Por Fiorella Cubas/ Fabiola Granda/ Alonso Zambrano/ Iván Atilano/ Eloy Marchán- ElFoco.pe
Durante el 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Un mecanismo extraordinario que permite firmar contratos por invitación a proveedores en menos de 24 horas. Lo desembolsado ascendió a S/892 millones. Este especial reúne cinco historias de mal uso de los recursos públicos en la institución que dirige Fiorella Molinelli.
Desde el 15 de marzo del 2020, día en que se declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de la COVID-19, hasta el 31 de diciembre del mismo año, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Es decir, la institución firmó cada día en promedio dos contratos sin licitación y en procesos de selección que duraron menos de 24 horas. El total de lo desembolsado por EsSalud de manera directa durante esos nueve meses ascendió a 892 millones de soles.
Para poder firmar esos contratos, en EsSalud se ampararon en tres normas dadas por la gestión del presidente Martín Vizcarra: el Decreto de Urgencia 026, el Decreto Supremo 044 de la PCM y el Decreto Supremo 008 del Ministerio de Salud. Esas normas fueron las que declararon la alerta máxima en todo el país y, con ello, permitieron a las entidades del sector salud tomar medidas excepcionales para detener la crisis sanitaria.
EsSalud, desde 1936, es el ente encargado de la seguridad social en el Perú, y actualmente vela por la atención médica de 11 millones de personas. Es decir, uno de cada tres peruanos se atiende en sus hospitales. EsSalud está adscrita al Ministerio de Trabajo, se subvenciona con los aportes de los afiliados y su manejo presupuestal es regulado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La partida anual que tiene EsSalud es mayor a la de cualquier entidad pública, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el 2019, por ejemplo, el presupuesto de EsSalud ascendió a S/12’175 millones. Fiorella Molinelli es la presidenta de EsSalud desde el 6 de marzo del 2018. El mandato de Molinelli era por dos años, pero, el mismo día que debía concluir funciones, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú y el presidente Vizcarra decidió ratificarla por un periodo más.
En el Perú todas las adquisiciones o contrataciones públicas deben pasar por una licitación o selección. Esa es la forma de asegurar que el Estado pague el mejor precio por un producto o servicio de calidad. La Ley de Contrataciones, sin embargo, en su artículo 100 estipula doce motivos para poder contratar directamente: cuando hay un solo proveedor, el servicio lo da otra entidad pública o en situaciones de emergencia nacional, como son las catástrofes naturales, guerras y crisis sanitarias.
Ese último candado fue el que se abrió con los decretos dados por la gestión de Vizcarra. La ley también permite que, bajo la modalidad de contratación directa, los funcionarios responsables puedan regularizar los papeles ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) hasta diez días después de firmado el contrato. Con el Decreto de Urgencia 025, el Gobierno extendió ese plazo para regularizar papeles ante el OSCE hasta 30 días después de desembolsado el dinero.
“La contratación directa es un mecanismo que se utiliza cuando una entidad facultada necesita bienes o servicios de manera urgente. Te permite contratar en un día porque lo utilizarán todo sí o sí en ese momento. Es un mecanismo excepcional, porque se sacrifica una pluralidad de postores, para que la compra se haga inmediata y por invitación. Hacer una compra por contratación directa, no exime de que la empresa contratada, por el monto del acuerdo, entregue carta fianza”, comenta Cecilia Ruiz, abogada experta en contrataciones públicas.
Pese a tener autonomía presupuestal y a que sus fondos se obtienen de los aportes de sus asegurados, a lo largo del año pasado el Gobierno subvencionó a EsSalud por un total de S/350 millones. La primera entrega, de 200 millones, se hizo el mismo día en que se declaró el Estado de Emergencia: el 15 de marzo del 2020. Y en EsSalud lo primero que hicieron con el dinero no fue comprar equipos de protección médico ni montar un hospital temporal, sino lanzar una campaña publicitaria.
“Juntos por el coronavirus” fue la tanda comercial que EsSalud, bajo el paraguas de la contratación directa, colocó en cuatro canales de televisión: Latina, América, Panamericana y ATV. La contratación se dio el 8 de abril y el desembolso ascendió a S/463,401. Este contrato fue dado por la Gerencia de Logística, pero la mayoría de las 576 contrataciones directas que EsSalud hizo durante la pandemia fueron dadas por otro órgano: la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (Ceabe), que desde julio pasado tiene el puesto de su gerente vacante.
