El tratado entre la Iglesia y el Estado Peruano

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Gonzalo Flores Santana
Por Gonzalo Flores Santana- Profesor de Derecho Eclesiástico
La periodista Rosa María Palacios afirma que la Iglesia Católica, al momento de firmar el tratado suscrito con el Perú desde 1980, aceptó que sus obras educativas se sometan a la legislación peruana y concretamente que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sea gobernada a través de una asamblea, conforme lo señalaba la ley de entonces. Así, en su lógica, si la Iglesia no quería someter a la universidad a la legislación peruana, no debió firmar o debió pedir que se precise que las instituciones educativas católicas estaban bajo su jurisdicción.
La señora Palacios sustenta su tesis en la interpretación literal del artículo 19 del referido acuerdo, que indica que “la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular”, concluyendo que la Iglesia en el ámbito educativo está limitada a la legislación nacional.
Esta interpretación es errada, pues los tratados deben ser interpretados según las reglas de la Convención de Viena de 1969. Esta establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al contexto del mismo y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Precisa, además, que el contexto, además del texto mismo, incluidos su preámbulo y anexos, comprenderá lo siguiente: 1) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado de la aplicación de sus disposiciones. 2) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado.
¿Cuál es el contexto del mencionado tratado? El artículo 86 de la Constitución de 1979 (cuyo texto repite la Constitución vigente) garantizó para la Iglesia un régimen de independencia y autonomía basado en la colaboración. Desde este marco constitucional, el tratado tendrá como objeto y fin concederle a la Iglesia las herramientas jurídicas que le permitan realizar de la mejor manera su servicio a la comunidad nacional, siendo la autonomía e independencia (artículo 1) la piedra angular desde la cual la Iglesia podrá alcanzar el fin antes indicado. Esta autonomía e independencia tiene varios alcances, pero uno de ellos es que la Iglesia podrá realizar su misión actuando según su propio derecho canónico (artículos 3, 4 y 9).
En el aspecto educativo, forma también parte del contexto lo dispuesto por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales, que protege la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, con la condición de que se ajusten a las normas mínimas estatales.
En este contexto debe entenderse el artículo 19, que reconoce el derecho de la Iglesia a establecer con plena libertad centros educacionales.
Esta interpretación, realizada siguiendo los principios de la Convención de Viena, antes enunciados, ha sido confirmada por el Estado Peruano y la Iglesia, con una práctica ulterior en los siguientes casos:
1. La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, dictada en 1996, dispone que lo establecido en su articulado no afecta lo dispuesto por el tratado entre el Perú y la Santa Sede. Si las entidades educativas de la Iglesia deberían ajustarse a lo dispuesto por la legislación peruana, no se habría dado esa disposición.
2. A partir de la década de 1990 instituciones de la Iglesia fundaron nuevas universidades católicas, constituyéndolas en personas jurídicas canónicas reguladas por la legislación de la Iglesia y el acuerdo internacional, lo que ha sido aceptado por el Consejo Nacional para la Autorización de Universidades (Conafu), reconociendo oficialmente que estas casas de estudio católicas se rigen por el derecho canónico en virtud del artículo 19 del tratado.
3. A partir del 2003 la Cancillería y la Nunciatura Apostólica, a través de notas diplomáticas, precisaron que en virtud del tratado, la Iglesia es autónoma e independiente en sus asuntos propios, especificando que las actividades propias de la Iglesia son las establecidas en el derecho canónico, entre las que se encuentra la función de enseñar a través de universidades.

Fidel Tubino

Por Milagros Leiva Gálvez
El abogado del Arzobispado de Lima, Natale Amprimo, dice que la culpa es de las autoridades de la PUCP, que el problema no es el dinero sino la transparencia de la gestión. Que hace 30 años la Iglesia no sabe nada de nada.
¿Cómo resume todo lo que ha pasado entre la Universidad Católica y el Arzobispado de Lima?
Es lamentable. Diría que ni la Iglesia cuando fundó la universidad, ni su principal benefactor, que fue Riva-Agüero, jamás pensaron que una situación como la que se está viviéndo se podía producir. Cuando se ganó el tema en el Tribunal Constitucional el Cardenal Cipriani me dijo: “Hemos ganado, pero yo no pretendo hacer una cacería de brujas; lo que quiero es cumplir con la voluntad de Riva-Agüero”. Hubo reuniones posteriores y el rector planteó que se contratara una empresa auditora internacional que determinase qué inmuebles constituían la herencia.
¿Acaso no se sabe?
No, hay inmuebles que se han vendido y se han comprado. Por ejemplo el Centro Cultural de Camino Real. El fundo Pando se urbanizó y hoy es el centro comercial San Miguel. El cardenal dijo: “Yo no tengo inconvenientes en que haya una auditoría y se determine transparentemente qué bienes son”. En la siguiente reunión se dijo que la condición del rector es que en esa auditoría no ingresaba ni el campus universitario ni Plaza San Miguel.
¿Por qué?
