ACUSACIÓN: ¿REMEZÓN QUE FALTABA?
Un viejo refrán dice que “las cosas se ponen bien de lo puro mal que están”. Estas palabras podrían calzar en la actual coyuntura nacional donde el Congreso de la República, primer poder del Estado y continente de la soberanía popular, le ha pedido cuentas tanto al Tribunal Constitucional (TC) como a la Fiscalía de la Nación.
Lo sustantivo es que el Parlamento tiene todas las prerrogativas constitucionales para hacer lo que está haciendo, invitar a los magistrados del TC a fin de que expliquen el manoseo doloso de una sentencia emitida en el caso El Frontón, cuando incluso en el ínterin se manipuló el voto de un tribuno y al mismo tiempo se obstaculizó la firma de otro juez constitucional, todo esto con el objetivo de resolver en sentido contrario en el caso mencionado y sin importarle a los responsables si estaban prevaricando en el intento.
Meses atrás, este diario a través de una entrevista realizada al valiente exmagistrado Fernando Calle reveló dicho entuerto y de este modo el escándalo del TC se hizo público, generando lógicamente un hondo malestar entre los peruanos y sobre todo entre los marinos que llevan más de treinta años enjuiciados y perseguidos por debelar un motín en un establecimiento de reclusión para terroristas ubicado en la isla El Frontón.
Lo peor es que, ante una posterior y legítima fiscalización del Congreso, respecto de esa pésima decisión del TC, sus magistrados acudieron, cual infantes acusetes, a una instancia internacional para cargar las tintas contra el Parlamento peruano. Es decir fueron nada menos que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lugar de afrontar en sede nacional el cuestionamiento que se les hace.
No obstante, en paralelo, otra instancia pública como la Fiscalía de la Nación no ha venido dando los resultados que millones de peruanos esperan en la lucha contra la corrupción, en particular en la forma como viene realizando las investigaciones sobre los involucrados en la entrega de licitaciones amañadas y adendas dolosas en favor de las constructoras brasileñas y sus socias peruanas.
Por lo pronto, la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, antes de verse concretamente en el ámbito que le corresponde, ya empezó a dar sus frutos y vemos ahora a un Ministerio Público más activo, más amable, y no como a esos fiscales que miraban por encima del hombro a la Comisión Pari hace año y medio, dándose el lujo de no asistir a las invitaciones que se les formulaba. ¿Este es el remezón democrático que faltaba para que incluso la Fiscalía diga que en diciembre saldrá la carpeta de extradición del expresidente Toledo?
Fuente: Editorial Diario Expreso.
Pedro Olaechea
El congresista Pedro Olaechea expresó su respaldo a una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haber aprobado una resolución que permitirá reabrir el proceso de El Frontón. La acusación fue presentada al Congreso por un grupo de exmarinos interesados en mantener cerrado el caso.
El legislador de Peruanos por el Kambio (PPK), partido de gobierno, expresó su indignación por esta votación del Tribunal Constitucional, en una conferencia en el pasillo Pasos Perdidos, del Congreso. Lo acompañaron el congresista aprista Jorge Del Castillo, cuyo partido gobernaba en el año del caso, y el abogado Sergio Tapia, muy cercano al fujimorismo, y que patrocina a 22 marinos, entre ellos al vicealmirante Luis Giampietri. Tapia exhibió una copia de la acusación constitucional presentada al Parlamento.
Los magistrados acusados por los marinos son Manuel Miranda, actual presidente de la institución; Marianella Ledesma Narváez; Carlos Ramos Núñez; y Eloy Espinoza-Saldaña. Con su voto, TC resolvió que los hechos en El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, se declararía nula una decisión judicial contraria del 2013.
En la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986, murieron 133 reclusos y 3 militares en un motín de los presos. Los 35 marinos que participaron en el operativo enfrentaron acusaciones de homicidio calificado en procesos judiciales que se extendieron por décadas. La Fiscalía exige condenas de entre 25 y 30 años de cárcel para los involucrados.
Fuente: Diario La República.
