Por Mariella Balbi- Político.pe
La evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el coronavirus en el Perú es contundente. Revela que el gobierno miente respecto a la evolución de la pandemia. Informa que el pico de la enfermedad será en agosto, que nuestra tasa de letalidad es superior al 3% y que en octubre los muertos llegarían a 48 mil. Adicionalmente, no hay camas UCI (prometieron incrementarlas), ni oxígeno, ni alcohol y el desbarajuste respecto a las mascarillas es de espanto. Muchas no sirven, pero igual se usan.
El COVID-19 prospera, las cifras hablan, pero el mandatario se queja en sus presentaciones del desastre que dejaron los gobiernos de los últimos 30 años. No admite que gracias al apropiado manejo económico de estos dispone hoy de una caja fiscal generosa, que le permite ofrecer los innumerables bonos, aunque no sepa repartirlos. Olvida además que no ha hecho nada por la salud.
Durante los períodos de Humala, PPK y Vizcarra el cierre de brechas (salud, educación, conectividad, reducción de pobreza) se estancó. Las cifras no mienten, aunque el peruano, en medio de su hartazgo por la corrupción y la ineptitud, no lo note. La inutilidad frente a la reconstrucción del norte es desesperante. Poblaciones olvidadas y abandonadas a su suerte porque no se sabe proyectar ni ejecutar.
Vizcarra pagará US$128 millones al Reino Unido por administrar los proyectos de la reconstrucción, el 6.4% de una inversión de US$2000 millones. Nada está muy claro, menos si funcionará en medio de esta pandemia. Los ingenieros peruanos ya protestaron porque “se contratará indiscriminadamente a empresas extranjeras” y porque no se revisan los expedientes técnicos ni se cambian los procedimientos de contratación de proyectos. ¿Podrá la monarquía inglesa con el potente tráfico de terrenos norteño? Veremos.
La guerra por el control de la Fiscalía y el JNE volvió con fuerza. Un grupo de comunicación impulsa nuevamente una sucia campaña contra el fiscal Gonzalo Chávarry, condenándolo de antemano y presionando a la Junta Nacional de Justicia en su contra para desaparecerlo de la faz de la tierra si es posible.
El conglomerado de prensa está empeñado en que el fiscal gobiernista Pablo Sánchez no vaya al JNE pues la fiscal Zoraida Ávalos se quedaría sola en la junta de fiscales. Las pruebas presentadas contra Chávarry son ridículas, propias del fantasioso caso ‘Los Cuellos Blancos’. Hace quince días este Congreso no pudo acusarlo, pero los congresistas de Acción Popular liderados por Yonhy Lescano –a quien Ávalos le archivó la denuncia por acoso sexual– volvieron a la carga junto con la bancada del Partido Morado, jefaturado por el rey del escape, Julio Guzmán. Se entiende el fracaso del Ejecutivo ante el COVID-19.
Cuatro en raya
Editorial Diario El Comercio.
En menos de dos meses, una seguidilla de denuncias sobre contrataciones de determinadas personas o empresas a fin de trabajar para el Estado que no debieron producirse ha puesto al presidente Vizcarra en una situación incómoda. A ninguna de ellas las contrató él mismo, por supuesto. Pero en varios casos sí alguien de su entorno; y en otros, su presunta o probada cercanía a los beneficiados por el contrato ha sembrado la duda de si existió algún favorecimiento producido al amparo del poder que emana de la figura presidencial.
El primero fue el caso de Richard Cisneros, contratado nueve veces para ofrecer servicios de dudosa utilidad para el Ministerio de Cultura desde que el actual jefe de Estado asumió el poder, en el 2018. La relación entre ambos venía desde que Cisneros colaboró en la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2016, y el propio mandatario declaró que seguramente eso permitió que tuviera “una participación en algún nivel del Gobierno”. Sus intentos de explicación, además, no impidieron que tanto el Ministerio Público como la Comisión de Fiscalización del Congreso se abocasen a investigar el asunto con resultados que todavía no conocemos.
Vinieron luego, y casi al mismo tiempo, los casos que involucran a la secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales, y la asesora presidencial Karem Roca. Más allá de que en determinado momento cada una de ellas se reunió con el ya mentado Cisneros, ambas han sido asociadas a contrataciones de trabajo para el Estado que no debieron ocurrir. Las más importantes, la de la hermana de la expareja de la señora Morales, Claudia Teresa Mere Vidal, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (mientras Morales era funcionaria de ese sector), y la de la empresa de vigilancia de la señora Roca y su padre por el Gobierno Regional de Moquegua, cuando lo encabezaba el actual mandatario y ella trabajaba también allí.
