Por Uri Ben Schmuel– CafeViena.pe
Lo difundido los últimos días en medios de comunicación sobre las declaraciones de colaboradores eficaces, no debería causar mayor sorpresa. Era evidente que la organización criminal dirigida por la exalcaldesa Susana Villarán no podía reducirse a un par de funcionarios de la Municipalidad de Lima, sino que muchas otras personas estaban comprometidas hasta el tuétano, como es el caso de Anel Townsend o Marisa Glave.
Sin embargo, se han dado datos precisos que pocos se esperaban, como el pago de un soborno de 200 mil dólares de la empresa Graña y Montero (GyM) a cambio de la firma de un contrato con la Municipalidad de Lima. Este dinero se habría utilizado para pagar publicidad y los servicios que prestaba la empresa Ogilvy a través de su directivo ejecutivo Óscar Vidaurreta en la campaña del No a la revocatoria.
Lo que llama especialmente la atención es la forma en la que se habría materializado el soborno. GyM lo habría bancarizado a través de supuestos pagos a la empresa CHISAC, dirigida por Freddy Chirinos y Pedro Salinas, para que luego ésta entregue el dinero a la empresa Ogilvy por servicios ficticios y pague la publicidad requerida por los funcionarios municipales.
He consultado con varios especialistas y todos coinciden en que este tinglado involucra a los directores de la empresa CHISAC en graves delitos. Primero, en una colaboración en el delito de cohecho, al haber intermediado en el pago de un soborno. Segundo, en un delito de lavado de activos, al dar a apariencia de legalidad a activos que provienen de un delito (cohecho) mediante el pago de la publicidad para levantar la imagen de Susana Villarán, aspirante a una reelección. Y tercero, en un delito de defraudación tributaria. Incurre, pues, en un delito tanto por ser cómplice de Graña al facturarle 200 mil dólares por un servicio no prestado como por haber defraudado al fisco mediante la facturación de 100 mil dólares a Ogilvy por una operación no real.
Este concurso de delitos no sólo les valdría una pena grave a los directores de CHISAC, sino también medidas contra la empresa como multa, prohibición de contratar con el Estado (CHISAC ha facturado al Estado, según Transparencia, más de un millón de soles) o incluso su disolución y liquidación.
Chirinos es el único que ha salido al frente, diciendo que no sabía nada y que solamente actuó por instrucción de su cliente; muy parecido al “soy su hermano, pero no sé nada”. Sin embargo, ha dado un dato bien interesante en sus descargos: que cumplieron con pagar la publicidad por instrucciones de la directora de comunicaciones de la Municipalidad de Lima.
Este dato evidencia que Paola Ugaz, en ese entonces Jefa de comunicaciones y redes sociales de la Municipalidad de Lima, habría coordinado directamente con la empresa CHISAC, en la que el otro director ejecutivo es su amigo y colega, Pedro Salinas. Otro dato importante que han hecho notar varios periodistas: todo el legajo sobre la contratación de Paola Ugaz en la Municipalidad de Lima sospechosamente se encuentra extraviado.
En el 2010, Pedro Salinas escribió en la Revista Synthesis el artículo titulado “El chancro de la corrupción política”, en donde dijo lo siguiente: “Si algo empobrece a este país, es la corrupción, aquella en la que nadan y saltan como lizas unas criaturas despreciables”. Ante las últimas revelaciones de Castro, el columnista de La República ha optado por el silencio, aunque resulta inconcebible que no supiera que un pago de 200 mil dólares no trajera consigo un servicio de su empresa y mucho menos que se haya pagado 100 mil dólares por nada.
Poco creíble es también que no supiera de la triangulación con la Municipalidad de Lima, dada la estrecha relación profesional y de amistad que le une a Paola Ugaz (y a asesorados de alto vuelo en el Ministerio Público, como lo demuestra la foto que acompaña este columna). Seguro no quiere sumar a su condena por difamación, una muy probable condena por delitos de corrupción.

Marisa Glave fue regidora de Lima cuando Susana Villarán era la alcaldesa (GEC).

Fiscalía abrió investigación a Marisa Glave, Jorge Nieto y Anel Townsend por campaña del ‘No’

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, abrió investigación preliminar contra Anel Townsend, Marisa Glave, Jorge Nieto, entre otras personas, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas que ilegalmente aportaron a la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, en 2013.
Según la disposición, a la que accedió Perú21, los ingresos por esa campaña fueron: US$4 millones abonados por OAS, US$3 millones de Odebrecht y US$200 mil de la compañía peruana Graña y Montero.
José Miguel Castro, exgerente municipal villaranista, contó al fiscal Puma que la entonces vocera de esa campaña Anel Townsend recibió US$20 mil en dos armadas por esa labor. Esa manifestación fue difundida hoy por El Comercio.
Glave, que por esa época era regidora de Lima, recibió junto a la concejal Zoila Reátegui el monto de S/60 mil por apoyar en las actividades proselitistas. Esto también fue señalado por Castro, quien es aspirante a colaborador eficaz.
La exparlamentaria aseguró que esa versión “no es cierta”. “Yo no entré a la política por un rato, ni por intereses subalternos. Ha sido y es un compromiso de vida. No dejaré que pretendan manchar mi nombre”, tuiteó.
En tanto, el exministro Jorge Nieto habría cobrado US$60 mil por asesorías que “adeudaba” la exrburgoamestre. De acuerdo al testimonio, esos pagos fueron financiados por la empresa OAS. Nieto dijo a El Comercio que no recibió dinero de la constructora.
Según la investigación, la Fundación Unidos para Transformar creada por la detenida Villarán fue financiada con fondos que quedaron de la campaña de reelección que ascendían a S/400 mil.
La exautoridad edil cumple actualmente arresto domiciliario mientras se la investiga por los aportes irregulares que recibieron sus campañas contra la revocatoria (2013) y para la reelección (2014).

