Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Algún camarógrafo distraído filtró un guateque palaciego en el que se vio a Pedro Castillo con gremios campesinos. Se suponía que estaba reunido con representantes indígenas, pero sentado a su siniestra y dueño del micro tenía a ese peligro al volante llamado Luis Alberto Mendieta Gavirondo. Este economista sanmarquino, máster en Derecho, Economía y Gestión con Fines de Investigación, con mención en Gestión de Organizaciones por la Universidad Bourdeaux 4 Montesquieu de Francia, fue designado por Castillo el pasado 17 de abril como jefe de su Gabinete Técnico. La revista Caretas indica que “Según el Colegio de Economistas de Lima, Mendieta está inhabilitado para ejercer su profesión por falta de pago de sus cuotas como colegiado”. Hace 13 años que está inactivo.
Por el diario Perú 21 sabemos que esta nueva adquisición de Palacio tiene en su haber: tres intervenciones policiales por conducir borracho, las dos primeras en 2013 y la última en 2015. Una nota de Martín Hidalgo en el portal utero.pe-Útero.Pe | Webeo disfrazado de periodismo (y al revés)– #TroleaNomás: Congreso hace de las suyas aprovechando que la gente está enganchada al drama del Gato Cuba –El Congreso empieza a acorralar a Dina y en Palacio empiezan a verla como una nueva Vizcarra– EXCLUSIVO: las llamadas, hasta ahora desconocidas, que periodistas y políticos hacían a los Cuellos Blancos – #TroleaNomás: Castillo paltea … utero.pe (2013) bajo el titular “La repartija de los módulos partidarios”, menciona que entre los receptores de los pagos más altos de entonces, figuraba Mendieta, “responsable de la organización del Partido Nacionalista”. El hombre recibía alrededor de catorce mil soles.
Este fulano revolotea alrededor de la política y muy especialmente del poder. En 2006 postuló, sin éxito, al Parlamento Andino en las filas del partido Unión por el Perú (UPP), la misma agrupación por la candidateó Ollanta Humala siendo derrotado por Alan García Pérez. Su lealtad con el investigado Humala siguió y pasó a militar en el Partido Nacionalista (2009-2017).
A saber, hoy intenta coparlo todo. Según una fuente informada, está aprovechando la bonhomía del flamante ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, para sacar adelante su agenda personal en dicha cartera, especialmente ahora que se ha ampliado en decenas de millones de dólares el presupuesto para la compra de fertilizantes orgánicos.
El nuevo hombre de confianza de Castillo, es el mismísimo que según la consultora colombiana María Alejandra Trujillo Moncaleano coordinó sus ingresos a Palacio de Gobierno y sus viajes a los consejos de ministros descentralizados.
Está claro que el gobernante que los peruanos padecemos insiste en rodearse de funcionarios cuestionables en su afán de tender alianzas con ex líderes políticos chamuscados como es la pareja delincuencial Ollanta y Nadine Heredia. Solo así se entiende que tras la salida de Wilson Pretel de la jefatura del Gabinete Técnico de la Presidencia haya tenido el resbalón mental de reemplazarlo por Luis Mendieta Gavirondo.
Así las cosas, el hombre que afirma que Rusia está en guerra con “Croacia”, que California es un país y que no sabe aún si el pollo está vivo o muerto, no tiene criterio ni para elegir a un funcionario. Y encima ahora nos aterroriza diciendo que habrá ‘sorpresas’ en su discurso del 28 de julio.
Los sicarios se suman a los conflictos mineros
Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
La inteligencia policial ha señalado a un elemento que puede convertirse en creciente protagonista de la conflictividad en torno a la actividad minera y otros sectores en el país: el sicariato.
En 2015, por ejemplo, sicarios de la banda «Los Pativilcanos» asesinaron en Huarmey, Ancash, a un minero informal «en un presunto acto de venganza por un conflicto minero». En 2021 se atrapó a una docena de individuos fuertemente armados que viajaban de Arequipa a Lima; las investigaciones determinaron que la banda criminal daba protección a mineros ilegales. Hay más en el registro, incluyendo la matanza perpetrada por sicarios en Atico en los últimos días.
Por otro lado, y tiempo atrás, en este espacio comentábamos sobre los riesgos de que criminales y sicarios se infiltren en las protestas sociales de contornos políticos. Es decir, que extremistas politicos e ideológicos (incluyendo a las franquicias castrochavistas en Perú y a los narcosenderistas del VRAEM) puedan subcontratar a delincuentes para recalentar el sistema de conflicto nacional; ello sin descartar los asesinatos por encargo y selectivos contra civiles incómodos.
De hecho sobre lo anterior hay evidencia recabada por la misma policía especializada. En octubre del año pasado la Dircote, Dirección Contra el Terrorismo de la PNP, detuvo a un sicario de 19 años en Satipo, Junín. El sujeto tenía la misión de atentar en Lima -y posiblemente reclutar apoyo para ello- por orden de los remanentes de Sendero Luminoso del VRAEM, contra dos analistas civiles de seguridad, un periodista y un testigo clave de un proceso activo de investigación judicial que involucra a miembros prominentes del actual régimen de Castillo-Cerrón.
En 2012 publicamos también un texto sobre cómo diversos extremistas se habían trenzado, establecido relaciones de cooperación con distintos grados de interdependencia para tensionar violentamente las protestas antimineras (ver: «Etno-senderismo-emerretista». 5/12/2012. Expreso). Los móviles políticos de fondo de esos desafíos por momentos violentos (por ejemplo en Conga, Bagua, Tía María, Apumayo, etc.) diferencian a los que particularmente mueven a los sicarios o delincuentes: el económico.
Tradicionalmente han sido los actores calculadores con afanes ideopolíticos -sin obviar los crematísticos- sobre las actividades extractivas los que descarrilan los contextos (sumado a las reacciones contraproducentes y hasta torpes de los gobiernos y las empresas involucradas) incitando a las personas a cruzar la delgada línea que separa a veces la radicalización del extremismo violento. En contraste, los actores realmente reclamantes en las comunidades con legítimas y atendibles demandas -incluyendo las medioambientales- pero que rechazaban con toda razón la violencia, eran superados o infiltrados por los violentistas con objetivos de poder.
Que hoy en el contexto específico de las terribles muertes (15 personas) en Atico, Arequipa, aparezca el sicariato como otro actor en las disputas entre mineros informales o ilegales eleva el grado de letalidad. Entre otros peligros potenciales, no puede descartarse que los desenlaces se vayan trasladando, como venganzas irresueltas, de las zonas rurales o donde se desarrollan los enfrentamientos a las zonas urbanas.
En un marco general, mucho hará -entre otros factores- para neutralizar la espiral de tensiones negativas tener un gobierno seriamente consciente de los riesgos y comprometido en dar salida institucional a los conflictos en pro de reactivar el vital crecimiento económico que da sostén a las decisiones y políticas públicas para reducir la pobreza y las demandas contenidas.
Distinto será si se cuenta con un gobiernismo calculador que en vez de reducir, incita las tensiones, deja actuar impunemente a los violentos que van socavando el sistema político y económico nacional. Es decir, incubando adrede el caos como escalera al éxito proestatista, constituyente y «refundacional».