Tener gerencias o direcciones con funcionarios encargados y no nombrados es algo característico de la gestión de Molinelli en EsSalud. Durante los primeros nueve meses de pandemia, 24 de los 56 puestos más importantes del Seguro Social fueron encargaturas. En la era Molinelli también es común que en puestos claves se nombre a personas con investigaciones en el Ministerio Público. Alfredo Barredo es el gerente general del Seguro Social y afronta once investigaciones fiscales, algunas denunciadas por la propia Procuraduría de EsSalud.
Todas las contrataciones directas hechas, según manda la ley, deben ser aprobadas por la titular de la institución. La firma de Fiorella Molinelli dando el visto bueno aparece en cada una de las 576 contrataciones directas hechas por EsSalud en el marco de la pandemia. EL FOCO solicitó una entrevista con ella u otro vocero de EsSalud, pero nunca fue aceptada. Este informe especial fue elaborado, por lo tanto, sin la participación del EsSalud. El resultado de la investigación: cinco historias de mal uso de los recursos públicos en el Seguro Social de todos peruanos.

La farsa de los hospitales temporales

El Seguro Social gastó S/74.8 millones en montar villas médicas en todo el país. La mayor beneficiada fue una empresa del primo de Salvador del Solar, que ganó contratos en procesos que duraron hora y media. Los hospitales se inauguraron sin autorización técnica y, al poco tiempo, presentaron fallas eléctricas e inundaciones.
11 de abril del 2020. Una carpa de color blanco se eleva a lo largo y ancho de un campo de 1575 metros cuadrados, en una zona anexa al Hospital II Geriátrico San Isidro Labrador, en el kilómetro 3.5 de la Carretera Central, en Santa Anita. Un canal de televisión anuncia: “Se construye en tiempo récord hospital San Isidro Labrador”. “Fue construido en 7 días”, resaltan algunas versiones web de periódicos de alcance nacional.
En las primeras semanas de la pandemia, con las cifras de contagio en el Perú en aumento, los hospitales temporales anunciados por el Gobierno de Martín Vizcarra se volvieron una perfecta oportunidad de negocio. En el caso del San Isidro Labrador, se trató de la primera de una serie de inauguraciones que tenían el mismo esquema de presentación: la presidenta ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli aparece ante las cámaras junto con el expresidente Vizcarra dando luz verde al hospital.
Meses después de aquel evento del 11 de abril, auditores de la Contraloría observaron que la villa blanca fue inaugurada sin contar con autorización técnica. Cuando se les pregunta a las autoridades del San Isidro Labrador, estos desconocen quién, cuándo y cómo se autorizó su funcionamiento. “No tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, dijo Pedro Llano, director del hospital, a los auditores de la Contraloría.
En total, han sido 37 los contratos firmados por EsSalud en el 2020 bajo la descripción: “alquiler de estructuras metálicas para infraestructuras hospitalarias temporales”. Estos se instalaron en Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Ancash, Piura, Ucayali, Arequipa, Tumbes, Moquegua, La Libertad, Huánuco, Cajamarca y Cusco. El costo total de lo desembolsado por esas infraestructuras asciende a S/74.8 millones.
EL FOCO accedió a documentos y testimonios que evidencian la improvisación y el direccionamiento con que fueron puestas en marcha decenas de hospitales de campaña. Los más perjudicados: pacientes que nunca se pudieron atender por la COVID-19.
Los ángeles de la construcción
“Ángeles/ Arquitectura de eventos” es el nombre comercial de una de las empresas que tuvo mucha suerte durante la pandemia. Según registros públicos, el nombre oficial de la compañía dedicada a la construcción e instalación de andamios para eventos sociales es Soluciones Estructurales S.A.C. Entre marzo y diciembre del 2020, Soluciones Estructurales ganó 25 de los 37 contratos directos por la construcción de hospitales temporales en Lima, Loreto, Lambayeque, Piura, Ucayali, Moquegua y Huánuco, facturando a EsSalud la suma de S/51.2 millones.