Esa fue la disposición del rector. Y eso era inaceptable. Ellos quieren que se auditen operaciones que superan los 20 millones. ¿Qué operaciones superiores a 20 millones realizan? Ninguna.
Rubio dice que a Cipriani solo le interesa el control económico.
Quien ha definido cómo se administra la herencia es Riva-Agüero, quien estableció una junta perpetua y designó que la integre el rector de la universidad y alguien designado por el arzobispo. No hay interés económico ni lo puede haber porque ni un solo centavo de ese patrimonio va para la Iglesia. Riva-Agüero estableció que todos los fondos eran para el sostenimiento de la universidad. Y otra cosa, quien recurrió al Tribunal Constitucional fue Marcial Rubio, no nosotros. Él pidió al tribunal que se encargue de revisar e interpretar el testamento y cuando pierde dice que se ha extralimitado.
Acaba de publicarse un artículo en “The New York Times” sobre este lío y la vicerrectora Pepi Patrón ha dicho que para sacarlos tendrían que llegar al uso de la violencia, que ellos resistirán.
No sé si estoy escuchando a la vicerrectora de una universidad o si estamos escuchando a los dirigentes de La Parada que se resisten a moverse al mercado Santa Anita…Uno recurre a la violencia cuando no tiene la razón.
Ella puede decir que se está defendiendo de una intromisión. En una entrevista yo le pregunté a Marcial Rubio quién es el dueño de la universidad y él contestó: “Los estudiantes, los graduados, los profesores, según el artículo 18 de la Constitución, la Iglesia no es la propietaria y eso está inscrito en los registros de la SUNARP, eso es lo que vale”.
Los estatutos de la universidad hasta determinado momento no decían eso y cuando se cambiaron, se hicieron a espaldas de la entidad fundadora.
¿Al inicio la universidad le pertenecía a la Iglesia?
La PUCP es de la Iglesia, le pertenece a la Iglesia Católica.
Pero ellos dicen que no es así, que los propietarios son los estudiantes, egresados…
¿La universidad recurre al Poder Judicial, le pide una cosa, y cuando pierde sustenta algo distinto? El Señor Rubio en la revista “Caretas” dice que él no tiene problema en convocar a la junta y no la ha convocado ninguna vez. Cuando Riva-Agüero puso que era junta perpetua, ellos dicen que se debe entender por 20 años. Lo dicen por escrito. La diferencia entre el señor Rubio y nuestra posición es que todo lo que diga, tú me dices dónde lo dice y yo te saco un documento. Todo.
¿Quién es el dueño?
En una carta a los obispos, el señor Rubio, cuando quería dividir a la Conferencia Episcopal, le señalaba muy a pie juntillas que la universidad era de la Iglesia. Si la universidad no es de la Iglesia, qué hacía el señor Rubio yendo a dejar los estatutos a Roma. Aquí está el estatuto de la universidad inscrito en el año 65: El gobierno supremo de la universidad compete al Episcopado del Perú y a la Santa Sede. Son atribuciones del consejo del gobierno cumplir las normas canónicas que rugen la vida de las universidades, interpretar el estatuto y proponer a la Santa Sede las eventuales reformas. Y esto está inscrito en los registros públicos…
No dice que sea la propietaria…
La Universidad Católica del Perú se rige por los presentes estatutos, en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y del Estado Peruano, con absoluto acatamiento de la resolución de la Santa Sede, de la cuál depende.
Ha dicho que cualquier posición que usted diga está escrita. ¿Dónde está escrito que la Iglesia es dueña de la universidad?
Te voy a sacar una frase de Marcial Rubio: “La Pontificia Universidad Católica del Perú es una institución de la Iglesia Católica”. 30 de junio del año 2011. ¿Es una firma falsificada, yo la he inventado? O sea hay 90 años de comunicaciones entre la Santa Sede y el Estado Peruano durante los cuales el Estado Peruano reconoce que esto es de la Iglesia. ¿Lo vamos a desaparecer? La Universidad Católica se llama así porque desde su fundación se estableció y se autorizó que use el término católico. El actual estatuto de la universidad que se hizo sin consultar a la Santa Sede dice: La Pontificia Universidad Católica del Perú es también persona de derecho eclesiástico. ¿Cómo puede ser de derecho eclesiástico si no es de la Iglesia? ¿Cuándo quiero que la universidad pague tarifa de agua estatal, sí invoco mi vinculación, pero cuando tengo que rendir cuentas, ya no?
¿Sospechan de malos manejos?
No creo que haya mal manejo.
¿Entonces por qué el bochinche?
Ese es el error de percepción. Nosotros estamos cumpliendo con un mandato de una persona que ya no esa entre nosotros, que es Riva-Agüero. El colmo es que en vez de indignarnos por no cumplir la voluntad de quien ya no está para poder defenderse, nosotros nos indignamos con los que buscan cumplir la voluntad. Y dos: si esta es una universidad pontificia católica, está sometida a las demandas de fiscalización que la Santa Sede impone.
¿Qué hará la Iglesia entonces?
