Por Enrique Chávez- Revista CARETAS.
Barata tramitó el pedido de colaboración eficaz en los últimos días, mediante poder entregado a su abogado Luis Alberto Bramont Arias Torres. Al pedido se han sumado Marco Cruz, antecesor de Barata en el Perú, y Sergio Neves, hombre clave del departamento de operaciones estructuradas, el de las coimas. Que, por cierto y según la información inicial proporcionada, sumarían unos US$ 400 millones. Los US$ 29 millones revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre son apenas una muestra.
En esencia, Barata se compromete a entregar la información que ya le alcanzó a la justicia brasileña.
Este escenario se suma al de la colaboración entre la Fiscalía peruana y su par brasileña. El pasado 13 de enero el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, suscribió una declaración conjunta con su homólogo Rodrigo Janot. Hoy se sabe que la Fiscalía brasileña facilitó al fiscal peruano Hamilton Castro, que dirige la investigación, fotografiar 11 folios claves del expediente que incluyen los nombres de 314 involucrados en los actos de corrupción en nuestro país.
El apocalipsis penal se completa en un tercer frente que podría llamarse el Lava Jato Peruano. Allí, Mauricio Cruz, sucesor de Barata, ha ordenado entregar a la Fiscalía toda la información disponible en virtud del acuerdo preliminar que la empresa firmó los primeros días del año con el Ministerio Público.
Es en ese contexto que la abogada Lourdes Carreño se convirtió en la ‘Boquita de Caramelo’ que tiró a los rieles a los corruptos del tren eléctrico. Ella entra y sale de las oficinas de la empresa en Lima.
Boquita de caramelo
Por César Prado- Revista CARETAS.
Su testimonio fue clave para dar con los nombres de Edwin Luyo Barrientos y Jorge Cuba Hidalgo, los primeros acusados de haber recibido coimas de Odebrecht en el Perú. Lourdes Carreño Carcelén es la funcionaria de la constructora brasileña que ha abierto la caja de pandora ante el fiscal Hamilton Castro en las últimas semanas. No es lo único que ha dicho en estos años.
Siguiendo órdenes de Mauricio Cruz, presidente de Odebrecht Latinvest Perú, Carreño brindó al Ministerio Público los números de cuenta de la BPA Banca Privada de Andorra adonde fueron los sobornos por la adjudicación de la Línea 1 del Tren Eléctrico. Estas, se supo por la misma Carreño, pertenecían a empresas offshore fundadas por Jorge Cuba y Edwin Luyo en Panamá.
El exviceministro de Comunicaciones y el miembro del Comité de Licitaciones de dicha obra recibieron pagos escalonados a través de Hispamar International Corp. y Oblong International INC. Cerca de 2 millones de dólares enviados entre julio del 2013 y abril del 2014 a través de la compañía AEO Group INC, empresa utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos.
Una vez conocida esta información, la fiscalía puso en marcha el operativo denominado “Palingenesia” que acabó con la captura de Luyo y el allanamiento de las propiedades de Cuba Hidalgo, quien se encuentra en los Estados Unidos desde el 24 de diciembre pasado. Por su parte, el juez Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 18 meses contra ambos.
De la misma delación de Carreño se habría obtenido el nombre de Miguel Ángel Navarro, exfuncionario del Viceministerio de Comunicaciones quien fue capturado en su domicilio de Balconcillo el martes 24. Navarro, junto a los otros acusados, laboraron en dicha cartera durante la gestión de Enrique Cornejo, quien ya ha sido citado a la Comisión Lava Jato del Congreso.
Carreño Carcelén, quien aparece como apoderada legal de la constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú, también fue una funcionaria del segundo gobierno aprista. El 27 de setiembre del 2010, la abogada fue designada integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por el entonces ministro de Justicia, Víctor García Toma, cargo en el que permaneció hasta el 2011.
No se conoce cuál fue el camino que siguió para ostentar tan alto cargo en la constructora brasileña, pero su nombre volvió a hacerse público a mediados del 2015. Fue a raíz de la denuncia del fiscal Supraprovincial Elmer Chirre Castillo contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y otros funcionarios comprometidos en el sonado caso “La Centralita”.
Entre otros, Chirre investigaba los pagos al exasesor de Álvarez, Dirsse Paul Valverde Varas, quien entre el 1 de julio y el 15 de diciembre del 2010 recibió cerca de 700 mil soles por consultorías a favor de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A y Rutas de Lima SAC, ambos integrados por Odebrecht.
Lo sospechoso es que en ese mismo período la autoridad regional de Áncash otorgó la buena pro de la carretera Callejón de Huaylas- Chacas- San Luis, valorizado en 400 millones de soles, a un consorcio integrado por la misma Odebrecht. Carreño, apoderada legal de la empresa, confirmó a Chirre los pagos a Valverde Varas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
A través de la carta CON/05- 2015-LC dirigida a la Fiscalía Supraprovincial, Carreño incluyó las órdenes de servicio N° 001-10 y N° 002-10 a favor de Valverde. De igual manera, la ejecutiva envió la documentación a la Comisión del Congreso que investigó el caso “La Centralita” a cargo del exlegislador Mesías Guevara, la misma que fue incluida como anexo en el informe final publicado el 2016.
A la luz de los hechos, esta información puede resultar gravitante para iniciar nuevas líneas de investigación. En especial la referida al consorcio Rutas de Lima, pues confirma que los malos manejos venían desde el mismo 2010 en que la operadora del peaje de Puente Piedra tuvo su punto de partida. Al parecer, estas son solo las primeras revelaciones de Carreño. El aluvión espera.