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Por Carlos Basombrío- Diario Perú21
El Perú de Fujimori y Montesinos tuvo el discutible privilegio de instaurar una nueva forma de autoritarismo en la región, vía la perversión de las formas democráticas. Luego del autogolpe del 92 se dieron cuenta que era imposible sobrevivir al aislamiento, si se tiraban abajo la institucionalidad. Lo que hicieron entonces fue pervertirla, vaciarla de contenido. Por ejemplo, si la Constitución aprobada por ellos prohibía una segunda reelección, pues el Congreso aprobaba una ley de interpretación auténtica y decía que en realidad 1 + 1 era 3. Si alguien no estaba satisfecho se le espetaba que las formas habían sido respetadas porque que una ley del Congreso así lo había establecido.
Esa nueva forma de abuso de poder, disfrazada de legalidad, tiene herederos en la América Latina del siglo XXI, notoriamente entre los países del ALBA. Así, en Venezuela, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso se han salteado olímpicamente la Constitución Bolivariana (¡la de Chávez¡) y han establecido que la juramentación presidencial es un formalismo que se puede saltar, que el pueblo esperará a Chávez hasta que esté listo y que, entre tanto, gobernara Maduro, a quien nadie eligió. (En Venezuela los vicepresidentes son designados).
No se trata de ser formalista y pegarse a la letra. Se trata de que hay normas fundamentales que rigen la vida de los países y que estas se tienen que aplicar para todos y en todos los casos. Que los países del ALBA no le diesen ninguna importancia al asunto era previsible. Lo que abruma es que la OEA se haga cómplice. La OEA fue implacable con Honduras cuando se mal usó a las instituciones para hacer un golpe de estado. La OEA lo fue también con Paraguay cuando el Congreso destituyó a Lugo con sorprendente celeridad abusando de las normas. Curiosamente, en el caso de Chávez, el secretario general ha dicho que no hay problema jurídico. Inaceptable e interesada miopía.
Corrupción
La Comisión Especial de la Municipalidad de Lima que investigó a los regidores oficialistas Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas recomendó al Concejo Metropolitano declarar la vacancia de ambos funcionarios ediles por faltar al Código de Ética de la Función Pública y por usurpar funciones en actos relacionados con asuntos de vivienda y transporte.
Los dos funcionarios fueron denunciados, en octubre del año pasado, por estafar a empresarios transportistas con la venta de buses chinos, por tratar de beneficiar a sus familiares en los concursos públicos de rutas viales y por promocionar un programa de vivienda que no estaba autorizado ni aprobado por la Municipalidad de Lima.
El grupo investigador, presidido por Edgardo de Pomar (PPC), señaló que Valer y Tito habrían infringido el inciso 2 del artículo 8 del Código de Ética, que prohíbe la obtención de beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso indebido de su cargo, autoridad o influencia; y también habrían violado la Ley Orgánica de Municipalidades al realizar “función ejecutiva”.
Según el informe, ambos representantes de la coalición que llevó a Susana Villarán a la Alcaldía de Lima utilizaron sus cargos de regidores en la negociación para la adquisición de buses a la empresa Higer Bus Company, pues la comunicación de las gestiones que realizaron en su viaje a China, su participación en algunas asambleas y el hecho de haber presentado a la señora Jingnan Cui (Susana Cui, representantes de Higer Bus) a los transportistas fueron determinantes para que estos suscribieran contratos con ella.
La comisión también halló indicios de que Luis Valer usó su cargo para promocionar el supuesto ‘Programa de Vivienda Municipal Autogestionario Metropolitano – Ciudad para todos’ y hacer que las personas se inscribieran en las asociaciones de vivienda pagando cuotas de inscripción.
Aunque el informe se aprobó por mayoría, varios regidores de la oposición cuestionaron el procedimiento de la comisión e hicieron notar deficiencias en la investigación.
El regidor Iván Becerra, de Restauración Nacional –a quien solo le permitieron intervenir durante un minuto–, dejó constancia de que está a favor de que se sancione con todo el peso de la ley a cualquiera que haya cometido actos ilegales o antiéticos, pero observó que en este caso no se había respetado el debido proceso. Indicó que en el informe no se consignan las declaraciones de los denunciados, y tampoco se les convocó con la formalidad del caso –a la sesión de ayer se les invitó para participar, pero no se les citó para presentar sus descargos–. Además, no se investigó a las empresas que los regidores formaron para favorecer a sus familiares.
