuló a la escuela policial hasta en tres oportunidades. “La tercera es la vencida”, decía. Y así fue. A los 24 años, pudo por fin alcanzar una vacante para cumplir uno de sus grandes sueños. “Él abandonó su trabajo en un hospital porque quería ser policía. Postuló y postuló, y a la tercera la agarró”, cuenta uno de sus hermanos.
Ricardo Rivera se fue a Andahuaylas sin avisarle a su madre para no preocuparla. A los 41 años, dejó a seis hijos y una familia a la que hoy les quedan pocas fuerzas para seguir luchando, pero que, pese a ello, exigen que Antauro Humala no sea liberado, como lo plantean los virtuales congresistas de Unión por el Perú (UPP) que hoy recibirán sus credenciales.
“No es justo que entren. De tantas personas que pueden entrar, ¿por qué los eligen a ellos?”, protesta la señora Fernández.Cristina Fernández, madre del suboficial Ricardo Rivera fallecido en el Andahuaylazo.
Roberto Chavarría (Junín), Héctor Maquera (Tacna) y Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) son los tres electos congresistas para este periodo que completará el quinquenio 2016-2021. Entre sus propuestas bandera, se encuentra la amnistía para Humala. La familia Rivera Fernández confía en que los deudos de las demás víctimas del caso ‘Andahuaylazo’ se encargarán de hacer justicia. “Yo ahora estoy mal de salud, ya no estoy como antes. Ellos la siguen luchando”, dice la madre de Rivera.

LOS PADRES NO DEBEN ENTERRAR A SUS HIJOS

Precisamente Adolfo Cahuana, padre del fallecido capitán Carlos Cahuana, afirma que seguirá el proceso hasta el final para no ver al cabecilla etnocacerista en libertad. Aparenta fortaleza, pero por dentro lleva un dolor irreparable. “Tenemos que estar con los ojos bien abiertos”, le dice a Perú21.
El señor Cahuana se enteró de la muerte de su hijo con la llamada de un familiar que le dijo que encienda el televisor la mañana del 2 de enero. “La partida de mi hijo son sentimientos encontrados. Es doloroso, yo no le deseo a nadie, porque se está quebrando la ley normal de la vida, en la que los hijos deben enterrar a los padres y no los padres a los hijos”, afirma.
Para él, Humala es un “delincuente, asesino, secuestrador, antidemócrata y consumidor de drogas público”. Por eso, advierte de las acciones que podrían tomar sus tres más cercanos aliados en el Congreso.
“Ellos siguen y van a seguir con esa idea que han tenido hace 15 años cuando ocasionaron las muertes de estos policías, que lo único que hicieron fue ponerse a disposición de la democracia y a las finales fueron vilmente asesinados”, señala.
Adolfo Cahuana advierte que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) y hasta a cortes internacionales si UPP logra la amnistía a Antauro Humala.Otro de los deudos que se mantienen expectantes de lo que pueda ocurrir en los siguientes meses es José Chávez, padre del teniente Luis Chávez. Él señala que a ninguna de las familias se les ha pagado hasta ahora los S/280 mil de la reparación civil.
“Ese ser humano no tiene sentimientos, a ninguno de los deudos se les ha dado un centavo. Ahí está la mezquindad después de la gran estupidez que hizo en Andahuaylas”, reprocha. Para el indignado padre, su hijo y los demás policías asesinados siempre serán héroes. “Prestos a servir, listos a morir”, dice, recordando con nostalgia el himno de la PNP.
Virgilio Acuña ha pagado S/130 mil para saldar el 10% de la reparación civil que Humala le debe al Estado.
Ocho electos congresistas de UPP son fieles seguidores del etnocacerismo y obedecerán lo que ordene Humala.

Yehude Simon postuló a la reelección en el 2006 en Lambayeque con el Partido Movimiento Humanista Peruano, hoy conocido como Juntos por el Perú. (Foto: GEC)

Jorge Barata y las implicancias de su declaración sobre el aporte a la campaña de Yehude Simon

Por René Zubieta Pacco– Diario El Comercio.
Los actos de corrupción de Odebrecht y las declaraciones de su exsuperintendente en el Perú, Jorge Barata, han generado que distintos políticos peruanos de los últimos años -incluyendo expresidentes de la República- estén sometidos a investigaciones por presuntos favorecimientos a la constructora en obras públicas y recepciones de coimas. Las revelaciones y pesquisas han alcanzado incluso a partidos políticos. El caso más sonado en los últimos días involucra a Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, ex primer ministro y excongresista.
Pero ponen en el medio, además, a la organización política con la que obtuvo la reelección como gobernador regional en los comicios de noviembre del 2006, denominada entonces: el Partido Movimiento Humanista Peruano, de alcance nacional.
Simon cumple actualmente detención preliminar por 10 días. Uno de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez para requerir la medida -aceptada el último 22 de febrero por la jueza María Álvarez Camacho- se relaciona a los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña reeleccionista del investigado, realizados entre el 2006 y 2007 por un monto de US$300.000. Ello se desprende de la solicitud del Ministerio Público y de la resolución de la magistrada, a los que accedió El Comercio.

Barata vs. Simon

El requerimiento fiscal consigna que Jorge Barata “ha identificado a Simon Munaro como a la persona que en algún momento lo apoyó, y esta aseveración la ha mantenido en el tiempo, incluso en su declaración de fecha 31 de enero de 2020, cuando señala lo siguiente: ‘[…] Odebrecht apoyó activamente para la campaña de reelección del doctor Yehude Simons [sic] como presidente regional de Lambayeque desde abril de 2006”.
Al respecto, el 13 de febrero del 2020, Simon fue interrogado y consultado si “ha recibido de manera directa o indirecta dinero de la empresa constructora Norberto Odebrecht o de alguna de sus empresas vinculadas”. Ante ello, respondió: “[…] Yo reafirmo que nunca he pedido ni recibido un centavo de la empresa Odebrecht”.
Sin embargo, Yehude Simon reconoció al ingeniero agrónomo Pablo Salazar Torres —también bajo detención preliminar actual— como tesorero de la citada organización política desde el año 2006. “Desempeñó esta función hasta el final pero prácticamente desapareció, quiero decir que nominalmente seguía figurando en el partido pero físicamente ya no estaba”, manifestó.
Y precisó que quien se encargó de los fondos económicos para su campaña de reelección fue Salazar. Este, según la fiscalía, optó por guardar silencio.
Así, el contexto ubica al Partido Movimiento Humanista Peruano como la organización con la que Simon logró la reelección. Pero cabe precisar que dicha organización, previamente, en las elecciones presidenciales del 2006, formó parte de la alianza Concertación Descentralista con la que Susana Villarán —en prisión preventiva por los casos Odebrecht y OAS— tentó la jefatura del Estado.
Al no alcanzar la valla electoral, el partido fue cancelado en mayo del 2007 tras cumplirse un año de concluido el proceso de elección general, como estipulaba la entonces Ley de Partidos Políticos. Pero Simon logró nuevamente la inscripción de su partido en diciembre del 2009, esta vez bajo la denominación Partido Humanista Peruano, actualmente renombrado como Juntos por el Perú (JPP).
Jorge Barata afirma que entregó US$300.000 para la campaña regional de Yehude Simon en el 2006. (El Comercio)

Actores clave

Simon es investigado por presuntamente liderar una organización criminal en Lambayeque, que habría operado entre el 2006 y 2007, al inicio de su segunda gestión. De acuerdo a la tesis fiscal, favoreció a la constructora Odebrecht en la concesión del trasvase Olmos -contrato firmado en el 2004- a cambio de pagos ilícitos, que provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como la caja 2. Por ello, se le imputan dos delitos: colusión y lavado de activos agravado en organización (actos de transparencia, conversión y ocultamiento).
En esta historia han dos actores claves. Uno de ellos ya mencionado líneas arriba: Pablo Salazar Torres, quien fue gerente del proyecto Olmos. El otro es el ya fallecido Javier Málaga Cocchella, quien fue representante de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, y exasesor principal de Simon cuando fue primer ministro.
Según declaró Barata, los aportes para la campaña de reelección de Simon se dieron a través de “dos personas de máxima confianza”, y que están relacionadas además al proyecto Trasvase Olmos, que si bien fue adjudicado en el 2004 implicó posteriores pagos presuntamente irregulares en años posteriores a favor de Odebrecht.
Por ejemplo, la fiscalía sostiene que, entre agosto de 2012 a diciembre de 2015, se le pagó a la firma brasileña US$120’590,474, que desagregado de acuerdo a los porcentajes de participación del Estado Peruano (41,66%) y Odebrecht (58,34%), “se determinó que US$50’237,991 corresponde a un pago indebido derivado de la sobreestimación de la tarifa del trasvase de agua”.
“Gorno” y “Terco” son los dos sobrenombres identificados por Barata como receptores de los pagos, precisando que no son unipersonales.
Por tanto, la fiscalía sospecha que los pagos ilícitos se habrían realizado a través de Málaga y Salazar.

Implicancias para el partido

El abogado de Yehude Simon, Edwin Espinoza, sostuvo que quien tendría que dar cuenta de los presuntos aportes de campaña es Salazar, y que el Ministerio Público debe demostrar que el dinero ingresó a Lima, las circunstancias de mismo y comprobar que fue destinado al partido.
“Si se dio 300 mil y los que recibieron son el extinto Málaga y el señor Salazar, ¿quiere decir que ese dinero fue para el Partido Humanista Peruano? […] ¿Dónde consta que el señor Salazar ingresó el dinero al Partido Humanista, si es que el señor Barata dice la verdad. Barata tiene que demostrar que eso ingresó al Partido Humanista, no hay otra fórmula”, manifestó a El Comercio.
Recordó también que la agrupación política pudo participar en el proceso electoral regional porque aún no había sido revocada su inscripción a causa de no haber pasado la valla en las elecciones generales previas. Posteriormente, se compró un kit electoral en el 2008 y un año después se tuvo un nuevo registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Lo único que queda es que el señor Barata diga: yo le di a Yehude Simon, Simon se reunió conmigo y me pidió, me dijo que necesitaba y por tanto yo le acepté. Eso es objetividad, no que un tercero haya tocado la puerta. Puede ser, pero objetividad quiere decir eso”, insistió.
Mientras tanto, para el partido hoy conocido como Juntos por el Perú (JPP), la situación de Simon ha significado un duro golpe. Si bien el exgobernador regional está con licencia desde octubre pasado en sus responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y militante, los efectos del suceso están por medirse. Sobre todo considerando que la agrupación está en pleno proceso de reforzamiento y relanzamiento en búsqueda de más afiliaciones, y de adecuación a las recientes normas de reforma política.Yehude Simon logró la reelección como gobernador regional de Lambayeque en el 2006. En ese contexto, según Jorge Barata, se dio el aporte de Odebrecht. (Foto: GEC)
El exprocurador anticorrupción Yvan Montoya no descartó que la fiscalía decida incluir a JPP dentro de su investigación si, como persona jurídica, ha sido beneficiado de alguna manera con el presunto aporte de Odebrecht.
“El fiscal seguramente querrá tener más consistencia en el caso y una mayor evidencia de que el partido se benefició […] Las normas últimas señalan que no importa el cambio de razón social si la estructura de socios es la misma, no hay problema”, indicó a este Diario.
Consultado al respecto, Roberto Sánchez Palomino, actual presidente de Juntos por el Perú, indicó que la fiscalía no se ha acercado a las oficinas de la organización a requerir información. Sin embargo, aseguró que están llanos a colaborar con el equipo especial, pese a que los hechos se remontan al 2006, cuando había además otra estructura dirigencial.
“Todo lo que corresponda hacer en el plano de la justicia tiene su razón de ser y no tenemos absolutamente nada más que afrontar como corresponde, con la verdad, transparencia, tranquilidad y serenidad”, aseveró. Comentó que en el 2006 él integraba las juventudes del partido.
¿Podría aún haber consecuencias más graves para Juntos por el Perú, como la cancelación de su inscripción? El experto en derecho electoral y constitucional, José Naupari, consideró que puede ser un camino complicado, pero no imposible. Sostuvo que dependerá de la posición que tome la fiscalía.
“Tendría que acreditar que se instrumentalizó al partido para un accionar delictivo. Una cosa es aportar al candidato y otra al partido”, indicó. Sin embargo, refirió que sí podría perder la inscripción en base al artículo 105 del Código Penal, referido a consecuencias accesorias para personas jurídicas que hayan servido para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.
Naupari refirió además que el cambio de nombre del partido no sería impedimento. “El hecho de que sean objeto de una regulación especial [Ley de Organizaciones Políticas] no opta a que no se apliquen las normas del Código Penal […] Los partidos políticos siguen siendo personas jurídicas”, sentenció.
Con esa posición discrepó el experto en derecho electoral José Tello, quien aseveró: “El supuesto de disolución del Código Penal es para cualquier persona jurídica, pero no para partidos, porque estos tienen una ley propia”.
En esa línea, apuntó que la Ley de Organizaciones Políticas tiene causales específicas para la cancelación de la inscripción de un partido en torno a supuestos de materia electoral y la declaración de su ilegalidad. “Los partidos tienen una ley especial. Pueden ser una persona jurídica, pero tienen una norma especial”, insistió.