Soluciones Estructurales tiene como gerente general a Daniel Byrne Labarthe, primo hermano del exprimer ministro Salvador del Solar; y como accionistas figuran Carlos Ángeles López Aliaga, y su hijo, Renzo Ángeles Small. La empresa que gerencia Byrne ganó la construcción de hospitales temporales sin tener ningún tipo de experiencia en el rubro sanitario. Este beneficio llegó gracias al Decreto Supremo 044 de la PCM, firmado el 15 de marzo del 2020 por el expresidente Martín Vizcarra, quien fuera compañero de gabinete de Del Solar en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En Lima fueron cuatro los hospitales construidos por Soluciones Estructurales: Octavio Mongrut (S/8’596,536), Aurelio Díaz Ufano (S/5’489,438), Villa Panamericana (S/2’231,262) y San Isidro Labrador (S/1’004,036). Un dato relevante es que, en el 2019, Soluciones Estructurales fue la encargada del armado de los escenarios usados para la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019.
La historia del hospital temporal en San Isidro Labrador comenzó el 27 de marzo pasado. Ese día EsSalud emitió una orden de contratación directa por S/1’004,000 para que Soluciones Estructurales monte el hospital temporal en siete días. Una inspección hecha por auditores de la Contraloría concluyó que fue recién el 28 de mayo, es decir, un mes después de la inauguración de Vizcarra y Molinelli, cuando un ingeniero de nombre José Paisig Guevara, coordinador de mantenimiento del hospital, emitió la conformidad técnica de la obra.
Ante la Contraloría, Paisig sostuvo que recién tomó conocimiento de las especificaciones del hospital el mismo 28 de mayo, cuando emitió la conformidad. Su testimonio concuerda con el de otras autoridades del centro de salud, que desconocen quién autorizó o verificó el funcionamiento del hospital blanco.
Pedro Llanos Rivero, director del Hospital San Isidro Labrador hasta el 27 de abril dijo: “Durante mi gestión no se dispuso ni verificó que se haya cumplido con la instalación o puesta en operatividad de la estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal del Hospital San Isidro Labrador. No recibí ninguna comunicación al respecto en tal sentido, no tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, según actas en poder del OCI EsSalud.
Moisés Acuña, administrador del Hospital, dijo al mismo órgano de control que “hasta el 20 de abril del 2020 no existe comunicación que se nos haya entregado para que asumiésemos la verificación del cumplimiento de los términos de referencia de un contrato que desconocíamos, que no se ejecutaba en el área de administración (…) y que no estaba dirigido al Hospital San Isidro Labrador”.
Arriba: El 28 de mayo se da la conformidad para el funcionamiento de la Villa San Isidro Labrador. 55 días después de lo estipulado en el contrato. Abajo: Autoridades del hospital desconocen quién autorizó la puesta en operaciones de la villa blanca.
La conformidad de obra no fue lo único que faltó en el hospital temporal San Isidro Labrador. También se encontró que Soluciones Estructurales había instalado conexiones eléctricas no adecuadas para uso hospitalario y que tampoco había terminado de instalar el total de lavatorios. Inclusive, según los reportes de Contraloría, para esa misma fecha, 19 de agosto, todavía había espacios para camas UCI que no contaban con conexión eléctrica. Una de ellas es la que pudo salvar la vida de José Yupanqui, de 69 años, quien llegó a la villa de San Isidro Labrador el 13 de agosto, como cuenta su hija, Carmen Yupanqui, a esta publicación.
Su edad mayor y caer víctima del coronavirus en los meses más duros de la primera ola, lo condenaron a la escases de camas cuando más lo necesitaba. El 18 de agosto, cinco días después de su internamiento en la villa, Yupanqui falleció.
Aurelio Díaz Ufano: un contrato bajo sospecha
Correos y documentación a la que tuvo acceso EL FOCO muestran la celeridad con la que el Seguro Social firmó contratos millonarios que terminaron beneficiando a una única empresa. El viernes 19 de junio del 2020, a las 5:37 de la tarde, la Gerencia de Logística del Seguro Social pidió que un grupo de proveedores coticen la instalación de andamios para el hospital temporal Aurelio Díaz Ufano, en San Juan de Lurigancho. El hospital temporal era un centro de salud de 3600 metros cuadrados que incluía, entre otras cosas, 200 camas de hospitalización, 2666 metros cuadrados de pisos vinílicos, 661 tomas eléctricas, sistemas de ventilación, puntos de agua y desagüe.