Susana Villarán utilizó dinero de OAS y Odebrecht para crear la Fundación Unidos para Transformar

El exgerente general de la Municipalidad de Lima afirmó que S/400,000 que quedaron de la campaña de reelección en 2014 fueron destinados para la fundación Unidos para Transformar, que presidió la exalcaldesa.
La empresa Graña y Montero aportó US$200,000 a la campaña por la No revocatoria de la exacaldesa de Lima, Susana Villarán, de acuerdo al testimonio brindado por José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, al equipo Especial Lava Jato, informó el diario El Comercio.
Marisa Glave recibió S/60 mil de fondos de Odebrecht según declaraciones de José Miguel Castro.
Graña y Montero donó 200 mil dólares a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, asegura colaborador
Según el citado medio, el exfuncionario de confianza de Susana Villarán, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo en agravio del Estado, señaló que los ingresos para la campaña fueron aproximadamente de US$7.2 millones.
«De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$200 mil por Graña y Montero», indicó en su declaración realizada entre el 15 y 22 de junio al fiscal Carlos Puma.
Los aspirantes a colaboración eficaz, Hernando y José Antonio Graña también confirmaron el aporte económico en el año 2013 ante el equipo especial Lava Jato antes que la constructora peruana se adjudicara el proyecto Vía Expresa Sur.
El primero señaló, según El Comercio, que en dos oportunidades José Miguel Castro le solicitó un «apoyo económico» para gastos de la campaña de la No revocatoria que se traduciría en US$200,000.
Mientras que José Antonio Graña reveló que convocó a la consultora Chirinos y Salinas Asociados (Chisac), y le canceló una factura por US$200,000 en el 2013 por un «compromiso asumido con la Municipalidad». Les explicó que esto debía materializarse a través pagos de publicidad vinculados al proyecto Vía Sur y un pago a la agencia Ogilvy, encargada de la campaña, a pedido de José Miguel Castro.
Fuente: Diario El Comercio.

El Comercio apoyó campaña de Villarán

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario EXPRESO.
Cual Pilatos y como una gran primicia, El Comercio destacó en portada y páginas interiores que “Graña y Montero aportó US$200,000 para la campaña por el NO” de Susana Villarán. Lo que no dijo El Comercio -venido a menos traicionando el ejemplo de ética periodística fijado por sus fundadores y las generaciones que antecedieron al espectro de sus actuales herederos (que ayer inculpaban a uno de los suyos de sus propios vicios)- es que fue el medio informativo más entusiasta en impulsar la batalla por el NO de Villarán. Tampoco confiesa que, en compensación, recibió centenares de miles de dólares dizque por “publicidad”, aparte de la corruptela de tener “acceso” a la viciosa alcaldesa capitalina y a la cúpula izquierdista institucionalizada por el régimen Humala. Esta manera farisea de hacer periodismo desnuda la mala entraña de ese desacreditado medio, acostumbrado durante las últimas tres décadas a ejercer de correveidile del inquilino palaciego de turno. Amoralidad que le ha permitido acopiar un patrimonio empresarial que jamás hubiese obtenido ejerciendo la función periodística como correspondía. Vale decir manteniéndose distante del poder.
Recordemos nomás que la joya de la corona del holding mediático ensamblado por este grupo mediático -a partir del ascenso al poder del corrupto Toledo febrilmente impulsado por dicho diario- la obtuvo cuando éste le entregaba Canal 4, a cambio de que El Comercio cesase la demoledora campaña emprendida contra el entonces mandatario, cuyo corolario fue un titular en portada exigiéndole a Toledo dar “un paso al costado”. Táctica calculada para ponerlo al borde del Impeachment. Al día siguiente de solventado el quid pro quo, El Comercio volvía a subir a los altares a Toledo. Y la “prosperidad económica” siguió escoltando a este medio desprestigiado.
Por cierto, el periodicazo que le pegó ayer El Comercio a Graña y Montero se basa en eso que la jerga periodística conoce como refrito. No era noticia. Era, sencillamente, la manera taimada de este medio de tomar distancia de la corrupción. Sin embargo, todo el trecho recorrido por El Comercio –desde los primeros años noventa a la fecha- lo ha realizado de la mano de los todopoderosos presidentes del momento, cada uno de los cuales mantiene cuentas pendientes con la justicia por haber gobernado enlodados en corrupción. En pocas palabras El Comercio es cómplice del mayor asalto que se ha perpetrado contra el país, robándonos US$40,000 millones solamente en unas pocas obras de infraestructura, muchas de ellas ejecutadas sin ser convenientes para el país –como la Interoceánica, que beneficia claramente a Brasil-, sujetas a un sobrecosto surrealista que ha enriquecido a dichos exmandatarios, y sin duda alguna, beneficiado a quienes los apoyaron en forma vergonzosamente incondicional. Como El Comercio.
Apostilla. Parte de la mafia izquierdista que apoyó a Villarán en la campaña por el NO permanece actualmente escondida en una madriguera, dedicándose tranquilamente a evangelizar al país con su credo rojo, buenista, protegida por dos fiscales estrella. Es el caso de Anel Townsend, Indira Huilca, Marisa Glave, Paola Ugaz, Gustavo Guerra García, Salomón Lerner. ¿Tienen corona?

