Por Maruja Boggio (*)- Diario La República.
Hace poco escuché las reflexiones del padre Gustavo Gutiérrez sobre la parábola del buen samaritano, haciéndonos ver la intención de Jesús de llamarnos a poner el centro de nuestra atención en la persona que sufre o en la persona que necesita de la acción fraterna de los demás, más allá de las diferencias sociales o de rivalidades territoriales. En la parábola fue un caminante de la despreciada Samaria el que se compadeció del habitante del territorio rival, que había sido asaltado, herido y abandonado en el camino, mientras que caminantes de su misma vecindad pasaron de largo sin compadecerse.
Frente al mandato de la tradición judía “ama a tu prójimo, como a ti mismo”, en el relato del evangelio, Jesús responde con la referida parábola a la pregunta “¿quién es mi prójimo?” Pregunta que, de diferentes maneras, nos la hacemos y respondemos hoy cuando priorizamos a los “nuestros”: familia, amigos, o los que “piensan como yo”. Jesús voltea esa pregunta y plantea: ¿quién fue el prójimo de la persona asaltada?” El centro de la pregunta no soy yo, el centro de la pregunta es la persona, fuera de mí, que requiere de un acto de amor ¿Quién se hizo próximo de él y lo atendió cuando necesitaba? Y la parábola señala que fue justamente una persona muy lejana, no lejanía física (pues pasaba por el mismo camino) sino una lejanía social, producto de la rivalidad o el desprecio entre territorios.
Si bien esta reflexión la había escuchado hace bastante tiempo, y recuerdo que contribuyó a moldear mi actitud, esta vez me volvió a movilizar. Tomando como punto de partida la capacidad del samaritano de hacerse próximo a los demás y, particularmente, a los que más necesitan, me puse a pensar en la capacidad de la política pública de hacerse próxima a las diversas personas concretas. ¿Qué tipo de país sería “el país de los buenos samaritanos”?, ¿cómo las políticas públicas contribuirían a construir esta capacidad de hacernos próximos?
Si nos imaginamos, en términos personales, el desarrollo de esa capacidad de proximidad al necesitado, tiendo a pensar que requiere una libertad personal profunda. No solo libertad frente a imposiciones de un poder externo, sino también frente a la auto-imposición de ideas, de lazos personales y sociales, de trayectorias pre-establecidas, que si bien es bueno, necesario e inevitable tenerlas, debemos revisarlas permanentemente tomando como punto de partida a las personas concretas, mirando su situación e impulso específico, escuchando lo que dicen, poniéndonos en sus zapatos. A la vez, para estar atentos a mirar la diversidad de personas y revisar permanentemente ideas y actos creo que es necesario tener un corazón blando, dispuesto a crecer permanentemente, desde un sentido de fraternidad y empatía con el otro. ¿Cómo puede suceder esto en la política pública?
Además de la vieja demanda democrática de la necesidad de participación de la población en la formulación y seguimiento de políticas públicas, más allá de los procesos electorales (actualmente ensayamos diversas formas institucionalizadas o no de hacerlo), existe una interesante renovación en las concepciones sobre la gestión pública que cuestionando el burocratismo y el manejo tecnocrático, se plantean la necesidad de que ésta tenga un carácter flexible y adaptativo (libertad de responder a las personas en diversas situaciones) en donde el diálogo y la articulación continúan con los actores involucrados (estatales y sociales) y, por ende, el ensayo, la evaluación y el aprendizaje permanente sean elementos constitutivos. Ambas son orientaciones y búsquedas de proximidad a las personas desde la política estatal que requieren un mayor desarrollo en su formulación específica desde las diferentes políticas y, principalmente, en su implementación práctica.
El país del buen samaritano, como sociedad coherente con su comportamiento, ciertamente es una utopía, sin embargo, justamente por ser una utopía puede ser una permanente fuente de inspiración para repensar, más aún en estas épocas electorales, no solo los grandes objetivos de las políticas públicas, fácilmente formulados desde distintos y contradictorios comportamientos, sino también la manera en que éstas se implementan y, en concreto, se aproximan y responden a la diversidad de personas que viven en nuestro país.
(*) Socióloga, consultora de la Mesa Nacional de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y ex viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
El bótox se le fue al cerebro
Por Rossana Echeandía- Diario El Comercio
También vieja vaga, quieren sacar su tajada, lo que su padre tenía de político esta lo tiene de oportunista, todos los de su calaña mienten, lástima que este ladrón volverá a ser alcalde, y podríamos seguir con las frases ‘célebres’ que revelan cuán bajo se ha caído en una campaña que debería ser para el olvido.
Ya a nadie se le ocurre llamar fiesta democrática a las campañas electorales. A menos que se refiera a esas que terminan en tragedia, entre golpes o a balazos, y con muertos y heridos desparramados en el suelo.
