Archivo por meses: diciembre 2019

Demanda

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Graña y Montero demanda al Perú por anulación de contrato del Gasoducto

La constructora Graña y Montero, según informó el diario La República, interpuso una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la anulación del contrato del Gasoducto del Sur.
Recordemos que el consorcio integrado por Odebrecht (55 %), Enagás (25 %) y GyM (20 %) perdió la licitación del proyecto gasífero al no demostrar tener el financiamiento necesario para la ejecución de la obra.
El mencionado medio de comunicación indicó que la acusación aún está pendiente de valoración en el CIADI, y que los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas ya han sido notificados al respecto.
Esta demanda se suma a la que antes había presentado la española Enagás por 1980 millones de dólares, monto que habría invertido la firma en el Gasoducto.
Recordemos que, el pasado 4 de diciembre, la juez María de los Ángeles Álvarez declaró fundado el pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, para incorporar a 16 empresas, entre ellas a Graña y Montero, como investigadas en el caso ‘Club de la Construcción’.
En su resolución, la magistrada considera que estas compañías conforman una supuesta organización criminal. “Los elementos (entregados por la Fiscalía) versan sobre la presunta existencia de la organización criminal, sus componentes (interacción entre estos), acuerdos abordados, finalidades, entre otros; detallando los que a nuestro criterio han resultado relevantes atendiendo a la naturaleza”, se puede leer en la resolución a la que tuvo acceso el diario Gestión.
Fuente: Diario EXPRESO.

Graña en su telaraña

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
José Graña participó en reuniones en Palacio con los Humala, aunque el abogado de estos lo refute. El ex ministro del régimen humalista, Wilfredo Pedraza, sostiene que sus clientes “negaron enfáticamente haber tenido una reunión en la que participaron Barata y los Graña”; esto tras las nuevas revelaciones del ex representante de Odebrecht en Perú. Pedraza enreda, Jorge Barata no dijo “los” Graña, dijo Graña en singular refiriéndose a una sola persona que no es otra que José Graña, ahora colaborador eficaz para evitarse la prisión que, valgan verdades, es donde deben estar los ladrones declarados, saqueadores del erario y lavadores de activos.
El mismo José Graña declaró ante la Comisión ‘Lava Jato II (Bartra)’, que durante el proceso del Gasoducto del Sur Peruano, GSP, Nadine Heredia lo convocó a Palacio y le mostró un álbum con recortes periodísticos de El Comercio contrarios a ella. Ver: https://diariocorreo.pe/politica/jose-grana-miro-quesada-no-podiamos-conocer-el-sistema-de-sobornos-de-odebrecht-777715/ Esto coincide con la versión de la periodista Graciela Villasis divulgada en El Comercio sobre el testimonio de Barata ante la fiscal Geovanna Mori, en el sentido de que en algunas reuniones de Palacio participó José Graña, por entonces presidente de Graña y Montero, y que la ex primera dama le dijo que el gobierno estaba “muy molesto con El Comercio” por información sobre ella. Aquí coinciden tres versiones: las de Graña, Barata y Jorge Massa, abogado de Graña quien dijo a El Comercio que “tiene información en el mismo sentido, pero que su patrocinado no puede hablar por estar en un procedimiento de colaboración reservado”. Barata dijo, además, que Nadine le comentó a Dilma Rouseff su fastidio por la presencia de Graña y Montero, GyM, en el proyecto del GSP y que Rouseff le transmitió el mensaje a Marcelo Odebrecht decidiéndose que GyM fuera “un socio oculto del proyecto”. Y así fue, pues Graña terminó integrándose al Gasoducto tiempo después, en setiembre de 2015, cuando Enagás dejó el consorcio.
La operación fue más que avezada: el escándalo Lava Jato ya había estallado y el psicópata corporativo Marcelito O. estaba preso desde junio de aquel año. Nada de eso frenó las proverbiales apetencias de Graña, quien llevó a GyM a invertir US$215 millones de dólares por el 20% de la concesión del Gasoducto y 29% del consorcio constructor. Pero esto no es todo, José Graña tiene que responder por mucho más; por ejemplo, cómo su empresa transfirió dinero a Gonzalo Monteverde y a sus empresas Constructora Área y Construmaq, generando recursos para la Caja 2 de Odebrecht, según IDL-Reporteros.
José Graña lavó activos en complicidad con la mafia de Odebrecht. Siendo presidente de la constructora Graña y Montero, GyM, participó en el desvío de fondos a terceros, a empresas y a bancos ‘offshore’. El dinero salía de proyectos en los que GyM estaba consorciada con la corrupta brasileña. Las últimas declaraciones de Da Rocha Soares, principal funcionario del Sector de Operaciones Estructuradas (SEO), la división clandestina de sobornos de Odebrecht, lanzan a José Graña a su propia telaraña de mentiras. Hasta el momento, el otrora poderoso empresario, goza de insultantes privilegios pese a conocerse su involucramiento en el saqueo de nuestro país, al punto que debió acogerse a la ‘colaborador eficaz’ para evitar la prisión. ¿Estará realmente contándolo todo?
El 13 de diciembre último el IDL lanzó un tuit demoledor para la estrategia de defensa de Graña, revelando que Da Rocha Soares “confirmó que Gonzalo Monteverde actuó como generador de recursos para la Caja 2 de Odebrecht; y en esa línea habló del rol clave que jugaron en ello dos de las empresas del doleiro peruano: Constructora Área y Construmaq”. Aquí puede empezar a deshilacharse el manto de impunidad que cubre a José Graña; y es que las dos empresas mencionadas recibieron dinero de proyectos en los que GyM tuvo participación, uno fue la carretera IIRSA-Norte. El IDL denunció tales transferencias en 2017, hace casi tres años. Todo ese tiempo José Graña mintió, juró en falso y ocultó información sobre el destino de los sobrecostos; recordemos que solo la IIRSA-Norte tuvo un encarecimiento de 98%, saltando de 258 millones de dólares a 510, casi el doble del presupuesto original.
Una nota de los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, publicada en la web de IDL-Reporteros, sostiene que “En total, IIRSA Norte transfirió alrededor de 11 millones de dólares en 2007 a Constructora Área y Construmaq SAC”, es decir a las empresas mencionadas por Da Rocha, cuyo propietario es el prófugo doleiro Gonzalo Monteverde. “De ese monto -menciona IDL- casi siete millones de dólares fueron transferidos al extranjero, a la cuenta ‘offshore’ de Balmer, en Barbados […] ¿por qué IIRSA Norte hizo esas transferencias, que terminaron mayoritariamente en una cuenta en Barbados y, en muchos otros casos dentro del Perú, en dinero al contado que luego desapareció?” ver: https://idl-reporteros.pe/los-pagos-secretos-de-odebrecht-en-el-peru/
En otro tuit IDL-Reporteros menciona que la “generación de recursos para la Caja 2 se hacía convirtiendo dinero legal en dinero negro, que pasaba a la Caja 2 para pagar coimas en la mayoría de los casos”. José Graña fue, también parte de este “ennegrecimiento” de dólares. ¿Jurará que tampoco lo sabía y el corrrupto seguirá siendo protegido?

