EL JUICIO
Comienza el espectáculo
Pese a la solidez de los argumentos presentados por mi defensa durante los meses que duró la etapa intermedia, y sin que la Fiscalía hubiera presentado prueba alguna que sustentara las acusaciones, el juez Víctor Zúñiga Urday, en lo que a nuestro entender sería un flagrante abandono de sus funciones de juez garante del cumplimiento de la ley, decidió que, para probar mi inocencia, debía enfrentar un juicio absurdo en el que estamos procesadas cuarenta y tres personas, por pertenecer a una organización criminal, liderada por Keiko Fujimori, cuya labor era obtener fondos fraudulentos para luego inyectarlos como donaciones a las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. En este juicio, algunos son acusados de captar fondos, otros de «pitufearlos», es decir, de simular muchas microaportaciones para ocultar su verdadero origen, otros son acusados de lavado de activos, de obstrucción a la justicia, y varios delitos más. El denominador común de la gran mayoría de los imputados es que tuvieron vínculos o contactos con Keiko Fujimori o con miembros de su organización. Yo soy el único que jamás tuvo cercanía con el partido fujimorista.
Además, los miembros o allegados al partido están siendo juzgados por acciones que se discuten si son delitos o no; yo, en cambio, no he cometido acto alguno que merezca ser evaluado como criminal. ¿Qué hago yo aquí? No paro de preguntármelo.
El 1 de julio de 2024 se instaló la audiencia. José Domingo Pérez acudió el primer día protegido con un chaleco antibalas, como si él fuera la víctima, como si a él le fueran a hacer daño. Qué ironía. ¿Y quién protege a los ciudadanos que hemos caído en su juicio paranoico y alucinado sin haber cometido ningún delito? Desde entonces, asisto todas las semanas a un desfile de argumentos jurídicos y procedimentales que, a decir de muchos especialistas, hará a nuestro sistema de justicia perder mucho tiempo sin lograr ninguna condena. Siento que formo parte de un show que nadie ha podido detener y que me va a arrastrar a un juicio absurdo, donde se llamará a declarar a más de mil setecientos testigos y se presentarán seis mil pruebas.
Luego de los alegatos de las partes, los jueces pasaron a la etapa de las declaraciones. La gran mayoría de los acusados decidió no declarar ante José Domingo Pérez hasta el final del juicio. Ese no ha sido mi caso. Dos fueron las razones que me llevaron a sentarme a responder las preguntas del fiscal. La primera, la más obvia, es que no tengo absolutamente nada que ocultar; no le temo a las preguntas y estoy dispuesto a esclarecer cualquier duda sobre mi inocencia. La segunda razón compromete un aspecto más subjetivo y personal: en estos seis años, José Domingo Pérez nunca me dio la cara en el proceso. No asistió a ninguno de mis interrogatorios en la Fiscalía ni me hizo una sola pregunta. Siempre fueron las fiscales encargadas de su equipo quienes llevaron adelante esa diligencia. Yo necesitaba enfrentarlo. Necesitaba mirarlo a la cara y hacerle ver que estaba cometiendo una injusticia.
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Fue un encuentro extraño, incluso inquietante. Durante más de seis años, José Domingo Pérez había sido un personaje que había tenido mi vida en sus manos, pero lo conocía poco. ¿Sería amable? ¿Me trataría con respeto? ¿Reaccionaría bien cuando quedara al descubierto la inconsistencia de su acusación? Tenía dudas, hasta curiosidad, pero no miedo. Cuando uno llega con la verdad en la mano, no hay lugar a ningún miedo.
Cara a cara
El 17 de septiembre de 2024, por fin, pude responderle al hombre que me acusaba de haber desviado más de dos millones de dólares de la Confiep para beneficiar la candidatura de Keiko Fujimori en 2011, y que, finalmente, ha pedido para mí una pena de once años y cuatro meses de cárcel.
