Luego de la denuncia que hizo la madre de Gerald Oropeza López acusando al coronel José Garay del atentado a su lujosa camioneta Porsche Cayenne en San Miguel, su abogado acusó al clan Oropeza de usar acciones vedadas para vengarse del oficial.
En setiembre del año pasado, un equipo de la Divincri Centro al mando de Garay detuvo a Carlos Sulca y Juan Berríos en la camioneta. Luego en noviembre, allegados a Oropeza lo denunciaron junto a sus subalternos de pedir una coima de 50 mil soles.
Tras negar las acusaciones de la madre de Gerald Oropeza, el abogado dijo que están preocupados por la vida de Garay. Además cuestionó la actuación del Ministerio Público, que liberó a Sulca e imputó al oficial.
Fuente: www.americatv.com.pe
Miguel Facundo Chinguel
Resulta que cuando este ex militante aprista era director de Serpost, tres reclusos indultados por él mismo, enviaron entre 2009 y 2011 sobres con droga hacia Estados Unidos, Europa y hasta Asia.
En una sesión reservada de la Megacomisión que investiga su segundo gobierno, el ex jefe del Estado Alan García dijo que pondría las manos al fuego por el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel, un aprista a quien le une una amistad de más de 30 años.
Por María Elena Hidalgo- Diario La República
En la Casa del Pueblo, sede del Partido Aprista Peruano (PAP), la dirigencia ofreció una ceremonia de desagravio al ex presidente Alan García, después de que la prensa informó que la Megacomisión que lo investiga lo acusaría por la excarcelación de sentenciados por narcotráfico durante su gobierno. Pocos repararon que en la mesa de honor estaban cómodamente sentados dos personajes que hasta hace poco no eran muy conocidos: Miguel Facundo Chinguel y Miguel Rosas Silva.
Precisamente, debido al escándalo de los llamados “narcoindultos” resonó el nombre del ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo, un viejo militante aprista a quien se atribuye la mayor parte de excarcelaciones de narcotraficantes. Alan García ha dicho ante la Megacomisión que a Miguel Facundo se lo recomendaron para el cargo, pero no contó toda la historia sobre su vinculación con el hombre por quien ha dicho que pondría “las manos al fuego”.
La relación entre Miguel Facundo y Alan García se inició hace más de 30 años. Fue cuando en 1982 el aprista Miguel Rosas Silva, compañero de Facundo en la facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal y asistente de García -que entonces actuaba como secretario nacional de Organización del PAP-, los presentó. Desde entonces, García, Rosas y Facundo mantienen una fuerte amistad, una lealtad a prueba de todo. Esto explica por qué el día de desagravio al ex jefe del Estado Facundo y Rosas estaban en la mesa de honor.
A sus órdenes
En julio de 1983, en el tiempo que García se desempeñaba como secretario general del PAP, Miguel Rosas y Miguel Facundo, integrantes del Grupo de Estudios Pachacútec, postularon al Comando Nacional de la Juventud Aprista Peruana (JAP) y ganaron. Facundo asumió la secretaría general y Rosas la secretaría de Relaciones Internacionales.
Ese mismo año, Alan García designó a Facundo y Rosas para viajar a Corea del Norte por invitación del gobierno comunista de Kim Il-sung. La estadía duró 15 días. Durante el primer gobierno de García, se compraron 20 mil fusiles AKM norcoreanos.
El 6 de enero de 1984, en el mitin de celebración por el 50 aniversario de la Federación Aprista Juvenil (FAJ), Miguel Facundo expresaría su lealtad por García. Lo lanzó como candidato presidencial del PAP para las elecciones de 1985. En ese momento, las bases del Partido Aprista todavía no habían decidido quién sería el que postularía.
De acuerdo con fuentes apristas, García le prometió a Miguel Facundo que lo incluiría en la lista de candidatos del PAP a la Cámara de Diputados. Pero no lo cumplió, lo que originó cierto resentimiento en el abogado aprista. Además, el Congreso Nacional aprista acortó el mandato de Miguel Facundo como secretario general de la JAP. Facundo buscó otros rumbos.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, que persiguió a los apristas, para Miguel Facundo no fue un problema trabajar para los fujimoristas. En 1996, Facundo trabajó como asesor legal del congresista oficialista Alejandro Abanto Pongo. Lo hizo siendo militante aprista y sin pedir permiso a su partido, lo que molestó a sus compañeros del PAP.