El valor de la verdad

Por Víctor Robles Sosa.
El 25 de enero de 1992, Andrés Sosa Chanamé, militante del MRTA, fue asesinado a balazos por un grupo armado terrorista cuando salía de su casa en Villa El Salvador. En uno de sus bolsillos, la policía encontró una carta escrita de puño y letra por Sosa, en la que éste culpa de su muerte a Víctor Polay Campos, Miguel Rincón, Yehude Simón y José Álvarez, cabecillas y miembros del MRTA.
Sosa fue declarado “traidor”, y condenado a morir, porque se opuso a que el partido Patria Libre sea la “fachada” del MRTA. Antes de morir, Sosa le contó al periodista César Lévano que tuvo que cederle a Simon la jefatura de Patria Libre, “por presión de Polay, bajo amenaza de muerte”.
El 27 de enero, la revista Cambio, dirigida por Yehude Simon y vocero de Patria Libre, publicó un artículo en el que justificó el crimen diciendo que Sosa había sido un “delator” y que esa organización terrorista solo “había aplicado sus estatutos” al asesinarlo.
Bajo la dirección de Simon, Cambio publicaba “en exclusiva” todos los ataques y atentados terroristas que realizaba el MRTA en el país, inclusive con fotografías. Y los justificaba todos, por cierto.
El 28 de enero, al conocerse la carta póstuma de Sosa, Simon convocó a una rueda de prensa en la que negó cualquier responsabilidad en el homicidio, pero no pudo ocultar su desprecio hacia la víctima al declarar: “Sosa más vale muerto que vivo porque políticamente no significaba nada”.
En esa misma conferencia, Simon afirmó lo siguiente: “el MRTA siempre respeta la vida y en ningún momento ha matado a dirigente alguno, ni a personas defensoras de los intereses del pueblo”. Cuando dijo esto, el MRTA ya había cometido crímenes abominables contra personas inocentes: asesinatos, secuestros, torturas, etc.
En 1985 lo vi, en Chiclayo, mirando con desprecio a Alfonso Barrantes cuando éste pronunciaba un discurso firme contra del terrorismo. Y muchos periodistas recordamos aún como Simon, siendo diputado (1985-1990) fue un ardoroso defensor del terrorismo en los debates parlamentarios.
Simon tampoco debería odiar a Fujimori porque el ex presidente se compadeció de él y quiso indultarlo, pero no pudo porque la Dircote le demostró que aquel integró la cúpula del MRTA y la Ley prohibía ese beneficio para los cabecillas terroristas.
Yehude Simon tiene legítimo derecho de reconstruir su vida y de enmendar sus errores del pasado, pero debe hacerlo a partir de la verdad o de lo contrario jamás podrá desligarse de su pasado terrorista. Debe hacer un esfuerzo de honestidad, solo así entenderá el valor de la verdad.

Sunat: Fiscales Vela y Pérez en la mira por exonerar a Odebrecht de denuncia

Una nueva ‘guerra’ entre instituciones del Estado está por comenzar: para la Procuraduría de la Sunat Rafael Vela y Domingo Pérez habrían blindado a la corrupta Odebrecht de investigación por defraudación tributaria.

Por haber exonerado a la compañía Odebrecht de una investigación penal por delitos tributarios, la Procuraduría Pública de la SUNAT evalúa emprender acciones legales contra los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
En este sentido, un alto directivo de la Sunat considera que los mencionados fiscales “invadieron” una jurisdicción fiscal extralimitándose en sus funciones para limpiar a los corruptos exfuncionarios de la constructora, Jorge Barata, Raymundo Trindade Sera y Carlos Nostre.
“¿Un acuerdo de colaboración eficaz sobre corrupción vale para excluir a los investigados de und elito común como defraudación tributaria?”, afirma un trabajador de la Sunat de alta jerarquía al semanario Hildebrandt en sus Trece, cuyo nombre se decidió mantener en sererva.
En respuesta, el Ministerio Público sostuvo que la exclusión de los brasileros se realizó en el marco del acuerdo de colaboración eficaz posteriormente homologado por el Poder Judicial.
Actualmente, Odebrecht mantiene una deuda tributaria con la Sunat de aproximadamente 1,032 millones de soles, como resultado de los procesos de fiscalización a diversos proyectos como la Interoceánica Sur y el Gasoducto Sur Peruano.
Por este motivo, de acuerdo con H13, la Procuraduría de la Sunat realizó consultas con abogados especialistas a fin de determinar qué acciones legales podría emprender contra el equipo Lava Jato de la Fiscalía. El hecho se torna aún más delicado porque la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, estaría también salpicada al haber otorgado al equipo Lava Jato atribuciones especiales para que intervengan en las indagaciones por delitos tributarios en los que podría estar inmersa Odebrecht.
Así, la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios vio bloqueada sus competencias, pues ninguna investigación que lleve la palabra “Odebrecht” en su contenido pudo prosperar. Por el contrario, Vela y Perez lograron que, en tiempo récord, las denuncias penales que la Sunat interpuso en junio pasado pasen al olvido.
El conflicto se remonta al 21 de junio del 2019, fecha en la que la Sunat denunció penalmente a los mencionados tres exfuncionarios de Odebrecht por defraudación tributaria. La demanda sostiene que la empresa corrupta “ocultó ingresos” para destinarlos al pago de coimas por la obra del Metro de Lima, lo cual generó impuestos “dejados de pagar”, según la Sunat.
Fuente: Diario EXPRESO.

EL FRACASO DE UNA ESTRATEGIA EQUIVOCADA

ESTAMOS EMPEZANDO A RECIBIR LOS PRIMEROS IMPACTOS NEGATIVOS (DEMANDA CIADI Y BLOQUEO DE SERVIDORES SUIZOS)

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
El pecado original
La estrategia que siguieron el gobierno y los fiscales del Lava Jato Peruano (LJP) hasta hace pocos día era complacer a Odebrecht en todo lo que demandara. Y ahora hemos empezado a pagar las consecuencias de dicha estrategia.
Esta se inició el 20.07.18, cuando el fiscal Vela reemplazó al fiscal Castro como jefe del LJP. Quien defendía que el Acuerdo con Odebrecht (ACO) debía tener 20 proyectos, incluyendo el Gasoducto Sur Peruano (GSP), mientras Odebrecht planteaba incluir solo 4 proyectos, excluyendo el gasoducto. Y la Fiscalía y el gobierno, en vez de respaldar a Castro, lo retiran de su cargo. Es así que nombran a Rafael Vela; el que inmediatamente aceptó el planteamiento de Odebrecht, sin intentar llegar a una posición intermedia.
El Acuerdo
Con el nombramiento de Vela el ACO avanzó sin mayores problemas, formalizándose la firma el 15.02.19.
En este punto hay que mencionar que la Ley 30737, que establecía el pago inmediato de la Reparación Civil (RC), no pudo cumplir su principal objetivo en el caso de Odb, cortesía de los fiscales del LJP. Es que su 13 ava disposición complementaria (Incentivos a la cooperación eficaz) establece que el Acuerdo de Colaboración Eficaz al que arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación de dicha ley. Por lo que el pago de la RC de Odebrecht al Estado se efectuará en 15 años, y los intereses se pagarán al final del 15avo año!!. Esta disposición habría permitido a la Fiscalía rebajar la valorización de la RC hasta 610 millones de soles. Sin embargo dicha ley también establece que los beneficios a otorgarse, como consecuencia del ACO, deben sujetarse al principio de proporcionalidad entre la colaboración y el beneficio que se obtiene. Lo cual abre un amplio campo de investigación para el nuevo Congreso. Ya que hay casos en los que la anterior regla no se cumple, como en el GSP.
Punto de quiebre
De otro lado, en toda negociación como la que desarrollaba la Fiscalía con Odebrecht, hay que tener muy presente el punto a partir del cual lo que la Fiscalía le puede dar a Odebrecht pase a ser menor que lo que Odebrecht puede obtener de la Fiscalía. Ya que a partir de ese punto dejará de tener un interés significativo en seguir negociando en el marco de ACO porque ya obtuvo todo lo que quería. Y el punto de inflexión era la venta de Chaglla. Ya que como se advirtió reiteradamente era el activo más valioso de Odebrecht. Pero siguiendo nuevamente la errada estrategia de complacer a Odebrecht, el gobierno (PCM, MEF, MEM y MINJUS) y la fiscalía cedieron no solo vendiendo Chaglla exonerándola de las limitaciones de la 30737 sino que inclusive le devolvieron los 524 millones. Tengan ustedes la absoluta seguridad, que si todavía no se hubiese vendido Chaglla, Odebrecht NO hubiera iniciado la demanda ante el Ciadi. Es que solo basta comparar los $1,400 millones de la venta de Chaglla al contado, versus los $1,200 que se podrían, o no, recibir del Ciadi luego de 5 años. Y en la situación actual de Odebrecht, con la inmensa presión de sus acreedores, el tiempo es oro.
La crisis actual
Y así llegamos a la crisis actual; la que ha evidenciado muchas debilidades del Ejecutivo. El planteamiento de Odebrecht podía ser aceptado o rechazado, pero el gobierno no tomó ninguna decisión. La crisis mostró no solo conflictos de intereses, ineficiencia, elusión de responsabilidades, falta de planeamiento, etc, sino diversidad de opiniones. Sin que existiera un líder que coordinara los diversos esfuerzos y adoptara una decisión final. También evidenció terror a conversar con Odebrecht, tanto del PCM Zeballos como del Presidente Vizcarra. “No negociamos con corruptos” puede ser una frase efectiva para las galerías, pero así no se dirige un gobierno. Porque ya han estado negociando con ellos y porque hay muchísimos problemas pendientes en el ACO y en los proyectos fuera de el, como el GSP. Para lo cual resulta imprescindible conversar, lo cual no es censurable. Lo que sí lo es, es actuar con falta de transparencia. De otro lado considero indispensable que se debatan públicamente las diversas soluciones alternativas para la problemática de abastecer de gas al sur del país. Otro tema es la falta de transparencia, lo que llevó a la Fiscalía a cometer errores. Por ejemplo si hubieran consultado al ente especializado en el MEF, este les hubiera aconsejado que incluyeran en el ACO una cláusula que bloqueara demandas como la del Ciadi. Finalmente, considerando la etapa en la que se encuentran las investigaciones, no resulta conveniente cambiar al fiscal Vela, a pesar de los diversos errores incurridos. Cambiarlo retrasaría la lucha contra la corrupción. Lo que sí se le debe exigir es transparencia y vigilar la actuación del equipo.