Montaña de mentiras

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Parte X de Crónicas de un odiador

Por Uri Ben Schmuel- CafeViena.pe
En el artículo anterior, abordamos un tema que vale la pena ampliar: la participación de la cadena árabe Al Jazeera en la red de agentes que apoyan a Pedro Salinas en su campaña como odiador de la Iglesia Católica y de otros credos cristianos. Y la pregunta que queda en el tintero es: ¿por qué Al Jazeera está interesada en mantener en las redes un documental cuyos testimonios base, tal como ya se demostró inclusive judicialmente, están plagados de mentiras que dañan la honra de muchas personas? A esta pregunta se añade otra: ¿por qué Pedro Salinas y Paola Ugaz tercamente siguen repitiendo los argumentos y conclusiones del mencionado documental cuando saben que carece de un respaldo en la realidad? Pasamos a enumerar, de manera resumida, los puntos más importantes en los que la información del mencionado reportaje está reñida con la verdad.
Mentira 1
El documental afirma: La comunidad campesina de Castilla es propietaria de los terrenos donde hoy se encuentran las urbanizaciones de las empresas de Inmobiliaria Miraflores Perú.
La comunidad campesina de Castilla nunca ejerció posesión de los terrenos que fueron adquiridos por dicha empresa. Es más, la comunidad campesina de Castilla ha tratado inclusive de reclamar como suyas tierras en donde hoy está el Estadio Miguel Grau, el aeropuerto de la ciudad de Piura, la Municipalidad Provincial de Castilla, entre otros. Esto además se terminó de aclarar con la sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, del 14 de julio del 2015, en la que definitivamente se confirma que la Comunidad de Castilla no tiene ningún derecho sobre esos predios.
A pesar de ello, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 2
El documental afirma: En el mismo lugar donde hoy se levantan los edificios de la primera etapa se asesinaron a dos ancianos para desalojarlos.
Este hecho nunca sucedió y por ello no existe denuncia alguna sobre el tema. Además, se debe recordar que esta información fue parte del testimonio de Carmen Campodónico, testigo utilizado por los realizadores del documental. Campodónico fue sentenciada por difamación precisamente por lo dicho en este reportaje en donde inclusive afirmó haber sido expulsada violentamente en el 2012 de terrenos eriazos. Por otro lado, este testigo ahora se encuentra en prisión por intentar introducir droga a un penal de Piura y tiene más de 4 páginas de antecedentes en los que figuran delitos de hurto y usurpación.
A pesar de ello, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 3
El Arzobispo de Piura ofreció 3 millones de dólares a los líderes de la banda criminal La Gran Cruz del Norte, en la Parroquia del Santísimo Sacramento de Piura.
Esta afirmación fue hecha por el otro testigo Samuel Alberca, que fue sentenciado por este hecho difamatorio. La información fue desmentida por el párroco de la citada parroquia. El prontuario delincuencial de Alberca, con más de 18 hojas de antecedentes penales y judiciales, era conocido tanto por Daniel Yovera, director del documental, como por su productora, la socia y amiga de Pedro Salinas, Paola Ugaz. Aun así los periodistas, carentes de todo rigor periodístico, utilizaron sus declaraciones como “prueba” en el reportaje.
Y a pesar de estos antecedentes Pedro Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 4
Carmen Campodónico afirma en el reportaje, que ella y sus hijos fueron expulsados a palos y con hachas de su casa.
Inmobiliaria Miraflores Perú en la respuesta que dio públicamente a Al Jazeera demostró, usando Google Maps, que desde antes del 2012 nadie vivió en la zona, por lo que la ya mencionada señora Campodónico, mintió. Si nunca vivió allí con sus hijos tampoco pudo ser expulsada. Pero, a pesar de ser una grosera falsedad, Pedro Salinas sigue repitiendo la mentira.
Mentira 5
La empresa inmobiliaria contrató a la organización criminal La Gran Cruz para que se apoderen de terrenos con el uso de las armas y la violencia.
Este hecho es falso y también fue desmentido. ¿Para qué iba a pagar la Inmobiliaria a alguien para que se adueñe de terrenos por los cuales ya había pagado a sus legítimos posesionarios como consta en los contratos de compra venta que son anteriores a la invasión perpetrada? Más bien, se constató que los pagos que realizaba la empresa obedecieron a la extorsión que recibían por parte de miembros de la mencionada banda criminal que operaban juntos con miembros de construcción civil invadiendo los terrenos que había adquirido la Inmobiliaria.
Y, sin embargo, Salinas sigue repitiendo la mentira.
Como se puede ver, el documental The Sodalitium Scandal no tiene ningún tipo de sustento en la verdad. Sin embargo, Pedro Salinas insiste en defenderlo y en seguir propagando sus mentiras. Recordemos que antes de que se emprendiera la batalla legal para desmentir este trabajo pseudoperiodístico, Paola Ugaz salía por distintos medios, orgullosa, a atribuirse la producción de este reportaje e incluso Pedro Salinas señaló en su artículo “La carta del sodálite Eguren” que su colega fue la productora. Luego de recibir varias cartas notariales comenzó a deslindar. Inclusive dijo que haberse atribuido dicho cargo en el documental fue una “ligereza” o un “juego de palabras”.
Finalmente, la pregunta sigue quedando en el aire: ¿Por qué Al Jazeera sigue sin hacer nada al respecto? Por otro lado, ¿por qué el odiador Salinas lo promueve y repite los argumentos del reportaje sabiendo que son mentiras? ¿No será simplemente que es una herramienta más para seguir en su cruzada anticristiana?

LA GRAVE IMPRUDENCIA DE MONSEÑOR CASTILLO

Por Ricardo Sánchez Serra– LaAbeja.pe
Hace unos días que está circulando una carta abierta al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, escrita por Alberto Gómez de la Torre. La carta responde a unas declaraciones vertidas por Castillo el sábado último en un espacio radial de Radio Programas del Perú en relación con una querella que ha recibido Paola Ugaz por parte de Gómez de la Torre. Escuchadas las declaraciones del obispo Castillo y leída la carta de Gómez de la Torre, me animo a escribir esta columna.
En primer lugar, hay que decir que el Señor Gómez de la Torre está interponiendo esta querella en su calidad de ciudadano peruano, amparado por los mismos derechos constitucionales de los que goza todo connacional. Desde ese ángulo, tendríamos que asumir las declaraciones del obispo en su calidad también de ciudadano peruano. Por un lado, como obispo no tiene ninguna calificación que le otorgue a su opinión una relevancia particular. Y, por otro lado, la materia de la querella no es objeto del cuidado pastoral de un obispo. Siendo así las cosas, más bien podríamos preguntarnos: ¿por qué monseñor hace uso de un espacio radial, que le es concedido en su calidad de obispo de una feligresía católica, para tomar en sus manos un asunto que nada tiene que ver con temas de fe o de costumbres cristianas?
Todo parece indicar, y se infiere tanto de las declaraciones del obispo como de la carta de Gómez de la Torre, que el obispo da por sentado que la querella tiene relación directa con el Sodalicio de Vida Cristiana. Haciendo un ejercicio de suposiciones, parecería que para monseñor Castillo detrás de la actuación de Gómez de la Torre estaría operando el Sodalicio. Esto, y seguimos en el rubro de los supuestos, se podría explicar por el encono que existe entre la periodista Ugaz y la institución religiosa. En esa línea, afirma el diario La República, “Carlos Castillo enfatizó en que debe parar la persecución contra la periodista Paola Ugaz”. Es decir, todo indicaría que Castillo considera que la querella que le ha puesto Gómez de la Torre a Paola Ugaz es una forma de persecución por parte del Sodalicio. En ese escenario, Gómez de la Torre sería un peón de la estrategia sodalicia. Pero, viendo los hechos, ¿en qué se sustentaría esta forma de pensar del obispo? ¿Existe esa vinculación entre Gómez de la Torre y el Sodalicio? Gómez de la Torre dice que existe una “relación laboral” pero que nunca ha pertenecido al Sodalicio y no tiene ningún vínculo con la institución. ¿Tiene el obispo alguna prueba de que, efectivamente, hay una relación más allá de ser empleado en una empresa mediatamente relacionada con el Sodalicio? ¿Puede sustentar el obispo que el Sodalicio está detrás del accionar jurídico de Gómez de la Torre?
La observación de los hechos ocurridos hasta el momento nos deja un interrogante sobre los motivos que podría tener Carlos Castillo para ponerse del lado de una de las partes en una querella por difamación. El asunto, a juzgar por lo que explica Gómez de la Torre en su carta abierta, es complejo. El documento audiovisual en cuestión se habría basado en testimonios de personas cuestionadas e incluso sentenciadas por difamación precisamente por lo dicho en ese reportaje; hay diversas intervenciones del ministerio público; está involucrada gente con prontuarios delincuenciales abultados; hay sentencias judiciales sobre líos de tierras, etc.
Como se ve, no es un asunto fácil. Visto esto, cabe preguntarse si monseñor Castillo, antes de hacer sus declaraciones, se informó adecuadamente. En un caso como este, lo prudente y proporcional, habría sido recabar información de ambas partes antes de emitir una opinión, y más aún una opinión tajante. Una vez más, a santo de qué el obispo de Lima tiene que opinar sobre este hecho es algo difícil de explicar. Pero si quería hacerlo, por lo menos se hubiera informado bien. Por lo que dice Gómez de la Torre —una de las partes en cuestión— a él no se le ha pedido ninguna información. Y, sin embargo, el obispo lo implica en sus declaraciones y no precisamente para bien. La pregunta se mantiene: ¿por qué toma partido el obispo por la periodista querellada? Habría que acotar, dado el interés manifestado por Castillo de que las verdades salgan a la luz, que sobre su defendida Paola Ugaz pesan investigaciones por corrupción que nadie se toma la molestia de esclarecer.
Está claro que monseñor Castillo sobre este tema no tiene nada especial que decir como obispo. Al opinar sobre un hecho del ámbito civil, tiene que hacerse cargo de sus opiniones y eso, en buena cuenta, parece ser lo que Gómez de la Torre le pide en la carta que le dirige. Castillo ha hecho de interés público este caso que quizá no debió pasar de ser un problema judicial entre dos personas naturales: un señor que piensa que ha sido difamado, con graves daños para su honor y su familia, por una periodista. Eso lo tiene que resolver la justicia. Pero el obispo de Lima, metiendo las narices donde no lo invitaron, no hace sino suscitar preguntas y suspicacias sobre sus motivaciones. ¿Qué interés puede tener para opinar sobre un asunto cuyos detalles, además, parece desconocer? ¿Por qué cierra filas con una de las partes? ¿Será acaso que la periodista tiene alguna información ante la cual el obispo se siente vulnerable? 

