Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La periodista Patricia del Río en un chat que se filtró tras la destitución de Martín Vizcarra, ese individuo que le causó tanto daño a nuestra nación, afirmó que el caso de corrupción de Vizcarra es uno de los más sólidos de la Fiscalía, esto por datos que conocía por el fiscal Rafael Vela Barba. Enfatizó que Vizcarra había robado de manera grosera y que las pruebas documentadas son abundantes. Además, del Río presagió que Vizcarra pisaría prisión mucho antes que cualquier otro político corrupto.
El audio data de finales de 2020, y a medida que pasamos la quincena de septiembre de 2023, el fiscal Vela parece haber dejado atrás su firme creencia en que lo de Vizcarra era uno de los casos más sólidos; y el vaticinio de Patricia del Río, que anticipaba prisión para Vizcarra se desmoronó.
Este individuo estuvo vinculado a la trama corrupta de Odebrecht: fue apoderado de Graña y Montero y su empresa familiar fue proveedora de la constructora brasileña. ¿Eso es lo que le hace intocable?
A Vizcarra no lo alcanza el brazo de la justicia y ahora pretende erigirse como un defensor de la decencia y la democracia, sin comprender el significado de estas palabras, que son antónimos de su conducta. Tras la renuncia de Kuczynski, una vez en el cargo de presidente, premió a sus aliados ideológicos con cargos públicos, sin considerar su competencia. Gobernó de la mano de la izquierda caviar, premiándolos con millonarias consultorías y desplegó una sistemática campaña de desprestigio contra las instituciones democráticas. Sus acciones eclipsan hasta la controvertida llegada al poder de Pedro Castillo.
Vizcarra se inmunizó secretamente contra el COVID-19, mientras médicos y enfermeras morían tratando de salvar vidas. Esta decisión insensible y sus erráticas políticas de confinamiento, más autoritarias que eficaces, contribuyeron a la muerte de aproximadamente 250,000 compatriotas y al colapso de la economía. Adquirió pruebas rápidas de COVID-19, a pesar de las advertencias previas sobre su ineficacia, poniendo de manifiesto su indiferencia, o sadismo, por la vida de los peruanos. Ignoró las súplicas de Celia Cápira, una ciudadana humilde. Vizcarra asfixió al país con su ineficaz gestión de la crisis sanitaria.
No garantizó el suministro de oxígeno y no estableció protocolos adecuados.
Su obsesión, desde su llegada al poder, era controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones electorales fue evidente. Utilizando el pretexto de la “lucha contra la corrupción”, socavó el Consejo Nacional de la Magistratura y creó la Junta Nacional de Justicia, nombrando a sus miembros de manera poco transparente. Finalmente, disolvió el Congreso y provocó su destitución por corrupción. La permanencia de este individuo en libertad plantea interrogantes.
El actual Congreso y la presidenta Dina Boluarte deben desmantelar la JNJ de Vizcarra. De otra manera las próximas elecciones serán las más fraudulentas de nuestra historia. No lo duden. Sería esclarecedor que Vela Barba explique en qué consistía ese “sólido caso” al que aludió Patricia del Río.
Programan audiencia en investigación a Paola Ugaz
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Crimen Organizado programó la audiencia de diligencias contra Paola Ugaz por el delito de enriquecimiento ilícito, en el jirón Manuel Cuadros, Cercado de Lima.
Como se recuerda, Ugaz es investigada por supuestamente formar parte de la red criminal que lideraría Susana Villarán, quien recibió dinero de Odebrecht y OAS para su campaña por el No a la Revocatoria y su reelección.
Secreto bancario
El Ministerio Público sospechaba que Ugaz era parte de la red criminal donde habrían estado José Miguel Castro, alias “Budián”, Jorge Nieto, Marisa Glave, Augusto Rey y otros allegados de la exalcaldesa de Lima. Finalmente, los fiscales encargados decidieron archivar las pesquisas en el extremo de lavado de activos, pero quedaron indicios de que la comunicadora habría incurrido en enriquecimiento ilícito.
En abril de este año, Martha Salinas Zavala, representante del Ministerio Público, solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la investigada, así como el levantamiento de su secreto bancario.
También se pidió a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) remitir información, y se ofició a la Superintendencia Nacional de Migraciones remitir su movimiento migratorio.
Fuente: Diario EXPRESO.