Las pruebas que faltaban en el Caso Humala

Por Graciela Villasís y Junior Miani– Diario El Comercio.
Esta semana el equipo especial del Caso Lava Jato recibió aproximadamente 400 documentos del servidor My Web Day que detallan cuál fue la ruta del dinero con el que Odebrecht aportó más de US$4,7 millones a las campañas presidenciales peruanas en el 2011. Estas planillas registran todos los movimientos que se realizaron en el Departamento de Operaciones Estructuradas y confirman la tesis fiscal sobre cómo llegó el dinero para el entonces candidato Ollanta Humala.
Hasta ahora, la fiscalía solo tenía como pruebas de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala en el 2011 las declaraciones que dieron el ex CEO de la empresa Marcelo Bahía Odebrecht, el exejecutivo de la constructora en el Perú Jorge Barata y otros testigos. Asimismo, contaba con correos electrónicos encriptados que intercambiaron Barata y Luiz Antonio Mameri, exlíder empresarial de la firma brasileña en América Latina y Angola, entre abril y mayo del 2011. En estos e-mails, ambos dejaron constancia de los pagos entregados a la campaña presidencial de ese año en el Perú.
Sin embargo, la nueva documentación trae órdenes de pago y transferencias bancarias autorizadas por Marcelo Odebrecht para la campaña nacionalista a pedido del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, fundado por Luiz Lula da Silva.
“En ese caso específico llamé directamente a Jorge Barata y le dije: ‘La gente aquí en Brasil, del Partido de los Trabajadores, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones’”, declaró el ex CEO de la empresa en mayo del 2017 ante los fiscales Germán Juárez y Rafael Vela.
Los US$1’790.534 que se entregaron con el ‘codinome’ ‘Campanha nac 3’ corresponden al millón de dólares entregado a la candidatura de Keiko Fujimori y la diferencia corresponde a los aportes a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

—La ruta del dinero—

En el caso de Ollanta Humala, las órdenes de pago ascienden a un total de US$2’999.895. Los desembolsos se realizaron entre el 9 de mayo y 14 diciembre del 2011 a través de la ‘offshore’ Klienfeld de Odebrecht hacia la cuenta en el Credicorp Bank de Panamá de la empresa Construmaq, del prófugo Gonzalo Monteverde.
Según la fiscalía, Monteverde fue el operador financiero de la constructora en el Perú.Esta información fue confirmada en diciembre pasado por Luis da Rocha Soares, extesorero internacional de la compañía, quien declaró que Monteverde entregó recursos de sus compañías, entre ellas Construmaq S.A.C., a Barata para que concretara los aportes y sobornos a sus destinatarios finales a través de ‘doleiros’.
Barata afirmó que en algunas ocasiones Monteverde entregaba estos pagos con su dinero y que luego la constructora le reembolsaba.
Según los documentos recibidos por la fiscalía y a los que accedió El Comercio, Marcelo Odebrecht, identificado con las siglas MBO, figura como “responsable” de autorizar todos los pagos que desembolsó la compañía para financiar la campaña de Humala [ver recuadro].
Estos nuevos documentos revelan que el ‘codinome’ ‘Italo Italiano Eleicao Peru’ corresponde al financiamiento de US$3 millones que Odebrecht entregó a la campaña de Ollanta Humala.
—De origen ilícito—
En la sentencia dictada contra Antonio Palocci Filho, exministro de Hacienda de Lula da Silva, y otros implicados en el Caso Lava Jato, el juez brasileño Sergio Moro determinó que el exfuncionario “tiene responsabilidad” en lavar activos, ya que “administraba una especie de cuenta corriente informal de beneficios indebidos y donaciones electorales no declaradas concertadas por el grupo Odebrecht con funcionarios políticos del PT”.
La sentencia, además, señala que “fue probado en juicio que parte de las coimas concertadas con los funcionarios de Petrobras en los contratos estatales [de Brasil] fue direccionada al financiamiento ilícito de campañas electorales o al pago de deudas de campaña”. Agrega que parte de estos recursos se destinó al financiamiento de campañas en el extranjero.
Esto coincide con la tesis del fiscal Germán Juárez, que asegura que el origen de los US$3 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Humala provienen de fuente ilícita.
—Las otras campañas—
Jorge Barata fue el encargado de administrar los desembolsos para las otras campañas que Odebrecht financió en el 2011, a diferencia de la de Humala, las cuales fueron manejadas por Marcelo Odebrecht.
Al lado de estos pagos realizados entre mayo y diciembre del 2011 aparecen sus iniciales ‘JB’. En total administró US$1’790.534.
—Defensa de los Humala: “Documentos son una especulación”—
En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, indicó que “la nueva información abonará en la tesis fiscal, pero en cualquier hipótesis este aporte de campaña […] [no modifica que] la discusión de fondo sea si un aporte constituye un delito para lavado de activos”.
El abogado Pedraza agregó que “estos documentos constituyen una especulación mientras no se encuentren dentro de la carpeta fiscal”.

Revelan insultos del presidente de Petroperú a ministra de Economía

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló un audio donde aparece el presidente de Petroperú, Carlos Paredes, insultando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. La titular del MEF, precisa el texto, negó a que el Tesoro Público asumiera una millonaria deuda por la refinería de Talara.
El medio dirigido por el periodista César Hildebrandt expuso la transcripción de una grabación entre Paredes y un tercero no identificado. Se escucha cómo este le cuenta que “su gran amiga” rechazó su pretensión.
“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, enfatizó.
“A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, agregó.
RECONOCE SU VOZ
Al ser consultado por el semanario, el presidente de Petroperú reconoció su voz pero dijo que en ningún momento le faltó el respeto a la ministra de Economía.
“En el audio que usted lo pudo haber escuchado, no hay una falta de respeto a la ministra. Hay palabras soeces, pero no hay una falta de respeto. Es un lenguaje que no usaría en una reunión formal. Es una grabación hecha en una conversación privada. no tengo idea con quién fue ni cuando fue”, dijo el hombre fuerte de Petroperú.
Fuente: Lucidez.pe

Denuncian pagos ‘gordos’ en Petroperú

La coalición de sindicatos de Petroperú exigió la intervención de Contraloría en la empresa estatal para revisar los contratos millonarios con estudios de abogados, además de la contratación de personal que no reuniría la experiencia.
En una conferencia de prensa, el dirigente Evin Querevalú Román, destacó casos como la contratación de Rita Moscol Orozco como jefa de seguridad de la refinería de Conchán a pesar que su especialidad es ingeniería en industrias alimentarias.
Sobre los estudios de abogados, se critica la contratación del Estudio de Abogados CCDA – Baxel, presuntamente creado el 2017, para intervenir en la disputa por la propiedad de los activos arrendados en el Lote Z-2B a Savia.
De otro lado, los sindicatos cuestionan el pago de honorarios de éxito a los estudios que podría superar los US$2 millones.
Este sería el caso del estudio J&A Garrigues, que cobró el 1% del valor de las reclamaciones a favor de Petroperú en la disputa seguida contra Técnicas Reunidas (en obra de la refinería).
Millones
De otro lado, también se pide la revisión del pago de US$20 millones a la empresa española Cobra que interviene en la modernización de la refinería, por presuntos retrasos de la obra.
Sobre este proyecto, Querevalú llamó la atención por la demora en la contratación y preparación de 300 jóvenes para laborar en la nueva refinería. Según el dirigente, se intentaría tercerizar.
Audio
En otro punto de la conferencia, los dirigentes dieron a conocer un audio en el cual se escucharía al presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, refiriéndose a la presunta negativa de la ministra de Economía a entregar un presupuesto adicional a la empresa.
“[…] estoy pidiendo y que no me quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable. A la señorita ministra no le queda otra más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, se escucharía decir en el audio.
Fuente: Diario El Tiempo de Piura.

Refinería de Talara producirá gasolina inservible

Por: Plinio Esquinarila y José Morán- Diario EXPRESO.
¿Cómo es que un proyecto que inicialmente su costo se estimaba en US$1,334 millones, escala a US$5,400 millones y cerraría en más de US$6,500 millones? Esa la primera interrogante que ya se ha desentrañado sobre la refinería de Talara. La segunda es quién autorizó y dónde está la resolución para que la modernización de la antigua refinería se cambie por una nueva. Finalmente, ¿sirve o sirve, de acuerdo a los estándares internacionales, la refinación de la gasolina que se producirá en Talara?
Empecemos por lo último. No sirve para la exportación. Sobre el particular, el economista Jorge Baca Campodónico ha hecho hincapié, en principio, que la cantidad de barriles que producirá esta nueva refinería está muy lejos de lo que una refinería moderna debería producir normalmente.
Y es que “los costos de escala son fundamentales para poder competir a nivel mundial. Como está concebido este proyecto, la idea es pasar de los 65 mil de barriles diarios que tenía la antigua refinería de Talara, para 95 mil (…). Pero si analizamos cuáles son los tamaños competitivos de una refinería a nivel mundial, [esto es] mínimo 250 mil barriles diarios. La nueva refinería no va a ser competitiva a nivel mundial”, aseveró.
El extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remarcó en un video compartido en la cuenta “Cápsulas para Millennials”, que otro punto crítico es el producto que se va a generar. De acuerdo a lo señalado por el economista, el combustible que se obtenga de esta nueva refinería no cumplirá con los estándares de contenido máximo de azufre Partes Por Millón (PPM).
“La nueva refinería, con toda la tecnología con la que fue hecha hace 14 o 10 años, solamente va a poder hacer [combustible] que tenga 50 PPM (azufre en Partes Por Millón), cuando ya las normativas europeas e internacionales, inclusive por ejemplo Chile y Brasil, ya están por debajo de los 10 PPM”, dijo Baca.
“Ya se está hablando de la utilización del diésel para barcos que ya tienen que ser inferiores a los 5 PPM (…). Definitivamente vamos a hacer un producto que no va a tener ningún tipo de participación en el mercado, porque es un producto que nadie lo quiere”, agregó.
LA INVERSIÓN
Se ha dicho en repetidas oportunidades que las modificaciones de costos del proyecto se explican por el apuro en iniciarlo sin tener completos los estudios de preinversión, sin financiamiento asegurado y por los evidentes errores e ineficiencias de los responsables.
Sobre el tema de la inversión el primer monto dado a conocer para la nueva refinería fue de US$1,334 millones, producto de un esquema de ingeniería conceptual de la consultora Arthur D. Little cuyo estudio fue entregado a Petroperú en 2008.
El siguiente paso sería la ingeniería básica y luego la de detalle. Y a medida que se avanzaba en los estudios se tendría un mayor nivel de precisión sobre los niveles de inversión.
Años después de los US$1,334 millones se anuncia un monto de US$1,700 millones, esto cuando era titular de la empresa petrolera del Estado, el ingeniero Humberto Campodónico, el verdadero padre de la criatura de la nueva refinería de Talara, con el equipo de La República, en el gobierno de Ollanta Humala.
Un impulso que iba a contracorriente porque la industria del refino empezaba a caer en el mundo por los cambios hacia energías renovables, entre otras razones que no vienen al caso detallar, siendo incluso más barato comprar refinerías ya instaladas que hacer nuevas.
Con el cambio de gobierno y la entrada de Pedro Pablo Kuczynski a Palacio, no obstante que Peruanos por el Kambio y voceros calificados como Fernando Zavala, en plena campaña electoral de 2016, afirmaban que no tenía sentido continuar con la modernización de Talara, la nueva administración de Petroperú –con Luis García Rosell a la cabeza- decidió continuar.
Esto no obstante un “costo hundido” o pérdida irreparable de US$2,100 millones que no se podían recuperar y los aún “US$5,400 millones estimados para continuar con el proyecto porque su antecesor –Humala– ya había invertido US$1,600 millones y que además se habían contraído compromisos por unos US$500 millones”, como informó EXPRESO en su edición del 24 de mayo del 2019.
Es así que el nuevo titular de Petroperú continuó con el esquema de Arthur D. Little para el término de los estudios de ingeniería. Para entonces la inversión –digamos actualizada- era de alrededor de US$4,000 millones que se podía desglosar en tres componentes:
-US$2,700 millones para unidades de proceso que se adjudicó a la española Técnicas Reunidas (TR).
-US$500 millones aproximadamente para obras complementarias.
-Y US$800 millones para unidades auxiliares u obras tercerizadas.
Es decir, un consolidado de US$4,000 millones de infraestructura a la que había que sumar US$800 millones en gastos financieros de la etapa preoperativa a esa fecha. De forma que la suma de la inversión para Talara trepó a US$4,800 millones.
A lo anterior había que agregar las obras tercerizadas, que hoy son el dolor de cabeza principal para la conclusión de la obra. Como se sabe, la buena pro de la tercerización fue ganada por el consorcio Cobra–SCL UA TC, que ejecutaría el Servicio de Ingeniería de Detalle, Suministro y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios a un costo de US$936’589,527.55.
Para entonces Industrias Reunidas se quejaba de que ellos terminaban su trabajo y las obras complementarias, o de terceros, se demoraban demasiado. Un desfase en el tiempo que generaba mayores costos, estimados oficialmente en US$600 millones.
Para 2017 la sumatoria ya había llegado a US$ 5,400 millones de inversión. Estos y otros detalles seguían abultando la inversión, celosamente ocultados por Petroperú, así como los cálculos cambiantes de la consultora Arthur D. Little, pulverizados por el economista Ricardo V. Lago en diferentes columnas de opinión en la prensa nacional.
Visto el tema en esta perspectiva, se estima que la inversión de la Nueva Refinería de Talara superaría los US$6,500 millones si se consideran todos los costos involucrados, especialmente los financieros, según las investigaciones del economista Manuel Romero Caro.
DETALLE FINAL
La falta de transparencia, principalmente en el tema financiero, motivo por el cual ha renunciado el presidente de Petroperú, aparte de sus palabras soeces para con la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, también se dio en el ocultamiento de que se construía una nueva refinería y no se modernizaba la antigua.
Esta novedad, increíblemente ocultada, se supo recién el 3 de mayo de 2017, cuando Luis García Rosell reconoció que la refinería ya no sería remodelada sino nueva, con todos los costos antes reseñados.
Y es también cuando se supo que el proyecto no tendría cuatro sino 16 unidades divididas entre el proyecto principal y las plantas auxiliares. El paquete completo, repetimos, nos saldrá la friolera de US$ 6,500 millones.
Así las cosas, “es de la máxima urgencia que Petroperú logre un acuerdo con las empresas encargadas de llevar adelante la nueva refinería con la finalidad de parar la espiral de sobrecostos y penalidades en la que está incurriendo la obra. Si no fuera posible lograr el objetivo a través del trato directo, no quedaría otra que recurrir al arbitraje”, opina Romero Caro.
PETROPERÚ NO PUEDE PAGAR DEUDAS
Desde el cierre del año pasado se ha solicitado desde Petroperú la necesidad de un financiamiento adicional por US$600 millones para concluir las obras y la puesta en operación comercial del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT).
Se ha planteado la necesidad de una nueva emisión de bonos en el mercado internacional, recuerda César Gutiérrez, experto petrolero. En junio de 2017 Petroperú emitió dos series de bonos en la Bolsa de Nueva York: una por US$1,000 millones a 15 años a una tasa de interés anual de 4.75%, que implica un pago de 47.5 millones año. Y otra a 30 años a una tasa de interés anual de 5.63%, que implica un pago de 56.3 millones cada año.
Más allá del pago de intereses por bonos que ascienden a US$103.8 millones anuales hasta el 2032 hay que generar una provisión anual para que en dicho año se devuelvan US$1,000 millones ese año, dice Gutiérrez, también expresidente de Petroperú. Entre el 2032 y el 2047 tenía que abonar anualmente 56.3 millones por bonos y provisionar para devolver en el 2047, los US$1,000 millones adicionales, lo cual ya es complicado, afirma.
Si sale al mercado por los US$600 millones que consideran necesarios, en una emisión para 15 años, la tasa de interés será mayor que la del 2017 porque el mercado ha quedado notificado que el Ministerio de Economía y Finanzas, por la decisión de la ministra María Antonieta Alva, que un gobierno no tiene por qué salir a cubrir las deudas de Petroperú, advierte.
Recuerda que en el 2017 los bonistas estaban convencidos de que el Estado nunca dejaría impago un compromiso adquirido por la empresa petrolera del Estado.
El impase de la salida del anterior presidente, Carlos Paredes Lanatta, que solicitó al MEF que el fisco asuma una deuda de 1,500 millones de moneda verde ha traído estas consecuencias.
SOBREENDEUDAMIENTO
Según los estados financieros de la petrolera estatal al cuarto trimestre del 2019, registra un pasivo no corriente (deuda de largo plazo) por US$3,200 millones, de los cuales 2,000 son los bonos ya citados. Los US$1,200 millones restantes corresponde a un crédito de la agencia CESCE.
Si sumamos las obligaciones de bonos y el crédito CESCE en los próximos 15 años, Petroperú deberá pagar anualmente la suma de US$212 millones por bonos y el crédito CESCE, lo cual según la unanimidad de expertos es imposible.
Por lo que mejor sería sincerar la situación de la petrolera del Estado y privatizarla, como plantea el analista Aldo Mariátegui.