Yo no soy la Santa Sede. Yo confío en la sapiencia y experiencia de la Santa Sede, no se equivoca.
¿Perdón? La Iglesia se equivocó con la Inquisición.
Perdóneme, pero juzgamos las cosas 500 años después.
¿Y al proteger a curas pedófilos?
Los humanos tenemos errores… Pero la Iglesia tiene dos mil años.
El rector ha dicho a la CNN que el cambio de nombre no puede ser de la noche a la mañana…
Para perjudicar a sus alumnos.
Tiene el apoyo de la Asamblea Nacional de Rectores…
Otorongo no come otorongo, es un dicho muy antiguo.
¿O sea rector no come rector?
La autoridad que representa a todas las universidades del Perú debería ser una persona prestigiosa, conocida y saber de dónde proviene… lo único que yo sé es que proviene de Patria Roja. Las relaciones entre el Estado Peruano y la Santa Sede no las define la Asamblea Nacional de Rectores, sino el Estado Peruano y el Vaticano, y si no, se resuelven en la Corte de La Haya. Otro punto. ¿Si mañana el Perú sabe que su embajador en X país tiene expresiones desafortunadas respecto del país y sus autoridades en términos inadecuados, el Perú mantiene a ese embajador?
Entonces como Rubio se ha peleado con Cipriani le quitaron los títulos de católica y pontificia…
No ‘ciprianice’ usted el tema. Le demuestro con los papeles que este problema viene ocurriendo desde hace más de 30 años… Si tienes una persona que no entra en razón, que simplemente falta a la verdad, que engaña, ¿qué tienes que hacer? ¿Mantenerte impasible, esperar 30 años? El problema de las autoridades de la Católica es que no pensaron que incluso en la Santa Sede las cosas tienen un final. Ellos pensaron que ese mecanismo tan utilizado de la mecida iba a funcionar eternamente.
¿No le preocupan los alumnos? Para muchos llegan tiempos de oscurantismo.
Eso no es verdad. Aquí sale el vicerrector, el rector, la vicerrectora, con un fulano que se disfraza de cardenal y se pone una máscara. ¿Esto es respeto? ¿Cómo crees que eso se percibe en la Santa Sede? ¿Así funcionan?
¿Entonces El Vaticano se peleó con la Católica porque se pasaron de la raya con Cipriani?
Las actuales autoridades de la universidad, en su afán de no cumplir con regularizar su situación estatutaria, han pretendido ‘ciprianizar’ el debate, crear una especie de ogro.
Cipriani ha contribuido desde su púlpito a levantar la rabia…
Perdón, Cipriani es un hombre claro que te dice las cosas que piensa en forma directa. Y eso es un valor, no es un demérito. Sabes lo que me recuerda lo que viene pasando en la Universidad Católica, lo que ha dicho Andrés Oppenheimer: “Las grandes universidades latinoamericanas blindadas contra rendición de cuentas a sus respectivas sociedades gracias a la autonomía institucional de la que gozan muchas veces parecen estar a salvo de cualquier crítica, son las vacas sagradas de América Latina”.
¿Considera que la Católica se cree una vaca sagrada?
Sí, se cree una vaca sagrada. Y una vaca sagrada, además, con todo el poder económico y mediático que recibe. Finalmente la verdad se abre camino, la luz ilumina las tinieblas, como dice el sello que lleva la universidad en su escudo.
¿Qué le diría a Rubio si se sentaran a conversar?
Reflexiona y rectifica, estás a tiempo. Estoy seguro de que siesa fuera la conducta de Marcial, el cardenal Cipriani le daría un abrazo y olvida todo agravio.
LA SOLUCIÓN ES CONVOCAR A LA JUNTA Y QUE SE RINDAN CUENTAS
¿Si para la posición de ustedes la dueña es la Iglesia, qué significa: harán un desalojo?
Tú me estás pidiendo un titular y yo no te lo voy a decir. En cuanto al tema de la junta de administración hay un camino legal por seguir.
¿Cuál es?
Que la junta funcione.
¿Y si no funciona?
El Poder Judicial dispondrá.
¿Y los alumnos vivirán con la espada de la incertidumbre?
No comprendo que la universidad después de esta situación pretenda mantener la denominación que tiene porque eso no la ayuda y la perjudica, y más a los alumnos. Hoy en el mundo entero, porque ellos se han encargado de publicitarlo en “The New York Times” y otros diarios internacionales, se conoce que esa universidad ha sido sancionada por el Santo Padre. Evidentemente, si tú eres consciente y saber y afirmas que tu formación es excelente y tan buena y sacas tan buenos profesionales y tienes un prestigio X, entonces, bueno, ponle otra denominación y trabaja con esa denominación. Entonces los diplomas que tú emitas valdrán por el prestigio que representas.
Entonces, ¿reconoce que la Católica puede cambiar de nombre y quedarse con los bienes?
No, reconozco que lo que debería hacer es cambiar de nombre. El otro tema se dilucidará en su oportunidad. Yo no sé qué va a hacer la Santa Sede.