Cura acusado de abusar de menores se suicida tras conocer que sería detenido

El sacerdote Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual, se suicidó en la sede de Cáritas de La Plata, según pudo confirmar La Nación de Argentina a través del abogado querellante Juan Pablo Gallego. La jueza Marcela Garmendia había pedido su detención.
La noticia también fue confirmada por el Arzobispado de La Plata, Víctor Manuel Fernández, quien minutos más tarde llamó a la oración a través de un comunicado.
“Queridas hermanas y hermanos de la Comunidad arquidiocesana, ante la muerte de nuestro hermano Eduardo Lorenzo, que se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimientos, solamente nos cabe unirnos en oración por él para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito”, expresó.
Y agregó: “El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará aún a través de este dolor”.
Según el informe de los efectivos de la comisaría 1 de La Plata, el cura fue encontrado tendido en el suelo “con posibles manchas hemáticas”.
Eduardo Lorenzo (59) fue capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense durante 14 años, organizó grupos de jóvenes con los boy scout, fue párroco de distintas iglesias de Gonnet, Berisso y Olmos. Las denuncias en su contra son de larga data. En 2008 fue denunciado por abuso sexual, pero la causa no había prosperado hasta las nuevas acusaciones.
Hoy, la fiscal Ana Medina pidió la detención del cura. La jueza Marcela Garmendia hizo lugar al pedido y rechazó el pedido de eximición de prisión que presentó el abogado del acusado. El sacerdote seguía libre y se esperaba la decisión de la Cámara de Apelaciones. Para la fiscal, la pericia psicológica que se le hizo a Lorenzo fue determinante.
“Yo no soy un pedófilo”, se defendió Lorenzo ante una consulta de La Nación la última vez que habló a los medios.
La primera causa en su contra la inició un ex policía llamado Julio César Frutos. El 20 de agosto de 2008, la víctima, su ahijado León, era menor de edad. En ese momento León declaró que había sufrido abusos sexuales por parte del cura Lorenzo. La causa estuvo casi parada durante diez años. Hasta que el abogado Juan Pablo Gallego tomó el caso y le pidió al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, su reapertura. Gallego patrocinó a las víctimas del Padre Julio César Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por violar a un menor en la Fundación Felices los Niños.
El 9 de mayo de 2019, a las 14.30, Gallego acompañó a León, que volvió a declarar. Desde ese día, León ya no se quiso esconder detrás de un nombre ficticio. Diego Pérez, así se llama, habló y así se lee en la causa: “Él me decía ‘sos un negro’ (sic) así que tenés que hacerlo. Me empujaba, me llevaba a su habitación para ultrajarme y tener relaciones conmigo. Al finalizar las misas me alcoholizaba y me volvía a someter sexualmente”.

Más víctimas

Bartoli tenía 13 años cuando iba al grupo scout que dirigía el cura Lorenzo. “Todos los viernes, durante dos años, había cenas en su departamento. Estaban los líderes scout y yo, de 13 años. Se generaban reuniones con la excusa de planificar las actividades de los sábados. Cuando terminaban yo me quedaba ahí y él hacía su ritual: bañarse, afeitarse, perfumarse y ponerse el pijama. Luego me decía que lo ayudara a dormir. Que le diera besos, que lo abrazara”, contó Julián con lágrimas en los ojos en esa conferencia de prensa de julio de 2019 después de haber declarado ante la fiscal.
Gustavo (nombre ficticio) leyó en el diario lo que había dicho Bartoli y quedó en shock. Había ido a una estación de servicio, como todos los días, después de trabajar. Cuando habían pasado cuatro horas sin tocar el jugo, los mozos, que lo conocían, se preocuparon. Le preguntaron si estaba bien. Gustavo tiene 44 años y vive en La Plata. Conoció a Lorenzo cuando estaba en el grupo scout que pertenecía a la iglesia Rosa Mística, de la capital bonaerense. Tenía 16 años.
En la causa, Gustavo contó cómo fue el último día que vio a Lorenzo: “Un día me llama por teléfono a mi casa y me invita a cenar afuera. […] Esa noche en Almendra tomamos mucho whisky. Volvimos a la parroquia de Olmos, otra vez me pidió los masajes, y yo no me sentía muy bien. Pero le hice masajes y él siempre buscaba la misma posición, y esta vez empezó a hacer los movimientos de una manera muy exagerados. Entonces me bajé, y él se levantó y me volvió a repetir que estaba todo bien, que él se sentía muy contento con la amistad que teníamos, que no había nada de malo. Pero yo insistí con irme, y ahí me dio un abrazo e intentó besarme en la boca. Le dije que era un hijo de puta”.
La defensa de Lorenzo
“Yo soy inocente. Yo no soy un pedófilo, yo no cometí ningún acto que sea indigno de mi ser cura. Tengo defectos como cualquiera, pero no estas perversiones, que siempre condeno y condené. Estoy demolido, estoy en un momento de mi vida espantoso”, dijo Lorenzo ante la consulta de La Nación una semana atrás, antes de saber que lo iban a detener.
Su vida, explicó, era “ir a cien todos los días” pero ahora, sin ser más capellán del Servicio Penitenciario, sin ser párroco de ninguna iglesia, sin estar a cargo de ningún grupo de jóvenes, “se convirtió en un calvario”.
“Estoy abatido, despojado. Estoy más solo que un perro”, aseguró Lorenzo.
El sacerdote estuvo a cargo de la capilla que hay en la República de los Niños desde el año 2007 hasta el 16 de noviembre de 2019. Cuando Bartoli habló en la causa que lo acusa a Lorenzo de abuso sexual agravado, el cura seguía al frente.
A mediados de julio, el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor “Tucho” Fernández, le prohibió estar a solas con menores, por “precaución”. Tres meses después, Lorenzo le mandó una carta al arzobispo solicitando licencia como párroco en la Inmaculada Madre de Dios, de Gonnet, por “razones de salud”. El pedido fue aceptado. El arzobispo se negó a hablar con La Nación del tema.
El 11 de diciembre se conocieron los resultados de la pericia psicológica que le realizó la Oficina Pericial Forense de la provincia de Buenos Aires. Allí se explicó que tenía una “personalidad con características de manipulación, elevado autocentramiento y egocentrismo”, además de una “organización psíquica compleja, presentación obsesiva de imagen grandilocuente de sí, que encubre una estructura psicopática perversa”. “Necesita que otros lo idolatren y enaltezcan la autoestima”, indicó el informe.
Hasta hoy, Lorenzo vivía en una habitación de Cáritas en La Plata, donde decidió quitarse la vida tras conocer la decisión de la jueza de hacer lugar al pedido de detención.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico publicó un comunicado donde expresaban su preocupación por la dilación de la Justicia, y responsabilizan al Poder Judicial por “la seguridad física y emocional de los sobrevivientes”.
Hace un par de semanas la Justicia argentina impuso las condenas más elevadas de su historia a curas abusadores. En Mendoza, Horacio Corbacho fue sentenciado a 45 años de cárcel. Nicolás Corradi recibió una pena de 42 años. Estaban a cargo del Instituto Antonio Próvolo, que se ocupaba de educar a niños hipoacúsicos.
La Iglesia le inició dos causas canónicas a Eduardo Lorenzo. La primera fue a partir de la denuncia del 11 de mayo de 2008 que radicó Julio César Frutos, padrino de Diego Pérez -que en ese momento era menor-, en el Arzobispado. El 20 de agosto del mismo año, Frutos decidió denunciar a Lorenzo también en la fiscalía.
En el primer interrogatorio, en 2008, cuando aún era el arzobispo Héctor Aguer, a Lorenzo le preguntaron, entre otras cosas: “Diga usted si es cierto que un joven se queda habitualmente a pernoctar en la casa parroquial, y que lo hace junto a usted en la cama matrimonial que posee”. Esa causa terminó en una “reprensión”.
En la resolución, firmada por Aguer, dice: “Ha quedado claro un proceder imprudente del Pbro. Lorenzo en lo atinente al trato dispensado a algunos integrantes de la comunidad parroquial en la que él se desempeña; (y) que por ese motivo he decidido proceder según derecho y reprender al Pbro. Lorenzo por haberse desempeñado de ese modo”.
La información obtenida por la investigación eclesiástica nunca había llegado a manos de la Justicia ordinaria. Recién en 2019 la fiscal Ana Medina envió un escrito al Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de La Plata y logró que se la remitieran.
En 2019, después de que se reactivó la causa que se había archivado, el arzobispo Fernández generó una Investigación Complementaria Canónica, es decir, una actualización del estado de la primera causa penal, para saber cómo estaba la situación de Lorenzo. El Tribunal Canónico envió a la Justicia un escrito firmado el 1° de diciembre que indica, entre otras cosas, que “dado que el Pbro. Lorenzo no tiene hasta el momento ninguna condena, las medidas tomadas [licencia en su desempeño como párroco y la prohibición de realizar actividades con menores de edad] son las que corresponden en estas instancias de la investigación. El Arzobispado ha informado y consultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que es la responsable de resolver en casos de abusos de menores e indica los pasos a seguir”.
Hasta ahora, la decisión había quedado en manos de la Santa Sede.
Fuente: Diario La Nación.