El aporte oculto de Graña y Montero a la campaña de Villarán

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella- IDL Reporteros.
Como se sabe, en la pintoresca colección de apodos que Odebrecht asignaba a sus sobornados, el de José Miguel Castro, ex gerente de la municipalidad metropolitana de Lima bajo la gestión de Susana Villarán, era uno de los más recordables. ‘Budian’, un pez cuyo perfil parece haberle hecho gracia a muchos, menos al propio Castro.
Que se sepa, los peces, a diferencia de la operática ballena Willie, no suelen cantar. Y, por eso, cuando José Miguel Castro se acogió a la colaboración eficaz el 1 de junio pasado y renunció además a la reserva de su identidad, el apodo de ‘Budian’ empezó a hacerse problemático. Sobre todo porque su confesión tuvo un efecto catalizador sobre la muralla de coartadas que hasta ese momento resistía las investigaciones. ‘Budian’, sin embargo, no cantó como solista sino se convirtió en la primera voz de un coro muy revelador formado por varios de los protagonistas peruanos y brasileños de esos casos de corrupción.
Los datos, argumentos y anécdotas que han salido ya a la luz, documentan, a veces con detalle sorprendente, los manejos de la cutra de esa administración. Desde cómo se lavó o caleteó el dinero para solventar la campaña contra la revocatoria, para la reelección y para el lucro personal de Castro, Villarán y varios otros.
Ahora, en la primera entrega de este conjunto de revelaciones, IDL-Reporteros cuenta la historia, hasta ahora desconocida, de cómo Graña y Montero hizo una donación clandestina a la campaña y el grupo de Villarán.
En declaraciones al fiscal Carlos Puma del Equipo Especial, el colaborador eficaz con clave 145-2019, contó buena parte de la historia.
El 145-2019 empezó su declaración indicando conocer a Óscar Vidaurreta Yzaga, un ex ejecutivo de la multinacional publicitaria Ogilvy, en la que trabajó hasta finales de 2018.
Y vaya que lo conocía. Vidaurreta había colaborado en el pasado con Luis Favre, dándole información de contactos en medios, durante la campaña presidencial de Ollanta Humala. El jefe de Ogilvy en Brasil había presentado a Vidaurreta con el publicista y manejador de campañas electorales Valdemir Garreta, quien lo conectó con Favre.
En diciembre de 2012, Favre llamó a Vidaurreta para contarle que José Miguel Castro lo había contratado para la campaña contra la revocatoria de Villarán y le pidió ayuda en identificar a los medios más adecuados para colocar publicidad. Poco después, José Miguel Castro lo llamó también para coordinar con él el plan de medios de la campaña. Vidaurreta se metió en ella y, como dice la confesión de 145-2019, “la oficina de Ogilvy era el lugar donde se reunían en muchas ocasiones Luis Favre y José Miguel Castro, quienes le pedían prestado [sic] la sala de reuniones”.
Y poco después, Graña y Montero se involucró, con dinero, por supuesto, en la campaña.
Ello ocurrió en enero de 2013. “José Miguel Castro le dijo a Óscar Vidaurreta que Graña y Montero sería otro aportante para la campaña de la no revocatoria y le proporcionó el número de celular de Hernando Alejandro Graña Acuña”.
Vidaurreta llamó y Hernando Graña lo citó al local de la empresa, en Surquillo. Al llegar lo esperaban Hernando Graña y José Graña Miró Quesada. Según el testigo, “José Graña estaba mortificado de tener que aportar a la campaña, muy molesto por que según manifestaba José Miguel Castro Gutiérrez lo estaba condicionando para firmar un contrato, que si no aportaba seguiría esperando”.
El monto que los primos Graña habían acordado contribuir era de 600 mil soles, pero decidieron aportar primero solo la mitad “y la otra mitad cuando se firme el contrato o adenda”.
En los hechos, los Graña solo terminaron pagando esa primera mitad.
¿Cómo hicieron para que ese aporte se mantuviera clandestino?
De acuerdo con el colaborador, el pago se realizó a través de la empresa que hacía las relaciones públicas de Graña y Montero: Chirinos y Salinas Asociados SAC. también conocida como CHISAC.
Ogilvy (Vidaurreta) emitió la factura 0001-00018112, por $100 mil dólares, “se emitió la factura pero no se efectuó ningún servicio por parte de Ogilvy”.Es decir, fue un pago por un servicio ficticio, que luego sirvió “para el pago de los diferentes medios de televisión…”.
Según el declarante, “Óscar Vidaurreta habló con Freddy Chirinos, que en ese momento era el gerente o presidente de la empresa CHISAC, a efectos de coordinar el pago antes referido […] Freddy Chirinos, sabía que no se iba a efectuar ningún trabajo, que solo se iba a emitir la factura a efectos de que ingrese el dinero para la campaña”.
En su declaración fiscal del 22 de junio, José Miguel Castro confirmó lo dicho por el testigo y lo amplió: “Los ingresos para la campaña de la No Revocatoria en el 2013, provenientes de empresas constructoras fueron aproximadamente $7.2 millones de dólares. De ellos, $4 millones fueron aportados por OAS, $3 millones por Odebrecht y $0.2 millones por Graña y Montero (Hernando Graña)”.
La versión de Freddy Chirinos, de CHISAC, tiene varias diferencias con las de Vidaurreta y Castro. “Yo no sabía si eso era para Villarán o no. Yo lo que hice fue cumplir con una instrucción de mi cliente. No tenía la menor idea de qué se trataba. Nosotros hemos sido la agencia de relaciones públicas de Graña desde hace muchos años […] La aprobación [del pago a Ogilvy], la dio a CHISAC, Gonzalo Ferraro en su condición de Director de Concesiones [de Graña y Montero], en esa época”.
Según Chirinos, Ogilvy sí realizó algunos trabajos; “… la pregunta es: ¿Ese trabajo valía los 84 mil facturados? Al tratarse de una transnacional de la publicidad como Ogilvy imagino que el precio no llamó la atención en ese momento. […] sí me llamó la atención que optaran por una agencia de ese volumen para una campaña que ciertamente no era compleja. No era mi rol objetar eso, sin embargo.En nuestro caso, como puedes ver, cumplimos con la instrucción de nuestro cliente, GyM, de encargarle esa campaña a Ogilvy. Así fue”.
Sea como fuere, antes de la avalancha de confesiones, José Miguel Castro hizo todo lo posible para que Vidaurreta no hable, según el colaborador 145-2019.
Luego de la primera respuesta de Vidaurreta a un oficio de la Fiscalía en la que reveló que “José Miguel Castro era quien lo había contratado y detallando otros temas”, Vidaurreta fue, según el colaborador, presionado por Castro para guardar silencio. En una cita en el hotel Miraflores Park Plaza, Castro instó a Vidaurreta a que “no lo involucre en el testimonio, porque a él nadie lo ha involucrado como parte que manejaba la campaña de la no revocatoria y que no hable con mucho detalle y que mantenga todo muy simple, además le instruyó para que diga ‘lo conocí en un cóctel social’. Le dijo también […] que sus abogados iban a estar en su declaración, lo cual atemorizó a Vidaurreta, es por ello que cuando Óscar Vidaurreta rinde su declaración, no comentó nada de los aportes de la campaña de OAS y también señaló que José Miguel Castro nunca participó en la campaña de la No Revocatoria y que lo había conocido en un cóctel social”.
Los tiempos, como vemos, han cambiado. El atemorizante José Miguel Castro de las coartadas negacionistas ha sido reemplazado por el colaborador eficaz de hoy en un coro confesional que, aunque desafina con frecuencia, no para de cantar.

