“Estamos sacando lecciones muy duras de esta mala experiencia”

Por Diego Chirinos- Semana Económica.
El Gasoducto Sur Peruano finalmente volverá a licitarse. El consorcio formado por Enagás, Graña y Montero y Odebrecht no pudo obtener el cierre financiero del proyecto en el plazo establecido tras no poder concretar la venta de las acciones de la empresa brasilera.
Ante esta situación, los focos del mercado se han puesto sobre lo que sucederá con Graña y Montero. Ello ya que, sin el Gasoducto Sur Peruano, la holding peruana enfrenta un escenario de reducciones tanto en sus márgenes, como en el precio de la acción y su backlog.
En la siguiente entrevista, Mario Alvarado, gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, detalla el impacto de la terminación del contrato del Gasoducto Sur Peruano en sus operaciones y enfatiza que, a pesar de la difícil situación, “el futuro de la empresa está asegurado”. Además, comenta las lecciones aprendidas de este mal momento y revela que no volverán a entrar en un proyecto de forma minoritaria “sin tener ninguna capacidad de veto”.
Hace dos años declaró, en entrevista con SEMANAeconómica, que nuevos motores de crecimiento serían los sectores de infraestructura y oil&gas. Luego de caerse el Gasoducto Sur Peruano, ¿mantienen esa intención?
Nuestra estrategia es la misma.  Nos hemos preparado por mucho tiempo para potenciar nuestras capacidades en esas dos áreas y, por ejemplo, la adquisición de COGA, operador del ducto de Camisea, es un componente de esa estrategia.
No podemos negar que la terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano nos ha hecho pasar por un difícil momento, pero no es el único proyecto de Graña y Montero. Hemos concretado muchos otros que nos dan una importante proyección a pesar de los hechos recientes, como el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira, que entró en operación durante el 2016. Gracias al tratamiento del agua residual en esta planta se recogen más de 1,100 toneladas de sólidos al mes que de otra forma hubieran terminado en el mar y también se ha reducido considerablemente la contaminación en la costa de Lima. Con este proyecto el concesionario recibe como contraprestación a la inversión ejecutada y al servicio de operación y mantenimiento, una retribución anual promedio de S/.33 millones.
El Gasoducto Sur Peruano representa gran parte del backlog de ambas divisiones y aproximadamente el 50% de toda la operación de Graña y Montero. ¿Cómo planean compensar esa situación?
Es cierto que el Gasoducto Sur Peruano representaba un backlog de US$1,000 millones al cierre del 2015, pero sin éste aún tenemos US$3,830 millones de backlog al cierre del 2016. Ello equivale a aproximadamente dos veces la actividad del año (1.95 veces en el 2015 y 1.85 veces en el 2014).  Esto revela que nuestro futuro está asegurado.
Graña y Montero prepara un plan de desinversión por US$300 millones
También es importante señalar que, sin contar el Gasoducto Sur Peruano, el backlog ha aumentado en aproximadamente US$365 millones con respecto al 2015. Esto quiere decir que, a pesar del complejo escenario vivido ese año en el sector construcción, nuestra diversificación e internacionalización han dado sus frutos.
¿Contemplan realizar algún tipo de adquisición ya sea de algún proyecto o de alguna empresa para compensar la situación del backlog?
Como comenté, sin el Gasoducto Sur Peruano tenemos US$3,830 millones de backlog al cierre del 2016, lo que equivale a aproximadamente dos veces la actividad del año.  Esa cifra nos resulta lo suficientemente sólida como para asegurar nuestro futuro, sin tener la necesidad de adquirir algún tipo de activo.
¿Esta situación y, por ejemplo, la relacionada a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima tiene algún impacto en su apetito por desarrollar Asociaciones Público-Privadas (APP) u obras públicas?
Quiero enfatizar que Odebrecht no participa en ninguna forma en la operación de la Línea 1 [del Metro de Lima]. Una cosa es la construcción de la Línea 1, que fue una obra pública iniciada en el 2009, que culminó en el 2011; y otra cosa es la operación de la Línea 1, en la que nunca ha participado Odebrecht. Fueron dos licitaciones diferentes, que se hicieron en dos momentos diferentes.
Por otro lado, las Asociaciones Público–Privadas son una opción de negocio para Graña y Montero. El Estado ha manifestado en muchas oportunidades que va a incentivar los proyectos de infraestructura, por lo que sería un error no seguir apostando por ellas. Para nosotros las APP constituyen una herramienta que cumple un rol en la proyección de los negocios a largo plazo, que genera estabilidad y, a su vez, aporta directamente al desarrollo del país. Además, la infraestructura resulta un instrumento para lograr el bienestar común.
¿Qué influencia tendrá lo sucedido con el Gasoducto Sur Peruano en sus operaciones a futuro? ¿Cuál será su estrategia y en qué se enfocarán?
Nuestra estrategia de diversificación y regionalización, que empezó con fuerza en el 2010, ya está dando frutos y seguiremos por ese camino. Al cierre del 2016 la facturación del exterior fue de 27% y actualmente tenemos más de 40 proyectos de construcción en cartera por desarrollar en los tres países donde operamos (Chile, Colombia y el Perú).
Tras lo sucedido respecto a su sociedad con Odebrecht y los problemas que ésta les ha generado, ¿implementarán alguna medida específica para prevenir ese tipo de situaciones?
A pesar de lo difícil de la situación, estamos sacando lecciones muy duras de esta mala experiencia y no nos volverá a pasar algo así.  Estamos reforzando nuestras políticas y procedimientos para la elección de socios y vamos a ser mucho más severos en nuestras exigencias para aceptar sociedades.  Debemos conocer profundamente a nuestros socios. No debemos aceptar participar en un proyecto en forma minoritaria, sin tener ninguna capacidad de veto.
La asociación es una figura usual en el sector construcción para proyectos de gran envergadura, incluso en algunos casos es requisito de las bases. Por ello a lo largo de los años nos hemos asociado con alrededor de 50 empresas extranjeras, en distintos rubros, y ésta es la primera vez en la cual se nos presenta un problema de este tipo. Estoy seguro de que saldremos más fortalecidos de esta experiencia y que muy pronto recuperaremos el voto de confianza de la sociedad.

