Desatando la telaraña
Con la captura de Rodolfo Orellana en Cali, el jueves 13 pasado (CARETAS 2361), la gigantesca organización criminal que dirigió ha empezado a desmoronarse en todos sus frentes.
Uno de los principales alfiles políticos, el congresista Heriberto Benítez (exSolidaridad Nacional), está a punto de perder su inmunidad parlamentaria para ser investigado por el Poder Judicial.
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso admitió a trámite el pedido del Poder Judicial para que Benítez afronte una investigación preparatoria por los delitos de asociación ilícita para delinquir, receptación, encubrimiento real y violencia contra la autoridad en el caso de “La Centralita” de Áncash.
La Corte Suprema también solicitó que se le retire la inmunidad al parlamentario Víctor Crisólogo (Perú Posible) por los mismos delitos.
En el 2010, Benítez fue presidente de la ONG “Unidos Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos” (UCONA) que fue utilizada para denunciar a quienes se defendían de las estafas de Orellana.
Renunció cuando se hizo evidente que era un organismo de fachada de la mafia.
El Ministerio Público solicitará el levantamiento de su secreto bancario para determinar si recibió dinero de la organización de Orellana e incluirlo en la investigación de lavado de activos que dirige la fiscal Marita Barreto.
Este viernes 28, Barreto interrogará por primera vez a Orellana en el penal de Piedras Gordas, en Ancón. La fiscal espera que el abogado esté dispuesto a cantar.
La investigación incluye hasta el momento a 52 personas, principalmente familiares y testaferros de Orellana, pero Barreto no duda que esta se amplíe e incluya a políticos, como es el caso de Benítez, y a otros funcionarios del Estado.
LOS TENTÁCULOS
El lunes último, la Comisión del Congreso que investiga el Caso Orellana citó a declarar a la asesora técnica de Comisiones del Parlamento, María Roncalla Loayza.
CARETAS 2261 reveló que Roncalla usurpó una casa de la Fundación por los Niños del Perú, en Surco, a través de una transacción ilegal con la inmobiliaria Brida S.A.C., en el 2010.El gerente de Brida era Wilmer Arrieta Vega, testaferro de Orellana.
Roncalla negó ser parte de la organización criminal del abogado, pero la Comisión Investigadora recibió los testimonios de dos funcionarios del Scotiabank, Alberto Mendoza y Max Vilcarromero, que señalaron a Roncalla como “representante de la organización de Orellana”.
El Scotiabank fue víctima de estafas millonarias de la red de Orellana (CARETAS 2137) y, de acuerdo a los funcionarios, Roncalla se presentó en el banco varias veces para intentar “negociar o llegar a un acuerdo”.
Orellana, según la fiscal Barreto, raramente utilizaba su nombre para concretar sus fechorías. Para ello estaban sus testaferros y hombres de confianza.
Uno de esos testaferros es, por ejemplo, Jorge Cortez, a quien Orellana utilizó para interponer un laudo arbitral fraudulento para apoderarse de un inmueble en Lurín, el 2011.
Dicho laudo arbitral fue avalado por la Sala Civil Suprema que tenía entre sus integrantes a la actual jefa del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA), la vocal suprema Ana María Aranda.
La palabra de ‘Polaco’
Orellana era abogado de capos de la droga.
En octubre de este año, la Dirección Antidrogas (Dirandro) interceptó una conversación telefónica de Elina Zunilda Ramos Gallegos, la primera esposa de Rodolfo Orellana, en la que aseguraba que “ya se habían borrado todos los expedientes de drogas que había en la Policía”.
La fiscal Marita Barreto inició una búsqueda de esos documentos y descubrió una manifestación brindada por el narcotraficante Jorge Chávez Montoya, “Polaco”, quien fuera el brazo operativo de Fernando Zevallos, el fundador de AeroContinente.
En dicha declaración, que data del 2006, ‘Polaco’ revela que conoció a Rodolfo Orellana en 1999, cuando defendía a capos de la droga como Abraham Leguía Manzur, un narco que trabajaba con ‘Vaticano’.
La doctora Barreto evalúa interrogar a “Polaco”, quien está preso en el penal de Iquitos.
Fuente: Revista CARETAS.