Ayayero Costa en la Comisión Lava Jato
Dos congresistas, Gino Costa y Jorge Castro, se enfrascaron en varias discusiones alrededor de la posibilidad de citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al mencionado grupo de trabajo.
El primer incidente se inició durante la primera participación de Jorge Castro, vicepresidente de la comisión y miembro de la bancada Frente Amplio. El congresista de izquierda cuestionó a Gino Costa por defender al fiscal Pablo Sánchez y lo llamó “ayayero”.
“Cuando uno vive alrededor de Palacio de Gobierno es muy bonito con los trabajos que le dan a nuestros familiares. Si mi esposa gana 30 mil soles, entonces me pongo a ‘ayayarlo’ al fiscal de la Nación“, dijo Castro.
Gino Costa respondió inmediatamente. “Los niveles a los que llega el congresista Castro son vergonzosos y le pediría que retire las palabras porque se ha referido, me imagino, a que mi señora tiene un cargo público y ese cargo lo tiene como resultado de sus propios méritos. No hay ningún conflicto de interés que ella tenga un cargo frente a CONCYTEC y que yo sea congresista. No le acepto esa malacrianza“, señaló el oficialista.
Pese a su reclamo, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, le pidió que fuera más específico con su pedido de retiro de palabra hasta que Costa desistió.
-Segundo choque-
Solo 10 minutos después, surgió un nuevo enfrentamiento verbal cuando Gino Costa pidió aclarar si es que la Comisión Lava Jato tiene una línea de investigación contra las empresas consorciadas de Odebrecht.
“Pregunto porque se le está imputando y se le quiere destituir e inhabilitar (a Pablo Sánchez) a iniciativa del fujimorismo y secundados por los nuevos aliados del fujimorismo, que son los congresistas del Frente Amplio“, manifestó.
Jorge Castro reaccionó y pidió el retiro de la palabra, al rechazar que sean aliados de Fuerza Popular. Tras varios pedidos, Gino Costa retiró la frase, pero repitió: “Lo único que he dicho es que hay una denuncia de Fuerza Popular para destituir e inhabilitar al Fiscal de la Nación y que esa iniciativa es apoyada por Jorge Castro”, concluyó.
Fuente: Diario El Comercio.
Feijoada
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que si el presidente Pedro Pablo Kuczynski, brindó una declaración falsa en el marco de la investigación del caso Odebrecht habría cometido un delito.
“En Estados Unidos se llama perjurio y acá en el país se llama declaración falsa en investigación administrativa. Sí está considerado en la jurisprudencia peruana como declaración falsa en proceso administrativo“, declaró para RPP Noticias.
En ese sentido, el titular del PJ consideró que se debe esperar la versión oficial de las declaraciones del ex CEO de la constructora Marcelo Odebrecht para luego comparar con las de PPK. “Habría que comparar lo que está diciendo el presidente con lo que dicen las otras personas investigadas“, señaló.
IDL-Reporteros reveló que el mandatario fue contratado como consultor de la cuestionada empresa brasileña cuando dejó de ser ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, información que fue negada en su oportunidad por el escrito a la Comisión ‘Lava Jato’.
En el documento, el jefe de Estado precisó: ” Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con empresas brasileñas ni sus consorciadas peruanas, que viene públicamente siendo vinculadas con Lava Jato“.
Fuente: Diario Correo.
Vilcatoma pide a la empresa que diga si contrató a PPK
La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma envió un oficio al representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, a fin de que la constructora informe si el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le prestó servicios profesionales “sea en calidad de trabajador, funcionario y/o consultor”.
“Le solicito que tenga a bien informar si el señor Pedro Pablo Kuczynski ha prestado servicios profesionales […] La información que nos brinde deberá estar debidamente documentada“, pidió Yeni Vilcatoma en el documento que le dirigió a Mauricio Cruz.
La solicitud de Vilcatoma se da luego de que la Unidad de Investigación de El Comercio revelara que en su declaración ante fiscales peruanos en Brasil el pasado 9 de octubre, Marcelo Odebrecht también habló de PPK.