Dirán que uno se acostumbra y se resigna a que así ocurra, pero siempre queda la esperanza de que sea mejor. Esta carrera electoral, sin embargo, ha sido peor. No solamente porque las agresiones han sido más feroces, sino también porque las posibilidades de masificarlas o ‘viralizarlas’ son más contundentes y más dañinas.Insultos, burlas y medias verdades entre dos pueden ofender, pero es posible aclararlos y resolverlos. En cambio, lanzados masivamente por Twitter y Facebook pueden ser devastadores. ¿Cómo ejerce uno el derecho de defensa frente al alud ‘cachaciento’ de los memes? 
El cargamontón, sobre todo el de aquellos que se creen ‘políticamente correctos’, puede ser vil. Si en el escenario aparece alguien a quien agarrar de punto, afilan los cuchillos de su ingenio y hacen lo que seguramente no se atreverían si estuvieran frente a su víctima. El comentario malvado agazapado entre la multitud virtual o en el anonimato de las redes habla de la cobardía de sus autores. ¿Dónde quedaron los argumentos?
Haber llegado al punto de admitir como posible que los peruanos avalamos el “roba, pero hace obra” es el abismo a donde nos ha empujado la idea de que la política no es más que un basurero inmundo.
En la excelente entrevista de Mariella Balbi a Max Hernández, publicada el domingo en El Comercio, el psicoanalista y secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional duda de que realmente exista esa dicotomía “roba, pero hace obras”. Una encuesta cuestionable que induce una respuesta no puede revelar un dato serio. Aunque nos la hayan refregado en la cara durante los últimos días, ese espanto no puede ser el alma de los peruanos.
Hernández lo dice con toda claridad: “De esa manera se está creando una dicotomía dañina, que denigra el ejercicio de la política”. Y al hacerlo todo puede seguir cayendo más bajo. “Si vamos a seguir con esta actitud de carnicería política donde la tarea fundamental es hundir al otro, todos contra todos… si caemos en la lógica totalitaria de que el adversario político es mi enemigo y tengo que eliminarlo… estamos fregados”, reflexiona Hernández.
En distintos momentos de la historia, numerosos pensadores han definido la política como algo bueno: es la organización del Estado a partir de la razón que impulsa la voluntad para sentar las bases que permitan el bienestar de los individuos, según Platón; es el campo para practicar el bien en el ámbito ciudadano, decía Tomás Moro.
Max Weber, autor más reciente a quien Hernández cita en la mencionada entrevista, dice en “La política como vocación”: “Únicamente quien está seguro de no doblegarse cuando el mundo se muestra demasiado necio o demasiado abyecto para aquello que él está ofreciéndole; únicamente quien, ante todas las adversidades, es capaz de oponer un ‘sin embargo’; únicamente un hombre constituido de esta suerte podrá demostrar su vocación para la política”.
Desconocida deuda
Por Edmundo Cruz y Elizabeth Prado- Diario La República
Se trata de la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) al consorcio encabezado por ICCGSA (Ingenieros Civiles & Contratistas Generales S.A.) originada al final de la construcción del Intercambio Vial Sur o Trébol de Monterrico, en 1993, durante la gestión del alcalde Ricardo Belmont. El concejo pagó 10 millones de soles por la obra, pero por concepto de “mayores metrados y otros trabajos” se pactó un adicional de 3 millones que se honró en parte.
El adeudo adicional a ICCGSA se judicializó diez años más tarde, en abril del 2004, bajo el gobierno municipal de Luis Castañeda Lossio. El Octavo Juzgado Civil de Lima fijó el monto de la obligación en 7 millones de soles. El monto y la sentencia de pago fueron confirmados en octubre de 2005.
Entonces, Invermet (Fondo Metropolitano de Inversiones), a cargo del financiamiento y la ejecución de las obras de la MML, interpuso dos recursos: uno de casación y un amparo. Los dos, declarados  improcedentes.Las sentencias de pago fueron drásticas. En junio y agosto del 2005 ordenaron el “embargo en forma de inscripción” a favor de ICCGSA de cuatro predios, uno de ellos destinado al Proyecto de Habilitación Urbana Gran Mercado Mayorista de Lima, distrito de Santa Anita, con una extensión de 81 hectáreas o manzanas.
PRIORIDAD EN CUESTIÓN
A mediados del 2005, la gestión de Castañeda Lossio tuvo ante sí dos deudas por resolver: la de ICCGSA judicializada y tasada en 7 millones de soles de intereses más embargos, y la deuda a Relima con contrato próximo a vencer fijada en 36 millones de soles y un plazo de 10 años para el pago por acuerdo de las partes.