Jorge Nieto Montesinos: asesorías para Villarán fueron pagadas con dinero de OAS, revela José Miguel Castro

José Miguel ‘Budián’ Castro realizó una gestión ante OAS para que esta empresa pague deuda de Villarán con Jorge Nieto que ascensía a US$60,000

Jorge Nietos Montesinos, antes de ser ministro de Cultura en el 2016, brindó asesorías para la exalcaldesa Susana Villarán y, de acuerdo con la declaración de José Miguel ‘Budián’ Castro, sus honorarios fueron pagados por la constructora brasilera OAS, la misma que ha repartido sobornos a más de un líder político.
Según dio a conocer El Comercio, la ex burgomaestre había acumulado una deuda de US$ 60,000 con Nieto Montesinos, por una serie de asesorías de corte político que este le brindó durante los dos primeros años de su gestión.
En este sentido, Castro detalló que realizó una gestión con Valfredo de Assis, exjefe de OAS en el Perú, para que su empresa pague al que luego pasaría a ser uno de los principales colaboradores de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.
«A los pocos días, ambos confirmaron que esto se había producido», indicó el exgerente municipal, quien también precisó que Susana Villarán estaba al tanto de dicha gestión.
José Miguel Castro también relató que, una vez culminada y ganada la campaña del «No» a la revocatoria, recibió la llamada de Jorge Nieto para felicitarle por la victoria y, acto seguido, ofrecer sus servicios. Fue así que la exmano derecha de Villarán decide contratarlo usando la misma forma de pago: entregas “en efectivo a través de OAS”.
El aspirante a colaborador eficaz con clave 145-2019 contó, ante el fiscal Carlos Puma del Equipo Especial Lava Jato, una serie de detalles con nombre y apellido sobre cómo se repartieron aportes de OAS, Odebrecht y Graña y Montero, al entorno de la exalcaldesa Susana Villarán.
Fuente: Diario EXPRESO.

“SIGAN EL DINERO…” – “LA CONEXIÓN HONDUREÑA”

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
“Sigan el dinero…” es una frase que la historia del periodismo atribuye a Mark Felt, Director Asociado del FBI, el informante conocido como “Garganta Profunda”, que ayudó a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post a destapar el “Caso Watergate”, una de las causas por las que Richard Nixon renunciaría a la Presidencia de los Estados Unidos de América en 1974.
Y la recomendación de Felt ha resultado oportuna para las investigaciones que hemos realizado, pues seguir el dinero de la “Campaña por el NO” y a aquellos que habrían seguido la ruta de éste –antes, durante y después de la consulta para la revocatoria de Villarán– nos han conducido a descubrir una serie de indicios que deben ser investigados para que la verdad se revele y se haga justicia como corresponde.
De acuerdo al movimiento de fondos de la “Campaña por el NO” que la Fiscalía presenta a fojas 62 y 63 del “requerimiento de variación de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva Susana Villarán y otros”, de fecha 07 de mayo de 2019, la campaña se habría financiado con S/1’614,321.50 aportados por simpatizantes de la Villarán a través de la “Asociación Amigos de Lima” y de los colectivos a favor del “No”, US$3 Millones “contribuidos” por Odebrecht y otros US$3 Millones “aportados” por OAS.
Respecto a los egresos de campaña, la Fiscalía ha acreditado que los servicios de FX Comunicaciones, pagados en el exterior, ascendieron a US$3 Millones (US$ 2 Millones pagados por Odebrecht y US$ 1 Millón pagados por OAS).
Asimismo, la Fiscalía ha identificado que los egresos locales de campaña no ascendieron a la suma de S/1’612,322.00 como se declaró a la ONPE, sino a S/5’738,737.49; importe que se habría solventado con las contribuciones locales por S/1’614,321.50; US$1 Millón (aproximadamente equivalente a S/2.58 Millones) que Jorge Barata entregó a José Miguel Gamarra; y, US$700,000 (aproximadamente equivalente a S/1.8 Millones) provenientes de los US$2 Millones que OAS trajo al país a través de “Doleiros”.
Estos egresos se habrían aplicado a pagar los honorarios de Favre declarados en US$150 mil, así como para solventar pagos para medios de comunicación, periodistas “mermeleros”, macropaneles, movilizaciones, mítines, volantes, posters, banners, personeros, entre otros conceptos.
Finalmente, una sencilla matemática sobre las cifras presentadas por la Fiscalía, lleva a concluir que una suma aproximada a US$1.3 Millones, que ingresaron al país a través de “Doleiros”, no habría sido aplicada a la campaña; y, asimismo, a preguntar: ¿Por qué la Fiscalía no habría hecho mención alguna a este hecho en el “requerimiento de prisión preventiva de Susana Villarán y otros”? y ¿Por qué no habría indagado que sucedió con esos US$1.3 Millones?
Nuestra hipótesis, sobre la base de indicios que obran en poder del Ministerio Público, así como otros que hemos conocido a través de entes públicos y noticias de la época, nos llevan a considerar que Anel Townsend, como Jefa de la “Campaña por el NO” y administradora de sus fondos, habría quedado como custodia de los US$1.3 Millones; así como encargada de “sacarlos” al extranjero, de una manera similar a la que había ingresado: es decir, sin pasar por el Sistema Financiero Nacional para no despertar sospechas; pues tanto por la forma en como ingresaron al país, como aquél que se emplearía para su remesa al exterior, resultarían siendo ilegales e ilícitos.
¿Cuántos casos hay en la “historia del crimen organizado” en los que un miembro de la organización guarda “el botín” por el tiempo necesario para que “se enfríen las cosas”, para después proceder a su distribución sin levantar sospechas? Incontables.
A mediados de febrero de 2013, Guillermo (“Willy”) Gonzales Arica, esposo de Anel Townsend, fue nombrado Embajador “Político” del Perú en Honduras. Por ende, los Gonzales-Townsend debían mudar su residencia a Tegucigalpa; y, con ello no sólo empacar maletas, sino también menaje personal y de casa, en un volumen que entrase en un contenedor de 20 pies cúbicos; embalajes que, por reciprocidad diplomática, usualmente no pasarían por una revisión aduanera profunda.
¿Cómo llegó “Willy” –hombre de confianza del expresidente Toledo y muy allegado a él– al cargo de Embajador “Político”, durante “tiempos de tormenta” en los que se destapaba el “Caso ECOTEVA”, con gran revuelo por parte de la prensa local; y, cuando en el Congreso se estaba produciendo un alejamiento entre el partido de Gobierno y Perú Posible? A ciencia cierta no lo sabemos, pero sospechamos que no fue por casualidad.
Una de las formas de llegar a ser Embajador “Político”, cuyo nombramiento es una prerrogativa del Presidente de la República, es a pedido de una “persona poderosa” con influencia sobre el Primer Mandatario del País; es decir, como favor político a dicha “persona de poder”.
La prudencia ordena que nuestra hipótesis se base en que Susana Villarán habría pedido “el favor”, directamente o por interpósita persona. Cuál haya sido el medio por el que Villarán lo solicitó, por el momento es irrelevante.
Así, “quedando todo en familia”, Anel Townsend, que se habría quedado en Lima hasta después de concluida la consulta popular por la revocatoria, en su condición de jefa de campaña y a cargo de los fondos de la misma, presuntamente, habría sacado del país de manera oculta –dentro de maletas y menajes–, con destino a Honduras, el excedente de US$1.3 Millones que no fueron aplicados a la “Campaña por el NO”; y, para ello, habría hecho uso de las ventajas y privilegios que le otorgaba la calidad de diplomática que ostentaba por ser cónyuge de un Embajador.
Esta hipótesis resultaría del todo descabellada sino fuera que hechos posteriores aportarían indicios que lo antes mencionado es plausible.
Si a nivel mundial los bancos no suelen financiar restaurantes por tratarse de negocios de alto riesgo, salvo que los créditos que otorguen para tales efectos estén respaldados por garantías pecuniarias (fianzas bancarias o prendas dinerarias); y, los ahorros del sueldo de Embajador (luego de impuestos) no habría alcanzado para ello: ¿cómo justifica la sociedad conyugal Gonzáles-Townsend haber contado con el capital necesario para la apertura, en el año 2017, de una cadena de cinco restaurantes en Tegucigalpa, Honduras?
Cuando la congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar pidió que se investigará este hecho: ¿por qué el Ministerio Público no lo hizo?
Así también, como relataremos en la próxima crónica, hay que considerar que ciertos personajes vinculados a la Villarán habrían visitado a “Willy” y Anel en Tegucigalpa, teniendo como posible tesis que lo hicieron para trasladar a Panamá gran parte de los aproximadamente US$1.3 Millones.