Espinosa Saldaña

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Otra víctima lo acusa de violencia psicólogica

En declaraciones al dominical Panorama, Milagros Morales, funcionaria de Protocolo del Tribunal Constitucional, puso en conocimiento de la opinión pública los sucesivos maltratos de Eloy Espinosa Saldaña, y se convirtió así en la segunda denunciante de sus abusos. Como se recuerda, hace unos días la secretaria técnica del TC, Susana Távara Espinoza, reveló haber sido maltratada e insultada por el mismo tribuno cuando le llevó el acta de elección de Marianella Ledesma como presidenta del TC para que la firmara. Según relató, él la acusó de “confabular” en su contra para frustrar su propia candidatura a la presidencia y, producto de dicha agresión psicológica, la secretaria se desmayó y fue auxiliada precisamente por Ledesma.
Morales señaló haber sido víctima de una desmesurada represalia por parte de Espinosa. El origen del problema habría sido la falta de una visa especial que requería para ingresar a Doha (Qatar) y que ella solucionó en menos de cuatro horas ante Cancillería y la embajada de ese país. A pesar de eso, la furiosa respuesta de Espinosa fue una carta en la que requería al entonces presidente Manuel Miranda Canales destituirla. “Con creces se la ha ganado por su irresponsabilidad, incompetencia y absoluta ausencia de un mínimo de profesionalismo en las tareas que se le confiaron”, escribió furioso.
“Hubo un uso abusivo, indebido de poder hacia mí, eso fue lo que yo sentí”, expresó Morales, y consideró el documento exagerado porque se saltó todos los niveles sancionadores y solo apuntó a la destitución. Como resultado de las acciones de Espinosa, ella terminó siendo recolocada en el área de escaneo de documentos.
Pero, lamentablemente, los de Morales y Távara no son los únicos casos. Milagros Morales rememoró un triste episodio de mayo de 2016, en el que su asistente fue maltratada también por el miembro del TC. “Sí puedo decir que hubo un maltrato con esa señorita. (…) No voy a precisar las frases que le dijo, pero sí fue bastante humillada, la gritó de la peor forma, incluso hasta quería que se vaya en ese momento”, detalló.
Fuente: Político.pe

César Ramos Zamora

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Funcionario del Ministerio de Vivienda es acusado por peculado en gestión de Martín Vizcarra en Moquegua

El director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, César Ramos Zamora, se encuentra actualmente acusado por el Ministerio Público de Moquegua por el presunto delito de peculado. Esto debido a que habría generado un perjuicio económico de S/697,226,41 cuando fue funcionario durante la gestión de Martín Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua.
El Informe Especial N°1026-2014 de la contraloría al Gobierno Regional de la referida región, difundido por “Panorama”, indica que dicha gestión pagó S/697,226,41 por servicios de supervisión que no fueron realizados por el Consorcio Chirimayuni.
Ramos Zamora, quien se desempeñaba como gerente de Supervisión en el Gobierno Regional de Moquegua, está acusado por peculado por apropiación debido a que él habría autorizado dicho pago. Pese a ello, desde el 23 de julio del 2018 ocupa el cargo de director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” en el Ministerio de Vivienda.
Asimismo, un informe de la contraloría recomienda su investigación por la entrega de un terreno para la licitación de la etapa tres del mejoramiento de la variante de Uchumayo, a pesar de no estar saneado y sin expropiaciones, a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa.
Al respecto, el director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” descartó tener alguna responsabilidad penal en ambos casos. Precisó que, en Moquegua, “sí se dieron” los servicios que se pagaron al Consorcio Chirimayuni y, en Arequipa, el terreno entregado solo tenía interferencias que se hallaron al iniciar el movimiento de tierras.
“Se da con las sorpresa que hay líneas de agua y desagüe clandestinas, fibra óptica, conexiones o líneas de cable. Esas son las interferencias”, explicó en diálogo con el referido programa.
En otro momento, Ramos Zamora indicó que su actual cargo en el Ministerio de Vivienda no tiene que ver con la amistad que tiene con el presidente Martín Vizcarra. No descartó, sin embargo, dejar su posición en el Ejecutivo debido a que se trata de un cargo de confianza.
Dijo estar seguro, en ese sentido, que no ha delinquido en sus labores como funcionario público en los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa.
“Estoy absolutamente seguro que, como funcionario público, no he delinquido, no he cometido acto de colusión y he cumplido fielmente mis labores […] Con mi carácter de funcionario público, aquí, expuesto, a lo que todos los funcionarios públicos debemos estar expuestos: a la fiscalización y a la evaluación de nuestro trabajo”, señaló.
“Mi cargo no está a cargo del presidente, mi cargo está a cargo del Ministro de Vivienda y el Viceministro de Saneamiento […] Mi cargo está a disposición siempre, nosotros somos funcionarios de confianza, y en tanto y cuanto la presunción de inocencia indica que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció finalmente.
Fuente: Diario El Comercio.