Revista CARETAS.

El Foro de Sao Paulo, Lava Jato y el Golpe Caviar del 30-S

Por Sergio Tapia– CaféViena.pe
En la suscitada renuncia del Ministro de Energía y Minas, Liu Yonsen, por haber sido consultor de la empresa Odebrecht, ha habido más que descaro. Pues, por la misma causa que se produce la salida del Ministro, también podría también comprometer con igual desenlace al propio Presidente, y al ONGismo gobernante.
Hay entrelazadas operaciones comerciales de los constructores adictos a perforar las licitaciones en las obras del Estado y, sucesivas campañas de demolición del Estado por las organizaciones marxistas. Es en esta atmósfera de doble composición: negocios de alto vuelo e ideología destructiva, que se eleva a su máxima potencia la corrupción empresarial/estatal operada por Odebrecht.
En el Perú, con el golpe caviar del 30 de setiembre de 2019, se acelera la demolición revolucionaria de las instituciones republicanas, y se produce una concentración del poder en hábiles titiriteros comunistas. En nuestros días en vísperas de celebrar el bicentenario de la fundación de la República, no se hace honor alguno al ideal proclamado por el Generalísimo don José de San Martin, en su Estatuto de Lima del 8 de octubre de 1821: “… me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo; y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta, es también el que la aplica.”
A 199 años de esta aspiración, en el Perú se hayan subyugados los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), y varios de los organismos autónomos, como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, entre otros.
La revolución marxista ha sido constantemente camaleónica para hacerse del poder. Los marxistas pactan y hacen alianzas con muchísima facilidad con sus enemigos ideológicos: pactaron con los nazis el 23 de agosto de 1939 para invadir no sólo Polonia, sino para anexarse a las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania); así como Besarabia y Bukovina (que pertenecían a Rumania). Así, en menos de un año, el primer Estado comunista, la Unión Soviética, extendió su yugo de odio, terror e inhumanidad a 23 millones de personas adicionales.
Las alianzas del comunismo no cesaron. El 22 de junio de 1941 cuando Alemania invade el territorio del único estado comunista de entonces, Inglaterra se hizo amiga de Stalin y arrastrando en la misma dirección la política exterior norteamericana, país que se había constituido en la despensa bélica de Inglaterra. Es así que el 16 de agosto de 1941, en Moscú, los embajadores de Inglaterra y Estados Unidos ofrecieron oficialmente ayuda al sanguinario tirano comunista Stalin. En septiembre de 1941, reunidas en Moscú las delegaciones de los ingleses y norteamericanos, se concretó la ayuda militar y económica requerida por Stalin, y se formó entre los tres países la «Gran Alianza». Los que obtendrá la victoria al final de la segunda guerra mundial, en 1945, y sobrevino el reparto mundial, para comunistas una buena tajada del globo terráqueo para que lo gobiernen como les de la gana, y en la otra parte compitiendo los comunistas locales con ingente ayuda de los estados comunistas, para asumir el poder en más países.
Y, así giró la post guerra, hasta 1989, cuando el sistema político-económico comunista implosiona, porque no da para nada ni para más. Durante 50 años engañaron a medio mundo. Aunque todavía quedaba países con población ingenua, esperando ser engatusada.
En reacción a la caída del sistema de gobierno comunista; en el año 1990 Cuba generó una novísima estrategia para renovar y extender el comunismo en América Latina, mediante el Foro de Sao Paulo, afiliando a todos los partidos comunistas y pro-comunistas de los países latinoamericanos.Candidato perdedor Polansky Rodríguez Yong por Loreto.
Del Perú se afiliaron once grupos políticos, algunos con participación gubernamental y representación en el Congreso:
– Ciudadanos por el Cambio (2012) grupo disidente del gobierno de Ollanta Humala, liderado por Salomón Lerner e integrado por Carlos Tapia, Sinesio López, Cecilia Israel, Nicolás Lynch y Félix Jiménez.
– Tierra y Libertad (2010) del ex-cura Marco Arana que actualmente pervive como Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (2013).
– Partido Comunista del Perú– Patria Roja (1969) de Alberto Moreno y Rolando Breña.
– Partido Comunista Peruano (desde 1930 con esa denominación), ya venido a menos desde la desaparición de la URSS y la muerte de su porfiado gestor Jorge del Prado (+1999), sus líderes actuales son Roberto de la Cruz y Renán Raffo Muñoz.
– Partido Nacionalista Peruano (2005) de Ollanta Humala.
– Partido Socialista del Perú (2005 ) de Javier Diez Canseco (+2013).
– Partido Humanista Peruano (2001) de Yehude Simons.
– Partido Político Perú Libre (2012) de Vladimir Cerrón.
– Partido Pueblo Unido (2007) grupo relacionado con Verónika Mendoza.
– Movimiento Nuevo Perú (2017) de Verónika Mendoza y Álvaro Campana.
Al fundarse el Foro de Sao Paulo en 1990, el único partido afiliado que era gobierno fue el partido comunista cubano. Luego en 1999 asume Chávez en Venezuela, y en el 2003 Lula en Brasil. Luego, llegarán a ser gobierno distintos partidos afiliados del Foro de Sao Paulo: Uruguay (2004), Bolivia (2005), Chile (2006), Ecuador (2006), Nicaragua (2006), Paraguay (2008), Uruguay (2009), El Salvador (2009), Brasil (2010), Perú (2011), Venezuela (2013), Chile (2014), El Salvador (2014).
La nueva estrategia es alentar que los comunistas lleguen al poder por la vía electoral, y ya no por medio de la guerrilla, el terrorismo y la violencia sindical.
El apoyo sustantivo de Cuba para diseñar la transición colombiana de una situación subversiva guerrillera por decenas de años, a un estado de paz aparente mediante la creación de un sistema judicial ad hoc (del cual fue colaborador para su puesta en marcha, García Sayán), para juzgar militares y consagrar la impunidad a los guerrilleros. Y, otorgando representación parlamentaria a los ex-guerrilleros, sin intermediación electoral; acercó a Cuba a las estrategias jurídicas de las ONGs derechohumanistas.
Aún está por escribirse las crónicas que den cuenta de este giro del comunismo latinoamericano, que mudó de la estrategia asesina mediante la lucha guerrillera, pasó por el terrorismo desalmado, y desemboca en las apacibles correrías lobistas de los derechos humanos, y el redireccionamiento del sistema de Justicia para promover la impunidad de la corrupción Lava Jato a escala continental, constituyéndose en falsos adalides de la lucha contra el delito que ellos mismos generaron como estrategia político-psicosocial para socavar el estado republicano y democrático que han sabido infiltrar, copar y someter.