Según su posición, todos los bienes son de la Iglesia. ¿Entonces, se los quitarán?
La Santa Sede ha establecidos dos escalas de actuación: Como tú no te adecúas, te prohíbo que uses pontificia y católica. Dos, respecto de los otro, no renuncio a mis derechos y los haré valer oportunamente.
¿Eso quiere decir que me los entregas o te los quito?
A mí no me corresponde decirlo.
¿Hay posibilidad de arreglo sin llegar a más juicios?
Por supuesto. En primer lugar, que se convoque a la junta, que nos rindan cuentas que no se han rendido, y que se empiece a actuar como se ha actuado en 50 años. Eso respecto a Riva-Agüero. Respecto de los estatutos: que se adecúen y cumplan con la normatividad correspondiente.
A la Comunidad Universitaria
Saludamos la convocatoria del Rectorado a dialogar al interior de la comunidad universitaria sobre el pre-acuerdo con el Arzobispado de Lima, puesto que, si bien su aprobación compete a la Asamblea Universitaria, es fundamental que sus términos y posibles consecuencias sean comprendidos a fondo por todos los involucrados.
Asimismo, pensamos que es imprescindible contar con información clara y exacta sobre la situación actual de los procesos judiciales para poder evaluar adecuadamente los pros y los contras del mencionado pre-acuerdo. Conviene recordar, en esta difícil coyuntura, que por ser una universidad en la que nos sentimos comprometidos en formar ciudadanos libres que contribuyan al progreso del país, tenemos la obligación moral que nos impone nuestra historia y tradición, de no ceder ante escenarios legales adversos.
Así como es necesario fortalecer el frente judicial, lo es también recordar que no será la primera vez que la PUCP tenga que hacer valer sus derechos en condiciones adversas. Si tenemos razón en lo que reclamamos, habremos de luchar por ello. Sólo así podremos ser coherentes con la excelencia académica a la que aspiramos, y, sobre todo, con la formación en valores que promovemos.
Frente a la actual situación de la controversia con el Arzobispo de Lima por la modificación del estatuto incluida la administración de los bienes de la universidad, consideramos importante recordar y expresar lo siguiente:
1. En septiembre del año pasado la Asamblea Universitaria rechazó las pretensiones del Cardenal Cipriani de modificar los estatutos de la PUCP por considerar que vulneraban su autonomía. Entonces, se reafirmó el carácter católico de la PUCP, y se encargó al Rectorado propiciar espacios de diálogo con las autoridades eclesiásticas para buscar una solución integral al conflicto que respetara la autonomía universitaria. El rectorado llegó a un pre-acuerdo con el Arzobispado y lo expuso ante los diversos estamentos que componen la Asamblea Universitaria para obtener su eventual aprobación en el momento en que se lo ponga formalmente a votación.
La semana siguiente el Cardenal Cipriani desconoció el pre-acuerdo alcanzado con el Rector y afirmó públicamente que la discusión sobre la herencia de Riva Agüero debe ser tratada independientemente de las modificaciones al estatuto. Este impasse generó la postergación indefinida del diálogo. Además, suscitó razonables dudas sobre la transparencia de la otra parte en la negociación.
2. Consideramos que el pre-acuerdo entre el Cardenal Cipriani y el equipo rectoral propone algunos puntos que colisionan con la autonomía universitaria e implican una concesión inadmisible ante las pretensiones de un sector de la Iglesia. Estos puntos son:
a. Elección del Rector y Vicerrectores (punto 2.1. del pre-acuerdo): incorporar en el estatuto el derecho del Gran Canciller a pronunciarse sobre la catolicidad de los candidatos a Rector y Vicerrector y sobre su fidelidad al Magisterio de la Iglesia es concederle un derecho al “veto moral”, lo que generaría una indeseable autocensura. Podría colisionar incluso con el derecho constitucional de mantener en reserva ideologías y creencias religiosas. Esto es totalmente distinto al requisito que contempla el estatuto actual de identificarse con los principios de la PUCP.
Asimismo, al establecer entre las atribuciones del Gran Canciller la de “recibir la profesión de fe del Rector y de los Vicerrectores para empezar a ejercer sus cargos” se está aceptando un derecho de veto estrictamente jurídico.
b. La Comisión Económica Especial (punto 2.2. del pre-acuerdo): su conformación (2 miembros de la Iglesia y un representante del Rector) es absolutamente desproporcionada, y, en los hechos, niega, contra toda evidencia jurídica, que los bienes sean propiedad de la PUCP. Si bien esta Comisión autorizará operaciones financieras de mayor envergadura y por tanto poco frecuentes (p.ej., venta del Centro Cultural, CC San Miguel, Centrum), son precisamente esas operaciones las que determinan el éxito o fracaso financiero de la universidad. Esa decisión debe estar en manos de la PUCP. Pero más importante aun es el sentido de la cesión de derechos implicada en la creación de una instancia mayoritariamente externa a la propia universidad, que podría tomar decisiones vinculantes.
c. La autorización de la Iglesia para modificar el estatuto si se “modifica en alguna forma la relación Iglesia-Universidad” (punto 2.3. del pre-acuerdo): Todo, o casi todo en esta universidad, tiene que ver con la Iglesia, y aunque no fuera así, siempre habrá una forma de alegar lo contrario.