Sobre estos contratos, cabe anotar, no ha existido ni siquiera un intento de explicación oficial. Solo el alegato, en el segundo caso, de que no hubo nada ilícito.
El domingo pasado, por último, el programa “Cuarto poder” reveló que el cuñado del mandatario, Freddy Herrera Begazo (esposo de su hermana Doris), quien contrataba con el Estado desde el 2015, siguió haciéndolo en varias oportunidades después del 28 de julio del 2016, a pesar de que no debía hacerlo. Como se sabe, en esa fecha se instaló el actual gobierno con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y, por lo tanto, la relación de parentesco entre ellos suponía un impedimento legal para ello.
La pregunta fundamental, por supuesto, es si el jefe de Estado supo de ello en su momento o fue más bien algo que sucedió a sus espaldas… Cada quien sacará sus conclusiones sobre lo verosímil que esta última opción resulta, pero entre tanto, en el Congreso y fuera de él, las exigencias de que la materia sea investigada han menudeado. Y el problema es que las reacciones del presidente al respecto no pueden ser calificadas exactamente de respuestas. No de respuestas sobre lo que hace falta saber, en cualquier caso.
Decir, en efecto, que el Gobierno está “abierto a cualquier tipo de investigación” es poco más que una perogrullada. ¿Imagina acaso alguien al mandatario anunciando lo contrario? Y por otra parte, hablar de “poner el pecho” frente a los esfuerzos indagatorios es de un dramatismo que no se justifica: estamos hablando de una investigación, no de balas disparadas por alguien.
La insinuación de que los afanes esclarecedores obedecen a una ofensiva artera no viene, pues, al caso. Sobre todo porque esta denuncia, que es la que más cerca cae del presidente, tiene algo de lluvia sobre mojado. Junto a este, los casos relacionados con Cisneros, Morales y Roca forman, efectivamente, una serie inquietante, un cuatro en raya que no debe ser desdeñado con fórmulas altisonantes que no tocan el asunto de fondo, sino atendido con explicaciones minuciosas que por el momento no se distinguen.
El estate quieto funcionó
Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Con un ánimo y actitud muy diferentes a la matonería del último domingo 5 de julio, el presidente de la República dio este miércoles 8 un mensaje a la nación que parecía, según el contexto, su despedida. Luego de hacer un balance del Estado de Emergencia Sanitaria –con “logros alentadores”, según fuentes oficiales, y recuperación de empleos–, el presidente desarrolló en tono modesto y humilde el tema político que usó para pechar al Congreso tres días atrás y que terminó explotándole en la cara.
No solo anunció la convocatoria para el jueves 9 del llamado “Consejo de Estado”, al que no asistiría la presidenta del TC -pésimamente asesorada, por haber salido con la cabeza caliente a despotricar contra la eliminación de su inmunidad en sendas entrevistas periodísticas-, sino que el presidente dio el paso definitivo de la capitulación al firmar ante cámaras de televisión la convocatoria a elecciones generales para el segundo domingo de abril del 2021. Despejó así cualquier posibilidad de quedarse en el cargo.
Lo hecho por el presidente es pura concesión a un Congreso –que ya no puede disolverse– y lleva por finalidad hacer las paces. El mensaje de fondo es que él se va en la fecha establecida por la Constitución y no antes, que sería lo que más teme luego de ver los sorpresivos resultados de la votación del Congreso el último domingo. Mientras tanto parece previsible que, por el nuevo tono, el Congreso también recule: ya lo están haciendo varios congresistas, a los que parece que les importaba más darle un estate quieto al presidente que estatuir un cambio constitucional peligroso para todo el andamiaje institucional político del Perú.
Mi impresión es que no habrá, por supuesto, eliminación de la inmunidad parlamentaria (lo que, en mi opinión, es estupendo) y que, de igual modo, todo lo aprobado en la primera votación del último domingo volverá a foja cero. Al final, es lo mejor que le puede pasar al Perú, aunque siempre haya algunos maximalistas y fanáticos que no dejarán de gritar en contra del Parlamento. Pero lo cierto es que el presidente está de salida y se lo ha hecho entender bien claro al Congreso.