En estas circunstancias, apareció Comunicore como comprador de la deuda de Relima. A fines del 2005 y comienzos del 2006, la gestión de Castañeda Lossio optó por cancelar a Comunicore de inmediato, y ya no en diez años, este segundo pasivo pese a que no estaba judicializado y era de monto mayor. ¿Por qué esa preferencia?
ACREENCIA SE DISPARA
Por su parte, en diciembre del 2006, ICCGSA pidió que el valor de su acreencia se actualizara en 28 millones de soles. El 2007, peritos judiciales coincidieron con ese estimado y el 2008 una nueva resolución judicial fijó en esa cantidad la obligación de la MML. A fines del 2010, Castañeda dejó la alcaldía con la deuda de ICCGSA in crescendo.
DESPROPORCIONADO
ICCGSA, constructora de obras emblemáticas de la gestión Castañeda como la Estación Central del Metropolitano y los Intercambios viales, cotiza hoy en 95 millones de soles la obligación pendiente. Con esa suma la MML podría construir hoy otros 3 Intercambios Viales Sur, sostiene el perito judicial ingeniero civil Carlos Carhuavilca en un dictamen sobre actualización de la deuda a agosto del 2013 solicitado por Invermet.
En ese dictamen, el perito estimó en S/. 33’220,716 el monto de la deuda a ICCGSA, considerando que se trata de una “cosa juzgada” y aplicando la misma metodología de las pericias judiciales.
Carlos Carhuavilca precisó también los factores que han desproporcionado el monto de la deuda: (a) la imposición del IGV a un contrato que por ley no le correspondía, (b) errores en la aplicación de la Tasa Activa en Moneda Nacional reconocidos por la contratista, y (c) el cálculo del interés como si se tratara de compensar una contraprestación cuando en realidad es una indemnización por mora en el pago.
En el 2011, cuando Susana Villarán inició su periodo edil, ICCGSA volvió a presentar el mandato de ejecución para que le paguen. Esta vez, 114 millones de soles. En los hechos, el consorcio ha entrado en negociaciones, pero no suelta prenda, sabe que el tiempo corre a su favor.
DEUDA LABORAL
Otra de las cuantiosas obligaciones que la gestión Castañeda dejó de honrar es la que debe la MML a los trabajadores municipales despedidos, reconocida luego de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En virtud de ese mandato Castañeda repuso a algunos trabajadores recién a partir de octubre del 2010, después de su derrota en las elecciones de entonces. La gestión de Susana Villarán ha reincorporado a todos. Esta deuda es la más voluminosa, bordea los 400 millones de soles.
CONSORCIO Y RELACIONES
ICCGSA (Ingenieros Civiles & Contratistas Generales S.A.) es el líder del grupo, asociado con CICSA (Corporación Ingeniería Civil S.A.) y OTEGASA (Otero Gastelumendi S.A.).
En el último año, ICCGSA facturó US$ 264 millones y para el 2015 prevé duplicar esta cifra a US$ 528 millones.
Es interesante anotar que el director ejecutivo de su asociada CICSA es Igor Aguirre Arriz, hermano de Gonzalo Aguirre Roca, quien fue candidato al congreso por Solidaridad Nacional y fue regidor de la MML durante la gestión de Castañeda Lossio.
Una reunión de La República con ICCGSA no fue posible pese a que Elisa Yanquee, de Comunicación Corporativa de ICCGSA,  lo ofreció.
PREDIOS MUNICIPALES EMBARGADOS
La deuda a ICCGSA originó el embargo de cuatro predios municipales ordenado por el Octavo Juzgado Civil de Lima en noviembre del 2005.
Un predio ubicado en jirón Rufino Torrico N° 421, 435, 441 y 445, por un monto de 600 mil soles. Otro en el jirón Arica 459, 461, 463, 465 y 467 por 520 mil soles. Y un tercero, en jirón Ica 329 y 331 por un millón 300 mil soles.
En el 2006 se produjo un cuarto embargo sobre el inmueble del Mercado Mayorista de Santa Anita, que incluye la zona conocida como “Tierra prometida”, por la suma de 4 millones 600 mil soles.
A su momento y con el fin de preservar la propiedad municipal, el Concejo Metropolitano planteó una Tercería Excluyente de Dominio respecto de los inmuebles embargados. Desde el 2007, Invermet efectúa pagos mensuales a cuenta de la deuda a ICCGSA.
Principales obras de ICCGSA: Vía Expresa V Etapa (1973), Trébol de Monterrico (1993), Vía Expresa Grau (2006), Intercambio Vial Habich (2008), Estación Central del Metropolitano, Intercambio Vial Tomás Valle (2011), Instituto Nacional de Salud del Niño (2012).