LOS CUELLOS BLANCOS DE LA PRENSA

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El cinismo mediático en torno del “media trainning” que llevó a cabo el periodista Augusto Álvarez Rodrich al ahora expresidente de OSINERGMIN, Daniel Schmerler, a través de la empresa Otrosí, raya en lo surreal.
¿Y por qué surreal? Porque este es el modo de operar de las llamadas empresas consultoras desde hace muchos años. Todos lo saben. Las pruebas abundan. Pero la hipocresía y los calzones con bobos tapan lo evidente.
Basta recordar el recorrido profesional del hoy cuestionado periodista Álvarez Rodrich por distintas oficinas de funcionarios públicos, obispos, presidentes, etc. Y como él, sus más famosos colegas como Rosa María Palacios, quienes ya reiteradas veces han sido señalados por ejercer la respectiva “lavada de cara” cuando las papas queman en distintos despachos. Claro está, cuando el cheque se pone sobre la mesa, pasan de ser fujimoristas acérrimos, por ejemplo, a los más activistas “antis”. Curiosos efectos de la mermelada nacional.
En este contexto, iniciamos en La Abeja una serie de artículos con un objetivo bien definido. No queremos rascar en toda la podredumbre mediática nacional que hoy ya ha superado con creces a la nefasta etapa montesinista. No. Quien mucho abarca poco aprieta.
Hemos decido abocarnos a una sola cuestión: continuar con una historia que empezamos allá en agosto del 2018. En ese momento publicamos la nota “CHISAC Y LA FÁBRICA DE MERMELADA” en donde señalamos precisamente lo que tanto hoy tanto espanta sobre la conducta de Álvarez Rodrich: “A cambio de un buen presupuesto CHISAC te lava la cara. Y vaya que así fue. No es de extrañar pues que el moralizador Salinas haya trabajado arduamente para lavarle la cara nada menos que a don Alan Azizollahoff, el responsable de la muerte de tantos jóvenes inocentes en la discoteca Utopía. Un buen fajo de dólares y Salinas se multiplica en cafés y cebichitos y bastante mermelada para que la imagen de Azizollahoff se levante, se limpie. Un trabajo notable. Un buen manejo de crisis. Pero como business son business, eso no es nada, también hay que limpiar al Fiscal de la Nación. Al favorito de la caviarada, a don Pablo Sánchez, quien al ser denunciado constitucionalmente por su livianidad con la corrupción no tuvo mejor idea que recurrir a CHISAC, y otra vez el diligente Salinas se pisó los callos para convocar a un almuerzo con periodistas por el que cobró nada menos que 17000 soles”.
En esa nota solo señalamos algunos puntos relevantes de la relación de Chirinos & Salinas Asociados (CHISAC) con algunos miembros de la esfera estatal y allegados. Pero mucho se quedó en el tintero. En ese momento decidimos no publicar más. Pero el trabajo de investigación no se detuvo. Y hoy creemos que es necesario mostrar algunos datos sobre CHISAC y empresas afines que trabajan en lo que podríamos llamar una especie de “club de las consultoras de comunicación”. Algo así como “los cuellos blancos de la prensa”. Ese sector de la prensa que se ufana de ser la reserva moral de nuestra sociedad, muestra cada vez con mayor claridad que operan bajo un escandaloso doble estandar y, aun así, pretender ser líderes de opinión.
Desde que empezamos a investigar hace más de un año y medio, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, luego de nuestros artículos, CHISAC dejó de licitar con el Estado. Cosa rara. Algo que hoy, luego del caso de Álvarez Rodrich, reabre las suspicacias en torno a la procedencia de sus ingresos. ¿O será que otra empresa, al estilo OTROSÍ, les podría estar dando la mano? Estén atentos. Aquellos interesados en conocer un caso más de varias lavadas de cara a funcionarios, no se pierdan los artículos que vendrán sobre esta empresa y sus consorciadas.
Cerrado un paréntesis político en el que me impuse no escribir en La Abeja para mantener independencia, he vuelto con más ganas de –como diría Paola Ugaz— hacer más y mejor periodismo.
Los invito a leer el artículo “Chisac y la fábrica de mermelada” para ir calentando motores. Lo pueden ver aquí https://www.laabeja.pe/chisac-y-la-fabrica-de-mermelada/ 

EL CASO CHISAC

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Como mencionamos en la nota anterior, la idea de esta serie de artículos es evidenciar que los “media training” que tanto escandalizaron hace algunos días, cuando se descubrió que el periodista Augusto Álvarez Rodrich había realizado uno para Osinergmin, no es algo nuevo. Lógicamente, el afán de estas notas no es defender el modelo de “negocio”. No es decir que “como todos lo hacen, está bien”. Al contrario. Queremos evidenciar que, a pesar de que es una práctica común entre este tipo de consultoras, sorprende que las personas se escandalicen solo cuando, valga la redundancia, están asociadas a un “escándalo”.
Y para evidenciarlo seguiremos hablando de una empresa en concreto: Chirinos & Salinas y Asociados, más conocida como CHISAC. Y no es porque no hayan más como ellas. Las hay y en el desarrollo de esta serie iremos demostrando cómo se interrelacionan entre ellas. Pensamos que para ilustrar estos casos, vale el “para muestra, un botón”. Porque esto no es solo un lío de empresas. También de colegas y comadres. Hay mucho material allí por desgranar, pero en esta nota nos centraremos en conocer a la empresa en sí. Nada más.
¿Quiénes son los Chisac? Según lo que presentan en su página web ­­­-www.chisac.com– es una “consultora en comunicación con especialización en relaciones con medios de comunicación y en manejo de crisis. Opera desde 1995, tiempo en el que se ha convertido en una de las más reconocidas consultoras del país, caracterizándose por su eficiencia, su conocimiento de la oferta de medios de comunicación, de su dinámica interna y principales protagonistas, así como por su credibilidad”. ¿Manejo de crisis? ¿Su conocimiento de la “oferta” en medios, su “dinámica interna” y sus “principales protagonistas”? ¿No suena a algo así como un “media training” con manejo de contenido según intereses del cliente en los medios cercanos y con periodistas amigos? De hecho, puede que sí, puede que no. Pueden ser interpretaciones subjetivas. Sin embargo, dicen que “por sus obras los conocereís”. Así que hacía allí vamos. Poco a poco.
Si quedan dudas sobre el concepto de venta de CHISAC, podemos seguir con el siguiente punto de su presentación. En aquella parte donde dice Metodología de trabajo: “Contribuimos a que nuestros clientes sean más conocidos y mejor entendidos. Damos soluciones a través de nuestra experiencia en medios de comunicación y conocimiento del mercado periodístico”.  ¿Alo, hermanito? ¿Me das una manito? Tengo un cliente que necesita que no se le comenten algunos puntitos oscuros en prensa. Por ejemplo, su responsabilidad en un incendio en una discoteca en la que murieron 29 jóvenes. Y de paso, a ver, si lo ayudas con una entrevista en tu programa. ¿La ética ante este tipo de  actos? Parece que muy poco, o nula. Hasta a algunos de los socios, le “vale madre”.
De hecho, cuando comenzamos luego a revisar el historial de contratos que ha tenido la empresa CHISAC desde su creación, (como dice la web allá en 1995 aunque su alta en Sunat fue en 1996), nos podemos dar cuenta que entre el modo de operar de OTROSI y CHISAC, solo por poner alguna referencia cercana, hay más puntos en común que diferencias. Por ejemplo, Pedro Salinas de CHISAC es íntimo amigo de Jorge Bruce, muy ligado a OTROSI. No solo comparten afición por la consultoría en comunicaciones, sino que Bruce acompaña muy de cerca a Salinas en su cruzada anticlerical, presentando sus libros y haciéndole sus pericias psiquiátricas para sus juicios personalísimos, que pretenden reemplazar a aquellas que fueron legalmente ejecutadas por el Ministerio Público y cuyo resultado no es del gusto de Salinas. Claro, a nadie le gusta que le digan que sus problemas vienen de sus padres y no de sus supuestos victimarios.
Pero bueno, eso es un tema personal que no compete a esta nota. Lo que tratamos de decir es que OTROSI y CHISAC hacen el mismo trabajo: manejo de crisis, lavada de cara, favores con los amigos de prensa, entre otros, a cambio de un buen pago y sin importar que haya víctimas mortales. Reales, concretas. Claro, cuando la víctima no es un negocio, deja de ser relevante para el justiciero.
Basta con seguir haciendo scroll down a la página de CHISAC para encontrar los servicios que ofrecen. Por ejemplo: generar noticias a partir de las actividades de cada compañía, liderazgo de opinión, gestión ante los medios de comunicación para la publicación de notas de prensa y/o entrevistas, identificación de los momentos clave en los que debe brindarse información a los medios, prestar soporte en casos de crisis institucionales, entre otros. Sobre este último punto -las crisis- tal vez el caso reciente más emblemático fue, como veremos posteriormente, aquel en el que los CHISAC le organizaron un desayuno con periodistas al entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, luego de que la congresista Yeni Vilcatoma lo denunciara. Y ni qué decir de sus asesorías al entonces alcalde del Callao, hoy preso por corrupción, Félix Moreno. O a PPK. O a Susana de la Puente. Pero como diría Luis Fonsi, vamos “pasito a pasito”.
Otro punto que llama la atención es el equipo de trabajo que presenta la página web. Además de los socios, Freddy Chirinos y Pedro Salinas, hay 12 empleados más. Definitivamente, mal no les debe ir. Sobre todo, cuando vemos que sus oficinas quedan en el lujoso edificio Patio Panorama. Sin duda, la consultoría en comunicaciones es un lucrativo negocio cuando se tiene a toda la argolla amiguera moviendo las piezas en los medios. Y, por supuesto, cuando los clientes son los peces más gordos. ¿Y qué pez más gordo hoy que el Estado? De sus arcas -vale decir, del dinero de todos- beben tantas boquitas. Entre mermeladas y consultorías, bienaventurados aquellos que están en el círculo concéntrico más cercano. Pero esto lo veremos a partir del siguiente artículo, en donde iremos presentando, uno a uno, los contratos más jugosos de esta exitosa empresa con algunas instituciones del Estado. Esperemos que como está de moda últimamente con algunos implicados en contratos poco transparentes, no salgan cantando al estilo Thalia: “Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó”. Porque sí pasó, y bastantes veces.

“Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así” (Ilustración: Mónica González).

Aparta de mí este virus

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Desde hacía algún tiempo, el premier Vicente Zeballos estaba desaparecido de los medios. La gente había empezado a olvidarse de su rostro y de si su apellido se escribía con ‘v’ de ‘vaca’ o ‘b’ de ‘burro’. Hasta que ayer habló, y todos recordamos lo que nunca debimos olvidar.
“Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez”, dijo sin que le temblara la voz. Y en su tono categórico se adivinaba la esperanza de que con esa sentencia el asunto quedase zanjado.
El problema, sin embargo, es que ese cuento no se lo tragan ni en el Partido Morado. En el éxodo decretado el jueves en Palacio, hubo efectivamente algunos ministros a los que se despachó aprovechando el tumulto: Edmer Trujillo (que estaba con roche desde que juró el cargo) y la titular de Educación, Flor Pablo (en torno a cuya salida existen todavía algunos misterios sin resolver). Pero, vamos, el plato fuerte fueron sin duda los dos funcionarios que, junto con el procurador Jorge Ramírez, formaron parte del comité organizador de la cita con Odebrecht. Es decir, los ahora exministros de Justicia y de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu, respectivamente. Y pretender que la circunstancia de que esos dos personajes y Ramírez hayan sido removidos de sus cargos en menos de 72 horas por algo así como una coincidencia atribuible al biorritmo es sencillamente patético.
—Los idos de febrero—
Apresurémonos a aclarar que, a juicio de esta pequeña columna, la reunión no tenía en sí nada de reprobable. Tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte antes de ser llevado a un arbitraje de resultados imprevisibles es razonable. Y lo es aun cuando los ocasionales interlocutores pudieran ser los voceros de una empresa corrupta como Odebrecht, si eso es capaz de suponerle al Estado Peruano el ahorro de recursos, tiempo y energía.
Esa era precisamente la situación que planteaba la potencial denuncia ante el Ciadi, y así parecen haberlo entendido en un principio los representantes del Ejecutivo que estuvieron al tanto de que el encuentro iba a celebrarse… Hasta que alguien en las alturas del poder entró en pánico por el efecto que el dato del contacto entre el gobierno y los personeros de esos malandros podía tener en las tribunas, y una torpe operación de destrucción de la evidencia se puso en marcha.
El lector interesado en los detalles puede consultar las distintas crónicas periodísticas que se han publicado en estos días sobre la sucesión de despropósitos que terminó en el licenciamiento de tanto funcionario. Pero, para fundamentar el argumento aquí planteado, baste anotar que es muy claro que tanto la entonces ministra de Justicia como el premier Zeballos estuvieron perfectamente enterados de lo que iba a ocurrir. La señora Revilla facilitó incluso la comunicación entre el procurador Ramírez (su subordinado) y el titular de Energía y Minas. Y las versiones sobre la naturaleza supuestamente “informativa” que, a entender de los involucrados, iba a tener la cita son paparruchadas: en la antesala de una demanda de arbitraje, lo que las partes hacen es negociar y eso lo sabe cualquiera.
¿Advirtieron los ministros al presidente de la reunión antes de que tuviese lugar? Lo verosímil es que sí. Pero si, como asegura Zeballos, no lo hicieron, el primero en partir entre los “idos de febrero” tendría que haber sido él mismo, pues con lo sensible que resulta todo lo relacionado con Odebrecht para esta administración, la omisión habría sido inexcusable.
De cualquier forma, en algún momento el mandatario tiene que haber conocido de la cita, y postular que existió una relación de causa-efecto entre ese hecho y el cambio de actitud oficial hacia ella es una conclusión que se cae de madura. Víctima de su propia beatería en torno a la sola posibilidad de tener a un sospechoso de corrupción en un radio de diez kilómetros, Vizcarra debe haberse estremecido al imaginar lo que sus críticos más chapuceros podían enrostrarle por no haber impedido la conversación con los representantes de la empresa brasileña. Y entonces vino la contraorden.
Esa, en realidad, es la única explicación lógica de que, de pronto, en el Ejecutivo comenzaran a negar los hechos; y, cuando eso ya no era posible, a sacrificar a los implicados más visibles.
—Pegar en la encuesta—
El punto más dramático de este cambio de guion lo marca el ya famoso apotegma pronunciado por Zeballos el 7 de febrero pasado: “El gobierno no negocia con corruptos”. Una contradicción flagrante si consideramos que él supo de la reunión entre Odebrecht y el titular de Energía y Minas aun antes de que esta se celebrara, el 9 de enero de este año.
Los problemas en los que se vio enredado el ministro Juan Carlos Liu a partir de lo revelado el domingo en “Panorama” sobre su sorprendente versatilidad profesional, sin embargo, ocasionaron que la verdad acerca de los tratos del gobierno con la demonizada constructora comenzara a brotar a borbotones. Y así, progresivamente, Liu, el procurador Ramírez y Revilla se fueron transformando en los portadores de un virus contagioso a los que había que desterrar para que la popularidad del jefe del Estado no sufriese mella. Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así.
Por supuesto que una aplicación rigurosa del principio que determinó el licenciamiento de los ministros ya mencionados tendría que haber acarreado también la salida de Zeballos. Pero hasta ahora él parece haberse salvado por ser el depositario del encargo de ir liquidando a los pacientes más graves y negar al mismo tiempo que es eso exactamente lo que está haciendo.
Ese, sin embargo, es –para decirlo con una expresión cara a él mismo– “el estado situacional” de las cosas. Y, de un momento a otro, todo podría cambiar.