A pesar de los variados y amplios requisitos de instalación, EsSalud dio una hora y veintitrés minutos para que las empresas brinden sus cotizaciones. Una de las compañías invitadas le comunicó al Seguro Social que no “tenía estructuras metálicas”. Otras ni siquiera se dedicaban rubro sanitario. Pero hubo una sola empresa que logró enviar su propuesta a tiempo: Soluciones Estructurales. La empresa de Byrne Labarthe envió su cotización en tiempo récord a las 19:00, segundos antes de que se agotara el plazo propuesto por la Gerencia de Logística.
Arriba: área de logística del Seguro Social solicita empresas enviar sus cotizaciones. Solo da una hora y veintitrés minutos para cotizar la instalación del hospital temporal Aurelio Diaz Ufano. Abajo: Correo de respuesta enviado por Soluciones Estructurales, a las 19:00 p.m.
El 23 de junio, cuatro días después de la solicitud, las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la compra. Para esto se evalúo un cuadro comparativo de precios que contenía, llamativamente, una sola propuesta: la de Soluciones Estructurales, por S/5.4 millones.
Cuadro comparativo de precios recibido en la Gerencia de Logística de EsSalud tras el estudio de mercado. Solo figura la cotización de Soluciones Estructurales.
Según pudo conocer EL FOCO, este y otros contratos con Soluciones Estructurales se encuentran bajo la mira de la Contraloría. No obstante, en el ente que dirige Nelson Shack existe gran presión por aquellas investigaciones vinculadas con la presidenta del Seguro Social, Fiorella Molinelli. Hay autoridades que firmaron conformidades pese a que no les correspondía hacerlo. Ingenieros que dieron vistos buenos en tiempo récord y de manera equivocada. Una serie de errores y horrores cuyo hilo conductor apunta a lo más alto del Seguro Social.
Fracaso en las regiones
“El presidente Martín Vizcarra junto con Fiorella Molinelli vinieron para inaugurar villas que nunca funcionaron. Esas carpas fueron contratadas por más de 4 millones soles para tres meses, pero tuvieron muchas deficiencias y no tenían la infraestructura para darles calidad de atención a los pacientes”, dice a EL FOCO Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red Asistencial de EsSalud del Cusco.
El último martes 5 de enero la Gerencia Administrativa de EsSalud envió una carta a la empresa Fast Engenharia e Montagens S.A., ganadora de un contrato por S/4.1 millones por la instalación de una villa temporal en el Hospital Nacional de Cusco. En la carta, EsSalud le pide a la compañía que “confirme el desarmado de las estructuras metálicas”. ¿Por qué, en pleno brote de una segunda ola de contagios, EsSalud pide desmontar un centro hospitalario que podría salvar miles de vidas?
Seguro Social confirma el desmontaje de los hospitales temporales en Cusco.
Se trataba de la historia de un fracaso iniciado meses atrás. El 22 de septiembre, el expresidente Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli inauguraron la Villa Cusco, en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. “Estamos muy contentos de poder anunciar la entrada en operación de este hospital destinado para pacientes en situación leve y moderada”, dijo en aquel entonces Molinelli.
El 12 de octubre, días después de aquella inauguración, auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud reportaron que el hospital había sido instalado con fallas técnicas que impedían su uso. La Villa Cusco tenía solo 2 de 12 equipos de aire acondicionado. Y también presentaba problemas con los equipos de calefacción, haciendo que las temperaturas sean tan frías que era imposible la atención de los pacientes.
“Cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red EsSalud Cusco. (Foto: Fabiola Granda)
El hospital temporal tenía, además, cables de electricidad expuestos al aire libre que podrían ocasionar “riesgo de incendios” y se había instalado pisos diferentes a los ofertados en el contrato con EsSalud. No obstante, el mayor problema de la Villa Cusco era que se encontraba desprotegida ante las lluvias. “Justamente cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní.
