Por Sebastián Ortiz Martínez– Diario El Comercio.
Fray Vásquez Castillo– sobrino del expresidente Pedro Castillo implicado en la trama de corrupción de la licitación del puente Tarata durante el gobierno de su tío- se entregó la noche del último domingo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) en la ciudad de Desaguadero, Puno.
Fray Vásquez Castillo contaba con una orden de ubicación y captura, tanto a nivel nacional como internacional, para enfrentar un mandato de prisión preventiva por el caso “Puente Tarata”.
El pariente del exmandatario se encontraba como no habido desde marzo del 2022, fecha en que se ordenó su detención como parte de la investigación fiscal, en la que también está involucrado el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público habían anunciado más temprano en sus redes sociales que se “logró la entrega” del sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo “tras un trabajo de inteligencia intenso” de la PNP y el equipo especial de fiscales contra la corrupción.
En comunicación con La Rotativa del Aire de RPP, el jefe del estado mayor de la PNP, general Oscar Arriola, afirmó que se logró la entrega de Vásquez Castillo “luego de once meses de trabajo de inteligencia y coordinaciones al más alto nivel“.
“Trabajo profesional, coordinado“, para lograr entrega de Fray Vásquez
En una breve declaración a la prensa, el comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria, afirmó que la entrega de Fray Vásquez Castillo “evidencia que en un trabajo profesional, coordinado” ha permitido “que se ponga a derecho una de las personas más buscadas“.
“En en un trabajo en el cual ha participado su defensa, se ha hecho unos acuerdos a nivel del Ministerio Público, con la participación de la Policía Nacional y sus equipos especiales“, aseguró.
Zanabria no ofreció mas detalles sobre las coordinaciones que llevaron a la entrega del sobrino de Pedro Castilllo, y anunció que se realizará una conferencia de prensa para ese fin.
“Espero que en horas de la noche o posiblemente mañana, ya en la presentación formal, daremos respuesta a todas las interrogantes que ustedes tienen sobre este caso“, dijo el oficial.
Fray Vásquez se entregó por “decisión personal“
Por su parte, Ivan Ramírez, abogado de Vásquez Castillo, señaló que no recomendó entregarse a su patrocinado, ya que consideró que la justicia “está totalmente politizada“.
“Es una decisión personal. Frente a las decisiones personales que no tienen ningún tipo de coordinación estratégica a nivel legal, como abogado, lo que me toca es decir mi verdad. Yo en ningún momento le he recomendado a Fray Vásquez (que se entregue). Como se lo dije en un primer momento, no se entregue ante una justicia que está totalmente politizada“, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
“El señor ha tomado una decisión personal de entregarse ante las autoridades. Tampoco ha sido un trabajo de inteligencia de la Policía, menos del Ministerio Público. Tengo conocimiento que ha habido comunicaciones con el señor Colchado. Pero, más allá de eso, que haya habido un trabajo eficiente de la Eficop, de la PNP, eso no es cierto“, agregó.
Fuente: Radio Programas del Perú.
EL CAMINO QUE RECORRIÓ
El primer plan de Fray Vásquez Castillo fue cruzar por la zona fronteriza entre Brasil y Colombia. Entrar a Ecuador y entregarse en alguna parte de la frontera con el país vecino. Pero el estado de excepción decretado en Ecuador, ante la crisis de la criminalidad, lo hizo abortar ese plan.
Su segunda opción no era la mejor, pero fue la que finalmente ejecutó. Salió de Venezuela y cruzó la zona fronteriza entre Colombia y Brasil.
Viajó por río y atravesó el monte en muchos casos a pie. Fueron 1,500 kilómetros hasta llegar al lugar donde pensaba entregarse: Madre de Dios, la zona fronteriza entre Brasil, Perú y Bolivia.
Incluso, la entrega de Vásquez Castillo se retrasó un par de semanas debido a la crisis que hubo en el Ministerio Público con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Cuando se retiró del cargo de coordinadora del Equipo Especial a Marita Barreto, Fray temió por sus garantías. Tuvo que reponerse a Barreto en su puesto, para que se retomaran las coordinaciones.
A Vásquez se le imputa la presunta comisión de los delitos de colusión agravada en organización criminal y tráfico de influencias en el caso ‘Puente Tarata’.
La justicia ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Fray Vásquez en abril de 2022, momento en que comenzó su clandestinidad.
Un día después de su llegada a Lima procedente de Puno, Fray Vásquez fue trasladado al penal Miguel Castro Castro, donde cumplirá los 24 meses de prisión preventiva.
Fuente: Diario Perú21.
El esbirro
Por Fernando Rospigliosi- ElReporte.pe
Según Jorge del Castillo y Juan Peña, abogados de Patricia Benavides, no existe ninguna evidencia que incrimine a la suspendida fiscal de la Nación. Y los supuestos chats de su asesor que fueron utilizados para acusarla, son falsos, han sido editados, y no tienen ningún respaldo que compruebe su veracidad.
El supuesto “agente especial” (a) Roberto, que presuntamente iba a corroborar los dichos del asesor de Benavides, no ha confirmado nada, ni tampoco podría hacerlo, según la exfiscal y excongresista Yeni Vilcatoma. Ella sostiene que un parlamentario, como dicen que es “Roberto”, no puede cumplir esa función de espía infiltrado en una imaginaria organización criminal.
En suma, hasta el momento no existe ninguna prueba en contra de Benavides que justifique una acusación en su contra. No obstante, a pesar de la absoluta carencia de evidencias, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió, literalmente a la velocidad del rayo, a la entonces fiscal de la Nación, en un proceso obviamente politizado y prevaricador, con la indiscutible finalidad de permitir a la mafia caviar recuperar el control del Ministerio Público, que habían perdido después de la salida de la impresentable Zoraida Ávalos.
El esbirro policial que fabricó las falaces imputaciones contra Benavides es el mismo que desde hace años viene sirviendo a los caviares y al poder de turno, a cambio de ascensos inmerecidos y del manejo de unidades policiales y presupuestos exorbitantes que son utilizados en total oscuridad.
Ese esbirro usó un método ilegal que viene practicando desde hace tiempo con toda impunidad. En mayo de 2023 iniciaron una investigación, con la complicidad de una magistrada de dudoso comportamiento, a la fiscal Benavides, pero sin incluirla formalmente. El motivo es que solo un fiscal supremo podría haber investigado a la entonces fiscal de la Nación. A pesar de eso, lo hicieron y alardearon de su delito públicamente, filtrando videos y fotos donde se aprecia claramente que están incorporando a Benavides en su pesquisa.
Eso lo ha hecho el esbirro antes. Por ejemplo, interceptaba números de teléfonos de personas a las que no podía escuchar legalmente, porque requería de autorización especial, diciendo que eran desconocidos, aunque sabían perfectamente de quienes se trataba.
Ha podido hacer eso porque cuenta con una red de corrupción de fiscales, jueces, políticos y periodistas que lo apoyan a cambio de favores.
En esta ocasión se confabularon con el esbirro, el Gobierno, la JNJ, medios de comunicación y la mafia caviar, interesada en recuperar el Ministerio Público, para seguir usando políticamente ese poderoso instrumento.
Ahora, cuando se va demostrando que las supuestas pruebas contra Benavides fueron manufacturadas por el esbirro y sus secuaces, los caviares y su prensa adicta pretenden justificar la sanción a Benavides removiendo otros casos que no tienen nada que ver con los motivos que usaron para defenestrarla.
Es indispensable que el Congreso releve de sus cargos a los politizados y prevaricadores miembros de la JNJ, que están haciéndole un daño inmenso al precario sistema de justicia.