Tres implicados en caso del hospital de Moquegua laboran en el MTC

Tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua (GRM), de los 14 a los que la contraloría halló presuntas responsabilidades por el irregular desembolso de S/41 millones para la construcción del hospital de esa región, trabajan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que actualmente dirige Edmer Trujillo.
Así lo informó el programa “Cuarto Poder”.
Se trata de David Mendoza Fernández, exjefe de Proyectos Estratégicos del gobierno regional, quien fue designado en marzo pasado como director general de Fiscalizaciones y Sanciones del MTC, con un sueldo de S/20,000, según el portal de Transparencia.
La resolución que lo nombra está firmada por el propio ministro Trujillo.
También está el caso de Jessica Gutiérrez Samo, exdirectora de logística; y de María Calderón Salas, extesorera del GRM. Ambas ahora trabajan bajo el régimen CAS para Provías Nacional, con una remuneración de S/9,930 y S/10,929, respectivamente.
Según la contraloría, los funcionarios del GRM que son señalados en su informe y que estuvieron a cargo de la gestión de este contrato “dieron conformidad y tramitaron” el pago adelantado al consorcio integrado por ICCGSA –empresa investigada por el caso del ‘club de la construcción’–, pese a que “no contaba con el sustento técnico correspondiente”.
Por este caso, a través de su procuraduría, la contraloría presentó una denuncia contra 14 exfuncionarios del gobierno regional (algunos de la gestión de Martín Vizcarra y otros de la siguiente administración) y los que resulten responsables.
En entrevista con “Cuarto poder” Trujillo admitió que los tres funcionarios trabajan ahora en el MTC, pero aseguró que no los recomendó para el cargo.
“Como cualquier persona, tienen derecho a participar y a obtener puestos de trabajo en donde cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos. Eso es lo que ha ocurrido con estos tres trabajadores”, refirió el titular del MTC.
Fuente: Diario El Comercio.

Tercer domingo Adviento 2019

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Evangelio según San Mateo 11,2-11:
Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”.
Jesús les respondió: “Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres. ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo!”.
Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: “¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes.
¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta.
El es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino.
Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista; y sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él”. 

Fuente: NASA. Fotógrafo: Jheison Huerta

Homilía del Padre Paul Voisin CR, Superior General de la Congregación de la Resurrección:

Estoy seguro de que todos podemos entender cuando alguien dice que estaba ‘abrumado’: que ha experimentado algo más de lo que esperaba. Podría ser conocer a una persona -como el Santo Padre; visitar un lugar-, como ver las cataratas del Niágara o la Capilla Sixtina por primera vez; o ver un objeto: como la Mona Lisa, o el ‘David’ de Miguel Ángel. Sin embargo, el diccionario también reconoce la palabra ‘decepcionado’, aunque tal vez no la hemos usado a menudo. Me fue cuando caminaba a la Catedral de Notre Dame en París por primera vez (que desde entonces ha sufrido una gran pérdida). A pesar de su belleza y gracia por fuera, encontré el interior frío y no muy bellamente adornado, donde como la Basílica de Notre Dame en Montreal es tan atractiva por la madera y las hermosas pinturas por todas partes. Toda mi vida había visto fotos de ella y estaba realmente listo para ser ‘abrumado’, ‘volar lejos’, y me dejó tristemente ‘decepcionado’. Yo estaba esperando algo completamente diferente. Tal vez también se te ocurre un momento “decepcionante” también.
Pensé en eso cuando leí por primera vez el evangelio de hoy (Mateo 11:2-11). Cuando veo a los discípulos de Juan el Bautista venir a Jesús preguntando “eres tú el que está por venir?” parece que están decepcionados por Él. Ellos esperaban que el Mesías, el que está por venir, el enviado por Dios, tengan ciertas cualidades y características que no han visto en Jesús. Algunos, como Simón el Zelote, que se iba a convertir en su discípulo, esperaban que el Mesías fuera un poderoso líder que iba a traer la libertad de la dominación de los romanos. Otros, debido a la profecía de que sería de la línea del rey David, pensaban que tendría un nacimiento real y un poder real. Un carpintero de Nazaret, nacido en un establo en Belén, un predicador itinerante que caminaba alrededor de Galilea predicando y sanidad, no era exactamente lo que esperaban. Él no se ajusta a sus expectativas, no estaban satisfechos por su falta de rasgos mesiánicos, ya que los han percibido. En nuestra condición humana, las miradas pueden ser engañadas.
Sin embargo, Jesús sí se revela a los discípulos de Juan el Bautista al indicar las profecías mesiánicas que él cumplió: “los ciegos recuperan su vista, los pobres caminan, leprosos son limpios, los sordos escuchan, los muertos resucitan, y los pobres tienen las buenas noticias que les han proclamado “.
Entonces Jesús también habla de Juan el Bautista. Allí, también, parece que la gente era decepcionada: Él no estaba “vestido con ropa fina” para ser encontrado “en los palacios reales”. Era un profeta en línea con los otros profetas de Dios: hablando por Dios al pueblo y llamando a la conversión. Termina indicando que deben ser ‘abrumado’ por la presencia de Dios, ya que “entre los nacidos de las mujeres no ha habido nada más grande que Juan el Bautista”. En nuestra condición humana, las miradas pueden ser engañadas.
En nuestra primera lectura del Libro del Profeta Isaías (35:1-6 a, 10) Dios habla de nuevos comienzos: rica vegetación en la tierra seca, contra todas las probabilidades. Además, los débiles se harán fuertes. Entonces Dios revela algunas de las señales de la venida del Mesías, se reflejan en las palabras de Jesús en el evangelio -estos reveses de la naturaleza por el poder de Dios- los ciegos que ven, los sordos que escuchan, los cojos que saltan, y los mudos que cantan.
Nuestra segunda lectura, de la Carta de San Santiago (5:7-10) nos anima a ser pacientes. Utiliza la analogía del agricultor esperando por “el precioso fruto de la tierra”. Por lo tanto, vamos a ser pacientes para la venida del Señor.
Este tercer domingo de Adviento se llama domingo ‘Gaudate’, el domingo de ‘alegría’. ¡La venida del Señor se acerca! Estamos para ser esperanzados y pacientes, viendo y esperando su llegada. Nuestra vela rosa de la corona de Adviento, y el color rosa nos muestran que algo diferente está sucediendo. No debemos perder el corazón en este mirar y esperar, sabiendo que Dios es fiel y verdadero y que su santo, su Mesías, el ‘que está por venir’, pronto estará entre nosotros. Él es Jesús el Señor, y nosotros estamos preparando para celebrar su nacimiento.
Si realmente entendemos y creemos en lo que está sucediendo, estaremos ‘abrumados’ por la venida del Señor. Nuestro observación y espera se cumplirá con su llegada. Nosotros vamos a alegrarnos de saber que la promesa de Dios se ha cumplido. Si no entendemos y creemos en lo que está sucediendo, es sólo lógico que vamos a ser ‘decepcionados’ y nos preguntamos “¿De qué se trata todo el alboroto?”, o “¿Entonces, qué?”
No vamos a perder el corazón en nuestro mirar y esperar, pero vamos sobre “alegría” de que Jesús ha llegado: no sólo a tiempo, sino en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús puede llegar a nuestras vidas sólo en la medida en que nosotros lo permitamos. Podemos cerrar la puerta en él. Podemos abrir la puerta a una grieta, y la pregunta y la duda. O, podemos abrir la puerta y dejarlo entrar. Sin embargo, si y cuando lo dejamos entrar debe estar en sus términos, lo buscando y lo aceptando como es, no como nos gustaría imaginar o hacer que sea de acuerdo con nuestros propios gustos y opciones. Si estamos haciendo eso, vamos a ser “decepcionado” por supuesto, pero si nos abrimos a él nos va a desafiar a ser más y a hacer más. Y, eso va a ser ‘abrumador’. Eso será saber, amar y servir a Jesús como nuestro Señor y Salvador.