“SIGAN EL DINERO…” ¡Y TAMBIÉN A QUIENES LO SIGUEN!

Por Edgardo Palomino Martínez– LaAbeja.pe
A mediados de septiembre de 2019, cuando había interpuesto la denuncia contra Anel Townsend, Paola Ugaz, Maria Luisa Méndez Gálvez, Marco Antonio Zevallos Bueno, Ana María Escudero Valdivieso y otros ante el Despacho del Fiscal Anticorrupción Carlos Puma Quispe, y batallaba contra su decisión de “no ha lugar” a la misma porque consideraba que los hechos que presentaba ya eran materia de investigación, leí los titulares de varios diarios de la denominada “prensa no alineada” que reclamaban la investigación de Ugaz por diversos viajes que había realizado en el 2013-2014, cuando fungía de Gerente de “Social Media” de la MML, con la condición de “personal de confianza”.
A la prensa escrita siguieron los programas políticos y de noticias de la radio y la televisión, e involucraban a Ugaz en toda irregularidad posible que pudiera haberse incurrido en la MML durante la gestión de Villarán; incluido el haber participado en actividades de lavado de activos, a través de lo que un reconocido periodista llamó “La Conexión Panameña”.
Lo sorprendente entonces y hasta ahora, es que Ugaz, una periodista supuestamente de polendas, lejos de responder a sus atacantes con pruebas que desvirtúan las acusaciones en su contra por su participación en la MML de Villarán, optó por victimizarse y, sin mayor prueba o fundamento, alegar que era objeto de una persecución por aquellos que supuestamente ella había desenmascarado con sus investigaciones periodísticas.
Con toda la información que los medios proporcionaron, agregando a ésta hechos revelados por las investigaciones que el suscrito personalmente había realizado, presenté dentro del proceso de impugnación del “no ha lugar” decretado por el Fiscal Puma Quispe, el escrito correspondiente al despacho del Fiscal Superior Coordinador Anticorrupción Hernán Wilfredo Mendoza Salvador adjuntando las “Notitia Criminis” para que se amplíen las investigaciones… pero esa denuncia y su tramitación por la Fiscalía será materia de otra crónica.
HOY NOS OCUPAMOS DE LOS VIAJES DE PAOLA UGAZ.
Cuando en septiembre de 2019 investigamos las Actas del Concejo de la MML, contrario al caso de Augusto Rey que fue autorizado a viajar a Panamá mediante Resolución de Concejo N° 001-2013-MML, no encontramos aprobación alguna que autorizase los viajes de Paola Ugaz; máxime si ella era Gerente de “Social Media” con calidad de personal de confianza, mientras que el primero era un simple asesor legal en la Gerencia de Inversión Privada.
Así, solicitamos formalmente a la MML copia de su Contrato Administrativo de Servicios y copia de su expediente personal; a lo que la MML respondió, como ya mencionamos en una crónica anterior, que el legajo de Ugaz no había sido ubicado, como tampoco Resolución alguna que autorizase sus viajes a Centroamérica y Panamá, con o sin goce de haberes.
Entonces, ante la falta de información, se procedió a solicitar el movimiento migratorio de Ugaz y observamos que durante el año 2013, tiempo en que fue funcionaria pública, viajó 5 días a El Salvador, 10 días a Costa Rica, 20 días a Panamá (sumados sus 2 viajes), 32 días a Estados Unidos y 6 días a Colombia. Un total de dos meses y 13 días fuera de su centro de labores. Ante esa llamativa lista de viajes fuera del país inevitablemente surgen muchas preguntas, como por ejemplo ¿Qué gestiones realizó para la MML? ¿Estos viajes le fueron computados como vacaciones, a pesar que no le correspondía por no haber cumplido un año laborando? ¿o viajo para atender asuntos personales? De ser viajes por temas personales ¿por qué cobró su sueldo? Y, si cobró su sueldo sin haber trabajado durante esos meses para la municipalidad ¿estamos ante el delito de enriquecimiento ilícito que señala el artículo 401 del Código Penal? ¿Por qué el Ministerio Público no investiga estas irregularidades que podrían ser indicios de corrupción?
Veo muy importante que nos detengamos en el viaje a El Salvador de fecha 13 de mayo de 2013 con retorno por San José de Costa Rica el 17 de mayo de 2013, que a primera impresión no despertaba sospechas.
En esas fechas todos los medios de comunicación estaban enfocados al “Caso ECOTEVA”, una empresa constituida en Costa Rica, que tenía como principal “accionista oculto” a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, y que el expresidente Alejandro Toledo habría empleado para el supuesto lavado de activos presuntamente provenientes de la corrupción que habría existido en la licitación de la carretera “Interoceánica” y de otras obras públicas en las que participó Odebrecht y otras empresas constructoras brasileras, de la mano con empresas locales “miembros” del llamado “club de la construcción”.
Así, no resultaría extraño que Gustavo Gorriti e IDL Reporteros hubiesen convocado a Pao Ugaz, conocida por su audacia, astucia y sagacidad para llegar “sin invitación” a fuentes de información, conseguirla y elaborar un reportaje; tal como lo habría demostrado en la entrega del Premio Nobel de Literatura 2010, que la leyenda urbana refiere que se habría hecho pasar por “nana” de la familia Vargas Llosa.
Sin embargo, no tenía lógica que para tal comisión Ugaz viajase desde Lima –en Sudamérica– a El Salvador –en el norte de Centroamérica–, para hacer una conexión a San José de Costa Rica –en el sur de Centroamérica–, máxime, cuando existían vuelos directos Lima-San José y viceversa.
