Los vínculos entre la organización de Rodolfo Orellana y el gobierno que presidió Alan García van tomando forma dentro de las investigaciones a la enmarañada red de corrupción enquistada en diferentes aparatos del Estado.
Correo tuvo acceso a la carta-fianza entregada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex) para ejecutar una de las obras más emblemáticas de la anterior gestión gubernamental.
Ello pese a que sobre esta cooperativa, fundada y gerenciada por Orellana, no solo se habían publicado advertencias de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el 2009 y 2010; sino que fue sindicada como una “empresa de fachada” para el lavado de activos en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
AVAL
Se trata de la carta-fianza N°06-120111-2011 que Coopex otorgó en enero de 2011 para avalar las obras de refacción del colegio emblemático Nuestra Señora de Guadalupe por el importe de S/3’302,205.
Días después, el 2 de febrero de ese año, la garantía le aseguró al Consorcio Guadalupe la suscripción de un contrato por S/33’022,049 con el Ministerio de Educación para las obras en dicha institución, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Educativa que emprendió la gestión aprista.
En ese momento, José Antonio Chang estaba a cargo de la cartera de Educación.
El consorcio fue formado por las empresas ERCO S.A.C e Iconsa S.A. únicamente para realizar el trabajo de refaccionamiento de la unidad escolar.
La carta-fianza de la cooperativa de Orellana refiere al Minedu que se constituyen como “fiadores solidarios” del consorcio “a fin de garantizar el fiel cumplimiento del proceso especial N° 0184-20-ED/U.E.108 referido a la obra”
EXTRAÑOS EVENTOS
No obstante, una misiva que el propio Consorcio Guadalupe dirigió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en mayo del 2011 deja establecida la duda de las compañías en utilizar a Coopex y una actitud más laxa del ente adscrito al Ministerio de Economía.
“(…) solicitamos se emita opinión respecto a si las cartas-fianza emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores -Coopex- pueden ser presentadas como garantías”, preguntó el consorcio.
La respuesta de la OSCE, consignada en la Opinión N°044-2011/DTN, fue: “Resulta pertinente que el consorcio consulte sobre el particular a la SBS”.
Ahora bien, meses después de la suscripción del contrato con el Minedu, el OSCE declaró a la compañía constructora ERCO impedida de inscribirse o renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
El 22 de noviembre, la directora del RNP, Mariela Sifuentes Huamán, dispuso sancionar a la compañía por un periodo de dos años e iniciar acciones legales en su contra al detectar falsa su declaración respecto a las personas que la conformaban.
Según el portal de Proveedores del Estado del Ministerio de Economía, ERCO se adjudicó en 2009 un contrato por S/1’656,605.34 celebrado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este año, suscribió otro con la cartera de Agricultura por más de S/84,000.
Por su parte, Iconsa, hasta el año pasado, se ha adjudicado S/5’465,909 en contratos con el Estado, siendo el 2012 donde más productividad registró con S/3’932,690.
AL BANQUILLO
Al interior de la comisión especial del Congreso que investiga al empresario Rodolfo Orellana se evalúa citar al extitular del Minedu José Antonio Chang y no se descarta citar al expresidente Alan García.
El secretario del grupo, el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril, indicó que Chang sería convocado para la sesión del próximo martes 2 de diciembre al señalar que “debe explicar la decisión de su sector en aceptar una carta-fianza pese a que la SBS había advertido que Coopex estaba vinculada a Orellana”.
“Escucharemos a Chang para establecer responsabilidades y, de acuerdo a su testimonio, evaluaremos si el expresidente García debe ser convocado”, agregó.
Y es que, para Becerril, que se haya aceptado el aval de Coopex devela “corrupción” en algunas autoridades. Las cartas-fianza que emitieron las cooperativas de Orellana, agregó, sobrepasaron los S/100 millones.
“Es lamentable que el gobierno aprista también esté involucrado en esta situación que, en líneas generales, revela un delito de colusión entre la organización de Orellana y las entidades públicas que aceptaron las cartas-fianza”, enfatizó.
Fuente: Diario Correo.