Muñoz chalina verde

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Financiera TFC y la argolla de las chalinas verdes

Durante la gestión de Villarán, la Caja Metropolitana de Lima realizó depósitos en Financiera TFC por S/ 405 millones.
También contrató al dueño de TFC como consultor, emitió bonos con una de sus empresas y le prestó dinero a otra.
El jueves 12, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) intervino Financiera TFC “al haberse producido las causales establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 104° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros”, los cuales señalan que la SBS interviene una entidad cuando “el patrimonio efectivo sea menos de la mitad del requerido” y por la “Pérdida o reducción de más del 50% del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses”.
En conferencia de prensa, Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, “se detectó déficit de provisiones… el ratio de su capital global era menor al 5% y su patrimonio efectivo se redujo en 50% en los últimos 12 meses”.
Sobre los créditos realizados por Financiera TFC, Mogrovejó señaló que “el 55% de sus préstamos es a medianas empresas, 15% a pymes y solo el 2% consumo. Es un caso específico de mala gestión de riesgo crediticio y concentración de deudores”.
Mogrovejo explicó que el 98% de los depositantes de TFC están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FDS) hasta por la suma de S/100,661 soles, es decir, que podrán recuperar parcial o totalmente su capital.
De acuerdo a sus estados financieros al 31 de octubre, Financiera TFC tiene S/ 730 millones de créditos netos de provisiones, de los cuales, S/ 37.9 millones están refinanciados y reestructurados, S/ 31.3 millones están vencidos y S/ 20.6 millones en cobranza judicial. Sus depósitos alcanzaban los S/ 683.5 millones y su patrimonio neto llegó a S/ 98.4 millones. Sus ingresos financieros llegaron a S/ 88.7 millones y su utilidad neta fue de S/ 493 mil en los primeros 10 meses del año.
Un informe de la Clasificadora de Riesgo Class Asociados, advertía en mayo que TFC necesitaba “continuar realizando aportes de capital para cubrir el déficit de provisiones existentes”.
EL AMIGO DE JOSÉ MIGUEL CASTRO
El principal accionista de Financiera TFC es el chileno Andrés Muñoz Ramírez, quien entre 1986 y 1999 fue funcionario del Banco Santander en Chile y Perú y entre 1999 y el 2011, fue vicepresidente de Banca Comercial del Interbank. Muñoz es presidente de TFC desde el 2013 y actualmente, es miembro del directorio de Pesquera Exalmar.
Cuando Susana Villarán fue alcaldesa de Lima (2011-2014), Andrés Muñoz hizo negocios con la Caja Metropolitana de Lima, aprovechando que el presidente de la caja y gerente general del municipio era amigo José Miguel Castro, quien fue su subordinado en el Interbank.
Hoy, Villarán y Castro están con prisión preventiva por haber gestionado y recibido donaciones de la empresa Odebrecht para su Campaña del No a la Revocatoria.
EL NEGOCIO CON CAJA GAS
Andrés Muñoz fue contratado como consultor por la Caja Metropolitana de Lima en enero del 2012 para evaluar el proceso de titulación de los créditos Caja Gas, cobrando la suma de S/80,000.
Su contratación fue aprobada por Ángel Calderón, quien antes se desempeñó como subgerente de Auditoría Interna y subgerente de Admisión de Riesgos del Interbank del año 2003 al año 2011, en la época que Andrés Muñoz fue vicepresidente del banco. Después de pasar por la caja, Ángel Calderón fue a trabajar como gerente de Riesgos de TFC. Antes, TFC había contratado a Iván Orozco, quien también fue gerente en la Caja Metropolitana.
Durante la segunda gestión del alcalde Luis Castañeda (2007-2010), la Caja Metropolitana otorgó los créditos Caja Gas, ofrecido a los taxistas para que conviertas sus vehículos a gas natural, con el apoyo operativo y financiero de COFIDE. La Caja Metropolitana suspendió las colocaciones de Caja Gas cuando la cartera incobrable llegó a S/40 millones, que se conformaban en 1,111 créditos de conversión de autos (S/4.5 millones) y 1,196 por vehículos nuevos (S/35.5 millones).
La contratación de Muñoz fue para titulizar un programa de bonos para financiar Caja Gas y la empresa seleccionada por la Caja Metropolitana para realizar este programa fue Acres Sociedad Titulizadora, en donde Muñoz era presidente del directorio, la que recibió S/1.3 millones por sus servicios. De la misma manera, mediante contratación directa sin licitación alguna, la Caja Metropolitana pagó S/150 mil a Acres Finance SA, en donde el presidente ejecutivo era Andrés Muñoz, para una revisión de la cartera de créditos. Después de estos negocios, Andrés Muñoz vendió estas empresas.
EL PRÉSTAMO A PROMOTORA CHULUCANAS
Hace cinco años, un reportaje de Panorama (15/06/14) presentó un informe de la Oficina de Control Interno (OCI) de la Municipalidad de Lima, en donde se revela que en mayo del 2012, la Caja Metropolitana de Lima había aprobado un crédito hipotecario por US$2.2 millones a Promotora Chulucanas (de los que se desembolsó la mitad), además de una línea de crédito de US$4.5 millones. Esta es una empresa fundada por Andrés Muñoz, quien es su principal accionista y gerente general.
Promotra Chulucanas recibió ese crédito bajo la excusa de que estaba realizando un proyecto inmobiliario en Piura, pero según el informe de la OCI, después de dos años no se había construido ni una sola casa. Según el informe de la OCI, ese dinero sirvió para que Promotora Chulucanas adquiriese el terreno “Villa Camila” al mismo Andrés Muñoz. “Por lo tanto los fondos fueron destinados al Sr. Andrés Muñoz Ramírez, para su libre utilización”, señala el informe de la OCI.
El funcionario de la Caja Metropolitana que aprobó el crédito de Promotora Chulucanas fue Ángel Calderón, quien antes se desempeñó como subgerente de Auditoría Interna y subgerente de Admisión de Riesgos del Interbank del año 2003 al año 2011, en la época que Andrés Muñoz fue vicepresidente del banco.
MUÑOZ TRABAJÓ EN EL MUNICIPIO
Andrés Muñoz también trabajó para la Municipalidad de Lima. En febrero de 2013 fue nombrado miembro del CEPRI (Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada), que se encargaba del proyecto Vía Expresa Javier Prado-La Marina, que estaba concesionado a Graña y Montero.
DEPÓSITOS A FINANCIERA TFC POR S/405 MILLONES
De acuerdo al informe de la OCI, en el período 2011-2013, la Caja Metropolitana realizó depósitos por S/ 405 millones a plazos de 3 a 62 días, con promedios mensuales que iban desde S/1.8 millones a S/14.4 millones.
“Estas inversiones en la modalidad de Depósitos a Plazo, se realizaron a pesar que la calificación de Financiera TFC S.A, según la clasificadora de riesgo “Class y Asociados” y “Pacific Credit Rating”, demuestra un deterioro en su calificación de riesgo yendo desde A-, B, B+ y B-, entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Este deterioro en su clasificación de riesgos se debió a la mala calidad de sus créditos, alto nivel de morosidad lejos de los estándares del sistema financiero, como lo señalan los informes de las empresa Clasificadora de Riesgo”, señala el informe.
Andrés Muñoz asumió como presidente de TFC a fines del 2013.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Prisión preventiva

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César Villanueva por Caso Odebrecht: dictan 18 meses de prisión

