Ceremonia de instalación del pleno de la JNJ para el periodo 2025-2030
Se desarrolló la ceremonia de instalación del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el período 2025 – 2030, integrado por los magistrados Gino Ríos Patio, Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, María Cabrera Vega, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo.
En la ceremonia, que contó con la presencia de la presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra, se dio lectura a la resolución que nombra al doctor Gino Ríos Patio, como presidente del organismo constitucional autónomo para el primer año de gestión. El presidente prestó juramento ante el doctor Víctor Hugo Chanduví Cornejo, como representante del pleno.
Acto seguido, se dio lectura de la resolución que nombra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, como vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para el año 2025, quien juramentó ante el presidente.
En su discurso, Ríos Patio refirió que la independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad, y es la sociedad que espera que la actuación de la JNJ sea impenetrable a la corrupción.
Agregó que las disposiciones de esta junta deben ser una demostración incuestionable de compromiso con el sistema de justicia y con los valores que inspiran un estado democrático y de derecho. Sobre la imparcialidad dijo que se concibe como una imperiosa exigencia ética, y no solo como un simple estándar técnico.
Finalmente, la presidenta de la república indicó que la Junta Nacional de Justicia como garante de la calidad del servicio judicial guía el camino hacia la mejora continua del sistema de justicia promoviendo la ética y la profesionalidad.
La ceremonia contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zegarra; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; entre otras altas autoridades.
Fuente: www.gob.pe
A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Por Luis Felipe Rodríguez Jiménez– Radio Programas del Perú.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dio por concluida la designación del fiscal titular Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Así lo dispuso en una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
A través de una resolución oficializada en el Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación designó a Fany Quispe Farfán como nueva coordinadora de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada: “Dar por concluida la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina, fiscal titular especializado contra la criminalidad organizada de Lima, Distrito Fiscal de Lima, actualmente Distrito Fiscal de Lima Centro -designado en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada- como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada“, indica la disposición en el artículo primero.
La funcionaria asumirá, además, la jefatura de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y como coordinadora del Despacho de la Fiscalía de la Nación, ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y DEA de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
Cabe resaltar que Jorge Chávez Cotrina fue designado en el cargo en marzo del 2015, por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.
¿Por qué el cambio?
Según se indica en la resolución, los cambios se hacen en el marco del proceso de modernización de la gestión pública y alineado con el Objetivo Estratégico Institucional (OEI.01): “Incrementar la capacidad resolutiva de casos fiscales requeridos por la sociedad”; objetivo tal que se orienta a mejorar la celeridad del servicio que ofrece el Ministerio Público, con especial énfasis a su función constitucional como titular de la acción penal, lo cual importa la intervención del fiscal como ente encargado de conducir la investigación del delito; por tanto, con incidencia directa en la celeridad procesal“.
“En ese contexto, es de mencionar que, las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, realizan labores que incluyen la atención de casos complejos que mantienen estrecha vinculación, los cuales requieren enfoques integrales y coordinados para garantizar resultados efectivos en la persecución de delitos que afectan gravemente los derechos fundamentales y la seguridad del Estado; dicha circunstancia, pone de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y fortalecer estrategias en la investigación de estos delitos que tienen alta sensibilidad social“, indica el documento.
“Por ello, la actuación bajo una única coordinación contribuirá al deber que mantiene el Ministerio Público de garantizar una administración de justicia más efectiva para la sociedad, estandarizando criterios investigativos y optimizando la gestión y utilización de los recursos. Además, permitirá una mejor articulación de funciones entre los distintos despachos fiscales, maximizando el impacto positivo de sus actuaciones y asegurando una respuesta más eficiente, coherente y alineada con las demandas sociales“, puntualiza.