Pero el trabajo solo le duró hasta 1999, cuando el legislador fujimorista Abanto fue expulsado del Congreso por haberse apropiado de fondos públicos destinados a ayudar a las víctimas del terrorismo.
Con el retorno de Alan García a Perú en el 2001, Miguel Facundo reapareció en el Partido Aprista con el obvio respaldo de García y otros líderes como Mercedes Cabanillas. El 2 de enero del 2008, en el segundo gobierno aprista, Alan García nombró personalmente –como lo admitió ante la Megacomisión– a Miguel Facundo como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y luego como director de la empresa Serpost. Conoce todos los secretos de los indultos y de las reducciones de condena de los presos por narcotráfico, lo que explicaría por qué el ex jefe del Estado lo defiende a capa y espada.
Fernando Lazo Manrique
Un nuevo capítulo del caso Gerald Oropeza se dio a conocer a través de un informe de Cuarto Poder. Y es que se reveló que el militante aprista y amigo personal del ex presidente Alan García Fernando Lazo Manrique, facilitó que Sergero S.A.C., empresa de la familia Oropeza, contratara con la Fiscalía de la Nación.
Esto, según el reportaje, se dio desde el 2007, cuando Lazo ocupaba el cargo de gerente general del Ministerio Público. Bajo su mando esta institución no activó su proceso de selección del Plan Anual de Contrataciones. Es decir que la Fiscalía contrataba por defecto a la empresa Sergero S.A.C. para las labores de limpieza.
De esta manera, la compañía del prófugo Gerald Oropeza llegó a facturar con el Ministerio Público la cifra de S/130 millones. Todo esto bajo la complacencia de Lazo Manrique, quien en 2003 fuera nada menos que el apoderado legal de los hijos del ex presidente Alan García, mientras este estuvo en el extranjero.
En comunicación con Cuarto Poder, el militante aprista y amigo cercano de Alan García justificó las contrataciones del Ministerio Público con la empresa de Oropeza. Incluso aseguró que, pese a ser el secretario general de dicha institución, no revisaba todos los contratos que firmaba.
“Es una empresa que viene trabajando hace muchos años y a estas empresas cuando se les otorga la buena pro lo hace la Gerencia de Logística con un comité independiente”, se defendió el militante aprista.
Según el actual gerente general del Ministerio Público, José Luis Echevarría, lo que Lazo Manrique hacía era obligar a dicha institución a contratar a la empresa Sergero S.A.C.
“De esta forma se ha obligado administrativamente al Ministerio Público a seguir contando con estas empresas y luego reconocer la deuda porque efectivamente el servicio se brindó”, explicó.
Echevarría aseguró además que el responsable legal de todos los contratos firmados por la Fiscalía de la Nación es el gerente general.
Fuente: Diario La República.
Sánchez Miranda acusa
Por Henry Campos- Diario16
El clan de los Sánchez Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.
La razón de “la persecución” del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la disputa, ocurrida en 2003, por una mina –que fue vendida hace tres meses por mil millones de dólares– entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez.
En este “gran conflicto de intereses”, García, desde su posición como presidente de la República –asegura Sánchez Miranda–, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.
“Tenemos como testimonios en esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un exministro de García, que indica las irregularidades que hubo contra nosotros, un exasesor del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Superior de Lima, que afirma presiones directamente de García para apoyar a los señores de Sulliden contra nosotros”, dijo Sánchez Miranda textualmente en una entrevista concedida a un medio radial.
En 2003 la empresa canadiense Sulliden era asesorada legalmente por Jean Pierre Nava Mendiola, hijo del exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, y su abogada fue nada menos que Rosario Fernández, quien fue luego ministra de Justicia de García Pérez.
“Cuando esta gente entra al Gobierno lo primero que hace es presionarnos a nosotros, políticamente, mediáticamente, para poder tranzar con Sulliden (…) y tuvimos que tranzar con ellos, pero el muñeco ya se había armado y siguió andando y estas son las consecuencias”, manifestó.
“Esa es mi hipótesis y está totalmente comprobada, porque la representación de Nava está en Registros Públicos y los cientos de escritos firmados por Charo Fernández están en los expedientes”, añadió Sánchez tuteando a quien fuera la ministra de Justicia en el gobierno de Alan.
Esta habría sido la razón, según Sánchez Miranda, para que el exmandatario ordenara a la Policía hacer un atestado contra su familia en una conferencia de prensa “sin haberse establecido una investigación fiscal previa”.
