Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Aunque ya fue liberado tras estar un día detenido en la comisaría por “delito flagrante” de posesión de arma de fuego sin licencia, el breve rigor del que fue objeto Jaime Yoshiyama por el fiscal Martín Pérez merece una reflexión sobre la protesta de algunos y la celebración de otros.
Los que celebran o justifican o avalan con sus opiniones, si cabe, se amparan en el cumplimiento estricto de la ley. Aunque el fiscal Pérez allanó la casa del exministro en el marco de una investigación de lavado de activos bajo la ley de “organización criminal”, Yoshiyama fue detenido por tener entre sus pertenencias un pistola vieja sin licencia. Sí, en efecto, la ley se cumplió y eso no está en discusión. Lo que se debate es la legitimidad de la medida, puesta en duda por la intencionalidad de la detención.
En infinidad de ocasiones hemos visto en series de televisión norteamericanas –Estados Unidos es un de los países más estrictos en el cumplimiento formal de la ley– cómo los fiscales que investigan un delito mayor en el que está involucrado un delito menor, refieren a los investigados que no les interesa el crimen menor –por ejemplo ser un inmigrante ilegal– sino que declaren sobre su conocimiento del crimen mayor investigado. Así pues, se hacen de la vista gorda con la ilegalidad del inmigrante a cambio de que este les diga lo que necesitan saber sobre, por ejemplo, una violación sexual. Sucede también lo contrario cuando los fiscales, investigando un crimen mayor –asesinato, por ejemplo–  hallan a alguien que ha cometido un crimen menor –licencia vencida de un local o incumplimiento de medidas de seguridad– y, no encontrando lo que buscan de él como testigo o implicado, proceden a aplicar “estrictamente” la ley para joderlo, cerrándole el local.
No escapa a nadie con buena fe que en este último caso, los fiscales aplican la ley como una suerte de venganza por no haber podido encontrar o probar lo que buscaban. En buena cuenta, aquí el “cumplimiento estricto de la ley” funciona como un castigo por adelantado del crimen mayor que la fiscalía no ha podido probar. Esto, por supuesto, deslegitima la acción de la justicia que se supone deben encarnar todos los operadores de la misma, en el entendido de que justicia y venganza no son lo mismo, pues la venganza está precisamente proscrita por la justicia.
Esto, me parece, es lo que ha pasado con la detención de Jaime Yoshiyama por “delito flagrante” de posesión ilegal de una pistola vieja. Si Yoshiyama es un criminal de cuello y corbata el fiscal debe probarlo. Ese es su trabajo. Pero aplicarle el rigor de la detención por un tema marginal –en la medida de que a nadie se le pasa por la cabeza que el exministro es un sicario o un pistolero y que la “organización criminal” por la que se le investiga no es la banda del Cojo Mame–, solo tiene la intención de joderlo, pues la ratio legis que se le aplica no tiene nada que ver con él (¿va a disparar 2000 cartuchos con una pistola destartalada? ¿Va a dar un golpe de Estado?). Eso demuestra, entonces, que el fiscal Pérez no busca justicia. Es inquina amparada en el “estricto cumplimiento de la ley”, y los que lo ensalzan lo hacen en su persona al fanático y miserable Javert, de la novela de Víctor Hugo. Eso dice suficiente de sus almas.