Becerra dejó entrever que la investigación –tal como se ha hecho– tendría un objetivo político porque solo serviría para decir que la alcaldesa Susana Villarán está luchando contra la corrupción.
Alberto Valenzuela, regidor del PPC, presentó una cuestión previa para que se amplíe el plazo de la investigación, pero no alcanzó los votos suficientes.
Durante la sesión, el regidor Valer dijo que estaban vulnerando su derecho a la defensa, pero también hizo una revelación. Frente a todos, manifestó que su viaje a China lo hizo con el conocimiento de la alcaldesa de Lima.
La burgomaestre Susana Villarán no aclaró ni desmintió ese hecho. Simplemente buscó acallar al regidor en cuestión. Algunos representantes de la oposición también se quejaron porque no les daban el uso de la palabra.
Luis Valer Coronado es Regidor por Fuerza Social, ha sido regidor de San Juan de Lurigancho.
Cayo Tito Quillas también es Regidor por Fuerza Social, ha sido secretario de organización Lima para Todos.
El Concejo Metropolitano evaluará y votará la declaración de vacancia la próxima semana, en una sesión extraordinaria.
Ana Pumallihua, una de las denunciantes, pagó a Jingnan Cui (Susana Cui), representante de Higer Bus Company, US$5,735 como adelanto para la adquisición de un bus.
A los transportistas les pedían el 5% de adelanto y les decían que el 25% lo pondría Cofide. En el caso de viviendas, los que aspiraban a un lote tenían que pagar S/.100.
Cristina Fernández en Cuba
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue recibida por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
La presidenta envió a su canciller Héctor Timerman al acto de apoyo a Chávez que se realizó en Venezuela, en el que también estuvieron presentes los presidentes latinoamericanos José Mujica y Evo Morales.
Luego de permanecer en Cuba, emprendió una gira que le llevará once días por el continente asiático, donde se reunirá con sus pares de Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam, y con los directivos de las principales empresas de esos países.
El Perú de Fujimori y Montesinos tuvo el discutible privilegio de instaurar una nueva forma de autoritarismo en la región, vía la perversión de las formas democráticas. Luego del autogolpe del 92 se dieron cuenta que era imposible sobrevivir al aislamiento, si se tiraban abajo la institucionalidad. Lo que hicieron entonces fue pervertirla, vaciarla de contenido. Por ejemplo, si la Constitución aprobada por ellos prohibía una segunda reelección, pues el Congreso aprobaba una ley de interpretación auténtica y decía que en realidad 1 + 1 era 3. Si alguien no estaba satisfecho se le espetaba que las formas habían sido respetadas porque que una ley del Congreso así lo había establecido.
Esa nueva forma de abuso de poder, disfrazada de legalidad, tiene herederos en la América Latina del siglo XXI, notoriamente entre los países del ALBA. Así, en Venezuela, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso se han salteado olímpicamente la Constitución Bolivariana (¡la de Chávez¡) y han establecido que la juramentación presidencial es un formalismo que se puede saltar, que el pueblo esperará a Chávez hasta que esté listo y que, entre tanto, gobernara Maduro, a quien nadie eligió. (En Venezuela los vicepresidentes son designados).
No se trata de ser formalista y pegarse a la letra. Se trata de que hay normas fundamentales que rigen la vida de los países y que estas se tienen que aplicar para todos y en todos los casos. Que los países del ALBA no le diesen ninguna importancia al asunto era previsible. Lo que abruma es que la OEA se haga cómplice. La OEA fue implacable con Honduras cuando se mal usó a las instituciones para hacer un golpe de estado. La OEA lo fue también con Paraguay cuando el Congreso destituyó a Lugo con sorprendente celeridad abusando de las normas. Curiosamente, en el caso de Chávez, el secretario general ha dicho que no hay problema jurídico. Inaceptable e interesada miopía.
Corrupción
La Comisión Especial de la Municipalidad de Lima que investigó a los regidores oficialistas Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas recomendó al Concejo Metropolitano declarar la vacancia de ambos funcionarios ediles por faltar al Código de Ética de la Función Pública y por usurpar funciones en actos relacionados con asuntos de vivienda y transporte.