Una camioneta
Lo contado es lo nuevo. Pero no puede soslayarse la oscura relación entre García Pérez y los Sánchez Paredes que es corroborada, por ejemplo, con las peripecias de una camioneta Nissan Frontier de doble cabina importada de Yokohama, Japón, que, según la investigación de IDL-Reporteros, comprada por el líder del APRA, terminó luego en manos de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes.
Lo raro es cómo se dieron las transacciones. La camioneta, cuyo precio real de venta era de 29850 dólares, fue comprada en 2002 por 18000 dólares por García. Es decir, el líder del APRA tuvo un tremendo descuento de 11850 dólares. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿No?
Pero no solo eso. García la revendió al año no más obteniendo una ganancia de más de cuatro mil dólares. El comprador fue la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), una de las empresas de fachada de los Sánchez Paredes, vinculado al narcotráfico. Fue el gerente general de ATIMMSA, Belisario Esteves Ostolaza, quien le pagó a García 22 mil dólares al contado por la camioneta.
¿Pero quién era Esteves Ostolaza? Pues nada menos que el viceministro de Comercio de García Pérez en su primer gobierno. O sea, la relación entre García y los Sánchez Paredes sería de larga data.
¿Y qué dijo el APRA sobre la historia de la referida camioneta? Pues que todo era una coincidencia. Que la camioneta se vendió a través de un aviso en los clasificados de El Comercio.
Pero hay otros hilos de la relación de los Sánchez Paredes con García. Resulta que uno que ocupó el cargo de gerente general de ATIMMSA hasta el 2007 fue el abogado Humberto Abanto, quien también fue asesor del entonces congresista y luego ministro Luis Alva Castro. Abanto, quien es aprista y ahora además defiende a Agustín Mantilla en el caso Rodrigo Franco, es uno de los hombres más cercanos a los Sánchez Paredes y, por lo visto, a la cúpula aprista.
Y los Nava también hicieron negocios con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió en 2003 e interviene en este capítulo la compañía Transportes Don Reyna, cuyo gerente general era José Antonio Nava –hijo de Luis Nava, ex secretario general en el segundo gobierno de García–, que transportó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, compañía minera de los Sánchez Paredes. ¿No es ya entonces demasiada coincidencia?
La plata sí llegaba sola
Y lo que cerraría el círculo de esa turbia relación es que el clan de los Sánchez Paredes realizó un importante aporte económico a la campaña presidencial del 2006 de García Pérez, quien ganó finalmente en esa contienda. Este, para atenuar el escándalo, tuvo que devolver el dinero aduciendo que no conocía el origen de ese dinero.
La suma –conocida hasta ahora– de los Sánchez Paredes fue de cinco mil dólares. Y fue el propio Alfredo Sánchez Miranda quien lo reveló a la prensa. Y no solo eso. También aseguró que el expresidente y líder del APRA estuvo muy al tanto de esa entrega.
“Al conocer la relación familiar de esa persona de apellido Sánchez Miranda con el grupo Sánchez Paredes, cumplo con devolver a usted esos US$5 mil, pues de haber tenido conocimiento de ese aporte y conocer esa relación familiar, no hubiera permitido de ninguna manera que la secretaría de mi oficina lo aceptara”, fue la defensa de García sobre el asunto a través de una carta.
Lo cierto es que Sánchez Miranda entregó los cinco mil dólares a través de un cheque a Mirtha Cunza, fiel secretaria de García Pérez. El propio abogado Abanto reconoció que ese dinero fue entregado porque el APRA lo necesitaba para financiar el arriendo de una avioneta que trajera a Lima a García para el mitin del cierre de la primera vuelta de 2006. Sin embargo, Sánchez Miranda aseguró que en realidad fue para la segunda vuelta del 2006, cuando García estaba compitiendo con el entonces candidato nacionalista, Ollanta Humala.
Quiere archivo
La reaparición en la prensa de Sánchez Miranda fue aprovechada para indicar que tras siete años de investigaciones, el Ministerio Público no ha encontrado pruebas para sustentar una acusación contra su familia. Lamentó, en ese sentido, que en lugar de que se archive se haya pedido una ampliación del caso en que están como principales investigados –tras reducirse en 2008 una lista de 77 sospechosos– Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Wilmer y Manuel; los hijos de este último, Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez, y Belisario Esteves.