Pero, otras regiones del país también presentaron fallas tras la inauguración de las villas para luchar contra la COVID-19. En Arequipa las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la instalación de un hospital temporal alquilado a la empresa ARQEF S.A.C., pese a que no contaba con tomacorrientes, sistemas de ventilación, ni equipos de aire acondicionado. La Villa Arequipa fue puesta oficialmente en operaciones el 25 de julio, aunque por los desperfectos no pudo ser habilitada hasta septiembre, cuando la primera ola ya había golpeado a la ciudad blanca.
Para el 26 de agosto, inclusive, la Villa Arequipa no contaba con personal médico, no había separado las áreas de infectados y no infectados, no contaba con cabinas de protección para el traslado de pacientes, no se había concluido la construcción de servicios higiénicos y presentaba problemas con su grupo electrógeno. Los 30 días de alquiler por el uso de la infraestructura le costaron al Seguro Social S/1 millón 20 mil.
Según relata Roger Huanca, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional de Puno, las villas temporales llegaron tarde al golpe de la primera ola. “La primera oleada nos golpeó en julio y agosto, pero el hospital blanco llegó recién el 6 de octubre”, afirma el médico, quien detalla también que en la quincena de octubre la Villa Puno tuvo goteras por las lluvias, situación a la que sumaron problemas con el sistema de calefacción. “El hospital Villa Puno ha estado funcionando hasta hace una semana más o menos, que es cuando empezaron a desarmarlo. Nunca estuvieron habilitadas las 50 camas y, como máximo, se habrá ocupado 15 de ellas”, dice Huanca.
Roger Huanca, presidente del cuerpo médico de Red EsSalud Puno. (Foto: Fabiola Granda)
Otros hospitales de regiones que reportaron problemas fueron las villas de Lambayeque y Tumbes, en donde se ha reportado un repunte en las cifras de contagio en los últimos días. La Villa Tumbes, instalada en la provincia de Zarumilla, fue inaugurada el 30 de agosto del 2020 pese a no contar con sistemas de enfriamiento ni de extracción de aire adecuados.
A mediados de diciembre, autoridades del Seguro Social ordenaron desmantelar los hospitales temporales ante la baja en las cifras de contagio. Uno de los hospitales desmontados fue el de Cusco. También se hizo lo mismo en Lambayeque. Lo cierto es que las regiones que recibieron hospitales que nunca fueron utilizados, pero que aparecieron entre bombos y platillos ante las cámaras, ahora enfrentan un nuevo repunte en el número de contagios.

18 de agosto del 2020: Fiorella Molinelli supervisa toma de pruebas rápidas de COVID-19 en Tacna (Foto: EsSalud).

La ruleta de las pruebas rápidas

Por El Foco.pe
EsSalud desembolsó S/55 millones en siete compras directas de pruebas rápidas, el método menos eficaz para combatir a la COVID-19. Una de esas adquisiciones estuvo plagada de irregularidades y favoritismos hacia la empresa Aionia Technology. La Contraloría ya ha encontrado responsabilidad en nueve funcionarios de EsSalud, pero ha salvado a Fiorella Molinelli, quien, justamente, dio la autorización final para la compra.
El pasado 4 de octubre, en la explanada del Hospital Rebagliati, EsSalud hizo una campaña de detección de la COVID-19 con pruebas rápidas para bomberos, policías y motorizados que dan servicio de reparto de domicilio. La presidenta del Seguro Social Fiorella Molinelli supervisó personalmente la jornada, a la que bautizó como “EsSalud te cuida”. En el evento se anunció que la institución había logrado tomar 200 mil pruebas rápidas.
Lo que no se contó en la nota de prensa de EsSalud y en los diversos noticieros que cubrieron la jornada fue que los test que se aplicaron se compraron a una empresa cuyo dueño se ufanaba en un video de ser cercano al entonces presidente de la República Martín Vizcarra. Además, no se detalló ni una línea de que el proveedor ganador se hizo de la buena pro pese a cobrar S/15 millones más que la otra empresa postora.
Entre marzo y diciembre del año pasado, EsSalud ha realizado siete adquisiciones de pruebas rápidas. Todas se hicieron vía contratación directa, el mecanismo donde las empresas participan por invitación y en el que los procesos pueden durar menos de 24 horas. El total de lo que ha desembolsado EsSalud, pese a que las pruebas rápidas son el método de detección de la COVID-19 menos seguro y a que la Organización Mundial de Salud ha desaconsejado su uso, ha sido S/55 millones.