Constituye pues un gravísimo riesgo de pérdida de autonomía: ¿quién decidirá si el cambio afecta o no la relación con la lglesia? Cualquier controversia al respecto nos sometería a un nuevo conflicto. Esta cláusula candado es un veto explícito e indeseable.
d. Concepto de educación (punto 2.6.6. del pre-acuerdo): la propuesta señala que la educación en la PUCP debe “integrar la dimensión académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos católicos y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia, respetando la libertad de las consciencias”. De nuevo, ¿quién decidirá qué entender por principios morales y religiosos católicos?, ¿qué pasará cuando se debate o tan sólo se hable de algún tema sensible para la Iglesia en donde haya sentado ya su postura (aborto, eugenesia, planificación familiar, igualdad de género, etc.), y por tanto quien tenga una opinión distinta se aleje del Magisterio actual de la Iglesia?
e. Obligación de la PUCP de tomar medidas legales y velar por el debido respeto a las autoridades eclesiásticas (punto 2.6.7. del pre-acuerdo). Esta cláusula contraviene el derecho de libre crítica que es esencial en una comunidad académica: una autoridad eclesiástica que no admite críticas ni comentarios se valdrá de esta cláusula. Las autoridades eclesiásticas tienen abogados que bien podrían reclamar judicialmente contra cualquier comentario que considerasen inadecuado.
f. La ambigüedad de diversos términos empleados y lo abierto de muchas cláusulas del pre-acuerdo no garantizan una interpretación que resguarde nuestra autonomía, y, en caso de conflicto, es de esperarse que, aprobadas las modificatorias al estatuto que propone el pre-acuerdo, las autoridades eclesiásticas tendrían potestad para imponer su punto de vista.
g. El pre-acuerdo le otorga derechos a la Iglesia en la Universidad (punto 2.3.) que desconocemos y que no están expresamente sancionados en el estatuto de la PUCP.
3. Finalmente, lo que está en juego es la supervivencia, en el Perú, de una institución académica de calidad que ha sido por muchos años un centro de pensamiento crítico y pluralista, que ha contribuido a la formación de la élite intelectual y política del país y que ha prestado valiosos servicios a su desarrollo. En su defensa, suscribimos este pronunciamiento y convocamos a la comunidad universitaria a expresar su adhesión.
Giovanna Aguilar
Ciro Alegría
Mariana Alvarado
Luis Andrade
Carlos Eduardo Aramburú
María Victoria Arévalo
Laura Balbuena
María Paz Ballén
Patricia Bárrig Jó
Carla Barrionuevo Aguilar
Martín Beaumont
Marcial Blondet
Jorge Bossio
Juan Fernando Bossio
Juan Carlos Callirgos
Federico Camino Macedo
Gisela Cánepa
José Canziani
Gerardo Castillo
Omar Cavero
Mariana Chu
Marta Cisneros
Mary Louise Claux Alfaro
Karen Coral Rodriguez
Omar Coronel
Agustín Cortegana
Rodolfo Cortegana
Jesús Cosamalón Aguilar
Alonso Cueto
Gerardo Damonte
Oscar Dancourt
Dante Dávila
Levy Del Aguila
Francesca Denegri
Carmen Díaz Bazo
Silvia Espinal
Alan Fairlie Reinoso
Jacqueline Fowks
Susana Frisancho
Pedro Francke
Fabricio Franco
Leisy Freitas
Norma Fuller
Cecilia Garavito
Luis García-Zapatero
Juan Gargurevich
Romina Gatti
Miguel Giusti
Rocío Gómez
Estrella Guerra
Victoria Guerrero Peirano
Johanna Hamann
Kathia Hanza
Narda Henríquez
Isabel Hidalgo
César Higa
Nahil Hirsh
Natalia Iguiñiz
Lorena Izaguirre
Lupe Jara
Félix Jiménez
Farid Kahatt
Víctor J. Krebs
María Isabel La Rosa
Javier La Rosa Calle
Pamela Lastres
Alejandro León Cannock
Rogelio Llerena
Sinesio López
Erich Daniel Luna
Omar Manky
Nelson Manrique
Betzabé Marciani Burgos
Cristina Mazzeo
Iván Meini
Sarah Moll
Mario Montalbetti
Yvan Montoya Vivanco
Fanny Muñoz
Héctor Omar Noejovich
Juan Luis Orrego
José Oscátegui
Eliana Otta Vildoso
Daniel Parodi
Susana Pastor
Sergio Pavletich
María Angélica Pease
Roberto Pereira
Jorge Pérez Silva
Sonia Prager
Gonzalo Ramírez
Margarita Ramírez
Juan Reiser
Susana Reisz
Alvaro Rey de Castro
Cecilia Rivera
Guillermo Rochabrun
Eduardo Romero Dianderas
María Ana Rodríguez
Claudia Rosas
Ana Sabogal
Mónica Salazar
Abelardo Sánchez-León
Sandra Sevillano
Adriana Scaletti
Luis Sime
José Tavera
Fernando Tuesta
Francesca Uccelli
María Eugenia Ulfe
Marcel Valcarcel
Jorge Luis Valdez
Elizabeth Vallejo Rivera
Héctor Velásquez
Tesania Velásquez
Victor Vich
Eduardo Villanueva Mansilla
Valeria Villarán
Carmen Zanelli
Virginia Zavala
Jefes de práctica/ instructores/ pre-docentes:
Susana Cabanillas
Andrea De La Cruz
Bruno Giusti
Alejandro Jaime
Guillermo Jopén
Sebastián Muñoz-Najar Gálvez
Horacio Ramos
Eduardo Salmón
Cria cuervos
Los miembros del Foro Docente Autonomía PUCP expresamos nuestro respaldo a la decisión de la Asamblea Universitaria de deplorar el decreto emitido por la Secretaría de Estado de la Santa Sede y apoyamos la firmeza con la que el equipo rectoral viene defendiendo la autonomía y la identidad de nuestra universidad. Conscientes de que nos encontramos en un momento decisivo de nuestra historia, exhortamos a la comunidad universitaria a mantener la unidad y la serenidad frente a los desafíos que implican los cambios profundos a los que nos enfrentamos. En tal sentido, consideramos importante:
1. Reconocer que ha llegado la hora de redefinir nuestra identidad institucional y de tomar distancia definitiva de la jerarquía de la Iglesia, la cual ha dado muestras más que suficientes de intransigencia y falta de comprensión del sentido y la autonomía de la vida universitaria. Luego de tantos esfuerzos desplegados por nuestra parte para llevar a cabo un diálogo respetuoso que propicie un entendimiento, ha quedado claro que nuestro modelo de universidad es incompatible con los requerimientos de la actual jerarquía de la Iglesia.
2. Respaldar la decisión del Rectorado de empeñar nuestras energías en la defensa legal de la universidad, a través sobre todo de un reforzamiento de nuestra estrategia jurídica y comprometiendo a un grupo más amplio de abogados que nos brinden asesoría tanto en el plano de las disputas nacionales como internacionales. Nuestra universidad cuenta con muchos juristas de alto nivel que están dispuestos a prestar su colaboración.
3. Llevar a cabo una campaña mediática de más largo alcance, que haga conocer a la opinión pública nacional e internacional la naturaleza y la historia de este conflicto y contrarreste la grosera campaña de difamación que viene siendo implementada por el arzobispado de Lima. En tal sentido, es importante igualmente ilustrar a la comunidad nacional, especialmente a nuestros alumnos, sobre la continuidad y la permanencia de nuestro trabajo institucional y de nuestro modelo de universidad.
4. Invocar a profesores y alumnos de nuestra universidad a sumarse a la tarea de defender nuestra autonomía, participando en los debates públicos e intercambiando ideas sobre las estrategias más adecuadas para hacer sentir nuestra voz ante la opinión nacional. El Foro Docente Autonomía PUCP (http://foroautonomiapucp.blogspot.com)ofrece su plataforma para canalizar estos esfuerzos.
Por el Equipo de Coordinación:
Alan Fairlie
Miguel Giusti
Natalia Iguiñiz
Iván Meini
Susana Reisz
Luis Sime
Crónica de una Asamblea
Por Aldo Panfichi
Soy miembro de la Asamblea Universitaria en representación de los 14 jefes de Departamento Académico que tuvieron a bien elegirme para esta tarea. Agradezco a mis colegas pares por este honor. La Asamblea, que duró casi 9 horas, tiene sin duda un significado extraordinario por lo que estaba y está aun en juego: se discutió la reforma del estatuto de la universidad trasmitidas por el Arzobispado de Lima. La principal reforma solicitada era que la elección del rector no fuera hecha en forma directa por la Asamblea Universitaria sino por el Arzobispado, y que este tuviera mayor control sobre el contenido académico y las “costumbres” de los miembros de la universidad, entre otras.
La gravedad e importancia del momento se respiraba en el ambiente apenas uno ingresaba al campus. Periodistas en la puerta, personal de seguridad amable pero en un número mayor al usual, estudiantes conversando intensamente en pequeños grupos y miradas serias por doquier. Por ello mientras caminaba a las 10:30 de la mañana en dirección al edificio McGregor sentí una sensación de tranquilidad pero también de responsabilidad por lo que se iba a discutir. Es extraño pero en los últimos días he estado trabajando (como siempre) muchas horas y a ritmo intenso pero todo el cansancio se fue diluyendo conforme me acercaba al edificio. Lo que siguen son mis impresiones del curso de la asamblea sin entrar en las conclusiones ya ampliamente difundidas. Entre estas la reafirmación de la autonomía de la universidad consagrada por la constitución y las leyes peruanas, y la voluntad de diálogo mientras la autonomía académica y administrativa no se vea afectada.