Los dos funcionarios fueron denunciados, en octubre del año pasado, por estafar a empresarios transportistas con la venta de buses chinos, por tratar de beneficiar a sus familiares en los concursos públicos de rutas viales y por promocionar un programa de vivienda que no estaba autorizado ni aprobado por la Municipalidad de Lima.
El grupo investigador, presidido por Edgardo de Pomar (PPC), señaló que Valer y Tito habrían infringido el inciso 2 del artículo 8 del Código de Ética, que prohíbe la obtención de beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso indebido de su cargo, autoridad o influencia; y también habrían violado la Ley Orgánica de Municipalidades al realizar “función ejecutiva”.
Según el informe, ambos representantes de la coalición que llevó a Susana Villarán a la Alcaldía de Lima utilizaron sus cargos de regidores en la negociación para la adquisición de buses a la empresa Higer Bus Company, pues la comunicación de las gestiones que realizaron en su viaje a China, su participación en algunas asambleas y el hecho de haber presentado a la señora Jingnan Cui (Susana Cui, representantes de Higer Bus) a los transportistas fueron determinantes para que estos suscribieran contratos con ella.
La comisión también halló indicios de que Luis Valer usó su cargo para promocionar el supuesto ‘Programa de Vivienda Municipal Autogestionario Metropolitano – Ciudad para todos’ y hacer que las personas se inscribieran en las asociaciones de vivienda pagando cuotas de inscripción.
Aunque el informe se aprobó por mayoría, varios regidores de la oposición cuestionaron el procedimiento de la comisión e hicieron notar deficiencias en la investigación.
El regidor Iván Becerra, de Restauración Nacional –a quien solo le permitieron intervenir durante un minuto–, dejó constancia de que está a favor de que se sancione con todo el peso de la ley a cualquiera que haya cometido actos ilegales o antiéticos, pero observó que en este caso no se había respetado el debido proceso. Indicó que en el informe no se consignan las declaraciones de los denunciados, y tampoco se les convocó con la formalidad del caso –a la sesión de ayer se les invitó para participar, pero no se les citó para presentar sus descargos–. Además, no se investigó a las empresas que los regidores formaron para favorecer a sus familiares.
Becerra dejó entrever que la investigación –tal como se ha hecho– tendría un objetivo político porque solo serviría para decir que la alcaldesa Susana Villarán está luchando contra la corrupción.
Alberto Valenzuela, regidor del PPC, presentó una cuestión previa para que se amplíe el plazo de la investigación, pero no alcanzó los votos suficientes.
Durante la sesión, el regidor Valer dijo que estaban vulnerando su derecho a la defensa, pero también hizo una revelación. Frente a todos, manifestó que su viaje a China lo hizo con el conocimiento de la alcaldesa de Lima.
La burgomaestre Susana Villarán no aclaró ni desmintió ese hecho. Simplemente buscó acallar al regidor en cuestión. Algunos representantes de la oposición también se quejaron porque no les daban el uso de la palabra.
Luis Valer Coronado es Regidor por Fuerza Social, ha sido regidor de San Juan de Lurigancho.
Cayo Tito Quillas también es Regidor por Fuerza Social, ha sido secretario de organización Lima para Todos.
El Concejo Metropolitano evaluará y votará la declaración de vacancia la próxima semana, en una sesión extraordinaria.
Ana Pumallihua, una de las denunciantes, pagó a Jingnan Cui (Susana Cui), representante de Higer Bus Company, US$5,735 como adelanto para la adquisición de un bus.
A los transportistas les pedían el 5% de adelanto y les decían que el 25% lo pondría Cofide. En el caso de viviendas, los que aspiraban a un lote tenían que pagar S/.100.
Cristina Fernández en Cuba
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue recibida por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
La presidenta envió a su canciller Héctor Timerman al acto de apoyo a Chávez que se realizó en Venezuela, en el que también estuvieron presentes los presidentes latinoamericanos José Mujica y Evo Morales.
Luego de permanecer en Cuba, emprendió una gira que le llevará once días por el continente asiático, donde se reunirá con sus pares de Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam, y con los directivos de las principales empresas de esos países.