La primera compra de pruebas rápidas que realizó EsSalud fue el 5 de junio del 2020. Ese día, la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud (Ceabe) elaboró una lista de siete dispositivos médicos que necesitaban, entre ellos alcohol, chaquetas descartables, mamelucos y 100 mil pruebas rápidas. Entre la convocatoria y la entrega de la buena pro del paquete de dispositivos médicos, cuyo valor global era a S/ 9.2 millones, transcurrieron apenas 15 horas, según los registros del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace).
La empresa ganadora de las 100 mil pruebas rápidas fue Diagnóstica Peruana SAC, que ofertó 28.40 por cada test. El gerente general de la empresa ganadora es Víctor Hugo Chu Cerrato, quien en el 2016 protagonizó las páginas de los tabloides por agredir en estado de ebriedad a dos efectivos de la Policía Nacional, hecho por el que fue sentenciado a 4 años y cinco meses de prisión efectiva.
En junio, EsSalud hizo otras dos compras: se concretaron el 23 y 24, donde el Seguro Social compró 4 mil y 100 mil test rápidos. En la compra del 23 de junio, EsSalud pagó S/39.5 por cada prueba, mientras que en la adquisición que hizo al día siguiente desembolsó S/38.84 por cada unidad. Es decir, pago diez soles más en comparación a la compra que había hecho apenas veinte días antes.
La lógica del mercado dice que, mientras más oferta hay, el precio es más bajo. Para EsSalud no fue así, y sucedió lo inverso: pagaron más cuando las pruebas rápidas eran menos escasas. Las empresas ganadoras fueron Simed Perú SAC, Deltalab Perú EIRL e Importadora Fabhet SRL. La compra del 23 de junio la hizo la sucursal de EsSalud de Chimbote, y la de 24 fue llevada adelante por la Ceabe. Ambas fueron vía contratación directa y tuvieron el visto bueno de Fiorella Molinelli.
En julio, EsSalud volvió al mercado a comprar pruebas rápidas. El 6, a través de su sucursal de Chimbote, adquirió 15,500, y el 15, vía el Ceabe, compró 70 mil adicionales. En la primera contratación pagó por unidad S/45.5, y en la otra 33.40 soles. Otra vez la ruleta de precios en EsSalud que van contra la lógica del mercado. Y el asunto se vuelve más inestable si se toma en cuenta de que, el 4 de agosto, EsSalud, nuevamente mediante contratación directa, compró 100,000 pruebas rápidas a Perulabs SA a un precio unitario de S/38.5. Es decir, los test se volvieron a encarecer, pese a que se estaba comprando más cantidad.
Arriba: Compra del 5 de junio de pruebas rápidas: S/ 28.40 la unidad. Abajo: reporte de la compra de test realizada 19 días después: S/ 38.94 cada prueba. Más de un millón de soles de diferencia, pese a que se compró el mismo producto y la misma cantidad.
Si hasta aquí las compras de test rápidos hechas por EsSalud llaman la atención, el círculo de sospechas se cierra cuando se desgrana lo que fue la mayor adquisición. Ella se realizó el 2 de julio, donde la entidad dirigida por Fiorella Molinelli compró 1 174 800 pruebas rápidas en un proceso de contratación directa dirigida por la Ceabe. La empresa que obtuvo la buena pro fue Aionia Technology Corporation SAC, ofertando S/34.9 por cada prueba rápida, y facturando en total 41 millones de soles.
Aionia es una empresa que entró en operaciones en febrero del 2019 y que antes del millonario contrato con EsSalud había ganado apenas 55,460 soles vendiendo productos médicos a diversos municipios. Cuando Aionia se hizo de la buena pro del millón de pruebas rápidas para el Seguro Social, tenía apenas 8 trabajadores en planilla. El gerente general y mayor accionista de Aionia es Carlos Alberto Valdivia Montoya, quien ha postulado tres veces a la alcaldía de Bellavista.