Odebrecht señaló que la empresa contrató a Kuczynski como asesor luego de que culminara el gobierno de Alejandro Toledo, gestión en la que se desempeñó como ministro de Economía y jefe del Gabinete Ministerial.
Además, acotó que si es que PPK estuvo entre los favoritos de las elecciones del 2011, la constructora le hizo un aporte financiero para esa campaña, aunque precisó que esa información debía ser corroborada con el ex directivo de la constructora en el Perú, Jorge Barata.
Cabe señalar que la legisladora Yeni Vilcatoma presentó una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, y ha anunciado una acusación contra el fiscal encargado del Caso Lava Jato, Hamilton Castro.
Fuente: Diario El Comercio.
¿Quién es Budian?
Por Jorge Villena– Politico.pe
Esta historia comienza en mayo último: una funcionaria de Odebrecht en Brasil se acogió a la colaboración eficaz y entregó información sobre el departamento de coimas organizado por dicha empresa. El libro contable donde registraban las coimas llamado Caja 2 mostraba distintos pagos vinculados a obras y concesiones de la empresa en varios países.
En el caso del Perú, llamó la atención el pago hecho por la obra Costa Verde Callao que condujo a Félix Moreno a la cárcel. En ese mismo libro, aparecen otros dos pagos de coimas relacionados a la concesión “Rutas de Lima”: uno realizado el 26 de febrero del 2014 por 420 mil dólares y otro, en octubre del 2014 por 291 mil dólares (este último, días después de la fallida reelección de Villarán). Ambos pagos suman un total de 711 mil dólares y fueron entregados a una persona cuyo nombre clave es “Budian”.
Mientras tanto, toda la gran prensa está dedicada a confirmar la especulación sobre las anotaciones relacionadas con Keiko Fujimori y Alan García en la libreta electrónica de Marcelo Odebrecht; aunque existen excepciones como las de Panorama y un par de medios digitales y escritos, que han hecho seguimiento al registro contable de coimas de la empresa, es decir, donde el pago de la coima es un hecho.
Sin embargo, aún falta conocer a cual funcionario de Villarán le dieron la coima, la pregunta del millón (o de los 711 mil dólares)
¿Quién es Budian?
Hace unas semanas, a través del diario El País de España, se conoció las cuentas de peruanos en la Banca Privada de Andorra-BPA en la que Odebrecht depositaba los sobornos. Un nombre casi pasó desapercibido: Gabriel Prado Ramos. Este era en realidad Gabriel Prado Ramos: ex gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, brazo derecho y ahijado de Susana Villarán y ex consultor en Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Este abrió una empresa offshore en Panamá que luego fue presentada a BPA por Aeon Group -empresa fachada de Odebrecht- para abrirle una cuenta en la que Prado planeaba recibir 800 mil euros producto de “consultorías”.
Finalmente, no se concretó el depósito a esa cuenta. ¿Dónde fue a parar la coima? ¿A otra cuenta? ¿Llegaría en efectivo? ¿Prado es Budian?
Prado negó ser el propietario de la cuenta, negó tener una offshore en Panamá y negó participar en las negociaciones con Odebrecht. Mas hoy se ha demostrado lo contrario. Susana Villarán tiene mucho que explicar: durante años los regidores de oposición le dijimos que su entorno no solo era ineficiente sino además cuestionado y poco transparente. Se le pidió cambios y ella en todo momento los blindó (y aún es desconocida la clase de compromisos que tiene con ellos).
Debemos aceptar que nuestro sistema de justicia está diseñado para promover la impunidad: si no puede resolver casos locales y sencillos menos tendrá la capacidad para enfrentar el caso más grande de corrupción transnacional que infiltró nuestro país al más alto nivel. Los peajes más rentables del Perú fueron entregados por Susana Villarán a empresas transnacionales brasileras corruptas; tanto Odebrecht como OAS han aceptado haber pagado coimas para obtener sus concesiones… entonces, ¿cuándo investigarán a los responsables de esos contratos?
No sabemos cuál será el final de esta novela, pero sí podemos estar seguros de que hará llorar a Charito.