Una de las primeras preguntas que recibí apenas terminó la asamblea y salimos del edificio donde nos esperaba un grupo grande de ansiosos estudiantes, periodistas, profesores y empleados fue ¿Porqué la asamblea duró casi 9 horas? Intuí por los ojos de quienes preguntaban que imaginaban un debate arduo, difícil, con discursos prolongados, cuartos intermedios repetidos, espléndidas intervenciones argumentativas y apelaciones emocionales sentidas e intensas. Intuí además que algunos imaginaban falta de acuerdo y disensos grandes.
Resultaba un poco extraño que mientras escuchábamos los gritos de celebración de la muchedumbre al leerse el comunicado con los acuerdos las preguntas se repetían: ¿Por qué 9 horas? ¿Cómo fue la votación? ¿Quiénes contra quiénes? La verdad es que sí fue una asamblea como la que se describe. La Asamblea la forman 79 autoridades elegidas por voto directo de sus pares en las distintas unidades académicas de la universidad, aunque al inicio contestaron la lista de asistentes 70 de ellos. De este total un tercio lo constituyen los representantes estudiantiles, luego los representantes de los profesores, los decanos de todas las facultades y los cinco representantes del Episcopado que finalmente no asistieron.
Desde un inicio se hizo evidente la conciencia de que teníamos algo histórico entre manos por lo que debíamos cuidar y preservar la cohesión de la comunidad académica allí representada. La primera intervención fue en ese sentido, una invocación a actuar con inteligencia y prudencia, y a buscar acuerdos claros que la universidad y el país entero tenía los ojos puestos en esta reunión. La deliberación por lo tanto debía ser abierta a todas las intervenciones de manera que cada uno de los representes allí presentes tuviéramos la oportunidad de expresar repetidas veces lo que pensábamos. Así fue, después de la brillante exposición de la comisión encargada de analizar la propuesta de reforma de estatus alcanzada por la Congregación por la Educación Católica a través del Cardenal Juan Luis Cipriani, y que supuso un detallado análisis de diversos documentos, se inicio el debate con una primera ronda de oradores de más de 40 personas.
Como ustedes pueden imaginar fue un privilegio para mí estar en esta asamblea conformada por personas de distintas disciplinas, todos ellos con una gran capacidad argumentativa. Las casi 9 horas por lo tanto fueron agotadoras pero una jornada con mucho debate y esfuerzos por construir consensos.
No fue pues una asamblea fácil, no podía serlo, más aun en una Universidad que se define como plural y donde conviven diversas orientaciones filosóficas y religiosas. No obstante la diversidad o quizás por ella misma nunca estuvo en duda que el espíritu de la gran mayoría de representantes estaba orientada a reafirmar la autonomía académica, administrativa, económica y política de la Universidad. La votación final de 63 votos a favor de rechazar las reformas al estatuto solicitadas, con solo un voto en contra y una abstención muestran esto con claridad. El debate entonces se concentró en los aspectos secundarios del pedido de reforma, y en la forma como debía responderse a ellos. La asamblea también discutió la situación interna de la universidad y su relación con el país, así como los distintos escenarios futuros.
Escuchando las intervenciones era obvio que preservar la universidad como espacio plural no solo importaba a la comunidad sino también al país. Esta autonomía es el corazón de nuestra identidad y doblegarla es impensable para una comunidad acostumbrado hace décadas a elegir a sus representantes y donde existe plena libertad de cátedra. En eso todos estábamos juntos, independiente de los matices. Personalmente puedo atestiguar que nunca he recibido ningún tipo de censura ni indicación alguna de ir por un camino de pensamiento único. Recuerdo eso sí al sacerdote jesuita Manuel Marzal quien me invitó a su oficina cuando iba a debutar como profesor en la Facultad de Educación para hablarme de las responsabilidades y exigencias de ser un profesor universitario en un país como el nuestro. Volviendo a la Asamblea en ella existía la percepción que el acoso que veníamos recibiendo desde hace años y que había escaldado en los últimos meses se debía a la defensa activa de la democracia que la universidad había cumplido durante los años del autoritarismo, y donde la política de miedo hizo que pocos se atrevieran a pronunciarse contra las violaciones de derechos humanos, la corrupción, y el manejo privado del poder.
Recuerdo que una estudiante en una emotiva intervención nos emplazo: “no nos perdonan que la Comisión de la Verdad desentrañara los crímenes de lesa humanidad que han permitido enviar a la cárcel a los culpables. Ustedes nos dicen que la luz brilla en las tinieblas y que siempre hay que buscar la verdad pues ahora tenemos la oportunidad de hacer honor a esta enseñanza”. En los cuartos intermedios que teníamos para el cafecito de rigor y las coordinaciones entre los asambleístas salíamos al pasadizo de la sala donde estábamos reunidos para ver y escuchar la manifestación de apoyo de los estudiantes y trabajadores que rodeaban el edificio e incluso hacían una cadena alrededor de la universidad. Esto nos hacía sentir que muchos miraban esperanzados la Asamblea y esperaban una respuesta clara de las autoridades.