Memoria selectiva

Conoce el papel de Lourdes Carreño, una abogada de Odebrecht que poco antes de ingresar a la constructora integró con Facundo Chinguel, la Comisión de Indultos que recomendó beneficios irregulares a narcotraficantes.

LA DELATORA DE ODEBRECHT

Por Miguel Gutiérrez R.- www.convoca.pe
Lo publicado el 22 de diciembre por el Departamento de Justicia de EE.UU fue un despertador para los fiscales que llevaban lentamente las indagaciones sobre los pagos de sobornos de las constructoras brasileñas. Un documento de las autoridades estadounidenses revelaba que directivos de Odebrecht confesaron el pago de coimas en 12 países por más de 400 millones de dólares. En Perú, la constructora había invertido 29 millones de dólares para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales de los gobiernos de Alejandro  Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Aunque la negociación entre esta constructora y la Procuraduría General de la República de Brasil era de conocimiento de las cabezas del Ministerio Público, los fiscales peruanos solo tenían hasta ese momento dos casos sólidos surgidos de una operación contra la empresa brasileña, Camargo Correa, en 2009, denominada ‘Castillo de Arena’. El primer caso está referido a la Interoceánica Sur y al depósito de dinero de Camargo a una cuenta de un banco en Londres y que las autoridades británicas confirmaron que estaba a nombre de Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo. En Perú, el inicio de las investigaciones de las autoridades se dio luego de que Convoca y BRIO publicaran el reportaje ‘Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica‘.
Un segundo caso sobre la planta de tratamiento de Huachipa y un depósito de 55 mil dólares a una cuenta de un banco en Miami a nombre de un familiar del exviceministro de Vivienda y Construcción, Juan Sarmiento. Esos dos casos tenía el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro tal como lo reconoció. Tras ser revelado el acuerdo de colaboración en Brasil y en EE.UU, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez barajó junto con el fiscal Castro, dos posibilidades: por un lado, el uso de la fuerza inmediata para inmovilizar los bienes e incautar documentación de la empresa y por otro, negociar un tipo de colaboración para identificar a los sobornados.
Para ese entonces el Fiscal de la Nación sabía que en otros países donde se pagaron los sobornos como Ecuador la Fiscalía había allanado las oficinas de la constructora en Guayaquil para llevarse toda la documentación. Mientras tanto, el Ejecutivo en Perú mostraba su preocupación sobre el futuro de las inversiones de la firma brasileña, y que fue expresada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando comentó que “Odebrecht no es culpable, solo algunos directivos”.
La abogada de Odebrecht señaló que Edwin Luyo recibió pagos escalonados de Odebrecht a cuenta de Banca Privada de Andorra a nombre de offshore creada en Panamá.
Sin embargo, el 26 de diciembre la opción del allanamiento tomó fuerza en la Fiscalía. Diversas fuentes informaron a Convoca que la oficina de coordinación fiscal anticorrupción se comunicó con varios magistrados del sistema de lavado de activos para comunicarles que serían llamados en los días siguientes para apoyar un operativo anticorrupción que tenía el carácter de muy reservado. Varios de esos fiscales se mantuvieron expectantes ante el inminente megaoperativo esa semana, pero sus teléfonos celulares nunca sonaron por razones que no se les explicó.
“La información que entregó Carreño llegó a la Fiscalía cuando el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y otros de los principales implicados ya habían salido del país luego de enterarse que Odebrecht preparaba su confesión sobre las coimas pagadas en los 12 países.”
Pasadas las fiestas de Fin de Año,  el 2 de enero, el caso Odebrecht dio un giro: la Fiscalía de la Nación convocó a una conferencia de prensa encabezada por el fiscal Pablo Sánchez, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y el jefe de la cooperación internacional del Ministerio Público, Alonso Peña. “Nosotros optamos por una estrategia que no implica la fuerza”, dijo el fiscal Castro confirmando que la opción de la colaboración fue la elegida por su despacho. La Fiscalía había optado por negociar un acuerdo con los directivos de Odebrecht en Perú.