Vinculan a la ONG GRUFIDES con el clan de los Sánchez Paredes
En el informe sobre caso Business Track se identifican nexos con el tráfico ilícito de drogas y con Sendero Luminoso. Fiscal Milla encontró nuevas evidencias en su investigación.
Por Zarella Sierra
Cual caja de Pandora, aparecen nuevos presuntos actos ilícitos de los archivos del caso Business Track (BTR) cometidos por personajes públicos. El informe final elaborado por el fiscal Walter Milla, al que Perú.21 tuvo acceso, revela los presuntos vínculos de la ONG GRUFIDES, fundada por Marco Arana, con el tráfico ilícito de drogas de la empresa de los Sánchez Paredes, la minera Algamarca, terroristas de Sendero Luminoso y el Estudio Sousa & Nakazaki. Este es, precisamente, uno de los 12 temas sobre los que el fiscal solicitó una investigación.
MINERA FACHADA
De acuerdo con el informe final del fiscal Milla, en los archivos incautados a Manuel Ponce Feijoo, cabeza de BTR, se halló documentación (audios y correos electrónicos) que evidencian que la minera Algamarca, de propiedad de los Sánchez Paredes, sería una empresa de fachada cuyo negocio real sería el tráfico de látex-amapola (materia prima para la elaboración de heroína y opio).
“En cuanto al transporte de látex-amapola por la minera, el encargado de la operación es un tal ‘camarada Lalo’, miembro de Sendero Luminoso, y la llevan en una avioneta de propiedad de Algamarca. Los encargados logísticos son trabajadores de la mina”, se dice en el documento.
En el informe, actualmente en manos de la jueza Martínez, se indica que, por las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos ‘hackeados’, se evidencia que Algamarca compra oro ilegal en La Libertad, el que luego exporta, vía Chimbote, al extranjero. “Se supone que Algamarca produce oro en la mina, pero tal parece que eso no es así. Lo exportan vía Chimbote en lingotes de oro y, tal vez, en esos embarques van camuflando el látex”, refiere el informe.
En este punto, por el cual se ha solicitado una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, se señala que, en diciembre de 2006, la directora ejecutiva de la ONG GRUFIDES, Mirtha Vásquez, a pedido del dirigente ambientalista Mercedes Saucedo, se contactó con la comunidad campesina de Cajamarca para convencerla de que se opusiera al cierre de Algamarca.
El fiscal añade que “Mercedes Saucedo Ríos, presidente del Comité de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Michiquillay, advirtió a los Sánchez Paredes de un operativo que la DEA planificaba realizar en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde la minera desarrolla su actividad, por lo que dicho plan fracasó”.
Milla, sobre la base de los archivos de BTR, vincula además al director ejecutivo del Estudio Sousa & Nakazaki, Álex Ganoza, con el ilícito negocio de Algamarca, y concluye que “desde su mail remitió información sobre el TID de los abogados, y (dice) que se debe informar al ‘flaco García’, que es el ex director de Inteligencia Naval, Pedro García, para que este diga que están luchando contra el ilícito negocio”.
EL CASO MICHIQUILLAY
En otro de los episodios más llamativos de esta historia, BTR establece supuestas vinculaciones entre los Sánchez Paredes y los protagonistas del caso Michiquillay. A principios del 2007, la DIRANDRO y el Ministerio Público intervinieron este campamento minero que se encontraba tomado desde cinco años atrás por ex dirigentes de la comunidad de ese mismo nombre en Cajamarca. Se sospechaba que desde allí se vendía insumos químicos al narcotráfico.
Fueron incautadas ingentes cantidades de ácido sulfúrico, cloruro de amonio y óxido de cal. Los insumos eran ocultados en tres grandes pozas.