En el 2018, durante su última postulación distrital, Valdivia se promocionaba diciendo que trabajó con el expresidente Martín Vizcarra, según un video al cual EL FOCO tuvo acceso. “He trabajado en el Gobierno Regional de Moquegua con quien es ahora el presidente de la República, el ingeniero Vizcarra”, dice el empresario.
Valdivia también aparece mencionado en los polémicos audios del caso Lava Juez. En una de las cintas, el exmiembro del Consejo Nacional de Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe se refiere a él como su “sobrino” en una conversación con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, donde le pide “reforzar” su candidatura por Vamos Perú, movimiento político del exalcalde del Callao Juan Sotomayor.
Resolución, firmada por la presidenta de EsSalud Fiorella Molinelli, autorizando la compra del millón de pruebas rápidas a la empresa Aionia Technology. Sin la luz verde de Molinelli, la polémica adquisición nunca se hubiera realizado. Sin embargo, pese a las evidencias, la Contraloría no encontró responsabilidad en Molinelli.
La pruebas rápidas que EsSalud aplicó en octubre en la explanada del Hospital Rebagliati son las que compró a Aionia. EL FOCO accedió a un informe de la Contraloría del último 28 de diciembre, donde se da cuenta de irregularidades ocurridas durante la selección de Aionia como la empresa proveedora del millón de pruebas rápidas que solicitó EsSalud.
Según la Contraloría, en el Seguro Social direccionaron, desde el primer momento, el proceso en favor de Aionia. La empresa de Valdivia no estaba dentro de las invitadas al proceso, pero fue incluida horas antes de la buena pro. “La solicitud de cotización incluyó correos ‘reiterativos’ casi al vencer el plazo para la presentación de cotización con la finalidad de incorporar a la empresa Aionia SAC, la que envió su oferta en pocos minutos y la muestra de su producto antes que sea invitada”, dice el informe.
Siete fueron las postoras que entregaron propuestas para la compra de pruebas rápidas, pero, según la Contraloría, la evaluación de seis candidatas “estuvo orientada a corregir, validar y evaluar requisitos no presentados, incongruentes o no requeridos”. Sin embargo, a Aionia no se le sometió al mismo procedimiento; inclusive, se le permitió subsanar su propuesta. De igual forma, la Contraloría detectó que en EsSalud le validaron a Aionio un Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento , que estaba vencido.
Fragmento del informe de la Contraloría sobre la compra del millón de pruebas rápidas adquiridas a Aionia Technology Corporation. La empresa ganó la buena pro pese a que dos postores ofrecían cobrar hasta S/15 millones menos.
Uno de los puntos más polémicos de las averiguaciones que la Contraloría hizo del millonario contrato que EsSalud le dio a Aionia fue que dos postoras, Nipro Medical Corporation y Business International Consortium EIRL, habían ofertado cobrar hasta S/15 millones menos que Aionia por el millón de pruebas rápidas. Nipro, que es una empresa japonesa, ofreció cobrar S/25.2 millones, mientras que Business ofertó 35.2 millones.
Pese a todo, Aionia se hizo de la buena pro y desde el 15 de julio –y durante los siguientes tres días– debía comenzar a entregar las pruebas rápidas, pero incumplió con el cronograma. Sin embargo, lo más grave fue que Aionia entregó test sin la sensibilidad ni las especificaciones técnicas acordadas. Las pruebas rápidas de Aionia eran de la marca Wuhan Unscience Biotechnology y, supuestamente, debían tener una sensibilidad de 98%, pero en las pruebas de campo solo registraron 76%.
Segú su informe, la Contraloría ha encontrado responsabilidad administrativa en nueve funcionarios de EsSalud que participaron de la compra de las pruebas rápidas a Aionia. En la lista están desde el gerente de Operaciones, César Carreño Díaz, hasta la gerente encargada de la Ceabe, Carolina Cabanillas Horna. Lo que llama la atención es que la Contraloría no ha encontrado responsabilidad alguna en Fiorella Molinelli, quien, justamente, autorizó la compra según la Resolución de Presidencia de EsSalud Nº375-2020. Todo lo contrario: insta a que sea Molinelli quien decida las sanciones para sus subordinados, cuando la adquisición de pruebas rápidas no se hubiera realizado sin la luz verde ella.