El acuerdo preliminar con el Ministerio Público implicaba que la empresa brasileña reconocía que debió pagar sobornos a funcionarios peruanos que se lo pidieron y a cambio, Odebrecht se encargaría de entregar información documentada sobre las coimas pagadas. En esa negociación apareció un personaje importante que ahora revelamos.
El Fiscal de la Nación, y el fiscal Hamilton Castro están abocados a la información sobre coimas de Odebrecht.
La abogada de la confesión
La información documentada sobre los sobornos fue esperada con ansiedad por parte del nuevo equipo de fiscales dedicados al caso Odebrecht. En los siguientes días, dos cartas entregadas el 14 y el 19 de enero pasado,  llegaron al despacho del fiscal Castro señalando los sobornos de más de 8 millones de dólares a funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que ayudaron a adjudicar a la constructora, la linea 1 del Metro de Lima.
Ambos documentos, que fueron mencionados en las audiencias por el fiscal Hamilton Castro para solicitar la detención del exviceministro Cuba  y luego por el juez Concepción Carhuamayo, fueron redactados por Lourdes Carreño Carcelén, abogada que fue presentada como responsable del departamento legal de la compañía brasileña, un área clave ahora en la defensa de la empresa, pero que también lo fue para aprobar los contratos firmados con las diferentes entidades del Estado.
“Carreño Carcelén se ha convertido en el enlace entre los funcionarios Odebrecht y las autoridades peruanas para informar sobre los sobornos cometidos. La información sobre las coimas llegará a manos de los fiscales, a través de ella, con su aprobación”.
La vocera de Odebrecht mencionó las empresas offshore y cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) abiertas por los exfuncionarios y, además, adjuntó como prueba un comprobante de un depósito de 505 mil dólares efectuado por Odebrecht a la cuenta de Hispanar Internacional que según ella, pertenecería al exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo. Lourdes Carreño señalaba que los pagos fueron escalonados y que continuaron incluso después de haberse adjudicado la buena pro.
La información de Carreño llegó a la Fiscalía cuando el exviceministro Jorge Cuba y otros de los principales implicados ya habían salido del país luego de enterarse que Odebrecht preparaba su confesión sobre las coimas pagadas en los 12 países.
En 2015, la abogada Lourdes Carreño Carcelén fue quien también informó a la fiscalía anticorrupción respecto al medio millón de soles que Odebrecht pagó a Dirsse Valverde, mano derecha del expresidente regional de Ancash, para la construcción de obras en esa región. En la comisión del Congreso que investigó el caso ‘La Centralita’ de César Álvarez, Lourdes Carreño tramitó toda la información reservada de la empresa que involucraba al ex presidente regional y sus funcionarios.
Curiosamente, Carreño es una abogada  que estuvo trabajando para el segundo gobierno aprista. En 2009, el ministro de Justicia Aurelio Pastor la nombró como parte de la comisión de Indultos y Gracias y al aprista Miguel Facundo Chinguel como su presidente. Tras conocerse el indulto irregular concedido por el presidente Alan García al ex broadcaster, José Enrique Crousillat, Facundo Chinguel fue retirado de la comisión y Pastor renunció.  El nuevo ministro Víctor García Toma renovó la comisión de indultos pero Carreño siguió en la comisión hasta el final del gobierno de García con la directiva de revisar los indultos ofrecidos.
Años después, a través de una comisión investigadora, se descubrió que durante la gestión de Aurelio Pastor, el presidente García firmó indultos y reducción de penas a importantes narcotraficantes, gracias a las recomendaciones de esa comisión dirigida por Facundo Chinguel. Durante el proceso penal al exministro aprista, este señaló públicamente que Lourdes Carreño fue designada por él para verificar los indultos firmados por Miguel Facundo Chinguel.
Convoca se comunicó con las oficinas de Odebrecht para ubicar a Carreño y también dejó mensajes en la cuenta de Facebook de la abogada para conocer su papel en la negociación con la Fiscalía. Hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
Carreño Carcelén se ha convertido en el enlace entre los representantes de Odebrecht y las autoridades peruanas para informar sobre los sobornos cometidos. La información sobre las coimas llegará a manos de los fiscales, a través de ella, y con su aprobación.