En la página 256 del informe del fiscal Milla se hace alusión al archivo “MPF09/Michiquillay.txt, que contiene información de que después del cierre de operaciones de la mina Michiquillay un grupo de ambientalistas se atrincheran en sus instalaciones para evitar que la privaticen o que la desarrolle otra empresa minera. La persona de Mercedes Saucedo, ambientalista y Presidente del Comité Especial de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Michiquillay –CEDICOM, advirtió a los Sánchez Paredes, quienes tendrían la fachada de explotación de minerales (Cía. Minera Algamarca), de un operativo de la DEA que planificaba realizarlo en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde desarrolla su actividad de tráfico ilícito de drogas, por lo que dicho plan fracasa. En diciembre del 2006 Mercedes Saucedo acude a la ONG GRUFIDES, a fin que la directora ejecutiva Mirtha Vásquez fundamente jurídicamente que el gobierno no puede proceder a la privatización de la mina. Indica un acercamiento de GRUFIDES a la comunidad campesina del lugar, el cual incluye al ingeniero Valera en la estrategia de organización de talleres de medio ambiente y capacitación sobre derechos del agua de comunidades. Asimismo, el 30 de enero del 2007 Mercedes Saucedo es detenido por la DIRANDRO–Cajamarca por posesión de sustancias para el procesamiento de drogas, siendo que ante la solicitud de Andrés Caballero (ambientalista de la Red Verde), Marco Arana envía para su defensa a Mirtha Vásquez. El informe describe la estrategia de defensa jurídica e informativa a través de los medios de comunicación a ser utilizada a favor de Mercedes Saucedo”.
El informe de Milla, del cual depende que la jueza María Martínez continúe con el proceso oral contra los “chuponeadores”, no se encarga de comprobar si estas referencias son certeras. Pero resulta evidente que lo salido de los discos duros de BTR pone en muy incómoda posición al estudio Sousa-Nakazaki, sus abogados y sus clientes. El congresista Sousa comenzó con bríos a investigar la interceptación de las comunicaciones y se encontró que era uno de los principales protagonistas de esta Caja de Pandora que muerde colas y no deja de producir sorpresas.
Fuente: Revista CARETAS.
Muere empresario vinculado a los Sánchez Paredes
La tranquilidad que suele reinar en la cuadra 17 de la avenida Dos de Mayo, en San Isidro, se vio rota tras la aparatosa y misteriosa caída de Víctor Raúl Eyzaguirre Parra, un ingeniero de minas de 71 años de edad, desde el piso 15 de un exclusivo edificio de departamentos.
La esquina formada por la mencionada avenida con la calle Carlos Porras se pobló rápidamente de policías, serenos, bomberos y curiosos. Inicialmente, corrió la versión de un probable suicidio, pero la familia indicó que se trataría de un accidente y que la víctima se habría resbalado de una baranda cuando realizaba sus ejercicios matinales. Sin embargo, la policía duda de que se trate de un simple accidente y no descarta otras hipótesis. Además, el occiso era un polémico personaje vinculado al clan de los Sánchez Paredes.
La fiscalía ha dispuesto que el Departamento de Investigación Criminal de la comisaría de San Isidro se haga cargo de las investigaciones. Agentes consultados señalaron que es muy raro que la víctima haya estado al borde de la azotea, pues es una zona de mucho riesgo, además hay que sortear un muro de medio metro de alto.
Eyzaguirre vivía entre Maryland (EE.UU.) y Lima. El departamento de donde cayó, según trascendió, pertenecería a su hermana Elsa Elena, viuda de Luis Felipe Bedoya Vélez, prominente dirigente aprista y ministro de Vivienda durante el primer gobierno de Alan García. Ha trascendido que la víctima era un personaje cercano al APRA, en particular a Agustín Mantilla. Fue alto funcionario de CENTROMIN en el primer gobierno aprista.
Eyzaguirre formó parte de las maniobras -denunciadas por el Diario El Comercio- puestas en marcha por los Sánchez Paredes para tomar control de los yacimientos de la compañía minera Algamarca, en Cajamarca, que esta familia disputa judicialmente con la empresa canadiense Sulliden Exploration Inc.
Entre el 2002 y el 2003 Eyzaguirre compró a la familia De Orbegoso, a través de su empresa Atimmsa, la empresa minera, pero no sus concesiones mineras, las cuales habían sido compradas antes por Sulliden. Más tarde, se supo que Atimmsa había sido adquirida por los Sánchez Paredes a través de empresas ‘off shore’ y que empezó a reclamar como suyas las concesiones mineras.
Manuel de Orbegoso Tudela, en un aviso publicado en El Comercio en marzo del 2007, indicó que Eyzaguirre siempre supo que “las concesiones mineras habían sido vendidas a Sulliden y así lo reconoce en su propuesta de compra de las acciones“.
Eyzaguirre Parra, como funcionario de CENTROMIN, se encargó de su privatización, firmando los contratos que adquirió ventajosamente Doe Run Perú. Hace poco figuraba como gerente general de Rentandina.
Fuente: Diario El Popular.