En total abandono se encuentran más de un centenar de vehículos comprados por la Municipalidad de Lima a un costo de más de tres millones de soles. Lo paradójico del caso es que, el pasado 15 de enero, la alcaldesa Susana Villarán –junto a su entonces gerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado- los presentó a la prensa como nuevos instrumentos para enfrentar la delincuencia en el Cercado de Lima.
Después de más de un mes de dicha presentación, la flota de 101 vehículos (camionetas, autos y motocicletas) no ha patrullado aún las calles de la ciudad como lo anunciaron las autoridades con bombos y platillos. Por el contrario, estas unidades se encuentran cubiertas de polvo en los almacenes del Centro de Control de Operaciones (CECOP) de la Municipalidad de Lima, en la Panamericana Norte.
Según reveló el programa Cuarto Poder, dichos vehículos no salen a vigilar las calles porque no cuentan con placas, ni SOAT, ni documentos de propiedad.
La denuncia periodística señaló también que los accesorios de dichos vehículos, como las circulinas, nunca fueron comprados por el municipio capitalino. Para su presentación pública se pidieron prestados y, 14 días después, el 1 de febrero, fueron alquilados mediante un proceso de menor cuantía a la empresa Partes y Reflectivos SAC. En el concurso esta fue la única firma invitada.
El alquiler, que es por 45 días, rige desde el pasado 1 de febrero y se pagó casi 40 mil soles. Sin embargo, y pese a que ya han trascurridos 17 días, los patrulleros aún no salen a las calles. Al respecto, Gabriel Prado –quien ahora encabeza el directorio de EMAPE- admitió las irregularidades, pero dijo que se trataron de omisiones, a las que calificó solo como un error administrativo. Dijo que asume toda la responsabilidad y que pone su cargo a disposición de la alcaldesa. “Aquí no hubo dolo, nadie se enriqueció, solo hubo una falta administrativa”, se justificó.
A su turno, el regidor del Partido Popular Cristiano (PPC) Alberto Valenzuela calificó el caso como muy grave y pidió a Villarán de la Puente iniciar las investigaciones para aplicar las sanciones correspondientes.
La burgomaestre capitalina anunció que dichos vehículos se iban a distribuir entre las siete jefaturas zonales en las que está dividido el Cercado de Lima.
La nueva flota de unidades de Serenazgo está compuesta por 20 camionetas 4×4 Mitsubishi, 30 autos sedán Nissan, 4 camionetas station wagon y 7 camionetas Van, así como 40 motos Honda. Villarán de la Puente indicó que los vehículos se sumaban a las que posee el Serenazgo de Lima.
La alcaldesa Villarán aceptó la renuncia de Gabriel Prado –también cuestionado por los sucesos de La Parada–, a quien había defendido y hasta ‘premiado’ con su nombramiento en EMAPE tras su salida de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
“Acepto la renuncia y te agradezco este gesto de desprendimiento en aras de la transparencia para facilitar la investigación administrativa de los hechos en cuestión”, escribió Villarán en una misiva dirigida a Prado, quien no deslizó la posibilidad de dimitir, solo dijo que su cargo estaba a disposición de la alcaldesa. Por su parte, el regidor del PPC Edgardo del Pomar dijo que Prado fue invitado este miércoles para que dé sus descargos en la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside.
A un mes de las elecciones
La última encuesta de Ipsos-Apoyo sobre la intención de voto en la revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, revela que la opción del Sí obtiene un 56% de respaldo, mientras que el No consigue un 38%. Un 6% no precisa su respuesta.
Sin embargo, los porcentajes varían cuando se realiza un simulacro de votación en ánfora secreta. De los votos emitidos, el Sí logra un 50% de apoyo y el No un 36%. En tanto, un 9% de los limeños votaría en blanco y un 5% lo haría viciado.
Tomando en cuenta solo los votos válidos, es decir, sin considerar los blancos y viciados, el Sí obtiene un 58% y el No un 42%.
En el mismo sondeo se señala que la burgomaestre tiene un 32% de aprobación y un 57% de desaprobación. Un 12% no precisa su posición.
Sin licencia municipal
Los voceros de Solidaridad Nacional, Luis Baca y Patricia Juárez, señalaron que una estructura metálica que se construye en el mercado mayorista de Santa Anita se cayó.
Como parte de las obras de ampliación del mercado mayorista, Emmsa dispuso que se construya una estructura metálica en una zona de aproximadamente 2 mil metros cuadrados, estos trabajos comenzaron el 15 de enero.
Sin embargo parte de esta estructura de desplomó, por lo que la empresa contratista trabaja en reparar estos desperfectos.
Los representantes del partido de Luis Castañeda pidieron la presencia de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima, Contraloría y autoridades pertinente. “Esto es una vergüenza ajena, qué ingenieros tenemos, qué profesionales hacen estos diseños que en una semana ya se están cayendo”, señaló Baca a RPP.
Somos Perú: NO a la justicia
En su calidad de presidente del partido Somos Perú, el legislador Fernando Andrade le dio su respaldo al alcalde de Huánuco, Jesús ‘Koko’ Giles, quien pasó a la clandestinidad una vez que se enteró que debía ser recluido en el penal de Potracancha durante cuatro meses, por los presuntos delitos de usurpación, daño agravado y abuso de autoridad en agravio del Poder Judicial.
En diálogo con RPP Televisión, el parlamentario resaltó que Giles es el primer burgomaestre reelegido en Huánuco, lo que, a su entender, demuestra que cuenta con el apoyo de su población. Andrade justificó, además, que el exlocutor radial haya intentado recuperar a la fuerza un terreno donado a la Corte Superior de Justicia de Huánuco y cuestionó que el Poder Judicial sea juez y parte en este caso.
“Se lo dieron por dos años, renovaron el permiso porque no habían hecho nada. Pasaron cuatro años y no hicieron nada” indicó.
Dijo que espera que las vacaciones judiciales concluyan para que el asunto de su correligionario se resuelva.
Cañaris
José Gil Llamo, teniente gobernador de Lishinas-Pucará, en Jaén (Cajamarca), fue asesinado a puñaladas en los exteriores de la municipalidad distrital. Los asesinos del funcionario ya fueron capturados.
Sobre los motivos del crimen, se manejan dos hipótesis. La primera responde a un conflicto territorial, ya que Lishinas-Pucará pertenece a Cajamarca pero sus autoridades quieren ser parte de Lambayeque.
Sin embargo, tampoco se descarta que el crimen esté relacionado con la reunión que se realizó en Pucará y en la que participó el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien aprovechó este reunión para azuzar a la población contra el proyecto Cañariaco, en Cañaris.
Cabe indicar que la autoridad asesinada estaba a favor de dicha concesión minera y rechazaba la forma cómo otros dirigentes se venían oponiendo a esta.
Sobre la cita en Pucará, el presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cañaris, Cesar Humberto Lucero Huamán, condenó la actuación de Santos en la reunión, donde –según dijo- se acordó tomar el campamento minero de Candente Copper, a cargo de Cañariaco, el próximo 16 de marzo.
“Ahí estuvo el señor Gregorio Santos de Cajamarca, el congresista Rimarachín, Cristobal Barrios y un grupo de ronderos de Cajamarca. No necesitamos de esa manera para azuzar a la violencia y que entren de otra región para apoyar a Lambayeque”, dijo en RPP Noticias.
Por su parte, Santos no pudo negar que participó de la asamblea, aunque intentó minimizar el tema.