Tanto era que no encontraba sensato hacer ese periplo , que al releer el artículo de Carlos Wesley sobre Gustavo Gorriti, republicado por la revista “Gente”, a inicios del 2000, durante el gobierno de Toledo (http://archivos2gente.tripod.com/1330/gorriti.html), inclusive, en broma, llegué a pensar que Gorriti habría instruido a Ugaz que pasara por El Salvador para que “saludase” a “amigos” que él habría hecho en la región, en caso fuese cierta la historia de Wesley acerca de que Gorriti habría trabajado para la CIA durante la “Operación Irán-Contras” en los ‘80s.
Aparentemente se había llegado a un callejón sin salida.
“Siguiente” me dije… Lima-Panamá-Lima del 26 al 31 de mayo de 2013, la “afamada” “Conexión Panameña”; pero algo llamó mi atención.
Teniendo delante el artículo de Wesley; la carpeta de investigación de Anel Townsend, que en esos tiempos habría estado en Tegucigalpa (supuestamente custodiando US$1.3 millones, excedentes derivados de la “Campaña por el NO”, lo que hemos llamado “La Conexión Hondureña” en una crónica anterior); y, considerando la proximidad de fechas entre el viaje Lima-San Salvador-San José-Lima con el viaje Lima-Panamá-Lima, decidí investigar todos estos elementos en conjunto.
El resultado de esa investigación sería la hipótesis que a continuación se narra.
Habiendo sido ratificada en el cargo, Susana Villarán, alcaldesa de Lima y fundadora del Instituto de Defensa Legal (IDL), habría solicitado a Paola Ugaz (periodista relacionada a IDL-Reporteros y supuesta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la presunta organización criminal que Villarán habría dirigido en la MML) que realizase un “viaje secreto” a Honduras y Panamá para coordinar la movilización de parte (o el total) de los fondos excedentes de la “Campaña por el NO”, ascendentes a un monto aproximado a US$1.3 Millones, que se encontrarían bajo la custodia de Anel Townsend, supuestamente en la residencia del Embajador del Perú en Tegucigalpa.
Ugaz debía viajar primero a Tegucigalpa, donde realizaría las coordinaciones correspondientes para el traslado de los excedentes de campaña de Honduras a Panamá. Luego debía viajar a la Ciudad de Panamá, donde debería tomar contacto con ciertos banqueros especializados con el lavado de activos, presuntamente a los fines de coordinar el traslado de los fondos de forma segura y secreta de Tegucigalpa a un banco en Panamá, donde quedarían depositados en una cuenta segura a la que solamente tendrían acceso Villarán y Ugaz. Supuestamente, desde esa cuenta, en un futuro, se realizaría la repartición del dinero entre Villarán, Glave, Castro Gamarra, Rey, Ugaz y otros.
Así, Ugaz el 13 de mayo de 2013 habría tomado el vuelo de 4.5 horas con destino a San Salvador. El 14 de mayo Ugaz habría tomado la conexión a Tegucigalpa –un vuelo que habría demorado alrededor de 1 hora– y realizado durante el día las coordinaciones del caso para el traslado de los excedentes de campaña a Panamá; y, al término del día habría tomado un vuelo a Ciudad de Panamá, de duración aproximada de 1 hora. Asimismo, los días 15 y 16 de mayo se habría reunido con los banqueros que le habrían indicado para coordinar el traslado de los fondos a Panamá y la apertura de cuentas, posiblemente a nombre de empresas fantasmas en algún paraíso fiscal con poco o ningún control regulatorio. Luego de culminadas las supuestas reuniones de coordinación con los banqueros en Ciudad de Panamá, Ugaz habría tomado un vuelo de 1.5 horas aproximadas a San José de Costa Rica; y, el 17 de mayo de 2013 se habría embarcado con destino de regreso a Lima.
La hipótesis resulta totalmente plausible. ¿No considera usted, señor lector, que el Ministerio Público está obligado a investigarla?
La historia de Wesley sobre Gustavo Gorriti (republicada también por el portal La Abeja el 11 de julio de 2019 –https://www.laabeja.pe/quien-es-gustavo-gorriti/) me quedó dando vueltas en la cabeza, por lo que solicite su movimiento migratorio; documento público que reveló que el señor Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, identificado con DNI N° 118455677 y Pasaporte N°481499, viajó el 14 de mayo de 2013 a El Salvador, e ingresó al Perú proveniente de dicho país el 18 de mayo de 2013.
Ante esta coincidencia o casualidad de lugares y fechas, dentro del marco de la hipótesis planteada, cabe preguntarse: ¿Gorriti y Ugaz, del 14 al 17 de mayo de 2013, habrían hecho juntos el presunto recorrido San Salvador-Tegucigalpa-Ciudad de Panamá?; dado el tiempo que Gorriti vivió y trabajó en Panamá: ¿Villarán y Ugaz se habrían valido de él y de sus contactos en dicho país para movilizar a Panamá los presuntos fondos excedentes de la “Campaña por el NO”, ascendentes a un monto aproximado a US$1.3 Millones y que habrían quedado bajo la custodia de Anel Townsend y “Willy” Gonzales Arica en la Embajada del Perú en Tegucigalpa, Honduras?
La realidad puede resultar siendo más extraña que la ficción; y tratándose de casos de corrupción, todos aquellos indicios que pudiesen convertirse en elementos de convicción deberían ser investigados. ¿No lo cree usted así, señor lector?
Asumamos que el método de investigación que se denomina “La Navaja de Ockham” fuese infalible; y que la respuesta más simple fuese la correcta: entonces deberíamos asumir que lo cierto habría sido que Gorriti y Ugaz habrían viajado a Centroamérica para juntos investigar el “Caso ECOTEVA”, pues en el mismo estarían implicados el expresidente Toledo, Joseph Maiman y Sabih Saylan; y, que la única manera de llegar a San José de Costa Rica era vía San Salvador.