Por – Diario El Comercio.
El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó la medida de prisión preventiva por 18 meses contra el ex primer ministro César Villanueva como parte del proceso que se le sigue por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht con la buena pro de la carretera San José de Sisa en el 2008, cuando era presidente regional de San Martín.
La medida restrictiva también fue impuesta a su coprocesado Marco Díaz Espinoza, exgerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Los abogados de ambos apelaron la orden del juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Los delitos imputados son colusión desleal, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita.
En la decisión del magistrado de declarar fundado el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal Germán Juárez, influyó en gran medida la “reiteración delictiva” mostrada por el miembro del Congreso disuelto.
La “reiteración delictiva” a la que el juez aludió varias veces se refiere a que César Villanueva buscó interferir en la investigación del caso de la carretera San José de Sisa, al realizar coordinaciones con fiscales, por el cual se le abrió investigación por tráfico de influencias y estuvo detenido siete días.
En la audiencia, Chávez Tamariz manifestó que en el caso de Villanueva se cumplen todos los requisitos exigidos para imponer una medida drástica como la prisión preventiva.
Indicó que hay testimonios y hechos que corroboran la sospecha grave de que habría participado en las reuniones colusorias de Marco Díaz con representantes de Odebrecht para lograr que se otorgara la buena pro de la obra vial a la empresa brasileña, y que por ello, según declaración de Eleuberto Martorelli, recibió sobornos.
Igualmente, el magistrado manifestó que hay fuertes indicios de la existencia de peligro procesal. Por un lado, dijo que no está descartado el riesgo de fuga; y por el otro, hay un probado entorpecimiento procesal que podría poner en riesgo la investigación.
El caso de la carretera San José de Sisa fue denunciado por El Comercio en varios informes.
—Estado de salud—
Aunque la defensa había señalado que el estado de salud de César Villanueva, quien está internado en una clínica, era delicado, el juez indicó que, a diferencia del caso de Pedro Pablo Kuczynski, en el que ordenó la detención domiciliaria por su salud, ahora ha preferido disponer la prisión preventiva porque los males de Villanueva pueden ser tratados en prisión. Por ello, ofició a la policía para que ejecute su captura.
-En claves-
¿Cuáles son las imputaciones contra Villanueva?
La fiscalía señala que participó en “concertaciones” con Marcos Díaz Espinoza, exgerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; Eleuberto Antonio Martorelli, representante legal de Odebrecht para la obra; y Celso Gamarra Roig, representante de una ONG que asesoró a la constructora brasileña con el fin de ser favorecida en la licitación. También que “puso a disposición” de una organización criminal sus funciones y tuvo un aprovechamiento indebido de su cargo.
¿Qué delitos se le atribuyen?
En base a las normas al momento de ocurridos los hechos, se le atribuye ser cómplice primario del delito de colusión, cuya pena va de 3 a 15 años de cárcel; aprovechamiento indebido del cargo, con una sanción de hasta 5 años de prisión; y asociación ilícita, que contempla una pena privativa de la libertad de hasta seis años. En este punto, la fiscalía considera que los hechos se circunscriben a una organización criminal.
¿Qué montos de dinero habría recibido?
Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, declaró que la empresa hizo dos pagos ilícitos por un total de US$60,000 a Villanueva con el fin de que se beneficiara a la empresa y esta ganase la licitación, como ocurrió en el 2008; Eleuberto Martorelli afirmó que pagó US$30,000 en el primer semestre del 2010 por el apoyo prestado en la ejecución de la obra; y, finalmente, en las planillas de la caja 2 figuran US$320,000 para el ‘codinome’ ‘Curriculum vita’, asignado al exgobernador.

COP25 Madrid

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Diálogo participativo para promover compromiso climático

“Dialoguemos, es un modelo de diálogo multisectorial, multinivel y multiactor que nos ha permitido recorrer el país involucrando, y haciendo partícipes activos de la acción climática a pueblos indígenas; gobiernos regionales y locales; sector privado; academia; sociedad civil; y jóvenes”, acotó la Ministra del Ambiente Fabiola Muñoz.
Por su parte, Paula Carrión, viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego, sostuvo que desde su sector se está impulsando la huella ambiental en productos de gran importancia como el café y el cacao, iniciándose un trabajo multisectorial con el sector privado para trabajar de manera articulada. “Para ampliar nuestra ambición también hemos planteado como medida la reconversión de cultivos de arroz hacia cultivos permanentes”, señaló.
Asimismo, Gabriela Rosas, Directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del SENAMHI, expresó que una de las condiciones habilitantes para la implementación de las acciones de adaptación y mitigación son los sistemas de información; así como la incorporación de las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), dentro de sus planes estratégicos institucionales.
De otro lado, Elvira Gómez, Directora General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre de SERFOR, manifestó que su sector ha priorizado aquellas medidas relacionadas a plantaciones forestales comerciales, plantaciones para restauración, sistemas agroforestales que involucran al sector privado, los pueblos indígenas y los productores forestales.
De igual modo, Javier Campos, Director de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, sostuvo que su sector está aprobando políticas drásticas de sostenibilidad energética y, además han propuesto 18 medidas de adaptación y 5 de mitigación para enfrentar el cambio climático. Una de las más importantes es la promoción de las energías renovables y promover políticas para la generación distribuida, es decir, que se genere energía usando los recursos de cada región.
Por otro lado, Fausto Roncal, Director General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó que uno de los principales retos ha sido alinear la política nacional ambiental con la de regulación de transportes. Otra de las medidas ha sido la modernización del parque automotor.
Finalmente, Alexander Rincón, representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, sostuvo que un hito importante en la gestión del cambio climático fue la generación de la institucionalidad, a través de la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Cambio Climático y la promulgación de la Ley de Cambio Climático en Colombia.
Trabajo multinivel
Durante su participación, Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, destacó la apertura al diálogo con el gobierno central y la cooperación internacional para impulsar acciones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
Por su lado, Pedro Bogarín Vargas, gobernador regional de San Martín, sostuvo que todas las políticas regionales e iniciativas vinculadas a cambio climático en su región tienen como centro el bienestar de la población.
Asimismo, Edwin Mansilla, secretario técnico del Consejo Regional de Cambio Climático de Cusco, señaló que se ha incorporado el cambio climático en los instrumentos de gestión y en los planes estratégicos institucionales de su región. “también hemos visibilizado el conocimiento ancestral reconociendo que es vital para enfrentar el cambio climático”.
Fuente: www.gob.pe

Planeta

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¿POR QUÉ PLANETA LE SIGUE PUBLICANDO LIBROS A PEDRO SALINAS? ¿CUÁL ES EL NEGOCIO?

Por Ricardo Sánchez Serra- LaAbeja.pe
El domingo 1 de diciembre el periodista Pedro Salinas presentó una nueva entrega de su colección El caso Sodalicio. Con este son ya cuatro volúmenes en los que el exsodálite recopila artículos que publica en medios locales como, por ejemplo,La República. Al evento, realizado en el marco de la Feria del libro Ricardo Palma, asistieron alrededor de 30 personas. Acompañaron a Salinas en la presentación los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera. Rivera fue el abogado defensor en la querella por difamación agravada que el periodista enfrentó y perdió en Piura meses atrás. Gamarra es conocido en el medio, al igual que Rivera, por trabajar en el IDL y ser defensor de terroristas.
La publicación y presentación del libro ha suscitado escaso interés. Como se dijo, el domingo acudieron apenas 30 interesados a la presentación. La repercusión mediática ha sido igualmente parca e incluso las redes sociales han castigado con la indiferencia al nuevo tomo del Caso Sodalicio. Quizá la interpretación de este hecho pueda encontrarse en que el contenido del libro es la repetición de un tema cuya cobertura no añade nada significativo al resultado de la investigación que vio la luz el 2015. Es decir, los libros del Caso Sodalicio en buena medida no hacen sino narrar en diferido lo que suscitó Mitad monjes, mitad soldados. Al cuarto tomo de lo mismo, es natural que el público se canse. Sobre todo cuando hablamos de un tema que genera interés solo en un público muy reducido.
Ante esta realidad, la pregunta cae de madura. ¿Por qué una editorial de prestigio como Planeta sigue interesada en publicar este material? ¿A qué público apela? ¿Vende? Se sabe que Pedro Salinas tiene una relación de amistad cercana con la persona encargada de seleccionar el material que se publica. Su nombre es María Fernanda Castillo y su cargo es ser la editora de Planeta en el Perú. Para constatar este vínculo basta mirar en redes sociales cómo comparten espacios comunes más allá de aquellos vinculados a la promoción delos libros que le publica Planeta a Salinas. Por otro lado, también se puede ver una participación muy activa por parte de la señora Castillo en las distintas actividades relacionadas con la promoción de la bibliografía vinculada al Sodalicio. A ello se suma lo que la señora Castillo opina en sus redes sociales a título personal —y tiene todo el derecho de hacerlo— alineada con la narrativa de Pedro Salinas y de Paola Ugaz. Lo que andaría reñido con la ética profesional es que una relación personal pudiera favorecer la publicación de un libro (o una serie de libros) que suscitan tan exiguo interés y tienen poco valor como investigación periodística.¿Acaso la señora Castillo le dedica el mismo tiempo a promover obras de otros autores de Planeta?
Finalmente nos preguntamos. ¿Se venderán los libros de Salinas? ¿O serían editados y promocionados siguiendo la agenda personal de uno de los empleados del Grupo Planeta?