Ministra Rocío Barrios salpicada en dudosa licitación a favor de OAS

Rocío Barrios tiene mucho que explicar: ¿cómo fue el concurso que terminó ganando la constructora corrupta OAS? ¿qué papel jugó en esta importante licitación como directora del proyecto?
El emblemático Centro de Convenciones de Lima (San Borja), lugar en el que se realizan los principales eventos del Ejecutivo, es una obra que estuvo a cargo de la hoy cuestionada constructora OAS y que fue licitada durante el régimen de Ollanta Humala Tasso.
El lugar, sin embargo, no estuvo exento de la mano corruptora de la brasilera, ya que según investiga la Fiscalía, también se repartieron coimas. Es más, recientemente, un nuevo elemento salta a la luz: el proceso de licitación duró apenas semanas.
El proceso de licitación estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por encargo del Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de Convenio por Administración de Recursos.
Durante la época en que se firmó el convenio, se desempeñó como directora nacional del proyecto Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Cabe mencionar que Barrios era directora general de Administración del Ministerio de Vivienda. Y como tal, tenía bajo responsabilidad la administración y custodia documentaria y el suministro de información.
Hoy se sabe que la ejecución del proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú” tuvo como monto referencial la suma de S/454.9 millones, pero terminó elevándose a más de S/ 500 millones
ANTECEDENTES
De acuerdo con El Comercio, la constructora OAS habría accedido a las bases del concurso público antes de que fueran publicadas para obtener ventaja y poder ganar. Un aspirante a colaborador eficaz así lo afirmó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato sobre la obra que costó más de S/500 millones.
Fuente: Diario EXPRESO.

Pinheiro confirma que dio US$4 millones a Villarán a cambio de US$142 millones a través de peajes de Línea Amarilla

En su testimonio ante la fiscalía peruana, el expresidente ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, confirmó que el aumento de las tarifas de los peajes de la Línea Amarilla (Lamsac) se hizo a raíz de una compensación negociada con la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras el aporte de US$4 millones que hizo la constructora brasileña a la campaña de reelección de Susana Villarán.
El monto que la comuna se comprometió a compensar fue de US$142 millones por el costo de la liberación de los terrenos en los márgenes del río Rímac, según un reportaje de ‘Punto Final’.
Este no se encontraba inicialmente en el contrato suscrito con el municipio, pero se negoció directamente luego que Pinheiro se reuniera junto con el exgerente municipal José Miguel Castro, la exalcaldesa y el publicista Valdemir Garreta en el 2015 en el Hotel Westin de San Isidro.
Según el testimonio del empresario, en dicha cita se negoció con José Miguel Castro. Se estableció que a cambio del aporte de los US$4 millones, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobaría la negociación del trato directo. Y este acuerdo de palabra se cumplió.En esa línea, por lo menos un sol, de los/5.70 que cuesta el peaje de la Línea Amarilla, se debe a la firma de un Acta de Cierre de Trato Directo el 20 de octubre del 2014, en la cual se fijaron los montos que se le debían pagar a la empresa, indicó el mencionado reportaje.
En este mismo documento, las partes acuerdan que la compensación económica a Lamsac se efectuará a través del mecanismo de incremento de tarifa previsto en el peaje de dicha obra de infraestructura.
Al ser consultado al respecto por ‘Punto Final’, Jaime Shimabukuro, exgerente de Promoción de Inversión durante la gestión de Villarán, dijo que desconoce el acuerdo previo y el aporte de OAS a la campaña de la reelección. Esto pese a haber firmado la referida Acta de Cierre de Trato Directo.
Cabe destacar que la fiscalía ha citado para este jueves a Shimabukuro a declarar sobre el tema, en una investigación que apuntala ahora la hipótesis de cohecho en el mismo nivel que la de lavado de activos.
Fuente: Diario Perú21.

CÓMO SE ENTREGARON LOS US$7 MILLONES DE OAS PARA CAMPAÑAS DE SUSANA VILLARÁN

Por Edwin Montesinos- Convoca.pe
Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña, aseguró que la entonces alcaldesa de Lima le agradeció aporte millonario tras ganar la campaña de la no revocatoria, según documento fiscal al que accedió Convoca.pe. Colaboradores eficaces revelaron cómo OAS entregó primero US$ 3 millones de dólares para que Villarán no sea revocada de su cargo y otros US$4 millones para la campaña de la reelección de 2014. Este lunes, el Poder Judicial evaluará el pedido del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa, su exgerente municipal José Miguel Castro y otros cuatro personajes involucrados.
En su condición de colaborador eficaz, el expresidente de OAS José Adelmário Pinheiro Filho, más conocido como Léo Pinheiro, declaró ante los fiscales peruanos que luego que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ganara la campaña de la no revocatoria que le permitió mantenerse en el sillón municipal, “le agradeció el aporte” de los 3 millones de dólares de OAS, justo como hizo con Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, por la contribución de un monto similar.
Barata ratificó este último hecho la tarde del jueves 25 de abril ante los fiscales peruanos en la sede de la Procuraduría de Paraná, en Curitiba (Brasil), y al día siguiente hizo lo propio Pinheiro ante los fiscales peruanos Carlos Puma y Germán Juárez en el edificio de la Policía Federal de esta ciudad, donde el empresario permanece recluido.
Carlos Puma y Germán Juárez son los fiscales que interrogaron a Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS.
Según el requerimiento del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán, al que tuvo acceso Convoca.pe, los 3 millones de dólares para la campaña del “No a la Revocatoria” le fueron pedidos al expresidente de OAS, Léo Pinheiro, en una reunión con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la que también participaba José Miguel Castro Gutiérrez, su exgerente municipal.
En el documento fiscal de más de 300 páginas, se señala que Castro Gutiérrez se encargó de hacer la solicitud y Pinheiro indicó que el interés de OAS era el proyecto “Vía Parque Rímac”. Este medio informó en mayo de 2017 que esta constructora brasileña, que tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, envió desde Brasil dinero en efectivo mediante traficantes de dólares o ‘doleiros’, entre el 2012 y 2014. El proyecto fue adjudicado por la Municipalidad de Lima en 2009, cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde y modificado en 2013 durante la gestión de Villarán con la adenda N°1, que permitió a OAS ampliar su concesión de peajes de 30 a 40 años.
Según la confesión de Pinheiro, José Miguel Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto, pero indicó que tal aporte debía hacerse a través de Valdemir Garreta, empresario brasileño dueño de FX Comunicação, porque él (Castro) “solo recibiría dinero cuando saliera de la gestión municipal”.
Extracto del documento fiscal donde se señala que el exgerente municipal, José Miguel Castro, hizo el pedido de dinero para la campaña de Susana Villarán, quien agradeció el aporte a Pinheiro.
Así se hicieron los pagos
De acuerdo con los colaboradores de OAS, los 3 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán se entregaron de la siguiente manera: Dos millones de dólares se entregaron por medio del exdirector financiero de OAS Mateus Coutihno Da Sa Oliveira a FX Comunicação, del publicista brasileño Valdermir Garreta, en cuatro cuotas de 500 mil dólares en los meses de junio, julio y agosto del 2013.
El otro millón de dólares fue directamente a “Lucho”, Luis Gómez-Cornejo Rotalde, quien fue coordinador del gabinete de asesores del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; así como exasesor del ex juez supremo Javier Villa Stein. Según la tesis del fiscal Carlos Puma, “Lucho” recibió el monto para hacerlo ingresar al circuito económico, a pedido de José Miguel Castro. “Lucho” era también el encargado de pagar los gastos de la campaña, según la declaración de la excongresista Anel Townsend.
A su vez, la empresa de Valdermir Garreta contrató a la compañía de Luis Favre, Epoke Consultoría Em Midia LTDA (por 500 mil de dólares); a Lucas Levindo de Faria Peixoto, socio de Favre, (por 373 mil 500 dólares); a Rodrigo Luchiare (60 mil dólares); a Benedito Moreira a través de su empresa BM3 Studio Productora de Audivisuales LTDA (64 mil dólares); y a Luciano Correa a través de su empresa Luciano Correa Lima Junior (74 mil 676 dólares). Todas para la campaña contra la revocatoria de Villarán.
Al respecto, en el 2017, Convoca.pe halló que Branislav Kontic, socio que ayudó a constituir la empresa Epoke de Luis Favre, quien asesoró también al expresidente Ollanta Humala en su campaña de 2011 —por al menos 415 mil soles— fue brazo derecho del exministro brasileño Antonio Palocci, señalado por Marcelo Odebrecht como el intermediario para la entrega de los 3 millones de dólares destinados a la campaña de Humala.
Aportes para la reelección
Además de los aportes para la campaña de la no revocatoria, OAS aportó otros 4 millones de dólares para la reelección de Susana Villarán en las elecciones de 2014, según relataron exdirectivos de la compañía que se acogieron a la colaboración eficaz este año. En total, esta empresa habría aportado 7 millones de dólares para las campañas de la exalcaldesa de Lima y Odebrecht otros 3 millones de dólares. Las contribuciones de ambas constructoras ascienden a 10 millones de dólares, según el requerimiento del fiscal Puma para la prisión preventiva de 36 meses para Villarán y otros implicados.
En el documento fiscal, se señala que el colaborador eficaz Nº 101-2019 declaró que “Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán de la Puente” y su gerente municipal José Miguel Castro, y que este último le pidió al expresidente de OAS “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán” por la suma de 4 millones de dólares. Pinheiro aceptó debido a que Castro señalaba que “por el tamaño del proyecto era lo que tocaba pagar”, reveló el colaborador.
Extracto del documento fiscal que solicita la prisión preventiva por 36 meses de Susana Villarán y otros implicados.
El gerente general de las empresas CMR Constructora y Generación, César Simon Meiggs Rojas, fue seleccionado por José Miguel Castro para recibir el dinero de OAS para la campaña de la reelección de la exalcaldesa, a través de contratos ficticios con su empresa CMR, señala el documento.
Por otro lado, el colaborador eficaz N°110-2019 ratificó que Léo Pinheiro aprobó la contribución de los 4 millones de dólares para la campaña de la reelección de Villarán, mientras que el colaborador N° 120-2019 relató que Pinheiro solicitó a Leonardo Fracassi, exdirectivo de OAS, proceder con los contratos ficticios, para que se pudiera generar el millonario aporte.
Cómo funcionaba la “Controladoría”
Según las declaraciones del colaborador eficaz identificado con N°101-2019, la empresa OAS tenía un “sector fantasma” llamado la “Controladoría” para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios.
El colaborador relata que el dinero recaudado por este sector funcionaba como un fondo para atender cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros: primero, Valfredo de Assis, exrepresentante de OAS en Perú, al llegar a un acuerdo con un funcionario, se comunicaba con el exdirectivo de OAS, Leonardo Fracassi; luego, Fracassi, a su vez, contactaba a Alexandre Portela, exejecutivo de OAS; y Portela, finalmente, es quien se encargaba de organizar el pago con el funcionario. Entre otros operadores financieros para Perú se mencionaron a dos exdirectivos brasileños de la constructora que actualmente son colaboradores eficaces: Roberto Cunha y Ramilton Lima Machado Junior.