José Domingo Pérez se presentó como una persona educada y paciente. Hacía preguntas con las fórmulas de cortesía, como «por favor» y «gracias», y parecía calmado. Indagó sobre mi formación académica y mi desarrollo profesional, y cuando mencioné los cargos que tuve en la Confiep, el interrogatorio se volvió un poco menos amable y se empezó a percibir cierta tensión. El fiscal trataba de establecer a través de sus insistentes preguntas cuáles eran los distintos cargos que había asumido en la Confiep (presidente, past presidente, encargado de la Fedecam) y cuáles eran mis obligaciones en cada caso. Aparentemente, intentaba demostrar, sin prueba alguna, que, una vez terminado mi periodo como presidente de la Confiep, había usurpado las funciones de mi sucesor, recaudando dinero entre los agremiados y usándolo en la campaña de Keiko Fujimori. Para eso hizo alusión, en reiteradas ocasiones, a los estatutos de la Confiep, al organigrama de la institución, e indagó sobre las funciones del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo.
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Como «prueba» de que luego de esa reunión los empresarios decidimos apoyar a Keiko Fujimori, José Domingo Pérez pasó el spot en el que, sin mencionar a ningún candidato, se afirmaba que el Perú estaba en una encrucijada y que estaba en las manos de los ciudadanos ir hacia adelante y seguir progresando, o ir hacia atrás y caer en el abismo del subdesarrollo. Me pareció percibir cierto tono y aspecto de triunfo cuando pasó el video en cuestión, como si con eso probara mi culpabilidad. Grande fue su desconcierto cuando le pedí que detuviera el spot y viera que, como se mostraba en la pantalla, este estaba suscrito por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que era la institución que lo había hecho e invitado a la Confiep para que la acompañase. Expliqué que el spot había sido propalado entre los días 2 y 5 de abril de 2011, es decir, mucho antes de la reunión del 19 de abril en Buenaventura, y que, por lo tanto, no formaba parte de la Campaña de Promoción a la Inversión Privada II, materia de la acusación. Agregué, para rematar la absurda prueba que había presentado, que por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Confiep se había retirado el spot del aire por considerarlo muy politizado y ajeno al espíritu de la institución. Mudo quedó José Domingo Pérez ante mi respuesta y, como no logró terminar su interrogatorio en esa fecha, tuvimos que encontrarnos nuevamente el 24 de septiembre.
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A lo largo de tres días y más de ocho horas de preguntas y respuestas, el fiscal José Domingo Pérez no presentó pruebas que sustentaran ninguna de las acusaciones en mi contra. No pudo demostrar ningún indicio que respaldara las acusaciones de lavado de activos y de fraude. Y, más bien, yo, por fin, pude presentar evidencia sólida para refutar todas las imputaciones con la convicción de que me escuchaban los jueces y todo el que estuviera dispuesto a entender mi caso. Es por ello que, al final de la sesión, solicité a la sala que, en un acto de justicia, en el más breve plazo, el fiscal retirara su acusación por falta de sustento.
El impacto de estas declaraciones en la opinión pública me ha hecho retomar la esperanza. Un comunicado de la Confiep, exigiendo que se retirara los cargos en mi contra, así como múltiples artículos periodísticos que abogan por mi causa, me han hecho sentir seguro de que, por fin, se me está escuchando.
El juzgado, conformado por los jueces Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, tiene por el momento mi futuro en sus manos, pero a mí no me sobra el tiempo para esperar los diez años que se calcula durará el proceso, para finalmente ser absuelto. No hay una prueba, ni siquiera un indicio de mi culpabilidad, la salud ya no me acompaña y merezco que esta pesadilla termine para poder disfrutar tranquilamente de la vida por la que trabajé junto con mi familia. Como ya he contado, mi defensa ha presentado un escrito con el sustento jurídico de mi petición de retiro de la acusación, que espero sea visto con celeridad por los jueces y puedan tomar, así, las medidas necesarias para que esta solicitud se materialice lo más pronto posible.