Luis Castañeda, el alcalde de Lima que parecía inmune a temporales políticos e incluso a denuncias documentadas contra su gestión, sufrió en el último mes un revés tras otro que lo han colocado en una difícil situación: un puente que se desplomó; un grupo de congresistas que pidió investigarlo por su falta de prevención de desastres; la caída más fuerte de su aprobación, a solo 28%; y lo último, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones telefónicas autorizado por un juez en el marco de una investigación por presunta colusión por haber supuestamente negociado, sin ser alcalde, modificaciones al contrato de concesión de la obra llamada Línea Amarilla.
En la misma situación están su exfuncionaria de confianza Giselle Zegarra, y el mandamás de la empresa brasileña OAS, Leo Pinheiro, hoy preso en Brasil por pago de sobornos y lavado de dinero en el caso Lava Jato.
El levantamiento de las comunicaciones fue autorizado por un Juzgado Supranacional a pedido del fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción, quien busca determinar si cuando Susana Villarán aún era alcaldesa, Castañeda, Zegarra y Pinheiro concertaron para dejar en el aire el proyecto Río Verde, para luego utilizar ese presupuesto en la construcción del by pass 28 de Julio.
Esta investigación fiscal empezó cuando IDL Reporteros reveló conversaciones por Whatsapp sostenidas entre Zegarra y Pinheiro, entre agosto y noviembre del 2014, cuando aún no culminaba la administración Villarán. Pinheiro y Zegarra se conocían desde el 2009, cuando al final de la segunda gestión de Luis Castañeda suscribieron el contrato de concesión de Línea Amarilla por el cual OAS y su subsidiaria Lamsac construirían la vía a cambio de los ingresos totales de los cinco peajes existentes en la Vía de Evitamiento.
En uno de esos mensajes, del 24 de octubre del 2014, Giselle Zegarra le traslada a Leo Pinheiro un pedido de “Lucho”, o sea, de Castañeda, para que OAS no firme el contrato con la gestión de Villarán para construir Río Verde.
El contrato ya estaba listo y firmado por OAS. Así lo había comunicado la empresa brasileña un día antes, 23 de octubre del 2014, con un mail enviado a los funcionarios municipales responsables de Río Verde. Pero luego del mensaje de Zegarra a Pinheiro, OAS ya no envió los contratos, y en el 2015, ya con Castañeda instalado en el sillón municipal, los 74.5 millones de dólares del fideicomiso que financiaría inicialmente Río Verde, fueron redirigidos para el by pass de 28 de julio. Según el congresista Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lava Jato, al hacer ese pedido a la constructora brasileña, Castañeda usurpó funciones de alcalde.
En su pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones telefónicas, el fiscal Reynaldo Abia señala que desde diciembre del 2014, cuando Villarán aún conducía la administración municipal, OAS ya efectuaba estudios y hasta diseños del by pass 28 de julio para Castañeda; y que en enero del 2015 Giselle Zegarra fue contratada por la nueva gestión para que elabore una consultoría sobre la situación del Proyecto Línea Amarilla.
Se calcula que en un máximo de dos semanas las empresas de telefonía remitirán el tráfico de comunicaciones sostenidas entre los tres investigados por presunta colusión y negociación incompatible, durante el período de enero del 2014 a diciembre del 2015. Es decir, cuando ni Castañeda ni Zegarra eran funcionarios públicos.
Precisamente por ese detalle es que esta semana se cuestionó la contratación por 72 mil soles del abogado Mario Pablo Rodríguez Hurtado para defender a la ex gerente de Promoción de la Inversión Privada.
Zegarra es investigada en dos fiscalías anticorrupción, la de Abia, por los mensajes de Whatsapp, y la del fiscal José Domingo Pérez, por la suscripción del contrato de concesión de la vía Línea Amarilla, entre el municipio, representado por Zegarra, y OAS, en el año 2009. El municipio informó a este programa que únicamente costea la defensa de Zegarra como exfuncionaria, en tanto firmante del contrato con la compañía brasileña.
Cabe recordar que el contrato de concesión de Línea Amarilla suscrito en el 2009, en los días finales del segundo gobierno municipal de Luis Castañeda, le otorgó a OAS y a la subsidiaria Lamsac la explotación total por 30 años de los cinco peajes de la Vía de Evitamiento, lo que le reportaba de acuerdo a un informe de Cuarto Poder emitido en enero pasado, ingresos mensuales de más de US$ 24 millones. En la gestión de Susana Villarán el período de concesión aumentó a 40 años a cambio de que el 7% de esos ingresos vayan a la comuna, y de que Lamsac invierta US$ 200 millones más en obras. A fines del 2016 los trabajos estaban inconclusos pero OAS vendió todos sus activos. No solo recuperó su inversión sino que ganó varios millones por la operación.
Sin duda, OAS hizo un gran negocio en el Perú que valdría preguntarse si para obtener la concesión y mantenerla, pagaron sobornos como lo han dejado entrever tres colaboradores del caso Lava Jato en Brasil, quienes el año pasado revelaron haber traído al país dinero de OAS con ese fin.
En enero del 2016 Alberto Youseef, principal delator del caso Petrobras dijo que OAS tenía una “contabilidad paralela” para remitir dinero al exterior, y que el despachado para Perú era transferido por subsidiarias a una cuenta de la offshore Santa Tereza en el banco PKB de Suiza. También reveló que entre fines del 2012 y el 2014, coincidentemente, durante el período de Villarán, trajo al Perú en 10 viajes, fajos de dinero por un total de 2 millones y medio de dólares.
Leonardo Meirelles, otro de los delatores del caso Lava Jato afirmó también en enero del 2016 que realizó 18 transferencias a una cuenta en el banco HSBC de Hong Kong, y que después, según disposiciones de OAS dicho dinero terminaba en la cuenta que tenía un personaje llamado Gary Luty Dávila Alberdi en el Banco Continental.
Otro colaborador en esta investigación, Rafael Angulo López relató que ingresó tres veces al país trayendo entre 100 mil y 120 mil dólares que entregaba al brasileño Alexandre Mendonza, gerente de contratos de OAS en las oficinas que tenía Línea Amarilla en la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Ahora que el caso Lava Jato está en plena ebullición, es importante que las autoridades no solo se enfoquen en los negociados de Odebrecht sino de la otra gigante brasileña, OAS. Indicios de supuesta corrupción existen para llevar a cabo una investigación a profundidad.
Fuente: Cuarto Poder- América TV.