Las oficinas intervenidas son de Vinci Highways Perú y Lima Expresa. Tampoco se salvó el Estudio Echecopar.
El Equipo Especial Lava Jato viene ejecutando la orden de allanamiento de las empresas Lima Expresa, Vinci Highways Perú, y el estudio de abogados Echecopar, los cuales habrían participado en los actos de concertación de ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.
Esta medida fue solicitada al Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez, quien presentó 300 elementos de convicción en su acusación para llevar a juicio oral a la ex alcaldesa, a quien la sindican de haber liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la comuna limeña.
Concretamente, el allanamiento se debe a la investigación por las coimas que habría dado OAS a favor de Villarán para obtener “la extensión del plazo de la deuda y la subida del peaje” en las obras de la Línea Amarilla.
De acuerdo a la tesis fiscal la red criminal de Villarán, conocida como las ‘chalinas verdes’, llegó a obtener más de 11 millones de dólares en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el ‘No a la Revocatoria’ en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.
El pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se dispuso el apoyo de la policía Nacional para brindar seguridad al equipo del Ministerio Público que se desplegó a los inmuebles Vinci Highways Perú y Lima Expresa (antes Línea Amarilla), ubicados en Surco, así como a las oficinas del Estudio Echecopar, en San Isidro.
Según la resolución, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”. El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, cajas fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el año 2009 hasta el 2016, así como información sobre empresas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
Cabe recalcar que recientemente Leo Pinheiro, ex titular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de la ex alcaldesa de Lima. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.
Fuente: LimaGris.com
Incriminan a Marisa Glave en sobornos de OAS
Augusto Rey está más enlodado aún en el aumento del precio de peajes y la ampliación de la concesión a OAS. Hay más implicados que fueron de la administración edil de Susana Villarán.
La exregidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, siempre repetía: “Yo no tengo las manos manchadas de sangre ni de corrupción”; otro regidor del partido de la entonces alcaldesa Susana Villarán tenía un discurso similar: “La corrupción es un cáncer que está matando al país”. Este dúo y otros, como Anel Townsend, se vendían ante la opinión pública como los nuevos poderes morales de la nación. Pero el tiempo se encargó de atemperar esos ímpetus.
Estos y otros personajes de izquierda habrían recibido dinero de Valfredo de Assis Ribeiro Filho, exgerente general de la empresa brasileña OAS, según un reportaje emitido por ‘Contracorriente’ de Willax este fin de semana.
“Esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la exalcaldesa Susana Villarán y después de procesar una gran cantidad de información”, según el reportaje que también se basa en declaraciones de un colaborador eficaz.
Esta denuncia es el desarrollo del expediente madre de la Fiscalía que desagrega las vías de transporte público de Línea Amarilla de Lima sobre el que su expresidente, Leo Pinheiro, ya había confesado que aceptó pagar hasta unos siete millones de dólares a favor de Villarán, a través de José Miguel Castro (“Budián”), a cambio de la ampliatoria de plazos de concesión y subir los peajes en Lima Metropolitana.
En la nueva carpeta fiscal (CF SGF N°10-2020) están los detalles declarados por Valfredo de Assis y Augusto César Ferreira e Uzeda, ejecutivos de OAS, quienes estarían incursos en “actos de corrupción y/o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hacer pagos ilícitos a los regidores de la citada entidad edil y otros”, señala el escrito en la página 6, para luego hacer el listado que sigue.
-Marisa Glave Remy y Zoila Elena Reátegui Barquero (regidoras), “quienes conjuntamente habrían recibido la suma de 20,000 dólares americanos”.
-Jaime Salinas López Torres obtuvo la suma de 120,000 dólares.
-‘Anel’ Townsend Diez Canseco, jefa de la campaña política por la No Revocatoria de Susana Villarán, 20,000 dólares.
-Jorge Nieto Montesinos, asesor de Villarán, uno de los más privilegiados con 129,000 dólares.
-Carlos Enrique Juscamaita, el que habría tenido el monto mayor, con 250,000 dólares.
El documento fiscal considera que esos son dineros ilícitos aportados por las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la citada campaña por el No a la Revocatoria de Susana Villarán a cambio de que dichas empresas sean beneficiarias de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
En otras palabras, “son actos de concertación entre los ahora exfuncionarios municipales y los representantes de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y Línea Amarilla S.A.C.-LAMSAC”, esto para incorporar la Adenda N° 1 al contrato de Concesión Línea Amarilla el año 2013, un agregado que permitía no solo la ampliación de 30 a 40 años la duración de la concesión, sino el reajuste de los peajes en las vías administradas por dicha firma.