Aún, si esta tesis fuese correcta, la misma genera diversas preguntas: si Iberia-TACA mantenía operativa la ruta Lima-San José, ¿por qué no viajaron directamente a Costa Rica? ¿por qué tendrían que volar primero a El Salvador para luego tomar una conexión a San José de Costa Rica? ¿Por qué Gorriti y Ugaz no viajaron juntos? Y, finalmente, ¿qué necesidad había de regresar al Perú en vuelos separados?
¿Será tan extraña la verdad acerca de estos viajes, coincidencias y casualidades que revelarla generaría graves y severas complicaciones para todos aquellos que supuestamente estarían involucrados con y en la presunta organización criminal que, liderada por Villarán, se habría enquistado en la MML?
Ello explicaría porque Paola Ugaz guarda silencio absoluto y no responde la imputación que el periodista Phillip Butters le hace, al afirmar: “Paola Ugaz [jefa de prensa de la exalcaldesa], cuando trabajaba con Villarán, ha viajado a Panamá, que es un paraíso fiscal. ¿A qué ha viajado a Panamá, donde estaban los de OAS? Yo tengo el legítimo derecho de pensar que ella tendría que explicar las maletas [de Odebrecht y OAS] de Susana Villarán, que esclavizan a los peruanos”; afirmación que, en nuestra opinión, estaría vinculada a la presunta recepción de dineros maculados, activos que habrían sido “lavados” en Panamá. (Ver diario “La Razón”, edición de 27 de noviembre de 2019, “Paola Ugaz debe explicar maletas que recibió Villarán”)
Pero, sobre todo, a decir del abogado Enrique Ghersi, dada la influencia del IDL en el Ministerio Público y el Poder Judicial, también se explicaría por qué desde la Fiscalía Anticorrupción, en especial a través de los Fiscales Carlos Puma Quispe y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, se estaría “blindando” a Paola Ugaz, Anel Townsend, Marisa Glave, Augusto Rey Hernández de Agüero, y otros; así como por qué existen presunciones sobre una posible eliminación del cargo de “asociación ilícita” u “organización criminal” que se les imputa a Susana Villarán y a José Miguel Castro Gamarra.
El viaje de Paola Ugaz a Panamá, entre el 26 y el 31 de mayo de 2013, sobre la base de la hipótesis antes expuesta, habría tenido por objeto supervisar la ejecución de las presuntas coordinaciones realizadas con los hipotéticos banqueros panameños con los que se habría reunido entre el 15 y 16 de mayo de 2013; a decir: la supuesta transferencia de fondos de Tegucigalpa a Panamá; la formalización de hipotéticas “sociedades fantasmas” (mismo “Panamá Papers”) y la designación de sus apoderados; la apertura de presuntas cuentas bancarias donde se depositarían los fondos que habrían llegado de Honduras; y, por qué no, la hipotética consolidación en dichas presuntas cuentas de la probable coima que Roberto Trombeta habría entregado a Augusto Rey –en la presunta reunión que tuvieron en Panamá en enero de 2013– para la supuesta “Cúpula” que dirigía la organización ilícita que Villarán lideraba.
El siguiente viaje de Paola Ugaz a Panamá se realizó del 17 al 30 de noviembre de 2013. Poco antes, del 1 al 3 de noviembre de ese año, aprovechando un “fin de semana largo” Susana Villarán también viajó a Panamá.
La hipótesis de estos viajes maneja la teoría que resultaría sospechoso que Villarán y Ugaz viajasen juntas a Panamá. Que Villarán no sólo habría viajado para tomarse unos días de descanso, sino que también lo habría hecho para firmar los hipotéticos documentos que liberarían la participación de Ugaz en el supuesto “botín” obtenido durante la “Campaña por el NO”, toda vez que “La Pao” dejaría de trabajar en la MML en enero de 2014. Ugaz habría llegado dos semanas después y tomado posesión sobre su participación.
Si se quedó catorce (14) días en Panamá gozando de un “merecido descanso” por el intenso “trabajo” que habría realizado como presunta “Jefa de Defensa e Impunidad” de la supuesta organización criminal que Villarán habría enquistado en la MML; o, si de Panamá se habría trasladado a otros “puntos del planeta”, no lo sabemos. Pero vuelven a saltar las siguientes preguntas: no habiendo cumplido el año trabajando para el Estado, ¿no es un ilícito pedir vacaciones con goce de haberes?; y, ¿por qué el Ministerio Público no investiga estas irregularidades que podrían ser indicios de corrupción?
Pero los viajes de Paola Ugaz a Panamá continuaron con posterioridad a su salida de la MML. Ella regresó por cuatro días entre el 27 y el 31 de marzo de 2017; pero también, casi un año antes, entre el 7 y 10 de mayo de 2016, vía Colombia, lo hizo su esposo, el ciudadano británico Daniel Collyns. Si estos dos viajes estarían vinculados en alguna forma con los antes descritos en esta crónica, por los antecedentes de las hipótesis presentadas, cualquiera podría presumir que sí; por lo que, tratándose de un supuesto caso de corrupción y lavado de activos, el Ministerio público está obligado a investigar.
Lo que sí sabemos, a través de los medios de comunicación, es que esta avezada periodista de oficio, que se dedicó a la “demolición de personas y de sus nombres, honras y prestigios” durante la campaña del No a la revocatoria, ante las imputaciones que se le han hecho por la comisión de ilícitos penales y daños a terceros, o guarda un supuestamente cómplice silencio, o se victimiza.