Caso OAS: Más de US$ 1,200 millones en contratos bajo sospecha en el Perú

La constructora brasileña, que ha iniciado el proceso de colaboración eficaz con fiscales peruanos, consiguió seis contratos con el Estado entre 2009 y 2013, los cuales fueron adjudicados por ministerios, la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Cusco.

Por Convoca.pe
Ante el inicio oficial de OAS para acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, cabe establecer la cantidad de obras adjudicadas o concesionadas a la constructora brasileña por parte del Estado, así como los montos del tesoro público asignados o de inversión comprometidos para los proyectos de infraestructura otorgados en diferentes gobiernos.
Entre 2009 y 2013, la empresa OAS obtuvo seis contratos con el Estado peruano, de manera individual o en consorcio, por más de 1 mil 200 millones de dólares, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales y la Contraloría consignada en el informe final de la comisión investigadora que presidió el congresista Juan Pari.
En 2009, la firma brasileña consiguió dos adjudicaciones: la primera fue la del Trasvase del proyecto de derivación Huascacocha – Rímac, por 67 millones de dólares, otorgada por el Ministerio de Vivienda y Construcción, durante el último gobierno de Alan García.  La segunda obra en ese año correspondió al Proyecto Línea Amarilla, concedida por la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio, que implicaba 571 millones de dólares. Como se sabe, el exalcalde Castañeda está bajo investigación por hechos relacionados a esta obra.
Uno de los seis contratos otorgados a OAS en el Perú, el cual está bajo investigación por parte del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
En 2011, cuando Ollanta Humala ya era presidente, el MTC entregó la buena pro de la Carretera Lima – Canta a un consorcio liderado por OAS, por un contrato que ascendía a 116 millones de dólares.
Al siguiente año, 2012, el MTC volvió a adjudicarle otro proyecto de infraestructura: la Carretera Quilca – Matarani, esta vez por 210 millones de dólares.
En 2013, aún durante el gobierno de Humala, la constructora brasileña logró que se le otorgaran dos obras, una del Ministerio de Vivienda y Construcción por 185 millones de dólares para construir el Centro de Convenciones de Lima; y otra por parte del Gobierno Regional de Cusco, para edificar el Hospital Antonio Lorena en esta ciudad por una suma de 74 millones de dólares.
Algunos de los investigados en la Fiscalía en relación a aportes de campaña o pagos irregulares de la empresa OAS.
Cabe recordar que la información que entregará OAS a los fiscales peruanos permitirá avanzar en las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, los vínculos con el exburgomaestre Luis Castañeda Lossio y la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, la concesión Línea Amarilla, los pagos por la licitación y construcción del hospital Lorena, en el Cusco, en el que se investiga al exgobernador regional Jorge Acurio por presuntamente haberse coludido con el Consorcio Salud Lorena, integrado por OAS y otras compañías.
Asimismo, hace unos días el brasileño Alexandre Portela Barbosa, el ex directivo de OAS, confesó ante la fiscalía de Brasil que esta empresa brasileña usó contratos ficticios en siete países de América, entre ellos el Perú, por unos 120 millones de dólares, entre los años 2010 y 2014.
Convoca.pe trató de recoger la versión de la referida compañía en Lima, pero no fue posible ubicar a alguno de sus representantes en el país.

El gobierno de Odebrecht

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
La demanda de Odebrecht contra el Estado peruano en el Ciadi por US$1,200 millones provocó una gran crisis en el gobierno ‘de facto’ de Martín Vizcarra. La empresa brasileña lo puso en jaque y está cercano al jaque mate.
Si negocia como Odebrecht quiere, pierde. Si se niega, el acuerdo de colaboración se cae. Que Vizcarra y el Premier sostengan la salida de sopetón de cuatro ministros estaba prevista es un cuentazo. Nadie lo creerá.
El mandatario trabajó para Odebrecht. El saliente ministro de Energía y el reemplazante también. Asimismo, el gerente de Perupetro y sabe dios quiénes más. Odebrecht quiere dinero como sea, tiene una pléyade de abogados y estrategias para lograrlo.
Los fiscales anticorrupción, el procurador recientemente desaforado, las instancias estatales que manejan el tema del Ciadi no atinaron a colocar una cláusula en el acuerdo de colaboración con la empresa referente a que esta no podía recurrir a una instancia internacional.
El tal acuerdo solo lo conocen quienes lo hicieron entre gallos y medianoche. Es más, está embargado y coloca al país en manos de los fiscales Vela, Pérez, el exprocurador Ramírez y la jueza Álvarez Camacho que lo validó.
Siempre se criticó que se incluyeran cuatro ridículos casos en el acuerdo: la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3), la línea 1 del metro de Lima (tramos 2 y 3), la Vía de Evitamiento en el Cusco y la Costa Verde del Callao. Como reparación el Perú recibirá magros S/610 millones pagaderos en 15 años.
Ahora vemos que el gobierno y sus fiscales evitaron incorporar al Gasoducto. Creer que faltó coordinación entre las instancias del Estado relacionadas con el robo de Odebrecht es ingenuo. Solo queda pensar que si el procurador y los fiscales, tan autosuficientes y por encima de las instituciones, no repararon en ello fue por favorecer a la empresa corrupta.
Sin embargo, a Odebrecht se le entregaron S/524 millones por Chaglla y nos demanda en Ciadi por aproximadamente diez veces más.
La empresa tiene tubos en el Gasoducto, cuyo mantenimiento le cuesta al Perú US$47 millones al año, luego de la anulación del contrato por PPK en el 2017. Los tubos son activos y con estos enfrentará a sus acreedores con estos.
Odebrecht fue al Ciadi porque se le acababa el plazo para presentar la demanda. Todo, absolutamente todo era conocido por Vizcarra y compañía. Las traiciones de este son legendarias. La opinión pública ‘piteó’ con razón por la demanda de Odebrecht. Y el mandatario cortó la pita sacando al exprocurador Ramírez.
No contó con que este se defendería. Vizcarra declaró que saldrían airosos ante el Ciadi. Trata el tema como un partido de fútbol. Queda claro que Odebrecht pone y saca a ministros y a presidentes. El actual gobernante ‘de facto’ no será la excepción.

Hemorragia: suena el teléfono en Osaka

La salida de Jorge Ramírez de la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato conllevo la renuncia de Ana Teresa Revilla del Minjus.
Las declaraciones de Ramírez sobre la actuación de Revilla ante la reunión sostenida entre él y el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht, así como la revelación de una misiva del entonces procurador al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, propiciaron su renuncia a la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
También se confirmó la renuncia de Edmer Trujillo al ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien venía siendo cuestionado por las presuntas irregularidades en la construcción del hospital Regional de Moquegua.
En Energía y Minas asumió Susana Vilca Achata; en Justicia, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; Educación, Carlos Martín Benavides Abanto; y en Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada Contreras.
Fuente: Diario Correo.

ODEBRECHT PRETENDÍA DEMANDAR AL ESTADO DESDE DICIEMBRE 2019

Por Milagros Salazar Herrera- Convoca.pe
La tarde del 23 de diciembre, el procurador Ramírez se comunicó con la titular del Ministerio de Justicia, Ana Teresa Revilla, para informarle que Odebrecht pretendía demandar al Estado peruano para recuperar su inversión en el proyecto Gasoducto del Sur. Además, relató Ramírez, que le explicó que esto podía afectar el proceso de colaboración de la empresa con el Ministerio Público, que debía verse el tema por el cobro de la reparación civil a Odebrecht y que no sabía en que situación se encontraba el megaproyecto gasífero.
Tras esa conversión con Revilla, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, se comunicó telefónicamente con Ramírez ese mismo 23 de diciembre por la noche. El procurador aseguró que le informó lo mismo que a la Ministra de Justicia, sin embargo debido a que se avecinaban las fiestas navideñas coordinaron una reunión presencial para tres días después en el Ministerio del Energía y Minas: el 26 de diciembre.
Fue en ese encuentro del 26, en el despacho de Liu, en el que se definió la reunión con representantes de Odebrecht, la cual se realizó finalmente el 9 de enero. A la cita acudieron Ricardo Weyll, abogado de Odebrecht en Perú; Ricardo Escobar, abogado externo de la empresa; Mauricio Cruz, superintendente de la constructora en el Perú, y Rogerio Bautista, director jurídico de la casa matriz de Odebrecht en Brasil.
En aquella reunión, los enviados de la constructora solicitaron que se firme un acuerdo con el Estado en el que se diera una ampliación de plazo por 6 meses para encontrar una solución y evitar la demanda ante el CIADI. ¿Qué significaba esto?
El 9 de enero los representantes de Odebrecht se reunieron con el entonces ministro Juan Carlos Liu y con el procurador Jorge Ramírez.
Oli Lux, empresa controlada por el holding Odebrecht S.A. y radicada en Luxemburgo, tenía plazo hasta el 23 de enero de presentar una demanda en contra del Perú ante el Ciadi invocando el tratado bilateral de protección de la inversión privada firmado entre el Perú y Luxemburgo. Según lo que explicó la empresa a las autoridades peruanas, Odebrecht en Brasil, la casa matriz, debía pagar a sus acreedores, entre ellos la Procuraduría General de ese país, y que por ello se veía obligada a demandar una compensación al Perú por la inversión realizada en la etapa de construcción del Gasoducto del Sur.
Una salida que proponía Odebrecht era convocar a una subasta para que un tercero pueda devolver la inversión que hizo la constructora y que se estimaba en más de 1,200 millones de dólares. Pero al ser el plazo muy corto para lograr esta posible solución, los abogados de Odebrecht le informaron al entonces ministro Liu que podía suscribirse un acuerdo con el gobierno para establecer una prórroga de seis meses que permitiera encontrar una solución. Con esta propuesta, Odebrecht renunciaba a demandar al Perú después del 23 de enero porque al vencerse el plazo perdía este derecho que le otorgaba el tratado bilateral con Luxemburgo.
Al ser un tema complejo, el entonces ministro Liu derivó el tema al Ministerio de Economía y Finanzas, al que está adscrita la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi.
Al finalizar el encuentro, Jorge Ramírez fue convocado al despacho de la ministra María Antonieta Alva, titular del MEF, el mismo 9 de enero por la noche. Ramírez relató a la ministra que transmitió a Alva la información que surgió durante la reunión en el Ministerio de Energía y Minas pero que se sorprendió que no estuviera nadie de esa cartera para explicar lo que proponía Odebrecht ya que el ministro Liu tuvo una participación directa en ese encuentro.
Registro de visitas del MEF confirma la reunión entre el entonces procurador Jorge Ramírez y la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Los asesores de Alva, agregó Ramírez, señalaron que el tema lo debía ver Ricardo Ampuero, quien lidera la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi. Días después, Ampuero, Ramírez y el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, se reunieron en el despacho de este último. Ampuero ya había sostenido varias reuniones previas con Vela para establecer una estrategia de defensa del Estado por el caso Enagás. Así que no era la primera vez que conversaban.
Aquel día, en el despacho de Vela, Ampuero señaló que la solicitud de ampliación de plazo que pedía Odebrecht debía hacerla la empresa por escrito. Pero dicho pedido formal no se realizó. Pocas semanas después, la primera de febrero se conoció que la subsidiaria de la constructora brasileña, Oli Lux, había demandado al Estado peruano ante el Ciadi, para exigir una compensación por lo invertido en el proyecto Gasoducto del Sur.