A los actos de concertación, la Fiscalía añade el delito de colusión y cohecho por los pagos recibidos por los regidores ediles de la era Villarán, pero no se encuentra lo que es un denominador común en el caso Lava Jato: el delito de organización criminal.
Para redondear la faena, Marisa Glave habría recibido dinero procedente de Odebrecht y OAS, con la finalidad de apoyar la consabida campaña ‘No a la Revocatoria’, según indicó el colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”).
Según la declaración de Castro, Glave y Zoila Reátegui “visitaron entre seis u ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados” en la campaña por el ‘No a la Revocatoria’.
Por ello, agregó Castro, se autorizó al tesorero de la campaña, Luis Gómez Cornejo, que se entregara a Glave y Reátegui la suma de 60,000 soles, informó el portal de la agencia Andina el 14/7/2020.
Más de Glave
Como ya lo había publicado EXPRESO en su edición del 27 de agosto de 2019, Marisa Glave también es investigada por la compra irregular de un terreno que costó a la Municipalidad de Lima más de siete millones de soles sin sustento técnico.
Todo indica que la operación fue para favorecer a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141.13 metros cuadrados de la zona de Campoy, ubicado en la primera etapa de San Juan de Lurigancho, en el límite con Lima Cercado.
En ese entonces la exprocuradora Yeni Vilcatoma demostró que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, hechos que coinciden con los momentos en que la municipalidad en mención evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Todo empezó en 2011, cuando Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Marisa Glave fue designada presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
Fuente: Diario EXPRESO.
Fuente: Poder Judicial.
Marco Vásquez: “Susana Villarán es la única que recibió coimas de dos constructoras”
Perú21TV conversó con el director periodístico de Panorama sobre las investigaciones que afronta la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Susana Villarán fue la primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones y su gestión duró desde el 2011 al 2014. Durante la misma, se inició el programa de chatarreo que buscaba reducir y modernizar la flota de unidades de transporte público. Se inició la construcción de Vía Parque Rímac (hoy llamado Línea Amarilla), se llevó a cabo la consolidación del Mercado Mayorista de Santa Anita con el traslado definitivo de los comerciantes del antiguo Mercado Mayorista de La Parada. Se hicieron también nuevos Hospitales de la Solidaridad, escaleras para barrios y la plantación de 150 mil árboles. Además, inició la Reforma del Transporte con el Corredor Azul.
Marco Vásquez, director del dominical Panorama, recuerda cómo se iniciaron las investigaciones en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán que hoy enfrenta tres procesos.
¿Cómo nace la investigación en contra de Susana Villarán?
El caso Villarán es uno de los más saltantes de lo que se denominó el caso Lava Jato, es una exalcaldesa que recibió de OAS y Odebrecht más de once millones de dólares. Coimas que fueron entregadas con el objetivo de suculentos peajes. En 2013, si recordamos, los peajes fueron concedidos a Odebrecht y a OAS, por ello Susana Villarán pudo afrontar la campaña por el ‘NO a la revocatoria’, ella necesitaba ese efectivo para continuar en el poder de la alcaldía. Es la única autoridad que recibió este dinero de parte de dos empresas constructoras.
Hoy se allanaron inmuebles por el caso Línea Amarilla.
Tenemos tres casos en la que ella está involucrada: el caso de aportes, el caso de la Línea Amarilla que llevaba OAS, y el de los regidores. En la Línea Amarilla, que por ese tema se produjeron los allanamientos, se hicieron adendas que fueron firmadas precisamente el año de la revocatoria; el 13 de febrero. Estas adendas fueron firmadas bajo el trato directo. Vinci Highways Perú fue la empresa que luego compró la concesión de Línea Amarilla. Otra investigación es a los regidores Marisa Glave y Augusto Rey por la plata que ellos recibieron. Entonces, tenemos 25 años con acusación por aportes, colusión por Línea Amarilla y el caso de los regidores.
¿Los allanamientos en el caso de la Línea Amarilla llegan tarde?
La medida fue determinada por un juez, ha dicho que sí es posible, además ha dicho que se requiere recabar información sobre el cambio del accionariado, es decir, sobre la forma cómo la Línea Amarilla pasó a ser Lima Expresa SAC y luego se vendió a Vinci Highways Perú. Quién es el dueño y cómo pasó de una mano a otra para identificar a los responsables. Recién está allanándose, es una carpeta que proviene de 2019, tiene tres años. Lo cierto y lo real es que el caso está por esta etapa que parece inicial, pero, ojo, ya habido cárcel efectiva en el caso del señor Domingo Arzubialde, que se le condena por haber favorecido precisamente en los cálculos del peaje en la concesión de la Línea Amarilla a OAS; con esta prisión efectiva se demuestra que un funcionario sí hizo algo en contra de sus propias atribuciones.