Una nota aparte fueron los estudiantes, en realidad nuestro mayor orgullo. Verlos discutir, argumentar con propiedad no obstante su juventud, incluso con posiciones distintas entre ellos y de las de los profesores no hacía sino reafirmar que es esta formación la que hay que defender. Como no simpatizar con ellos y sus brillos juveniles cuando varios de nosotros los profesores fuimos también a su edad dirigentes o representantes estudiantiles. En reuniones pasadas esto se ha hecho evidente cundo un connotado jurista mostró un pronunciamiento de la FEPUC de los años setenta cuando él era presidente y donde los estudiantes de entonces pedían autonomía universitaria y pensiones escalonadas por ingreso económico familiar.
La jornada se alargó además por la necesidad de consensuar los acuerdos de manera que todos nos sintiéramos representados. Y como todos sabemos los rendimientos son decrecientes conforme las horas pasan. El acuerdo sin embargo era permanecer allí las horas que fuesen necesarias para alcanzar este consenso. Un poco después de las 7:30 de la noche se logró el acuerdo que sellamos con una votación final y una salva de aplausos y abrazos. Sabíamos que con ellos nuevas condiciones en este largo enfrentamiento con el Cardenal Cipriani se habían trazado además de cumplir con lo que dispone el estatuto de la Universidad y las leyes peruanas. Como dije al inicio una muchedumbre nos esperaba después de tantas horas y sus cánticos, hurras, y saltos retumbaban en mis oídos mientras me alejaba caminando con la satisfacción de la tarea cumplida.
A propósito de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Por Rosa María Palacios
En mi última columna recordé el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano. En este, la Santa Sede aceptó en 1980, sin poner condición alguna, su sometimiento a la legislación peruana en cuanto a sus emprendimientos educativos privados. Esperé que se me desautorizara rápidamente por los voceros del Arzobispado que defienden otra posición en relación con la propiedad y el gobierno de la PUCP. Solo hubo silencio.
La única respuesta que recibí es ciertamente correcta, pero no cambia en nada el asunto de fondo. Es cierto que la ley que dio el dictador militar Velasco en 1969 para regular las universidades le reconocía una excepción exclusiva a la Universidad Católica. Se le permitió, para esa fecha, nombrar su rector de acuerdo con el estatuto vigente, el cual incluía al Arzobispado y a la Santa Sede en la decisión. Sin embargo, no excluyó a la PUCP del cumplimiento de ningún otro artículo de la ley y mucho menos el de someterse a la Asamblea como “máximo órgano de gobierno”. La PUCP en 1983, por mandato de la ley en tiempos de Belaúnde –a la que también se sometió la Iglesia al firmar el tratado–, nuevamente realizó una reforma estatutaria que trató de conciliar las disposiciones eclesiásticas con la ley peruana. Debo señalar que por un error consigné solo cuatro universidades privadas para 1969, cuando ya eran doce. Pero la primera universidad particular del Perú fue la PUCP, fundada en 1917. La experiencia nacional en educación superior privada no ha cumplido ni 100 años.
¿Qué es esta Asamblea, causa de las iras santas? El conjunto de profesores, alumnos y representantes de la Iglesia que disponga el estatuto. En el Perú las personas jurídicas se gobiernan a través de sus órganos de gobierno y en cumplimiento de sus estatutos, que vienen a ser su ley interna. Los estatutos definen el nombre, objeto, domicilio, órganos de gobierno, entre otros muchos detalles. En las asociaciones sin fines de lucro, y la PUCP es una, la Asamblea es la única que puede modificar el estatuto. Nadie ajeno a ella puede romper ese pacto social.
El mecanismo de asamblea no permite que una sola persona se haga “dueña” de una colectividad. Este es, creo, el problema central. Los representantes de Arzobispado quieren un poder único de gobierno universitario: el de la Iglesia a través de sus representantes. La PUCP, acogiéndose a la ley peruana, a la que está obligada, no puede, sin caer en la ilegalidad, aceptar esa posición. Tampoco lo puede hacer la Santa Sede porque aceptó someterse a la ley nacional. Por esa razón, el decreto que le quita el nombre a la PUCP no tiene efectos jurídicos en el Perú. Incluso la Cancillería podría protestar por un acto inamistoso de otro Estado que supone el desconocimiento de un tratado.
El genial Carlos Carlín creó un personaje que se llama “la señora Tozzo”, una elegante señora mayor que vive en San Isidro y está llenecita de prejuicios. Además de hacer reír a carcajadas al público por su absoluta desconexión con el país, grita, en medio de su monólogo, “¡Maldito Velasco!”. Su personaje, una caricatura de la realidad, se ha encarnado nuevamente en aquellos que no quieren aceptar que ya pasaron casi cuarenta años y que nuestro país, para bien o para mal, cambió y que, en su momento, ellos aceptaron esos cambios en un tratado.

Fuente: Diarios El Comercio y La República.

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