Por Carlos Herrera- Diario La República
El titular de Agricultura, quien es presidente de la Mesa de Desarrollo, criticó la postura de los alcaldes y los dirigentes. Argumentó que los congresistas asistieron porque “el tema ya no le compete solo a Islay sino a toda la región”.
Indicó que pese al desplante, el gobierno seguirá apostando por el diálogo para poner fin a la protesta. Sin embargo, advirtió que no tolerará más actos de violencia en la zona de conflicto. “Al gobierno no le temblará la mano para sancionar a quienes incumplan la ley y agredan a los demás. Basta ya de la violencia y el cobro de cupos a la población que quiere salir del valle o quiere entrar a este”, refirió.
Ante el pedido del congresista Falconí de que se declare el estado de emergencia por 60 días, el ministro Benítez admitió que el gobierno evalúa esa posibilidad y que en las siguientes horas tomará una decisión.
Agregó que durante un régimen de excepción se puede continuar el diálogo para resolver el conflicto.
La posición del ministro obtuvo el respaldo de la gobernadora Yamila Osorio, quien sostuvo que “no es posible que pobladores de Islay vivan refugiados en Arequipa porque son amenazados o sus propiedades han sido atacadas por no apoyar la protesta”.
“Que venga Cateriano”
En diálogo con La República, Pepe Julio Gutiérrez manifestó que el gobierno no tiene voluntad para solucionar el conflicto y emplazó al premier Pedro Cateriano a ir al Valle de Tambo para “dialogar con el pueblo”.
“Creo que hay condiciones para que el premier acuda al valle (…) la solución no la van a dar los alcaldes ni los dirigentes, la solución la tiene el Ejecutivo; que venga (Cateriano)”, dijo tras señalar que la posición de los lugareños, de no permitir la actividad minera, es bastante conocida.
Señaló que tras el frustrado diálogo, el pueblo de Islay, en asamblea pública, decidirá hoy cómo responde a “la poca voluntad del gobierno de solucionar el conflicto”. Además, advirtió que si el Ejecutivo declara el estado de emergencia será el único responsable de lo que pueda ocurrir.
“Han pasado más de 30 días y no dan solución (a la huelga). El gobierno es responsable de todos estos actos de violencia”, añadió el alcalde provincial de Islay, Richard Ale.
Entrevista al Congresista Vicente Zeballos
Por Fabiola Valle- Diario Perú21
Después de 11 meses de formarse la comisión para investigar la red Orellana, el presidente del citado grupo de trabajo, Vicente Zeballos, revela que hay nexos entre su investigado y el narcotráfico. Además, hace un análisis de la relación con Oropeza y el Apra.
Desde que estalló el caso Oropeza se ha suscitado una serie de hechos que vinculan a esta presunta organización con la de Orellana. ¿Cuál es la relación?
Hay indicios de que la presunta red Oropeza haya sido el soporte financiero de Rodolfo Orellana, debido a que este siempre tenía un déficit económico y recurría mucho a los préstamos. Uno habría dotado de propiedades ilegales y el otro de recursos financieros. Una mutua contraprestación. En esta etapa nos abocaremos a este caso.
¿En qué se basa para decir que Oropeza habría financiado a Orellana?
Según información oficial, hubo hasta tres depósitos con montos considerables del entorno de Oropeza a los testaferros de Orellana. Uno de ellos es el que hizo Roger Poémape (vinculado al narcotráfico). El principal nexo es Poémape.
¿Los vínculos de la red Orellana con el narcotráfico solo solo se basan en el caso Oropeza?
Hay otros elementos. No olvidemos que la esposa de Orellana, Ester Morales Schaus, estuvo casada con un procesado por narcotráfico (Hugo Díaz Lozano, quien cayó en el 2005 con una organización criminal relacionada con el cártel de Tijuana). Orellana es natural del departamento de San Martín y, sin querer estigmatizar el lugar, ahí hay varias personas vinculadas al narcotráfico.
Hay documentos, fotos y hechos que evidenciarían que Gerald Oropeza, su familia y el Apra están relacionados.
No podría asegurar eso pero sí decir que el momento de mayor expansión de la red Orellana fue en el gobierno de Alan García. Él ha tenido participación con diversos gobiernos. Incluso con el actual, a través de cartas-fianza.
¿A qué se refiere?
En el caso preciso de Oropeza y su vinculación con el Apra no podría atreverme a pensar que ha sido una colaboración sistemática con el partido político; lo que se ha evidenciado es que hay una serie de hechos que lo vinculan con algunos funcionarios del gobierno aprista.
Una de las hipótesis de la muerte del empresario y dirigente aprista Américo Oropeza, en el 2011, es que fue asesinado debido a un triángulo amoroso. ¿También lo pudieron asesinar por nexos con el narcotráfico?
En la investigación macro del caso Orellana hay situaciones muy sui géneris, como muertos que aparecen vivos, duplicidad de identidad a través de la Reniec con claras perspectivas de alterar la identidad de las personas, entre otros; pero al padre de Gerald Oropeza aún no lo hemos identificado en la investigación.
Los apristas manifiestan que es difícil controlar a todos los militantes.
Las personas que van a una elección pasan por una etapa de calificación y un partido con experiencia como es el Partido Aprista debe tener un mayor control. Además, el número de candidatos es reducido y estos son escogidos en un espacio de confianza. Hay la posibilidad de que, en ese escenario, haya sido elegida la madre de Gerald Oropeza, quien fue candidata al Congreso por el Apra en el 2011.
¿Estos nexos entre el Apra y Oropeza alcanzan al ex mandatario Alan García?
No hemos llegado a esa etapa de la investigación, pero no se descarta nada.
¿Desde que iniciaron su investigación a la red Orellana, hasta la actualidad, qué es lo que han determinado?
Lo primero, que se trata de una organización criminal y no me excedo en el calificativo criminal. Esta red actuaba con ciertos procedimientos sistemáticos con injerencias en el escenario público y notoria flexibilidad de algunos funcionarios. En todas las entidades (Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros) hemos encontrado algún grado de responsabilidad u omisión que ha facilitado que esta red se vaya consolidando desde hace 15 años. Se apropian de inmuebles ilegalmente, tienen vinculaciones con el narcotráfico, minería y tala ilegal. Era el abogado de las causas imposibles.
¿A diferencia de la red de Álvarez, en esta organización no hubo asesinatos?
Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia manifiesta de un crimen, pero ya estas circunstancias de haber una relación con el narcotráfico nos pone en una zona peligrosa.
¿Dónde se encuentra el dinero de la red?
Tenemos la sospecha de que el grueso se encuentra fuera del país. Orellana fue muy hábil no solo en el ámbito del derecho sino como empresario. Puso a buen recaudo sus recursos. Hay varios hechos y circunstancias que vinculan el accionar de la red con Panamá. La red operativa estuvo en el Perú, pero el dinero en Panamá. Según nuestras pesquisas, hasta el momento asciende a S/500 millones.
¿Hay nuevos investigados en la comisión Orellana?
Sí. Se trata de los ex presidentes regionales de Arequipa, Juan Manuel Guillén y Daniel Vera Ballón, por las irregularidades en el contrato de Oncoserv.