Ministro de Energía y Minas realizó consultorías para Odebrecht y fue asesor de dicha cartera

El Ministerio de Energía y Minas, actualmente a cargo de Juan Carlos Liu Yonsen, es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado Peruano, e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, un informe de “Panorama” reveló que Liu Yonsen fue, a través de su empresa Conasac, quién realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria”, reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios.Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministerio.
De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Yonsen fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014. Sin embargo, también fue consultor externo de la misma cartera.
Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. “Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible”, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó “una semana, algo así”, declaró.
Y como era un informe “urgente” y de “mínima cuantía”, recordó el ministro, la consultoría se decidió sin necesidad de concurso.
“Si ProInversión hubiera estado seguro que el proyecto era auto sostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas, podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Actualmente, Merino es investigado por colusión por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, en el marco de caso gasoducto. Precisamente, entre las imputaciones, se le señala por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu Yonsen.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que reglamento de la ley de las APP de esa época, señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la Época, no podía encargar a ProInversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Un hecho que se relaciona a ese informe se dio el 13 de diciembre del 2012. El Congreso de la República Ley N° 29970 o Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, norma que permitió financiar trabajados del gasoducto. Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht.
El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decida presentar la demanda arbitral, pidiendo US$1,200 millones como indemnización.
Fuente: Diario El Comercio.

Gato en la despensa del gasoducto

Excongresista Rosa Bartra denuncia que el actual titular de Energía y Minas tiene conflicto de intereses porque la consultora que gerenciaba emitió un informe favorable al proyecto del GSP en el gobierno de Humala.

La frase de que la empresa Odebrecht “pone y saca” autoridades en el país no ha dejado de ser cierta, al punto de seguir eligiendo funcionarios para salvaguardar sus intereses en contra del Estado Peruano, así lo afirmó la extitular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, quien refirió que el autor del “Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del Gasoducto Sur Peruano” (GSP), es el actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.
Bartra explicó que esto ocurre no solo con la anuencia del gobierno de Martín Vizcarra sino con la “complicidad absoluta de ellos”; en ese sentido estimó que en primer lugar se debe poner en evidencia a esos funcionarios que son los actores de esta estafa para que no nos vuelvan a engañar, tal como lo han hecho durante los últimos 20 años.
“Si el autor del proyecto Mejoras a la seguridad energética del Gasoducto Sur Peruano es el actual ministro de Energía y Minas y es él quien va a estar a cargo de las negociaciones en este momento en este proceso; además, fue él quien en el 2013 diseñó la forma y el costo de operación del proyecto más caro de la historia del Perú, y es el que va a cerrar el proyecto, ahora no me queda la menor duda de que Odebrecht sigue mandando en el Perú”, dijo.
La extitular de la Comisión Lava Jato avaló sus declaraciones en razón a un documento emitido el 3 de enero del 2013, cuando el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, remitió el oficio N° 002-2013-DM, dirigido al director ejecutivo de Proinversión, Javier Illescas, con el fin de solicitarle se sirva a incorporar al proceso de promoción de la inversión privada el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País al Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”.
En este documento, al que EXPRESO tuvo acceso en forma exclusiva, se adjunta el informe de evaluación del proyecto preparado en diciembre del 2012 para el Ministerio de Energía y Minas por la consultora COSANAC S.A.C, entidad en la que Juan Carlos Liu Yonsen, actual titular del sector, figuraba como gerente general.
Este informe de evaluación detalla aspectos importantes del proyecto, como la demanda y oferta existente de gas, la inversión, costo estimado de operación y mantenimiento, la evaluación económica financiera preliminar como Asociación Público Privada (APP), entre otros aspectos. Es decir, un informe favorable en la mayoría de sus términos.
Cabe referir que hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que la consultora Mott MacDonald presentará su “informe definitivo” en marzo, a partir del cual se debería convocar la licitación para el GSP, ahora SIT-GAS.
Al respecto el ministro Liu Yonsen explicó que el cuarto informe de la consultora internacional señalará el posible valor de los activos del gasoducto. “El monto de los activos, que son de propiedad de las empresas consorciadas en el GSP, está sujeto a evaluación por una empresa que el Estado ha contratado: la consultora Mott MacDonald”, apuntó.
Una vez se emita el informe, y tomando en consideración el monto que indique, “va a ser evaluado si podríamos llegar a un acuerdo con las empresas”. Es decir, el ministro en cuestión sí participará en esta negociación, lo cual configuraría mínimamente un conflicto de interés, según Bartra Barriga.
TODO EMPEZÓ
Como se sabe, el 22 de enero de 2020, a pocos días de realizarse las últimas elecciones congresales, el director presidente de Odebrecht, Ruy Lemos Sampaio, y el director jurídico de esta constructora, Rogelio da Nova, enviaron una carta al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que le recordaba “la importancia que tenía el Perú en la historia de Odebrecht”.
Después de narrar su historial de que en el Perú iniciaron su experiencia internacional con 75 proyectos a lo largo del tiempo, contando en años recientes con más de 22 mil trabajadores peruanos, luego precisan que Odebrecht inició el proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público del Perú desde el 2016 y que culminó con la homologación del mismo el 17 de junio del 2019 ante el Poder Judicial.
Incluso recordaron que al haber declarado la caducidad del contrato de concesión durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ya se habría iniciado el proceso de colaboración eficaz.
“Actualmente el Sr. Kuczynski se encuentra con arresto domiciliario a raíz de informaciones del proceso de colaboración eficaz continuo de la empresa, quedando en evidencia que la terminación del contrato fue realizado con desvío de finalidad, motivados por intereses personales y no públicos, al tener el propósito de expulsar a Odebrecht del país y de esta forma evitar que la colaboración eficaz pudiera avanzar”, se lee en parte de la carta.
No obstante, respecto del Proyecto GSP recordaron que desde que se resolvió el contrato en enero del 2017 se consolidó “un golpe muy fuerte a la compañía”, especialmente frente a determinados y muy relevantes grupos acreedores financieros y aseguradoras internacionales.
Añaden que para Odebrecht el Proyecto GSP “es viable y vital para el desarrollo del Perú”, principalmente para el sur del país garantizando mayor equilibrio y seguridad a la matriz energética.
Sin embargo, según la llamada transnacional del delito, “no hay posibilidad de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el proyecto GSP” pues eso significaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a acreedores de la constructora.
“Tal como se tuvo la oportunidad de informar, en enero iba a ocurrir el vencimiento de un plazo bajo Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Bélgica-Luxemburgo lo que implicaría en la prescripción de un derecho de acción de la empresa para intentar recuperar la inversión realizada.
Odebrecht dice que intentó entenderse con el Ministerio de Energía y Minas así como con el Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de postergar la fecha de vencimiento e iniciar las negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito la compañía agrega que no tuvo otra alternativa que presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020.
Último comunicado
El 7 de febrero último Odebrecht sostuvo que continuaba dispuesta a encontrar junto al Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible “el reinicio del Proyecto GSP por otro inversionista privado, sin costos para el Estado”.
Recordó a través de ese comunicado que hasta la fecha hizo todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el GSP. Del mismo modo reafirmó su voluntad de preservar y seguir cumpliendo de forma integral el Acuerdo de Colaboración”.
NO ES NUEVO
Para Bartra la carta enviada al Equipo Especial no representaba algo nuevo dentro del esquema de la constructora. “Advertimos hace más de un año, respecto a la ruta que había trazado Odebrecht para poder hacerse del máximo dinero posible de todos los peruanos, tal cual nosotros dijimos que iba a ocurrir, eso pasó, nos demandaron ante el CIADI por 1,200 millones de dólares”, dijo.
La excongresista precisó que si nos detenemos en la carta y hacemos un análisis de esta, nos daremos cuenta de que está llena de mensajes encubiertos e indirectos al Poder Ejecutivo señalando cómo deberían proceder. “En la carta del 22 de enero ya les dice a ellos que lo que buscan es que el proyecto se ejecute y que por lo tanto ellos puedan recuperar su inversión”.
Para la excongresista esto se corrobora con el comunicado del 7 de febrero porque refiere que el proyecto es viable y vital para el desarrollo del Perú. “¿Es verdad? ¿El proyecto es vital y viable para el desarrollo del Perú? Nosotros creemos que definitivamente en las condiciones en las que fue concebido no”, apuntó.
Para Odebrecht es viable porque les va a dar el dinero que necesitan para salir de la quiebra en la que se encuentran y de la cual están saliendo gracias al dinero que debió ser para colegios, hospitales, carreteras que tanta falta le hacen a nuestras provincias, a las regiones, a los peruanos, dice Bartra.
Según la exparlamentaria lo que Odebrecht quiere es que, con el cuento de que el Estado peruano no va a invertir más dinero, pueden recuperar lo que supuestamente han invertido y esto es falso. “Esto es mentira porque si se ejecuta ese proyecto, si se vuelve a licitar ese proyecto, entonces yo creo que sí vamos a terminar de darle a Odebrecht todo lo que pretende. Y esto no es posible sin un análisis serio, sin tener números que realmente den cuenta de que este es un proyecto viable en el 2020”.
LO SACAMOS
Pero lo más grave de los mensajes de Odebrecht es que indirectamente refieren que sacaron a Kuczynski de su cargo gracias a la información que entregaron. “Dicen que ahora él se encuentra en estos momentos con arresto domiciliario, eso ¿es un mensaje acaso para los funcionarios del señor Vizcarra o para Vizcarra mismo? Y luego tienen que licitar nuevamente, que ese sería el camino para que se pueda llegar a un acuerdo”.
Ellos mismos dicen que la empresa ha hecho todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el Gasoducto. Y ellos están pidiendo que se retome, y eso está siendo finalmente aceptado por el Gobierno.
Odebrecht “está en su derecho” de demandarnos”
El fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela Rafael Vela, sostuvo que la constructora brasileña Odebrecht está en su derecho de presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Si Odebrecht tiene una pretensión de este tipo, que puede ser absurda para muchos, incluso incomprensible, para nosotros está dentro de su derecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.
Agregó que, como contrapartida, el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht incorporó una cláusula dentro de la cual toda la información a la que se accede dentro del mismo es pasible de ser usada contra la propia firma brasileña.
“Está también dentro de nuestro derecho y obligación el dar toda la información al Estado Peruano para que se pueda defender con solidez”, comentó.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, admitió en declaraciones a Correo que en diciembre del 2019, “el procurador Jorge Ramírez, del Ministerio de Justicia, me pidió una reunión para que atienda a funcionarios de Odebrecht que estaban interesados en que les explicásemos cómo iba el tema del gasoducto hacia el sur”.
La reunión, según el funcionario, se llevó a cabo el 9 de enero, en la que los voceros de Odebrecht “querían llegar a unos acuerdos”.
“Plantéenselo al procurador que los ha traído y que él lo haga llegar a las instancias correspondientes”, dice que fue su respuesta a los emisarios de la empresa corrupta traídos por Ramírez.
Esta reunión, que no fue debidamente transparentada, se llevó a cabo con Mauricio Cruz, nuevo director regional de Odebrecht; Rogelio Bautista, director de la compañía, y dos funcionarios peruanos de nombres Ricardo Escobar y Ricardo Luis Machado.
El MEM no consignó en el cuaderno de visitas que los susodichos son importantes ejecutivos de Odebrecht y, más bien, los incluyó en la categoría de “otros”.
Por otro lado, en declaraciones para Panorama, Liu Yonsen se vio obligado a reconocer vínculos con Odebrecht que se arrastran desde el régimen de Ollanta Humala.
“Prestamos, en algunos momentos, algunos servicios a la empresa Odebretch, pero eran de naturaleza regulatoria”, señaló.
Agregó que no entabló diálogo con Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en el Perú, pero se negó a detallar con quiénes sí habría dialogado para gestionar la consultoría.
Fuente: Diario EXPRESO.