Edmer

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Más de S/ 5 mllns. por ampliación innecesaria

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Antes de ser disuelto el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización estuvo abocada a investigar los presuntos pagos irregulares que se otorgaron para la ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua”, nivel II-2, y uno de los avances al que llegaron fue la presencia activa del entonces gerente general del gobierno regional durante la aprobación de los pagos para la empresa Asesores Técnicos Asociados, entre los que estaban los más de 5 millones de soles a favor de la empresa por una ampliación que nunca se debió haber ejecutado.
Uno de los detalles que encontró el citado grupo de trabajo, muy aparte del desembolso de S/41’869.086 a un consorcio integrado por ICCGSA efectuado en menos de 24 horas y un día antes de que el hoy presidente Martín Vizcarra terminara su gestión como gobernador de Moquegua, fueron los pagos por ampliación de metrados, pese a ser de responsabilidad del contratista.
Todo esto con la anuencia del hoy ministro de Transportes, Edmer Trujillo, quien estuvo enterado de cada uno de los pagos, pues los pedidos estaban dirigidos a él.
Precisamente, uno de los puntos de indagación del subgrupo que investigó el contrato para el hospital de Moquegua fue la aprobación de un adicional de obra de mayores áreas funcionales que estaba contemplada dentro del término de referencia del contrato, por un monto de S/5’034,073,47 por “mayores metrados”, los cuales debieron ser asumidos por el contratista.

TRUJILLO RECIBE PEDIDO

De acuerdo al documento de Asesores Técnicos Asociados S.A. N° 600-14-S20133-ATA- Hosp. Moquegua, fechado el 18 de diciembre de 2014, esta empresa pide a Edmer Trujillo Mori, entonces gerente general regional, el pago del adicional de obra del nuevo hospital de Moquegua N° 01 y N° 02.
En él, el contratista fundamenta el incremento de áreas con la adecuación a la normatividad hospitalaria vigente, obteniendo un valor de incremento de áreas de 911.26 m2.
“Esta área no fue admitida por la supervisión en el informe N° 00/CHR/HM/2014 del especialista en arquitectura, el cual precisa que de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia las circulaciones y muros están establecidos en el Programa Médico Arquitectónico y la mayor o menor extensión de dicha área son temas de diseño”, se indica, porque en un inicio el Gobierno Regional de Moquegua no quiso atender la petición.
Sin embargo, la empresa le aclara al gobierno regional que “el contrato es a suma alzada y permite determinar el precio por metro cuadrado contratado y en base a ello se efectúa el cálculo del adicional obteniendo un costo total de 4’848,684.73”.
Es en este documento que también se indica que “se aprobó el presupuesto contractual y adicional N° 01 presentado por el Consorcio Hospitalario de Moquegua”.
Es precisamente el adicional N° 01 al que se refiere la empresa, el que aprobó el Gobierno Regional de Moquegua y que fue pagado en 15 valorizaciones, habiéndose desembolsado hasta la actualidad el monto de 5’034,073,47, tal como lo señala la propia Contraloría General de la República y de acuerdo al comprobante que acredita el pago por adicional N° 1 en el periodo comprendido de enero de 2017 a marzo de 2018.
Entonces, si Trujillo estaba al tanto de esta situación, ¿por qué no fue considerado por la Contraloría General de la República entre los responsables de presuntas irregularidades?

RESOLUCIÓN EJECUTIVA

En cuanto al entonces gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, tampoco se puede decir que estaba alejado de uno de sus principales proyectos y así lo demuestra la resolución ejecutiva regional N° 1781-2014-GR/MOQ. de fecha 29 de diciembre del 2014.
El artículo primero aprueba el expediente técnico del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua”, componente de ejecución de la obra del nuevo hospital con código SINP 71957 “de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, el mismo que con 7656 folios contados en 61 tomos, así como 17 hojas sueltas que forma parte de la presente resolución”.
En su artículo segundo se dispone remitir copia de la resolución a la Presidencia Regional, es decir al entonces gobernador Vizcarra, al Ministerio de Salud, y a las diversas gerencias regionales.
Dicha resolución está firmada por Martín Vizcarra.
Los documentos demuestran que los funcionarios y el entonces gobernador regional aprobaron, a través de la resolución ejecutiva regional N° 1781-2014-GR/MOQ, el expediente incompleto y observado por la supervisión de la obra (a través de la carta N° 540 -14-S20133-ATA-Hospital Moquegua de 20 de noviembre de 2014), conforme a los términos de referencia sin la opinión favorable del Ministerio de Salud sobre el informe de impacto ambiental, con las observaciones en el metrado y presupuesto y en el impacto vial, presentando deficiencias técnicas en su formulación.

RESPONSABILIDAD DIRECTA

Precisamente, durante la investigación congresal se cuestionó que si toda esta situación estaba detallada en el informe de la Contraloría General de la República, por qué no señala la responsabilidad directa de los funcionarios y autoridades del Gobierno Regional de Moquegua en la aprobación y ejecución del expediente de la obra del Hospital de Moquegua; como en el caso del pago hecho en el 2013, del 20 % del monto total de lo contratado un año antes de ser aprobado el expediente técnico, favoreciendo al contratista.

“NINGÚN PROBLEMA”

Sobre las denuncias relacionadas con pagos irregulares durante su gestión como gobernador de Moquegua, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no tiene “ningún problema” en que el Ministerio Público -de considerarlo necesario- inicie una nueva investigación por el caso de la construcción del hospital regional.
“No quiero entrar a ningún nivel de detalle, pero este proyecto, estos procedimientos se han revisado por el Ministerio Público en dos oportunidades, si se cree necesario investigarlo en una tercera oportunidad no tenemos ningún problema porque somos totalmente abiertos para que se realice”, aseguró el jefe de Estado.
Manifestó que “queda absolutamente claro que todos los pasos y procedimientos que se han hecho han sido respetando escrupulosamente la ley y las normas administrativas que determina la ejecución de obras públicas”.

ELECCIONES

Julio SchiappaPietra refirió que no le gustaría decir que en El Comercio existe una gran conspiración contra el Gobierno. “La derecha tradicional peruana está viendo cómo se reagrupa. La expresión de ello se notará en 2021. Dependerá de los comicios de enero”, finalizó.

Fraccionamiento de 133 cheques es ilegal

El adelanto de los 41’869,086.58 soles para el Consorcio Hospitalario Moquegua, conformado por las constructoras ICCGSA e Incot SAA, en el último día del gobierno regional de Martín Vizcarra en la región Moquegua, fue fraudulento e ilegal, porque la normativa vigente no permitía el fraccionamiento de ese monto en 133 comprobantes de pago, afirma Jesús Paredes Zegarra, presidente del Frente Anticorrupción de la zona.
Y es que la misma Fiscalía de la Nación advertía de las figuras ilegales en el “Fraccionamiento en las contrataciones públicas y su relación con delitos de corrupción de funcionarios” que regía para todas las entidades del sector público, reguladas por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley 28411).
De otra parte, añade Jesús Paredes, el Manual de Organización y Funciones del gobierno regional que regía desde el 2003 es claro al establecer que el presidente regional es el responsable de administrar y supervisar los bienes y rentas de la región, tanto de “sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos”.
En tanto que el gerente general, que era el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, lo debería tener al tanto al titular de la región de todo lo concerniente a la gestión administrativa y financiera.
No es entonces cierto que Vizcarra no tenga conocimiento de los detalles administrativos de los sucesos del 30 de diciembre de 2014, cuando el citado consorcio hospitalario Moquegua presenta la carta N° 378-2014, a la 1.40 de la tarde, solicitando el adelanto para compra de materiales hasta por 41’869,086.58 soles, mientras que la empresa supervisora ATA hacía lo mismo mediante carta N° 613-2014, a la 1.30 de la tarde.
EVADE INVESTIGACIONES
“Sin embargo el entonces gerente general Edmer Trujillo Mori, se adelantó con la entrega del dinero a horas 10.12 de la mañana”, afirma, para luego entregar 133 cheques (fraccionamiento ilegal) tratando de evadir las investigaciones de esta forma de desembolso”.
Fuente: Diario EXPRESO.