SE REVELAN TENTÁCULOS DE CORRUPCIÓN EN TORNO A SUSANA VILLARÁN

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Hace menos de 24 horas una noticia más que relevante se ha hecho pública en distintos medios peruanos: la declaración de José Miguel Castro, alias “Budian”, sobre un aporte oculto de parte de la empresa Graña y Montero a la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para la campaña de la revocatoria.
Primero fue IDL-Reporteros (https://www.idl-reporteros.pe/el-aporte-oculto-de-grana-y-montero-a-la-campana-de-villaran/). Luego fue la Unidad de investigación del diario El Comercio (https://elcomercio.pe/politica/justicia/la-empresa-grana-y-montero-tambien-aporto-a-la-campana-por-el-no-de-susana-villaran-noticia/). Las diferencias entre ambas notas son mínimas lo cual, periodísticamente hablando, le da cierta credibilidad. De hecho, en esta breve columna no pretendemos desarrollar todo lo que salta a la vista al leer las declaraciones de Castro y las confirmaciones de varios otros actores de la historia. Eso lo haremos, como siempre, con calma y con fundamento. Pero sí queremos resaltar los dos puntos arriba mencionados, tal y como se recogen en las declaraciones de Castro.
Para LA ABEJA son muy importantes ya que desde hace dos años venimos denunciando lo que hoy aparece como grandes destapes y por lo que algunos “colegas” nos han acusado irresponsable o interesadamente de difamadores: la participación de la empresa CHISAC en distintos entramados del Gobierno y una red de corrupción que habría funcionando alrededor de la exalcaldesa de Lima.
Como se puede leer en lo publicado por IDL y El Comercio, y a manera de resumen, la empresa Graña y Montero “donó” 200 mil dólares a Susana Villarán para que terminara de pagar sus cuentas pendientes por la campaña del No a la revocatoria. Este pago habría sido condicionado a la firma de un contrato que beneficiaría a GyM. El pago de estos 200 mil dólares se realizaría en dos entregas a través de la empresa CHISAC –cuyos dueños son Freddy Chirinos y Pedro Salinas Chacaltana— para que no ingrese como coima sino como pago de servicios que luego se derivarían a la agencia Ogilvy, con la cual Villarán tenía una deuda.
Según IDL ha informado, Ogilvy emitió la factura 0001-00018112, por $100 mil dólares, “se emitió la factura, pero no se efectuó ningún servicio por parte de Ogilvy”. Es decir, fue un pago por un servicio ficticio, que luego sirvió “para el pago de los diferentes medios de televisión…”. Según el declarante, “Óscar Vidaurreta habló con Freddy Chirinos, que en ese momento era el gerente o presidente de la empresa CHISAC, a efectos de coordinar el pago antes referido […] Freddy Chirinos, sabía que no se iba a efectuar ningún trabajo, que solo se iba a emitir la factura a efectos de que ingrese el dinero para la campaña”. Esto es sin duda muy grave, todo un carrusel de facturas con el fin de ocultar la coima.
De hecho, esto fue confirmado por el mismo Chirinos aunque se defiende diciendo que él solo hizo lo que su cliente (Graña y Montero) le solicitaba. Según la nota de El Comercio, “luego de las coordinaciones internas, José Graña declaró que convocó a Chisac, y les canceló una factura por US$200.000 más IGV, con fecha 13 de agosto del 2013. La campaña fue pagada por la concesionaria Vía Expresa Sur, de propiedad de GyM”. Por supuesto, hasta el cierre de esta nota, Salinas Chacaltana no ha dicho nada al respecto.
Por otro lado, en la misma nota del diario El Comercio sobre este asunto, hay unas líneas que pasan desapercibidas porque no se han atrevido a poner nombres y apellidos, pero nosotros nos encargaremos de hacerlo. Según lo declarado por Freddy Chirinos, el dinero fue recibido por encargo de GyM para pagar publicidad del municipio y que para esto sostuvo una reunión con José Miguel Castro. Pero miren el detalle de su declaración según lo recogido por el diario: “Me llamó la atención que Castro, a través de su directora de comunicaciones, nos exigió poner avisos de corte muy popular […] que Graña jamás había puesto, y me di cuenta de que Villarán quería levantar su perfil para su reelección”. La directora de comunicaciones de Villarán, como se ha repetido ya innumerables veces, era ni más ni menos que Paola Ugaz Cruz. Sí, la misma amiga y socia de Pedro Salinas en sus investigaciones periodísticas. Es decir, según lo declarado por el socio de Salinas en Chisac, Ugaz Cruz estuvo presente en dichos acuerdos que se llevaron a cabo con el dinero recibido de Graña y Montero de manera oculta. ¿Así o más argolleros? Me detengo sobre todo en Ugaz Cruz porque es importante recordar que tengo un proceso judicial pendiente con la exfuncionaria edil debido a que nos acusó de difamación en distintos medios, abiertamente, por haberle señalado varias de las cosas que hoy salen a la luz. Entre ellas, su falta de transparencia y su mitomanía. Nuestra respuesta, desde entonces, sigue siendo la misma: aquí hablamos con la verdad, con pruebas y con fundamento. Y no somos los únicos que seguimos denunciando. Desde hace varios meses, múltiples periodistas y medios de comunicación no alineados a la línea editorial del Gobierno vienen cuestionando la falta de impunidad para un grupo cercano a Susana Villarán.
¿Seguirá hablando Budian? ¿Seguirán cayendo como fichas de dominó? ¿El Ministerio Público tomará cartas en el asunto para evitar fugas masivas apenas se abrán los vuelos internacionales? ¿Seguirán Salinas Chacaltana y sus socios negando lo que hoy es noticia hasta en sus medios más amigos? ¿Qué otro destape se viene que hasta IDL está tomando distancia?
Por lo pronto, nosotros no cesaremos de buscar la verdad porque sabemos que, tarde o temprano, saldrán a la luz los entramados de corrupción, complicidad y encubrimiento en los que están involucrados estos personajes que pensaban ser inmunes a la investigación y el destape.

‘Budián‘ Castro afirma que Anel Townsend recibió US$20 mil en la campaña del «No»

Exgerente general de la Municipalidad de Lima señaló que Anel Townsend recibió 20,000 dólares en dos armadas, dinero proveniente de las compañías OAS, Odebrecht y Graña y Montero.
Desde que a José Miguel Castro, alias ‘Budián’, le variaron la orden prisión preventiva por cárcel domiciliaria no ha parado de cantar. Y es que el exgerente municipal ha señalado a exfuncionarios del entorno de Susana Villarán, cuando fue alcaldesa de Lima, como receptores de dinero proveniente de las compañías OAS, Odebrecht y Graña y Montero, información que hasta el día de hoy se desconocía.
Castro afirmó, según su declaración fiscal a la que accedió el diario El Comercio, que la excongresista Anel Townsend, quien fue el principal rostro del No a la revocatoria de Villarán, recibió US$20,000 en dos armadas. Los primeros US$10,000 fueron recursos destinados para su movilidad y para compensar algunos gastos de publicidad que ella había realizado. Y los US$10,000 restantes se pagaron una vez que terminó la campaña y bajo el concepto de «bono de éxito».
Según el aspirante a colaborador eficaz, el acuerdo de pago se dio luego de un almuerzo que se llevó a cabo en el 2013 en la residencia de la ex burgomaestre capitalina, en el distrito de Jesús María.
Asimismo, ‘Budián’ reveló que Townsend fue posteriormente contratada por la Municipalidad de Lima, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un semestre para ejecutar trabajos en el área de Participación Ciudadana de la comuna.
Cabe señalar que Townsend no es la única mencionada en la confesión del exfuncionario edil. A ella se suman las ex regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui. «Ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados», refirió Castro, y agregó que autorizó a Luis Gómez Cornejo, tesorero de la campaña, que entregara a Glave y Reátegui la suma de S/60,000.
Gómez Cornejo -quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra- le confirmó que la entrega había sido concretada.
Fuente: Diario EXPRESO.